CITGO acusa al fallecido Nelson Martínez de entregar un contrato millonario corrupto a la empresa de su sobrino, Rothwell Energy Services LLC

   En el documento presentado por CITGO se asegura que el contrato se otorgó a Rothwell en razón de los vínculos que esta empresa tenía con el entonces CEO de la filial de PDVSA en EE. UU., Nelson Martínez.

Por Maibort Petit

   Hasta la fecha no se había hecho alusión directa a Nelson Martínez, el expresidente de CITGO Petroleum Corporation al momento de que este suscribiera un contrato con Rothwell Energy Services LLC, para la adquisición e instalación de plantas desalinizadoras en Venezuela. La contrademanda que CITGO presentó contra dicha empresa en el Tribunal del Condado de Harris, en Texas, acusa que el fallecido Martínez otorgó el referido contrato, "dado los vínculos de la contratista con un familiar suyo".

   Aunque la contrademanda se refiere a los socios de Nelson Martínez como “otros” sin mencionarlos por sus nombres, fuentes ligadas al caso refirieron a Venezuela Política que se trata de José Luis De Jongh y los seis exfuncionarios de CITGO que se encuentran detenidos en Caracas, a saber, José Luis Zambrano, Alirio Zambrano, Jorge Toledo, Tomeu Vadell, Gustavo Cárdenas y José Pereira.

  La fuente sostiene que los abogados de CITGO manipulan la realidad al presentar a Rothwell como la parte que incumplió el contrato, cuando la verdad es que nadie en la filial habría cumplido con su responsabilidad de monitorear las operaciones antes de realizar los pagos.

   Además, el informante asegura que el monto de los pagos realizados a Rothwell supera lo referido en la contrademanda, USD 5.542.241,77, pues en realidad, supuestamente, se habrían cancelado más de USD 10 millones.

La contrademanda de CITGO

  El 14 de mayo de 2021, John Zavitsanos, abogado de la firma Ahmad, Zavitsanos, Anaipakos, Alavi & Mensing PC, en representación de CITGO Petroleum Corporation, presentó ante la Corte del Condado de Harris, en Texas, la Cuarta Respuesta Enmendada y Segunda Contrademanda Enmendada del caso que ventila en esa instancia judicial entre la filial de la petrolera venezolana y la empresa Rothwell Energy Services LLC, a la que reclama daños reales, daños ejemplares, intereses previos y posteriores al juicio a la tasa permitida en la ley, las costas judiciales, honorarios de abogados y cualquier otra compensación adicional, por contrato, por ley o en equidad a la que tenga derecho.

   CITGO niega que Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) se haya unido a la demanda en razón de que tuviera interés en el contrato de servicio y porque las plantas desalinizadoras que son razón del mismo, debían ser transferidas por Rothwell a ella a través de una factura de venta y cesión.

  Además, CITGO niega que deba dinero alguno a Rothwell aunque admite que si el tribunal determina alguna deuda, esto no será conforme a una cuenta jurada. La filial incorporó las declaraciones de Brian Boudreaux en apoyo de la denegación del reclamo del demandante.

Lo que sostiene CITGO

  Alega CITGO que cualquier pago a Rothwell, así como el cumplimiento adicional del Acuerdo, sería imposible, impracticable y/o ilegal en razón de que violaría las sanciones impuestas por EE. UU. referidas en las Órdenes Ejecutivas 13808, 13850 y 13884.

    Refiere que la cláusula de fuerza mayor en el Acuerdo impide que CITGO adeude o realice pagos a Rothwell, además de excluir la reclamación de esta por daños y perjuicios.

   CITGO asevera la defensa afirmativa de pago y refiere que ya pagó a Rothwell la cantidad de USD 5.542.241,77 de conformidad con el contrato, lo cual queda corroborado con la Declaración Jurada de Gina Coon, tesorero corporativo de la empresa petrolera. Subraya que este monto cancelado es mayor al realmente tenía derecho Rothwell.

   En razón de estos pagos, CITGO se acoge a la defensa afirmativa de compensación y sostiene que Rothwell no le ha entregado ningún estado de cuenta o recibo de que se hayan realizado todas las compensaciones, pagos y créditos justos y legales.

 Asimismo, CITGO afirma la defensa afirmativa de falta de mitigación, satisfacción y fraude.

  La petrolera venezolana en EE. UU. niega que Rothwell cumpliera con todos los requisitos para pagarle los montos que solicita, así como tampoco ha certificado pagos a todos los subcontratistas, personal, proveedores y vendedores; todos los embargos han sido liberados; se han cumplido todos los criterios de la prueba de desempeño para el trabajo por el que solicita pago; o que se haya proporcionado la documentación necesaria de rotación y cierre del proyecto.

  CITGO afirma que el Acuerdo prohíbe la recuperación del lucro cesante y cualquier otro daño emergente que busque Rothwell.

   Entre los señalamientos de CITGO se alega que Rothwell obtuvo el contrato a pesar de que carecía de la experiencia necesaria para instalar plantas desalinizadoras, esto en razón de la estrecha relación, familiar o de otro tipo, existente entre su propietario y Nelson Martínez, para la fecha de la negociación, Director Ejecutivo de la filial de PDVSA.

   Martínez ordenó que CITGO otorgara a Rothwell el acuerdo y esta última presentó su oferta sobre el Proyecto directamente a este Martínez, luego de que Laymar Peña, una exempleada del departamento de adquisiciones le notificara sobre el mismo. Peña se declaró culpable de delitos de corrupción ante la Corte del Distrito Sur de Texas-División en Houston y se encuentra a la espera de sentencia.

Los cargos

  CITGO Petroleum Corporation presentó ocho cargos contra Rothwell, el primero de ellos por Conspiración para violar el deber fiduciario, indicando que Martínez y otros tenían una relación fiduciaria con CITGO y violaron los deberes fiduciarios que le debían a la empresa.

   Tales incumplimientos de los deberes fiduciarios ocasionaron un daño a CITGO y/o resultaron en un beneficio para Rothwell, una empresa, como se ha dicho, en la que Nelson Martínez tenía intereses y con la que, mediante sus socios, buscaba un propósito legal por medios ilegales.

   Martínez y otros, quienes le debían a CITGO lealtad, violaron intencionalmente sus deberes fiduciarios, sin limitación, tomando medidas para dirigir la adjudicación del Acuerdo a Rothwell, perpetuando la participación en el Proyecto y/o inducir pagos de CITGO a Rothwell.

  CITGO sufrió un daño como resultado inmediato del hecho ilícito, sostiene la empresa para sustentar el cargo.

   El segundo cargo 2 es por Ayudar y favorecer el incumplimiento del deber fiduciario, argumentando que Rothwell tenía conocimiento de que la conducta de Martínez y de otras personas constituía un incumplimiento de sus deberes fiduciarios para con CITGO.

   Sostiene CITGO que Rothwell le brindó a Martínez asistencia para quebrantar sus deberes fiduciarios, lo cual fue un factor sustancial en el incumplimiento del director ejecutivo s de sus deberes fiduciarios para con la filial de PDVSA.

   En el tercer cargo, por Incumplimiento de contrato (desempeño), CITGO refiere que existía un contrato válido y ejecutable entre ella y Rothwell en forma de Acuerdo. En tal sentido, como signatario del contrato CITGO puede entablar una demanda por incumplimiento.

   Se indica que Rothwell violó el Acuerdo al no proporcionar la cantidad acordada de plantas de agua ni en la fecha acordada; por no realizar correctamente ni plenamente su trabajo en virtud del Acuerdo; por realizar trabajos no autorizados; por no completar la preparación del sitio, la instalación, la puesta en servicio y/o de las plantas de desalinización; por no proporcionar un cronograma de proyecto adecuado; por no realizar su trabajo de manera expedita y eficiente; por no tomar todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del calendario del Acuerdo; por no agregar personal adicional, trabajar horas extras, para cumplir con el cronograma del Acuerdo; por no subsanar el trabajo ineficaz; por no cumplir con los horarios de envío, instalación y puesta en marcha; por cambiar y/o desviarse de las especificaciones sin la aprobación previa por escrito del representante autorizado de CITGO; por no informar adecuadamente el avance de la obra, entre otras.

   El cuarto cargo es por Incumplimiento de contrato (defensa y/o indemnización), refiriendo CITGO que en el acuerdo, una serie de anexos establecen que "El Contratista se compromete a indemnizar incondicionalmente por completo, mantener indemne y defender, a costa exclusiva del Contratista, la Compañía (...) de y contra todas las Responsabilidades y Daños (...) reclamados por (...) el Contratista (...) que surjan directa o indirectamente de o en cualquier forma relacionada con el desempeño o incumplimiento de este Acuerdo o el Trabajo u operaciones cubiertas o contempladas por este Acuerdo, sin tener en cuenta la causa o las causas del mismo (...)".

   Como parte del Acuerdo, CITGO puede entablar una demanda por incumplimiento del contrato por parte de Rothwell, la cual violó el Acuerdo, sin limitación, al iniciar una demanda, no defender y/o no indemnizar a la petrolera de acuerdo con las disposiciones anteriores.

   El quinto cargo es por Incumplimiento de la garantía expresa de los servicios, alegando CITGO que Rothwell le vendió servicios y ofreció garantías sobre la calidad y características de los servicios.

   Sostiene que Rothwell violó las garantías que otorgó a CITGO, al no realizar el trabajo de manera ágil y eficiente, al no proporcionar una administración y supervisión empresarial eficiente en todo momento; al no realizar trabajos libres de defectos de mano de obra; al no proporcionar equipos, materiales y suministros libres de defectos y que cumplan con todas las especificaciones; al no proporcionar personal con las habilidades, la capacitación, los antecedentes, las licencias y los registros adecuados para realizar el trabajo de manera buena y profesional; al no utilizar principios y prácticas de ingeniería sólidos.

  El sexto cargo por Sentencia declaratoria refiriendo que, al existir una controversia de carácter judicial entre las partes, la Corte debe determinar los derechos de CITGO y declarar que Rothwell violó las disposiciones de defensa, exoneración de responsabilidad y/o indemnización del Acuerdo.

   Quiere CITGO que se establezca que los pagos a Rothwell violan las sanciones impuestas por EE. UU. y hacen que el cumplimiento sea impracticable, imposible y/o ilegal.

   Al mismo tiempo, CITGO solicita una declaración de que está eximido de cumplir mientras existan sanciones de conformidad con la cláusula de fuerza mayor del Acuerdo.

  El séptimo cargo, por Enriquecimiento injusto precisa que Rothwell ha retenido injustamente un beneficio en detrimento de CITGO en el monto de los pagos en exceso que se le hicieron en virtud del Acuerdo. Esta retención viola los principios fundamentales de justicia, equidad y buena conciencia.

   El octavo cargo, por Dinero refiere que Rothwell posee dinero, en forma de sobrepagos, que, en equidad y conciencia, pertenece a CITGO.

Glenn Hilman, consultor de CITGO declaró en corte en el caso de Rothwell Energy Services, empresa de maletín que obtuvo contrato de manera irregular

  La contratista propiedad del sobrino del finado CEO de CITGO, Nelson Martínez, insiste ante la Corte de Harris por el pago de supuestas deudas por parte de la filial de PDVSA en EE. UU.

Por Maibort Petit

  Tal como ocurrió con la tesorera de CITGO Petroleum Corporation, Gina Coon, quien fue obligada por la Corte del Condado de Harris, Texas, a declarar en el caso de la demanda que Rothwell Energy Services LLC entabló con la filial en Estados Unidos de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)[1], igualmente tuvo que hacerlo Glenn Hilman, uno de los responsables de la aprobación del contrato millonario irregular con la empresa demandante, una firma de maletín perteneciente Juan Carlos Hurtado Angarita, sobrino del expresidente de CITGO, Nelson Martínez, quien murió mientras permanecía en custodia del estado venezolano en 2018.

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  Hilman, sobre quien pesan múltiples señalamientos por supuestas irregulares cometidas durante el ejercicio de sus funciones bajo la administración chavista, inexplicablemente continúa fungiendo —junto a otros funcionarios también de la vieja junta también acusados— como consultor externo [jubilado como VP y contratado de nuevo] en la gestión dirigida por el presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.

  En la presente entrega se presenta también la declaración jurada de Eugene Riccetti, abogado interno que reporta a Judith Colbert, quien es señalado de facilitar la aprobación de presuntos contratos irregulares en colusión con Glenn Hilman.

  Del mismo modo, damos a conocer el proceso por medio del cual las partes en conflicto pulsaron ante la corte, respecto a la entrega de documentos privilegiados relacionados con el objeto del contrato entre las dos compañías.

  El 6 de junio de 2017, Rothwell Energy Services LLC y CITGO Petroleum Corporation suscribieron un contrato para la construcción de 10 plantas desalinizadoras en comunidades costeras de Venezuela, el cual debía culminarse el 1º de enero de 2018, pero que se extendió por acuerdo de las partes hasta el 31 de diciembre de 2018. 

  CITGO abandonó el proyecto el 7 de noviembre de 2018, cuando Rothwell solamente había transferido la propiedad de sólo dos las plantas y, apenas, estaba terminando una tercera. Debido que, para la fecha de ejecución del contrato, Estados Unidos había ya sancionado al régimen de Nicolás Maduro, así como contra sus socios y relacionadas con dicho gobierno y Petróleos de Venezuela S.A., matriz de CITGO, no pueden efectuarse los pagos que la demandante alega que se le adeudan.

  En la actualidad las partes se encuentran enfrascadas en una disputa que, al parecer de CITGO, va más allá de lo relativo al contrato objeto de la demanda por parte de Rothwell Energy Services LLC, pues esta última aspira acceder a documentación que la petrolera estima que forma parte del privilegio abogado-cliente, los cuales son inviolables. Se trata de los documentos y comunicaciones que CITGO mantuvo con sus abogados durante el desarrollo del proyecto objeto del contrato entre las dos empresas, incluso, aquellas cartas y reclamos que los representantes legales de la parte acusadora remitieron luego de que CITGO dejó de trabajar en el referido proyecto que constituyeron la antesala del litigio.

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Abogado de Rothwell se presentó ante CITGO

 El 1º de marzo de 2019, Brian Abramson, de la firma Williams Kherkher, representante legal de Rothwell Energy Services LLC, remitió una comunicación a CITGO Petroleum Corporation, a la atención de Laymar Peña, Daniel Beuses, Gerente General de Adquisiciones ; Glenn Hilman, consultor externo de CITGO y exvicepresidente de servicios compartidos; y Judith Colbert, asesora jurídica.

  En dicha carta informaba que su despacho de abogados había sido contratado para reclamar el incumplimiento del contrato suscrito entre las partes y para exigir el pago del dinero adeudado a su representado en virtud del acuerdo.

  Abramson aseguró que Rothwell había cumplido con todas sus obligaciones en virtud del contrato, entre ellas, la presentación de reclamaciones adeudadas por CITGO dentro de los 60 días posteriores a la terminación de conformidad con la Sección 7 (d) del Anexo Al del Acuerdo.

 Refiere que Rothwell había hecho varios intentos de resolver amistosamente la disputa infructuosamente.

  Agrela la comunicación que la Sección 24 del Anexo A-1 del contrato establece que Rothwell "acuerda que se hará un esfuerzo de buena fe para resolver cualquier disputa que surja entre las Partes por mediación u otros medios similares no vinculantes de resolución de disputas", por lo que esa misma comunicación debía entenderse como la continuación de dichos esfuerzos.

  Finalizó la carta con la advertencia de que “si CITGO no responde a la propuesta de Rothwell o si esta disputa no se resuelve de otra manera antes del 22 de marzo de 2019, Rothwell emprenderá acciones legales para proteger y hacer cumplir sus derechos en virtud del Acuerdo”.

Esta advertencia se materializó el 22 de marzo de 2019.

Rothwell pide moción para exigir documentos privilegiados

  Ante el Tribunal de Distrito del Condado de Harris, Texas, la empresa demandante Rothwell Energy Services LLC en la causa Nº 2019-20949 que esta sigue en contra de CITGO Petroleum Corporation, presentó una moción para que se obligue a la demandada a presentar los documentos del Primer Privilegio Suplementario y Enmendado de CITGO Registro o, alternativamente, para una inspección a puerta cerrada de los documentos en el Registro de privilegios modificado de CITGO. Esto, de acuerdo a lo establecido en la Regla de Procedimiento Civil de Texas 193.4 (a).

  Tal exigencia obedece a que el demandante considera que el Registro de privilegios enmendado de CITGO no describe la información o los materiales retenidos con suficiente detalle para permitir que Rothwell evalúe la aplicabilidad del privilegio. Refieren que se utilizan descripciones como "comunicación por correo electrónico con el abogado (o entre los representantes de los clientes) realizada para facilitar la prestación de servicios legales".

  Por pedido de Rothwell, CITGO proporcionó el 14 de enero de 2020 su Registro de privilegios original, que contenía 214 entradas, pero el mismo día Rothwell informó a CITGO que era insuficiente y no cumplía con la Regla de Procedimiento Civil de Texas 193.3 (b) (1).

El Registro enmendado, asimismo contenía 254 entradas.

  En fecha 21 de enero de 2020, CITGO manifestó que, aunque no estaba de acuerdo con expuesto por Rothwell respecto al Registro de privilegios original, aceptaba proporcionar el un registro enmendado con Información Adicional, lo cual ocurrió el 22 de julio de 2020 que igualmente fue objetado por la demandante por estimar que no describe de ninguna manera la información o los materiales retenidos para permitir que Rothwell evalúe la aplicabilidad del privilegio.

  Dadas estas circunstancias, Rothwell Energy Services LLC solicitó a la Corte obligar a CITGO a que produzca los documentos privilegiados; anule la afirmación de privilegio de CITGO o, alternativamente, que pruebe los privilegios reivindicados; y ordene a CITGO que presente los documentos retenidos en su Registro de privilegios modificado o, alternativamente, inspeccione estos documentos a puerta cerrada.

CITGO se opone al descubrimiento

  CITGO Petroleum Corporation respondió a la petición de una moción de de obligar al descubrimiento interpuesta ante la Corte por Rothwell, dando a conocer las fechas en que Gina Coon (tesorera) y Glenn Hilman  (Consejo externo contratado) podían presentar ante el tribunal su deposición. En tal sentido, Coon estaría disponible para el 9 o 10 de septiembre, mientras que Hilman podía hacerlo el 22, 23 o 24 de septiembre en razón de sus diversos compromisos profesionales y personales.

  Igualmente, en respuesta a las afirmaciones del demandante, CITGO negó que se hubiera opuesto a la deposición de otros testigos, por cuanto ya había proporcionado fechas para un tercer testigo.

  CITGO no quiere que Rothwell acceda al registro privilegiado

  En la misma fecha, 17 de septiembre de 2020, CITGO pidió al tribunal que niegue la moción de Rothwell de que se le entreguen documentos privilegiados o se le permita una revisión a puerta cerrada de los mismos.

  CITGO detuvo todo el trabajo objeto del contrato el 7 de noviembre de 2018 alegando que las sanciones económicas del gobierno de EE. UU. impedían su continuación y a partir del 19 de noviembre de 2018, Rothwell envió a CITGO reclamos de pagos a sus "abogados externos" y exigiendo una respuesta por escrito.

   Las comunicaciones emanadas del proyecto y por los reclamos del de la demandante ahora son exigidas por esta, pero CITGO sostiene que “una parte nunca puede acceder al producto de trabajo principal de otra parte, definido como las ‘impresiones mentales, opiniones, conclusiones o teorías legales’ de un abogado o el representante del abogado (…) Otro producto de trabajo ‘se puede descubrir sólo si se demuestra que la parte que busca el descubrimiento tiene una necesidad sustancial de los materiales en la preparación del caso de la parte y que la parte no puede, sin dificultades indebidas, obtener el equivalente sustancial del material por otros medios’".

 CITGO sostiene que Rothwell sólo busca encontrar en dicha documentación las pruebas de que carece su acusación.

  Alega la demandada que “Rothwell ha tomado solo una declaración de un representante de CITGO hasta la fecha [mientras que]. Por el contrario, CITGO ha producido casi 8.000 páginas de documentos y ha revelado los nombres y la información de contacto de personas con conocimiento de hechos relevantes. En particular, Rothwell no explica por qué el producto de trabajo de CITGO es necesario para establecer cualquier elemento de sus afirmaciones que de otra manera no podría establecer. Particularmente con las numerosas deposiciones de los representantes de CITGO ya programadas para las próximas semanas, los intentos de Rothwell de invadir el producto de trabajo no esencial de CITGO parecen prematuros, en el mejor de los casos”.

  Por tanto, CITGO asegura que su Registro de privilegios es adecuado.

El juez, Robert Schaffer, negó la moción de Rothwell.

La declaración de Eugene Riccetti

  El 17 de septiembre de 2020, el abogado interno de la filial de PDVSA en Estados Unidos, Eugene Riccetti, presentó su declaración jurada ante Tribunal de Distrito del Condado de Harris, Texas, con relación a la causa Tribunal de Distrito del Condado de Harris, Texas, que dirime la controversia entre Rothwell Energy Services LLC y CITGO Petroleum Corporation.

  En dicha declaración refiere que es Consejero Delegado de CITGO y ha ejercido como abogado en Texas desde 1994. A la filial petrolera venezolana ingresó en abril de 2007 y en su cargo actual como Consejero Administrativo se encuentra desde 2019.

  Manifestó estar familiarizado con el proyecto que dio lugar a la demanda, al haber actuado como el principal asesor legal de sobre el mismo. Igualmente dijo conocer a las personas identificadas en el Registro de privilegios suplementario y enmendado de CITGO y los documentos asociados.

  Del mismo modo, en su declaración Riccetti brindó su apoyo a la respuesta de CITGO a la moción del demandante para imponer un documento privilegiado o, alternativamente, para la inspección en cámara de documentos privilegiados.

  Informó que todos los autores y destinatarios identificados en el Registro de privilegios de CITGO son abogados internos o externos de la empresa,  miembros del departamento legal o sus representantes, a saber: Judith Colbert, Consejera General; Alejandro Escarrá, Vicepresidente de Asuntos Legales; Eugene (Gene) Riccetti, Consejero Gerente; Erika Courtade, Asesora Corporativa; Pavlova Brizuela, Asesora Jurídica Extranjera; Patricia Bonnel, Consejera; Samuel Hall, Michael Gottlieb, Robert Meyer, Scott Wilson, Camilo Cardozo, Scott Flicker, Randall Johnston, abogados.

  Precisó que las entradas del Registro de privilegios 132, 182, 185, 190, 219, 221 y 235 estaban liberadas y en manos de los demandantes.

  Aseguró que luego de revisar las entradas restantes en el Registro de privilegios y los documentos asociados para cada entrada, estableció que los mismos son precisos y constituyen comunicaciones abogado-cliente en el sentido de que fueron realizadas o recibidas por los abogados de CITGO.

Las órdenes ejecutivas

  El 8 de marzo de 2015, el para entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, emitió la Orden Ejecutiva 13692, con la cual se bloquearon todos los bienes e intereses de Antonio José Benavides Torres, Gustavo Enrique González López, Justo José ́ Noguera Pietri, Katherine Nayarith Haringhton Padrón, Manuel Eduardo Pérez Urdaneta, Manuel Gregorio Bernal Martínez, Miguel Alcides Vivas Landino, y a cualquier persona que determine el Secretario de Hacienda, en consulta con el Secretario de Estado, en Estados Unidos y, por tanto, estos no pueden ser transferido, pagados, exportados, retirados ni negociados.

  Se les prohibió la entrada al territorio de los Estados Unidos; la realización de donaciones en beneficio de estas personas; la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para, o en beneficio de estas personas; y la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dichas personas.

   Posteriormente, el 21 de mayo de 2018, el presidente Donald Trump, emitió la orden ejecutiva 13835, mediante la cual amplió la Orden Ejecutiva 13692 del 8 de marzo, 2015, y se basó en las medidas adicionales tomadas en la Orden Ejecutiva 13808 del 24 de agosto de 2017 y la Orden Ejecutiva 13827 del 19 de marzo de 2018, particularmente a la luz de las actividades del régimen de Nicolás Maduro, y prohibió todas las transacciones relacionadas con la provisión de financiamiento y otras transacciones por una persona de los Estados Unidos o dentro de los Estados Unidos en lo atinente a la compra de cualquier deuda con el Gobierno de Venezuela, incluidas las cuentas por cobrar; cualquier deuda contraída con el Gobierno de Venezuela que esté pignorada como garantía después de la fecha de vigencia de esta orden, incluidas las cuentas por cobrar; y la venta, transferencia, cesión o pignoración como garantía por parte del Gobierno de Venezuela de cualquier participación accionaria en cualquier entidad en la que tenga una participación del 50 por ciento o más.

[1] Venezuela Política. “Tesorera actual de CITGO obligada a declarar en una corte de Texas sobre transacciones a favor de una empresa del sobrino de ex CEO de la corporación, Nelson Martínez”. 9 de septiembre de 2020. https://www.venezuelapolitica.info/tesorera-actual-de-citgo-obligada-a-declarar-en-una-corte-de-texas-sobre-transacciones-a-favor-de-una-empresa-del-sobrino-de-ex-ceo-de-la-corporacion-nelson-martinez/

 

Se agota el tiempo para que David Rivera responda a demanda de PDV USA por incumplimiento de contrato de cabildeo a favor de Nicolás Maduro

Por Maibort Petit

  El juez de Nueva York, John G. Köetl otorgó a los abogados del ex-congresista, David Rivera, hasta el 30 de septiembre de 2020 para que responda a la demanda incoada en contra de una empresa de maletín de su propiedad, Interamerican Consulting Inc, que pretende recuperar USD15 millones pagados por el servicio de un contrato fraudulento que entregó PDV USA a la firma para que realizara labores de cabildeo para el régimen de Nicolás Maduro, cuyo trabajo no realizó. 

  Rivera tardó meses en responder ante la corte, a la demanda que fue introducida el 13 de mayo de 2020 y que debía ser respondida antes del 5 de agosto (12 de agosto según los abogados). 

 Los presentantes de Rivera dijeron al juez que habían conversado con los abogados de CITGO, PDV USA y se llegó a un acuerdo para que la defensa pidiera un lapso hasta el 30 de septiembre para dar respuesta a la querella.

 La defensa de Interamerican Consulting Inc, está representada por Kathryn Lee Boyd de Hecht Partners LLC.

  La  demanda por incumplimiento de contrato  fue interpuesta ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York por el escritorio jurídico de CITGO, Willkie Farr & Gallagher LLP que representa a una de las empresas asociadas  PDV USA busca que Interamerican Consulting Inc,  devuelva al menos $15 millones (más intereses) por servicios 'de cabildeo' que no prestó y que estaban especificados en un contrato firmado por empresa registrada en la Florida con el régimen de Nicolás Maduro en 2017.  

   Las tres facturas "por servicios profesionales" eran por el monto de $5 millones cada una, para un total de $15 millones, y "se pagó por una orden de arriba". Para ese momento, José Pereira (actualmente bajo arresto en Venezuela, acusado por delitos de corrupción) era el vicepresidente de Finanzas y fue quien ordenó a Gina Coon (actual Tesorera) que pagara la cuenta porque era una orden del CEO de CITGO, Nelson  Martínez (fallecido en custodia del Estado venezolano en diciembre de 2018). El jefe de Servicio de Compliance era Rick Esser. 

 CITGO pagó las facturas a la empresa del excongresista David Rivera, y "todos aquellos que se quejaron fueron removidos de sus puestos de trabajo". La aprobación de los pagos de $15 millones violó todas las reglas de la empresa y es una razón suficiente para que haya sanciones legales. 

  Los récords muestran que CITGO emitió 3 pagos de $5 millones cada uno; las transferencias bancarias se hicieron a la cuenta de David Rivera (Interamerican Consulting) se enviaron en 3/24/2017; 04/10/2017 y 04/19/2017. Es decir se pagaron $15 millones en menos de cuatro semanas (27 días),  "por lo que se evidenció que había una intención corrupta de sacar $50 millones de CITGO de una manera expedita", comentó una fuente vinculada al caso, quien agregó que con la aprobación de dichas operaciones por parte de CITGO, "José Pereira y Gina Coon violaron todos los controles de revisión y autorización con este contrato y sus facturas relacionadas".

   El Departamento de Justicia de los Estados Unidos investiga esta operación —entre otras que se cometieron durante la presidencia de Nelson Martínez— para favorecer al régimen de Nicolás Maduro.

Empresa mencionada en la demanda de Marisol Gómez contra CITGO asegura que son falsas las acusaciones en su contra

Sostiene que son falsos los señalamientos de la ex-vicepresidenta de Recursos Humanos de la filial, Marisol Gómez —recogidos en documentos oficiales— en los que se le acusa de supuestamente mantener negociaciones irregulares con CITGO Petroleum Corporation.

Por Maibort Petit

@maibortpetit

Gustavo Felice Castro, propietario de la empresa GFC Consultores LLC registrada en el estado de la Florida, desmintió las acusaciones que en su contra formuló la exvicepresidenta de Recursos Humanos de CITGO Petroleum Corporation, Marisol Gómez de Vergara, en la demanda que mantiene en la Corte del Condado de Harris, en Texas, en la que se lo señala como parte de un esquema de corrupción que defraudó a la filial petrolera en tiempos en que Nelson Martínez ejercía la presidencia de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

La demanda de Gómez contra CITGO Petroleum Corporation refiere en una de sus partes que Felice Castro formó parte de una trama en la que Martínez supuestamente comandó una serie de operaciones irregulares en la que GFC Consultores LLC habría recibido una serie de pagos como parte de un mecanismo destinado a apropiarse de dinero de la propia CITGO, de PDV USA y de un afiliado de la primera. Se indica en la documentación oficial que "PDV USA carecía de controles, o de un comité de cumplimiento, y que nunca se hizo una auditoría. Era una ̔caja negra' que se utilizaba para canalizar el dinero con fines corruptos e ilegales aun hasta la administración de Asdrúbal Chávez, primo de Hugo Chávez, quien ocupó la presidencia hasta marzo de 2019".

La demandante sostiene que "la empresa GFC fue contratada para proporcionar múltiples servicios para CITGO, con costos inflados y fraudulentos, que usó para compensar las ̔comisiones̕ sobre los pagos por ésos ̔servicios̕ a su co-conspirador en el esquema fraudulento, Nelson Martínez", habiéndose convertido supuestamente en una “Agencia de Logística Intermediaria" entre CITGO y el gobierno de Nicolás Maduro.

Tales negociaciones se habrían llevado a cabo aun cuando los departamentos de adquisiciones, crédito, legal o de cumplimiento de CITGO habían desaprobado a GFC para realizar el trabajo, como exigían los protocolos de la corporación.

La versión de Felice Castro

A estos señalamientos, le sale al paso Gustavo Felice Castro, quien dice ser economista egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV) que se desempeñó como gerente de ventas de la televisora Venevisión hasta el año 2007, fecha en la que fundó la firma GFC Consultores C.A.

Indica que esta firma la fundó sin la participación de socios, habiéndose desempeñado desde entonces como consultor en medios de comunicación y ofreciendo servicios a varias compañías en Venezuela como Calzados Basinger, Industrias Nutrive, APEX consultores, Sempre Noi, Egíptica Publicidad, entre otras. Igualmente se asoció con la empresa Musical Lab para llevar a cabo trabajos audiovisuales, hasta que en 2010 logró alcanzar la independencia al estructurar su propia la unidad de producción audiovisual y establecer alianzas estratégicas con imprentas gráficas que le permitieron crecer como empresa.

Narra que luego de haber sido víctima de un secuestro y haber recibido un impacto de bala, decidió emigrar con su familia a Estados Unidos, lo cual ocurrió en 2012 a través de una solicitud de visa de trabajo H1 obtenida por su esposa. Él poseía una visa H4 que no le permitía trabajar legalmente en EE. UU., por lo que mantenía su negocio en Venezuela “hasta que se hizo inmanejable por la devaluación” y comenzó a desempeñarse en el país norteamericano como consultor por medio de GFC Consultores Venezuela, hasta que en 2013 fundó GFC Consultores LLC en la cual es único dueño.

Cuando en 2014 obtuvo la residencia permanente, Felice Castro refiere que comenzó a trabajar directamente con GFC, prestando servicios a diferentes clientes.

Refiere que en una oportunidad fue invitado por una agencia en Florida que tenía una propuesta de CITGO para realizar una campaña sobre las donaciones de petróleo que realizaba la filial petrolera venezolana a los pobres en diferentes regiones y, bajo esta alianza participó como consultor en medios, además de todo lo relacionado con impresiones gráficas. “Es en ese momento, como parte del equipo, que conozco al personal de CITGO y tuve mucho contacto directo, ya que ellos son muy cuidadosos y exigentes en el control e inversión en los medios. Después participé en otro proyecto, que fue incorporar la identidad de Venezuela en la sede de CITGO en Houston”.

Cuando nuevamente fue contratado por la empresa de publicidad de la Florida antes citada, para otra vez desarrollar un trabajo relacionado con la producción gráfica y mantener por ello un contacto directo con los empleados de CITGO y habiéndose ya regularizado para la fecha su situación migratoria en Estados Unidos, fue conminado a presentar credenciales ante la filial a nombre de su empresa GFC Consultores LLC.

“Comenzamos con la realización de un video sobre ‘Venezuela Land of Grace’ y, a partir de allí, desarrolló otros proyectos, [como el de la] campaña de seguridad vial en el sur de florida. Nos solicitaron organizar la celebración del 5 de Julio [firma del acta de independencia venezolana] en la Ciudad de New York a través de la Misión de Venezuela ante la ONU. Derivado de esta buena labor, ese mismo año 2015, se nos encomendó realizar parte de la logística de la delegación de Venezuela durante la asamblea general en el mes de septiembre (más de 240 personas, viajes, hospedaje, transporte y comidas) e, inmediatamente, en el mes de octubre, la realización de varios eventos como lobby para el puesto y la presidencia pro tempore de Venezuela en el Consejo de Seguridad (cenas, conferencias, exposiciones, etc.). Durante el año 2016 también se realizaron algunas campañas publicitarias, eventos y nuevamente reuniones y la delegación entera de Venezuela en la asamblea General de la ONU. Ya en el 2017 y 2018, no se realizó aunque sí nos solicitaron presupuesto, y fue otorgado por la presidencia de CITGO a otra compañía que cobró más del triple de lo presupuestado por nosotros, al igual que lo hizo en el 2018 (Caribbean Style de Modesto Díaz)”.

Seguidamente, Gustavo Felice Castro admite que los montos de los pagos recibidos por su empresa, efectivamente son los referidos por Marisol Gómez, pero subraya que entregó a PDV USA y CITGO facturas con soportes originales de cada uno de los servicios prestados por GFC Consultores LLC. “Firmaba contratos antes de cada proyecto, y se estipulaba de una vez el margen de ganancia de nuestra compañía, que en presupuestos menores a USD 100 mil dólares era del 20 por ciento y en mayores a 100 mil dólares era de 15 por ciento (…) todo el historial de esas facturas, contratos están en manos de los abogados de CITGO donde se demuestra nuestra transparencia en el trabajo”.

Caso Charles Martínez

Sobre la participación del hijo de Nelson Martínez, Charles Martínez, Gustavo Felice Castro cuenta que en 2007, la empresa del primero prestaba servicio de producción audiovisual a GFC Consultores C.A. en Venezuela y a Musical Lab, hasta que en 2010 lograron consolidarse como productora y procedieron a contratar directamente a Martínez como director de producción audiovisual.

“En el año 2014, él me pide que lo traiga a Estados Unidos con una visa L1 (transferencia de personal profesional). Ya yo sabía que era hijo de Nelson Martínez, presidente de PDVSA. La visa la aprueban para el año 2015 por tres años. Él era encargado de todo lo referente a producción, tanto audiovisual como gráfica, pero siempre como respaldo(Back Office), nunca ante el cliente, dato importante presentado a los abogados, demostrado con las declaraciones de impuesto”.

Felice Castro asegura que desde el ingreso de Charles Martínez a GFC Consultores LLC en 2015, la facturación de la compañía con CITGO Petroleum Corporation descendió “de una manera vertiginosa”, al igual que bajaron los proyectos de la firma con la petrolera. “En vez de ser útil la relación, afectó significativamente mi compañía hasta que en el 2017 dejé de prestar servicios a CITGO, con el hijo del presidente de PDVSA en mi nómina”.

Para Felice Castro es fundamental este hecho por él afirmado, como una manera de demostrar que la presencia de Charles Martínez en su empresa, de ninguna manera significó el gozar de prebendas o privilegios con CITGO. Incluso, según él, la filial de PDVSA pasó a favorecer a Caribbean Style, de Modesto Díaz, con contratos referentes a proyectos que, por lo general, eran asignados a GFC Consultores LLC.

Entre estas negociaciones estaban los servicios prestados al Servicio Secreto por CITGO que en un tiempo le fueron encomendados, un hecho que a los ojos de Felice Castro sirve para demostrar la transparencia de sus operaciones, toda vez que sus finanzas eran auditadas por el Departamento del Tesoro en tiempo real.

Finaliza Gustavo Felice Castro dice no poseer bienes de fortuna. “Vivo rentado en el sur de Florida, pero mi imagen y la de mi compañía se vio severamente afectada por las falsas acusaciones realizadas por la señora Gómez”.

CITGO compró equipos e insumos para emitir los 'Carnets' de la Patria, instrumentos de manipulación social del régimen de Nicolás Maduro

Por Maibort Petit

@maibortpetit

Durante el primer semestre de 2017 el departamento de Procura de CITGO autorizó la compra —con carácter de urgencia— de más de 2.000 impresoras digitales de varias marcas y modelos por un costo de más de 2 millones de dólares. Los equipos comprados por la filial estadounidense de PDVSA se usan actualmente en Venezuela para elaborar los carnets de la Patria. 

La compra fue autorizada por el presidente de CITGO para ese entonces, el fallecido Nelson Martínez y el actual vicepresidente de Servicios Compartidos, Glenn Hilman. Ambos ejecutivos ejecutaron todas las órdenes emanadas de la directiva de PDVSA sin objetar la legalidad o transparencias de dichas operaciones.

El carnet de la patria es un documento de identidad que incluye un código QR único personalizado que cuenta con una billetera digital que se articula dentro de un sistema estatal de pago electrónico5​6​ y en la cual los portadores también pueden recibir distintos bonos monetarios por parte del Estado venezolano.

El uso de ese carnet ha sido calificado como un mecanismo de control de la población, una política de exclusión social así como un método de coacción para la compra de votos durante las elecciones regionales de Venezuela de 2017, las elecciones municipales de 2017 y las elecciones presidenciales de 2018.

El régimen de Maduro ha obligado a muchos venezolanos a sacarse un un carnet para comprar las bolsas de comida (CLAP), obtener gasolina subsidiada o cobrar el bono de dinero con los que pagan los votos a favor de Maduro, conseguir casas de la 'Gran Misión Vivienda'. 

Una fuente consultada y que por su seguridad pidió mantenerse bajo anonimato, señaló que "Gracias a la adquisición y entrega de las modernas impresoras digitales para elaborar el carnet de la patria, CITGO, Nelson Martínez y Glenn Hilman contribuyeron al fortalecimiento del régimen autoritario de Nicolás Maduro". 

La fuente sostiene que "Esta práctica es una muestra más de violaciones del velo corporativo que ponen a CITGO en situación de alto riesgo legal ante terceros. Tal como sucede con el caso Crystallex, CITGO se constituye en “alter ego” del gobierno venezolano al realizar compras para beneficiar políticamente al régimen venezolano, por decisiones complacientes de ejecutivos venezolanos y norteamericanos". 

"La Junta Directiva de CITGO, nombrada por el Presidente (e) Guaidó, debería investigar a fondo este caso y otros similares, establecer responsabilidades, tomar las acciones administrativas a que diere lugar y prevenir la recurrencia de esta mala práctica que puede causarle terribles consecuencias al Estado venezolano", acota la fuente.

Abogados de CITGO no convencieron al Juez para desestimar demanda millonaria de ex ejecutiva despedida por negarse aprobar pagos fraudulentos

Por Maibort Petit

@maibortpetit

Los representantes de CITGO Petroleum Corporation no lograron convencer al juez de la corte del Distrito Judicial 215Th del condado de Harris, Texas, para que desestimara una demanda en contra de la filial de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos interpuesta por la exempleada de la refinadora, quien busca una compensación económica millonaria alegando que fue despedida luego de rechazar órdenes de sus superiores para cometer fraude.

La orden de la corte informa que fue denegada la petición hecha por los abogados de CITGO para desestimar el caso de Marisol Gómez, exvicepresidenta de Recursos Humanos de la refinadora venezolana bajo control de la administración del presidente interino, Juan Guaidó, por la decisión del gobierno de los Estados Unidos. 

La demandante alega que durante un período de sus servicios en CITGO, observó irregularidades cometidas por sus superiores, entre quienes menciona a el ex presidente de la filial, fallecido bajo la custodia del estado venezolano, Nelson Martínez en diciembre de 2018. 

Gómez habría reportado frecuentemente los malos manejos de Martínez, los cuales se concretaron con el visto bueno o sin oposición de varios funcionarios de CITGO — que actualmente forman parte de la nueva directiva de la filial estadounidense de la petrolera designada por el presidente interino de Venezuela Juan Guaidó tras la decisión de los Estados Unidos de entregarle el control de la petrolera—  y que para el período denunciado tenían cargos administrativo, entre ellos Rick Esser, Glenn Hilman y Gina Coon. 

Expone la demanda que por los llamados de alerta sobre las irregularidades, la asignación de Gómez en CITGO fue dada por terminada en marzo de 2017. Por su negativa aprobar las operaciones fraudulentas—argumenta— fue despedida sin que se le cancelaran los bonos de actuación, razón esta por la cual la exempleada acudió ante las instancias judiciales demandando a la corporación.

De acuerdo a las fuentes ligadas al caso, la admisión de esta demanda conlleva a posibles nuevas querellas legales y financieras contra CITGO, puesto que los muchos acreedores de la corporación seguirán tratando de arrebatar los activos de petrolera.

Si Marisol Gómez, logra demostrar que los ejecutivos de CITGO cometieron fraude y actos de corrupción en la empresa, podría obtener una compensación de varios millones de dólares.

En la demanda presentada por Gómez en febrero 2019, se alega que la mujer trabajó en la industria petrolera en Venezuela por 25 años y que luego fue transferida en 2014 a la sede de Houston de CITGO para ejercer como vicepresidente de Recursos Humanos.

En los documentos de la corte se alega que el exjefe de Gómez, Nelson Martínez, quien ejerció como presidente de CITGO, suscribió contratos fraudulentos con la empresa llamada GFC Consultores LLC.

En la demanda se destaca que la corporación de Florida, era propiedad del hijo de Nelson Martínez con uno de sus amigos que actúa como agente registrador. Dicha compañía habría sido supuestamente contratada para realizar servicios de relaciones públicas y recursos humanos para CITGO. Los documentos sostienen que la filial del Estado venezolano en Estado Unidos, presuntamente, pagó millones de dólares a GFC por gastos no vinculados a la corporación.

Los reportes dados por Gómez reseñan que existen facturas de pago de CITGO a GFC Consultores LLC por un orden de USD 6.1 millones, durante un período de tres años, incluidos USD 4.5 millones, pagados por PDV USA y USD 1.6 millones, pagados por CITGO entre octubre de 2014 y noviembre de 2017.

Según los documentos, los pagos incluyeron recibos de eventos, banquetes, obsequios, comidas y hasta reparaciones de las casas (residencias personales) de varios empleados que salían de las arcas de PDVSA y de CITGO.

Entre los argumentos expuestos en la demanda se destaca el hecho que Gómez, supuestamente se opuso a la ejecución de esos pagos que estaban previamente autorizados por Martínez, quien era el CEO de la corporación.

Las operaciones irregulares también habrían sido autorizadas por el expresidente de la filial, José Pereira, y por el exvicepresidente, Gustavo Cárdenas, quienes se encuentran arrestados en Caracas desde noviembre de 2017.

Por medio de esta demanda Gómez pretende obtener una compensación millonaria.

Al expresidente de Citgo y PDVSA Nelson Martínez se le habría violado derecho a servicio médico y tratamiento adecuado

Por Maibort Petit

@maibortpetit

Al expresidente de Citgo y de PDVSA, Nelson Martínez, quien falleció luego de un complejo cuadro clínico en el hospital militar, se le habría negado el derecho de ser visto a tiempo por médicos y de recibir el tratamiento adecuado para curarse de una infección, dijo a esta periodista una fuente ligada al caso que pidió permanecer bajo anonimato por razones de su seguridad. 

La misma fuente sostiene que existen evidencias sobre las solicitudes hechas para que Martínez fuera trasladado a una clínica para ser atendido de sus dolencias y de que se conocía la gravedad del detenido en el Juzgado Tercero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del área Metropolitana de Caracas a cargo de la jueza Rosvelin Gil, donde se encuentra la causa N-3 C-18.500-17 del fallecido funcionario. El fiscal Quincuagésimo Quinto (55) del Ministerio Público a Nivel Nacional, Ronmy José Salimey Mejías, también conocía la situación  y no hubo acciones, dijo el informante quien advirtió que una investigación sacaría a la luz pública los responsables del hecho.

"A mi padre lo asesinaron en el DGCIM"

Charles Martínez, hijo del fallecido exfuncionario petrolero, dijo en su cuenta en la red social Twitter, que a su padre "lo asesinaron en el DGCIM y en el hospital militar con una bacteria y mala praxis médica deliberada. Todo tiene que ver con una guerra fratricida entre Rafael Ramírez, Diosdado Cabello y Nicolás Maduro por no revelar la verdad al mundo de la muerte de Hugo Chávez".

Dijo que "una vez secuestrado y sometido al escarnio público por un show mediático de muy baja calaña explota lo del caso Helsinge. Gracias a todos por lo bueno y lo mano. A partir de hoy no  dejo de guardar silencio por respeto a mi padre".

En otro tweet sostuvo que "No sólo fue tardío su tratamiento ¡No! Es que sólo él se infectó con una bacteria en el DGCIM y sólo le pusieron suero y dipirona en el Hospital Militar por 15 días! Sólo pusieron antibióticos en terapia intensiva cuando ya sus riñones habían colapsado por la infección".

Nelson Martínez reconoce que creó PDVSA US Litigation Trust cuando era Ministro de petróleo de Maduro

Por Maibort Petit

@maibortpetit

El exministro venezolano Nelson Martínez  reconoció, a través de un poder, que sí es su firma que que aparece en el documento de creación del fideicomiso  PDVSA US Litigation Trust y que dicho acto fue celebrado por su persona cuando era Ministro de Poder Popular de Petróleo del gobierno de Nicolás Maduro. Aseguró que con su firma se ejecutó ese instrumento. Martínez permanece arrestado en Venezuela desde el 30 de noviembre de 2017 acusado por delitos de corrupción relacionados con subsidiaria de PDVSA en los Estados Unidos, Citgo.

El poder sellado y firmado por Martínez fue dado a conocer por la Corte del Distrito Sur de Nueva York este viernes. El documento había sido solicitado por un grupo de demandantes que pidieron que el tribunal verificara la legitimidad de fideicomiso PDVSA US Litigation Trust como ente representante de Petróleos de Venezuela y que aclarar dicho fondo hubiese contratado al bufete de abogados Boies Schiller Flexner LLP para encabezar la acción civil interpuesta en la Corte del Distrito Sur de Texas que busca encausar a más de 44 empresas e individuos acusados por la misma empresa petrolera venezolana de haber ejecutado un gigantesco entramado de corrupción que le habría costado a Venezuela miles de millones de dólares y que involucra manipulación en los precios del crudo, y espionaje electrónico.

La mencionada demanda civil fue dada a conocer el 5 de marzo de 2018. La acción busca resarcir daños causados por la supuesta conducta criminal de los demandados al patrimonio de Petróleos de Venezuela. La aspiración del demandante es cobrar al menos 10 billones de dólares, y otras ganancias extras por las pérdidas que tuvo la empresa estatal  durante la conspiración que alcanza 14 años.

De acuerdo a los papeles oficiales, PDVSA US Litigation Trust es un fideicomiso establecido Nueva York para investigar y buscar acciones contra los demandados en la referida querella representada por el mencionado bufete de abogados.

Seguiremos informando...

Piden al gobierno de los EEUU incluir al expresidente de Citgo y al exgerente de Pdval en la lista OFAC

Por Maibort Petit

@maibortpetit

Por medio de una misiva dirigida a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y a los Departamentos de Estado y del Tesoro, el Centro de Investigaciones contra el Crimen en las Américas solicitó formalmente que se incluyan los nombres del actual Ministro de Petróleos de Venezuela, Nelson Martínez y al exgerente de Pdval y supuesto empresario, José Manuel González Testino en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) por estar vinculados a organizaciones criminales dedicadas al lavado de activos.

De acuerdo a la solicitud, existen evidencias que permiten probar que el expresidente de Citgo y actual ministro de hidrocarburos, Nelson Martínez se ha enriquecido, gracias a sus posiciones como funcionario público del Estado venezolano.

En la petición a las autoridades norteamericanas se plantea el caso de PDVAL, una filial de la estatal petrolera Pdvsa, que supuestamente es controlada por Nelson Martínez y el exgerente de ese ente estatal, José Manuel González Testino. "Ambos lograron beneficiarse personalmente del dinero proveniente de las arcas del tesoro", dice el documento. 

En la comunicación citan un informe preparado por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional en el cual se publicó una lista de 37 compañías que se estima se apropiaron ilegalmente de $11 mil millones de dólares. 

La lista de esas empresas se inicia con José Manuel González, ubicadas en la jurisdicción de los Estados Unidos, dice la petición y añade que hay otras corporaciones del mismo sujeto constituidas  en Suiza y Panamá, dice el documento. 

Las compañías vinculadas al supuesto esquema de corrupción poseen cuentas en la banca suiza, a saber: Goet & Co (Ginebra), Stang Industrial Products SA Cuenta # 126.143, RH Internacional Consulting Cuenta 126.110, Henry Pittier International, Cuenta #126-187, Colorado Manufacture and Equipment SA Cuenta #126-122, de acuerdo a la demanda dada a conocer por la ONG antes mencionada.

El solicitud se pide al FBI, investigar a los dos hombres ligados al gobierno de Nicolás Maduro través de las herramientas establecidas en la ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de 1977. Argumentan que "debido a la deteriorada y dramática situación humanitaria que vive Venezuela estas compañías constituyen una red operada por el crimen organizado y su objetivo es ganar dinero ilícito a costa del hambre de millones de venezolanos".

En la solicitud explican que como organización están preocupados por el aumento de la crisis humanitaria, la impunidad y el crecimiento del crimen organizado en Venezuela, y que las organizaciones criminales tienen ramificaciones en el territorio estadounidense y se convierten en una amenaza a la seguridad de los EEUU.

"Esto es una amenaza para la seguridad de la región y del hemisferio", dice el documento.

"Los Estados Unidos, como líder moral y político de la región debe prestar atención, y activar los mecanismos expeditos del Departamento de Justicia para actuar de manera inmediata y ejecutar los mecanismos previstos en la ley para controlar el crimen organizado", explica en la solicitud. 

El Centro de Investigaciones contra el Crimen en las Américas pone a disposición de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), (encargada de la seguridad nacional, el crimen organizado y la corrupción) las investigaciones realizadas sobre estos dos sujetos que a juicio de los investigadores han violado las leyes norteamericanas.

En el documento se destaca que Venezuela es uno de los países más ricos en recursos naturales de la región, que posee las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo y donde la economía depende exclusivamente de la exportación de petróleo. Sin embargo, la corrupción y ineptitud del gobierno ha llevado al país a una implosión política y económica de consecuencias inimaginables.

Más adelante se señala que en la medida que la crisis venezolana avanza, las organizaciones corrupta conectadas con el régimen se convirtieron en poderosas organizaciones criminales.

Como ejemplo del avance de dichas organizaciones criminales, citan las sanciones impuestas por el Departamento de Justicia y del Tesoro contra el vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, designándolo como narcotraficante en la lista Clinton.

Igualmente, mencionan que una Corte Federal de Nueva York condenó a Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campo Flores, sobrinos de la primera dama de Venezuela, de ser culpables de conspiración para importar 800 kilos de cocaína a los EEUU.

Dice que Venezuela se convirtió en la base principal de las empresas relacionadas con lavado de dinero, corrupción, extorsión y crímenes graves con impunidad en Central y América Latina.

El sistema de justicia americana puede ayudar a identificar y bordear estas organizaciones que operan actividades ilegales desde el territorio estadounidense.

En el documento se señala que José Manuel González Testino es un ciudadano americano nacido el 19 de septiembre de 1969 en Cookville, Tennessee. "González Testino usa su pasaporte venezolano para hacer sus transacciones financieras y su pasaporte americano para hacer sus operaciones dentro de los EEUU. Es miembro de la directiva de la empresa Productora y Distribución Venezolana de Alimentos (PDVAL) responsable de deterioro de $2 billones de dólares en comida podrida en diferentes lugares de Venezuela, hecho que causó repugnancia en un país donde diariamente la mayor parte de la población pasa hambre".

PDVAL es una filial de la estatal petrolera Pdvsa, controlada por ejecutivos como Nelson Martínez, expresidente de Citgo y actual Ministro de Hidrocarburos, gente que se ha enriquecido con dinero proveniente del erario público venezolano, acota la petición. 

Como organización independiente de periodistas Venezuela y de América Latina  con devoción a la transparencia y claridad, imploramos que sean investigados esos sujetos y colocados en la lista Clinton  los actos en la categoría de SDN.

La denuncia está acompañadas con documentos de recibidos por parte de la oficina del FBI en Miami. 

PD:
Si algunas de las personas mencionadas en este post desea ejercer su derecho a réplica les ruego enviar toda la información y solicitud de entrevista al siguiente correo electrónico: 
venezuelapoliticablog@hushmail.com