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lunes, 14 de diciembre de 2020

Juez fija para el 4 de enero audiencia de nueva declaración de culpabilidad de Víctor Mones Coro, asociado a Tareck El Aissami

 Por Maibort Petit

   El juez del Distrito Sur de Nueva York, Alvin K. Hellerstein, ordenó que Víctor Mones Coro, acusado de haber violado las sanciones que los Estados Unidos impusieron contra Tareck El Aissami, Samark López Bello y otros, tendrá una audiencia para declararse culpable de los delitos que se le acusan el próximo 4 de enero de 2021. Mones Coro retiró su declaración previamente porque su defensa consideró que el gobierno había entregado las evidencias a la defensa de manera tardía y además objetó el comportamiento de una de las fuentes confidenciales del caso.

  Hellerstein dijo que el 11 de diciembre de 2020 realizó una audiencia telefónica sobre los acusados Mones Coro y las mociones de Orsini Quintero para la presentación de sanciones y solicitud de fianza.

Acordó lo siguiente:

1. La moción del acusado Mones Coro de sancionar a los fiscales por descubrimiento se rechaza por ser prematura sin perjuicio de renovar su recurso en el marco de la sentencia;

2. Una audiencia de declaración de culpabilidad para el acusado Mones Coro se llevará a cabo el 4 de enero de 2021 a las 9 a.m. [Se excluye el tiempo hasta el 4 de enero de 2021 en interés de la justicia].

3. Se concede la solicitud de libertad bajo fianza del acusado Orsini Quintero, sujeto a condiciones por establecer. Las Partes, en colaboración con los Servicios Previos al Juicio, deberán presentar una propuesta de orden que establezca las condiciones de la liberación de Orsini Quintero por 16 de diciembre de 2020;

4. Se aplaza la fecha establecida para el juicio, fijada el 25 de enero de 2021. Habrá una conferencia el 20 de enero de 2021 para establecer fechas posteriores.

5. El 19 de febrero se llevará a cabo una conferencia sobre el estado del acusado Orsini Quintero 2021. El tiempo está excluido hasta entonces en interés de la justicia.

Víctor Mones Coro, asociado a Tareck El Aissami, pidió declararse culpable inmediatamente y se le dicte sentencia en enero de 2021

  Sostiene que no puede comprobársele haber participado en el delito de lavado de dinero.

Por Maibort Petit

  A través de su abogada Christine H. Chung, Víctor Mones Coro, acusado de negociar vuelos para el ex-vicepresidente de Venezuela y actual ministro de petróleo, Tareck El Aissami, Samark López Bello, entre otros, violando así las sanciones impuestas por Estados Unidos al régimen venezolano, solicitó al tribunal declararse culpable de manera inmediata y en enero del próximo año se le imponga la respectiva sentencia.

















   Mones formula esta solicitud con la advertencia de que se declararía culpable solamente de los cargos relativos a las sanciones, por cuanto no habría participado y así puede comprobarse de acuerdo a su representante legal, que haya estado incurso en las actividades de lavado de dinero que se le imputan a resto de los involucrados en la trama.

La solicitud

  El 1 de diciembre de 2020, Christine H. Chung, de la firma Selendy & Gay P. LLC, abogada defensora de Víctor Mones Coro, remitió una comunicación al juez Alvin K. Hellerstein, del Tribunal de Distrito Sur de Nueva York, encargado de la causa que el gobierno estadunidense mantiene contra su representado y Michols Orsini Quintero, para solicitar la exclusión de la dependencia del gobierno de la Decimosexta Producción, así como también que se otorgue sin oposición, el pedido para proceder de inmediato a una audiencia de declaración de culpabilidad. Asimismo, solicitó que la audiencia de sentencia tenga lugar en enero de 2021 y se proceda a la preparación de un PSR actualizado de manera acelerada.

   Explica Chung que la fiscalía tenía los materiales de la Decimosexta Producción desde el 29 de septiembre de 2020, cuando registró la oficina de Alejandro Marín, “pero su torpe esfuerzo por cumplir con la fecha límite consistió en ignorar sus propios estándares de producción y arrojar imágenes forenses no revisables a la defensa, dos días después del 23 de octubre de 2020, e invitar a la defensa a asistir a la oficina del DHS para ver las mismas imágenes no revisables”.

   Recuerda la abogada que se excedió el límite legal y que de acuerdo a la jurisprudencia la producción de varios terabytes de información en un caso criminal que no se pueda buscar ni cargar, constituye una producción válida de material. Igualmente apunta que el gobierno se defiende rutinariamente con éxito de las mociones de Brady/Giglio (la jurisprudencia invocada) y de la Regla 16 precisamente al realizar producciones en forma de búsqueda completa. También recordó que la fiscalía admitió que lo hizo por primera vez el 19 de noviembre de 2020, casi dos meses después de la posesión real.

  Considera que el gobierno debe renunciar a depender de la Decimosexta Producción, en lugar de pedirle a la corte que disculpe las dificultades "técnicas", o pre-argumentar cuál debería ser la sentencia de Víctor Mones Coro.
  
    La defensa citó que el 23 de septiembre de 2020, el gobierno aceptó el riesgo de que no pudiera completar la producción de lo obtenido de la búsqueda en la oficina de Alejandro Marín, pues aún cuando conocía que tenía la intención de registrar dicha oficina y el alcance probable de la búsqueda, aceptó la fecha límite del 23 de octubre de 2020 e incluso dio la impresión de que tenía poco que presentar. “Además, la causa fundamental del retraso de las 16 producciones posteriores a la declaración de culpabilidad, según el propio gobierno, fue el hecho de que los AUSA y los agentes no hicieran preguntas que eran obvias desde 2018, como ‘¿Por qué el Sr. Marín no tiene conversaciones de texto con los acusados anteriores a noviembre de 2018?’ o ‘¿Qué pasó con los cientos de miles de euros perdidos que el Sr. Marín transportó en julio de 2018?’".

   A criterio de la defensa de Mones, la fiscalía pareciera desconocer su propia evidencia. 

   Acotó que Alejandro Marín borró casi medio millón de correos electrónicos —y tal vez otros materiales— de su oficina, antes de que el gobierno se apoderara de ellos.

   También argumenta la abogada Chung que la exclusión de la Decimosexta Producción es el remedio adecuado a esta situación, puesta que en ella no se menciona ni un solo artículo en el que deba basarse en la sentencia de Víctor Mones Coro.

“Mones Coro solicita respetuosamente que se le otorguen sus solicitudes sin oposición de una audiencia de declaración de culpabilidad inmediata, una sentencia en enero de 2020 y una PSR acelerada”.

  Para que ello sea posible, es necesario, reitera la defensa, debe excluirse la dependencia del gobierno de la decimosexta producción porque no cumplió la fecha límite del 23 de octubre de 2020.

   Chung refiere que la fiscalía ha malinterpretado el argumento de su representado sobre el alivio de la búsqueda y la cual se sustenta en que no se cumplió con las obligaciones del descubrimiento.

“El disco duro que el gobierno entregó a los abogados el 25 de octubre de 2020, dos días después de la fecha límite del 23 de octubre de 2020, contenía solo imágenes forenses que no se podían buscar”.

   La abogada refiere que el gobierno reconoció en un caso reciente que la producción de una imagen forense de dispositivos electrónicos no es suficiente para cumplir con las obligaciones de descubrimiento.

  Acusa de falsa la afirmación de la fiscalía invitó a la defensa para "inspeccionar" el 23 de octubre de 2020 el material obtenido en la empresa My Jet Server, por cuanto el aviso que recibió decía que la copia de la unidad podría completarse "esta noche o este fin de semana", pero que la inspección podría comenzar "este fin de semana", es decir, después de la fecha límite.

   Christine H. Chung subraya que el gobierno conocía el riesgo de no cumplir con la fecha límite del 23 de octubre de 2020 para presentar la decimosexta producción y, por tanto, debe asumir el riesgo que aceptó.

 Agrega que las producciones del gobierno posteriores a la declaración de culpabilidad se retrasaron debido a fallas en la investigación. En tal sentido, Chung refiere que los agentes y los AUSA fallaron en la investigación, la supervisión y la presentación de informes, lo que ocasionó el reconocimiento Insertar Imagen Mones 5

  La defensa estima que el gobierno no identifica ni una sola pieza de evidencia de la Decimosexta Producción en la que necesite basarse para presentar sus argumentos para la sentencia.

  Para la defensa son irrelevantes el resto de los motivos del gobierno para oponerse a la exclusión de la decimosexta producción y destaca que los argumentos del gobierno sobre las sentencias prematuras solo aclaran la materialidad de las producciones tardías.

   Considera que, implicar a Mones por asociación en el tráfico de drogas, el lavado de dinero o la opresión política no tiene fundamento y es prematuro, pues el acusado huyó de Venezuela cuando Hugo Chávez asumió el poder, y su crimen fue motivado principalmente por el deseo de salvar la empresa con sede en Florida que fundó y dirigió. En este sentido recordó que, a diferencia de Alejandro Marín, Víctor Mones admitió de inmediato su gravísimo delito de violación de las sanciones, así como el comportamiento incorrecto y encubridor en el que participó.

  Del mismo modo, Chung destaca que Mones no tiene un "historial de participación en transferencias ilegales de dinero" y el gobierno nunca ha tenido pruebas de que lo haga.

  Dice que los chats que muestran la planificación y ejecución de la transferencia de efectivo de julio de 2018 es claro la no participación de su defendido.

  La defensa también precisa que a su defendido se le pagaba ocasionalmente con efectivo que otro operador traía a Estados Unidos, pero ese efectivo no fue transportado ilegalmente; que el gobierno no ha alegado que Mones Coro transportara drogas o contrabando o que lavó dinero; que Mones Coro no tenía un "historial" de participación en "transferencias ilegales de dinero".

   Dice que gobierno reconoce que los múltiples millones de dinero en efectivo que León y Marín transportaron ilegalmente a los Estados Unidos —tres veces en 2018 y 2019— fueron "ganancias del crimen" de vuelos ilegales para Tareck El Aissami, sin la participación de Víctor Mones Coro.

  Finalmente, Christine H. Chung estima que es incorrecto que el gobierno insinúe que Víctor Mones Coro admitió haberse beneficiado a sabiendas de cualquier transferencia ilegal de efectivo, pues él recibió dinero en efectivo en algunas ocasiones, pero el dinero fue declarado.

 

 


viernes, 11 de diciembre de 2020

Juez otorga libertad bajo fianza al piloto Michols Orsini, vinculado al caso de Tareck El Aissami

  El magistrado Alvin K. Hellerstein advirtió al acusado que sí violaba las condiciones de la libertad condicional sería castigado con el peso de la ley.

Por Maibort Petit

  Un juez del Distrito Sur de Nueva York otorgó libertad bajo fianza al piloto venezolano, Michols Orsini Quintero para que se preparare para el juicio que tendrá lugar en febrero de 2021. Orsini Quintero está acusado de haber violado las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos al exvicepresidente, Tareck El Aissami y su presunto testaferro, Samark López Bello.

   La defensa de Orsini Quintero cuestionó a la fuente confidencial del gobierno en el caso, señalando que sus testimonios eran poco confiable y por haber incurrido en faltas graves que, incluirían, el fraude migratorio.

  La defensa de Orsini Quintero dijo que el tribunal debía garantizar a su representado, el debido proceso y por ello solicitó al juez que le diera el beneficio de otorgarle libertad bajo fianza, de manera que pueda colaborar con sus abogados en el análisis de las pruebas presentadas por la fiscalía, toda vez que la situación de pandemia hace imposible la revisión de las mismas en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva (MCC), donde se encontraba recluido.

   El 12 de noviembre de 2020, la abogada Sabrina Shroff remitió una comunicación a Alvin K. Hellerstein, juez de la causa Estados Unidos contra Michols Orsini Quintero que se dirime en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, para solicitar al magistrado se le otorgue a su defendido el beneficio de libertad bajo fianza y se excluyan del proceso judicial parte de las producciones tardías que la fiscalía ha presentado en el caso de su representado.

     En su exposición al juez, Shroff se quejó de la práctica frecuente del gobierno de producir tardíamente descubrimientos que, en el caso de Orsini Quintero, fueron 15 producciones separadas entregadas meses después de la interrupción del descubrimiento y mientras esperaba el juicio. Contrasta la situación de su cliente con la del coacusado, Víctor Mones Coro.

  Especificó que cada una de las referidas 15 producciones tardías contiene documentos que estuvieron a disposición del gobierno durante mucho tiempo, los cuales totalizan 6 terabytes de información para los abogados defensores. Esto ocurrió en los últimos seis meses.

   Estimó la abogada que el tribunal no debe permitir esta situación pues va en perjuicio de Orsini Quintero, encarcelado en MCC-Nueva York, quien no tiene la capacidad práctica para revisar el descubrimiento de manera expedita, por lo que no debería ser penalizado por las producciones de descubrimiento tardías de la fiscalía, pues esto es violatorio del debido proceso.

   Acotó Sabrina Shroff que la libertad bajo fianza permitiría a Orsini Quintero revisar el descubrimiento en busca de material útil para su defensa, prepararse adecuadamente para el juicio y no verse obligado a elegir entre la revisión del descubrimiento y el encarcelamiento adicional antes del juicio.

Descubrimiento inoportuno

   Refirió la abogada que Michols Orsini Quintero fue acusado en marzo de 2019, debiendo haberse completado el descubrimiento, de acuerdo a la normativa, en septiembre de 2019. Sin embargo, desde septiembre de 2019 hasta junio de 2020, la fiscalía no realizó producciones de descubrimiento, sino a partir de esta última fecha hasta la actualidad.

   En este ínterin, el gobierno produjo terabytes de información para los abogados defensores, principalmente en relación con la fuente confidencial (CS) conocida como “Marín" [ Alejandro Javier Marín], aun cuando nada de esta producción sea el resultado de la reciente detención de dicha fuente confidencial.

   Sostiene la defensa que Orsini Quintero tuvo un papel limitado en la conspiración y, a diferencia de los demás imputados, no es dueño de empresas, no está vinculado a nadie en el poder político venezolano y es una persona de muy escasos recursos, lo cual puede verse en las producciones iniciales del gobierno.

   Subraya la defensa que la para nada la fuente confidencial de la fiscalía puede tenerse como digna de confianza, pues ha mantenido una conducta inapropiada, prevaricando y, en ocasiones, mintiendo abiertamente. Destaca el financiamiento que el gobierno ha proporcionado a esta fuente confidencial para mantener una empresa endeudada y que no se habría mantenido a flote sin el dinero proporcionado por la fiscalía. Asimismo, manifiesta su preocupación por la el nexo que se ha formado entre el CS y los agentes del Departamento de Seguridad, toda vez que han desarrollado una gran familiaridad.

   Expone al juez una serie de comportamientos irregulares de la fuente confidencial que incluye lo que podría catalogarse como fraude migratorio, sin que el Departamento de Seguridad lo detectara o lo ignorara.

     Igualmente, Sabrina Shroff subraya que ni los agentes ni los fiscales se percataron de que hace dos años la fuente confidencial poseía información que solamente terminaron produciendo en 2020. Refiere que en cada ocasión en que la defensa señalaba una debilidad o falacia en el caso del gobierno, el CS, quien convenientemente "recordaba" nuevos hechos que reparaban la situación sin comprometer la fuente.

   Como ejemplo, cita que, en agosto de 2020, después de que el abogado defensor señaló que no había indicios o pruebas de que Orsini Quintero tuviera el conocimiento necesario de que Samark López estaba en la lista de la OFAC, el CS de repente "recordó" que en la fiesta de cumpleaños del piloto jefe este anunció que Samark López estaba en la lista y que brindarle servicios era una violación de las sanciones

  Posteriormente, Marín se "corrigió" a sí mismo y dijo que la conversación ocurrió en una celebración diferente, una conducta que ha ocurrido en diferentes situaciones.

   La abogada refiere que ahora cuando Marín ha sido arrestado por hacer declaraciones falsas, la fiscalía se niega a revelar exactamente cuántas declaraciones falsas les hizo, a quién más perjudicó como jefe y propietario de My Jet Sever; cuánta información financiera y no financiera le dio el gobierno, y por qué la fiscalía no lo acusó de robo de fondos gubernamentales, fraude electrónico y lavado de dinero.

Las 15 producciones en cuestión

  La fiscalía entregó en junio de 2020, nueve meses después del cierre del descubrimiento, la primera de sus 15 producciones de descubrimiento y la última lo hizo el 23 de octubre de 2020.

   Se trata de información proporcionada por la fuente confidencial consistente en: (i) notas de los agentes del caso; (ii) informes de agentes de casos; (iii) notas tomadas por los AUSA; (iv) charlas entre la CS y varios agentes del DHS y DEA; (v) charlas entre el CS y León; (vi) correos electrónicos entre la CS y los imputados en la acusación; (vii) documentos impresos; (viii) contenido de computadoras y dispositivos completos incautados de My Jet Saver, la compañía propiedad de CS.

   La abogada advierte que aún falta en la producción del gobierno información tan relevante como (i) la cantidad de dinero que el DHS proporcionó a su CS; (ii) las cosas de valor entregadas a la CS; (iii) las declaraciones falsas realizadas por la CS al gobierno; (iv) notas de conversaciones entre los agentes del DHS y el CS tras el arresto del CS por declaraciones falsas; y (v) notas de conversaciones entre el gobierno y los abogados de la CS.

   Mucha de esta información requiere de la contratación de expertos en computación, apunta la defensa.

   Sostiene Sabrina Shroff que es absolutamente necesario que la Corte conceda a Orsini Quintero la libertad bajo fianza para que, en aras del debido proceso, pueda ayudar de manera significativa en su propia defensa.

   La defensa insta al tribunal a no permitir que el gobierno utilizar cualquiera de los descubrimientos de estas últimas 15 producciones en cualquier procedimiento o etapa de este asunto.


 



 


 




  

viernes, 27 de noviembre de 2020

Defensa de acusados del caso El Aissami en la corte de NY busca descalificar la fuente confidencial del gobierno y desmontar la demanda

  La inapropiada conducta de la fuente confidencial de la fiscalía, según la defensa de Michols Orsini Quintero en el caso del piloto de Tareck El Aissami

Por Maibort Petit 

   Según la abogada defensora de Orsini, Alejandro Javier Marín mantuvo trató con la esposa de su representado, mientras actuaba como fuente confidencial del gobierno.

  El piloto venezolano Michols Orsini Quintero, a través de su abogada defensora, Sabrina Shroff, se sumó a los involucrados en el caso que acusan la conducta irregular de la fuente confidencial de la fiscalía, cuyo testimonio consume casi en su totalidad el gran volumen de pruebas presentadas tardíamente en su contra por el gobierno.

  Orsini Quintero está acusado de formar parte de la conspiración para que las empresas registradas en Estados Unidos, a saber, American Charter Services LLC y SVMI Solutions LLC, llevaran a cabo transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y sus normas regulatorias, de modo de así evadir las sanciones impuestas por el departamento del Tesoro al ex vicepresidente y actual ministro de petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami y el socio de este, Samark López Bello.

  El primero en denunciar la producción tardía del descubrimiento fue el coacusado, Víctor Mones Coro, señalado de negociar el transporte aéreo de pasajeros privados para Tareck Zaidan El Aissami Maddah. Ahora lo hace Michols Orsini Quintero, cuya representante legal refiere que el gobierno hizo 15 producciones de pruebas que totalizan casi 6 terabytes de información, las cuales fueron entregadas meses después de la interrupción del proceso de descubrimiento, aun cuando estas evidencias estuvieron a disposición de la fiscalía durante mucho tiempo.

  La cuestionada fuente confidencial, el piloto Alejandro Marín, quien es propietario de la empresa Administración Aeronáutica My Jet Server LLC, fue acusado de mentir a agentes federales de Estados Unidos mientras actuaba como colaborador en las investigaciones. Entre otros señalamientos en contra, está el de haber sustraído USD 140.000 de un paquete de dinero en efectivo incautado a una organización criminal.

   Marín se acogió a la defensa pública, pero ha habido observaciones al respecto, por lo que el juez ordenó determinar la realidad financiera del acusado. A su favor se dice que aún cuando es un empresario, la totalidad de los ingresos de la compañía están destinados al pago de un préstamo de USD 1,4 millones. Marín obtuvo un préstamos de USD 400.000 del programa de ayuda federal para paliar la crisis de la pandemia que él alega fueron usados para el pago de nómina de la empresa.

  El descrédito de Alejandro Marín también fue acusado por Víctor Mones Coro.

  La defensa de Michols Orsini Quintero sostiene que es imposible revisar la evidencia presentada por el gobierno, toda vez que el juicio contra su defendido tendrá lugar el 25 de enero de 2021.

   El juez, incluso, recomendó a la fiscalía incluir a Orsini Quintero en la misma acusación contra Tareck El Aissami, Samark López, Joselit Ramírez, Víctor Mones Coro, Alejandro León Maal y Alejandro Quintavalle Yrady.

  Víctor Mones Coro, Michols Orsini Quintero y Alejandro Miguel León Maal se declararon inocentes en agosto de 2019, pero luego, en noviembre del mismo año, Mones Quintero se declaró culpable a cambio de algunas reconsideraciones en su acusación.

   El pasado 10 de noviembre, en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York se advirtió del riesgo de fuga que existe en torno Alejandro Marín, dado su acceso a aviones privados venezolanos y sus relaciones con el Tareck El Aissami y otros altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro.

  Igualmente, Sabrina Shroff le aseguró al juez de la causa, Alvin K. Hellerstein, que Alejandro Marín, en su carácter de fuente confidencial de la fiscalía "se acercó repetidamente a la esposa del señor Orsini Quintero y la interrogó sobre el juicio de su esposo” y le requirió información acerca de si este se sentía satisfecho con la defensa que se le había designado por el tribunal.

“Aún más preocupante, parece que el Sr. Marín continuó empleando a la esposa del Sr. Orsini Quintero sin informar al gobierno ni a los agentes del caso de esta relación en curso. Y, por supuesto, el Sr. Marín no informó a los agentes del DHS que estaba comprometido en una conducta que, incluso, el gobierno categoriza como fraude migratorio durante el tiempo que estuvo cooperando y consiguiendo arrestar a otros”, le manifestó la abogada al juez en su comunicación.

  Se apunta que cuando la defensa informó al gobierno de las continuas interacciones inapropiadas de Marín con la esposa de Orsini Quintero, la fiscalía procedió asumir sola las consultas, pero simplemente hizo que los mismos agentes que estaban a cargo de CS le preguntaran a este sobre su conducta que este negó. El gobierno no hizo más averiguaciones al respecto.

  Otro asunto irregular acusado por la defensa de Orsini Quintero al magistrado, son las cantidades de beneficios financieros que el gobierno y las fuerzas del orden otorgaron a la fuente confidencial, consistentes en la entrega de grandes cantidades de dinero para mantener una empresa endeudada y que no se habría mantenido a flote sin la inyección financiera del gobierno.

   Del mismo modo, la defensa le manifestó al juez Hellerstein que era preocupante la relación de cercanía que habían entablado la fuente confidencial y los agentes a cargo de la investigación. En este sentido, citó una conversación sostenida por chat entre Marín y los agentes del DHS, en la cual se observa una gran familiaridad al hacerle referencia a los problemas que confrontaba con su solicitud de “ciudadanía”, por lo que necesitaba de su ayuda.

“Buenos días, por favor, ¿puede preguntarle a George (agente del DHS) por qué es tan difícil ayudar a acelerar algo tan importante como mi ciudadanía? Hombre, nada de lo que prometió sucedió, lo mismo y la situación de mierda en grupo que tengo con el IRS si te digo cuántas veces te digo que no te preocupes, estoy pasando por una situación muy delicada en la que unas 20 personas dependen de mi empresa, lo siento TJ para decirte esto, pero de manera realista esto es una tontería, yo (por qué) no puedo HSI no puedo hablar con HSI para (...)”, le escribió Marín al agente.

   Sobre la gran cantidad de evidencia tardía, la defensa apunta que se requerirían 185 revisores trabajando 2 mil horas cada uno durante un año para analizar todas las pruebas contenidas en los 6 terabytes de información entregada por la fiscalía, toda vez que se estima que un terabyte contenga 75 millones de páginas y suponiendo que un abogado o asistente legal pueda revisar 50 documentos por hora.

  La defensa Orsini Quintero sostiene que las mismas pruebas de la fiscalía evidencian que su cliente no estuvo ligado a la conspiración y que era simplemente un empleado contratado por Alejandro Marín y, luego, por sugerencia de este último, para Víctor Mones Coro.




 


 


 


 




 

Defensa del piloto vinculado a Tareck El Aissami pidió libertad bajo fianza y denunció supresión de descubrimiento tardío de presentado por la fiscalía en NY

   Se cuestiona fundamentalmente a la fuente confidencial del gobierno en el caso, por ser poco confiable y por haber incurrido en faltas graves que, incluirían, el fraude migratorio.

Por Maibort Petit

    Para la defensa de Michols Orsini Quintero, piloto vinculado al caso contra Tareck El Aissami y Samark López Bello, entre otros, es necesario que, en aras de que se garantice a su representado, el debido proceso, se le brinde el beneficio de otorgarle el beneficio de libertad bajo fianza, de manera que pueda colaborar con sus abogados en el análisis de las pruebas presentadas por la fiscalía, toda vez que la situación de pandemia hace imposible la revisión de las mismas en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva (MCC), donde se encuentra recluido.

La comunicación

   El 12 de noviembre de 2020, la abogada Sabrina Shroff remitió una comunicación a Alvin K. Hellerstein, juez de la causa Estados Unidos contra Michols Orsini Quintero que se dirime en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, para solicitar al magistrado se le otorgue a su defendido el beneficio de libertad bajo fianza y se excluyan del proceso judicial parte de las producciones tardías que la fiscalía ha presentado en el caso de su representado.

     En su exposición al juez, Shroff se queja de la práctica frecuente del gobierno de producir tardíamente descubrimientos que, en el caso de Orsini Quintero, fueron 15 producciones separadas entregadas meses después de la interrupción del descubrimiento y mientras esperaba el juicio. Contrasta la situación de su cliente con la del coacusado, Víctor Mones Coro.

  Especifica que cada una de las referidas 15 producciones tardías contiene documentos que estuvieron a disposición del gobierno durante mucho tiempo, los cuales totalizan 6 terabytes de información para los abogados defensores. Esto ocurrió en los últimos seis meses.

   Estima la abogada que el tribunal no debe permitir esta situación pues va en perjuicio de Orsini Quintero, encarcelado en MCC-Nueva York, quien no tiene la capacidad práctica para revisar el descubrimiento de manera expedita, por lo que no debería ser penalizado por las producciones de descubrimiento tardías de la fiscalía, pues esto es violatorio del debido proceso.

   Acota la Sabrina Shroff que la libertad bajo fianza permitiría Orsini Quintero revisar el descubrimiento en busca de material útil para su defensa, prepararse adecuadamente para el juicio y no verse obligado a elegir entre la revisión del descubrimiento y el encarcelamiento adicional antes del juicio.

Descubrimiento inoportuno

   Refiere la abogada que Michols Orsini Quintero fue acusado en marzo de 2019, debiendo haberse completado el descubrimiento, de acuerdo a la normativa, en septiembre de 2019. Sin embargo, desde septiembre de 2019 hasta junio de 2020, la fiscalía no realizó producciones de descubrimiento, sino a partir de esta última fecha hasta la actualidad.

   En este ínterin, el gobierno produjo terabytes de información para los abogados defensores, principalmente en relación con la fuente confidencial (CS) conocida como “Marín" [ Alejandro Javier Marín], aun cuando nada de esta producción sea el resultado de la reciente detención de dicha fuente confidencial.

   Sostiene la defensa que Orsini Quintero tuvo un papel limitado en la conspiración y, a diferencia de los demás imputados, no es dueño de empresas, no está vinculado a nadie en el poder político venezolano y es una persona de muy escasos recursos, lo cual puede verse en las producciones iniciales del gobierno.

   Subraya la defensa que la para nada la fuente confidencial de la fiscalía puede tenerse como digna de confianza, pues ha mantenido una conducta inapropiada, prevaricando y, en ocasiones, mintiendo abiertamente. Destaca el financiamiento que el gobierno ha proporcionado a esta fuente confidencial para mantener una empresa endeudada y que no se habría mantenido a flote sin el dinero proporcionado por la fiscalía. Asimismo, manifiesta su preocupación por la el nexo que se ha formado entre el CS y los agentes del Departamento de Seguridad, toda vez que han desarrollado una gran familiaridad.

   Expone al juez una serie de comportamientos irregulares de la fuente confidencial que incluye lo que podría catalogarse como fraude migratorio, sin que el Departamento de Seguridad lo detectara o lo ignorara.

     Igualmente, Sabrina Shroff subraya que ni los agentes ni los fiscales se percataron de que hace dos años la fuente confidencial poseía información que solamente terminaron produciendo en 2020. Refiere que en cada ocasión en que la defensa señalaba una debilidad o falacia en el caso del gobierno, el CS, quien convenientemente "recordaba" nuevos hechos que reparaban la situación sin comprometer la fuente.

   Como ejemplo, cita que, en agosto de 2020, después de que el abogado defensor señaló que no había indicios o pruebas de que Orsini Quintero tuviera el conocimiento necesario de que Samark López estaba en la lista de la OFAC, el CS de repente "recordó" que en la fiesta de cumpleaños del piloto jefe este anunció que Samark López estaba en la lista y que brindarle servicios era una violación de las sanciones

  Posteriormente, Marín se "corrigió" a sí mismo y dijo que la conversación ocurrió en una celebración diferente, una conducta que ha ocurrido en diferentes situaciones.

   La abogada refiere que ahora cuando Marín ha sido arrestado por hacer declaraciones falsas, la fiscalía se niega a revelar exactamente cuántas declaraciones falsas les hizo, a quién más perjudicó como jefe y propietario de My Jet Saver; cuánta información financiera y no financiera le dio el gobierno, y por qué la fiscalía no lo acusó de robo de fondos gubernamentales, fraude electrónico y lavado de dinero.

Las 15 producciones en cuestión

  La fiscalía entregó en junio de 2020, nueve meses después del cierre del descubrimiento, la primera de sus 15 producciones de descubrimiento y la última lo hizo el 23 de octubre de 2020.

   Se trata de información proporcionada por la fuente confidencial consistente en: (i) notas de los agentes del caso; (ii) informes de agentes de casos; (iii) notas tomadas por los AUSA; (iv) charlas entre la CS y varios agentes del DHS y DEA; (v) charlas entre el CS y León; (vi) correos electrónicos entre la CS y los imputados en la acusación; (vii) documentos impresos; (viii) contenido de computadoras y dispositivos completos incautados de My Jet Saver, la compañía propiedad de CS.

   La abogada advierte que aún falta en la producción del gobierno información tan relevante como (i) la cantidad de dinero que el DHS proporcionó a su CS; (ii) las cosas de valor entregadas a la CS; (iii) las declaraciones falsas realizadas por la CS al gobierno; (iv) notas de conversaciones entre los agentes del DHS y el CS tras el arresto del CS por declaraciones falsas; y (v) notas de conversaciones entre el gobierno y los abogados de la CS.

   Mucha de esta información requiere de la contratación de expertos en computación, apunta la defensa.

   Sostiene Sabrina Shroff que es absolutamente necesario que la Corte conceda a Orsini Quintero la libertad bajo fianza para que, en aras del debido proceso, pueda ayudar de manera significativa en su propia defensa.

  Recuerda la abogada que su defendido cumple las condiciones para la fianza.

  Advierte en las condiciones actuales de pandemia, se hace imposible la revisión del descubrimiento en el MCC-Nueva York.

  La defensa insta al tribunal a no permitir que el gobierno utilizar cualquiera de los descubrimientos de estas últimas 15 producciones en cualquier procedimiento o etapa de este asunto.

 


 

 


 

viernes, 7 de agosto de 2020

Socio de Tarek El Aissami dio positivo en COVID-19 en una cárcel de Nueva York

Por Maibort Petit

   La defensa de Michols Orsini Quintero, acusado de haber violado las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos contra Tareck El Aissami y a su testaferro, Samark López Bello, dijo al juez del Distrito Sur de Nueva York, que su cliente dió positivo en un examen de COVID-19 que le practicaron en la Centro Correccional Metropolitano (MCC), y por esa razón no pudo estar presente en la conferencia por video que se realizó por su caso.

  La abogada Sabrina P. Shroff pidió al juez, Alvin K. Hellerstein, que excluyera el tiempo que transcurre desde el 27 de julio en adelante del que establece la Ley de Juicio Rápido. 

  Sostuvo que la exclusión de ese tiempo permitirá a la defensa y al gobierno discutir  los elementos del caso antes del juicio.

  El magistrado, luego de un encuentro ocurrido el el 3 de agosto con las partes, fijó una audiencia antes del juicio para el 9 de septiembre 2020, para discutir los detalles necesarios del proceso. 


  Michols Orsini Quintero es un Oficial (R) de la Fuerza Aárea Venezolana desde 1999, del estado Aragua, quien piloteó varios vuelos privados para trasladar a Tareck El Aissami y Samark López Bello a varios países. 

   En marzo de 2019, Orsini Quintero fue arrestado en Miami junto a los socios,  Víctor Mones Caro y Alejandro Miguel León Maal. Los 3 sujetos fueron acusados de participar en una conspiración para ayudar a  El Aissami Maddah a violar las sanciones de la OFAC.

   Orsini Quintero se declaró no culpable de los cargos y se prepara para ir a un juicio con jurado.

  La acusación

   Entre 2017 y marzo de 2019, Víctor Mones Coro, Alejandro Miguel León Maal y Michols Orsini Quintero, entre otros, proporcionaron vuelos privados y otros servicios de charter a personas designadas en violación de la Ley de Designación de Narcóticos Extranjeros y de las regulaciones de la Ley Kingpin.

  Específicamente, los acusados operaban una compañía en American Charter Services en Florida, que proporcionaba vuelos y otros servicios al vicepresidente de economía de Venezuela, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, y a su socio, Samark José López Bello. Ambos fueron designado en Febrero de 2017 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC como narcotraficantes especialmente designados.

   La acusación sostiene que los cómplices del acusado incluyen a El Aissami, López Bello y Joselit Ramírez Camacho, quien es el actual Superintendente de Criptomonedas para Venezuela, y quien fue acusado el pasado 26 de marzo de 2020 por el fiscal General de Estados Unidos, William Barr.

  Cabe destacar que El Aissami y López Bello son miembros prominentes del círculo íntimo de Nicolás Maduro, el líder de facto de Venezuela, que fue acusado por separado ante este Tribunal en la acusación por delitos de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cientos de toneladas de cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas.

  Orsini Quintero está acusados ​​de conspirar para usar American Charter Services LLC y SVMI Solution, LLC para realizar transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y las regulaciones relacionadas, y para evadir las sanciones impuestas por la OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las reglamentaciones relacionadas con dicho instrumento.

   Los fiscales sostienen que los acusados violaron las sanciones al usar aviones privados suministrados por empresas estadounidenses. Las sanciones prohíben a las empresas y ciudadanos norteamericanos hacer negocios y tener relaciones con personas designadas bajo la ley Kingpin.

Los eventos

   Entre febrero de 2017, fecha en al cual fue designado Tareck El Aissami y Samark López en la lista OFAC, y marzo de 2019, se realizó la conspiración que ocurrió en cinco países: EE. UU. (Nueva York), Venezuela, Turquía, Rusia y República Dominicana.

  La fiscalía sostiene que Tareck El Aissami y Samark López Bello, violaron la ley al tomar los vuelos, incluido uno el 23 de febrero de 2019, desde Rusia a Venezuela.

  El 28 de enero de 2018, León Maal usó una cuenta de correo asociada a American Charter Services LLC para enviar un mensaje relacionado a un vuelo charter privado fuera de Estados Unido, describiendo la nave que sería usada por uno de los conspiradores, López Bello.

  El 17 de Julio de 2018, León Maal hizo una transferencia de aproximadamente USD. 108.407.69. El dinero fue enviado de una cuenta en Manhattan, New York, a una cuenta a nombre de SVMI Solution LLC por el pago de los servicios de vuelos charter privados a López Bello.

  El 6 de septiembre de 2018, Mones Coro usó una cuenta de un banco estadounidenses a nombre de American Charter Services LLC para transferir USD. 30.000 en conexión con un vuelo charter para López Bello.

    El 9 de septiembre de 2018, López Bello tomó un vuelo privado en una avión con matrícula estadounidense desde República Dominicana a Venezuela. Mones Coro ayudó con los arreglos de dicho vuelo

   En febrero de 2019, El Aissami tomó un vuelo privado desde Rusia a Venezuela arreglado también por León Maal.