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lunes, 16 de diciembre de 2019

Dueño del avión involucrado en el contrabando de oro venezolano a EE. UU. se casará en Miami esta semana

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  El dueño del avión en el que se transportó ilegalmente unos 104 kilos de oro desde Venezuela a Estados Unidos, y que fueron incautados por las autoridades del estado de la Florida contraerá matrimonio esta semana en Miami. Eddwin Erwin Solórzano Custodio es presidente de una empresa registrada en la Florida dedica a la comercialización de oro, plata, diamante y joyas.
      Su nombre salió a la luz pública a raíz del caso que concluyó con el arresto y posterior deportación del piloto Víctor Fossi Grieco y de Jean Carlos Sánchez Rojas, durante una operación de las autoridades de Estados Unidos cuando encontraron oro de contrabando en el avión registrado en Venezuela con la siglas YV-3325.
  Eddwin Erwin Solórzano Custodio, cédula de identidad 13.452.879, nacido en el estado Bolívar, se casará con Maritza Alcibar este martes 17 de diciembre de 2019, en una iglesia católica Saint John XXIII de la ciudad de Miramar y luego habrá una recepción en el Club Nocturno La otra Miami.
   El 20 de septiembre de 2019, la tripulación de la aeronave  Cessna Citation II, matricula YV-3325 fue detenida en el Miami-Opa Locka Executive Airport, por alguaciles federales cuando al realizar una inspección detectaron que en la punta del avión, conocida también como nariz, había unos tornillos sueltos. Cuando lo revisaron encontraron los 104 kilos de oro(1).
La fotografía del avión Cessna Citation II, matricula YV-3325 propiedad de Eddwin Erwin Solórzano 
fue tomada en el aeropuerto de Opalocka en Fort Lauderdale unas semanas antes del viaje en el que se
decomisó el carganente de 105 kilos de oro que se contrabandearon desde Venezuela. Aparece Amilcar Aquino y el
piloto venezolano Víctor Fossi Grieco quien fue deportado de EE.UU. luego de declararse culpable del delito ante los fiscales.




 Cuando se dió a conocer la noticia del decomiso del oro, que está valorado en unos US 5 millones de dólares, y las detenciones del piloto Víctor Fossi Grieco y  otro venezolano y pasajero, Jean Carlos Sánchez Rojas se dijo que la propietaria era Mónica Briceño, pero pocos días después, el mismo Eddwin Solórzano aclaró que él era dueño único del avión y que Briceño era la antigua poseedora de la nave.

  Eddwin Solórzano es presidente de la empresa Caroní Company CA Inc., registrada en el estado de la Florida bajo el número P18000047448 el 23 de mayo de 2018. Aparece asociado en esa corporación con José Freites y Verónica Arana. La dirección fiscal es 10544 NW 26TH ST E-204, Doral, FL 33172 y el agente registrador es Fast Filing Services LLC (3).

  La razón social de la empresa de Solórzano Custodio es la importación mayorista, exportación y comercialización de oro, plata, latón, diamante, joyería y otros negocios legales.

  En una declaración publicada por el  portal LosTubazos.Com, el 15 de octubre de 2019,  Eddwin Solórzano se declaró inocente del caso de los 104 kg de oro incautados en su avión (4)

  En una  entrevista telefónica a ese medio, el hombre aseguró que se encuentra actualmente en los Estados Unidos, supuestamente desarrollando unos proyectos en la industria de la música y el espectáculo, en los que está enfocado desde marzo de 2018.

  Aseveró que desconocía la carga que traía su avión y que lamentaba que el piloto Víctor  Fossi, estuviese (pasa ese momento) privado de libertad, en espera de juicio por motivo de ser el presunto responsable de dicho acontecimiento.

  Solórzano dijo que que el procedimiento fue realizado por las autoridades de aduana de Estados Unidos y no por el FBI y aclaró que él es el único propietario de la nave.

  Solórzano sostuvo que no tenía nada que ver con el caso del oro que fue transportado en su avión.
“Es importante para mí como venezolano y emprendedor limpiar mi nombre de los múltiples comentarios a través de las redes sociales y las diferentes noticias en las que fue utilizado de forma negativa y ser víctima de acusaciones sin prueba alguna”, puntualizó Solórzano.

El caso de los 104 Kilogramos de oro de contrabando

   El 20 de septiembre de 2019, Víctor Fossi Grieco y Jean Carlos Sánchez Rojas fueron arrestados y acusados ​​de introducir de contrabando en Estados Unidos cerca de 5 millones de dólares en lingotes de oro en un avión privado al sur de Florida. Ambos llegaron a sendos acuerdos de declaración de culpabilidad con los fiscales federales norteamericanos y obtuvieron penas de prisión leves junto con la deportación inmediata a Venezuela.
   El piloto, Víctor Fossi Grieco se declaró culpable de conspirar para transportar 2.700 onzas de oro, escondidas en el morro del avión, hasta el Aeropuerto Ejecutivo de Fort Lauderdale. Fue sentenciado al tiempo que ha cumplido en prisión mientras estuvo detenido desde su arresto en septiembre 2019 y fue deportado a Venezuela en la tercera semana de noviembre de 2019. 

  Por su parte, Jean Carlos Sánchez Rojas también se declaró culpable del mismo cargo, recibió un castigo similar y fue deportado a Venezuela por órdenes de la jueza de distrito estadounidense, Cecilia Altonaga.

  El gobierno de los Estados Unidos anunció que los lingotes de oro permanecerán decomisados y pasarán a ser parte de los bienes de ese país. La mercancía tiene un valor de USD 5 millones. 

  El fiscal federal adjunto que actúo en este caso, Michael Berger declaró al periódico Miami Herald que el piloto "fue contratado para transportar el oro ilegalmente fuera de Venezuela sin declararlo en los Estados Unidos, pero dijeron que no había nada malo en la conspiración con su compañero" (5).


  Al momento de su detención, Sánchez Rojas dijo a los agentes federales que “obtuvo el oro de múltiples fuentes en Venezuela y que planeaba venderlo en los Estados Unidos", según la declaración jurada.

  También declaró que estaba trabajando para una "organización [que] previamente había realizado con anterioridad labores de contrabando de  oro en los Estados Unidos y que esperaba recibir una compensación económica".

    El abogado defensor Michael Rosen dijo al Nuevo Herald que el piloto Víctor Fossi fue contratado para sacar el oro ilegalmente de Venezuela y no declararlo en Estados Unidos.

   Rosen aseguró a la jueza del caso que “este oro no tiene nada que ver con ningún funcionario venezolano”, agregando que el cargamento fue una “transacción privada”.

Supuestas vinculaciones del propietario del avión con Maikel Moreno

  Fuente ligadas a los indiciados informaron que existe una vinculación entre el dueño del avión donde incautaron el oro, Eddwin Erwin Solórzano Custodio, su socio de bufete, Amilcar Aquino y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia controlado por el gobierno de Nicolás Maduro, Maikel Moreno.

  La fuente —consultada en calidad de anonimato— informó que Solórzano Custodio y Amilcar Aquino tienen una firma de abogados ubicada en el Hotel Eurobuilding en Caracas llamada Consultores AGA donde se tramitan casos vinculados al presidente del TSJ, Maikel Moreno.

 La fuente mostró una serie de fotografías que confirman que el bufete de Solórzano Custodio y Amilcar Aquino  fue allanado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y de las Fuerzas Acciones Especiales participan en la acción policial el 2 de mayo de 2019 (6), por supuestas vinculaciones con los sucesos  acaecidos en  Caracas el 30 de abril de 2019, fecha en la cual el jefe de la Asamblea Nacional y reconocido como presidente interino por más de 50 países, Juan Guaidó y el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López llamaron a una rebelión militar frente a la Base Aérea Libertador de Caracas, acción que resultó en un absoluto fracaso(7).

   En la madrugada del 30 de abril de 2019, fue publicado un video en las redes sociales donde Guaidó, junto a Leopoldo López, quien cumplía en arresto domiciliario una condena de casi 14 años, llamando a la rebelión. Estaban rodeados de efectivos de las fuerzas de seguridad. Ambos dirigentes dijeron que la acción era  la "fase final" en su plan de derrocar al presidente Nicolás Maduro. Posterior a la jornada, el entonces asesor de seguridad nacional  de Estados Unidos, John Bolton detalló que el presidente interino de Venezuela tuvo conversaciones con el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, y el director del la Dirección de Contrainteligencia, Iván Hernández Dala. "No cumplieron pero aún tienen una chance", afirmó. (8)

  Una filtración, supuestamente salida del mismo centro de inteligencia de Venezuela, publicada por el portal Elnavío, reforzó la tesis. (9)
         A raíz de las revelaciones del alto funcionario de la administración de Donald Trump, John Bolton, que fueron reiteradas por el representante designado por el gobierno estadounidense para Venezuela, Elliot Abrams (10), las fuerzas de seguridad del régimen de Maduro allanaron las oficinas de Amilcar Aquino y Eddwin Solórzano en Caracas.
   La fuente consultada para esta nota dijo que Amilcar Aquino y  Eddwin Solórzano tienen amplio poder y ejercen control del sistema judicial del oriente venezolano y que trabajan en conjunto con Maikel Moreno y llevan allí casos vinculados al actual presidente del TSJ controlado por Nicolás Maduro.

    Comentó que Amilcar Aquino y  Eddwin Solórzano utilizaban frecuentemente el avión involucrado en caso del contrabando de oro para transportar víveres y comida desde Miami al estado Bolívar, Venezuela.

CITAS

(1)https://www.univision.com/local/miami-wltv/intentan-introducir-5-millones-en-oro-a-eeuu-ocultos-en-un-avion-procedente-de-venezuela

(2) https://www.lapatilla.com/2019/05/02/reportan-allanamientos-en-las-oficinas-del-eurobuilding-en-caracas/

(3)http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=OfficerRegisteredAgentName&directionType=Initial&searchNameOrder=SOLORZANOEDDWINE%20P180000474484&aggregateId=domp-p18000047448-ce07e256-4792-436d-b407-bf26ba433614&searchTerm=Solorzano%20Eddwin&listNameOrder=SOLORZANOEDDWINE%20P180000474484

(4)https://lostubazos.com/eddwin-solorzano-se-declara-inocente-por-los-104-kg-de-oro-incautados-en-su-avion/

(5) https://www.elnuevoherald.com/noticias/sur-de-la-florida/article235428627.html

(6)https://www.lapatilla.com/2019/05/02/reportan-allanamientos-en-las-oficinas-del-eurobuilding-en-caracas/

(7) https://armando.info/Reportajes/Details/2556

(8) https://www.infobae.com/america/venezuela/2019/04/30/john-bolton-vladimir-padrino-maikel-moreno-y-hernandez-dala-creen-que-maduro-debe-dejar-el-poder/

(9)https://alnavio.com/noticia/18563/actualidad/la-ambicion-desmedida-del-presidente-del-tribunal-supremo-aborto-el-plan-de-guaido-para-sacar-a-maduro.html

jueves, 5 de diciembre de 2019

Comisión de Contraloría de la AN dio "cartas de buena conducta" a Alejandro Ceballos Jiménez

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional entregó cartas que exoneran a Alejandro Jesús Ceballos Jiménez, cabeza principal del Grupo 7C C.A. y otras empresas, de supuestos hechos de corrupción denunciados en el ente parlamentario por  los diputados  Richard Arteaga y Conrado Pérez. Ceballos Jiménez aparece mencionado en varios casos de corrupción y lavado de dinero, incluyendo, el informe del Banco Central de Curazao y San Martín relacionado con la intervención del Banco del Orinoco, N.V, propiedad del banquero Víctor Vargas.
Alejandro Ceballos Jiménez es señalado de haber participado en diversos casos de corrupción, incluyendo una trama de lavado de dinero con empresas vinculadas al expresidente fallecido, Néstor Kirchner, su viuda, Cristina Fernández, Diego Marynberg en el Banco del Orinoco N.V. , propiedad del banquero Víctor Vargas, intervenido por las autoridades de Curazao por violación de normas de Lavado de dinero y financiamiento de terrorismo.
La investigación de la Comisión de Contraloría

  Hace un año — específicamente el 2 de diciembre de 2018 se produjo una declaración del diputado de Primero Justicia, Richard Arteaga, miembro de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, donde anunciaba que se había abierto una investigación sobre la venta de unos terrenos en Barcelona, estado Anzoátegui, donde habría supuestas irregularidades.

   Arteaga es uno de los 12 diputados que aparecen involucrados en la trama de corrupción vinculada al empresario colombiano, Alex Saab, y a su asociado, Carlos Lizcano. Los parlamentarios entregaron a Saab su socio unas misivas donde se establece que fueron exonerados de las investigaciones supuestamente realizadas por los parlamentarios. Las cartas de buena conducta son utilizadas por sus portadores como escudo protector ante las denuncias y acusaciones judiciales en su contra. El escándalo llevó a que el presidente de la Asamblea Nacional, y reconocido como presidente interino por más de 50 países, Juan Guaidó, anunciará la intervención de la Comisión de Contraloría y la separación temporal de sus cargos de los parlamentarios involucrados. Ver detalles aquí.


Ceballos Jiménez pasó de acusado a exonerado



   El parlamentario explicó que este caso “es un entramado de corrupción” en el que empresarios, en complicidad con el ex alcalde  de Barcelona, Guillermo Martínez y una la representación de la empresa Kamacuto, adquirieron terrenos del ejido municipal “a precios de regalía para comerciarlos en  250.000 dólares por hectárea, y que en su totalidad se calculan 3.000 hectáreas vendidas”.

  Arteaga declaró que la Comisión de Contraloría llamó a comparecer al empresario Alejandro Ceballos “para que explique sus vínculos con la firma Kamacuto, así como para aclarar alianzas de la empresa Inversiones Alfamaq, propiedad de un familiar de Ceballos, con el empresario Franklin Durán, vinculado con Antonini Wilson y Gold Reserved”.

  El parlamentario dijo que Ceballos Jiménez ya tenía un expediente por presuntas irregularidades en sectores económicos de la CVG, relacionado con la empresa Grupo 7C, responsable del saneamiento del río Guaire, por 430 millones de dólares, en la gestión de Jacqueline Farías.

    A principios de 2019, se informó que la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN), continuaba con las investigaciones de corrupción que afectan a instituciones del país, entre ellas la que forma parte del caso que se ha identificado como "Acapulco Venezolano". 

    El 6 de mayo de 2019, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional envió una comunicación a la empresa Grupo 7C, C.A. donde se informa que ese ente parlamentario inició una investigación sobre la empresa KAMACUTO, C.A. en virtud de los señalamientos hechos por el diputado Richard Arteaga donde se presume irregularidades administrativas en la concesión de terrenos ejidos municipales para la ejecución de un complejo recreacional del Caribe denominado "La Gran Barcelona". En la misma se señala al Grupo 7C. C.A como acreedora de los terrenos, y careciendo de evidencias reales que permitan demostrar la veracidad de los señalamientos. Por ello se determinó la IMPROCEDENCIA del caso y se decidió no continuar con la investigación al respecto.

   El mismo 6 de mayo de 2019, la Comisión de Contraloría envió una carta firmada por el diputado Freddy Superlano en la cual se informa a Alejandro Ceballos, presidente de la empresa Grupo 7C, C.A., que "sobre la investigación sobre presupuestas irregularidades administrativas cometidas en el extravío de 500 millones de dólares destinados para potenciar las plataformas de las Empresas Básicas de Aluminio y para ventas a futuro de aluminio, por parte del ciudadano Rodolfo Sanz, expresidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y ex ministro de Industrias Básicas y Minería y por la ciudadana Lina Marcano, ex gerente de administración y finanzas de la (CVG), en la misma se pudo establecer una vez consignados y verificados los elementos presentados ante la Comisión, que los mismos desvirtúan cualquier relación o indicios que le puedan relacionar con la investigación en cuestión. Por tales motivos, se determinó la  IMPROCEDENCIA  del caso, y a su vez vez, hemos decidido que tanto su persona como su empresa, nada tiene que ver con la investigación que se lleva respecto al caso". 

  El 13 de mayo de 2019, el entonces presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, Freddy Superlano, emitió otra carta donde se le informa a Ceballos Jiménez que "la investigación realizada sobre el Saneamiento del Río Guaire, una obra adelantada por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente por un monto de 430 mil dólares". Al respecto señaló que ese ente parlamentario "no pudo establecer, una vez consignados y verificados los elementos presentados ante la Comisión, que los mismos desvirtúan cualquier relación o indicios que le puedan relacionar con la investigación en cuestión y por tanto se determinó la IMPROCEDENCIA del caso, y se decidió que tanto Ceballos Jiménez como  la empresa Grupo 7C, C.A. nada tienen que ver con el caso señalado". 
El caso de los 500 millones de $ de la CVG

    Una denuncia consignada el 29 de abril de 2010, ante el Fiscal Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar con sede en Ciudad Guayana, interpuesta por el presidente del Sindicato Único de Trabajadores Profesionales Universitarios de la Industria Venezolana de Aluminio (SUTRAPUVAL), Manuel F. Díaz señala que  Alejandro Ceballos participó en la operación de depósito de 500 millones de dólares de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) en el Gazprom Bank en Líbano. En esta denuncia también se menciona al bolichicho (señalado del gigantesco caso de corrupción en el sector eléctrico de Venezuela),  Leopoldo Alejandro Betancourt López.


  Los compradores a futuro transfirieron los fondos a la cuenta bancaria establecida previa orden enviada por un fax… Es así como se apertura en Líbano la cuenta (… ), que era manejada por el ex ministro Rodolfo Sanz, un pariente de éste, Jorge Rojas Montero, y un operador financiero, Alejandro Ceballos”, señala la denuncia.

Una nota del portal Principas24.com hace referencia a que supuestamente la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN), aprobó el día 19 de junio un acuerdo en donde solicitan la cooperación de organismos internacionales, y parlamentos  de otros países para que conllevara a la detención y enjuiciamiento de los ciudadanos  Rodolfo Sanz, Joel Orta Moros, Jorge Rojas Montero, Carlos Morán y Alejandro Ceballos por daños causados al patrimonio público y otras actividades contrarias al orden público, entre ellas: Peculado, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y  legitimación de capitales, entre otros.
   El dueño del Portal, Carlos Herrera aparece entre las personas mencionadas en el reportaje del Armando.info que destapó la crisis  e intervención de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Ver detalles aquí.

   Conrado Pérez pidió enjuiciar a Alejandro Ceballos y repatriar los capitales robados.

  Pérez declaró que la Asamblea Nacional "solicitó la congelación de las cuentas bancarias de los mismos, así como títulos, valores e inversiones que mantengan los ciudadanos y la confiscación de los bienes muebles e inmuebles de su propiedad" del caso. 

 El diputado dijo que "el Parlamento venezolano autorizó a esta Comisión para que hiciera la denuncia ante los órganos jurisdiccionales de Inglaterra, Estados Unidos, Rusia, China y países que conforman la Unidad Económica Europea". 

  Recordó que "la actuación de la Comisión de Contraloría estaba basada en lo dispuesto del numeral 3 del artículo 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde se establece que es un deber ineludible de los Miembros de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, el control sobre el Gobierno y la administración Pública Nacional".

 Asimismo, dijo que "la acción se realizaba dentro de las atribuciones conferidas en el artículo 64 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional que le otorga la función de la vigilancia, Control y fiscalización de los ingresos, gastos, bienes públicos y bienes nacionales, así como de las entidades Públicas Sujetas a su Control". 

  Pérez sostuvo que "el artículo 65 del Reglamento faculta a la Comisión a dar inicio a las investigaciones, sustanciar y emitir un informe definitivo sobre las denuncias que se propongan ante su seno".

  Explicó el parlamentario que "la denuncia presentada en contra de Rodolfo Sanz, en su condición de ex Ministro de Empresas Básicas y Minería de la República Bolivariana de Venezuela y Johel Orta Moros, es por estar relacionados con la presunta emisión y negociación de bonos emitidos por la empresa CVG, colocación de oro de la también empresa Nacional Minerven y negociación fraudulenta de cabillas, todo ello en perjuicio del Estado venezolano".

   Argumentó que "debido a la gravedad de los hechos denunciados que involucran el interés público y patrimonio de la Nación se había dado inicio a la apertura del procedimiento correspondiente para la determinación de la responsabilidad política, administrativa de los funcionarios públicos y terceros que aparezcan relacionados con esos hechos e incluso la solicitud de apertura de la averiguación penal ante los órganos jurisdiccionales, de ser procedente". 

Caso "Acapulco Venezolano"

  En el año 2018 la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional de Venezuela anunció el inicio de investigaciones al llamado “Acapulco Venezolano” por presuntos hechos de corrupción.

   En ese sentido, el parlamentario Richard Arteaga, miembro de la delegación permanente, explicó que el caso del “Acapulco Venezolano” fue una estructura de presunta corrupción entre funcionarios públicos de la provincia de Anzoátegui y empresarios vinculados al gobierno chavista.

  El diputado Arteaga declaró sobre la consignación de un informe ante la Comisión de Contraloría, donde se destaca la creación de una empresa municipal en el año 2014, por parte de autoridades de la Alcaldía de Simón Bolívar en la provincia de Anzoátegui, denominada KAMACUTO C.A., donde aparecían como directores Zelim Avendaño y Luis Medrano, quienes les cedían terrenos, que pertenecían al ejido municipal, a otras empresas privadas y que a su vez, éstas, vendían a un precio que oscilaba los 250 mil dólares (USD 250.000$), retornando al erario público solo los aranceles, establecidos por la misma alcaldía.

    Arteaga denunció ventas con un 10.000% de sobreprecio”. Detalló que estos hechos ocurrieron en la gestión del ex-alcalde Guillermo Martínez, con la presunta complicidad de los empresarios Alejandro Ceballos, Carlos Kauffman y Franklin Durán. Otro vinculado al caso, por el que todavía no se han impuesto sanciones, sería un abogado de nombre Augusto Adolfo Calzadilla. La trama de corrupción conllevó la repartición, saqueo y venta de terrenos en una zona donde se construiría una «ciudad hospitalaria» y dónde se desarrollaría un proyecto turístico llamado «Acapulco venezolano».

Alejandro Ceballos publicó las cartas de buena conducta de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional.

  En la página web de  sus empresas, Alejandro Ceballos público las cartas  con la siguiente información:

A Manera de Aclaratoria

  El Grupo 7C, corporación de empresas de la familia Ceballos que durante 40 años ha venido desarrollando actividades en la industria de la construcción y sus extensiones, ha sido víctima de acusaciones infundadas producto de la ignominia de intereses malsanos que pretendían vilipendiar el prestigio ganado gracias al trabajo y honestidad que el consorcio ha mantenido a lo largo de su trayectoria.

   En el mes de noviembre de 2018 Alejandro Ceballos, Presidente del Grupo 7C, fue citado a comparecer ante la Asamblea Nacional, totalmente opositora, para responder antes las acusaciones que sobre su persona y el grupo que preside, hiciera por diferentes medios digitales: Richard Arteaga, Diputado a la Asamblea Nacional por el partido político MUD (Mesa del Unidad). La convocatoria fue hecha por el Diputado por el partido Voluntad Popular: Freddy Superlano, Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional.

Las investigaciones que llevó a cabo la comisión fueron:

1 - Presunto entramado de corrupción en complicidad con el exalcalde del Municipio “Simón Bolívar” del estado Anzoátegui: Guillermo Martínez y bajo la representación de la empresa Kamacuto, por adquisición de terrenos del ejido municipal a precios de regalía para comerciarlos en un costo de doscientos cincuenta mil dólares (USD 250.000$) por hectárea.

2 - Presunta irregularidad en la adjudicación de cuatrocientos treinta millones de dólares (USD 430.000.000) para la obra “Saneamiento del Río Guaire” sin que esta fuera ejecutada.

3 - Presuntas irregularidades administrativas en el extravío de quinientos millones de dólares (USD 500.000.000) destinados a potenciar las plataformas de las empresas básicas de aluminio.

En mayo de 2019, una vez que Grupo 7C presentara a la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional elementos y documentos en su defensa, dicha Comisión emanó los resultados de las investigaciones en documentos separados dejando claro que Grupo 7C, sus empresas y su Presidente: Alejandro Ceballos, no tuvieron relación alguna con los casos mencionados declarando IMPROCEDENTES las denuncias hechas por el Diputado Opositor: Richard Arteaga; los documentos resultantes fueron firmados por el Diputado Freddy Superlano, Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional.

Ver la original aquí.


    Denuncias de lavado de dinero por autoridades de las islas de Curazao y San Martín.

   Alejandro Ceballos Jiménez aparece mencionado en una investigación de blanqueo de capitales a nivel internacional, según un informe presentado por las autoridades del Banco Central de Curazao y San Martín que se realizó antes de la intervención del Banco del Orinoco N.V. propiedad del banquero Víctor Vargas, dueño del Grupo Banco Occidental de Descuento en Venezuela.

   El informe de las autoridades de Curazao sostiene que el Banco del Orinoco N.V. — Grupo Financiero BOD- Venezuela — incurrió en una conducta comercial violatoria de las regulaciones relativas al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo aplicables en Curazao y en las irregularidades aparece transacciones con empresas relacionadas con el fallecido presidente argentino Néstor Kirchner, su viuda y actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, el operador venezolano Alejandro Ceballos Jiménez y el multimillonario de origen israelí, Diego Marynberg. Ver informe  completo aquí.