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jueves, 8 de octubre de 2020

Huntington Ingalls quiere cobrar su deuda con acciones de CITGO

  Con acciones de PDV Holding, la contratista estadunidense quiere cobrarse USD 137.977.646,43, resultado de una sentencia del tribunal del distrito federal de Misisipi.

Por Maibort Petit

  Varias empresas con las que Venezuela mantiene deudas, reclaman los activos de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en los Estados Unidos en virtud de que dichas deudas no han honradas. Una de estas compañías es Huntington Ingalls, una contratista naval estadounidense que exige que se cumpla con un fallo que le concedió un tribunal de Misisipi. La demandante acusó al Ministerio de Defensa de Venezuela de no cumplir con el pago de unas reparaciones a dos buques de la Armada.

  Las decisiones de los tribunales de EE. UU. en el caso que Crystallex emprendió contra Venezuela, han sido tomadas como precedente por otros acreedores que ahora aspiran cobrarse con los activos venezolanos en territorio estadounidense.

El memorando de ley

  El 15 de septiembre de 2020, Northrop Grumman Ship Systems Inc., después  Ingalls Shipbuilding Inc. y ahora conocida como Huntington Ingalls Incorporated, introdujo un memorando de ley ante el Tribunal del Distrito de Delaware en el que solicitó una orden de embargo fieri facias contra de PDV Holding, una corporación de esa entidad propiedad de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), alter ego de la República Bolivariana de Venezuela, demandada por ella en reclamo de una deuda por USD 137.977.646,43, resultado de una sentencia del tribunal del distrito federal de Mississippi.

  El 19 de febrero de 2018, un tribunal arbitral emitió el Laudo contra Venezuela y a favor de Huntington Ingalls por USD 128.862.457,27 sin incluir los intereses posteriores al Laudo. El 26 de junio de 2019, Huntington Ingalls presentó una moción para reconocer y ejecutar el laudo en el Distrito Sur de Mississippi y la corte la concedió el 31 de marzo de 2020.

  La sentencia se dictó el 4 de junio de 2020 por un monto de USD 137.977.646,43.

  Después, el 23 de julio de 2020, el tribunal de distrito federal de Mississippi concedió una moción de reparación a Huntington Ingalls y estableció que esta había demostrado motivo suficiente para registrar la sentencia en ese distrito durante la tramitación de la apelación de Venezuela. El tribunal también dictaminó que cualquier determinación sobre el momento del embargo de bienes debe ser realizada por el tribunal. Huntington Ingalls registró la sentencia en el tribunal de Mississippi el 31 de julio de 2020.

   Refiere el memorando de ley que el 4 de junio de 2020, el Tribunal del Distrito Sur de Mississippi dictó un fallo final para ejecutar un laudo arbitral internacional dictado contra el Ministerio de Defensa de Venezuela y a favor de Huntington Ingalls por un monto de USD 137.977.646,43.

   Huntington Ingalls registró la sentencia en la Corte de Delaware el 31 de julio de 2020 en virtud de que Venezuela continúa sin pagar el monto adeudado que estableció la Sentencia y por ello propone que, habiendo transcurrido un período de tiempo suficiente y "razonable" desde la emisión de la sentencia, ahora puede buscar embargar activos de Venezuela en Delaware y en razón de ello pide que el tribunal autorice el embargo de las acciones de PDVH que pertenecen a Venezuela a través de su alter ego, PDVSA.

La argumentación

  Estima la demandante que el tribunal debe conceder la Moción de Huntington Ingalls, en razón de que en los tres meses desde que el tribunal federal de distrito de Mississippi dictó sentencia, Venezuela no ha tomado ninguna medida para pagar la deuda. Siendo la práctica de los tribunales federales en casos similares, que luego de transcurrido un tiempo "razonable" se debe permita tomar medidas activas para cobrar el juicio.

   Expresa Huntington Ingalls que en caso de que la corte esté de acuerdo en que efectivamente ya ha transcurrido un tiempo razonable para que Venezuela haya pagado voluntariamente la sentencia, se establezca si para el tribunal PDVSA sigue siendo el alter ego de Venezuela, de manera que los activos de esta en los Estados Unidos pueden ser considerados activos comerciales del país a través de su alter ego y, por lo tanto, sujeta al apego de Huntington Ingalls.

  Recuerda que la corte en agosto de 2018, determinó que PDVSA era el alter ego de Venezuela y autorizó el embargo de las acciones de PDVH en la causa de Crystallex International Corporation contra la República Bolivariana de Venezuela. Posteriormente, en una Orden fechada el 12 de diciembre de 2019, el tribunal se negó a otorgar efecto de impedimento colateral a su determinación de alter ego en beneficio de otros acreedores de sentencias de Venezuela, citando el efecto potencial de cambios intervinientes en las circunstancias en su análisis, incluyendo la decisión de Estados Unidos en enero de 2019 de transferir su reconocimiento al gobierno legítimo de Juan Guaidó.

  Advierte Huntington Ingalls ante el tribunal, que a pesar de que la conclusión original de la Corte sobre la cuestión del alter ego sigue siendo correcta en la actualidad, el gobierno de Guaidó trata a PDVSA como parte del Estado venezolano y utiliza sus activos en el comercio no menos que el régimen de Maduro. Por tanto, se debería permitir a Huntington Ingalls embargar las acciones de PDVH.

  Alertan que al no haberse identificado otros activos de Venezuela en los Estados Unidos que puedan ser embargados, sería discriminatorio negar a Huntington Ingalls el embargo que busca — y por ende la oportunidad de participar en cualquier subasta prospectiva de acciones de PDVH bajo los auspicios de la Corte.

  Se informó que Huntington Ingalls está solicitando a la OFAC una autorización para efectuar el embargo de las acciones de PDVH en poder de PDVSA en el distrito de Delaware y mantendrá informada a la Corte del desarrollo del proceso.

  Estima Huntington Ingalls que la decisión de Crystallex Alter Ego debería tener el efecto de un impedimento colateral por lo menos hasta agosto de 2018, por lo que el Tribunal del Distrito de Delaware debe decidir qué fecha debe regir el nuevo análisis del alter ego solicitado por su decisión de diciembre de 2019. Creen que debe privar el criterio regularmente considerados por los tribunales que suele ser la fecha en la que surgió la responsabilidad.

  Refiere Huntington Ingalls que Venezuela incurrió en responsabilidad en febrero de 2018 cuando el Tribunal emitió el Laudo y no pagó. El hecho de que, posteriormente, Estados Unidos transfiriera su reconocimiento del gobierno de Maduro al de Guaidó no debería hacer ninguna diferencia cuando el Laudo era, como la Sentencia, una responsabilidad del Estado, en sí mismo una persona jurídica. El gobierno de Guaidó es, como ha reconocido, responsable de las responsabilidades incurridas durante el mandato de Maduro. Sobre esta base, la decisión de alter ego de esta Corte en 2018 debería tener efecto preclusivo porque PDVSA y Venezuela eran, como ha determinado esta Corte, alter ego en el momento en que se incurrió en la responsabilidad. Ver Crystallex, 2019 U.S. Dist. LEXIS 214167, en * 21 (reconociendo un "hallazgo de una relación de alter ego en agosto de 2018").

No debe haber cambios

  Para Huntington Ingalls, los hechos ocurridos luego de la decisión de la Corte de agosto de 2018, no deben provocar cambios en la conclusión de que PDVSA es el alter ego del Estado venezolano.

  Refiere que, entre agosto de 2018 y enero de 2019, Estados Unidos mantuvo el reconociendo a Maduro como el presidente legítimo de Venezuela, periodo en el que el régimen trató a PDVSA como colindante con el Estado venezolano. Por ejemplo, el nombramiento del general Manuel Salvador Quevedo Fernández, como ministro de Petróleo y presidente del directorio de PDVSA, así como a Tareck El Aissami, ministro de Industria y Producción Nacional, como Director Externo de la petrolera.  Jiménez impuso un régimen militar a PDVSA, arrestando a trabajadores por errores operativos y desplegando personal militar activo a bordo de camiones cisterna. En resumen, la actitud del régimen de Maduro hacia PDVSA durante este período no fue diferente a la anterior a la decisión del alter ego de la Corte en Crystallex, y no hay razón para imaginar que la decisión de esta Corte hubiera sido diferente si hubiera llegado unos meses después.


  Luego del reconocimiento por parte de Estados Unidos de Juan Guaidó como presidente en enero de 2019, tampoco justifican un cambio con respecto a la conclusión anterior de la Corte de que PDVSA es el alter ego de el Estado venezolano. Su gobierno ha seguido identificando a PDVSA como parte integrante del Estado venezolano.

  Sostiene Huntington Ingalls, que la nueva administración de Guaidó no solo ha mantenido el control total sobre PDVSA, sino que también ha continuado usando esos activos en el comercio.

No han conflicto con las sanciones

  Asegura Huntington Ingalls que la concesión de la moción no entra en conflicto con las sanciones de Estados Unidos y Venezuela ni con los objetivos más amplios de política exterior.

   Advierte que tanto el Tribunal de Delaware como el Tercer Circuito han dictaminado anteriormente que las sanciones de Estados Unidos dirigidas al régimen de Maduro ahora no reconocido y que también impactan los activos de PDVSA en Estados Unidos, no impidieron la emisión de un auto de embargo en agosto de 2018.

  Refiere que, aunque las sanciones han evolucionado desde entonces, autorizar el pedido de Huntington Ingalls busca no entraría en conflicto con esas regulaciones.


 

domingo, 23 de febrero de 2020

Pagos irregulares de fiestas, regalos y compra de equipos evidenció auditoría en PDVSA Oriente

   Al recurrir de manera frecuente a la modalidad de pago de facturas autorizadas, se violó lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas y en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  Un conjunto de irregularidades, una auditoría practicada al sistema de control interno de la Dirección Ejecutiva de Exploración y Estudios Integrados de Yacimientos (DEXEY) de Petróleos de Venezuela S.A. División Oriente, específicamente a las facturas autorizadas por ese despacho y constituyen el comprobante de operaciones de compra de bienes y servicios. Mediante esta modalidad se pagaron fiestas, regalos, comidas y la adquisición de equipos sin la debida justificación.
   El análisis dejó en las contrataciones y pagos ejecutados por DEXEY Oriente fallas en la aplicación de las normas y procedimientos, pagos autorizados por servicios recurrentes, facturaciones sin la debida justificación, debilidades en el control y recepción de requerimientos, fraccionamiento para el pago de servicios e inadecuado registro de facturas en el SAP.

   La auditora Herlinda Villarroel, quien tuvo la responsabilidad de realizar la evaluación, advirtió acerca de la urgencia de corregir tales irregularidades para evitar incurrir en los supuestos generadores de responsabilidad administrativa establecidos en la Ley de Contrataciones Públicas (LCP) y en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF).

  La evaluación resaltó, entre otros aspectos detectados, desactualización en los procedimientos internos para el procesamiento de facturas autorizadas, pues no se contempla información detallada sobre el contenido, estructura y condiciones que deben cumplir los documentos exigidos para su tramitación.

  Además, alertaron sobre uso excesivo de facturas autorizadas como modalidad de pago por servicios recurrentes, tales como eventos sociales para trabajadores, procura de implementos de seguridad, obsequios institucionales, suministros de comidas, entre otros. En tal sentido, subraya que estos servicios debieron ser planificados y contratados a través de los mecanismos previstos en el LCP y la normativa interna de la corporación.

   También se informa de la inexistencia del documento justificativo que sustente las razones que llevaron a hacer la adquisición de la manera señalada, y no a través de la creación de un pedido o por cualquiera de las modalidades de contratación establecidas en la LCP. En razón de esto la auditora alerta pagos irregulares.

   Refiere el informe que 100 por ciento de las facturas entregadas y revisadas (42 en total) no mostraron los datos previstos en la norma y las condiciones en las que fueron entregadas, de manera de poder validar que la prestación del servicio.

  Igualmente se evidenció un fraccionamiento de pagos en 48 por ciento de los casos observados, lo que significa una evasión de los mecanismos de contratación y del compromiso social de los proveedores, así como omisión de garantías.

   Por otra parte, se detectaron irregularidades en el procesamiento de facturas autorizadas para compras de artículos, tales como baterías para gravímetros, cámaras de seguridad, camisas, los cuales fueron registrados indebidamente bajo la denominación de “Agasajos/Eventos”.

   La auditora formuló una serie de acciones correctivas y advirtieron a la Unidad de Calidad de Vida de la Gerencia de Recursos Humanos, Gerencia de Servicios Logísticos y Gerencia de Finanzas de la DEXEIY, la necesidad de cumplirlas para así fortalecer el sistema de control interno asociado a los procesos de pagos de facturas autorizadas, en la Dirección Ejecutiva de Exploración y Estudios Integrados de Yacimientos.

   Este informe de auditoría que se discutió con el personal de la Unidad de Calidad de Vida de la Gerencia de Recursos Humanos, Gerencia de Finanzas, Gerencia de Servicios Logísticos y la Gerencia de Auditoría Interna EyP Oriente, el 23 de octubre 2018, forma parte de los hechos irregulares denunciados por el auditor interno, Diego Nava, quien por advertir de ello a las autoridades de PDVSA, se convirtió en objeto de persecución por parte del régimen de Nicolás Maduro, debiendo huir del país junto a su familia, para preservar su vida[1].

El informe de auditoría

   En diciembre de 2018, Rosa Curapiaca, gerente (E) de Auditoría Interna EyP Oriente, suscribió el informe confidencial signado con el serial AIC-EXP-ORI-R-2018-021, relativo a la revisión de facturas autorizadas de la Dirección Ejecutiva de Exploración y Estudios Integrados de Yacimiento Oriente, instancia adscrita a PDVSA Oriente.

   Se explica, en primer término, que la auditoría estuvo enmarcada dentro del Plan Operativo Anual 2018 de la Dirección Ejecutiva de Auditoría Interna Corporativa y se dirigió al análisis de las operaciones financieras que se ejecutan en PDVSA para realizar pagos a terceros, bajo la modalidad de procedimientos efectuados para el registro, ejecución y pagos de las Facturas Autorizadas, las cuales son procesadas en el sistema SAP por requerimientos con carácter de “urgencia y/o emergencia”. Tal procedimiento aplica de forma excepcional e individual y debe ser previa y debidamente justificado y aprobado por los niveles de autoridad financiera respectivos.

   La Dirección Ejecutiva de Exploración y Estudios Integrados de Yacimientos (DEXEIY), solicitó la evaluación en razón del uso excesivo de este mecanismo de pago durante los años 2015 y 2016, donde se procesaron un total de 436 documentos para adquisición de bienes y servicios en el área de Oriente, con un monto asociado de Bs. 4.547,78 millones.

  Se revisaron 42 facturas autorizadas por Bs. 793,49 millones, aun cuando la muestra seleccionada fueron 134 facturas (31 por ciento) por Bs. 921,07 millones, de un universo de 436 documentos con un monto asociado de Bs. 4.547,78 millones, correspondiente a transacciones procesadas y compensadas durante el período 2015-2016.

   Se informa que de la muestra seleccionada del universo de facturas autorizadas emitidas ¾134 de436¾ sólo fueron entregados 42 equivalentes al 31 por ciento de los soportes solicitados. Se alegó que el resto de los expedientes no se encuentran archivados físicamente en las oficinas de la DEXEIY Oriente, en Puerto la Cruz, por lo que la evaluación se limitó la revisión y análisis de parte de la muestra indicada (42 facturas).
  En el período 2015-2016 la Unidad de Calidad de Vida perteneciente a la Gerencia de RRHH, y la Gerencia de Servicios Logísticos (SSLL) de la DEXEIY Oriente registró y procesó 436 facturas autorizadas, las cuales totalizaron Bs. 4.547,78 millones.
Sin seguir las normas

   La auditoría estableció, en primer término, la desactualización e inobservancia de las normas y procedimientos internos en el procesamiento de facturas autorizadas.

    Dicha normativa se encuentra en el procedimiento N° FI-PG-CG-0002, el cual establece que los pagos urgentes, fuera de la propuesta de pago, inmediatos o acelerados, aplican de forma excepcional e individual y deben estar plenamente justificados y aprobados por los niveles de autoridad financiera correspondientes dentro de la organización contratante. Agrega la norma que estos documentos serán procesados por el líder corporativo de pagos de la Gerencia Corporativa de Pagos. Esta última es la única instancia responsable para llevar a cabo esta tarea de procesamiento de los pagos urgentes.

  En tal sentido, se advirtió que la normativa y los procedimientos aplicables al proceso de adquisición de bienes y servicios bajo la modalidad de facturas autorizadas se encontraban desactualizados, al constatarse en los procedimientos estaban fuera de propuesta, inmediatos o acelerados, no habiendo sido actualizado desde 2004.

  Subrayan que no se establece detalladamente cuáles son las condiciones o criterios para realizar el registro de la factura bajo los conceptos establecidos en el Manual de Actividades Sistema SAP, ni se describen los documentos o formatos que deben ser exigidos para procesar el pago de estas facturas.

   La auditora determinó que la Gerencia de Finanzas de la DEXEIY no ejecuta el proceso de registro y contabilización de facturas autorizadas en SAP porque no cuenta dentro de su estructura organizativa con la Unidad de Pagos o Cuentas por Pagar. Dicha gerencia se limita al desbloqueo de la documentación en SAP para así tramitar impuestos. A las gerencias contratantes les corresponde realizar las actividades de registro de facturas y generación del documento 19 para procesar pagos en este sistema.

   Tal situación evidencia inobservancia de las responsabilidades y funciones establecidas en materia de procesamiento de facturas autorizadas, por parte de las gerencias involucradas, quienes son corresponsables en asegurar la validez y transparencia de estas operaciones. La consecuencia es el uso recurrente e indebido de este mecanismo de compensaciones que se utiliza para realizar pagos no enmarcados dentro de los conceptos establecidos en los procedimientos internos, sin estar debidamente justificados. No se verifica la exactitud y veracidad de los registros de dichas facturas en el sistema SAP, afectando los intereses de PDVSA.

  Se advierte que esto pudiera acarrear los supuestos generadores de responsabilidad administrativa, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 91, numerales 1, 7 y 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF).

Uso inadecuado de las facturas autorizadas

  La auditoría recuerda que los Pagos de Urgencia, Fuera de Propuesta, Inmediatos o Acelerados que se hagan repetitivos en el tiempo, deben dejar de tramitarse como tal y pasar a formar parte de la política regular de pagos de PDVSA y sus filiales.

  Agrega que el artículo 2 de la Ley de Contrataciones Públicas (LCP) contempla que las disposiciones establecidas se desarrollarán respetando los principios de economía, planificación, transparencia, eficiencia, y que, a fin de garantizar la oportuna contratación y con base al principio de planificación, los contratantes deberán realizar las actividades previas al proceso de selección señaladas en este decreto.

  En tal sentido se advierte que en la evaluación quedó en evidencia que 74 por ciento (31/42) de las facturas procesadas, corresponden a requerimientos de servicios frecuentes, con rangos de entre 2 y 14 veces durante el período 2015-2016, por un total de Bs. 542,37 millones.
   Al desagregar, el análisis estableció que 45 por ciento de las facturas fueron procesadas para pagos de servicios de comidas y alquiler de toldos, por un monto total de Bs. 76,38 millones para 14 requerimientos en 2016; 26 por ciento de las facturas corresponden a gastos por servicios para eventos sociales decembrinos realizados en las distintas áreas de Oriente en el año 2016. Estas totalizaron Bs. 216, 99 millones en 8 documentos de pago.

   Se señala la factura N° 1900830815 relativa al servicio “Apoyo Logístico para la Integración Social de los Trabajadores y Trabajadoras de la DEXEIY por Bs.23,8 millones y nota de entrega de la empresa Construservicios Delgado F14, C.A. fechada el 4 de noviembre de 2016, que en la descripción dice que la fecha del servicio fue el 1 de diciembre de 2016, es decir, se facturó 27 días antes de su ejecución.

   El 13 por ciento de las facturas autorizadas corresponden a procura de equipos de protección personal por Bs. 135 millones. El requerimiento del servicio fue a través de nota de correo del 8 de noviembre de 2016, con fecha posterior a la de las 4 4 facturas emitidas el 4 de noviembre de 2016 por estos conceptos no tipificados en el procedimiento aplicable a este tipo de modalidad.

   La auditoría reflejó que 10 por ciento de estos gastos están asociados a compras de obsequios institucionales. Tres facturas por Bs. 78,80 millones; 6 por ciento por dos facturas asociadas a solicitudes de material y refrigerio para acciones de formación y adiestramiento para trabajadores de la DEXEIY realizadas en el año 2016.

   Respecto a la factura N° 1900830649 por “Apoyo Logístico Curso de Ambientes Sedimentarios Boca de Uchire”, se observó nota de entrega emitida por Cooperativa HERFAS 968, R.S. sin descripción detallada de lo entregado. Una nota de entrega adicional, sin membrete ni sello del proveedor, por 6 botellas de vino y 6 de botellas de whisky.

   La auditora determinó falta de planificación y programación para la procura y contratación de servicios recurrentes y uso indebido de esta modalidad de pago para atender requerimientos no enmarcados en los criterios aplicables para esta modalidad.

Ejecución, registro, aprobación y pagos

  Al revisar los soportes de las 42 facturas entregadas para llevar a cabo la auditoría, se estableció, primero, la falta de justificación para realizar pagos mediante facturas autorizadas.

  Trece fueron las facturas que, según la auditoría, no estaban debidamente justificadas.
   Se determinó que 31 por ciento (13/42) de las facturas revisadas eran por suministros de comidas, obsequios a trabajadores, compras de memorias USB y camisas ejecutivas, que no estaban acompañadas del debido documento justificativo. No se explicó la razón por la cual se recurrió a este procedimiento para realizar estos pagos, ni se especificaron cantidades o descripción precisa de los artículos o servicios solicitados.

   El 50 por ciento (21/42) de los expedientes revisados no indicaron detalladamente cuál es la situación que da origen al requerimiento, ni las razones suficientes para la aplicación de este mecanismo de pago.

   Se apuntó que no hubo verificación y validación de los soportes de justificación en las solicitudes efectuadas por las organizaciones requirentes. Esto afectó el patrimonio de PDVSA en Bs. 276,37 millones no justificados.

Debilidades en el control

   La evaluación encontró que 100 por ciento (42) de las facturas y notas de entrega revisadas no muestran nombre, cargo, indicador, teléfono de la persona que recibió el servicio o material que fue adquirido. Solamente se observaron media firmas y sellos de las Gerencias General, de RRHH y SSLL de la DEXEIY Oriente.

  Igualmente, 81 por ciento (34/42) de las facturas que sumaron Bs. 602,08 millones, así como las notas de entrega y cotizaciones revisadas no presentaron información detallada sobre el material o servicio adquirido y/o entregado. Tampoco había soportes de las solicitudes enviadas a los proveedores, a fin de validar la cantidad y tipo de artículos o servicios requeridos.

   Tal situación evidenció debilidades y falta de transparencia en el procesamiento de pagos autorizados, realizados para gestionar requerimientos que no cuentan con especificaciones ni cantidades claramente definidas, generando riesgos de desembolsos por servicios y artículos recibidos no acordes con las características requeridas, trayendo como consecuencia afectación del presupuesto de la organización.

Compras de materiales y servicios fraccionadas

  Aun cuando la ley prohíbe dividir en varios contratos u órdenes de servicios la ejecución de una misma obra, la prestación de un servicio o la adquisición de bienes, con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y evadir u omitir normas, principios, modalidades de selección o requisitos establecidos en esta Ley y su Reglamento, la auditoría evidenció que en 48 por ciento (69/134) de los casos revisados, fueron creadas más de 2 facturas en un mismo día, para un mismo proveedor y bajo una misma categoría o tipo de servicio.
    El mayor fraccionamiento ocurrió en la contratación de servicios para eventos sociales (almuerzos navideños) y adquisición de obsequios institucionales por Bs. 368,07 millones y Bs. 513,98 millones, respectivamente.

   Por su recurrencia, Tales pagos debieron haber sido planificados y tramitados a través de los mecanismos previstos en la ley y la normativa de PDVSA.

Inadecuado registro y procesamiento

   La auditoría detectó que 36 por ciento de las facturas revisadas y entregadas (15/42), relacionadas a la procura de artículos, materiales y pagos de servicios, fueron cargadas en SAP y aprobadas por el NAAF, bajo la categoría "Agasajos/Eventos", lo cual resultó una adecuada e improcedente la aplicación de este tipo de pago.
   La auditoría advirtió que el Manual de Actividades de Sistema SAP para los pagos de facturas autorizadas no contempla las procuras de artículos o materiales.
   Por tanto, hubo un inapropiado e inadecuado registro de facturas autorizada al omitirse los procedimientos internos y los criterios para la aplicación de esta modalidad de pago.

CITAS

[1] Venezuela Política. “Cacería de brujas en PDVSA (Parte 1): Acosan a un auditor por negarse a manipular investigaciones vinculadas a ODEBRECHT y CAMIMPEG”. 11 de febrero de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/02/caceria-de-brujas-en-pdvsa-parte-1.html

viernes, 21 de febrero de 2020

Trabajadores petroleros acusan a Manuel Quevedo y Fernando De Quintal de robo descomunal en PDVSA

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Corrupción, corrupción y más corrupción es la palabra clave que define las operaciones de Petróleos de Venezuela. En una carta enviada a Nicolás Maduro, un grupo de trabajadores de la industria acusó al actual presidente de la petrolera, Manuel Quevedo y al vicepresidente de Finanzas, Fernando De Quintal de haber montado una estructura que les ha permitido robar de manera descomunal. A continuación textualmente reproducimos la carta que nos hicieron llegar los empleados de PDVSA, y que fue enviada a Maduro esta semana.

*Lo que no le dijeron a Nicolás Maduro de PDVSA*

  Presidente Maduro, es importante que sepa que el sector que actualmente se apropió de las decisiones en Pdvsa colocado por el Mayor Destructor (no general) Manuel Quevedo (que usted mismo colocó) está robando de manera descomunal. En principio quien actualmente funge como Vicepresidente de Finanzas, Fernando De Quintal, inició su carrera en Pdvsa como Vicepresidente de nada más y nada menos que de Comercio y Suministro, con la finalidad de empaparse de cómo era el método de negociaciones de los hidrocarburos de Pdvsa para luego entretejer y afianzar a las empresas que le tributan en el negocio y captar la renta de los venezolanos con esas empresas de maletín . Una vez conformó su estructura empresarial Quevedo lo nombra al frente de la Vicepresidencia de Finanzas , ¿Con qué objetivo? El de acelerar los pagos de las empresas que dejó en Comercio y Suministro y obvio ampliar su abanico de ingresos cobrando altas sumas de dinero por sacar pagos a proveedores grandes. Vale acotar que esto no lo hizo sólo, eso vino con anuencia de Manuel Quevedo y de un grupo de malandros de Construpatria dentro de los que figuran personajes como El tal "Colita" de apellido Espinosa y Luis Vergara Gerentes Generales de Comercio de Crudo y productos blancos (ambos salen denunciados en la web por corrupción con empresas en detrimento de la nación), sin embargo hoy ya no están en comercio y suministro pero si están en nómina y en Campiña, amparados por De Quintal. Es importante dejar claro los vínculos con el sionismo de este Sr. De Quintal que no juegan a favor del país ni de la empresa, sino en beneficio propio. Asimismo el General Rojas Reyes actual Director de Mercado Nacional y extinto Vicepdte de Comercio y Suministro, el que amenaza en reuniones a los trabajadores con cárcel o despido,  por oponerse a sus criterios que violan la normativa de Pdvsa tiene vínculos empresariales y juega al desfalco de la industria (investigar), otra plaga que juega a la desestabilización es el Gerente Corporativo de Recursos Humanos Robert Pérez, que hace lo que le viene en ganas con los beneficios que son de los trabajadores (desviando cajas clap, perniles, lista escolar recién entregada e incompleta  y otros beneficios), así como también el maltrato verbal hacia los trabajadores y el martillo o matraca hacia los socios B de las empresas mixtas que se encuentran produciendo y generando. Por ratas como estas muchísimos trabajadores petroleros  se mueren de mengua en los hospitales del país pues no cuentan con servicio clínico, por basuras como estas los trabajadores llevan meses que no le cancelan las facturas médicas que pagan con mucho esfuerzo para que se la reembolsen devaluadas, por indolentes como estos los comedores de los campos petroleros le dan arroz y yuca a sus trabajadores y en el peor de los casos los comedores los han suprimido, por alimañas como estas los trabajadores de los taladros no pueden dirigirse a sus puestos de trabajo ya que no cuentan con el servicio de transporte y el salario ni siquiera cubre un mes de pago de transporte, por inmorales como estos es que Pdvsa se vino a menos y Quevedo tiene culpa en eso. Sr. Presidente. Es importante precisar a toda la nómina que ha entrado en estos años de Quevedo han sido asquerosos y grotescos llenos de hambre...así como también investigar a los que se han robado el fondo de jubilados  y disfrutan tranquilos con la familia el dinero de los venezolanos,así como aquellos que le robaron el donde de pensiones a los trabajadores petroleros jubilados...es importante que el Fiscal Tareck W Saab actúe para ejemplarizar y moralizar la tropa honesta que queda creyendo en el país y en su industria ,así como también es importante que evalúe las declaraciones del nefasto Rafael Ramírez "que sabe mucho" donde acusa a Jorge Rodríguez de estar inmiscuido en negociaciones en Petroboscán y Petrozamora  (merece ser interpelado). Ya basta de tanta desidia y abandono, basta de tanto ladronismo y bla bla bla y entienda que la industria petrolera debe ser manejada bajo estándares de calidad y procedimientos de altura con personal calificado y no con actores que vienen a abofetear a la clase trabajadora y a desmotivarlos con sus acciones fascistas y autoritarias, y de paso con pleno desconocimiento y por ende con violación de procesos imponiendo sus criterios de cara a sus guisos.. La clase trabajadora propone medidas prohibitivas de salida del país a todos los gerente y directores de la gestión de Quevedo mientras se desarrollan investigaciones , para que no se vayan con la cabulla en la pata y rindan cuenta a los venezolanos sobre el desfalco que han cometido.

Frente de trabajadores del estado Zulia



viernes, 14 de febrero de 2020

Corrupción en División Sur Lago Trujillo: Irregularidades en la selección de las contratistas en PDVSA Occidente

  Inadecuado otorgamiento de contratos en razón de haber obviando lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  Una auditoría realizada en mayo de 2018 a los procesos de selección de contratistas para ejecutar obras y servicios por parte de la División Sur Lago Trujillo de PDVSA Occidente, evidenció irregularidades al no seguirse lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas. Ello significó que se le asignaran a las cooperativas Venezuela Mobil y MYM 921, R.S., contratos por Bs. 3.337,18 millones y por Bs.2.224,79 millones, respectivamente.

  Tajantemente, los analistas determinaron la “incorrecta aplicación del recurso de Reposición del Proceso de Contratación” y recomendaron a la Gerencia de Contratación de la División Sur Lago Trujillo, fortalecer los controles internos para así evitar la repetición de hechos similares.

   Tal situación forma parte del conjunto de hechos irregulares detectados por el ya citado auditor interno, Diego Armando Nava Negrette, quien por advertir de ellas a las autoridades de Petróleos de Venezuela S.A. se convirtió en un perseguido del régimen de Nicolás Maduro, a tal extremo de tener que huir del país junto a toda su familia para preservar su vida. Este hombre sostiene que pudo comprobar varios casos de corrupción en PDVSA y por no aceptar callar sobre ello, comenzó a recibir amenazas contra su integridad física. Todo comenzó cuando en 2017 participó en una investigación interna de la petrolera estatal destinada a “esclarecer las irregularidades en las operaciones de CAMIMPEG, su socio, Southem Procurement Services (SPS), Odebrecht y las asignaciones que en conjunto entregó PDVSA a las mencionadas firmas asociadas a Petrourdaneta”[1].

   En esta oportunidad presentamos el borrador del informe que el propio Nava Negrette entregó a sus superiores.

El informe

   En mayo de 2018, el Gerente de Auditoría Interna Corporativa EyP Occidente, Jhon Sánchez, suscribió un informe de auditoría identificado con el número AIC-EXP-OCC-A-2017-0XX, sobre los procesos de selección de contratistas para la ejecución de obras y servicios en la División Sur Lago Trujillo. La auditoría estuvo a cargo de Diego Nava y Federico Molero, reveló una serie de irregularidades en materia de control interno en dicho proceso, que derivaron en la “incorrecta aplicación del recurso de Reposición del Proceso de Contratación”.

   Previo al análisis, los auditores refieren que por ser el estado venezolano el principal accionista de las Empresas Mixtas (EEMM), los procesos de selección de las contratistas con las cuales estas negociarán, dichas relaciones se encuentran reguladas por lo establecido en las leyes, reglamentos y decretos vigentes en Venezuela, así como por las políticas de emanadas del gobierno nacional y por la normativa interna de PDVSA. En tal sentido, la Comisión de Contrataciones (CDC) será uno de los órganos encargados de velar porque dichos procesos se lleven a cabo de conformidad con lo estipulado en la ley.

   Puntualizaron los analistas que para el momento en que llevaron a cabo la auditoría, en la División Sur Lago Trujillo el proceso de selección de contratistas para la ejecución de obras y servicios estaba a cargo de la Gerencia de Contratación, entidad responsable de coordinar la emisión de los documentos e iniciar el proceso ante la CDC y/o el Nivel de Autoridad Administrativa y Financiera (NAAF) que corresponda, así como coordinar la solicitud y estudio de las ofertas.

   Igualmente, la referida gerencia de contratación presenta las recomendaciones para el otorgamiento de la adjudicación respectiva, asesora y apoya a las Unidades Usuarias, las cuales son las encargadas de efectuar las actividades previas, a saber, la cuantificación de la volumetría y la elaboración de las especificaciones técnicas de las obras o servicios a contratar.

Subrayan que en la División Sur Lago Trujillo “DSLT”, en los años 2016 y 2017, se adjudicaron un total de 23 contratos que totalizaron Bs. 75.318 millones, de los cuales 14 equivalentes a Bs. 47.060 millones, se llevaron a cabo bajo la modalidad de Concurso Abierto; 8 que sumaban Bs. 28,177 millones, fueron por Contratación Directa con Acto Motivado; y 1 por Bs. 81 millones, se hizo por Convenio Interinstitucional.

   El informe indica que el objetivo de la auditoría fue evaluar el sistema de control interno en la selección de contratistas para la ejecución de obras y servicios, para verificar el cumplimiento de leyes, decretos y mecanismos de contratación vigentes.

   Se puntualiza que, del total de los procesos adjudicados en 2016 y 2017, se seleccionó una muestra de forma aleatoria de 6 contratos que sumaban Bs. 19.149 millones, los cuales representan 26,09 por ciento en cantidad y 25,42 por ciento en términos monetarios con respecto al total.

Débil aplicación de la norma

   En primer lugar, los auditores detectaron una débil aplicación de los mecanismos establecidos en la Ley de Contrataciones Públicas (LCP) y en los lineamientos corporativos de contratación.

  Se remiten al artículo 98 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas (RLCP), el cual establece el mecanismo de Reposición de Procesos de Contratación el cual está dirigido a subsanar la omisión de formalidades esenciales, para lo cual se entiende que el proceso de contratación debe estar iniciado, en curso y sin haberse otorgado.

   Explican que, con el objetivo de evaluar los riesgos y controles asociados a la aplicación de la estrategia de contratación, calificación y evaluación de oferentes, selección del beneficiario del otorgamiento y cumplimiento de los actos administrativos de la Comisión de Contrataciones (CDC), procedieron a revisar cinco negociaciones asociadas a 6 contratos por Bs. 18.767 millones.

   En uno de los procesos equivalente a 20 por ciento de la muestra seleccionada, se evidenció la incorrecta aplicación del recurso de reposición del proceso de contratación, a saber, en el Acta de CDC 2016-0084 Agenda N° O16-047 del 26 de mayo de 2016. Los dos contratos asociados al proceso en el que se detectó la anomalía, sumaban Bs. 5.561 millones (30 por ciento), SolPed N° 1300330384, para el servicio de Transporte de Personal para las operaciones de taladros y servicios a pozos.

   Precisan los auditores que debido a que el proceso ya había sido declarado desierto por descalificación de todos los oferentes en los aspectos técnicos, sociales y administrativos, era necesario que, para reponer un proceso, éste debía estar en curso y no haber sido otorgado.

   En tal sentido, el proceso se otorgó inadecuadamente a las cooperativas Venezuela Mobil por Bs. 3.337,18 millones y M Y M 921, R.S. por Bs.2.224,79 millones.

    Advierten que esta situación es consecuencia de sobreponer los objetivos del negocio sobre los preceptos legales y normativos en materia de contratación, pudiendo generar esto un riesgo de impugnación de los procesos por la falta de transparencia en los mismos, que es uno de los principios establecidos en el artículo 2 de la LCP.

   Refieren que también pudieran generarse las sanciones administrativas, civiles y/o penales, establecidas en la LCP y su reglamento, y en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, por inobservancia parcial del procedimiento de selección de contratistas.

Lo que dice la Gerencia de Contratación

    Los auditores citan los comentarios emitidos por la Gerencia de Contratación de la DSLT, la cual expresa: “Sobre la incorrecta aplicación del mecanismo legal de Reposición del Proceso de Contratación (Acta de CDC 2016-0084 Agenda N° O16-047 del 26/05/2016), se aclara, que no es competencia de esta instancia administrativa pronunciamiento sobre la idoneidad de la reposición de los procesos, sólo que los supuestos comprendidos en el informe quedan subsumidos en decisiones, fundamentadas en instituciones del derecho administrativos como lo son la revisión de oficio, los recursos y ámbito de atribuciones, en los procesos de selección de contratistas, cuyas atribuciones le han sido  conferidas en nuestro ordenamiento jurídico a un cuerpo Colegiado como lo es la Comisión de Contrataciones, de conformidad con el Artículo 15, numeral 7 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento”.

   Agregaron que la Comisión de Contrataciones de la División Sur del Lago Trujillo, para el momento en que se emitió el informe no estaba en funcionamiento. Indicaron que la Comisión de Contrataciones de la División Costa Oriental del Lago vigente para la fecha, no estuvo presente para el momento de la reposición del mencionado proceso.

   Ante tales circunstancias, la Gerencia de Contratación de la DSLT no se comprometió a firmar el informe de auditoría por cuanto, en primer lugar, cumplió con informar a la Comisión de su recomendación sobre los resultados de esta observación de auditoría; y segundo, porque esa instancia no tenía la responsabilidad de pronunciarse acerca de la idoneidad de reposición del proceso de contratación, del mecanismo legal de Reposición del Proceso de Contratación, según (Acta de CDC 2016-0084 Agenda N° O16-047 del 26/05/2016).

La recomendación

  Los auditores recomendaron comunicar a la Comisión de Contrataciones correspondiente los resultados de la evaluación y solicitar información a la Gerencia Corporativa de Contratación sobre el adecuado uso del mecanismo de Reposición de Procesos de Contratación, definido en el RLCP, y comunicarlo a los miembros de la CDC titulares y suplentes.











[1] Venezuela Política. “Cacería de brujas en PDVSA (Parte 1): Acosan a un auditor por negarse a manipular investigaciones vinculadas a ODEBRECHT y CAMIMPEG”. 11 de febrero de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/02/caceria-de-brujas-en-pdvsa-parte-1.html



martes, 11 de febrero de 2020

Cacería de brujas en PDVSA (Parte 1): Acosan a un auditor por negarse a manipular investigaciones vinculadas a ODEBRECHT y CAMIMPEG

  La auditoría hecha por Diego Armando Nava Negrette determinó irregularidades en estaciones de PDVSA en la Costa Occidental del Lago. Las pérdidas, por la diferencia entre la producción transferida por la empresa mixta y la producción recibida en el patio de tanque, se estiman en $22,43 millones.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Por haberse negado apoyar varios esquemas de corrupción, denunciarlos en sus informes y no manipular las investigaciones sobre las múltiples irregularidades ocurridas en la empresa mixta Petrourdaneta con sus socios Odebrecht y la compañía anónima militar CAMIMPEG, la actual cúpula de PDVSA Occidente persigue a uno de los auditores del equipo que firmó los reportes de auditoría de la petrolera venezolana.
    Diego Armando Nava Negrette asegura que fue testigo de varios casos de corrupción de PDVSA y que ha sido perseguido por grupos armados vinculados al régimen de Venezuela desde 2017, luego de haber participado en una investigación interna de la petrolera estatal que buscaba esclarecer las irregularidades en las operaciones de CAMIMPEG, su socio, Southem Procurement Services (SPS), Odebrecht y las asignaciones que en conjunto entregó PDVSA a las mencionadas firmas asociadas a Petrourdaneta.

  El ex-funcionario de PDVSA denunció lo siguiente: "he recibido llamadas amenazantes desde un número telefónico de una cárcel venezolana, de una persona que se identifica como miembro de un colectivo".

  Comenta que sus superiores lo han querido "chantajear con el trabajo de investigación sobre los casos de corrupción ocurridos en Petrourdaneta con las empresas Odebrecht y CAMIMPEG, donde realmente quieren que todo lo relacionado al robo de los activos del Estado sean sumados a las personas que ya están detenidas, entre ellas, al expresidente de la petrolera, Eulogio del Pino". Asimismo, aparecen los nombres de los siguientes exfuncionarios: Orlando Chacín, Yamelis de López, Luis Carlos Zapata Leal, Gustavo Malavé y Lioner Valdéz.

  De acuerdo al relato de Nava Negrette, las autoridades de PDVSA habrían manipulado los elementos de la investigación de lo que pasaba en PDVSA bajo la presidencia de Eulogio del Pino y su equipo, para hacerlos aparecer como los únicos culpables de lo ocurrido, inclusive después de casi tres años que tiene el general  Manuel Quevedo como máximo jefe de Petróleos de Venezuela."Ellos no quieren asumir que encontraron una producción en más de un millón y medio de barriles diario y hoy a duras penas llegan a 700 mbd", acotó.

   Dijo que fue citado en 2017 como testigo por uno de sus informes de auditoría, de un caso donde hay detenidos pero que sigue abierto.
  El ex-auditor de PDVSA Occidente sostiene que cuando estaba realizando las investigaciones —apegadas a las normas internas de PDVSA— descubrió las irregularidades ocurridas en tres empresas mixtas, una de ellas asociada estuvo asociada con la Constructora brasileña Odebrecht hasta 2017, y posteriormente, pasó a estar asociada con la empresa estatal militar CAMIMPEG.

   De acuerdo a lo investigado por Nava Negrette en ese caso están involucrados el gobernador, alcaldes de la zona, militares y el director de PDVSA Occidente, José Luis Araujo. Este funcionario estuvo vinculado con una empresa mixta cuando se perdieron más de 60 mil barriles de crudo y una cantidad enorme de millones de dólares. Posterior a ese evento, Araujo habría sido ascendido. Este caso aún no está resuelto, acotó.

La empresa petrolera militar CAMIMPEG

  CAMIMPEG es socio de PDVSA en la empresa mixta Petrourdaneta desde el año 2017 —según el convenio— PDVSA entregó 400 millones de dólares con el compromiso de subir la producción  a 40 mil barriles diarios. 

    La averiguación realizada por los auditores, señala que la producción de Petrourdaneta ha bajado paulatinamente desde 2017 a 2019, "tanto que actualmente está en dos mil barriles, las instalaciones están deterioradas y abandonadas. Definitivamente ellos son los responsables y los resultados los atacan directamente".

   En marzo de 2017, el 40 por ciento de Petrourdaneta —que correspondía a la Constructora brasileña Odebrecht—  fue asignado a la Compañía Anónima Militar de Industria Mineras, Petrolíferas y de Gas, CAMIMPEG, presidida por el Mayor General, Alexander Hernández Quintana. Este procedimiento fue ordenado por el entonces presidente de PDVSA, Eulogio del Pino.

   La alianza Petrourdaneta-CAMIMPEG constaba con una primera fase de ejecución de proyectos conjuntos que se ejecutarían en un lapso de 24 meses, y preveía "una inversión de 400 millones de dólares con el objetivo de incrementar la producción del Campo Urdaneta en el Lago de Maracaibo, en 400 mil barriles por día", según explicó Eulogio del Pino en una nota de prensa reseñada por el portal de noticias gubernamental Agencia Venezolana de Noticias (AVN) del 24 de marzo de 2017.

   "Para desarrollar el objetivo de incrementar la producción del Campo Urdaneta y después que las empresas estadounidenses de servicios Halliburton y Schlumberger redujeron al mínimo sus funciones en 2016, tras una deuda no cancelada de PDVSA, CAMIMPEG firmó para encargarse de esa área", dice el reporte de auditoría del caso denunciado.

   Petrourdaneta S.A.  es una empresa mixta creada el 19 de octubre de  2011 a través del Decreto 8.527, publicado en la gaceta Oficial  Nro. 39.781 para la explotación, de condensados y gas.

    Petrourdaneta S.A.  está ubicada al oeste de la ciudad de Maracaibo, y conformada por la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP) con un nivel accionario de 60 % y la empresa brasileña Odebrecht, la  poseía el 40 por ciento restante. La empresa se encarga de la explotación  de los campos La Paz, Mara Este y Mara Oeste y el área de la ciudad  de la Concepción en Maracaibo, estado Zulia.

  Para desarrollar el objetivo de incrementar la producción del Campo Urdaneta, —después que las empresas Halliburton y Schlumberger  redujeron al mínimo sus funciones 2016, tras una deud no cancelada— CAMIMPEG firmó contratos con la empresa Procurement Services Ltd. (SPS) en julio de 2016. SPS fue registrada  en 2011 en el Reino Unido, luego en la Islas Marshall y  en Belice. La empresa presidida por Manuel Chinchilla Silva— recibió asignaciones de PDVSA para operar en los muelles Alí Primera y Pedro Lucas Urribarrí, ubicados en el Campo Urdaneta lago y Centro Sur Lago, en el estado Zulia. A través de esta alianza cívico-militar, SPS y CAMIMPEG, asumieron la operatividad  y el financiamiento de los campos y los servicios integrales de tres empresas mixtas: Petrourdaneta, Petroquiriquire  y Petrozamora.

Irregularidades

   La Auditoría hecha por Nava Negrette (y el equipo que le acompañó) determinó irregularidades en estaciones de PDVSA en la Costa  Occidental del Lago. Las pérdidas, por diferencia entre la producción transferida por la empresa mixta y la producción recibida en el patio de tanque, se estima en $22,43 millones.

  Sostiene Nava Negrette que "hay un saboteo interno para  la adjudicación de contratos donde están involucrados Luis Caldera, alcalde de Mara, el gobernador del Zulia, y empresas propiedad de varios políticos.  Afirma que  las mafias que operan en la industria, cortaron el flujo de petróleo "hay un acuerdo ilegal para sacar por gandolas el crudo, ellos llenan los tanques de petróleo y como las líneas están malas, contratan a terceros para sacar el producto".

 Las tres investigaciones muestran que la situación de Petrourdaneta sigue en deterioro.

   Navas Negrette también denunció a la empresa mixta Petrowayu asociada con la argentina Pampa Energía. "Desde hace dos años la empresa está abandonada, sólo permanece el personal y han habido robos de materiales que han sido reportados", agrega.

  El auditor afirma que tuvo que salir huyendo con su familia de su país y que por ello se le quieren tildar "de traidor a la patria".

  Nava Negrete denuncia que es perseguido del régimen de Nicolás Maduro, y sus agentes en el estado Zulia, "por haber hecho su trabajo con ética, compromiso y apegado a las normas y valores institucionales de PDVSA".

   En esta comunicación se puede comprobar la citación de la fiscalía 77 al denunciante, a través del abogado de PDVSA, Alexis Chirinos.


En la siguiente comunicación es citado en calidad de testigo.

Seguiremos informando...

miércoles, 18 de diciembre de 2019

¿Cómo funciona la estructura del régimen de Venezuela para violar las sanciones impuestas por EE. UU. y sostenerse en el poder?

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Un informe sustentado en documentos oficiales de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) revela cómo desde Venezuela se financia un plan de subversión internacional  supuestamente ordenado desde el Foro de Sao Paulo en el último de sus congresos, el cual tuvo lugar en Caracas entre el 25 y el 28 de julio del presente año 2019. 

  Se explica en el documento cómo las acciones políticas, electorales y violentas que en los últimos días han tenido lugar en Ecuador, Perú,  Bolivia,  Argentina, Chile, Cataluña-España, Venezuela y Nicaragua, presuntamente responden a los lineamientos dictados en dicho encuentro. Categóricamente se indica que los fondos que permiten estos eventos provienen de la venta del petróleo y demás riquezas naturales venezolanas. Se subraya que, de hecho, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello lo han admitido públicamente.

Los actores políticos

   Como actores políticos que encabezan y dirigen estas presuntas acciones en Venezuela se señala a Nicolás Maduro (presidente de la república), a Diosdado Cabello (presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y a Adán  Chávez, (vicepresidente  de la Comisión  de Asuntos  Internacionales PSUV, organización política anfitriona del XXV Encuentro del Foro de Sao Paulo).

  Asimismo se refiere a los actores operadores, quienes serían el general Manuel Salvador Quevedo Fernández (presidente de PDVSA), a quien la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por las siglas en inglés de Office of Foreign Assets Control) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, lo sancionó junto a otros cuatro funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, por reprimir a los actores democráticos en Venezuela y por incurrir en hechos significativos de corrupción y fraude contra el pueblo venezolano[1].

   Otro actor operador sería Fernando Manuel De Quintal Rodríguez, vicepresidente de Finanzas y director interno de PDVSA, quien supuestamente habría convertido los procesos de licitación en “selectivas” convocatorias a las que solamente son invitadas determinadas empresas, las cuales presuntamente reciben las cifras clave para ganar las licitaciones, un esquema que facilita exorbitantes márgenes de ganancias por la no existencia de competencia[2].

  Igualmente se señala a Calixto Ortega, presidente del Banco Central de Venezuela y al general Padrino López, ministro de la Defensa, este último encargado de dirigir la logística de todas las operaciones terrestres, marítimas, fluviales y aéreas, valiéndose para ellos de los componentes de las Fuerzas Armadas de Venezuela.

El ardid

    El informe refiere que en razón de que PDVSA no puede operar las cuentas bancarias que poseía en el exterior, ni puede recibir ni pagar dinero directamente debido a las sanciones de que ha sido objeto la petrolera estatal, Manuel Quevedo y Fernando Manuel De Quintal Rodríguez supuestamente habrían acordado con los representantes de las empresas petroleras transnacionales Vital, Reliance, Trafigura, Novum y Tipco, realizar las operaciones de compra-venta de Petróleos de Venezuela. Para ello se valdrían de un conjunto de compañías de maletín inscritas de manera exprés en PDVSA, con las cuales se realizarían los pagos a terceros según lista de facturas suministradas por la empresa venezolana.

  Se trataría, pues, de una triangulación de pagos donde algunas facturas corresponden a compromisos como los adquiridos con el programa de alimentación gubernamental de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), para la adquisición de equipos antimotín, así como las de sus presuntos socios terroristas. Especifica en este último caso, pagos realizados a Irán a través de bancos turcos —entre ellos Irán Marine Industrial Company— y los presuntamente destinados a empresas vinculadas al general Quevedo y de altos funcionarios del gobierno de Maduro.

   El reporte hace mención también a otra modalidad de pago, la cual se llevaría a cabo mediante la entrega de productos y derivados a PDVSA a Cuba y a centros de almacenamiento privados, para venderlos luego en el mercado ordinario. Este caso se ejemplifica en el informe a través de dos casos.

   El primero de ellos que habría tenido lugar a principios del mes de abril, cuando se asignaron 10 millones de barriles de petróleo Special Hamaca Blend (SHB), Morichal 16 y Zuata 300 a las empresas fantasmas Vanquish Associates y Grupo Iveex Insat, equivalente a USD 600 millones.

   Estas firmas se encuentran bajo el control de Vitol, compañía que les estableció como modus operandi que Vanquish Associates y Grupo Iveex Insat cargaran el crudo en barcos Suezmax de un millón de barriles en el puerto de Jose (estado Anzoátegui), desde donde los transportarían cerca de Trinidad, donde sería trasvasado a barcos de dos millones de barriles con destino a Asia. Para la fecha del reporte, Vitol se encontraba pagando facturas a terceros en nombre de PDVSA.

  El segundo caso habría acontecido en el mes de abril, cuando la empresa Rosneft compró crudo a PDVSA el cual vendió a la Refinería Relene Petrochemichal, controlada por la compañía Reliance. Entonces, se habría puesto en práctica la misma metodología de Vitol con algunas variaciones.

  Reliance paga a terceros facturas de PDVSA violando las sanciones.

   Es bajo estos esquemas de operación —cada uno en su modalidad particular— que se hace posible entregar hidrocarburos a Cuba. Fue así como para  finales del mes de abril se entregó un cargamento de DCO, uno  de Fuel Oil, uno de gasoil y dos de lubricantes.

  Seguidamente el informe hace referencia a la situación por cada una de las empresas.

Tipco

  En primer lugar se cita a Tipco, una empresa petrolera domiciliada en Tailandia y con refinería en Malasia, la cual mantenía desde hacía 10 años un contrato de compra con PDVSA para el suministro de 900 mil barriles mensuales de crudo Boscán y Bachaquero destinados a la producción de asfalto.

 Se explica en el informe que para transformar a Tipco en un banco de PDVSA, se procedió a incrementar el volumen de petróleo de 900 mil barriles mensuales a 5 millones mensuales, lo que significa el haber sobrepasado su capacidad de procesamiento, puesto que la refinería en Malasia solamente está en capacidad de procesar un máximo de 23.000 barriles diarios equivalentes a 690 barriles mensuales.

  Petróleos de Venezuela S.A. le concedió a Tipco una fórmula especial de precios del crudo, otorgándole a dicha firma grandes descuentos que le permiten obtener ganancias superiores a los USD 10 millones por cada cargamento de un millón de barriles en contraste con el promedio mundial de ganancia de USD 300 mil por cargamento.

  Se subraya el hecho de que derivado de lo anterior, Tipco revende el excedente de petróleo recibido de PDVSA en el mercado asiático, es decir, 4.310.000 barriles de crudo.

  El reporte indica que los USD 205 millones producto del aumento de 900 mil barriles mensuales a USD 5 millones mensuales, son utilizados para pagar facturas a terceros bajo la coordinación de Fernando Del Quintal y Javier Colmenares, (representante de Tipco en Venezuela).  

  Cuando se hace referencia a “terceros”, se trata de empresas que emiten facturas a PDVSA, las cuales pueden ser reales por conceptos de deuda efectivamente contraída por la petrolera venezolana; o de facturas que simplemente tienen su origen en deudas de tipo político del gobierno de Nicolás Maduro; o bien de facturas falsas de empresas fantasmas que forman parte de los esquemas de corrupción mantenidos por los funcionarios de la administración madurista.

  De seguido, el reporte hace mención a algunos nombres que figuran en las facturas, a saber,  Lisnave, Autoridad  de Puerto Lisboa, Bernard Schulte Management, Orey Shipping, Amoil, Naviera  Carreña, Naviera Tepuy, Marlink, lnternational Offshore Engineering Development, Naviera el Mastil,  Radio  Marina, Horizon Tanker, Tomtec Ndt Marine Services Pte, Iran Marine Industrial Company, Marítima Popular, Cyprus Shipping, Marítima Neptuno Corporation, Marítima Venezolana, MMG Tugs Boats & Barge Service, CMI Caribe, Consulado General de la República de  Panamá, Curacaose Dok Maatschappij, Hera Shipping y Proyectos y Consultoría Panamá.

  Debido a que por las sanciones financieras PDVSA se ve imposibilitada de cobrar los pagos por concepto de venta de petróleo que realiza en el mercado internacional, la estatal recurre a Tipco para recibir dichos pagos. En consecuencia, Petróleos de Venezuela S.A. le ordena a sus empresas  deudoras en todo el mundo que le paguen a Tipco el crudo entregado, transformando de esta forma a la citada empresa en un banco.

  Así,  supuestamente, Tipco es convertida en la caja chica internacional de PDVSA en Malasia —país donde no existen  restricciones de sanciones— la compañía es utilizada para realizar pagos de listas de facturas que entrega Fernando Del Quintal, las cuales son equivalentes a un promedio de USD 250 millones mensuales.

   El reporte ejemplifica este caso con el contrato de suministro de petróleo a Cuba que mantiene el gobierno de Nicolás Maduro, a cambio de apoyo militar y de inteligencia para sostener la dictadura. Las sanciones aplicadas por Estados Unidos han dificultado el  cumplimiento de este compromiso, una situación que PDVSA ha resuelto con el apoyo de Tipco.  PDVSA le compra el petróleo a Argelia para que se lo entregue a Cuba y la petrolera venezolana le cancela a través de Tipco.

Nynas

   Posteriormente el informe se remite a Nynas, una empresa propiedad conjunta entre Petróleos de Venezuela S.A. y Neste (Finlandia), la cual posee tres refinerías en Europa, específicamente en Nynashamn (Suecia), Gotemburgo (Suecia) y Hamburgo (Alemania). También integra un joint venture con la empresa Shell, de la refinería Eastham en Reino Unido.

  Indica el reporte que Fernando De Quintal integra, simultáneamente, las juntas directivas de PDVSA y Nynas y que esta última fue utilizada por la estatal venezolana para pagar facturas de terceros a cambio del petróleo que importaba de Petróleos de Venezuela.

    Se apunta que en pocos días después de que Estados Unidos modificara la GL 13D de las sanciones a Nynas, Fernando De Quintal “desapareció” USD 260 millones que esta empresa tenía represados por no poder pagarle a PDVSA.

   El 23 de octubre de 2019, Neste reportó las ganancias más grandes de su historia en su tercer trimestre del año 2019, cuando pasó de USD 250 millones a USD 494 millones, como lo recoge una nota de Reuters que explica que “los productos renovables ayudaron a la refinería de petróleo finlandesa y al productor de biocombustibles a superar las previsiones.

La reseña agrega que para esos días “Nynas dijo que suspenderá las importaciones de crudo venezolano luego de cambios en una licencia que le permite operar bajo las sanciones de Estados Unidos”[3].

Novum

  Desde Houston, Texas, Estados Unidos, manejan la empresa Novum, la cual continúa manteniendo operaciones con Venezuela, sin acatar en lo más mínimo de la letra de las sanciones impuestas por el gobierno de ese país contra Petróleos de Venezuela S.A.

  De este modo y a pesar de las dichas sanciones, Novum vende productos y también los  intercambia por otros productos o crudos, una operación de trueque que arroja grandes ganancias y comisiones a funcionarios de PDVSA.

  A través de Novum se llevan a cabo operaciones especiales de entrega de gasolina a Cuba, esto bajo la supervisión directa de su presidente, Maxi Poveda, un argentino residente en los Estados Unidos. Estas operaciones se realizan a través de una oficina ubicada en Dubái.

  También Novum transportó cargamentos de fueloil de PDVSA que nunca fueron  pagados.

Repsol Trading S.A.

   En el transcurso de la segunda semana de julio, la empresa Repsol Trading S.A. compró a PDVSA un cargamento de crudo DCO y otro de Merey, al mismo tiempo que efectuó entregas de dos cargamentos  de gasolina. 

   Y es que como apunta el informe, en ningún momento Repsol ha dejado de hacer negocios con PDVSA y, como prueba de ello, se refiere que para los días de la redacción del informe, la estatal venezolana le otorgó a la citada empresa un contrato de 500.000 barriles de Merey 16 para ser retirados entre el 5 y el 7 de noviembre de 2019.

   La junta directiva de Petróleos de Venezuela S.A. da cuenta en sus informes internos de que "Repsol es un cliente tradicional que ha mantenido la relación comercial con PDVSA post sanciones manifestando su disposición de levantamiento de crudo para el pago del financiamiento  de la EM Petroquiriquire S.A., Cardón IV y para el pago por compensación de diésel.


Marriat y Abak

   El informe pasa, entonces, a referirse a dos nuevas empresas que son dirigidas desde una oficina ubicada en Las Mercedes, por Fernando De Quintal, Marcos Rojas y Francisco Morillo, a saber, Marriat y Abak.

  En ellas se desempeñan el exjefe de Crudos de PDVSA, Luis Vergara,  y el exjefe de Productos de la estatal, José  Espinoza. 

  Se afirma que Marriat y Abak disponen en tiempo real de toda la información clave de PDVSA, a objeto de hagan uso de ella para obtener ventaja en las operaciones de comercialización internacional de petróleo.

Citizen

  De inmediato se cita el caso de Citizen, una empresa registrada en Boston, la cual mantiene deudas con PDVSA por el orden de los USD 50 millones, un compromiso que la referida firma no tiene la intención de pagar, según asevera el informe.

  El modus operandi consiste en alegar las sanciones para evitar realizar el pago.

  Recuerda el reporte que cuando PDVSA vende crudo que está subiendo en precios se produce una gran diferencia entre el precio al cargarlo en el barco y el precio al descargarlo en el destino. Es por ello que a los 8 días después de salir el cargamento de crudo PDVSA, se procede a emitir una factura provisional que es cancelada por la empresa receptora del crudo. El monto pagado es ajustado al momento de la descarga. La diferencia del precio al cargar respecto al precio al descargar en momentos en que el precio de crudo está en alza como es el caso del petróleo vendido a Citizen a la redacción del redactado el informe, es un ajuste que favorece a Venezuela.

   Dado que la empresa Citizen ha obtenido cargamentos cuyos ajustes superan los USD 50 millones que no han sido cancelados bajo el pretexto de las sanciones, funcionarios de PDVSA le ofrecieron a un ejecutivo de la empresa deudora que realizaran el pago por fuera a una cuenta de una empresa fantasma la cantidad de USD 3 millones, a cambio de borrar internamente todos los soportes de los ajustes.

   Sostiene el informe que “En conversaciones muy privadas de altos directivos de Citizen se decidió no aceptar esa propuesta, ya que existe toda la disposición de no pagar”.

El contrato corrupto entre Reliance y PDVSA

   En el informe que presentamos, se cita el caso de un entramado de corrupción que tuvo lugar entre funcionarios de PDVSA y la empresa privada de la India, Reliance, una operación que se ha tratado de presentar como la constitución del país asiático como importante comprador de petróleo venezolano, cuando en realidad se trataría de una “red de corrupción” conformada especialmente para esquilmar el dinero de los venezolanos.

   El reporte narra que a principios del año 2013, cuando ya había fallecido el expresidente Hugo Chávez y estaban por producirse las elecciones donde participaban Henrique Capriles y Nicolás Maduro, en se vivía un ambiente muy tenso porque la alta dirigencia del gobierno conocía a través de las encuestas que tenían grandes posibilidades de perder el poder.

   En paralelo, a raíz de las sanciones económicas impuestas a Irán, la empresa Reliance debía dejar de hacer negocios con el país islámico, decidió buscar mercados alternativos. Fue así como a PDVSA llegó una representación de la empresa para celebrar una reunión coordinada por Aires Barreto días antes de que tuvieran las elecciones presidenciales pautadas para el 13 de abril de 2013.

   Se refiere que Aires Barreto es oriundo de la India, con estudios realizados en la University of Mumbai en Bombay, quien logró ascender a vicepresidente de PDVSA con el apoyo de Alí Rodríguez, en tiempos en que este último ejercía como presidente de la petrolera venezolana.

   Con el firme objetivo de mantener el poder en pocas manos, el chavismo procedió acabar con la tradición de que CITGO dejara de depender del área de Refinación y pasó a estar bajo el control de la vicepresidencia ocupada por Aires Barreto. Se designó a Luis Marín como presidente de la filial en Estados Unidos, lo que aseguró el control total.

   Los  representantes de Reliance lograron firmar un contrato por 100.000 barriles diarios de crudo Merey por un año renovable, acordando una "comisión” con Barreto de 10 centavos por barril. Luego de esto, se despidieron y se trasladaron al aeropuerto.

   Cuando Barreto informó del resultado de la negociación a Rafael Ramírez, tuvo lugar de inmediato una reunión de emergencia a la que se incorporó su primo Diego Salazar y su cuñado, Baldo Sansó.  “Esa mafia de PDVSA,  pensando que podía perder las elecciones, decidió hacer una nueva propuesta a Reliance y para ello llamaron a sus representantes que ya estaban en el aeropuerto de Maiquetía y los trasladaron de nuevo a Caracas en helicóptero. La nueva propuesta fue la siguiente: Firmar un contrato por 300.000 barriles diarios de crudo Merey aumentando la ‘comisión’ a 20 centavos por barril, con la nueva condición de extender la vigencia del contrato de 1  año a 15 años, violando de esa forma la tradición de los miembros de la OPEP de no firmar contratos por más de 1 año, ya que las decisiones de esa organización de aumentar o disminuir la producción afectan esos contratos. Estos cuatro delincuentes desde esa fecha reciben 60.000 dólares diarios, 21 millones 900 mil dólares anuales por ese contrato, robados al pueblo venezolano”, reza el informe.

   Subraya el reporte que este contrato petrolero es más rentable para Reliance que los suscritos con China, puesto que la "K" de descuento de la fórmula de precios siempre favorece a la empresa Reliance, fórmula que se renegocia cada tres meses.

  Con esta negociación y acercamiento con PDVSA, Reliance ha podido permutar productos refinados como gasolina, componentes de gasolina y nafta, los cuales compra en los almacenamientos del Caribe de Estados Unidos y los entrega a Venezuela a cambio de crudo. De esta manera ascendió su exportación hasta un total de 500.000 barriles diarios.

  Para le fecha del reporte, Aires Barreto vivía en Canadá, al tiempo que comparte en la ciudad de Nueva York una oficina de negocios petroleros con Luis Vielma, el fundador de PDVAL, quien también fue vicepresidente de Exploración. Aires Barreto mantiene una estrecha relación con Alejandro Betancourt.

Rosneft

   Para la fecha en que fue redactado el informe, la empresa Rosneft operaba tan sólo seis campos petroleros, pero el gobierno de Nicolás Maduro decidió asignarle el resto de los campos productivos del país.

   Esta empresa vende la producción directamente como parte de pago de un préstamo de USD 1.500 millones que le dio a PDVSA, por los cuales recibió como garantía el 49 por ciento de las acciones de CITGO.

   En lo que para la fecha del informe había transcurrido del año 2019, Rosneft había recibido un promedio de 14 cargamentos de crudo, es decir, USD 700 millones mensuales, USD 7.000 millones en los primeros 10.
  Además, Rosneft ha estructurado un esquema a través del cual burla las sanciones al crear empresas filiales como es el caso de Procerium Energy Pte LTD, con sede en Panamá.

Procerium Energy Pte LTD

  Con sede en Panamá, Procerium Energy Pte LTD es una subsidiaria de Rosneft. Específicamente, opera en la Torre F&F, conocida como El Tornillo.

  Además de comercializar crudo venezolano, Precerium es un instrumento del cual se vale PDVSA para realizar pagos a terceros.

   En pocas palabras, Procerium Energy Pte LTD es un centro de negocios de PDVSA.

   A principios de septiembre, esta empresa llevó un cargamento de 2 millones de barriles de crudo  Merey 16.

Eni Trading & Shiping Spa

  A mediados del mes de octubre, Eni Trading & Shiping Spa transportó un cargamento de un millón de barriles de Merey 16 que iban a ser intercambiados por gasolina.

  La gasolina se lleva a Venezuela y se declara como diésel el cual está exento de sanciones.

Gasolina por diesel

  En razón de lo anterior, Petróleos de Venezuela S.A. giró instrucciones a seguir por todas las empresas que operan bajo este esquema de violación de las sanciones económicas, que declaren como diésel todos los cargamentos de gasolina y nafta que están destinados a Venezuela.

Cambio de Bin of Lading (BOL)

El país emisor del crudo registra internacionalmente el BOL.

  Fernando De Quintal diseñó y organizó un esquema de cambio de BOL de modo tal que los tanqueros petroleros puedan llevar crudo a destinos prohibidos de acuerdo a lo establecido en las sanciones económicas.

   El informe explica que la operación se lleva a cabo a través de un equipo dirigido por Campo Elías Páez, quien compra documentos originales de BOL a Surinam y al Trinidad a un promedio de USD 10 mil por unidad que luego son vendidos a las empresas transportistas de petróleo venezolano hasta un monto de USD 300 mil por BOL. Posteriormente, las empresas entregan el crudo venezolano en las refinerías internacionales con el origen cambiado a Surinam o Trinidad.

Miraflores ordena entrega de crudo

   El informe sostiene que desde el palacio de gobierno de Venezuela se imparten órdenes a PDVSA para que entreguen crudo a empresas acordadas y que este no sea cobrado.

   Esto con el objetivo de que el dinero sea conducido por la vía del esquema Nynas o Tipco a destinos políticos internacionales.

   Es de esta manera como se da cumplimiento de los objetivos políticos como, por ejemplo, los del Foro de Sao Paulo.

   El reporte narra cómo el hijo de Nicolás Maduro, “Nicolacito”, informó al presidente de Petróleos de Venezuela S.A. que la empresa Tansy Trading enviaría al barco MT Respect desde Ciudad del Cabo, Suráfrica al puerto de Jose, Venezuela,  para  cargar  un tanquero VLCC  con  dos  millones  de  barriles de crudo  Zuata 300  y  Merey   16.

   El hijo del mandatario venezolano informó que Tansy Trading pagaría en diferido en cuenta abierta, lo cual genera reacciones internas entre funcionarios desinformados, quienes exigen el pago total antes de cargar el barco.  La respuesta de Maduro fue contundente, llamando para ordenar que el barco MT Respect se cargara de inmediato y que se olvidaran del pago.

Saqueo del oro venezolano

   El reporte se remite al gobierno de Nicolás Maduro al cual decidió cambiar y estipular que el oro se convertiría en sustituto de  los ingresos petroleros formales. Se indica en el reporte existen muchas formas institucionales y corruptas de extraer el oro que luego es transformado en dinero.

   Uno de los mecanismos establecidos encontrados en aquel momento fue el formalizar su envió a través del Banco Central de Venezuela. Siendo que el destino principal es Turquía, país que paga  con euros en efectivo que son trasladados en bolsas a bases aéreas militares.

    El reporte explica que a través del Banco Central de Venezuela se distribuye este dinero, el cual, una parte va a la banca privada desde donde se pagan facturas del gobierno, una parte en bolívares y una parte en euros en efectivo. Esta es la razón por la cual existe una alta circulación de esa moneda en efectivo en territorio nacional.

   Otro destino del oro en lingotes es Surinam, donde se bancariza el oro en monedas diferentes al dólar.

Citas:



[1] U. S. Department of the Treasury. “Treasury Sanctions Officials Aligned with Former President Nicolas Maduro and Involved in Repression and Corruption”. 15 de febrero de 2019.  https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm612

[2] El Tiempo Latino. “Vitol: la empresa con oscuros manejos que opera en Petróleos de Venezuela”. 3 de febrero de 2019. http://eltiempolatino.com/news/2019/feb/03/vitol-la-empresa-con-oscuros-manejos-que-opera-en-/

[3] Reuters. “Neste reports best ever quarter as renewables boost Finnish refiner”. 23 de octubre de 2019. https://www.reuters.com/article/us-neste-results/neste-reports-best-ever-quarter-as-renewables-boost-finnish-refiner-idUSKBN1X21KO