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miércoles, 24 de marzo de 2021

Viuda de Fernando Albán demandó a Maduro, Padrino, Maikel Moreno, Tarek Saab, Reverol, las FARC y al Cartel de los Soles en corte de la Florida

  Los familiares de quien es considerado un muerto de la dictadura venezolana, sostienen que el político opositor fue víctima de secuestro, tortura y asesinato.

Por Maibort Petit

  Meudy Albán Osío, viuda del concejal de Primero Justicia, Fernando Albán, muerto en extrañas circunstancias mientras se encontraba detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), el 8 de octubre de 2018, demandó a Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, Maikel Moreno, Néstor Luis Reverol Torres, Tarek William Saab, así como a las FARC y al Cartel de los Soles, en el Tribunal del Distrito Sur de Florida por daños y perjuicios.

 Los cargos de la demanda son ocho, el primero por Violación de la Ley Antiterrorista de Florida; el segundo cargo, es Muerte por negligencia; el tercer cargo es por violación a la ley Federal Civil RICO; el cuarto, por Conspiración para violar RICO Federal Civil; el quinto, por Difamación per se, el sexto, por por Conspiración, el séptimo, por Falso encarcelamiento; y el octavo, por Infligir intencionalmente angustia emocional.

  Sostienen los demandantes que los demandados deben resarcirlos por daños y perjuicios derivados del secuestro, tortura y asesinato de Fernando Alberto Albán, el posterior encubrimiento del asesinato, difamación y nuevas represalias contra sus familiares sobrevivientes, por parte de Nicolás Maduro Moros, su aparato ilegal y los diputados controlan Venezuela y sus co-conspiradores narcoterroristas.

  Ante el tribunal, Meudy Albán Osío, quien además actúa en calidad de representante personal del patrimonio de Fernando Alberto Albán, Fernando Albán, Fernando Albán Osío y María Fernanda Albán Osio, reclaman les sean adjudicados daños compensatorios y consecuentes, incluidos daños triplicados, en una cantidad que se determinará en el juicio; una indemnización por daños y perjuicios ejemplares y punitivos por una cantidad que se determinará en el juicio; una adjudicación de honorarios y costas de abogados; un juicio con jurado sobre todos los asuntos tan probables; y cualquier otro alivio que sea justo y apropiado.

Los hechos

   Refiere la demanda que el concejal Albán se convirtió en objetivo del régimen de Nicolás Maduro, quien asumió la presidencia en Venezuela a la muerte de Hugo Chávez, consolidando a partir de entonces el control autoritario del país, reprimiendo a la disidencia, mediante la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, las "desapariciones" y otros crímenes de lesa humanidad a gran escala. Paralelamente, Maduro aprovechó el ejercicio del poder para enriquecerse “a sí mismo y a sus compinches a expensas de los ciudadanos respetuosos de la ley de Venezuela (…) y [con] su empresa criminal saquearon el tesoro de Venezuela, se asociaron con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para traficar toneladas de cocaína y lavaron las ganancias mal habidas a nivel internacional, incluido Estados Unidos. Maduro y todos menos uno de los acusados individuales han sido acusados de narco-terrorismo, lavado de dinero y/u otros delitos en varias jurisdicciones de los EE. UU., Incluido el Distrito Sur de Florida”.

  Agrega que la mala gestión y la avaricia de Maduro sumieron a Venezuela en una crisis humanitaria épica, con enfermedades desenfrenadas, hambre y desnutrición, por lo que Fernando Albán redobló sus esfuerzos para abogar por la democracia y contra la corrupción. En razón de esto, él su familia, desde 2015 comenzaron a recibir amenazas de muerte y, temiendo por sus vidas, la esposa y los hijos de Albán, huyeron a Estados Unidos, donde solicitaron asilo. Fernando Albán decidió quedarse en Venezuela para continuar sus esfuerzos por rehabilitar el país y la democracia.

   En agosto de 2018, Albán viajó a Nueva York para ver a su familia y luego para conectarse con la delegación de Primero Justicia reuniones y eventos relacionados con la reunión de la Asamblea General de la ONU en septiembre, luego de lo cual hizo pronunciamientos a favor de la democracia y contra la corrupción en Venezuela. Violando la ley estadunidense, agente del Maduro siguieron descaradamente a la delegación de Justicia Primero, los fotografiaron y apuntaron sobre Fernando Albán, transmitiendo a Venezuela información de inteligencia que reunieron sobre él, con consecuencias mortales.

  Al regreso de Albán a Venezuela, el 5 de octubre de 2018, fue secuestrado en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar por miembros armados del SEBIN en cuya sede a donde fue trasladado, fue torturado con descargas eléctrica y luego fue asesinado.

  El lunes 8 de octubre de 2018, el SEBIN arrojó el cuerpo de Fernando Albán desde el décimo piso de su sede, pero el régimen de Maduro difamó al dirigente de Primero Justicia al alegar falsamente que se había suicidado, así como de ver pornografía infantil. También destruyeron el negocio contable que poseía junto a su esposa.

  La demanda califica como una afrenta a la soberanía de Estados Unidos, el envío de agentes a suelo estadounidense para espiar y reprimir la libertad de expresión de Fernando Albán en suelo estadunidense.

Los demandados

  Al hacer referencia a los demandados por los Albán-Osío, el recurso legal que estos presentan ante el Tribunal del Sur de la Florida recuerda que Nicolás Maduro fue sancionado el 31 de julio de 2017 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por “socavar la democracia en Venezuela”; que fue acusado el 26 de marzo de 2020, por el Departamento de Justicia de orquestar una “conspiración de narcoterrorismo corrupta y violenta entre el Cartel de los Soles venezolano y las FARC'; y que el Departamento de Estado ofrece una recompensa de USD 15 millones por información que conduzca a su captura.
  A Vladimir Padrino López, también sancionado por la OFAC, es acusado en el Tribunal del Distrito de Columbia de conspirar con otros para distribuir cocaína a bordo de un avión registrado en los Estados Unidos. Precisa que es un miembro senior del Cartel de los Soles.

  Sobre Maikel José Moreno Pérez, actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia, la demanda apunta que fue sancionado por la OFAC en mayo de 2017, por cometer “fallos judiciales (…) que han usurpado la autoridad de la legislatura elegida democráticamente en Venezuela". En Estados Unidos es acusado penalmente en el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Miami por conspiración para cometer lavado de dinero. Por información que facilite su captura, el Departamento de Estado ofrece USD 5 millones.
   Entretanto, Néstor Luis Reverol Torres, entre otros cargos que ha ocupado, fue director general de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) de Venezuela, agencia gubernamental encargada de combatir el narcotráfico. Fue sancionado el 26 de julio de 2017, por la OFAC por “socavar la democracia”. El Departamento de Justicia lo acusó en 2016 por delitos de tráfico y distribución de cocaína Es un miembro de alto rango del Cartel de el Sol.

  Tarek William Saab, Fiscal General, fue sancionado por la OFAC el 26 de julio de 2017, por socavar la democracia en Venezuela. También ha sido sancionado por otros países, como Suiza, por violaciones de derechos humanos.

  Además de los altos dirigentes oficialistas señalados, la demanda incluye a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al Cartel de Los Soles, grupos que los Albán Osío señala de conformar, conjuntamente con Maduro y el resto de demandado, una sociedad criminal a través de la cual el régimen tortura y asesina para proteger y encubrir sus presuntas actividades de corrupción y narcotráfico.

Sobre la jurisdicción del tribunal

  Los demandantes sostienen que el Tribunal del Distrito Sur de Florida tiene jurisdicción para considerar el caso, bajo la ley RICO y por el artículo III de la Constitución de los Estados Unidos.

   Se puntualiza que la tortura a Fernando Albán en la sede del SEBIN en Caracas viola la legislación estadounidense forma parte de la conspiración que busca “inundar esta jurisdicción con cocaína, (b) blanquear el producto del tráfico de estupefacientes y la corrupción del gobierno de Venezuela a través de esta jurisdicción, y/o (c) aceptar sobornos de cuentas mantenidas en este distrito judicial”.

  Agrega que la corte tiene jurisdicción personal, según el estatuto de brazo largo de Florida y la Cláusula del Debido Proceso de la Constitución, sobre los demandados porque ellos personalmente y/o a través de agentes cometieron un acto ilícito en la Florida, dando lugar a los reclamos.

  Sostiene la demanda que los demandados difamaron a Fernando Albán en el estado de a Florida a través de Twitter, YouTube y otros medios accesibles a nivel mundial, haciendo que esas declaraciones difamatorias sean leídas, escuchadas y revisadas por numerosos terceros en el citado estado de los EE. UU., entre ellos miembros de la gran población de venezolanos que allí residen.

  Del mismo modo, porque los demandados traficaron criminalmente millones de dólares de drogas ilícitas hacia Florida, causando en represalia el secuestro, tortura y asesinato de Albán, con el objetivo de silenciar su oposición a dichas actividades de narcotráfico criminal y narcoterrorismo.

  Los demandados, blanquearon millones de dólares de ganancias ilícitas del tráfico de estupefacientes y delitos de corrupción pública a través del sur de Florida, provocando el secuestro, tortura y asesinato de Fernando Albán en represalia y para silenciar su oposición a las actividades criminales.

  Asegura la demanda que los agravios de los demandados contra Fernando Albán estaban indisolublemente entrelazados y eran un componente necesario y previsible del tráfico de drogas ilegales, hacia y en todo el sur de Florida.

   Reitera que la corte tiene jurisdicción personal sobre los acusados de conformidad con la ley RICO, porque los demandados ayudaron e incitaron el asesinato de Fernando Albán al acecharlo en territorio estadunidense y acusarlo en represalia por haber proporcionado información de inteligencia de los EE. UU. a los miembros del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y seguir un curso de conducta hostil a Albán, la cual comenzó en Estados Unidos y culminó en Venezuela.

   Según los demandantes, el haber traficado criminalmente millones de dólares de drogas ilícitas hacia los Estados Unidos, provocó el secuestro, tortura y asesinato de Albán en represalia, pues quisieron silenciar su oposición a tales actividades. Algo que ocurrió igualmente por sus actividades de lavado de dinero producto del narcotráfico.

   Secuestrar y asesinar a Fernando Albán, lesionó a los demandantes en los Estados Unidos, donde son residentes, aseguran Meudy Albán Osío y sus hijos.

miércoles, 17 de marzo de 2021

Víctor Mones Coro, asociado a Tareck El Aissami, fue sentenciado a 55 meses de prisión por un juez de NY

   Además de su sentencia de prisión, Mones Coro, de 52 años, fue sentenciado a dos años de libertad supervisada y se le ordenó pagar una multa de $ 250,000.

Por Maibort Petit

     El piloto venezolano-americano, Víctor Mones Coro fue condenado por un juez de Nueva York a 55 meses de prisión, tras haberse declarado culpable de haber prestado servicios de vuelos chárter al exvicepresidente Tareck El Aissami, Samark López Bello, al presidente de la Corte Suprema de Venezuela, Maikel Moreno, y a la campaña presidencial 2018 de Nicolás Maduro, lo cual violó las sanciones impuestas a los beneficiados por el gobierno de Estados Unidos. 

    El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York,    Audrey Strauss, junto a  Peter C. Fitzhugh, Agente Especial a Cargo de la Oficina de Campo de Investigaciones de Seguridad Nacional de Nueva York informaron este miércoles que Víctor Mones Coro fue condenado hoy a 55 meses de prisión en una audiencia que no fue pública, dice el comunicado.

    Mones Coro fue procesado por su relación con un plan para proporcionar vuelos chárter privados a dos destacados miembros del círculo íntimo del ex presidente venezolano Nicolás Maduro: el ex vicepresidente venezolano Tareck Zaidan El Aissami Maddah y su líder, Samark Jose Lopez Bello. Estos servicios de vuelo violaron las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (OFAC) de conformidad con la Ley de designación de cabecillas de narcóticos extranjeros. 

    Mones Coro se declaró culpable de una acusación formal de cinco cargos el 4 de enero de 2021 y fue sentenciado hoy por el juez federal de distrito Alvin K. Hellerstein.

    La fiscal federal de Manhattan, Audrey Strauss, dijo: “Víctor Mones Coro dirigió un plan concertado y sostenido de varios años para proporcionar servicios de vuelos ilícitos valorados en millones de dólares a los líderes venezolanos en contravención directa del régimen de sanciones y la política exterior de nuestro país. La sentencia de hoy sirve como recordatorio de que, junto con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, procesaremos enérgicamente a los infractores de las sanciones para proteger nuestra seguridad nacional ".

   Por su parte, el agente especial a cargo de HSI, Peter C. Fitzhugh, dijo: “HSI es fundamental para proteger los intereses de Estados Unidos al aprovechar nuestras autoridades únicas y expansivas para erradicar los regímenes corruptos que operan en todo el mundo. Durante más de 25 años, el Grupo de Trabajo El Dorado de HSI Nueva York ha investigado y desmantelado complejos esquemas internacionales de lavado de dinero junto con otros delitos financieros graves. Trabajando con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley en todo el país y en todo el mundo, continuamos salvaguardando nuestros sistemas financieros de la corrupción internacional que enriquece las arcas de los dictadores y sus secuaces ”, dice el comunicado.

El caso

   Entre febrero de 2017 y marzo de 2019, MONES CORO brindó servicios de viaje, incluidos vuelos chárter privados, a El Aissami y López Bello, así como a sus asociados, en violación de las sanciones de la OFAC. El Aissami se convirtió en vicepresidente de Venezuela aproximadamente en enero de 2017 y actualmente es Ministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela. 

    

   En febrero de 2017, la OFAC designó a El Aissami y López Bello como narcotraficantes especialmente designados de conformidad con la Ley Kingpin y las regulaciones relacionadas. Como resultado de las designaciones de la OFAC, las personas estadounidenses generalmente tienen prohibido, entre otras cosas, participar en transacciones o prestar servicios a El Aissami y López Bello sin la autorización de la OFAC.

    Para evadir las designaciones de la OFAC, Mones Coro diseñó un elaborado esquema criminal para enriquecerse y brindar servicios de vuelo a El Aissami y López Bello, entre otros venezolanos influyentes en el círculo íntimo de Maduro, incluido el presidente de la Corte Suprema de Venezuela, Maikel Moreno, quien también había previamente sancionado por la OFAC. Para encabezar este plan criminal, Mones Coro utilizó su empresa estadounidense, American Charter Services (ACS), sus aviones y sus empleados para volar a López Bello, El Aissami y otros en todo el mundo, incluso a países extranjeros de importancia estratégica. importancia para el régimen de Maduro como Rusia y Turquía.

    El convicto  también proporcionó vuelos en apoyo de la campaña de reelección de mayo de 2018 de Maduro, una campaña corrupta a través de la cual Maduro mantuvo ilegítimamente el control de Venezuela. En particular, aproximadamente entre febrero y mayo de 2018, Mones Coro y ACS organizaron entre 20 y 25 vuelos domésticos venezolanos para la campaña de Maduro. Estos vuelos transportaron personas, materiales de campaña y alimentos, entre otras cosas, y fueron coordinados con asociados de El Aissami y López Bello.

  Para evitar ser detectados, Mones Coro y sus co-conspiradores, incluida Joselit Ramírez Camacho, la actual Superintendente de Criptomonedas de Venezuela, se involucraron en varias formas de subterfugio. Utilizaron nombres en clave, falsificaron manifiestos de vuelo y facturas, se comunicaron a través de aplicaciones de mensajería encriptada, recibieron dinero en efectivo a los Estados Unidos desde Venezuela y aceptaron transferencias electrónicas de una empresa fachada vinculada a los líderes venezolanos sancionados. MONES CORO también trató de cubrir sus huellas ordenando a uno de sus pilotos que mintiera a la policía.

   Mones Coro perpetró estos crímenes en un momento en que Estados Unidos y sus aliados estaban comprometidos en la empresa crucial de privar a Venezuela y a su liderazgo de recursos para sus actividades malignas, antidemocráticas y mortales, incluida su represión sistemática y a menudo fatal de activistas, su subversión de las instituciones democráticas venezolanas, y su saqueo corrupto de los recursos naturales de Venezuela. 

   Maduro y otros están acusados de narcoterrorismo y delitos relacionados en una acusación de reemplazo que también está pendiente ante el juez Hellerstein. En una acusación sustitutiva separada, El Aissami, López Bello y Ramírez Camacho están acusados de violaciones de sanciones en función de sus roles en el esquema con Mones Coro.

  



jueves, 2 de abril de 2020

El sustento de las acusaciones de EE. UU. contra Nicolás Maduro (Parte III)

   La corrupción se convirtió en el modus operandi del gobierno venezolano, toda vez que funcionarios y exfuncionarios, han esquilmado en miles de millones de dólares el erario público.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   La decisión de las autoridades de los Estados Unidos de encausar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a catorce de sus funcionarios y exfuncionarios, deriva de años de investigación llevadas a cabo desde distintas agencias gubernamentales. La conclusión de todas las averiguaciones conduce a determinar la existencia de un gobierno devenido en organización criminal en el que la corrupción y el narcotráfico se han instaurado como su modus operandi.
   Nicolás Maduro y catorce funcionarios y exfuncionarios del gobierno venezolano fueron acusado el pasado 26 de marzo de 2020 por el Departamento de Justicia de Justicia de los Estados Unidos, que presentó cargos por delitos de narcotráfico que, a saber, son:

i) Participar en una conspiración narcoterrorista, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 20 años de prisión y un máximo de cadena perpetua;

ii) conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión y un máximo de cadena perpetua;

iii) usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, así como poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de las conspiraciones de narcotráfico e importación de cocaína, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 30 años y un máximo de toda la vida en prisión;

y iv) conspirar para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de las conspiraciones de narcotráfico e importación de cocaína, lo que conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua en prisión.

   "Durante la última década, funcionarios corruptos del gobierno venezolano han saqueado sistemáticamente a Venezuela de miles de millones de dólares (…) Con demasiada frecuencia, estos funcionarios corruptos y sus co-conspiradores han usado bancos e inmuebles del sur de la Florida para ocultar y perpetuar su actividad ilegal. Como muestran los cargos recientes, la corrupción venezolana y el lavado de dinero en el sur de la Florida se extiende incluso a los niveles más altos del sistema judicial de Venezuela. En los últimos años, la Oficina del Fiscal de los EE. UU. en el sur de la Florida y sus socios federales encargados de hacer cumplir la ley se han unido para presentar docenas de cargos penales contra funcionarios del régimen de alto nivel y conspiradores que resultan en incautaciones de aproximadamente $ 450 millones de dólares”, aseguró la fiscal federal del Distrito Sur de Florida, Ariana Fajardo Orshan[1].

Corrupción vox populi

   Como bien lo señala la fiscal, la corrupción venezolana es vox populi, pues ha sido denunciada por diversas instituciones y gran cantidad de informes y estudios. Por ejemplo, el Departamento de Estado de los EE. UU. difundió en agosto de 2019 un informe denominado “Nicolás Maduro: Corrupción y caos en Venezuela” en el que indica que el régimen de Nicolás Maduro “ha violado sistemáticamente los derechos humanos y la dignidad de los ciudadanos, ha saqueado los recursos naturales del país y ha llevado a una nación que antes era próspera a la ruina económica con el gobierno autoritario de Maduro y sus políticas económicas ruinosas. Se reporta que matones de Maduro han cometido asesinatos y abusos físicos, han detenido a opositores políticos y han interferido gravemente en el ejercicio de la libertad de expresión, todo en un esfuerzo brutal por retener el poder”.

   El reporte hace referencia a una serie de eventos, como la sanción impuesta el 25 de julio de 2019 por los Estados Unidos a los tres hijastros de Maduro —Walter, Yosser y Yoswal Flores—, así como a otras siete personas y a 13 entidades, involucrados en una compleja red de soborno y lavado de dinero a través del programa de distribución de alimentos CLAP.

   El robo y malversación de miles de millones de dólares durante muchos años por parte de integrantes del régimen que, igualmente, han estado involucradas en el contrabando de drogas y la extracción ilícita de oro del Banco Central de Venezuela; el financiamiento de Maduro a sí mismo mediante la puesta “en marcha las imprentas del banco central. Eso ha disparado el suministro de la moneda nacional, el bolívar, que ha perdido más del 99 por ciento de su valor desde 2013 y prácticamente ya no tiene ningún valor”.

  Del mismo modo se remite a los datos sobre la inflación acumulada del bolívar en el período 2014-2018, la cual se ubicó en más de veintidós millones, según el Banco Central de Venezuela.

  Refiere igualmente, que la infraestructura de Venezuela ha comenzado a colapsar con Maduro y cita el caso del sistema eléctrico, el cual se ha deteriorado rápidamente desde marzo, trayendo como resultado apagones en todo el país y el racionamiento creciente de la electricidad en muchos estados.

  También menciona que, en 2016, “Maduro declaró que aproximadamente el 12 por ciento del país era parte de un ‘Arco Minero del Orinoco’ y se otorgó amplios poderes públicos para supervisar la explotación de recursos para beneficio personal. Maduro expulsó a compañías extranjeras de Venezuela y reemplazó a los empleados con trabajadores no capacitados que operan bajo el liderazgo de altos oficiales militares venezolanos”[2].

   Una corrupción que es reconocida también a lo interno, pues tal como lo revela una encuesta de la ONG Transparencia Internacional en su informe Barómetro Global de la Corrupción, 87 por ciento de los venezolanos califica de corrupto al entorno de Nicolás Maduro, lo que fue la percepción más dura de toda la América Latina. Se quiso conocer la opinión de la población respecto al régimen chavista y la Asamblea Nacional en manos de la oposición. Esta percepción varía respecto al parlamento, pues 38 por ciento estima que los miembros de la AN son corruptos.

  Venezuela fue el único país donde 61 por ciento de los encuestados aseguró que funcionarios les habían pedido pagar sobornos, mientras que uno de cada dos venezolanos se vio obligado a pagarlo. Del mismo modo, 90 por ciento de los ciudadanos tiene poca o ninguna confianza en la justicia y en la policía[3].

La corrupción como sistema

   La percepción de la población también la corroboran estudios más especializados, como los realizados por el Centro de Investigación de Crimen Organizado (Insigth Crime), que en su informe “Venezuela: ¿Un Estado mafioso? Venezuela se ha convertido en un eje del crimen organizado en la región” recoge una serie de argumentos que justifican la denominación del país como un estado mafioso.

  Refiere InSight Crime que ha podido establecer personas que ocupan o han ocupado altos puestos en la administración del gobierno venezolano, tienen presuntos vínculos con el crimen organizado. Específicamente, hacen mención de 123 funcionarios “quienes, creemos que, con seguridad, están involucrados en actividades criminales”.

   Las investigaciones de estos especialistas determinaron que “en los niveles más altos de las siguientes instituciones trabajan personas que creemos que están o han estado involucradas en actividades criminales: La Vicepresidencia, el Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, el Ministerio del Poder Popular de Agricultura Urbana, el Ministerio del Poder Popular para la Educación, el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, el Ministerio de Estado para el Comercio Exterior e Inversión Internacional, el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, la Guardia Nacional Bolivariana, la Fuerza Armada Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y Petróleos de Venezuela (PDVSA)”.

  El estudio sostiene que la corrupción, la incompetencia y cleptocracia son las razones por las cuales un país como Venezuela, con reservas petroleras mayores que las del Medio Oriente, presenta una economía en quiebra.

   “Las arcas del Estado han sido saqueadas a escala industrial por la élite Bolivariana. Dado que no hay transparencia ni contabilidad pública de los presupuestos o gastos del Estado, es difícil calcular cuánto ha sido saqueado del país. Una investigación llevada a cabo por un Comité del Congreso calcula que la cifra llega a US$ 70 mil millones. Un exministro ha afirmado que la cifra se acerca más bien US$ 300 mil millones”.

  Advierte el informe que la penetración criminal en gran cantidad de instituciones, entre ellas los órganos encargados de la lucha contra el crimen organizado, impide que Venezuela pueda detener dicho flagelo, mucho menos combatirlo con eficacia[4].

  El caso de Alejandro Andrade, sería sólo un ejemplo, de lo referido por la fiscal Ariana Fajardo Orshan, en cuanto a las incautaciones que se han hecho en el sur de la Florida de bienes pertenecientes a funcionarios o exfuncionarios venezolanos, adquiridos con fondos provenientes de la corrupción.

 Andrade, quien fue tesorero nacional de Venezuela, fue sentenciado a 10 años de cárcel por su participación en un esquema de soborno y lavado de dinero de USD 1.000 millones a través del sistema cambiario. El gobierno estadounidense confiscó bienes por montos multimillonarios a Andrade[5].

  Un esquema semejante al de Andrade sirvió para que un grupo de funcionarios, empresarios ligados a PDVSA y familiares de Nicolás Maduro, saquearan más de USD 1.200 millones a la estatal petrolera venezolana[6]. Este caso conllevó a la confiscación de bienes de los implicados por parte de las autoridades de los EE. UU.[7]

   El administrador interino de la DEA, Uttam Dhillon, dijo que los resultados de las investigaciones pusieron en evidencia la “devastadora corrupción sistémica en los niveles más altos del régimen de Nicolás Maduro".

   Es una conclusión que coincide con múltiples estudios llevados a cabo por diversas instituciones, los cuales describen, como hemos visto, la existencia de un estado criminal.

 “Estos funcionarios traicionaron repetidamente y con conocimiento al pueblo de Venezuela, conspirando, para beneficio personal, con narcotraficantes y organizaciones terroristas extranjeras designadas como las FARC. Las acciones de hoy envían un mensaje claro a los funcionarios corruptos en todas partes de que nadie está por encima de la ley o más allá del alcance de la policía estadounidense. El Departamento de Justicia y la Administración de Control de Drogas continuarán protegiendo al pueblo estadounidense de los traficantes de drogas despiadados, sin importar quiénes sean o dónde vivan", sentenció Dhillon.

CITAS

[1] Department of Justice. Office of Public Affairs. “Nicolás Maduro Moros and 14 Current and Former Venezuelan Officials Charged with Narco-Terrorism, Corruption, Drug Trafficking and Other Criminal Charges”. 26 de marzo de 2020. https://www.justice.gov/opa/pr/nicol-s-maduro-moros-and-14-current-and-former-venezuelan-officials-charged-narco-terrorism



[2] U.S. Department of State. Global Public Affairs. “Nicolás Maduro: Corrupción y caos en Venezuela”. 6 de agosto de 2019. https://translations.state.gov/2019/08/06/nicolas-maduro-corrupcion-y-caos-en-venezuela-2/



[3] Infobae. “Venezuela se consolida como el país con más corrupción de América Latina”. 23 de septiembre de 2019. https://www.infobae.com/america/venezuela/2019/09/23/venezuela-se-consolida-como-el-pais-con-mas-corrupcion-de-america-latina/



[4] InSight Crime. “Venezuela: ¿Un Estado mafioso? Venezuela se ha convertido en un eje del crimen organizado en la región”. https://www.insightcrime.org/wp-content/uploads/2018/05/Venezuela-Estado-mafioso-InSight-Crime-Observatorio-de-crimen-organizado.pdf

[5] Venezuela Política. “Estas son algunas de las propiedades confiscadas por EE. UU. a Alejandro Andrade alias ‘el Tuerto’". 21 de noviembre de 2018. https://www.maibortpetit.info/2018/11/estas-son-algunas-de-las-propiedades.html

[6] El País. “Una red malversó 1.200 millones de dólares de la petrolera venezolana”. 27 de julio de 2018. https://elpais.com/internacional/2018/07/26/estados_unidos/1532564467_157889.html

[7] Venezuela Política. “Estas son las propiedades incautadas por E.E. U.U. a los venezolanos acusados de haber lavado USD 1.200 millones en Florida”. 19 de agosto de 2018. https://www.maibortpetit.info/2018/08/estas-son-las-propiedades-incautadas.html





lunes, 16 de diciembre de 2019

Dueño del avión involucrado en el contrabando de oro venezolano a EE. UU. se casará en Miami esta semana

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  El dueño del avión en el que se transportó ilegalmente unos 104 kilos de oro desde Venezuela a Estados Unidos, y que fueron incautados por las autoridades del estado de la Florida contraerá matrimonio esta semana en Miami. Eddwin Erwin Solórzano Custodio es presidente de una empresa registrada en la Florida dedica a la comercialización de oro, plata, diamante y joyas.
      Su nombre salió a la luz pública a raíz del caso que concluyó con el arresto y posterior deportación del piloto Víctor Fossi Grieco y de Jean Carlos Sánchez Rojas, durante una operación de las autoridades de Estados Unidos cuando encontraron oro de contrabando en el avión registrado en Venezuela con la siglas YV-3325.
  Eddwin Erwin Solórzano Custodio, cédula de identidad 13.452.879, nacido en el estado Bolívar, se casará con Maritza Alcibar este martes 17 de diciembre de 2019, en una iglesia católica Saint John XXIII de la ciudad de Miramar y luego habrá una recepción en el Club Nocturno La otra Miami.
   El 20 de septiembre de 2019, la tripulación de la aeronave  Cessna Citation II, matricula YV-3325 fue detenida en el Miami-Opa Locka Executive Airport, por alguaciles federales cuando al realizar una inspección detectaron que en la punta del avión, conocida también como nariz, había unos tornillos sueltos. Cuando lo revisaron encontraron los 104 kilos de oro(1).
La fotografía del avión Cessna Citation II, matricula YV-3325 propiedad de Eddwin Erwin Solórzano 
fue tomada en el aeropuerto de Opalocka en Fort Lauderdale unas semanas antes del viaje en el que se
decomisó el carganente de 105 kilos de oro que se contrabandearon desde Venezuela. Aparece Amilcar Aquino y el
piloto venezolano Víctor Fossi Grieco quien fue deportado de EE.UU. luego de declararse culpable del delito ante los fiscales.




 Cuando se dió a conocer la noticia del decomiso del oro, que está valorado en unos US 5 millones de dólares, y las detenciones del piloto Víctor Fossi Grieco y  otro venezolano y pasajero, Jean Carlos Sánchez Rojas se dijo que la propietaria era Mónica Briceño, pero pocos días después, el mismo Eddwin Solórzano aclaró que él era dueño único del avión y que Briceño era la antigua poseedora de la nave.

  Eddwin Solórzano es presidente de la empresa Caroní Company CA Inc., registrada en el estado de la Florida bajo el número P18000047448 el 23 de mayo de 2018. Aparece asociado en esa corporación con José Freites y Verónica Arana. La dirección fiscal es 10544 NW 26TH ST E-204, Doral, FL 33172 y el agente registrador es Fast Filing Services LLC (3).

  La razón social de la empresa de Solórzano Custodio es la importación mayorista, exportación y comercialización de oro, plata, latón, diamante, joyería y otros negocios legales.

  En una declaración publicada por el  portal LosTubazos.Com, el 15 de octubre de 2019,  Eddwin Solórzano se declaró inocente del caso de los 104 kg de oro incautados en su avión (4)

  En una  entrevista telefónica a ese medio, el hombre aseguró que se encuentra actualmente en los Estados Unidos, supuestamente desarrollando unos proyectos en la industria de la música y el espectáculo, en los que está enfocado desde marzo de 2018.

  Aseveró que desconocía la carga que traía su avión y que lamentaba que el piloto Víctor  Fossi, estuviese (pasa ese momento) privado de libertad, en espera de juicio por motivo de ser el presunto responsable de dicho acontecimiento.

  Solórzano dijo que que el procedimiento fue realizado por las autoridades de aduana de Estados Unidos y no por el FBI y aclaró que él es el único propietario de la nave.

  Solórzano sostuvo que no tenía nada que ver con el caso del oro que fue transportado en su avión.
“Es importante para mí como venezolano y emprendedor limpiar mi nombre de los múltiples comentarios a través de las redes sociales y las diferentes noticias en las que fue utilizado de forma negativa y ser víctima de acusaciones sin prueba alguna”, puntualizó Solórzano.

El caso de los 104 Kilogramos de oro de contrabando

   El 20 de septiembre de 2019, Víctor Fossi Grieco y Jean Carlos Sánchez Rojas fueron arrestados y acusados ​​de introducir de contrabando en Estados Unidos cerca de 5 millones de dólares en lingotes de oro en un avión privado al sur de Florida. Ambos llegaron a sendos acuerdos de declaración de culpabilidad con los fiscales federales norteamericanos y obtuvieron penas de prisión leves junto con la deportación inmediata a Venezuela.
   El piloto, Víctor Fossi Grieco se declaró culpable de conspirar para transportar 2.700 onzas de oro, escondidas en el morro del avión, hasta el Aeropuerto Ejecutivo de Fort Lauderdale. Fue sentenciado al tiempo que ha cumplido en prisión mientras estuvo detenido desde su arresto en septiembre 2019 y fue deportado a Venezuela en la tercera semana de noviembre de 2019. 

  Por su parte, Jean Carlos Sánchez Rojas también se declaró culpable del mismo cargo, recibió un castigo similar y fue deportado a Venezuela por órdenes de la jueza de distrito estadounidense, Cecilia Altonaga.

  El gobierno de los Estados Unidos anunció que los lingotes de oro permanecerán decomisados y pasarán a ser parte de los bienes de ese país. La mercancía tiene un valor de USD 5 millones. 

  El fiscal federal adjunto que actúo en este caso, Michael Berger declaró al periódico Miami Herald que el piloto "fue contratado para transportar el oro ilegalmente fuera de Venezuela sin declararlo en los Estados Unidos, pero dijeron que no había nada malo en la conspiración con su compañero" (5).


  Al momento de su detención, Sánchez Rojas dijo a los agentes federales que “obtuvo el oro de múltiples fuentes en Venezuela y que planeaba venderlo en los Estados Unidos", según la declaración jurada.

  También declaró que estaba trabajando para una "organización [que] previamente había realizado con anterioridad labores de contrabando de  oro en los Estados Unidos y que esperaba recibir una compensación económica".

    El abogado defensor Michael Rosen dijo al Nuevo Herald que el piloto Víctor Fossi fue contratado para sacar el oro ilegalmente de Venezuela y no declararlo en Estados Unidos.

   Rosen aseguró a la jueza del caso que “este oro no tiene nada que ver con ningún funcionario venezolano”, agregando que el cargamento fue una “transacción privada”.

Supuestas vinculaciones del propietario del avión con Maikel Moreno

  Fuente ligadas a los indiciados informaron que existe una vinculación entre el dueño del avión donde incautaron el oro, Eddwin Erwin Solórzano Custodio, su socio de bufete, Amilcar Aquino y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia controlado por el gobierno de Nicolás Maduro, Maikel Moreno.

  La fuente —consultada en calidad de anonimato— informó que Solórzano Custodio y Amilcar Aquino tienen una firma de abogados ubicada en el Hotel Eurobuilding en Caracas llamada Consultores AGA donde se tramitan casos vinculados al presidente del TSJ, Maikel Moreno.

 La fuente mostró una serie de fotografías que confirman que el bufete de Solórzano Custodio y Amilcar Aquino  fue allanado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y de las Fuerzas Acciones Especiales participan en la acción policial el 2 de mayo de 2019 (6), por supuestas vinculaciones con los sucesos  acaecidos en  Caracas el 30 de abril de 2019, fecha en la cual el jefe de la Asamblea Nacional y reconocido como presidente interino por más de 50 países, Juan Guaidó y el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López llamaron a una rebelión militar frente a la Base Aérea Libertador de Caracas, acción que resultó en un absoluto fracaso(7).

   En la madrugada del 30 de abril de 2019, fue publicado un video en las redes sociales donde Guaidó, junto a Leopoldo López, quien cumplía en arresto domiciliario una condena de casi 14 años, llamando a la rebelión. Estaban rodeados de efectivos de las fuerzas de seguridad. Ambos dirigentes dijeron que la acción era  la "fase final" en su plan de derrocar al presidente Nicolás Maduro. Posterior a la jornada, el entonces asesor de seguridad nacional  de Estados Unidos, John Bolton detalló que el presidente interino de Venezuela tuvo conversaciones con el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, y el director del la Dirección de Contrainteligencia, Iván Hernández Dala. "No cumplieron pero aún tienen una chance", afirmó. (8)

  Una filtración, supuestamente salida del mismo centro de inteligencia de Venezuela, publicada por el portal Elnavío, reforzó la tesis. (9)
         A raíz de las revelaciones del alto funcionario de la administración de Donald Trump, John Bolton, que fueron reiteradas por el representante designado por el gobierno estadounidense para Venezuela, Elliot Abrams (10), las fuerzas de seguridad del régimen de Maduro allanaron las oficinas de Amilcar Aquino y Eddwin Solórzano en Caracas.
   La fuente consultada para esta nota dijo que Amilcar Aquino y  Eddwin Solórzano tienen amplio poder y ejercen control del sistema judicial del oriente venezolano y que trabajan en conjunto con Maikel Moreno y llevan allí casos vinculados al actual presidente del TSJ controlado por Nicolás Maduro.

    Comentó que Amilcar Aquino y  Eddwin Solórzano utilizaban frecuentemente el avión involucrado en caso del contrabando de oro para transportar víveres y comida desde Miami al estado Bolívar, Venezuela.

CITAS

(1)https://www.univision.com/local/miami-wltv/intentan-introducir-5-millones-en-oro-a-eeuu-ocultos-en-un-avion-procedente-de-venezuela

(2) https://www.lapatilla.com/2019/05/02/reportan-allanamientos-en-las-oficinas-del-eurobuilding-en-caracas/

(3)http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=OfficerRegisteredAgentName&directionType=Initial&searchNameOrder=SOLORZANOEDDWINE%20P180000474484&aggregateId=domp-p18000047448-ce07e256-4792-436d-b407-bf26ba433614&searchTerm=Solorzano%20Eddwin&listNameOrder=SOLORZANOEDDWINE%20P180000474484

(4)https://lostubazos.com/eddwin-solorzano-se-declara-inocente-por-los-104-kg-de-oro-incautados-en-su-avion/

(5) https://www.elnuevoherald.com/noticias/sur-de-la-florida/article235428627.html

(6)https://www.lapatilla.com/2019/05/02/reportan-allanamientos-en-las-oficinas-del-eurobuilding-en-caracas/

(7) https://armando.info/Reportajes/Details/2556

(8) https://www.infobae.com/america/venezuela/2019/04/30/john-bolton-vladimir-padrino-maikel-moreno-y-hernandez-dala-creen-que-maduro-debe-dejar-el-poder/

(9)https://alnavio.com/noticia/18563/actualidad/la-ambicion-desmedida-del-presidente-del-tribunal-supremo-aborto-el-plan-de-guaido-para-sacar-a-maduro.html