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domingo, 27 de diciembre de 2020

Documentos comprueban que Rosneft continuó operando con PDVSA aun cuando había oficializado su retiro por las sanciones

    El régimen de Nicolás Maduro ideó todo tipo de estratagemas para evadir las sanciones impuestas a la petrolera por Estados Unidos.

Por Maibort Petit

   De acuerdo a un informe de análisis del mercado de petróleo y gas en Venezuela correspondiente al mes de febrero de 2020, quedó establecida la estrategia mediante la cual Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) burlaba las sanciones impuestas a la industria por Estados Unidos, al revelar que cuando Rosneft Trading se vio afectada, todos los cargamentos que estaban a ella, se dirigieron entonces a TNK Trading, cuyo paquete accionario es su mayoría propiedad de la petrolera rusa.
    Para la cita fecha del informe, una nota de la agencia Reuters refirió la acusación que EE. UU. formuló contra Rosneft Trading SA de apoyar al sector petrolero venezolano y de evadir las sanciones mediante la aplicación de “trucos” [1].

   Lo sostenido en el reporte confirma asimismo la versión que señala que aun cuando Rosneft anunció el cese de sus operaciones con Venezuela en razón de las sanciones[2], las negociaciones continuaron a través de terceros y de empresas fantasmas.

  El informe en nuestro poder igualmente hace referencia a los altibajos que experimentado la industria petrolera venezolana, así como el nexo que parece indestructible con el régimen cubano al que no deja proveer pese a cualquiera que sean las circunstancia que atraviese. En este sentido refiere que, de noviembre a diciembre de 2019, las exportaciones petroleras aumentaron casi un 14 por ciento, cerrando el trimestre con un aumento total de casi el 45 por ciento en comparación con el tercer trimestre de 2019. Sin embargo, se da cuenta que las exportaciones a India se ubicaron en su nivel más bajo en el tercer trimestre, pero se duplicaron al finalizar el citado año 2019. Precisa que las exportaciones a Cuba también se incrementaron en alrededor de trescientos mil barriles en el cuatro trimestre de 2019, en comparación con el tercero.

Los destinos desconocidos

   Estos informes comienzan a hacer referencia a la diversificación del mercado de PDVSA desde diciembre de 2019, sólo que un hecho se hace altamente significativo: los destinos de las exportaciones son desconocidos o no verificados.

  Tales exportaciones sumaron en diciembre de 2019, los cinco millones y medio de barriles aproximadamente.
  
  Para enero de 2020, el informe indica que las exportaciones disminuyeron 13 por ciento respecto a diciembre de 2019, sin embargo, la carga de destino desconocido o no verificado se incrementó casi tres veces.

 El puerto de Singapur aparece como el destino de muchos cargamentos asignados para enero, pero de acuerdo a las fuentes de quienes redactan el informe, en dicha terminal marítima algunos de los barcos solo se detuvieron allí para mezclarse y continuar con carga mezclada hacia otros destinos, mientras que otros de los que suponía atracarían allí, ni siquiera llegaron al puerto.

Nuevos compradores

  Pero no solamente nuevos destinos comienzan a encontrarse en los registros de PDVSA, sino también nuevos compradores cuyas operaciones son altamente significativas, pues si bien la información oficial extra, refiere que en 2019, las empresas Sahara Energy e Iveex Group, tomaron 4 y 3 cargas respectivamente, por ellas no se produjo ningún pago, sin que esto se tradujera en alguna queja ni reclamo por parte del régimen venezolano.

Libre Abordo

  En 2020 también ha hecho acto de aparición la empresa Libre Abordo, la cual ha ordenado varios cargamentos mensuales, los cuales, en su mayoría, han salido del Complejo Puerto La Cruz Jose (Special Hamaca Blend, Merey y DCO).
   Sobre esta empresa, el reporte refiere que comenzó sus operaciones con PDVSA desde noviembre de 2019.

   Agrega que, según Tanker Tracker, las cargas comenzaron en enero, habiendo muy poca información sobre esta compañía.
   Subraya que fuentes consultadas para la elaboración del informe, dijeron que Libre Abordo tiene su sede en México y sus propietarios principales son venezolanos. Destaca que aun cuando la empresa ha suministrado tres direcciones fiscales diferentes, cuando los periodistas ubicarlas en los lugares reportados no había evidencia sólida de presencia de la compañía.

  Del mismo modo, el informe refiere que Libre Abordo es una empresa que al parecer está relacionada con el programa de alimentación del régimen venezolano, CLAP, dado que en su sitio web muestra los productos alimenticios que exportan, además de los botiquines médicos. Las investigaciones hacen presumir que el régimen de Nicolás Maduro se vale del canje, consistiendo el mismo en el pago con crudo a Libre Abordo por la compra de las cajas de alimentos destinadas al programa de alimentación, aunque esto es solamente una presunción como ya se dijo, por cuanto no se ha encontrado documentación que lo confirme.

   Lo que sí está evidenciado, es que Libre Abordo no es un comprador, pues no hay hechos ni evidencia que demuestren que se estén cumpliendo los destinos indicados en los conocimientos de embarque.

 La Agencia Portuaria que atiende los cargamentos de Libre Abordo se denomina Semaferca, una firma nueva que, según testimonios de empleados de PDVSA, no está registrada en el Sistema de Proveedores de Petróleos de Venezuela.
   La incorporación de la empresa ha habría debido al impulso que le dio Oswaldo Vargas y el Vicepresidente de Finanzas de PDVSA, Fernando del Quintal, de acuerdo a los revelan las fuentes consultadas para el informe. Tampoco hay evidencia que indique que Semaferca está en el Registro Nacional de Contratistas ni en el Sistema SAP de PDVSA, pues ni siquiera recibe facturas de tarifas de termina.

   En tal sentido, los buques fletados por Libre Abordo supuestamente no cumplen con las regulaciones nacionales e internacionales.

   Se indica que Semaferca se encarga de emitir conocimientos de embarque (Bill of Lading, BL) oficiales y firmarlos, en lugar de la propia PDVSA.

Nuevas empresas

  Además de las ya citadas, el informe refiere la creación de nuevas empresas para destinarlas a establecer operaciones de carga con PDVSA.

  Es el caso de la mencionada Agencia Semaferca, pero también de la Compañía de Inspección Vinsepet y Compañía de Operaciones de Lightering y Logística Caribbean Oil. En tales acciones estarían vinculados varios ejecutivos de PDVSA y PDV Marina.

  Se reitera que Oswaldo Vargas, presidente de PDV Marina quien, además, ocupa también el cargo de Gerente General de Fletamento y Logística en PDVSA, es presuntamente el propietario de una serie de empresas, como Amaserca, que operan en el puerto y en el Área STS. Asimismo, la empresa comercial Elemento y su CEO, la exempleada de PDVSA, Doly Mendoza, estarían igualmente vinculadas a ejecutivos de la petrolera estatal venezolana.

  Amaserca es una empresa que brinda servicios de inspección de drogas en Amuay Bay/Punta Cardón. Vargas presionó, supuestamente, para que se produjera la contratación de Semaferca, pese a no estar registrada en el sistema de PDVSA.
  Sostiene el informe que tales hechos demostrarían que todas las operaciones de exportación tienen como objetivo ser manejadas por el propio régimen de Nicolás Maduro, “violando controles internos y sin límite absoluto de autoridad. Según este sistema, controlarán el comprador, el programa y el envío”.

  Fuentes relacionadas con las operaciones de carga en Venezuela consultadas para la redacción del informe, habrían asegurado que Oswaldo Vargas es presuntamente responsable de varias prácticas clandestinas, para lo cual contaba con el apoyo del ministro de energía y presidente de PDVSA para la época, Manuel Quevedo.

   El objetivo del régimen, según el informe, es tomar a través de todas estas maniobras, el control absoluto de las operaciones marítimas en Venezuela, dándole así vía libre para llevar a cabo negociaciones comerciales a su voluntad en otros países de la región, sin pasar por las sanciones y sin supervisión alguna.

Los buques

  Finalmente, el informe hace mención a las embarcaciones utilizadas para estas operaciones.

  Refiere que los petroleros MT Arita y MT Parnaso, los cuales fueron incautados en el exterior, lograron regresar a Venezuela gracias a la gestión que habrían realizado empresas europeas desconocidas que financiaron el levantamiento de la incautación y los fletaron a PDVSA/PDV Marina, con lo que aumentaron su propia flota. El objetivo de esta acción sería, presuntamente, la reactivación por parte del régimen de PetroCaribe.

  Asimismo, se asegura que los buques Terepaima y Petion mantenían, para la fecha de redacción del informe, la ruta Venezuela-Cuba a pesar de las sanciones.

  Entretanto, los buques Margarita y Serengueti estaban asignados a operaciones de aligeramiento en Aruba, Curazao y otras islas del Caribe, con el objetivo de para llevar y traer productos a Venezuela. Dichos productos habrían sido obtenidos mediante canjes con Repsol, Reliance y Rosneft, a pesar de las sanciones.

  Por último, el informe hace mención al buque MT Gerd Knutsen, el cual el 12 de febrero de 2020 fue avistado en Guiria.Esta embarcación desde el 23 de enero se estaba moviendo hacia la Bahía Pozuelos. El buque estaba siendo remolcado por los remolcadores de PDV Marina. A pesar de esto, el barco figuraba desde el 11 de febrero en el cronograma de Alta, cuando el único DCO asignado para carga era MT Sea loyalty para Repsol.

   Para esa fecha, agrega el reporte, se había asignado a Libre Abordo el MT VL Nichioh para cargar 1M bbls de SHB y 1M bbls de Merey 16.

   El 13 de febrero, se canceló VL Nichioh Parcel of Merey 16 y se asignó una nueva ventana de carga para el crudo DCO a la misma empresa, después de las fechas de MT Gerd Knutsen. Los redactores del informe pudieron conocer que el Gerd Cargo fue asignado a Libre Abordo.

REFERENCIAS
[1] Reuters. “EEUU pone en lista negra a unidad de Rosneft para restringir fondos al gobierno venezolano”. 18 de febrero de 2020. https://lta.reuters.com/article/idLTAKBN20C23Q-OUSLT

[2] Reuters. “Rosneft vende activos a Rusia en Venezuela bajo sanciones de EEUU”. 28 de Marzo de 2020. https://lta.reuters.com/article/idLTAKBN21F0VI


sábado, 26 de diciembre de 2020

Conozca cómo opera el crimen organizado en las regiones de Venezuela (III)

   En esta entrega hacemos referencia a los estados Bolívar, Apure, Falcón y Nueva Esparta.

Por Maibort Petit

   El crimen organizado y la corrupción han pasado a ser parte integrante de la realidad venezolana en la cual actúan, según todo lo deja ver, con la anuencia y complicidad de funcionarios del estado. Hemos dado a conocer en las últimas entregas cómo operan las organizaciones criminales en algunos estados del país, específicamente se hace mención a Aragua, Delta Amacuro, Falcón, Nueva Esparta y Sucre, al igual que se hace referencia a Apure, Barinas, Bolívar, Táchira y Zulia.

   Estos datos son parte del informe “Crimen organizado y corrupción en Venezuela: Un problema de Estado”, elaborado por Transparencia Venezuela donde se hace un recuento acerca de las organizaciones criminales, los tipos delitos, situación regional en varios estados, el papel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), además de presentar una serie de iniciativas para combatir el problema y darle solución.

En Bolívar

  Sus límites con la República Cooperativa de Guyana y con Brasil, especialmente con este último, constituyen un vasto territorio para que en el estado Bolívar tengan lugar delitos graves y grandes oportunidades de “negocios” que han convertido a esta zona oriental como una de las más cruentas de Venezuela.

  Allí los delitos más frecuentes son aquellos relacionados con el negocio del oro, el tráfico de armas, de gasolina y narcotráfico, en ese orden.

  Transparencia Venezuela realizó entrevistas para la redacción del informe en las que se concluyó que en que el tráfico ilícito de todas esas mercancías y material estratégico, la participación de las autoridades y de integrantes de las fuerzas de seguridad y defensa, es fundamental, agregando tal circunstancia a estos delitos el abuso de autoridad, corrupción propia, tráfico de influencias, extorsión y lavado de dinero.

   El territorio es disputado por los mal llamados “sindicatos del oro”, “pranes” que controlan sectores con grupos de minas y mineros, además del comercio de suministros necesarios para la extracción. También manejan distribución de drogas, comida, medicinas, transporte y la prostitución.

“La vida del minero y el mercado del oro, involucra a autoridades y actores regionales, locales, nacionales e internacionales. Las toneladas y montos manejados en el contrabando de oro lo convierten en el negocio ilícito más importante después de la gasolina. Los cálculos realizados por los especialistas permiten precisar que la fuga del oro solo en 2018 superó los USD 2.700 millones”.

  La explotación del Arco Minero del Orinoco (AMO) se convirtió desde 2016 en un incentivo perverso de la actividad delictiva en la región.

“En este territorio, que se superpone a cinco parques nacionales, conviven mafias, mineros ilegales, guerrilleros colombianos, traficantes de drogas junto con indígenas que se han sumado a las labores mineras, explotando incluso territorios protegidos, como Canaima. También participan militares y exintegrantes de las FARC”, reza el informe.

  El territorio de las minas se lo disputan el ELN, protegido por las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB), y las bandas irregulares armadas, a la cuales se les conoce como “sindicatos del oro” o “pranatos”, los cuales, de acuerdo a testimonio recogidos para la redacción del informe, están vinculados a un exgobernador del estado Bolívar y al Cartel de los Soles. De este modo se han configurando alrededor de 25 grupos delictivos cuyos nombres aún permanecen ocultos en su mayoría.

  El delito y el vínculo con el gobierno opera dentro de cada una de las instituciones locales y regionales, sostiene el informe y, al respecto, un miembro de la sociedad civil de la zona para el estudio, manifestó que “Cuando un ex comandante del REDI, como Jesús Mantilla Oliveros, oculta la presencia del ELN, ya de una manera los ampara, o cuando los guardias nacionales ignoran la presencia del ELN luego de la alcabala de Casablanca, constatada por diputados de la Asamblea Nacional que iban rumbo a Anacoco, eso es criminal”.

  Se precisa que en el estado Bolívar, los grupos que controlan el hierro son distintos a los del coltán o el diamante. Como jefes de banda se habla “el Negro Fabio”, “El Coporo”, “Capitán o Gordo Bayón”, apodos tras los cuales permanecen en secreto sus verdaderos nombres.

  Entretanto, “El Jairo” es el líder del grupo del ELN en la entidad quien tiene presencia en la zona desde hace dos años y medio, a la salida del exgobernador, general Francisco Rangel Gómez y la llegada del nuevo mandatario, general Justo Noguera Pietri, quien habría dado carta blanca al ELN para erradicar el sistema de bandas mineras creadas por su antecesor. Este hombre habría reclutado francotiradores entre efectivos y exfuncionarios de las fuerzas armadas venezolanas, para controlar las minas y a la población de la zona de Tumeremo y El Callao, donde estableció un toque de queda en esas localidades. Estos francotiradores tienen un sueldo de USD 400. También reclutan a jóvenes para que sean guerrilleros y les pagan USD 300.

  Otro líder es “El Toto”, quien gobierna en El Callao, una de las zonas más ricas en yacimientos auríferos. Sería el autor de unos comunicados que sostienen que el gobernador Justo Noguera Pietri, abrió las puertas a los guerrilleros colombianos y también señala que el alcalde de la zona, Alberto Hurtado, recibió oro de su parte para la campaña electoral.

  Se estima que solamente entre 10 y 30 por ciento del total del oro extraído, es procesado por la empresa Minerven y entregado al Banco Central de Venezuela (BCV). El resto sale de Venezuela por los diversos caminos en camiones, aviones, helicópteros y hasta con “mulas” humanas.

“El negocio del oro en el estado Bolívar se realiza en forma artesanal, lo que está causando destrucción ambiental en los 112.000 km del llamado Arco Minero del Orinoco (AMO), porque no se cuenta con ningún programa de protección del medio ambiente”, acota el informe.

  La quiebra de las empresas básicas y la crisis económica, llevó a los trabajadores a sumarse a la minería ilegal que se lleva a cabo con mercurio, también conocido como azogue, un material que los expone al envenenamiento.

  Igualmente, las actividades delictivas han impactado negativamente en las poblaciones indígenas, especialmente sobre el pueblo Pemón, que ha visto en peligro la ocupación de sus territorios.

En Apure

  En esta entidad llanera opera comúnmente el ELN, FARC y ex-integrantes de este grupo guerrillero. En el alto Apure está el Ejército Popular de Liberación (EPL), el FBL o “Los Boliches”, la delincuencia común y los colectivos violentos.

  Se cree que estos grupos están vinculados a representantes de los gobiernos municipal, regional y nacional.

  En Apure también operan bandas de cuatreros y de exfuncionarios, así como paramilitares.

  El informe cita a un dirigente político. Que sostiene que “En la zona de Guasdualito operan tres grupos: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que tiene mayor fuerza, es decir, mayor presencia de campamentos. Están las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cuyos miembros después del acuerdo de paz, no han querido dejar las armas y se han unido al ELN, aunque también hay campamentos propios de los disidentes de las FARC. La tercera fuerza insurgente es una guerrilla venezolana que se hace llamar Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL), la cual también tiene una división en el grupo Fuerzas Patrióticas Bolivarianas de Liberación, identificado con las siglas FPBL, con presencia en Guasdualito, del municipio Muñoz –ubicado en el medio Apure- y en los estados Barinas y Táchira. En medio Apure operan las FARC, sin presencia destacable de campamentos del ELN. En el bajo Apure operan las FARC y el ELN”.

    Con relación al narcotráfico, el informe de Transparencia Venezuela asegura que todos los grupos irregulares están comprometidos con este delito. El mismo dirigente político antes citado refirió que “En Pedro Camejo, específicamente en la zona de Santa Bárbara de Cunaviche, estaba un puesto comando de la Guardia Nacional que ahora está abandonado, no sabemos por qué razón. A menos de 10 kilómetros de ese puesto de comando abandonado hay aproximadamente 6 pistas clandestinas hechas de concreto, allí hay unas poblaciones indígenas que son las mulas de carga de los alijos de cocaína”.

  Señala el informe con expresión de la cleptocracia la fusión de instancias y actores gubernamentales con grupos irregulares del crimen organizado, que se materializa en la creación de las FBPL, impulsada desde el Gobierno. El dirigente político entrevistado señaló que esta guerrilla fue armada con fusiles del Ejército venezolano entregados por Elías Jaua Milano, vicepresidente de la República para la época, quien ya anteriormente, desde el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) y el Ministerio de Comunas, les entregaba armas. Con las FBPL también habrían colaborado diputados nacionales; Érika Farías, alcaldesa de Caracas; Aristóbulo Istúriz, ministro de Educación; del gobernador de Apure, Ramón Carrizalez; del alcalde del municipio Páez, José María Romero; de los ex-constituyentes José Domingo Santana, José Lisandro Solórzano y Orlando Zambrano.

  Concluye el informe con respecto a esta entidad, que allí las instituciones públicas percibidas como las más corruptas son las alcaldías, las gobernaciones, los cuerpos policiales y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

En Falcón

   El informe de Transparencia Venezuela se hace eco de la sentencia de los pobladores del estado Falcón que afirman que en esa entidad “existe una cultura de contrabando por su posición geográfica”.

   Los delitos más frecuentes son el tráfico de drogas, contrabando de combustible y otros derivados del petróleo, el lavado de dinero y la corrupción. También el contrabando de materiales estratégicos cables de cobre y tuberías de acero. Desde el estado Bolívar supuestamente llega el oro vía terrestre y sale por vía aérea por pistas clandestinas ubicadas en la Sierra de Coro. El informe hace referencia a varios casos de tráfico de drogas.

   Para la redacción del estudio, Transparencia Venezuela entrevistó a un grupo de ex-comisarios experimentados en materia de crimen organizado, quienes destacaron cuáles son las actividades delictivas que se desarrollan en el estado Falcón, indicando el tráfico ilícito de armas desde las islas de Aruba, Curazao y Bonaire; el sicariato; el contrabando de los bloques de Jirahara, además de granito y arena; la producción de éxtasis, específicamente en Punto Fijo; el tráfico de drogas, que sale por “la puerta grande” y sitios oficiales: Puerto Guaranao, Puerto Real de la Vela de Coro, Tucacas, Chichiriviche y Sabana Alta.

   Las bandas criminales que allí operan son el grupo de Emilio Martínez apodado “El Chiche Smith” (narcotráfico); la mafia de “Los Camacaro”; la banda de Simón Álvarez (ya fallecido); “Los Cruz” dirigidos por José Ángel Cruz, quien tiene notificación roja de Interpol por el delito de homicidio; también existe una mafia que controla la comercialización del agua ante la escasez de este recurso; la banda de los combustibles, dirigida por “Caramelito”.

  Un militar retirado consultado para la redacción del informe, citó el caso de “El Chiche Smith”, quien sería supuestamente una suerte de Pablo Escobar en la población de Carirubana, “pues reparte comida, regala teléfonos móviles y hasta dólares, todo producto de los recursos provenientes del narcotráfico” . Su aliado sería el alcalde de Carirubana: Alcides Goitía.

  Señala el informe que al alto mando de la policía regional de Falcón fue totalmente desmantelado en la gestión del Jesús Mantilla, decisión que contribuyó al crecimiento y fortalecimiento de los grupos criminales.

  La producción caprina (chivos) ha ido desapareciendo por la presencia del narcotráfico y el robo de ganado y de las cabras, es constante. Además, los productores han abandonado sus fincas y las nuevas unidades productivas tienen pistas clandestinas.

En Nueva Esparta

  Conformado por las islas Margarita, Coche y Cubagua, se han identificado en él, más de 60 bandas criminales operando en su territorio.

 Advierte el informe, en primer lugar, que, aunque para los organismos de investigación policial e inteligencia controlar a esas organizaciones delictivas en un estado isla sería una tarea fácil, la falta de voluntad política lo impide.

  Recuerda que la policía estatal de la entidad está intervenida por el gobierno nacional de Nicolás Maduro debido a una retaliación política y sin que tal acción se haya traducido en el mejoramiento del problema de la inseguridad.

  Tajantemente denuncia el informe que en Nueva Esparta el control territorial del estado. Está en manos de la organización terrorista Hezbollah, grupo nacido el Líbano en 1982 luego de la ocupación israelí. Esta agrupación cuenta con un brazo político y otro armado y tiene el respaldo de Irán y del gobierno sirio de Bashar Al Assad, aliados del chavismo-madurismo.

  La presencia de Hezbollah en Venezuela está documentada, presumiéndose que se dedica al lavado de dinero, transporte de drogas y el control de actividades de contrabando en todo el continente. También tiene presencia en Bolivia y Nicaragua, “pero sus integrantes al parecer han encontrado seguridad en Venezuela”.  Se estima que Venezuela es el mayor centro de operaciones de hezbollah en el continente.

  Ghazi Atef Salameh Nassereddine Abu Ali, cabecilla de Hezbollah, fue nacionalizado venezolano en el 2002 y junto a sus dos hermanos habría coordinado la célula de esa organización en Venezuela.

  Asevera al reporte que las bandas han conformado un pseudogobierno del crimen que se alimenta del miedo de la gente, siendo los delitos cometidos el tráfico de drogas desde y hacia las islas, robos, sicariatos, cobro de vacunas, tráfico de influencias, extorsión, legitimación de capitales y trata de personas. Denuncias sostienen que cuentan con el apoyo del gobierno regional y algunas autoridades nacionales.

  Las actividades de estos grupos han afectado el turismo, actividad fundamental de Nueva Esparta. Igualmente, la pesca.

  En lo político, el abuso de poder es un atributo que fractura la institucionalidad y favorece las acciones delictivas.


viernes, 18 de diciembre de 2020

Crimen organizado y corrupción: 9 bloques delictivos controlan Venezuela (III)

   El crimen organizado se ha instalado en Venezuela y hace vida común con el régimen chavista que ostenta el poder desde hace 20 años.

Por Maibort Petit

   Esta tercera entrega sobre las organizaciones de la delincuencia organizada que operan en Venezuela y que, de acuerdo a un estudio se constituyen en 9 bloques que actúan en perfecta convivencia con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), las policías nacionales, regionales y municipales, así como otros organismos del estado.

   Así lo señala el informe “Crimen organizado y corrupción en Venezuela: Un problema de Estado” elaborado por Transparencia Venezuela, el cual hace un recuento acerca de las organizaciones criminales, los tipos delitos, situación regional en varios estados, el papel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), además de presentar una serie de iniciativas para combatir el problema y darle solución.

Séptimo bloque: Traficantes de drogas

  Durante los 20 años en los que el chavismo ha gobernado en Venezuela, el país se ha convertido en uno de los puentes —aéreo y marítimo— del narcotráfico más importantes del planeta.

  Mientras Colombia produce el 70 por ciento de la cocaína que se consume en el mundo, Venezuela por su ubicación estratégica, es ruta de traslado de drogas hacia los grandes mercados de consumidores, a saber, Norteamérica y Europa.

  Refiere el informe que la ruta más importante para traficar cocaína por vía aérea desde Venezuela es la que utiliza las pistas clandestinas de los estados Apure, Zulia y Falcón desde donde parten avionetas con rumbo a Centroamérica, especialmente a Honduras. Estos cargamentos pasan hacia México y desde allí a Estados Unidos.

  Agrega el reporte que la ONU ha certificado que muchos vuelos no documentados salieron de Venezuela y “todas las remesas aéreas clandestinas de cocaína detectadas en el África Occidental parecen haberse originado en la República Bolivariana de Venezuela”. Igualmente, el organismo internacional señala que “la cocaína traficada a través de la República Bolivariana de Venezuela, rumbo a los Estados Unidos, suele salir por aire desde puntos cercanos a la frontera con Colombia con destinos en la República Dominicana, Honduras y otros países del Caribe y América Central, así como en México”.

  Incluso el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar ha sido usado para transportar droga, lo que evidencia la participación del sector militar en el negocio, puesto que ellos custodian la terminal aérea.

  Entretanto, por vía marítima, los cargamentos de droga se trafican, principalmente con rumbo a Europa. La ONU comprobó que las grandes remesas transportadas por mar se llevan a cabo cada vez en mayor medida, a través de Venezuela. Se informa que la cocaína incautada desde 2004, “se comprobó que el 41% provenía de la República Bolivariana de Venezuela”.

  El informe de Transparencia Venezuela hace mención al caso del conocido narcotraficante venezolano, Walid Makled, “quien tenía una concesión en el mayor complejo portuario de Venezuela, ubicado en la localidad de Puerto Cabello, ubicado en el estado Carabobo. El permiso fue obtenido, según su propio testimonio, por medio de sobornos, lo que le brindaba grandes facilidades para enviar cargamentos de droga a través de barcos. Su familia también llegó a ser dueña de la compañía aérea Aeropostal, una de las más importantes del país”.

  Las amplias costas venezolanas son punto de partida a diario de pequeñas embarcaciones cargadas de droga hacia islas del Caribe.

 En 2005 el gobierno de Hugo Chávez rompió los acuerdos de cooperación que existían con la DEA y con la policía británica, los cuales habían permitido duros golpes contra los traficantes de drogas en Venezuela. Ese mismo año, fue destituida Mildred Camero del órgano rector de la lucha contra el narcotráfico, quien calificó al gobierno de ser un “narcorégimen”.

  Se advierte que no sería ilógico pensar que el gran negocio del narcotráfico en Venezuela haya avanzado sin la participación de funcionarios corruptos e inescrupulosos.

   En este sentido, se hace referencia a la presunta existencia del “Cártel de los Soles”, conformado por oficiales de la Fuerza Armada Nacional que mantienen el control de puestos fronterizos, puertos, aeropuertos y otras instituciones del Estado.

Octavo bloque: FARC y ELN

  Transparencia Venezuela sostiene en su informe que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), mantienen actividad delictiva y controlan territorio en Venezuela.

  En la incursión de estas dos guerrillas colombiana en Venezuela, el informe cita como factores primordiales, primero, la afinidad ideológica del régimen con estas agrupaciones delictivas y, segundo, el combate que se le da en Colombia a estos grupos, lo que las ha obligado a replegarse al territorio venezolano como aliviadero, refugio y lugar de operaciones.

  Se afirma que Venezuela se convirtió en los últimos años en un bastión fundamental de los disidentes de las FARC que no se acogieron al proceso de pacificación y que en tierras gobernadas por el chavismo encontraron corredores de narcotráfico clave y lugares para huir de la presión de las fuerzas de seguridad colombianas.

  Recuerda el informe que, a su llegada al poder, Hugo Chávez se declaró neutral en el conflicto colombiano, lo que en derecho internacional público significó que reconocía a las FARC y al ELN como beligerantes.

  Este respaldo hacia las FARC ha continuado con Nicolás Maduro, quien, en 2019, le dio la bienvenida a “Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela y al Foro de Sao Paulo cuando quieran venir, son dos líderes de paz (...). La FARC es bienvenida a Venezuela cuando quiera venir”.

  Se alerta de que la relación del régimen venezolano con las FARC y otros grupos irregulares colombianos es fundamental para entender la magnitud del tráfico de drogas en el territorio nacional pues, como lo señala el Informe Mundial Sobre Drogas ONU 2017, “varias fuentes calculan que los ingresos anuales totales obtenidos de las drogas por las FARC ascienden a unos 1.000 millones de dólares”.

  Se agrega en el reporte la falta de colaboración de Venezuela en el combate a estos grupos irregulares y cita las declaraciones del periodista e investigador, Javier Ignacio Mayorca, quien señaló que “el gobierno venezolano se ha negado en forma recurrente a perseguir a los miembros y colaboradores de las FARC que puedan estar en su territorio, aun cuando las autoridades colombianas han señalado periódicamente que disponen de información precisa para ubicarlos en el país”.

  Sobre el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el informe de Transparencia Venezuela dice que la presencia de este grupo en Venezuela se remonta a etapas anteriores a la llegada del chavismo al poder, pero su accionar se incrementó desde 1999, siendo tal vez en la actualidad el principal grupo colombiano que opera en el país.

  Se cita a Insight Crime que estima que el ELN tendría presencia en 12 estados de Venezuela, a saber, Táchira, Zulia, Trujillo, Anzoátegui, Lara, Falcón, Amazonas, Barinas, Portuguesa, Guárico, Bolívar y Apure.

  Precisa el informe que el ELN se vale del territorio de Apure como un escondite para sus líderes y para cometer distintos delitos.

  En los estados Amazonas y Bolívar, el ELN se ha concentrado en el control de algunas minas del Arco Minero, donde participan de la actividad extractiva y la comercialización de minerales.

  Las afinidades políticas del ELN con el chavismo no han impedido que este grupo terrorista ataque a las fuerzas de seguridad venezolanas, un hecho curioso tratándose de que el de Venezuela es un régimen militarista. El ELN abiertamente lleva a cabo en Venezuela acciones ligadas a la extorsión, el secuestro, el narcotráfico y la minería ilegal, entre otros, que claramente vulneran la soberanía nacional.

Noveno bloque: Bandas criminales “Bacrim”

  Finalmente, el informe de Transparencia Venezuela hace referencia a la composición del noveno de los bloques del crimen organizado que operan en el país y en el cual se ubican las bandas criminales “Bacrim”.

  Se apunta que el término “Bacrim” es un acrónimo surgido en Colombia para denominar a las bandas criminales que se formaron en la nación neogranadina después de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

   Se trata de grupos delictivos dedicados al narcotráfico, a la extorsión y al secuestro, entre otros delitos.

  Según Transparencia Venezuela en el país, entre otras Bacrim, operan las Águilas Negras, los Rastrojos, los Urabeños, la Oficina de Envigado y el Clan del Golfo.

  Se indica que las Bacrim se ubican, principalmente, en Táchira, Zulia y Apure, donde cobrar “vacunas” a comerciantes, ganaderos o industriales, aparte de practicar también el secuestro y el sicariato.

  Con el cierre fronterizo, las Bacrim igualmente se dedican a controlar algunas trochas en las que les cobran a las personas para permitirles el paso a Colombia. También se dedican al contrabando de gasolina y de otros bienes.

PDVSA incrementó sus exportaciones manipulando la información de los buques cargadores

   Reportes acerca de las relaciones comerciales de petróleo y gas de Venezuela, muestran cómo se llevaron a cabo las operaciones de evasión de las sanciones.

Por Maibort Petit

    Un informe que analiza las relaciones comerciales de crudo y gas de Venezuela refiere que, para finales del año 2019, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) experimentó un ligero incremento en sus exportaciones, específicamente en las correspondientes al último trimestre —unos 75 millones de barriles— en contraste con las disminuciones del tercer trimestre, equivalentes a aproximadamente 57,5 millones de barriles. Tal circunstancia obedeció al hecho de que los compradores de petróleo encontraron maneras de eludir las sanciones impuestas por los Estados Unidos el régimen y a la industria petrolera venezolana.
   En esta segunda entrega de nuestra serie dedicada a explicar la manera como el régimen de Nicolás Maduro y sus socios, han logrado en diferentes momentos, evadir las sanciones estadounidenses, damos a conocer uno de los informes relativos al mes de enero de 2020 en el que hace referencia al comportamiento de la industria petrolera venezolana a finales de 2019 e inicios del siguiente y actual 2020. El uso de empresas fantasmas que figuran como compradoras y la manipulación de la información de los cargueros petroleros, es parte de la estrategia utilizada.

  Las estratagemas implementadas permitían —al menos en el papel—mantener el comercio limpio. A su vez, los armadores pusieron en práctica estrategias para no ser detectados en territorio venezolano. Un servicio que prestan con un aumento de tres y hasta cuatro veces las tarifas regulares de alquiler cuando el destino es Venezuela.

  Se indica que ciertas transacciones que se han liberado desde Venezuela con diferentes cifras de cargadores, lo que se traduce en que algunos Bill Of Ladings sean emitidos a nombre de una empresa diferente y no de PDVSA, una acción que viola lo establecido en la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH) de Venezuela. Se cita el caso del buque “Ace”, del cual los registros refieren que en diciembre de 2019 fue cargado en Puerto Miranda (Ver adjunto). Advierte el reporte que se trata de un precedente que puede haber ocurrido en múltiples oportunidades. El Conocimiento de Embarque (Bill Of Ladings) fue emitido por la empresa SueloPetrol, registrada en Venezuela y Colombia, utilizando la figura de Shipper, vendiendo crudo a una empresa denominada Sonangol E. P. con puerto de destino en Togo, África Occidental.

   Agrega el informe que se tiene tienen datos de que algunas cargas asignadas a la empresa rusa Rosneft, a Petrochina y a otros compradores, se venden FOB (Free On Board) a terceros. Esto significa que la carga asignada no es necesariamente cargada al comprador asignado, sino por el tercero que compró el crudo al comprador asignado. Bajo ninguna circunstancia, el BL nunca debe ser emitido por ninguna otra empresa que no sea PDVSA.

  Así tenemos también el caso del buque Perfect de bandera liberiana, cuyo conocimiento de embarque (BL), fechado el 22 de enero de 2020, cargó en el puerto de Jose, estado Anzoátegui, 1.019.862 barriles de crudo Hamaca para la empresa Libre Abordo S.A. de C.V., lo cuales serían desembarcados en el puerto de Singapur.

PDVSA Petróleo S.A. certificó la cantidad del crudo embarcado.


  El informe especial de inspección de Aivepet C.A. emitió su certificación sobre el crudo Hamaca embarcado.
   En la misma fecha, igualmente para en el buque Perfect, fueron cargados 743.169 barriles de crudo Merey 16, también para la empresa Libre Abordo S.A. de C.V., que se descargarían en el puerto de Singapur.
Del mismo modo PDVSA Petróleo certificó la cantidad de petróleo embarcado.

Pago en Petro

   El informe en cuestión igualmente hace mención a la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de establecer el Petro como medio de pago de las tarifas de los servicios prestados por el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (INEA).

   La medida se oficializó a través de su publicación en la gaceta Oficial el 14 de enero de 2020, bajo el decreto Nº 4.096, haciéndose efectiva a partir del 29 de enero.

    De esta manera los fondos recibidos en el INEA por servicios de Pilotaje, Cuotas de Anchorage, Remolque, Servicios de Lanzamiento y otros, obligatoriamente deben pagarse en Petros. El informe acota que tal medida “no beneficia a nadie más que fortalecer el régimen y sus estrategias financieras”.

  Finalmente, el reporte proyectó que a principios de 2020 un incremento en las operaciones con importantes compañías petroleras como ENI (Italia) y Reliance (India) regresando con volúmenes crecientes de compras de carga.



lunes, 14 de diciembre de 2020

Iperoil Trade S.L.: Otra empresa usada por PDVSA para violar sanciones de EE. UU. y poder vender petróleo

 Caricom busca limpiar el nombre de Venezuela en estas operaciones que violan las sanciones estadounidenses.

Por Maibort Petit

    Del mismo modo que en ocasión anterior informamos que un certificado emitido por Comunidad del Caribe (Caricom), demostraba la manera cómo Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) viola las sanciones impuestas por Estados Unidos a quienes establezcan negociaciones con ella, a través de la empresa trinitaria Heritage Petroleum Company, ahora nuevamente vemos cómo se recurre a ese esquema para seguir negociando el crudo venezolano, esta vez con una compañía de origen italiano y domiciliada en España, Iperoil Trades S.L..

  En esta ocasión Heritage Petroleum Company LTD funge como el exportador que consigna 1.200.038 barriles de crudo petrolero API 16 que el exportador Heritage declara que toda mercancía fue producida en Trinidad y Tobago.

El certificado está fechado el 11 de marzo de 2020.

   Iperoil se suma al diseño de triangulación de operaciones por medio del cual PDVSA enmascara sus ventas a través de la utilización de terceros.

  Vale la pena destacar que el país de origen se encuentra por definir (TBA por las siglas en inglés de To Be Announced), con lo que se corrobora la tesis de nuestros informantes quienes nos refieren que Iperoil Trades S.L. apenas tratará de hacer la colocación y no tiene para el momento de la certificación, definido el comprador.

  Caricom en Trinidad y Tobago se aventura a limpiar el nombre de Venezuela en estas operaciones que violan las sanciones estadounidenses.

  Iperoil trade S.L. se presenta en su página web como una empresa internacional con oficinas en todo el mundo que son gestionadas a través de sus oficinas en Vigo, España[1].

  En España se registró bajo el número CIF B27873629 y con domicilio en Plaza Compostela, 23, Piso 2, Vigo, 36201, Pontevedra, con el objeto social de ser intermediarios del comercio de combustibles, minerales, metales y productos químicos industriales[2].

 Asimismo, presentamos un acuerdo de arrendamiento de almacenamiento suscrito entre Iperoil Trade S.L. y Pendlebury LLC, una empresa registrada en la Florida en 2018[3].

  Se trata de un acuerdo mediante el cual Pendlebury LLC arrienda a Iperoil Trade S.L. un tanque para el almacenamiento de 1.200.000 Barriles de Petróleo Crudo (Api 16) por un período de un mes. El acuerdo se firmó el 4 de marzo de 2020, fecha que coincide con la de la certificación antes referida.

   Para el almacenamiento del crudo se requirieron dos tanques arrendados a una tasa de USD 0,80 por barril por mes.

   El pago por el período de alquiler es de USD 960.000 por 1.200.000 barriles de Crudo (Api16), los cuales serán cancelados 50 por ciento, USD 480.000, 48 horas después de la firma del contrato y la Factura Comercial. El restante 50 por ciento de saldo se pagaría dentro de los 10 días posteriores a que Storage Tanks reciba el producto designado por parte del arrendatario.


  Los tanques estaban ubicados en en el puerto de Pointe-a-Pierre, Trinidad, West Isles.

REFERENCIAS

[1] Iperoil Trade SL. www.iperoiltrade.es 

[2] El Economista. Iperoil Trade Sociedad Limitada. www.eleconomista.es

[3] Sunbiz. Pendlebury LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/corporationsearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=PreviousList&searchNameOrder=PENDLEBURY%20L180002651150&aggregateId=flal-l18000265115-c28495e6-25fb-4b5b-a656-c29787e39b59&searchTerm=PENDLETON%20210%2C%20LLC&listNameOrder=PENDINGTRADING%20L150000474700

Víctor Mones Coro, asociado a Tareck El Aissami, pidió declararse culpable inmediatamente y se le dicte sentencia en enero de 2021

  Sostiene que no puede comprobársele haber participado en el delito de lavado de dinero.

Por Maibort Petit

  A través de su abogada Christine H. Chung, Víctor Mones Coro, acusado de negociar vuelos para el ex-vicepresidente de Venezuela y actual ministro de petróleo, Tareck El Aissami, Samark López Bello, entre otros, violando así las sanciones impuestas por Estados Unidos al régimen venezolano, solicitó al tribunal declararse culpable de manera inmediata y en enero del próximo año se le imponga la respectiva sentencia.

















   Mones formula esta solicitud con la advertencia de que se declararía culpable solamente de los cargos relativos a las sanciones, por cuanto no habría participado y así puede comprobarse de acuerdo a su representante legal, que haya estado incurso en las actividades de lavado de dinero que se le imputan a resto de los involucrados en la trama.

La solicitud

  El 1 de diciembre de 2020, Christine H. Chung, de la firma Selendy & Gay P. LLC, abogada defensora de Víctor Mones Coro, remitió una comunicación al juez Alvin K. Hellerstein, del Tribunal de Distrito Sur de Nueva York, encargado de la causa que el gobierno estadunidense mantiene contra su representado y Michols Orsini Quintero, para solicitar la exclusión de la dependencia del gobierno de la Decimosexta Producción, así como también que se otorgue sin oposición, el pedido para proceder de inmediato a una audiencia de declaración de culpabilidad. Asimismo, solicitó que la audiencia de sentencia tenga lugar en enero de 2021 y se proceda a la preparación de un PSR actualizado de manera acelerada.

   Explica Chung que la fiscalía tenía los materiales de la Decimosexta Producción desde el 29 de septiembre de 2020, cuando registró la oficina de Alejandro Marín, “pero su torpe esfuerzo por cumplir con la fecha límite consistió en ignorar sus propios estándares de producción y arrojar imágenes forenses no revisables a la defensa, dos días después del 23 de octubre de 2020, e invitar a la defensa a asistir a la oficina del DHS para ver las mismas imágenes no revisables”.

   Recuerda la abogada que se excedió el límite legal y que de acuerdo a la jurisprudencia la producción de varios terabytes de información en un caso criminal que no se pueda buscar ni cargar, constituye una producción válida de material. Igualmente apunta que el gobierno se defiende rutinariamente con éxito de las mociones de Brady/Giglio (la jurisprudencia invocada) y de la Regla 16 precisamente al realizar producciones en forma de búsqueda completa. También recordó que la fiscalía admitió que lo hizo por primera vez el 19 de noviembre de 2020, casi dos meses después de la posesión real.

  Considera que el gobierno debe renunciar a depender de la Decimosexta Producción, en lugar de pedirle a la corte que disculpe las dificultades "técnicas", o pre-argumentar cuál debería ser la sentencia de Víctor Mones Coro.
  
    La defensa citó que el 23 de septiembre de 2020, el gobierno aceptó el riesgo de que no pudiera completar la producción de lo obtenido de la búsqueda en la oficina de Alejandro Marín, pues aún cuando conocía que tenía la intención de registrar dicha oficina y el alcance probable de la búsqueda, aceptó la fecha límite del 23 de octubre de 2020 e incluso dio la impresión de que tenía poco que presentar. “Además, la causa fundamental del retraso de las 16 producciones posteriores a la declaración de culpabilidad, según el propio gobierno, fue el hecho de que los AUSA y los agentes no hicieran preguntas que eran obvias desde 2018, como ‘¿Por qué el Sr. Marín no tiene conversaciones de texto con los acusados anteriores a noviembre de 2018?’ o ‘¿Qué pasó con los cientos de miles de euros perdidos que el Sr. Marín transportó en julio de 2018?’".

   A criterio de la defensa de Mones, la fiscalía pareciera desconocer su propia evidencia. 

   Acotó que Alejandro Marín borró casi medio millón de correos electrónicos —y tal vez otros materiales— de su oficina, antes de que el gobierno se apoderara de ellos.

   También argumenta la abogada Chung que la exclusión de la Decimosexta Producción es el remedio adecuado a esta situación, puesta que en ella no se menciona ni un solo artículo en el que deba basarse en la sentencia de Víctor Mones Coro.

“Mones Coro solicita respetuosamente que se le otorguen sus solicitudes sin oposición de una audiencia de declaración de culpabilidad inmediata, una sentencia en enero de 2020 y una PSR acelerada”.

  Para que ello sea posible, es necesario, reitera la defensa, debe excluirse la dependencia del gobierno de la decimosexta producción porque no cumplió la fecha límite del 23 de octubre de 2020.

   Chung refiere que la fiscalía ha malinterpretado el argumento de su representado sobre el alivio de la búsqueda y la cual se sustenta en que no se cumplió con las obligaciones del descubrimiento.

“El disco duro que el gobierno entregó a los abogados el 25 de octubre de 2020, dos días después de la fecha límite del 23 de octubre de 2020, contenía solo imágenes forenses que no se podían buscar”.

   La abogada refiere que el gobierno reconoció en un caso reciente que la producción de una imagen forense de dispositivos electrónicos no es suficiente para cumplir con las obligaciones de descubrimiento.

  Acusa de falsa la afirmación de la fiscalía invitó a la defensa para "inspeccionar" el 23 de octubre de 2020 el material obtenido en la empresa My Jet Server, por cuanto el aviso que recibió decía que la copia de la unidad podría completarse "esta noche o este fin de semana", pero que la inspección podría comenzar "este fin de semana", es decir, después de la fecha límite.

   Christine H. Chung subraya que el gobierno conocía el riesgo de no cumplir con la fecha límite del 23 de octubre de 2020 para presentar la decimosexta producción y, por tanto, debe asumir el riesgo que aceptó.

 Agrega que las producciones del gobierno posteriores a la declaración de culpabilidad se retrasaron debido a fallas en la investigación. En tal sentido, Chung refiere que los agentes y los AUSA fallaron en la investigación, la supervisión y la presentación de informes, lo que ocasionó el reconocimiento Insertar Imagen Mones 5

  La defensa estima que el gobierno no identifica ni una sola pieza de evidencia de la Decimosexta Producción en la que necesite basarse para presentar sus argumentos para la sentencia.

  Para la defensa son irrelevantes el resto de los motivos del gobierno para oponerse a la exclusión de la decimosexta producción y destaca que los argumentos del gobierno sobre las sentencias prematuras solo aclaran la materialidad de las producciones tardías.

   Considera que, implicar a Mones por asociación en el tráfico de drogas, el lavado de dinero o la opresión política no tiene fundamento y es prematuro, pues el acusado huyó de Venezuela cuando Hugo Chávez asumió el poder, y su crimen fue motivado principalmente por el deseo de salvar la empresa con sede en Florida que fundó y dirigió. En este sentido recordó que, a diferencia de Alejandro Marín, Víctor Mones admitió de inmediato su gravísimo delito de violación de las sanciones, así como el comportamiento incorrecto y encubridor en el que participó.

  Del mismo modo, Chung destaca que Mones no tiene un "historial de participación en transferencias ilegales de dinero" y el gobierno nunca ha tenido pruebas de que lo haga.

  Dice que los chats que muestran la planificación y ejecución de la transferencia de efectivo de julio de 2018 es claro la no participación de su defendido.

  La defensa también precisa que a su defendido se le pagaba ocasionalmente con efectivo que otro operador traía a Estados Unidos, pero ese efectivo no fue transportado ilegalmente; que el gobierno no ha alegado que Mones Coro transportara drogas o contrabando o que lavó dinero; que Mones Coro no tenía un "historial" de participación en "transferencias ilegales de dinero".

   Dice que gobierno reconoce que los múltiples millones de dinero en efectivo que León y Marín transportaron ilegalmente a los Estados Unidos —tres veces en 2018 y 2019— fueron "ganancias del crimen" de vuelos ilegales para Tareck El Aissami, sin la participación de Víctor Mones Coro.

  Finalmente, Christine H. Chung estima que es incorrecto que el gobierno insinúe que Víctor Mones Coro admitió haberse beneficiado a sabiendas de cualquier transferencia ilegal de efectivo, pues él recibió dinero en efectivo en algunas ocasiones, pero el dinero fue declarado.

 

 


Tribunal aplaza el caso contra Alejandro Marín para que las partes logren un entendimiento

 Por Maibort Petit

   El juez del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Kevin N. Fox, otorgó el aplazamiento hasta el 18 de diciembre de 2020, solicitada por la defensa de Alejandro Marín, procesado en esa instancia judicial por mentirle a los agentes de la Agencia de Seguridad Nacional en el contexto de una investigación para la cual colaboraba sobre una trama de lavado de dinero que involucra al ministro de Petróleo, Tareck El Aissami.

   Marín, propietario de la empresa My Jet Server, fue arrestado en Miami el pasado 19 de septiembre debido a que enfrenta tres cargos al haber, de manera deliberada, falsificar, ocultar y encubrir hechos materiales usando trampas, planes y dispositivos como teléfonos celulares, de acuerdo a lo que reza la acusación.

  La solicitud de prórroga fue formulada por el fiscal Sam Adelsberg ante la corte, el pasado 18 de noviembre 18 de noviembre de 2020 con el objetivo de entablar más conversaciones con el abogado de la defensa y el acusado sobre la disposición del caso.

  El magistrado consideró que tal aplazamiento sirve mejor a los fines de la justicia y supera los mejores intereses del público y del acusado en un juicio rápido.

 Kelley Sharkey —abogado de Marín— y los fiscales federales adjuntos, Samuel Adelsberg y Amanda Houle, mantienen en la actualidad una serie de discusiones sobre una posible disposición del caso.

  Alejandro Marín consintió en la prórroga y renunció a su derecho a ser acusado en un plazo de 30 días adicionales.

  Marín se mantiene detenido por el riesgo de fuga que existe, dada su condición de piloto y ser dueño de una empres aeronáutica.


 




domingo, 6 de diciembre de 2020

De cómo Alex Saab estafó a Venezuela con la anuencia de los diputados CLAP

  Una serie de irregularidades debían correr por cuenta de los parlamentarios para silenciar la corrupción del programa manejado por quien es señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro.

Por Maibort Petit

  En dos fases habría implementado el empresario Álex Saab la supuesta estafa con las cuales desfalcó las arcas venezolanas a través del programa alimentario gubernamental de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, para lo cual debió contar con el apoyo de los diputados de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional que, en su conjunto, desde entonces, pasó a ser conocida como la Fracción CLAP.
  Fuentes ligadas al caso refieren que el empresario colombiano —señalado de ser supuestamente un testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro—, en procura de acallar tal condición, así como las denuncias formuladas en contra del programa gubernamental por los altos niveles de corrupción habidos en su implementación, buscó en el grupo parlamentario al aliado necesario para silenciar el caso, nacional e internacionalmente.

  Para Saab era absolutamente necesario silenciar las acusaciones contra su empresa Grand Group Limited y el daño patrimonial que le causaron al país al estado venezolano con el corrupto e irregular programa alimentario.

Fase I: Limpieza de imagen

   Hasta ese momento, las investigaciones señalaban que el programa CLAP se instrumentó aplicando sobreprecios por parte de las empresas de Saab, lo cual causó un daño patrimonial de miles de millones de dólares. Asimismo, se había podido comprobar el daño a la salud ocasionado a la población, en razón de los productos de mala calidad que se suministraban a los venezolanos.
    La diligencia de Álex Saab consistió, entonces, en lograr que desde el seno del Poder Legislativo Nacional se silenciara tanto el daño patrimonio como los crímenes de lesa humanidad causados. Para ello, los aliados parlamentarios del empresario en la Comisión permanente de Contraloría de la AN, tendrían que hacer desaparecer el informe real de la investigación y emitir cartas de buena conducta dirigidas a bancos en España y Estados Unidos, así como a organismos internacionales y gobiernos extranjeros, con el objetivo de exculpar a Saab y sus empresas. La Fracción CLAP habría emitido 48 oficios con este fin.

  Esta primera fase de la operación, por tanto, tenía como objeto limpiar la imagen de Álex Saab y sus empresas, de manera de resguardar sus intereses financieros.

  Por su trabajo de ocultar el informe real de investigación y las pruebas del mismo, los diputados involucrados designaron una subcomisión especial para investigar el caso CLAP, conformada por Conrado Pérez (PJ), Richard Arteaga (VP) y Adolfo Superlano (UNT). Presuntamente, por esta labor, los diputados involucrados habrían cobrados USD 300.000 cada uno (otros reportes aseguran que fueron USD 400.000), así como dos camionetas por sustituir el informe original por uno exculpatorio.

   Apuntan las fuentes que la fiscal general de la república, Luisa Ortega Díaz y su esposo, Germán Ferrer, conocían acerca de las Cartas de Buena Conducta y acordaron con Guillermo Luces, Richard Arteaga, Conrado Pérez y Chaim Bucaram no denunciar el caso, al igual que no objetar los reportes el programa y su implementación de modo de blanquear la imagen de Alex Saab.

¿Por qué era imprescindible esta operación?

  El blanqueo de la imagen de Alex Saab y sus empresas era absolutamente necesario, dado el efecto que las denuncias en su contra estaban teniendo internacionalmente ante gobiernos y en bancos e instituciones financieras.

   Las 48 cartas exculpatorias con las que los diputados cabildearon en Europa a favor de Saab debían facilitar la liberación de fondos del empresario colombiano que permanecían bloqueados en dichas instituciones europeas. Por esta diligencia, los diputados de la Fracción CLAP supuestamente recibieron una comisión del 10 por ciento de los fondos que lograran liberar.

   Era igualmente imprescindible, que los parlamentarios neutralizaran a la Comisión de Contraloría, de modo que, durante un año, no se recibieran denuncias contra el programa, el empresario ni sus empresas. Las investigaciones debían detenerse. No se debía sesionar en el ente parlamentario y por ellos presuntamente recibirían, USD 10.000 mensuales.

   Las negociaciones con Álex Saab arrojarían también como resultado, la conformación y consolidación de una nueva fuerza política en el seno de la Asamblea Nacional que negociara con el PSUV la directiva de la instancia legislativa nacional.

Fase II: Poner fin a la investigación

  La fase II del plan de Alex Saab se dirigió, en segunda instancia, a silenciar las investigaciones en torno al programa CLAP.

  Era necesario poner un velo sobre los contratos suscritos con CORPOVEX, así como sobre los convenios establecidos con el FONDEN, los cuales exhiben un sobreprecio del 65 por ciento. Del mismo modo, se debía frenar el análisis químico y microbiológico de los productos contenidos en los CLAP.

  Silenciar el otorgamiento de millones de dólares sin que para ellos mediaran controles ni auditorías, era fundamental.

  Asimismo, se tenían que desaparecer las averiguaciones sobre 26 empresas que desfalcaron el FONDEN y el hecho de que el programa CLAP simplemente había servido de fachada para defraudar el referido fondo gubernamental y a CORPOVEX, al haber adjudicando millones dólares sin ningún tipo de control posterior, seguimiento, auditoría sanitaria y financiera. Negociaciones todas que se llevaron a cabo por adjudicación directa de las empresas de importación.

    Las fuentes refieren que los contratos fueron suscritos en el año 2016 por Luis Medina Ramírez, para la fecha ministro de Alimentación; por Yoffreda Giuseppe, presidente de CORPOVEX; y por Simón Zerpa, presidente de FONDEN.

    Finalmente, hay que subrayar que otra exigencia de Alex Saab era que los diputados silenciaran que Shadi Nain Saab, hijo del empresario, es el propietario de Grand Group Limited, la compañía que mantiene contratos con sobreprecio y compra alimentos no aptos para el consumo humano.

lunes, 30 de noviembre de 2020

PDV USA arremete contra el excongresista David Rivera, lo acusa de hacer declaraciones falsas sobre el uso de los fondos que dijo le habría 'entregado a la oposición venezolana'

 Por Maibort Petit

   El juez de Distrito, John G. Köeltl aprobó a los abogados de la consultora Interamerican Inc, propiedad del excongresista, David Rivera más tiempo para responder a la demanda enmendada por los abogados de PDV USA que busca la devolución de $15 millones pagados por CITGO en base a un contrato de servicios de consultoría a favor de PDVSA, controlada por el régimen de Nicolás Maduro, que  según los papeles de la corte no se cumplió.

  La solicitud hecha por los abogados de Rivera, del escritorio jurídico Hecht Partners LLC, fue aprobada por el juez de Nueva York, permitiendo que la defensa presente la respuesta a la demanda de  PD  USA del 4 al 18 de diciembre de 2020. 

  En el calendario se advierte que los acusadores pueden responder a la defensa hasta el 25 de enero de 2021 y a su vez los representantes de Rivera podrán dar respuesta hasta el 18 de febrero de 2021.

  Los abogados de PDV USA, Inc del bufete Willkie Farr & Gallagher LLP, decidieron introducir una demanda enmendada donde se alega que la empresa Interamerican Consulting Inc. no cumplió con lo establecido en el contrato fechado el 21 de marzo de 2017.

  De acuerdo a la demanda, PDV USA e Interamerican celebraron un acuerdo de consultoría en virtud del cual la firma de David Rivera recibiría $ 50 millones [en seis cuotas] durante un período de tres meses para proporcionar supuestos "servicios de consultoría estratégica" para la empresa matriz de PDV USA, Petróleos de Venezuela, SA. 

   PDVSA está controlada por el régimen de Nicolás Maduro. 

  PDV USA recibió instrucciones de PDVSA, a través de su empresa PDV Holding, Inc. para celebrar el contrato con el supuesto propósito de mejorar la "reputación y posición a largo plazo" de PDVSA en los Estados Unidos.

  En enero de 2019, el Gobierno de los Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, como presidente interino de ese país, y al mismo tiempo designó a PDVSA como “Nacional Especialmente Designado” con quien ninguna persona estadounidense puede hacer negocios sin una licencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. 

  El Gobierno de Guaidó, a su vez, nombró una Junta Directiva Ad Hoc de PDVSA para supervisar las operaciones estadounidenses de las subsidiarias de PDVSA con sede en Estados Unidos, incluida PDV USA. 

  En agosto de 2019, la Corte de Cancillería de Delaware dictaminó que, según la ley estadounidense, los nombramientos de Guaidó para la Junta Ad Hoc de PDVSA eran presuntamente válidos.

  En virtud del Acuerdo de 2017, se suponía que Interamerican desarrollaría e implementaría durante un período de tres meses un plan estratégico para mejorar la reputación de PDVSA y su posición entre los formuladores de políticas, los líderes de opinión, los funcionarios públicos y las partes interesadas específicas y establecer relaciones con ellos.

  Entre otras cosas, a cambio de $ 50 millones, el Acuerdo requería que Interamerican entregaría al menos siete informes quincenales detallando el trabajo realizado durante el período relevante y un informe final que incluiría recomendaciones para el seguimiento de las estrategias implementadas. En cambio, Interamerican proporcionó solo dos informes, con un total de no más de cinco páginas, muchas de las cuales están duplicadas. "Estos informes se refieren genéricamente a un “plan estratégico”, “reuniones” y “recomendaciones”, pero no describen un solo elemento del supuesto plan, no identifican a los participantes de la reunión o discusiones de la reunión, ni especifican qué recomendaciones se hicieron ni a quién".

   La demanda dice que Interamerican no prestó servicios en virtud del Acuerdo y, ciertamente, no prestó el nivel de servicios que se podría esperar razonablemente por una tarifa de aproximadamente $ 17 millones por mes. "Esto fue confirmado por el presidente de la firma, el excongresista estadounidense David Rivera, luego de que se presentó esta demanda". 

   El documento de la corte dice que según Rivera, en declaraciones que hizo a la prensa poco tiempo después de la presentación de esta demanda, Interamerican nunca tuvo la intención de brindar los servicios de consultoría estratégica que fueron objeto del Acuerdo, sino que los fondos que se pagaron “fueron a la oposición para protestas contra Maduro en el verano de 2017". 

   La afirmación de Rivera parece ser que el régimen de Maduro, que controlaba PDVSA en ese momento, acordó canalizar decenas de millones de dólares para financiar las protestas organizadas por sus adversarios políticos. "Esta afirmación desafía la credulidad y PDV USA no ha podido localizar ninguna evidencia, de ningún tipo, que la respalde", sostiene la demanda.

  La acusación sostiene que "las afirmaciones de Rivera en 2020 con respecto al propósito del Acuerdo son totalmente inconsistentes con los dos informes de progreso de Interamerican, que contienen numerosas declaraciones sobre un proyecto de consultoría para PDV USA en beneficio de PDVSA". 

 Dice la demanda que "los reclamos de 2020 dejan claro que Interamerican representó falsamente y garantizó en la Sección 7 del Acuerdo que ninguna parte de ningún pago a CONSULTOR por parte de PDV USA de conformidad con este Acuerdo se utilizará como soborno, comisión ilícita, reembolso, contribución política ilegal o en violación de las regulaciones aplicables de control de divisas, leyes o regulaciones fiscales u otras leyes o regulaciones de cualquier jurisdicción".

  La demanda advierte que de acuerdo a lo que dice Rivera se puede concluir que: "Interamerican no proporcionó, y nunca tuvo la intención de proporcionar, los servicios de consultoría que contrató con PDV USA en el Acuerdo".

  Asegura la demanda que "PDV USA resultó perjudicado por el incumplimiento del Acuerdo por parte del Demandado". 

  Asimismo, sostiene que PDV USA pagó las primeras tres facturas emitidas por Interamerican, "un total de $ 15 millones, pero no recibió los servicios requeridos y no ha recibido evidencia de que se haya prestado algún servicio en nombre de PDV USA o PDVSA".

  A pesar de su incumplimiento del Acuerdo, el Demandado insiste en que PDV USA le debe los $ 35 millones restantes contemplados en el contrato de $ 50 millones.

 Igualmente, Interamerican se comprometió explícitamente en la Sección 10 del contrato, a indemnizar a PDV USA por y contra cualquier incumplimiento del Acuerdo perpetrado por Interamerican, incluyendo el pago de cualquier gasto, costas judiciales y honorarios de abogados asociados con el cumplimiento de los derechos de PDV USA bajo el documento.

  Explica que PDV USA inició esta acción para recuperar los $ 15 millones (más intereses) que ya pagó a Rivera, por una declaración de que PDV USA no le debe a Interamerican los $ 35 millones restantes contemplados en el contrato, y para recuperar cualquier otro daño compensatorio. Además Rivera deberá pagar "una cantidad que se abordará en el juicio, así como todos los gastos, costas judiciales y honorarios de abogados asociados con el cumplimiento de sus derechos contractuales".

  Alternativamente, en la medida en que las declaraciones de  Rivera en 2020 a la prensa sean verdaderas y el dinero pagado a Interamerican haya sido pagado por orden de PDVSA para un propósito distinto a los servicios de consultoría que se establecen en el contrato, entonces no existe ningún contrato ejecutable y se debería exigir a Interamerican que devuelva los $ 15 millones que se le pagó bajo la doctrina del enriquecimiento injusto y PDV USA debería tener derecho a una declaración de que no le debe a Interamerican ningún pago adicional en relación con el Acuerdo.

   Interamerican es una empresa que funciona desde la casa de Rivera, ubicada en 10925 N.W. 43rd Lane, Miami, Florida, 33178. Interamerican y tiene dos empleados: Rivera, quien se desempeña como presidente y agente registrador; y (2) Diana Rivera McKenzie (hermana de Rivera), que es la vicepresidenta.

 La demanda incluye el contrato firmado entre PDV USA e Interamerican. 

 En los documentos presentados por los demandantes, aparece un acuerdo que fue firmado por Pío González, un empleado de PDVSA, fue identificado como el “representante autorizado” de PDV USA. González fue quien recibió  los dos informes de progreso que fueron producidos por Interamerican.

  El Anexo B del Acuerdo establece un calendario de pagos, según el cual PDV USA pagaría a Interamerican un total de $ 50 millones. 

  Según el calendario, PDV USA debía pagar a Interamerican una “Cuota de pago inicial” de $ 5 millones el 21 de marzo de 2017. A partir del 4 de abril de 2017, se pagarían otros 20 millones de dólares en "cuotas de pago consecutivas" de $ 5 millones cada dos semanas y que se cancelara una "cuota de pago final" de $ 25 millones antes del 15 de junio de 2017. 

 La demanda dice que, sin embargo, el contrato sólo requería que PDV USA pagara a Interamerican como compensación por la "finalización" de los servicios a "entera satisfacción" de PDV USA. 

 "Interamerican representó y garantizó a PDV USA que “ninguna parte de ningún pago a [Interamerican] por PDV USA de conformidad con este Acuerdo se utilizará como soborno, comisión ilícita, reembolso, contribución política ilegal o en violación de las divisas aplicables controlar las regulaciones, leyes o regulaciones tributarias u otras leyes o regulaciones de cualquier jurisdicción". 

 Finalmente, Interamerican representó y garantizó a PDV USA en el Acuerdo que "en relación con la prestación de los Servicios, [Interamerican] y su Personal [no violarían] ninguna ley o reglamento aplicable de ninguna jurisdicción". 

 Interamerican también prometió en el Acuerdo que "cumplirá con todas las leyes, reglamentos y ordenanzas federales, estatales y locales". 

"Interamerican no cumplió con el acuerdo", acota la demanda y sostiene que la consultora de David Rivera no proporcionó los servicios y entregables establecidos en el Acuerdo. En resumen, Interamerican no brindó servicios a PDV USA.

  "Interamerican no entregó los siete informes quincenales “detallando las actividades que ha realizado” durante el período de dos semanas aplicable y el informe final “integrando todo el producto de trabajo incluyendo recomendaciones para el monitoreo y seguimiento de las estrategias implementadas ”, como lo requiere el Anexo A. 

 En cambio, Rivera presentó solo dos informes en total: (1) un informe “quincenal” el 1 de mayo de 2017, casi un mes después de que el primer informe debía presentarse el 4 de abril de 2017; y (2) un informe "final" el 31 de diciembre de 2017, más de seis meses después de la fecha de terminación del Acuerdo el 21 de junio de 2017. Estos informes no fueron presentados a PDV USA, sino al Sr. Pío González, empleado de PDVSA.

  Los informes no totalizaron más de cinco páginas (en conjunto), muchas de las cuales fueron duplicadas y no describieron ningún trabajo significativo realizado en nombre de PDV USA o PDVSA ni proporcionaron evidencia de que el trabajo se realizó realmente. 

  La demanda sostiene que los reportes no muestran que Interamerican prestó los servicios para los cuales fue contratado, tampoco respaldan las afirmaciones de David Rivera en 2020 sobre el propósito del Acuerdo. "Nada en ningún informe afirma, o sugiere remotamente, que el dinero entregado a Interamerican se esté utilizando con el propósito de hacer contribuciones políticas a figuras o líderes de la oposición en Venezuela. PDV USA tampoco tiene conocimiento de ninguna comunicación enviada, enviada o copiada a algún representante de PDV USA que sugiera que los pagos a Interamerican fueron contemplados para tal fin".

  La demanda sostiene que Interamerican tampoco proporcionó “documentación de respaldo” y “detalles adecuados y completos de los Servicios prestados” con cada factura presentada a PDV USA, como lo requiere. De hecho, sostiene que, Interamerican no proporcionó documentación de respaldo ni detalle alguno con las facturas enviadas para el pago.

 "Como resultado de estas múltiples fallas, Interamerican no realizó ningún servicio" a la entera satisfacción de PDV USA". Agrega que  "PDV USA nunca expresó su satisfacción con los servicios brindados por Interamerican y no está satisfecho con los servicios de la consultora".

  Asegura que "Interamerican no prestó ninguno de los servicios que contrató para realizar, y mucho menos a satisfacción de PDV USA"

Por otro lado, la demanda sostiene que "El dinero que Interamerican recibió, en virtud del Acuerdo, se utilizó para otros fines, luego la consultora también violó sus declaraciones y garantías en virtud de la Sección 7 del contrato dice que que “ninguna parte de ningún pago a CONSULTOR por parte de PDV USA de conformidad con este Acuerdo se utilizará como soborno, , reembolso, contribución política ilegal o en violación de regulaciones de control de divisas, leyes o regulaciones tributarias u otras leyes o regulaciones de cualquier jurisdicción ".

PDV USA pagó a Interamerican por servicios que nunca se prestaron y por ello PDV USA se negó a pagar las tres últimas facturas interamericanas que presentó Rivera, que ascendieron a $ 35 millones.

A pesar de su incumplimiento del acuerdo, Interamerican insiste en que PDV USA debe el saldo del acuerdo y solicitó repetidamente el pago de las facturas pendientes en varios momentos hasta 2019, incluidos el 11 de septiembre de 2018, el 18 de diciembre de 2018 y el 4 de febrero de 2019.

  Hasta el momento, Interamerican continúa afirmando que PDV USA es responsable ante Interamerican por el saldo de $ 35 millones en virtud del Acuerdo. 

  PDV USA no ha asignado el acuerdo porque Interamerican se negó a dar su consentimiento para la asignación

  Sostiene que el 5 de octubre de 2017, a la luz del hecho de que la Demandada no había realizado, y no contemplaba realizar, ningún servicio en nombre de PDV USA y PDVSA solicitaron conjuntamente el consentimiento de la Demandada para ceder el Acuerdo de PDV USA a PDVSA. 

  Con ese fin, PDV USA y PDVSA firmaron un “Acuerdo de consentimiento de cesión y asunción del‘ Acuerdo de consultoría, con fecha del 21 de marzo de 2017. 

   Interamerican fue identificada como una tercera parte del Acuerdo de Consentimiento de Asignación y Asunción a los efectos de otorgar el consentimiento a sus términos, que las partes acordaron constituir una novación o liberación para PDV USA, y se proporcionó un bloque de firma para el consentimiento de Interamerican. Pero la consultora se negó aprobar al Acuerdo de Consentimiento de Asignación y Asunción y nunca lo firmó. 

  En consecuencia, el Acuerdo de consentimiento de cesión y asunción nunca se ejecutó en su totalidad. Se adjunta como Anexo 2 una copia fiel y correcta del Acuerdo de consentimiento de cesión y asunción.

   Hasta que se presentó esta demanda, la posición del Demandado también ha sido que nunca se efectuó ninguna cesión y ha seguido exigiendo el pago del Demandante. 

  Un correo electrónico del 4 de febrero de 2019 de David Rivera deja esto en claro:

"Como usted sabe, Interamerican Consulting nunca estuvo de acuerdo ni consintió en ninguna cesión del contrato de PDV USA a PDVSA. De hecho, cualquier sugerencia de reasignación del contrato fue rechazada específicamente en dos ocasiones. Nuestro asesor legal ha revisado este asunto en profundidad, incluido el papel documentado de los abogados y funcionarios corporativos de CITGO, y ha concluido de manera indiscutible y categórica que cualquier asignación de PDV USA a PDVSA fue una decisión unilateral arreglada entre PDV USA y PDVSA y, bajo el de la ley de contratos de Nueva York que rige el contrato de consultoría, de ninguna manera exime a PDV USA de sus obligaciones contractuales con Interamerican Consulting".

   "Después de que se presentó esta demanda, Interamerican admitió que nunca tuvo la intención de prestar servicios en virtud del acuerdo y afirma que el acuerdo es una farsa", dice el documento.

 Añade que luego de la presentación de esta demanda, el Presidente de Interamerican realizó varias declaraciones a la prensa sobre esta demanda y el Acuerdo de las partes.

   Rivera respondió, “pregunten a los chicos de CITGO 6”, una referencia a los ejecutivos de CITGO Petroleum Corporation detenidos por el régimen de Maduro. “Manejaron toda esa operación, incluido todo el dinero, en coordinación con la oposición venezolana. . . Eso es todo lo que sé."

    Rivera también le dijo al Miami Herald: "Todos esos fondos fueron a la oposición para protestas contra Maduro en el verano de 2017. Nunca vi un centavo". (MIAMI HERALD, 14 de mayo de 2020).

 Según información y creencia, estas declaraciones son falsas. PDV USA no pudo encontrar evidencia que respalde estas afirmaciones. La transferencia de fondos de PDV USA fue directamente a una cuenta bancaria controlada por Interamerican. Desafía la credulidad afirmar que PDVSA, que en obligaciones en virtud del Acuerdo".

 La demanda sostiene que el tiempo que PDVSA estuvo controlada por el régimen de Maduro, ordenó a sus subsidiarias estadounidenses que contrataran a Interamerican para canalizar millones de dólares a los adversarios políticos del régimen.

   En la medida en que Interamerican utilizó los fondos que recibió de PDV USA en virtud del Acuerdo "con el propósito de financiar la oposición política del Régimen de Maduro", eso probaría que Interamerican no hizo ni tuvo la intención de realizar los servicios de consultoría estratégica contemplados por el acuerdo.

  La demanda dice que los hechos descritos probarían que los dos informes de progreso presentados por Rivera a PDV USA contenían numerosas declaraciones materiales falsas sobre los supuestos servicios que Rivera afirmó que Interamerican había realizado. 

 "Por ejemplo, si los reclamos de Rivera en 2020 son verdaderos, entonces cada una de las siguientes declaraciones contenidas en los informes de progreso fueron deliberada e intencionalmente falsas cuando se hicieron a PDV USA para respaldar los reclamos de pago de Interamerican".

 Dicen los informes que el 18 de abril de 2017, “El Consultor organizó reuniones para el Cliente con importantes responsables políticos y líderes de opinión en los Estados Unidos como parte de la estrategia para construir relaciones a largo plazo entre las partes interesadas clave del sector público en los Estados Unidos. Estas reuniones permitieron al Cliente proporcionar los puntos de vista y perspectivas del Cliente sobre los eventos actuales en Venezuela y su interpretación en los Estados Unidos, enfocándose en las iniciativas y logros del Cliente ".

 Asimismo, dice que el 16 de mayo de 2017, "El Consultor ha tenido múltiples discusiones con importantes interlocutores asociados con las organizaciones objetivo del sector privado y ha informado a estos interlocutores sobre el deseo y la voluntad del Cliente de buscar la reconciliación y resolución de los problemas pendientes".

  "Sin embargo, desde el principio, Interamerican recibió pagos a los que no tenía derecho legalmente y se enriquecería injustamente si se le permitiera beneficiarse de ellos. Interamerican acordó indemnizar a PDV USA por incumplimiento del acuerdo", dice la demanda.