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lunes, 16 de mayo de 2022

Justicia de EE. UU. : El caso del exalcalde de Guanta, Jhonnatan Marín está relacionado con el empresario corrupto, Carlos Enrique Urbano Fermín (CUFERCA)

   El socio del ex-gobernante municipal fue arrestado en Miami, y en el marco de su proceso, se declaró culpable y 'delató' a los que operaron un esquema de corrupción que esquilmó millones de dólares en contratos fraudulentos de PDVSA, cuyos fondos se lavaron en el sistema financiero de EE. UU.: Marín fue una pieza clave en el proceso de blanqueo de capitales.  

Por Maibort Petit

 El caso del exalcalde del Municipio Guanta del estado Anzoátegui, Jhonnatan Marín Sanguino —acusado por el gobierno de los Estados Unidos de delitos de corrupción y lavado de dinero — está relacionado con uno de sus socios, Carlos Enrique Urbano Fermín dueño de la Constructora Cuferca C.A., que está siendo procesado por blanqueo de capitales y se declaró culpable ante un juez de Miami, de acuerdo a un memorando de los fiscales federales ingresado en el registro de la Corte del Distrito Sur de la Florida.

  Según documentos del tribunal, el caso penal de Marín Sanguino tiene directa relación con el expediente de Carlos Enrique Urbano Fermín. "La Información en la Causa Penal que imputa a Jhonnathan Teodoro Marín Sanguino con lavado de dinero y cohecho por corrupción venezolana en relación con la adjudicación de contratos de las subsidiarias de la empresa petrolera estatal de Venezuela, PDVSA", dice la comunicación. 

   El caso penal de Marín Sanguino alega que el ex-funcionario recibió sobornos y/o ganancias de sobornos de dos co-conspiradores (Co-Conspirador 1 y Co-Conspirador 2). Co-Conspirador 2 es Carlos Enrique Urbano Fermín quien fue igualmente imputado por lavado de dinero y soborno relacionado con la corrupción venezolana relacionada, en parte, con la adjudicación de contratos por subsidiarias de PDVSA.

  La fiscalía anunció que el caso criminal de Marín Sanguino será transferido al juez Robert Scola. 

  La magistrada Lisette M. Reid que atendió la primera comparecencia de Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino ante el tribunal estadounidense ordenó que la lectura de cargos contra el acusado se realizará el 23 de mayo de 2022 en la división de Miami ante el magistrado de turno.

El expediente

  En abril de 2022, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó una acusación federal aprobada por el Gran Jurado que describe las actividades criminales de este sujeto que también fue acusado por los órganos contralores del régimen venezolano por delitos de corrupción. El exfuncionario utilizó su posición política, su poder y contactos para enriquecerse a costa de dineros públicos perteneciente a los venezolanos.

   En 2019, el Contralor General del régimen de Nicolás Maduro, Elvis Amoroso acusó a Marín de cometer "ilícitas irregularidades que dañaron el patrimonio público" y anunció un procedimiento administrativo en su contra[1] pese que, hasta entonces, se había movido como una importante ficha del oficialismo en el oriente de Venezuela.  La acusación de la Contraloría venezolana no significa que se busque la transparencia en el manejo de los fondos públicos sino que las mafias que operan en el país no distribuyeron los dividendos logrados en los esquemas de corrupción o excluyeron a otros jerarcas de la revolución.

Su huída de Venezuela

  Marín Sanguino renunció a la Alcaldía de Guanta ante los señalamientos de corrupción y posibles acciones denunciadas en su contra. Logró huir de Venezuela a Miami donde vivió con grandes comodidades en un lujoso edificio residencial de Brickell. Posteriormente, el acusado pasó un tiempo en México. En abril de 2022 se entregó a las autoridades de la Florida para enfrentar las acusaciones en su contra. El ex-alcalde contrató para su defensa, a uno de los más experimentados abogados del gobierno estadounidense que tras su renuncia al Departamento de Justicia, pasó a ejercer en un despacho privado.

La acusación del régimen

   En Venezuela, desde el 4 de febrero de 2019 pesaba sobre Marín Sanguino una orden de aprehensión emitida por un tribunal penal del área metropolitana de Caracas. En dicha instancia judicial se le señalaba de la comisión de los delitos de peculado doloso impropio y asociación para delinquir. Igualmente, desde este juzgado se giraron medidas de incautación de bienes y propiedades, así como de bloqueo de cuentas[2]. 

   El contralor también lo inhabilitó desde el 5 de junio de 2020 para ejercer cargos públicos por un periodo de 15 años[6].

   Marín Sanguino, a través de empresas de maletín con cuentas en los Estados Unidos intentó disfrazar la naturaleza de los fondos irregulares obtenidos a partir de la suscripción de contratos con filiales de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), las empresas mixtas de la Faja Petrolífera del Orinoco, a saber, Petrocedeño, Petropiar, Petromonagas S.A. Petrolera Sinovensa S.A. y Petromiranda S.A., a cambio de sobornos.

  La acusación que cursa en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida omite el nombre de los socios de Marín Sanguino —solamente los identifica como co-conspiradores 1 y 2, así como ex funcionarios venezolanos 1 y 2— y uno de ellos está bajo custodia de las autoridades.  Este lunes se conoció que el co-conspirador 2 es Carlos Enrique Urbano Fermín.

  Marín Sanguino fue señalado en Venezuela de operar “negocios” corruptos con los hermanos Urbano Fermín, propietarios del Grupo Urbano Fermín integrado por un conjunto de empresas de las cuales destaca la Constructora Urbano Fermín, C.A. (Cuferca) a cuyo cargo estuvieron infinidad de obras en el oriente venezolano, especialmente en el estado Anzoátegui durante el mandato del ahora acusado.

  A esta empresa, Jhonnathan Marín Sanguino les entregó una serie de obras, entre ellas, la “construcción de obras para mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio Guanta (…); remoción y pintura, impermeabilización de techos y tanques en el Conjunto residencial Los Cocalitos (…) remoción y Construcción de Cerca Perimetral en Centro de Educación Inicial y Gimnasio Adriana Carmona (…); demolición y construcción de Puentes de la Av. Arizaleta Guanta (…)”

  Cuferca también recibió contratos para desarrollar proyectos en la Faja Petrolífera del Orinoco que han estado caracterizados por irregularidades[6].

  Jhonnathan Marín con sus denominadas "empresas de producción social" de la Alcaldía de Guanta constituyó una red a través de la cual derivó los “contratos de construcción de obras hacia sus compañías de maletín o las de sus allegados, una de ellas la Constructora Urbano Fermín C.A., Cuferca, de Carlos Esteban Urbano Fermín, privado de libertad a por el Tribunal 6° de Control del circuito judicial penal del estado Anzoátegui a solicitud del Ministerio Público, por su vinculación con el presunto desfalco en la Faja Petrolífera del Orinoco, ocurrido entre los años 2010 y 2016. Urbano Fermín figuraba como gerente general de Cuferca y era accionista de diversas compañías contratistas de PDVSA”[7].

  Los negocios irregulares entre Cuferca y Jhonnathan Marín resultaron tan evidentes que hasta el portal oficialista Aporrea denunció que durante unos allanamientos ocurridos en febrero y marzo de 2017, relacionados con una investigación por la adquisición de monoboyas, se encontraron “contratos adjudicados por Petropiar, Petrocedeño y Petromonagas, empresas mixtas de la Faja, a las compañías de la esposa del alcalde”.

  Igualmente, los nexos de Marín Sanguino con el exjefe de la Faja Petrolífera del Orinoco, Pedro León, son ampliamente denunciados en Venezuela. De acuerdo a los registros de prensa, Marín protagonizó un conjunto de supuestas irregularidades que, igualmente, quedaron evidenciadas con unos documentos obtenidos en un allanamiento realizado en la vivienda de un primo de Pedro León en la urbanización Guaraguao, perteneciente a PDVSA.

 Los documentos, en manos de los funcionarios del régimen venezolano, determinan que un grupo de empresas que habían sido del alcalde Marín, [y que hoy se encuentran a nombre de su esposa, Esneidy Mayerling Villanueva Medina], entre las que se encuentra la Cooperativa Simón Bolívar Hacia el Futuro, habrían sido utilizadas para lograr contratos públicos de manera irregular.

   La prensa local reveló que al ser allanada la sede de esta supuesta cooperativa se localizaron evidencias que daban cuenta de la estrecha relación personal del alcalde y su esposa con el exdirector de la FPO, así como la existencia de negocios entre ellos. 

  Existen otros documentos bajo escrutinio que relacionan las empresas de la pareja Marín-Villanueva con empresas del grupo Cuferca, que incluyen cuentas de gastos de la constructora y registros de importaciones a su nombre con la actuación de la compañía Group Services & Transporte VIP, presidida por Esneidy Villanueva”, según reveló Aporrea[8].

  Carlos Enrique Urbano Fermín es procesado por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, donde es acusado de Conspiración para cometer lavado de dinero. El acusado de declaró culpable ante un juez en Miami y acordó colaborar con la justicia.

Referencias

[1] Runrun.es. “Elvis Amoroso ordenó investigar a Ramón Muchacho y Jhonnathan Marín”. 25 de septiembre de 2019. https://runrun.es/noticias/389300/elvis-amoroso-ordeno-investigar-a-ramon-muchacho-y-jhonnathan-marin/

[2] El Nacional. “Jhonnathan Marín renunció a la Alcaldía de Guanta”. 21 de noviembre de 2017. https://www.elnacional.com/venezuela/politica/jhonnathan-marin-renuncio-alcaldia-guanta_212367/

[3] Twitter. Jhonnathan Marín. @jhonnathanmarin. https://twitter.com/jhonnathanmarin/status/1176991821676929026?cxt=HHwWhIC_qe30wdUgAAAA

[4] Al Navío. “Jhonnathan Marín, el político que buscan en Venezuela por corrupción y hace negocios en México (+video)”. 1 de noviembre de 2021. https://alnavio.es/jhonnathan-marin-el-politico-que-buscan-en-venezuela-por-corrupcion-y-hace-negocios-en-mexico-video/

[5] Tal Cual. “Régimen inhabilitó a los exalcaldes Ramón Muchacho y Jhonnathan Marín por 15 años”. 5 de junio de 2020. https://talcualdigital.com/regimen-inhabilito-a-los-exalcaldes-ramon-muchacho-y-jhonnathan-marin-por-15-anos/

[6] Venezuela Política. “Guerra entre fiscales saca a la luz escándalos en la asignación fraudulenta de contratos de la Faja Petrolífera del Orinoco”. 28 de septiembre de 2017. https://www.maibortpetit.info/2017/09/guerra-entre-fiscales-saca-la-luz.html

[7] Venezuela Política. “PDVSA oriente: Centro donde se gestan decenas de negocios fraudulentos”. 21 de julio de 2017. https://www.maibortpetit.info/2017/10/pdvsa-oriente-centro-donde-se-gestan.html

[8] Aporrea. “Conozca el esquema y los actores del Desfalco de la Faja del Orinoco”. 15 de septiembre de 2017. https://www.aporrea.org/contraloria/n314558.html


 

viernes, 6 de mayo de 2022

Estos son los delitos por los que EE. UU. acusa al exalcalde de Guanta, Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino

   La demanda contra el político chavista responde a esquema de sobornos a funcionarios corruptos del régimen de Nicolás Maduro a cambio de contratos millonarios de PDVSA.

Por Maibort Petit

  El exalcalde de Guanta, Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino fue acusado por el gobierno de los Estados Unidos de conspirar, junto a contratista y dos ex-funcionario de Venezuela,  para obtener contratos y otras ventajas comerciales con las filiales de PDVSA a través de la corrupción y el soborno y realizar transacciones en el sistema financiero norteamericano.

  La acusación federal del EE. UU. contra Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino señala que el exalcalde, y sus socios  "promovieron un esquema corrupto que les permitió ocultar y disfrazar la naturaleza, el origen, la propiedad y el control del dinero producto de su delito".

   La querella contra Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino indica que los delitos se realizaron gracias a contratos de PDVSA y sus subsidiarias, las empresas mixtas de la Faja Petrolífera del Orinoco: Petrocedeño, Petropiar, Petromonagas S.A. Petrolera Sinovensa S.A. y Petromiranda S.A. 

   El documento está firmado por el Fiscal General del Distrito Sur de la Florida, Juan Antonio González y el fiscal asistente, Michael N. Berger. En el mismo se afirma que Marín Sanguino cometió los delitos cuando era un servidor público en la Alcaldía del Municipio Guanta, donde se ubica la Faja Petrolífera del Orinoco.

  Según la demanda, Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino usó una compañía (1) en el estado de la  Florida para operar cuentas bancarias en instituciones ubicadas en Miami y así  cometer los delitos que se le acusan. 

"Los co-conspiradores (1) y (2) fueron contratistas que obtuvieron contratos con los Subsidios de PDVSA y mantuvieron pagos en efectivo para sus empresas en el Distrito Sur de Florida", dice la acusación.

  Asimismo, señala que "los funcionarios públicos venezolanos (1) y (2) fueron altos agentes en los Subsidios de PDVSA y trabajaban para el Estado.

  Según la demanda, a partir de 2013 [o alrededor de 2013], y continuando hasta 2018, en el Distrito Sur de Florida, y en otros lugares, el demandado, Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino cometió delitos a sabiendas y voluntariamente, es decir, "con la intención de promover el objeto de la conspiración, combinar, conspirar, confederar y estar de acuerdo con otros que conocen y conocen el Estados Unidos, incluyendo pero no limitado a dos co-conspiraciones (1) y (2) y dos funcionarios venezolanos (1) y (2) para cometer crímenes contra la ley de Estados Unidos".

  Refiere que Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino y sus socios, "conspiraron para realizar transacciones financieras, que involucraban el producto de una actividad ilícita específica, con la intención de promover un delito contra una nación extranjera, específicamente Venezuela, que involucró un soborno de un funcionario público y la apropiación indebida, robo y malversación de fondos públicos por y para el beneficio de un funcionario público, según lo dispuesto en el Título 18 ,Código de los Estados Unidos, Sección 1956(c)(7)(B)(iv), violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a)(1)(A)(i)".

  En esencia, Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino está acusado de haber hecho y diseñado una transacción financiera que buscaba disimular que era un soborno de un funcionario público, y la apropiación indebida, el robo y malversación de fondos públicos para el beneficio de un funcionario público.

   El documento federal dice que Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino [y sus co-conspiradores], transportó, transmitió y transfirió  un instrumento monetario y fondos desde Estados Unidos hacia el exterior, con la intención de promover la realización de actividades ilícitas especificadas en la ley.

   El propósito de la conspiración ejecutada por Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino y sus co-conspiradores era obtener contratos y otras ventajas comerciales con las Filiales de PDVSA a través de la corrupción y el soborno.

 Igualmente, "Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino y sus socios buscaban realizar transacciones financieras que promovieron el esquema corrupto y que ocultaron y disfrazaron la naturaleza, la fuente, la propiedad y el control del producto de su delito en un delito", acota la querella. 

  Dicha conspiración se realizó mientras se encontraban en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares de los Estados Unidos.

  En la acción judicial de 11 páginas, se destaca que Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino acordó con otros, incluidos los co-conspiradores 1 y 2, pagar sobornos en beneficio de los funcionarios venezolanos 1 y 2, para conseguir los contratos de PDVSA y sus filiales en la Faja Petrolífera del Orinoco en Venezuela.

   Marín Sanguino utilizó su posición en el gobierno de Venezuela para influir en los funcionarios de PDVSA para que éstos otorgaran contratos a las empresas de los co-conspirador.

Como resultado de la indebida influencia del exalcalde sobre los funcionarios en las filiales de PDVSA se logró crear y ejecutar un esquema de sobornos que involucra a dos funcionarios públicos venezolanos.

  Las compañías del co-conspiradores (1) recibieron decenas de millones de dólares de contratos de las subsidiarias de PDVSA en cuentas del Sur de la Florida.

  Para promover el esquema de soborno ilegal, el co-conspirador 1 transfirió cablegráficamente los ingresos obtenidos de estos contratos con las Subsidiarias de PDVSA a las cuentas controladas y mantenidas por Marín Sanguino en los Estados Unidos, así como a las cuentas bancarias para el beneficio de los funcionarios de Venezuela (1) y (2).

   En total,  Marín Sanguino y sus socios acordaron ocultar los sobornos pagados, por los co-conspiradores 1 y 2. "Ordenaron que se hicieran en nueve pagos dentro y fuera de los Estados Unidos para que se entregaran a los beneficiarios".

  En enero 5 de 2015, Marín causó que el co-conspirador 2 transfiriera $100.000 de su cuenta bancaria en Panamá a la cuenta bancaria de la compañía de Marín en Miami, Florida.

  El 20 de diciembre de 2016, Marín hizo que el co-conspirador 1 transfiriera $250.000 desde su cuenta bancaria a la cuenta en Miami, a la cuenta de la cuenta controlada por el exalcalde de Guanta en Miami, Florida.

  En diciembre de 2016, Marín y el co-conspirador 1 enviaron aproximadamente $1,209,956. de la cuenta del co-conspirador 1 en Miami a una cuenta de banco en Panamá que beneficiaba a los dos funcionarios gubernamentales de Venezuela.

  El 2 de enero de 2018, Marín hizo que el co-conspirador 1 transfirieron aproximadamente $15.000 de su cuenta de banco en Miami a la cuenta de la empresa  de Marín en Miami, Florida.

  La acusación federal contra Marín Sanguino tiene fecha del 21 de abril de 2022.

  El 25 de abril de 2022, el abogado Michael Brian Nadler (ex-fiscal Federal de la Florida que persiguió la corrupción chavista cuando trabajaba como abogado del gobierno de EE.UU.) representó a Marín en este caso. Hubo una audiencia de 3 minutos  ante el juez, Chris M. McAliley, donde se produjo la comparecencia inicial de Marín Sanguino.

 En esa misma audiencia, se presentó una fianza bajo un Bono de Garantía Personal (STIP) de $100.000 que le permitió salir en libertad y permanecer fuera de la cárcel durante el procedimiento.

  El acusado dio su consentimiento para comparecer a través de video conferencia y se fijó una nueva audiencia para el 16 de mayo a las 10 AM. ante el juez de turno de la Miami. 

Orden del juez: Libertad bajo fianza

 De conformidad con la Ley de Protección del Debido Proceso, el Tribunal confirmó la obligación de los Estados Unidos de revelar al acusado todas las pruebas exculpatorias, es decir, pruebas que favorecen al acusado o ponen en duda el caso de los Estados Unidos, según lo exige la Brady v. Maryland, 373 U.S. 83 (1963).

   En una comunicación, el magistrado ordenó a los fiscales de los Estados Unidos  revelar cualquier evidencia que sirva para negar la culpabilidad de los acusados, la credibilidad de un testigo o que reduzca una sentencia potencial. 

   En la orden de McAliley, se asegura que el demandado tiene derecho a esta información de los fiscales sin una solicitud. "La falta de divulgación de pruebas exculpatorias de manera oportuna puede tener consecuencias, que incluyen, entre otras, la exclusión de pruebas, instrucciones adversas del jurado, desestimación de cargos, procedimientos por desacato, medidas disciplinarias o sanciones por parte del Tribunal".   

  La fianza por $100,000.00 a nombre de Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino fue aprobada por el juez  McAliley, el 27 de abril de 2022, en la cual se fijaron las condiciones de liberación. 

martes, 3 de mayo de 2022

La deuda amarrada al petróleo con China se contrajo en condiciones perjudiciales a Ecuador y con altos intereses

   El gobierno chino puso como condición 'mantener en secreto las condiciones de los préstamos' otorgados durante la administración de Rafael Correa, los cuales terminaron en sobrepago con la producción petrolera de Petroecuador.

Por Maibort Petit

  Una exigencia de la República Popular China al gobierno del expresidente, Rafael Correa, impidió que se conocieran las condiciones perjudiciales para Ecuador de los prestados atados al petróleo, así como los altos intereses de la misma, reveló el informe de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional del Ecuador en el Informe “Petrochina: Deuda pública y Comercialización de petróleo”.

   La investigación parlamentaria saca a un informe de la Contraloría General del Estado fechado en abril de 2018 e identificado con el serial NA3-007-2018, donde se estableció que “Se declaró secreta y reservada la documentación de operaciones de endeudamiento, sin cumplir con los requisitos previstos en la ley y extendiendo indebidamente tal declaratoria hasta el pago total de los créditos”.

  Así lo había impuesto el gobierno chino a Rafael Correa, quien procedió a declarar las operaciones como reservadas de manera de evitar el escrutinio público de toda la contratación, para lo que emitió tres resoluciones ministeriales de 2010, a saber, MF-DM-RD-2010-001, MF- DM-RD-2010-002 y MF-DM-RD-2010-003, las cuales pusieron cerrojo sobre las negociaciones   pusieron candados sobre las negociaciones impidiendo que, por varios años, la nación ecuatoriana se enterara de los manejos del endeudamiento.

  El informe parlamentario refiere que fueron algunas publicaciones periodísticas, así como el hecho de que el Ministerio de Economía y Finanzas y Petroecuador levantaran en ciertos casos la confidencialidad, lo que permitió que inicialmente que Ecuador se enterara de que se habían recibido esos préstamos con altos intereses, así como del castigo que se infligió al petróleo ecuatoriano por la forma en cómo se fijó su precio en los contratos comerciales. Dichas condiciones significaron que la nación ecuatoriana terminara comprometiendo mucho más crudo que el requerido para saldar la deuda.

Petroecuador más allá de sus competencias

  El informe de la comisión de fiscalización y control político hace referencia a la auditoría de la Contraloría General la cual estableció que Petroecuador se extralimitó en sus competencias.

  Refiere dicha auditoría que “‘a la legalidad, fuentes y usos de la deuda pública interna y externa en el Ministerio de Economía y Finanzas, Banco Central del Ecuador, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo y demás entidades relacionadas con la contratación y uso de los recursos públicos provenientes de la deuda interna y externa, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 24 de mayo de 2017’, la Contraloría General del Estado concluyó que Petroecuador E.P. gestionó, sin ser de su competencia, líneas de crédito mediante un convenio de Cooperación Interinstitucional, suscrito con el Ministerio de Finanzas, destinado a otorgar liquidez a la caja fiscal, cuando debieron destinarse únicamente a proyectos de inversión. 

  El referido aspecto se contrapuso a lo establecido en el artículo 126 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas, que prohíbe el endeudamiento para gasto permanente y establece que las entidades del sector público, que requieran operaciones de endeudamiento público lo harán exclusivamente para financiar programas de inversión e infraestructura”.

   El órgano contralor ecuatoriano estableció, tal como lo cita el informe parlamentario, que hubo un manejo “discrecional” de las operaciones de endeudamiento en razón de que “el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP) derogó normas que preveían en forma clara, la composición de endeudamiento”, así como también otras leyes y reglamentos que “permitieron aplicación discrecional de conceptos sobre endeudamiento y su utilización”. Específicamente, se cita a modo de ejemplo de esta situación, el no considerar como deuda las operaciones de venta anticipada de petróleo, pese a haberse reconocido el pago de intereses y devengado no sólo con crudo sino también con dinero en efectivo, a saber, USD 35.000.000.

Correa sobrepasó el límite de endeudamiento

  El informe de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político del Poder Legislativo de Ecuador se remite a otro reporte de la Contraloría que concluyó que el gobierno de Rafael Correa, en octubre de 2017, superó el límite legal de endeudamiento, establecido en el COPLAFIP en 40 por ciento.

   Refirió la Contraloría que, hasta el 30 de junio de 2017, la deuda pública de Ecuador alcanzó USD 48’647.334.819,98, es decir el 48,41 por ciento del PIB de 2017, de acuerdo a lo que refiere el Estado de Situación Financiera del Presupuesto General del Estado de ese año.

  Indican los parlamentarios que la Contraloría advirtió que no se llevó a cabo el seguimiento de los convenios de crédito y de los proyectos ejecutados, como tampoco se emitió normativa técnica para la ejecución de operaciones de endeudamiento, administración de deuda y operaciones conexas. Además, se alerta de que el Decreto Ejecutivo 1218, estableció una metodología para cálculo de relación Deuda/PIB, lo cual no está previsto en la ley, pero permitió seguir contratando deuda sin requerir de la aprobación del Poder Legislativo Nacional, ni del Plan de Fortalecimiento y Sostenibilidad Fiscal que prevé el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

Los acuerdos con China

   El informe indica que el 20 de noviembre de 2007 comenzó, con la firma del “Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación Económica” en Pekín, la nueva política de comercialización de hidrocarburos del gobierno de la “Revolución Ciudadana” de Rafael Correa. Tal política propuso la cooperación recíproca “en base del principio de beneficio mutuo”, al igual que el desarrollo de proyectos y acciones específicas en los ámbitos económico, comercial, industrial, científico, minero, energético, petrolero, turismo, entre otros.

 Además, China y Ecuador suscribieron otros 13 acuerdos de cooperación económica, medio ambiente, minas y energía, cultura, ferrocarriles, medidas sanitarias y fitosanitarias en agricultura y pesca, entre otros.

  En la misma fecha se firmó el “Acuerdo de Cooperación en el Sector Hidrocarburífero” de la Empresa Estatal de Petróleos del Ecuador, Petroecuador, y la Corporación Nacional de Petróleo y Gas Natural de China y la Corporación Química de China, el cual perseguía desarrollar proyectos en la exploración, explotación y producción de petróleo, gas natural y yacimientos petrolíferos.

  Una nota de El Universo fechada el 19 de julio del 2017 informó que Petroecuador había vendido a Petrochina, a la empresa sueca Taurus Petroleum y a la británica Arcadia Petroleum cuatro embarques de 360.000 barriles de crudo cada uno[1]. Se iniciaban las relaciones comerciales entre Petroecuador y Petrochina International Company Limited.

Siguen los intermediarios

  Aun cuando una de las razones de Rafael Correa para instrumentar la alianzas fue la necesidad de terminar con los intermediarios, el informe parlamentario destaca que la información deja ver que en la operación de agosto de 2007 quedó en evidencia la presencia de Taurus Petroleum como comercializadora del crudo ecuatoriano, un hecho que no era la primera vez que ocurría, pues ya la intermediaria suiza se adjudicaba los cargamentos de petróleo junto a Petrochina.

 Asimismo, en 2006, junto a Mitsubishi Internacional y Mitsubishi Corporation, Taurus se adjudicó la venta 17,28 millones de barriles de crudo provenientes del bloque 15.

  Refiere el reporte Taurus Petroleum se convirtió posteriormente en la intermediaria del crudo que Petrochina se adjudicó en 2009, bajo los convenios de Alianzas Estratégicas, suscritos con el Estado ecuatoriano. Se subraya el hecho de que la misma Taurus reconociera que entre ellas existía una relación comercial. Así lo comprueba una carta de referencia comercial fechada en julio de 2006, suscrita por Ben Pollner, dueño de Taurus Petroleum, dirigida a Petroecuador, Pollner en la que señaló: “Petrochina International Company Limited es una de las empresas autorizadas a realizar actividades comerciales internacionales de petróleo crudo y productos refinados para el Grupo Petrochina. Petrochina opera en los mercados internacionales de comercio de petróleo desde 1995 y goza de una buena reputación entre sus contrapartes comerciales. En nuestros tratos con Petrochina hemos descubierto que se comportan de manera competente y profesional”.

  Entretanto, Petrochina siguió haciendo negocios con Petroecuador lo que se comprueba con la firma en 2008 del contrato número 2008-358 para la compraventa de Crudo Oriente a largo plazo. El 3 de octubre de 2008, Petrochina presentó formalmente la petición dirigida al gerente de Comercio Internacional de Petroecuador en la que expresó su “disposición de expandir sus vínculos comerciales y firmar una Alianza Estratégica”. El convenio fue aprobado por el Consejo de Administración de Petroecuador a través de la resolución Nº 354-CAD-2008-11-1720.

Se encienden las alarmas

  En el año 2008, Carlos Pareja Yannuzzelli, representante del presidente Rafael Correa ante el directorio de Petroecuador, le advirtió a este en una comunicación que en el concurso en el que la petrolera sacó a la venta, mediante licitación, 12 lotes de 12.000 barriles diarios de crudo Oriente a entregarse durante el año, hubo varios hechos que perjudicaron los intereses del Ecuador.

    Pareja Yannuzzelli alertó que esa venta, un negocio de más de USD 5.000 millones, no cumplió con las bases establecidas en el concurso en razón de que, entre otras cosas, el destino del crudo, una vez en manos de las adjudicatarias, no iba al destino final determinado en los pliegos de la negociación. 

    En ese sentido, Pareja le dijo a Rafael Correa que Petroecuador había adjudicado a cinco empresas diferentes los lotes de crudo a diferente precio, lo que significó una pérdida de USD 300.000 diarios o USD 9 millones, “por cuanto se adjudicó el mismo momento, el mismo volumen del mismo producto bajo la misma modalidad a diferente precio sin pedir igualación del diferencial ofertado por las compañías perdedoras al diferencial ganador”. 

   Explicó en la misiva que la compañía “Valero ganó cargamentos con un diferencial de USD 13,21 por barril, mientras que el resto de las competidoras se adjudicaron el crudo con diferenciales más altos: Conoco con un diferencial ofertado de USD 14,94, Repsol con USD 15,62, Petrochina con USD 16,28 y Glencore con USD 16,37”. 

 Esto significa que la pérdida estimada por Pareja Yannuzzelli era de más de USD 18 millones solamente entre los meses de julio y agosto, por “no igualar los diferenciales” con el diferencial de Valero.

    Explicó que Glencore  fue adjudicada con un diferencial mayor, a saber de USD 3,16, subrayando Pareja que no quedó claro en su oferta el destino final del crudo, dado que la comercializadora detalló refinerías de las que no se tenía claro si eran de su propiedad, “es decir, no se sabe finalmente qué va a hacer con nuestro crudo, convirtiéndola en un intermediario, incumpliendo las bases que señalaban que se debía indicar expresamente el destino final del crudo Oriente, como consumidor final”.

  De igual forma se refirió el asesor presidencial sobre Petrochina a la cual se le adjudicaron los cargamentos con una diferencia de USD 3,07. La empresa china había informado que el crudo iría a “otros destinos solicitados por Petrochina International Group y aprobados por Petroecuador (...) en ninguna parte de las bases consta un destino de común acuerdo”.

  Carlos Pareja Yannuzzelli concluyó dejó sentado que la mayoría de los barriles “serán comercializados en el mercado a pesar de su restricción de destino que limitaba las cargas hacia una refinería o terminal específico”, por lo que recomendó a Rafael Correa que las compañías adjudicadas “certifiquen las entregas al destino final señalado en la oferta y de no ser así, cobrar las garantías, borrarlas del registro de contratistas por incumplimiento”.

  La advertencia de Carlos Pareja Yannuzzelli se formuló vía escrita el 19 de agosto de 2008, sin que ninguna de sus advertencias fuera tomada en cuenta. Al contrario, las relaciones comerciales con China se afianzaron.

 Asimismo, los conocimientos de embarque e información de Petroperú indican que el crudo de Ecuador entregado a Petrochina llegó a la refinería de la estatal peruana a través de las intermediarias Castor Petroleum y Taurus Petroleum.

  El informe parlamentario refiere también que el 27 de enero de 2009, el presidente ejecutivo de Petroecuador E.P., Luis Jaramillo, suscribió con el representante legal de Petrochina, Zhang Tao, el Convenio de Alianza Estratégica 2009016 22 que tenía por objeto “desarrollar actividades económicas de mutuo interés en áreas de exploración, explotación, transporte, almacenamiento, industrialización y comercialización de hidrocarburos, servicios petroleros, gestión ambiental, fortalecimiento institucional y capacitación”.

   Este acuerdo, que tenía una vigencia de cinco años, estableció en la cláusula décima segunda que los “convenios específicos que se deriven del presente Convenio Macro, se regirán por la normativa interna vigente en el país y en el Sistema Petroecuador”, es decir, por la legislación de Petroecuador. Las negociaciones futuras se harían de Estado a Estado, sin la participación de intermediarios.

[1] El Universo. “Ecuador vende 1,4 millones de barriles de crudo”. 19 de julio de 2007. https://www.eluniverso.com/2007/07/19/0001/9/66CF7B915E3743E68A77C6E34CF4DC78.html


domingo, 24 de abril de 2022

Rafael Correa casi quintuplicó la deuda pública y convirtió a Petroecuador en caja chica de su gobierno: Informe parlamentario (II)

 La deuda pasó de USD 13.426 millones en 2007 a USD 43.542 millones en 2017.

Por Maibort Petit

  El informe de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional del Ecuador en el Informe “Petrochina: Deuda pública y Comercialización de petróleo”, determinó que durante la administración de Rafael Correa que se extendió de 2007 a 2017 —contrario a lo prometido por el mandatario— el endeudamiento aumentó exponencialmente y la industria petrolera terminó convertida en fuente de liquidez del gobierno.

   A pesar de que en abril de 2007 Correa —había iniciado su mandato el 15 de enero del citado año 2007— anunció la ruptura con los organismos multilaterales una vez fueran saldadas las deudas que el país tenía con esas instituciones y de que en 2008 denunciara que un tramo de dicho endeudamiento era ilegal e ilegítimo, al final de su mandato en 2017 la deuda pública del Ecuador casi se había quintuplicado.

  Al asumir el poder Correa en la nación suramericana, la deuda totalizaba USD 13.426 millones (USD 10.171,90 de deuda externa y USD 3.277,60 de deuda interna), ubicándose la misma en junio de 2017 al cierre de su gestión en USD 43.542 millones (USD 28.552,10 de deuda externa y USD 14.990,10 de deuda interna), es decir, había un incremento de USD 29.951 millones que su sucesor en el cargo, Lenin Moreno Garcés elevó a USD 63.070 millones (USD 45.387,93 de deuda externa y USD 17.682,47 de deuda interna) en solo 4 años de administración.

  Había cambiado Rafael Correa de acreedores al sustituir al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial por la República Popular China, declarada como la nueva aliada de Ecuador en materia de desarrollo en virtud de que la nación oriental supuestamente brindaría el apoyo necesario para el desarrollo de proyectos en sectores estratégicos.

   Rafael Correa reorientó la política de comercialización internacional de hidrocarburos del Ecuador hacia el establecimiento de acuerdos de gobierno a gobierno con China, Venezuela y Uruguay bajo la figura de alianza estratégica, en razón de que, según acusó, la comercialización de petróleo tal y como se venía realizando hasta entonces solamente había beneficiado a las mafias intermediarias.

  Pero estas “alianzas estratégicas” con empresas estatales significó que Ecuador se endeudara entre 2009 y 2016 con China en USD 18.170.000.000 millones, a los que hay que sumar intereses y costos financieros.

 Contratos de preventa de crudo suscritos, entre 2009 y 2016, con Petrochina, PTT y Unipec:


  Además de esto, Ecuador recibió USD 300 millones por un contrato de venta anticipada de fuel Oil Nº 6 con la compañía Oman Trading International.

Petroecuador convertida en caja chica del gobierno

 El gobierno de Correa emitió un Decreto Ejecutivo para la celebración de los convenios de Alianzas Estratégicas, el cual se expidió con el objetivo de “promover la realización de Convenios de alianza estratégica y acuerdos generales de cooperación bilateral a través de la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador (PETROECUADOR), para aprovechar recíprocamente fortalezas y experiencias de otras empresas estatales especializadas en la industria petrolera”.

  El reglamento establecía que los contratos derivados de las Alianzas Estratégicas se firmarían directamente con la aprobación previa del Consejo de Administración de Petroecuador, el cual se reunió por última vez el 1 de abril de 2010, cuando fue disuelto con la emisión del Decreto Ejecutivo 315 del 6 de abril de 2010, suscrito por Rafael Correa. Esto significó que Petroecuador y Petroamazonas se transformaban en empresas públicas, con personería jurídica, patrimonio propio, dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión.

  Establecía el decreto que Petroecuador tenía como objeto principal de Petroecuador “la gestión del sector estratégico de los recursos naturales no renovables, para su aprovechamiento sustentable, conforme a la Ley Orgánica de Empresas Públicas y la Ley de Hidrocarburos, para lo cual intervendrá en todas las fases de la actividad hidrocarburífera con excepción de las fases de exploración y explotación, bajo condiciones de preservación ambiental y de respeto de los derechos de los pueblos”.

  Sin embargo, la Comisión parlamentaria denuncia en su informe que, “contrario a lo que se estableció en el mandato, sobre utilizar sus recursos naturales para su propio beneficio, Petroecuador se dedicó a gestionar líneas de créditos para otorgar liquidez al gobierno central”.

  La Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político se remite en su informe a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, la cual establece en su artículo 34 que “las empresas públicas tienen amplia capacidad para invertir sus recursos económicos y excedentes en la ejecución de proyectos a desarrollarse en las mismas empresas, subsidiarias, filiales, agencias o unidades de negocio en los términos que apruebe el Directorio”. Igualmente, el artículo 39 señala que “en cuanto al reparto de excedentes, aquellos que correspondan a la participación de la empresa pública, observarán los principios y normas previstos en el artículo 315 de la Constitución de la República, es decir, se destinarán a la inversión y reinversión en las mismas empresas, sus subsidiarias, relacionadas o asociadas, en niveles que garanticen su desarrollo. Los excedentes que no fueran invertidos o reinvertidos se transferirán al Presupuesto General del Estado para que sean utilizados en los fines que la Función Ejecutiva considere pertinente”.

  Cita el informe DNA3-0001-2017 de la Contraloría General del Estado del 10 de junio de 2017, donde se determinó que “de los USD 5.000 millones obtenidos por las tres Líneas de Créditos suscritas con el Banco de Desarrollo de China (y de las que Petroecuador fue partícipe, porque fue la empresa que garantizó y pagó los préstamos), el 72% de los recursos fueron de libre disponibilidad para el Gobierno, el otro 28% se destinó para financiar proyectos específicos. En el caso de los recursos recibidos por la Línea de Crédito I, obtenidos por Petroecuador, nada llegó a sus cuentas. La Contraloría General del Estado señala que el 48,90% (USD 538, 7 millones) se destinó a gasto corriente, el 33,03% (USD 363,8) a gasto de inversión, 8,37% (USD 92,1 millones) a gasto de capital, 9,50% (USD 104,6 millones) para aplicación del financiamiento y 0,2% a otros gastos (USD 2,2 millones)”.

  En tal sentido, la comisión parlamentaria denuncia que la las alianzas estratégicas solamente sirvieron como vehículo para evitar el mecanismo de la licitación el cual garantiza, mediante procesos competitivos, las mejores condiciones para el país. Apuntaron que las empresas asiáticas, así como la venezolana PDVSA y la uruguaya ANCAP, terminaron tan sólo ejerciendo un papel de prestanombres toda vez que fueron utilizadas para facilitar que terceros, a saber, intermediarios, adquirieran el petróleo a precios preferenciales, algo a lo que jamás habrían tenido acceso en las condiciones de concurso público internacional.

  El informe de la comisión acusa tal situación como una trama de corrupción que se inició con contratos simulados, decretos ejecutivos, reuniones reservadas de directorios y otros actos que buscaban “facilitar” el proceso que “permitió la corrupción público-privada, en la que intervenían figuras como Enrique Cadena, Antonio Peréz, Jaime Baquerizo, Nilsen Arias Sandoval, entre otras. Sin duda, se trata del andamiaje más sofisticado de corrupción orquestada que se recuerde en Ecuador”.

Entrega del negocio petrolero a China

  Deja sentado el informe que a cambio de la deuda china de USD 18.170.000.000, se entregaron los recursos naturales del Ecuador a largo plazo, a través de 13 contratos comerciales suscritos con Petrochina International Company Limited, Unipec Asia Co. Ltd. y PTT International Trading Pte. Ltd., que se tradujeron en la entrega de 1.325 millones de barriles de petróleo crudo hasta el año 2024, como garantía e instrumento de pago de la deuda. Señalaban los parlamentarios que a febrero de 2022 se habían entregado 1.174 millones de barriles de crudo, quedando pendiente la entrega de 151 millones de barriles de cuatro contratos vigentes, lo que representa un 12 por ciento del total del volumen contractual.

  Refieren los parlamentarios que el saldo de deuda pendiente con la banca asiática a febrero 2022 se ubica en USD 2.000.000.000, mientras la garantía petrolera, representa un volumen de 151 millones de barriles de crudo que al precio actual de USD 90, equivale a USD 14.000.000.000.

  De este modo, la comisión de fiscalización y control político de la Asamblea Nacional del Ecuador, estableció que ese país entregó a China y a la red de intermediarios, un negocio que representa 5 o 6 veces más que la deuda comprometida.


lunes, 18 de abril de 2022

Samark López Bello insiste ante el tribunal de Nueva York en que se le otorgue un juicio sumario

  Sostiene que se violó el debido proceso con su designación por parte de la OFAC.

Por Maibort Petit

   Quien es señalado de actuar como testaferro de Tareck El Aissami expresó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia la necesidad de que se le procese en juicio sumario, toda vez que como lo ha establecido en la contrademanda que ejerce contra funcionarios de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, estos sobrepasaron sus funciones al aplicar una designación derivativa en su contra de la aplicada a Tareck El Aissami, que quien las autoridades sostienen, es testaferro.

   Denuncia que la acción de la OFAC alteró irreparablemente su vida en los Estados Unidos, donde sus casa, bienes e intereses comerciales se han visto afectados, como producto de la acción arbitraria de los demandados.

  Entretanto, Antonio Caballero —quien igualmente lo considera como agente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y, por ende, a través de sus bienes pretende cobrarse la sentencia compensatoria que le otorgara la justicia estadounidense como víctima de las actuaciones del grupo terrorista— solicitó una pausa en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Nueva York, en la causa que sigue contra el cantante mexicano Julio César Álvarez Montelongo —igualmente señalado por Caballero como agente de las FARC— mientras tal situación se dirime en otras cortes de los EE. UU.

Samark López pide juicio sumario

  El 6 de febrero de 2022, Erich C. Ferrari, En representación de Samark López Bello, presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, un Memorándum de respuesta en apoyo de la contrapropuesta de sentencia sumaria.

    Samark José López Bello, quien demanda a Bradley T. Smith, en su carácter de Director Interino de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, así como a otros funcionarios de ese despacho, estima que estos sobrepasaron sus atribuciones legales en virtud de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico (Ley Kingpin), 21 U.S.C. § 1901 et seq., e incumplieron las protecciones del debido proceso que le otorga la ley.

  Sostiene, que Bradley y los otros demandados, en lugar de proporcionarle un aviso suficiente para impugnar la acción ilegal de la OFAC, retuvieron casi todas las partes sustanciales del registro administrativo que subyace a su designación. Refiere que los demandados proporcionaron cuatro resúmenes no clasificados que consisten en alegaciones concluyentes, trayendo sus acciones la erradicación completa de las propiedades, los intereses comerciales y la vida familiar de la demandante en los Estados Unidos.

   Amparándose en lo afirmado por la Corte Suprema de Justicia, López Bello asegura que ni las acciones ni los argumentos de los demandados sorprenden, toda vez que ceden a la “tentación de prescindir de las garantías constitucionales fundamentales”, por lo que instó al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia a no “otorgar su imprimatur a tal tentación, para que no se rompa el cuidadoso equilibrio alcanzado en nuestra jurisprudencia y se descarten las protecciones fundamentales del debido proceso en la búsqueda de una política”.

   Insiste en que toda su vida en los Estados Unidos se ha visto alterada irreparablemente, pues su residencia fue ejecutada, sus intereses comerciales se han derrumbado, sus propiedades incautadas y su propia persona ha sido objeto de cargos penales derivados directamente de la acción impugnada de los demandados. Todo ello, asevera, en razón de que los demandados no observaron los límites de sus autoridades estatutarias en virtud de la Ley Kingpin y los requisitos del debido proceso, lo cual le ha impedido mitigar estos daños y refutar la base fáctica de la acción de la OFAC.

  En opinión de Samark López Bello su designación por parte de los demandados en virtud de la Ley Kingpin viola la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), y los argumentos contrarios de los demandados carecen de fundamento.

   Considera que la OFAC no evaluó por completo la credibilidad de los informes en los que se basó para sustentar su designación y ahora han revelado que la mayoría, si no todo, del apoyo probatorio para la designación son contenidos en otros "informes". Esto deja abierta la posibilidad de que la agencia haya seleccionado los informes, incluso de fuentes de mala reputación, para garantizar el resultado deseado.

  Refiere que el hecho de que ningún tribunal ha señalado que la OFAC está obligada a evaluar expresamente la credibilidad de cada fuente que considere, contradice lo que la jurisprudencia establece de que “la confianza de una agencia en un informe o estudio sin determinar la exactitud de los datos contenidos en el estudio o la metodología utilizada para recopilar los datos 'es una acción arbitraria de la agencia, y los hallazgos basados en [tal] estudio no están respaldados por pruebas sustanciales'”.

  Por otra parte, López Bello cree que la interpretación de los demandados y el uso de sus facultades en virtud de la Ley Kingpin es contrario a una lectura simple del texto estatutario de dicha ley y su historial legislativo. Para él es improcedente que la OFAC lo designe a él derivativamente como parte de la misma acción de la designación de Tareck El Aissami.

  Samark López insta al Tribunal para que requiera que la OFAC proporcione una notificación previa de aquellas personas sujetas a sanciones en virtud de la Ley Kingpin antes de hacer una designación derivada de una persona con un reclamo legítimo a las protecciones constitucionales del debido proceso.

  Ante esta y otras consideraciones, Samark José López Bello solicitó al Tribunal que le conceda la nación de juicio sumario y. dicte sentencia a su favor en todos sus reclamos.

Entrega de material privilegiado

   El 22 de febrero de 2022, Brian M Boynton, Fiscal General Adjunto Principal, presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia un aviso de alojamiento clasificado y privilegiado.

  El abogado, en representación de Andrea M. Gacki, en su carácter de directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), así como el resto de los demandados por Samark López Bello, estaban notificando a la Corte que en la referida fecha estaban presentando información clasificada y privilegiada en respaldo a su moción de desestimación o, alternativamente, de juicio sumario, así como en apoyo de su oposición a la contra-moción de juicio sumario del demandante.

  Se advierte que la presentación ex parte, in camera incluye porciones reservadas del expediente administrativo en esta materia y también declaraciones sobre las afirmaciones del gobierno del privilegio de aplicación de la ley.

  Se indicó que la presentación se presentaba para almacenamiento seguro y para transmisión segura al Tribunal (a pedido) con el Grupo de Seguridad de Litigios del Departamento de Justicia de EE. UU., Washington, D.C., (202) 514-9016.

Informe conjunto

  El 29 de marzo de 2022, José I. Zumpano, en representación de Antonio Caballero, presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Nueva York, el Informe de estado conjunto que su cliente y la parte interesada, Julio César Álvarez Montelongo, debían entregar según resolución de la corte del 25 de enero de 2022.

   Refirieron al tribunal que como en este ya se sabía, se encuentra pendiente una acción que involucra a Caballero y a Álvarez en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California y otras dos cortes de distrito, donde las partes decidieron que se debían resolver antes por ser idénticas o similares. Se trata de una acción en la que se debe establecer si Álvarez actúa como agencia o instrumento de las FARC.

  Por ello, Caballero y Álvarez solicitaron al Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York, continuar su paralización y que el próximo informe de estado de las partes sea pospuesto hasta después de la audiencia probatoria en California.

Certificación de la desestimación

   El 19 de febrero de 2021, David J. Smith, secretario del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida, certificó la emisión de la copia de la Orden de desestimación dictada por dicha Corte, la cual fue expedida atendiendo el mandato del tribunal.

  Smith informó a los abogados que de conformidad con 11th Cir. R. 27-2, "una moción para reconsiderar, anular o modificar una orden debe presentarse dentro de los 21 días posteriores a la entrada de dicha orden. No se permitirá tiempo adicional para el envío por correo".

Desestimación de la apelación de Caballero

  La Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito de los Estados Unidos desestimó el recurso por falta de jurisdicción, indicándose que el recurrente, Antonio Caballero, pretendía apelar la denegación de su moción de intervención conforme a la Fed. R. Civ. Pág. 24(b).

  Se advierte que la orden de denegación del tribunal de distrito no fue una orden final ni se incluyó en una clase específica de órdenes interlocutorias que son apelables por excepción estatutaria o jurisprudencial.

  Se dejó sentado que la Corte no puede ejercer jurisdicción provisional bajo la “regla anómala” porque la solicitud de intervención de Caballero buscaba expresa e inequívocamente una intervención permisiva únicamente y, en consecuencia, se estableció que se carecía de jurisdicción para conocer el recurso.

  Asimismo, todas las mociones pendientes se negaron como discutibles y se dejó sentado que no se podía presentar ninguna moción de reconsideración a menos que cumpla con el tiempo y otros requisitos del 11th Cir. R. 27-2 y demás normas aplicables.

sábado, 16 de abril de 2022

Las Alianzas Estratégicas que Ecuador estableció con China significaron el sobrepago de las deudas con petróleo (I)

  Un informe de la Comisión de Fiscalización del Poder Legislativo ecuatoriano determinó que los convenios con empresas chinas derivaron en pérdidas millonarias para la nación ecuatoriana.

Por Maibort Petit

    Al mes de febrero de 2022, Petroecuador había entregado a las empresas chinas Petrochina International Company Limited, Unipec Asia Co Limited y PTT International Trading Pte. Ltd., cinco veces más petróleo de lo que requería el pago de deuda contraída por Ecuador a través de créditos que sumaron USD 18.470 millones, con intereses de hasta el 7,37%, más cargos por costos financieros, entre los años 2009 y 2016, los cuales se cancelarían mediante la entrega de crudo a largo plazo.

 Así lo estableció la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional del Ecuador en el Informe “Petrochina: Deuda pública y Comercialización de petróleo”, identificado con número CEPFCP-2021-2023-003-I. Una investigación que se llevó a cabo al amparo de lo dispuesto en los artículos 226 y 120 numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador, así como de los artículos 74 y 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y del artículo 24 de su Reglamento y que tiene por objeto poner en conocimiento de los órganos administrativos, de control, de justicia y de la ciudadanía en general, los hallazgos que se desprenden de la fiscalización de los casos Petrochina, Gunvor, Petrotailandia y Petroecuador.

  El pleno de la Comisión de Fiscalización conoció y aprobó en las sesiones del 7 y 24 de junio de 2021, el plan de trabajo que contemplaba la investigación de los referidos casos.

  Tal situación deriva de las denominadas “Alianzas Estratégicas” que el gobierno del expresidente Rafael Correa Delgado estableció con la República Popular China con miras a convertir a la nación oriental en la principal financista del Ecuador. Se suponía, advierte el informe, que dichos convenios traerían “beneficios mutuos” y la supuesta eliminación de los intermediarios en la comercialización del petróleo ecuatoriano. Sin embargo, los trece contratos comerciales comprometieron a la nación ecuatoriana hasta 2024, obligándola a entregar 1.325 millones de barriles de crudo a las empresas asiáticas citadas líneas arriba. 

  Hasta febrero 2022, Petroecuador había entregado 1.174 millones de barriles y quedando pendientes 151 millones, sin contar 10 millones de barriles adicionales que se le entregaron a empresa china Unipec America Inc. bajo las mismas condiciones de los contratos originales sin que se hayan dado explicaciones al respecto hasta la fecha.  

Grandes pérdidas

  Refiere el informe parlamentario que Ecuador paga la deuda contraída con China mediante la entrega de petróleo a largo plazo, representa grandes perjuicios económicos, dado que el crudo se factura a precios considerablemente inferiores a los del mercado.

  Esta práctica sólo representa beneficios para las entregas chinas, las cuales entregan el petróleo recibido de Petroecuador a los bancos y empresas privadas para que lo revendan en condiciones spot y a precios más altos que permiten los mercados de la región.

  Se estableció que dicho perjuicio es de USD 3,69 por barril para crudo Oriente y USD 3,61 por barril para crudo Napo (tipos de crudo que produce Ecuador). Esto significó, según los cálculos parlamentarios, que Petroecuador dejó de percibir, sólo en el último año, un promedio de USD 3,65 por entregar el petróleo bajo la fórmula establecida en los contratos. En 2021, entregó 31,6 millones de barriles de crudo Napo y 42,2 millones de crudo Oriente.

  La comisión parlamentaria indicó que al considerar un valor promedio de USD 3,60 por barril, como pérdida provocada por la aplicación de estas fórmulas arbitrarias, por la totalidad de barriles comprometidos hasta el año 2024, a saber, 1.325 millones de barriles, el posible perjuicio para Ecuador ascenderá a USD 4.771.612.800.

  Igualmente, los parlamentarios multiplicaron los 1.174 millones de barriles entregados hasta la fecha a un costo mínimo de USD 50 el barril, el resultado revela que Ecuador entregó a las empresas asiáticas y los bancos europeos y empresas intermediarias, un negocio que generó más de USD 58.700 millones. Tal cifra, advirtió la comisión, cubriría más del 50 por ciento de la deuda ecuatoriana.

El negocio de la reventa

  El informe estableció que las referidas empresas estatales y privadas extranjeras monetizaron el petróleo ecuatoriano (aún no explotado) y lo revendieron por adelantado en el mercado de futuros.

  Refirieron que la Contraloría General del Estado determinó glosas USD 174,7 millones que comprometieron a exfuncionarios de Petroecuador y a las compañías asiáticas. Las condiciones establecidas en los contratos permitieron el millonario negocio de la reventa del crudo ecuatoriano en mercados del continente.

  Cita el informe parlamentario el informe de la Contraloría identificado con el serial DNA 6-0012-2017, el cual indicó que el libre destino del crudo, entregado bajo el contrato 2012292 con Unipec, se revendió en 12 destinos diferentes, a saber, Chile, Panamá y la Costa Oeste de Estados Unidos.

  Petroecuador no cumplió con la verificación de los destinos de los embarques negociados, los cuales han debido ir exclusivamente a las refinerías nacionales de los compradores.

  El informe de la comisión de fiscalización refirió que los endosos de los conocimientos de embarques entregados por Petroecuador revelaron que el crudo ecuatoriano, consignado a las empresas asiáticas Petrochina, Unipec y PTT como pago de la deuda, “fue comercializado por los bancos europeos ING, sucursal Ginebra, Natixis de París, Credit Agricole de Suiza y Société Générale de Francia, además de la multinacional de capital ruso, Gunvor, a través de Gunvor S.A. y las empresas Core Petroleum, Castor Petroleum y Taurus Petroleum — vinculadas entre sí, según los expedientes de calificación entregados a Petroecuador— e identificadas como las vendedoras finales de nuestro petróleo en Perú y otros destinos”.

  Quedó evidenciado que la entrega del crudo ecuatoriano a las empresas asiáticas fomentó un millonario negocio de intermediación petrolera y financiera en beneficio de bancos y empresas privadas, del que Petroecuador quedó fuera por las condiciones que le impusieron Petrochina, Unipec y PTT.