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jueves, 10 de junio de 2021

Emma Coronel, esposa de “El Chapo”, se declaró culpable de narcotráfico y lavado de dinero

Por Maibort Petit

  Emma Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, líder del Cartel de Sinaloa, se declaró culpable este jueves de los cargos relacionados con el narcotráfico internacional, lavado de dinero y una violación criminal de la Designación de Capo Extranjero de Narcóticos. Act (la Ley Kingpin).

   Según documentos judiciales, Emma Coronel Aispuro, de 31 años, con doble ciudadanía estadounidense y mexicana, se declaró culpable de un delito de tres cargos acusándola de: 

1) Conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, un kilogramo o más de heroína. 500 gramos o más de metanfetamina y 1,000 kilogramos o más de marihuana en los EE. UU., México y otros lugares, sabiendo, con la intención y teniendo una causa razonable para creer que tales sustancias serían importadas ilegalmente a los EE. UU. 

2) conspirar con otros para lavar el producto de narcóticos; y 

3) violar las sanciones penales de la Ley Kingpin al participar en transacciones y tratos con la propiedad de su esposo, Guzman Loera, un narcotraficante extranjero significativo designado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

    El tribunal fijó la fecha de la sentencia de Coronel Aispuro para el 15 de septiembre. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de Sentencia de Estados Unidos y otros factores estatutarios.

 




miércoles, 9 de junio de 2021

Abogados del Chapo Guzmán insisten en un nuevo juicio, alegando mala conducta de cinco miembros del jurado

Por Maibort Petit

   Aunque fue sentenciado a cadena perpetua por un tribunal de Nueva York, los abogados de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera apelaron ante la corte que hubo“mala conducta” del jurado en el juicio por narcotráfico, celebrado entre 2018 y 2019, contra el ex-líder del cártel de Sinaloa. La defensa ha pedido un nuevo juicio desde inicios del año 2021, pero los fiscales se opusieron a la petición de manera contundente.
 
    La defensa argumentó en una moción introducida el viernes, que el tribunal del Distrito Este de Nueva York “erró” ante su negativa de ordenar una averiguación sobre una nota de prensa publicada por el portal norteamericano Vice News en la cual quedó (supuestamente) evidenciada la “mala conducta generalizada” del jurado, que rompió su juramento al no seguir las instrucciones del juez de no tener contacto con lo que se publicaba sobre ese proceso legal.

El juicio que piden sea "anulado"

  El proceso judicial contra Joaquín Archivaldo Guzmán Loera comenzó el 5 de noviembre de 2018 bajo estrictas medidas de seguridad y durante el cual se presentaron toda clase de recursos para evitar que en algún momento del mismo, el juez Cogan pudiera emitir una sentencia en su contra.

   Fue acusado de codirigir durante 25 años el cártel de Sinaloa y de importar por lo menos 1.200 toneladas de cocaína, más de 49 toneladas de marihuana, más de 200 kilos de heroína y metanfetaminas a los Estados Unidos.

    El 12 de febrero de 2019 el jurado determinó que el Chapo Guzmán era culpable de diez de los cargos que se le imputaban. Un juicio que sacó a la luz la crueldad con que actuó este hombre y su organización, así como la extrema violencia y corrupción que impera en los carteles de la droga.

  Durante la lectura de la sentencia, Joaquín Guzmán denunció al juez por el hecho de no haber recibido un juicio justo y de sufrir tratos "crueles e inhumanos".

   El 10 de julio la fiscalía pidió una sentencia de cadena perpetua más una pena de 30 años de cárcel y el 17 de julio de 2019, Brian Cogan se hizo eco de esta solicitud.

Luego del juicio hablan los jurados

  El portal Vice News publicó el 20 de febrero de 2019, tras la condena a cadena perpetua de Guzmán Loera por narcotráfico, una entrevista con uno de los 12 miembros del jurado, que habló bajo condición de anonimato. El jurado sostuvo que varios de sus colegas leyeron informaciones sobre el caso durante el juicio de Guzmán en medios y redes sociales.

   En la entrevista anónima, Vice News sostiene que la fuente le dijo que el jurado mintió en varias ocasiones al juez Brian Cogan sobre su exposición a la cobertura periodística del juicio.

 Hace referencia a unas publicaciones hechas por la prensa neoyorquina, dadas a conocer el fin de semana previo al inicio de las deliberaciones del jurado en febrero de 2019, se alegada que en ciertos documentos judiciales que evidenciaba que Guzmán Loera había pagado por mantener sexo con niñas.

  Luego de la publicación, los abogados del narcotraficante manifestaron al juez su preocupación por lo alegado en las informaciones de prensa y concluyeron que Guzmán Loera “no tuvo un juicio justo”, razón por la cual decidieron acudir al tribunal de apelaciones del Segundo Circuito para pedir un nuevo juicio para su cliente.

  Vale la pena destacar que el juez Brian Cogan instruyó diariamente al jurado para que leyeran noticias ni en los medios ni en las redes sociales, mantenerse alejados de la prensa, y evitar a toda costa averiguar sobre el acusado y el caso, y no hablar con nadie del juicio.

  De acuerdo a los argumento de la defensa, Guzmán no tuvo un juicio justo, y que existe evidencia de ello, por lo que insisten ante la Corte que el proceso debe ser anulado y se le debe dar la oportunidad, según lo establecido en la ley, para que haya el caso se repita con la garantía de un jurado que cumpla con las instrucciones del juez, y no contamine su posición con información de prensa.

  Los abogados de Guzmán asegura que aproximadamente cinco miembros del jurado violaron “rutinariamente” su juramento y las instrucciones del juez Cogan, lo que constituye un elemento a tomarse en cuenta en la apelación.

La defensa sostiene que los miembros del jurado burlaron las órdenes del juez, esto a pesar que se le retenían los teléfonos celulares en la corte y se les advertía que no podían hablar sobre el juicio con nadie. "No cumplieron con las instrucciones y entre ellos hablaban cuando volvían a sus residenciales, e incluso comentaban las noticias del día", acotaron.

  En el documento, los abogados del Chapo señalan que al menos cinco jurados y dos alternos violaron la norma y leyeron los reportajes de prensa que alegaban que Guzmán habría drogado y violado a niñas de 13 años, lo que calificaron de “repugnante”.

  La defensa insiste que debido a las razones expuestas, el tribunal debería autorizar un nuevo juicio.

  Aún el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito no ha fijado la audiencia para considerar el caso. Mientras tanto, Guzmán paga su condena en una cárcel de máxima seguridad en Colorado.

martes, 8 de junio de 2021

¿Cómo opera la asociación estratégica entre Irán y Venezuela?

Por Maibort Petit   

  El régimen islámico de Irán y el venezolano han desarrollado una sociedad poco transparente en la que el objetivo principal es la evasión de las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos y, por otra parte, hacer avanzar la presencia iraní en la región occidental y, lograr que el proceso revolucionario venezolano se expanda por Latinoamérica.

     Con Hugo Chávez, primero, y luego con su sucesor, Nicolás Maduro, la asociación estratégica de los regímenes de Irán y Venezuela ha ido profundizando tanto en las relaciones comerciales, como en otras que, a la luz de los hechos, no están perfectamente claras, a saber, las del plano militar.

  Sobre la turbidez de esta sociedad hace advertencia, Joseph M. Humire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura y experto en amenazas transnacionales en el continente americano, en un informe denominado “Irán y Venezuela: una asociación estratégica”, publicado en la Revista Diálogo, del Comando Sur de los Estados Unidos.

  Allí hace un recuento de cómo se ha llevado a cabo la relación iraní-venezolana —que no es una novedad del chavismo, pues es vigente desde el pasado siglo, pero sólo circunscrita al aspecto cultural y diplomático— pero que sí encontró cabida en la revolución bolivariana para expandirse a otros terrenos, como ya hemos advertido.

  Centenares de acuerdos y decenas de proyectos dieron entrada a negocios y actividades non claras que, de acuerdo al reporte, han facilitado la red mundial de adquisiciones ilícitas que Irán realiza a través de Venezuela, actividades que han permito impulsar financieramente a la república Islámica en Latinoamérica.

  Refiere Humire que, de acuerdo a estimaciones conservadoras, Irán y Venezuela establecieron un fondo, un banco y una línea de crédito binacional que le facilita al régimen iraní valores declarados de empresas conjuntas, capitalizaciones, préstamos e inversiones que accedieron a más de USD 16.000 millones, a través del sistema financiero venezolano.

La red de empresas ficticias

  Así surgieron, bajo la administración del Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas de Irán y la compañía militar de Venezuela CAVIM, proyectos militares conjuntos que han servido para ocultar, a través de la industria petrolera, las transacciones financieras de las entidades iraníes sancionadas.

   Fue, entonces como en Venezuela comenzaron a operar una gran cantidad de empresas ficticias relacionadas con el CGRI, tal es el caso de Parchin Chemical Industries, involucrada en los programas de misiles y armas de destrucción masiva iraníes, de acuerdo a la Resolución 1747 del Consejo de Seguridad de la ONU.

  Igualmente, Qods Aviation, otra compañía de fachada sancionada del CGRI, la cual, se instaló al lado de la base aérea El Libertador, en Maracay, estado Aragua, para entrenar a los militares venezolanos para fabricar vehículos aéreos no tripulados (UAV, en inglés).

  El complejo industrial militar venezolano-iraní se aprecia en proyectos conjuntos de UAV, motores de reacción, fabricación de municiones y partes de helicópteros, estableciendo un esquema de evasión de sanciones que sentó precedentes para las actividades “comerciales” actuales de Irán en Venezuela.

  Ya con Maduro en el poder —luego de un breve receso luego de la muerte de Chávez— este visitó dos veces Teherán en 2015, reanudando así la cooperación conjunta. En 2016, el presidente iraní, Hassan Rouhani, hizo su primer y único viaje a Venezuela, específicamente a la isla de Margarita, para participar en una cumbre anual del Movimiento de Países No Alineados. Allí se firmaron una serie de acuerdos bilaterales en materia de ciencia, nanotecnología, petróleo y agricultura.

  Entretanto, en 2017, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) se valía de Venezuela como centro de transbordo de productos estratégicos como minerales, metales, materiales y tecnología, comprados en toda Latinoamérica para apoyar sus programas de armas convencionales y de destrucción masiva en Irán. Para Irán era fundamental legitimar su impacto “comercial” en Venezuela, si quería aprovechar el fin del embargo de armas de la ONU el 18 de octubre de 2020.

  Pero mientras en territorio iraní se cosechaban los beneficios financieros del acuerdo nuclear del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), la economía venezolana se iba hasta el fondo, todo a pese a contar con una de las reservas de petróleo más grandes del mundo.

  Venezuela enfrenta una colosal escasez de combustible, una circunstancia que abrió una nueva puerta para que Irán incrementara su presencia en la zona mediante el envío de gasolina, alimentos, técnicos y hasta la apertura del primer supermercado en Caracas, inaugurado en 2020. Estaba legitimándose la actividad comercial iraní en la Venezuela de Maduro. En apariencia, una relación inocua, pero en el fondo, el mecanismo para fortalecer su presencia militar en el futuro.

El puente aéreo y marítimo

  De este modo —continúa el informe de Humire— en 2020, Irán conformó un puente aéreo y marítimo a través del Océano Atlántico, sustentado en una red del CGRI en terceros países. Tal situación generó múltiples rutas entre Irán y Venezuela, como la abierta en Argelia y Serbia, como puntos de reabastecimiento de combustible para rutas aéreas, mientras que Sudáfrica se ha convertido en un punto de circunnavegación alternativo a la ruta marítima entre ambos países.

   El experto en temas de seguridad subraya que el puente marítimo permite al CGRI valerse de diversas tácticas de evasión marítima, tales como el cambio de banderas, el nombre y el color de las embarcaciones iraníes, así como de apagar sus transpondedores a la mitad del viaje, todo para hacer que los barcos iraníes arriben a Venezuela sin ser detectados. Pero pese a estos esfuerzos, en 2020, fue posible incautar el cargamento de algunos petroleros iraníes, gracias a esfuerzos de decomiso civil estadounidense. De todas maneras, esto no ha sido óbice para que Irán siga luchando por legitimar su presencia en Venezuela.

La clave

  El reporte de Joseph Humire sostiene que para Irán y el régimen de Nicolás Maduro, la clave es pasar de un esquema de evasión de sanciones —implementado durante los años de Hugo Chávez— a una estrategia de resistencia a dichas sanciones.

  Para ello, se basan en una narrativa de victimización conjunta dirigida a deslegitimar el uso y la efectividad de las sanciones estadounidenses e internacionales.

  De tener éxito en este cometido, es probable que Irán refuerce su presencia militar en Venezuela, puesto que el régimen de Maduro busca enfrentar a sus vecinos de Guyana, Brasil y Colombia. Un objetivo en el que, al parecer, no van a cejar de ninguna manera. La estrategia expansionista de ambos regímenes continúa a todo trance.


Avanza en Nueva York el juicio por narcoterrorismo contra el general Cliver Alcalá Cordones

   El militar venezolano fue acusado el 26 de marzo de 2020.  Su caso fue excluido de un juicio rápido. El cambio de abogados también ha retrasado el proceso.

Por Maibort Petit

   El juez estadounidense, Alvin K. Hellerstein dio a conocer un nuevo calendario procesal del juicio contra el general, Cliver Alcalá Cordones, un militar venezolano, acusado por el gobierno de los Estados Unidos por cargos de narcoterrorismo. En una audiencia realizada el lunes 7 de junio, la corte autorizó a la defensa y a la fiscalía para que presenten, dentro de los siguientes 60 días, las mociones del caso. 

   El gobierno de los Estados Unidos acusa al general (r) Clíver Alcalá Cordones de formar parte del Cártel de los Soles, y de haber participado en actividades vinculadas al narcoterrorismo por dos décadas, junto a funcionarios de alto nivel del régimen venezolano desde la época de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

    Durante la audiencia, el juez Hellerstein hizo referencia a la Ley de Procedimientos de Información Clasificada, destacando que la data que forma parte de las evidencias (descubrimiento) estarán protegidas y no podrán ser divulgadas por los abogados de la defensa. 
    
     El magistrado  Hellerstein fijó una nueva audiencia para el 14 de agosto en la mañana.  
       
       La defensa del general Cliver Alcalá Cordones ha reclamado al tribunal más tiempo para revisar el voluminoso expediente que el gobierno estadounidense tiene contra el militar venezolano. Los abogados dijeron que los fiscales continúan presentando pruebas contra el acusado, y que éste necesita tiempo para revisar los material con sus abogados. 

  Los fiscales Amanda Houle, Matthew Laroche, Jason A. Richman y Kyle Wirshba habían pedido con anterioridad un aplazamiento en el 2020, debido a las dificultades que generó la pandemia de COVID-19 en las cortes federales. 

  Cliver Alcalá se entregó a las autoridades estadounidenses el 26 de marzo en Colombia y fue trasladado a Nueva York. Desde el 27 de marzo vive en una cárcel en Putnam, en las afueras de Manhattan, donde según sus defensores "lo han tratado bien".

 Alcalá Cordones se declaró no culpable de los cargos ante un juez federal en Nueva York, en una audiencia por Internet con el programa Skype el 31 de marzo de 2020.

  De acuerdo a los documentos federales, durante los últimos 20 años, desde que Hugo Chávez asumiera el poder en 1999, el Ejecutivo venezolano participó en una violenta y corrupta conspiración con las FARC para traficar con cocaína para ser traficada a los EE. UU.

  Estados Unidos calcula que las FARC y el Cártel de los Soles consiguieron ingresar en territorio estadounidense unas 250 toneladas de cocaína de manera anual desde 2004. 

lunes, 7 de junio de 2021

Irán y Venezuela, una sociedad que envuelve muchos negocios y "secretos de Estado"

 Por detrás de los acuerdos de cooperación que ambos países mantienen desde el inicio de la era Chávez y, luego, con su sucesor Maduro, pareciera regir una serie de relaciones que van más allá del intercambio comercial y cultural.

Por Maibort Petit

  Si bien la relación iraní-venezolana no tuvo su origen con el chavismo, pues el nexo se remontaba a principios del siglo 20, el vínculo se circunscribía, principalmente, a actividades culturales, diplomáticas y, tal vez, de inteligencia. Pero con la llegada de Hugo Chávez Frías al poder en Venezuela a finales de 1998, el asunto comenzó a dar un giro y el régimen chavista inició un proceso de remozamiento y reforzamiento de lo que, hasta ese momento, había significado el rol de Irán en Venezuela. Se daban los primeros pasos de una relación militar que, según todo indica, está muy lejos de ser transparente.

   En la actualidad, el régimen de Nicolás Maduro mantiene una política expansionista en Latinoamérica y el Caribe, par lo cuenta con el apoyo de agentes estatales externos. En esta estrategia se inscribe el anuncio que formuló el 6 de noviembre de 2020, cuando informó la creación de una nueva Comisión Científico-Militar dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas, la cual tiene el supuesto objetivo de modernizar los sistemas de armas venezolanos. Del tema no se han ofrecido detalles hasta la fecha, en el sentido de explicar qué sistemas se propone actualizar. Lo que sí advirtió fue que en tal cometido contará con el apoyo de asesores como China, Irán y Rusia.

  Esto trae a colación, el acuerdo estratégico de 25 años suscrito entre Beijing y Teherán, así como la extensión a 20 años de un acuerdo de armas con Moscú, lo cual supondría un beneficio para la referida nueva comisión de defensa venezolana dirigida al establecimiento de una fuerza militar multipolar en Venezuela que, sencillamente, redunde en el fortalecimiento del régimen de Maduro.

  Tales consideraciones forman parte del informe denominado “Irán y Venezuela: una asociación estratégica”,informe denominado “Irán y Venezuela: una asociación estratégica”, publicado en la Revista Diálogo, del Comando Sur de los Estados Unidos y elaborado por Joseph M. Humire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura y experto en amenazas transnacionales en el continente americano, además de ser coautor del libro “La penetración estratégica de Irán en Latinoamérica”.

  En dicho reporte, Humire recuerda que el pasado enero de 2019, el ministro de Defensa de Irán, Amir Hatami, visitó Caracas para asistir al cuestionado acto de toma de posesión de Maduro luego de haber resultado vencedor en unos comicios calificados de irregulares e ilícitos. La llegada del titular de la cartera castrense iraní es un signo que fortalece la cooperación entre Irán y Venezuela en materia de defensa. Posteriormente, apunta el informe, en el mismo año 2019, durante la plenitud de la crisis humanitaria que acogota a Venezuela, las Fuerzas Armadas venezolanas formaron parte de los “Juegos Militares Internacionales de Rusia 2019”, junto con China y Rusia. Un hecho que, para nada, puede considerarse poco significativo, toda vez por primera vez en la historia, China, Irán y Rusia llevaron a cabo simulacros navales conjuntos en el golfo de Omán y en el océano Índico. Ya hace poco, a mediados de febrero de 2021, los tres países llevaron realizaron simulacros navales similares en el norte del océano Índico.

   Joseph Humire refiere que, si bien por el momento, estos actos de cooperación militar conjunta, ocurren al otro lado del mundo, Rusia incrementa su presencia militar en tierras venezolanas, al tiempo que China ofrece apoyo desde las sombras, mientras Irán, no obstante, se perfila como el eje de esta nueva fuerza multipolar en tanto construye su puente aéreo y marítimo hacia Venezuela. Para el experto en temas de seguridad, esto es un paso fundamental para convertir esta asociación estratégica entre Irán y Venezuela, en la inversión más exitosa de la nación islámica fuera del Medio Oriente.


No es sólo una relación comercial

    En la región latinoamericana otras voces ya habían alertado sobre el peligro de esta relación, como es el caso de Iván Duque, presidente de Colombia, quien en agosto de 2020 manifestó su preocupación cuando refirió que el régimen de Maduro estaba en procura de comprar misiles de mediano y largo alcance a Irán. Apuntaba el mandatario neogranadino al incremento de una mayor cooperación comercial entre Teherán y Caracas surgida a partir de 2020, cuando desde el país oriental se enviaron de más de 2,35 millones de barriles de gasolina a Venezuela a cambio de, al menos, 9 toneladas de oro, equivalentes a USD 500 millones, que arribaron a Irán.

  Para Humire, no es un mero intercambio comercial transaccional y oportunista sustentado en la satisfacción de las necesidades de ambos regímenes, sino que se trata de una cooperación comercial con dimensiones militares establecida sobre una red de empresas ficticias pertenecientes al ejército clerical de Irán, a saber, el cuestionado Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). No es, pues, simple oportunismo, es la conformación de una asociación estratégica altamente beneficiosa para ambos regímenes en su afán de disminuir la desventaja geográfica natural iraní con los Estados Unidos.

El desarrollo de la asociación estratégica

  Desde el comienzo de la era chavista con la llegada al poder en Venezuela de Hugo Chávez, como ya apuntamos, se inició un proceso de fortalecimiento de las relaciones bilaterales de Irán y Venezuela que, ahora sí, incluía la materia militar.

  Fue así como entre 2004 y 2013, Irán y Venezuela firmaron varios acuerdos de cooperación energética y militar caracterizados en su mayoría por sobreprecios, entregas incompletas y la no materialización de sus objetivos comerciales. Pero el reporte subraya que en lo que sí cumplieron un propósito estratégico, fue en la ayuda que el régimen venezolano suministró a Irán para eludir las sanciones internacionales y el embargo de armas impuesto por la de la ONU en 2007.

  El informe destaca que parte de la red mundial de adquisiciones ilícitas de Irán se encuentra en Venezuela, lo cual ha impulsado la república Islámica un mayor impulso financiero en Latinoamérica. Los dos países establecieron un fondo, un banco y una línea de crédito binacional que, de acuerdo a estimaciones conservadoras, han permitido a régimen iraní valores declarados de empresas conjuntas, capitalizaciones, préstamos e inversiones que accedieron a más de USD 16.000 millones, a través del sistema financiero venezolano. Todo, gracias a los 270 acuerdos bilaterales que derivaron en más de 60 proyectos y unas 80 empresas iraníes en Venezuela.

  Todo un entramado lleno de misterios y secretos que, hasta el momento, ha sido muy difícil desentrañar.



viernes, 28 de mayo de 2021

EL CONTROL POLÍTICO Y MILITAR, EL ESTADO TERRORISTA

Conozca los ardides del ex-zar de PDVSA, Rafael Ramírez para escapar del juicio en su contra en un tribunal de EE. UU.

 Documentos judiciales revelan cómo Ramírez, incluso, disfrazó su paradero ante el Tribunal del Distrito Sur de Texas.

Por Maibort Petit

   El escurridizo Rafael Ramírez demostró “maña” para lograr la anulación de la sentencia por rebeldía emitida en su contra, la cual lo obligaba a pagar USD 1.400. 000.000 a Harvest Natural Resources Inc. y HNR Energia B.V.

  El 17 de enero de 2020, Michelle S. Stratton, de la firma Smyser Kaplan & Veselka LLP, en representación de los intereses de Harvest Natural Resources Inc. y HNR Energia B.V., en la demanda entablada contra Rafael Darío Ramírez Carreño, Juan José García Mendoza, Petro Consultores SC, Petro Consultores International Trading Company Inc., Petroconsultores (Barbados) LTD., Petroconsultores Inc., Selle LLC, Azure 904 LLC, Azure 406 LLC, Eulogio Del Pino Díaz y José Ángel González Acosta, presentó ante el Tribunal del Distrito Sur de Texas-División Houston que conoce la causa, la respuesta sellada de sus clientes en oposición a la moción de Ramírez de anular sentencia en rebeldía y mociones de desestimación bajo las reglas 12 (B) (2) y 12 (B) (5).

  Los demandantes le advirtieron a la Corte que antes de dictar sentencia definitiva en rebeldía contra Rafael Ramírez, dicho tribunal se aseguró de que el servicio fuera adecuado y que tuviera jurisdicción personal y que las alegaciones bien fundamentadas de Harvest le dieran derecho a reparación. Refirieron que la moción de Ramírez de anular la sentencia en rebeldía, respaldada sólo por una declaración que está desacreditada por las propias declaraciones públicas y la conducta del demandado, no conlleva su carga de establecer una buena causa para su incumplimiento o que la evaluación previa del servicio y la jurisdicción del Tribunal fue incorrecta. Por tanto, a criterio de Harvest el Tribunal debía denegar la moción.

  Refieren Harvest y HNR que entre 2002 a 2014, cuando Rafael Darío Ramírez Carreño se desempeñaba como ministro de Energía y Petróleo y presidente de PDVSA, este y el resto de los acusados llevaron a cabo una conspiración generalizada de soborno y lavado de dinero, beneficiándose personalmente al exigir a las empresas estadounidenses que pagaran para obtener contratos y negociaciones con la estatal petrolera.

  Harvest Natural Resources Inc., con sede en Houston, y HNR Energía B.V., subsidiaria de la primera, se encontraban entre las víctimas de esta conspiración.

  Informan que cuando en 2012 y nuevamente en 2014, Harvest intentó vender sus activos en Venezuela, operación que requería la aprobación de Ramírez desde sus funciones gubernamentales. Este, a través del co-conspirador, Juan José García Mendoza, habría exigido repetidamente que Harvest le pagara sobornos para asegurar la aprobación de Venezuela. La demandante se negó a pagar y los acuerdos fracasaron. Harvest pudo vender sus activos con gran pérdida.

  Para recuperar la pérdida, Harvest presentó la demanda contra Ramírez, García y otros, el 16 de febrero de 2018, alegando violaciones de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Racketeers (RICO), la Ley Sherman, la Ley Robinson-Patman y la Ley de Libre Empresa y Antimonopolio de Texas. En la misma fecha, Harvest notificó a Rafael Ramírez dejando una copia de la demanda y citación originales con un empleado doméstico que residía en la última y única dirección conocida de este en Nueva York, a saber, el 16 E. 81st Street, Nueva York, Nueva York 10028 (sede de la residencia que ocupan los Embajadores de Venezuela ante la ONU).

  Los demandantes sostienen que, indiscutiblemente, Ramírez tenía conocimiento real de la demanda cuando fue presentada y se comunicó con la prensa y su asesor legal al respecto. Sin embargo, el ex-zar petrolero venezolano optó por no responder ante la corte, aun cuando hizo referencias a ella a través de los medios de comunicación y sus redes sociales.

  El Tribunal del Distrito Sur de Texas-División Houston, finalmente determinó que era apropiado un fallo definitivo en rebeldía.

  Investigaciones llevadas a cabo por Harvest, revelaron que prácticamente Rafael Ramírez no tiene activos a su nombre que permitieran ejecutar la sentencia del tribunal.

  Harvest refirió al tribunal que cuando lograron ubicar a Rafael Ramírez, este se movió para anular la sentencia final por incumplimiento del Tribunal (1), alegando una buena causa bajo la Regla Federal de Procedimiento Civil 60 (b) (1), alegando que su incumplimiento no fue intencional. Además, resultaba nulo bajo la Regla 60 (b) (4) dado que la notificación del proceso fue insuficiente. También hizo la moción para desestimar la demanda bajo la Regla 12 (b) (2) por falta de contactos en Texas suficientes para jurisdicción personal, y bajo la Regla 12 (b) (5) por servicio insuficiente. En una moción complementaria, Ramírez buscó desestimar bajo las Reglas 12 (b) (6) o 12 (c) por no presentar un reclamo, sobre la base de que Harvest renunció a su derecho a demandarlo.

  Tras la moción de Ramírez de anular la sentencia en rebeldía, el Tribunal permitió pruebas escritas limitadas relacionadas con el servicio y la jurisdicción, cuyo período ya se había cerrado al momento de presentar estas respuestas. Las partes han confirmado que sus respuestas de descubrimiento y sus producciones están completas.

Los argumentos de Harvest

  Aseguró Harvest en su escrito que Rafael Ramírez no estableció las razones por las cuales la sentencia en rebeldía de la Corte debía ser anulada y recordó que, antes de dictar sentencia en rebeldía, el tribunal concluyó que el demandante había entregado debidamente la demanda a Ramírez, así como también que la Corte de Houston tiene jurisdicción personal sobre demandante.

 Consideró Harvest que no había una buena causa para anular la sentencia en rebeldía y que para rebatirla, Ramírez presentó solamente su simple declaración de que su incumplimiento no fue intencional. Para los demandantes, la evidencia lo desacreditaba “abrumadoramente”.

  En tal sentido, Harvest asegura que Ramírez recibió una notificación de la demanda el día en que se presentó y tuvo la capacidad de responder, pero decidió ignorarla. “Eso pone fin a la investigación de una buena causa. Si se anulara la sentencia, Harvest ahora sería menos capaz de descubrir evidencia para sustentar sus reclamos y no podría perseguir reclamos contra los otros acusados que desestimó para obtener la sentencia en rebeldía, circunstancias que no habrían existido si Ramírez hubiera aparecido oportunamente”.

  Y sentenció: “Ramírez también tendría más tiempo para ocultar activos”.

  Los demandantes aseveraron que la sentencia en rebeldía no era nula por notificación del proceso insuficiente. A la excusa de que ya no vivía en Nueva York como única base para desafiar el servicio, no era suficiente pues el Tribunal estaba al tanto de eso antes de encontrar el servicio adecuado y dictar sentencia en rebeldía. “El servicio en la antigua residencia de Ramírez era legalmente suficiente porque recibió una notificación real de la demanda. El servicio de Harvest en la última y única residencia conocida de Ramírez fue un esfuerzo de buena fe para cumplir con las reglas de servicio federal, y Ramírez ciertamente disfrazó su paradero”.

  En tercer lugar, Harvest considera que la Corte tenía jurisdicción personal sobre Rafael Ramírez antes de dictar la sentencia en rebeldía. Refirieron que una impugnación de jurisdicción personal debe plantearse como parte del primer movimiento defensivo significativo del acusado o se perdería.

  Por otra parte, los demandantes estimaron que, en todo caso, la Corte tenía múltiples bases de competencia personal que Ramírez no impugnó.

  Por todo ello, Harvest Natural Resources Inc. y HNR Energía B.V. pidieron al tribunal rechazar la moción de Rafael Ramírez de anular la sentencia definitiva en rebeldía.

Las escaramuzas de Ramírez

  Los demandantes sostuvieron que Ramírez ignoró deliberadamente la demanda de Harvest, lo que ponía fin a la investigación de causa justificada.

  El expresidente de PDVSA, precisaron, no demostró que su negligencia fuera excusable, en lugar de intencional. Fue notificado el mismo día de la demanda y, de hecho, en esa misma fecha Ramírez habló con Associated Press (AP) del asunto.

  Además, Rafael Ramírez y su abogado fueron notificados de la demanda poco más de un mes después de que se presentó y el 27 de marzo de 2018, el abogado de Harvest lo informó de la misma a través de un mensaje de WhatsApp a su número de teléfono de Nueva York. También, en sus respuestas al interrogatorio, Ramírez dijo que fue notificado de la demanda a través de un mensaje de texto de WhatsApp de una persona que supuestamente era el abogado de Harvest, y que "remitió el texto a su abogado".

  Subrayaron que Ramírez pudo responder oportunamente y no lo hizo a pesar de estar en conocimiento de la demanda. Destacaron que la evidencia refutaba los argumentos de Ramírez, toda vez que habla el idioma inglés y participó en innumerables oportunidades en las redes sociales sobre el tema, así como en nueve entrevistas.

Ramírez disfrazó intencionalmente su paradero

  Harvest advirtió al tribunal que Rafael Ramírez ocultó su paradero deliberadamente.

  Indicaron que la evidencia reveló que Ramírez ocultó su residencia al momento del servicio, lo que respalda aún más la conclusión de que el servicio en la dirección de Nueva York, incluso si se trataba de una residencia anterior, era apropiado.

   Categóricamente aseguraron los demandantes que Ramírez “nubló su paradero” en el momento del servicio y lo continuaba haciendo al momento en que este reclamo se hacía ante el tribunal. De hecho, en su declaración en apoyo de su moción para anular la sentencia en rebeldía, estuvo dispuesto a especificar solo el continente de su presunta residencia y afirmó que ningún personal de la embajada venezolana sabía dónde estaba.

martes, 25 de mayo de 2021

Juez de Texas sentenció a directivos de Venequip y a ex-PDVSA por delitos de corrupción en la petrolera venezolana

  En la Corte Federal de Houston se dictó sentencia contra exdirectivos de la empresa Venequip por corrupción relacionada con PDVSA Servicios.

Por Maibort Petit

 El caso de los empresarios Roberto Rincón y Abraham Shiera, cabecillas de uno de los más grandes desfalcos cometidos contra Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), continúa generando decisiones importantes en las cortes de los Estados Unidos. Esta vez se trata de  Rafael Enrique Pinto Franceschi, y a Franz Hermán Müller Huber ex-directivos de Venequip Machinery Sales Corporation, una contratista  de la petrolera venezolana con sede en Florida que pagó sobornos para lograr negocios millonarios de manera fraudulenta. Los dos condenados se declararon culpables en 2019 y fueron sentenciados el 6 de mayo de 2021. 
  El juez de Distrito, Gray H. Miller estableció que Rafael Enrique Pinto Franceschi (representante de ventas de Venequip hasta que fue acusado por los Estados Unidos) tendrá que permanecer 24 meses tras las rejas, los cuales deben cumplir concurrentemente. También deberá cumplir 3 años de libertad condicional y pagar una multa de $12.500 más $200 de evaluación especial.
   En el expediente público aparece solamente la sentencia de Rafael Enrique Pinto Franceschi, sin embargo, fuentes internas informaron que  Franz Hermán Müller Huber fue también condenado el 6 de mayo de 2021 a 20 meses de prisión que debe cumplir concurrentemente, más 3 años de libertad condicional.
  
  El 26 de febrero de 2019, el Departamento de Justicia desveló los cargos por la violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) contra los venezolanos Franz Hermán Müller Huber y Rafael Enrique Pinto Franceschi, respectivamente presidente y representante de ventas de Venequip, una empresa con sede en EE. UU. Los dos hombres fueron acusados de fraude electrónico y cargos de lavado de dinero. 

  El gobierno de los Estados Unidos alegó que, entre 2009 y 2013, los dos acusados ​​pagaron sobornos a tres funcionarios de PDVSA para obtener un trato de licitación favorable, información privilegiada sobre los competidores y pago preferencial de facturas vencidas. Tanto Müller como Pinto se declararon culpables al igual que dos de los tres presuntos destinatarios de sobornos de PDVSA, José Orlando Camacho e Iván Alexis Guedez.

  Los dos exfuncionarios de PDVSA también fueron sentenciados: José Orlando Camacho fue condenado a cumplir 12 meses de prisión más 2 años de libertad condicional; a Iván Guédez le corresponderá purgar 18 meses de cárcel, más 2 años de libertad condicional.

  La fuente dijo que tanto Pinto Franceschi como Müller Huber, al término de la libertad condicional deberán presentarse ante los servicios de inmigración estadounidenses para discutir procedimientos de su deportación de Estados Unidos. Ambos son residentes legales.

   Venezuela Política confirmó que el gobierno de EE. UU. buscará obtener propiedades de los condenados, tanto personales como aquellas que hayan sido obtenidas irregularmente a consecuencia de los delitos cometidos.

  Estos sujetos formaban parte del grupo de 19 individuos que se declararon culpables de delitos de conspiración, soborno y lavado de dinero relacionados con la millonaria estafa cometida por Rincón y Shiera.

  El 26 de febrero de 2019, el secretario de justicia auxiliar, Brian A. Benczkowski, de la División de lo Penal del Departamento de Justicia; el Fiscal Federal, Ryan K. Patrick, del Distrito Sur de Texas; y el Agente Especial a cargo, Mark Dawson, de la Oficina de Campo de Houston de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos anunciaron las acciones legales contra los señalados, imputados por cargos de soborno extranjero, fraude electrónico y lavado de dinero por su supuesta participación en un plan para asegurar de manera corrupta ventajas comerciales, incluidos contratos y pagos atrasados de facturas, de la empresa estatal venezolana PDVSA.

Referencia
 
[1] Department of Justice. “Two Businessmen Charged with Foreign Bribery in Connection with Venezuela Bribery Scheme”. 26 de febrero de 2019. https://www.justice.gov/opa/pr/two-businessmen-charged-foreign-bribery-connection-venezuela-bribery-scheme










lunes, 24 de mayo de 2021

Desinformar: La táctica de Maduro en su guerra asimétrica contra Colombia

   Diversos estudios revelan cómo desde territorio venezolano se origina buena parte del contenido que alienta las protestas.

Por Maibort Petit

    De acuerdo al experto en seguridad global, especializado en el análisis de amenazas transregionales en el hemisferio occidental y director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre Segura (SFS), Joseph Humire, los acontecimientos ocurridos en Colombia en donde una ola de violencia se desató a partir de la protesta de la población ante el anuncio de la instrumentación de una reforma tributaria por parte del gobierno de Iván Duque, no es un hecho casual ni aislado, sino que responde a una estrategia de guerra asimétrica dirigida por Nicolás Maduro para anexionar al país neogranadino a la revolución bolivariana. En el cumplimiento de tal objetivo, la desinformación es una táctica fundamental que, promovida por el régimen venezolano, está dirigida a fomentar el caos de la sociedad y la institucionalidad colombiana, conformando el caldo cultivo idóneo para alcanzar su fin expansionista.

  Estas consideraciones forman parte del informe “Asalto asimétrico a Colombia”, desarrollado por Humire para el SFS y del cual hemos venido hablando en entregas anteriores.

  Humire reitera que los sucesos colombianos no son un incidente aislado y estima que, incluso, en las protestas en los Estados Unidos en el verano de 2020 era posible constatar estas tácticas de desinformación e iconografía muy similares a las acontecidas durante 2019 en Suramérica.

  En tal sentido, sostiene la existencia de una coordinación regional verificable al revisar los sucesos y protestas acaecidos en Ecuador, Chile y Colombia durante 2019. Explica que esta “coordinación se encuentra en el dominio cibernético, donde sofisticadas granjas de clics y centros de redes en territorios distantes envían spam a las redes sociales con bots y cuentas de trolls que exacerban las protestas y difunden narrativas falsas”.

Bombardeo desde Venezuela

   El informe de Humire se remite a un estudio de 7,6 millones de interacciones digitales relacionadas con las protestas de Colombia y Chile de 2019, en el que los analistas forenses digitales encontraron que menos del 1 por ciento de los usuarios generaron casi el 30 por ciento del contenido con la mayoría de las cuentas geolocalizadas en Venezuela.

  Asimismo, otro estudio de 4.8 millones de tweets emitidos entre el 20 de octubre y el 5 de noviembre de 2019 permitió descubrir que un gran grupo de hashtags a favor de las protestas en Chile se originó en Venezuela, Nicaragua y Cuba.

  De esto están al tanto las autoridades colombianas y, de hecho, el 11 de diciembre de 2019, el informe cita a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien, en un evento de aniversario de las Autoridades Aduaneras de Colombia, sugirió que al menos parte del tráfico de las redes sociales que alimentó las protestas en Colombia se proyectaba desde Venezuela y Rusia.

  De igual modo, reporte precisa que Colombia tiene una población de 51 millones de personas, de las cuales tres cuartas están conectadas a Internet, principalmente a través de teléfonos inteligentes. Agrega que de las diez horas diarias que estas personas promedian en Internet, cuatro de ellas las dedican a las redes sociales, un dato que expresa la urgencia que las autoridades colombianas deben poner en la manipulación digital y la desinformación en las protestas en curso. Sentencia el informe que esta es la lección más importante de lo ocurrido en Colombia y Chile en octubre y noviembre de 2019.

Trolls en acción

  Joseph Humire también se refiere a algunos estudios que sugieren que ya se está realizando un esfuerzo de desinformación similar en la propia Colombia. Explica que una empresa de minería de datos con sede en Miami,determinó que más de 7 mil cuentas de trolls en las redes sociales participan activamente en las protestas actuales de Colombia. El estudio reveló que las cuentas troll están destinadas a bloquear y enviar spam a cualquier comentario o publicación que critique las protestas, al tiempo que amplifican narrativas y hashtags específicos como #NosEstanMatando, los cuales solamente muestran un aspecto de la realidad en el terreno en Colombia.

  El informe expresa su preocupación en razón de que el análisis forense digital revela que estas más de 7 mil cuentas de trolls son administradas por granjas de clics en Bangladesh, México y Venezuela, las cuales probablemente estén administradas por servidores en Rusia y China. Se indica que la empresa de extracción de datos da a conocer muestras de cuentas de trolls con sede en Asia que han hecho imágenes y videos virales de las protestas en Colombia, sacándolos de contexto. Se advierte que aun cuando SFS no ha verificado de forma independiente el análisis de la firma de Miami, sí coincide con los esfuerzos de desinformación previos vistos en Chile, Ecuador y otros lugares, los cuales han sido verificados.

Crisis de legitimidad

  En su última parte, el informe de Joseph Humire hace mención al hecho de que América Latina es posiblemente la región más afectada económicamente por la pandemia mundial del Covid-19.

  Particularmente en Colombia, se han evaporado más de diez años de crecimiento económico en un año, con una contracción del 6,4 por ciento en su PIB el año pasado y el desempleo disparándose a casi el 16 por ciento. “Era solo cuestión de tiempo antes de que el malestar social se derramara en las calles”, alerta el reporte.

  El plan de Iván Duque de liberar el capital humano de Colombia a través de su "economía naranja" se vio entorpecido por la pandemia.

  Alerta que, para atender los problemas de la economía, el presidente Duque se centró en el desafío inmediato y pasó por alto las dimensiones geopolíticas de más largo alcance que rodean la situación. Es por ello que el elaborado plan fiscal denominado “Ley de Solidaridad Sostenible”, “resultó insuficiente para sofocar a una población angustiada que, durante más de una década, a pesar del crecimiento económico, ha sido golpeada por la creciente inseguridad, un plan de paz fallido, políticas tóxicas, y fuerzas externas que capitalizan y catalizan la situación”.

  Para finalizar advierte que la crisis en Colombia no es solo socioeconómica, sino también de legitimidad política de las instituciones estatales, al tiempo que destaca la legitimidad del descontento de la población traducido en protestas, pero alerta acerca de cómo esto es utilizado para arremeter contra la institucionalidad y la democracia. “El pueblo colombiano, especialmente los manifestantes pacíficos, no son los culpables de la crisis, son las víctimas. Como algunos de los más vulnerables de la sociedad, los pobres y la clase media en Colombia son considerados como herramientas de guerra asimétrica por adversarios nacionales y extranjeros del Estado colombiano. Esta es una amenaza que las fuerzas militares y policiales no pueden resolver por sí solas. Se requiere un esfuerzo mucho más integral y fuerzas democráticas en toda la región para entender que a medida que va Colombia, también va el resto de América Latina”.


 


 


 


¿Qué papel juegan las FARC-D y el ELN en la guerra asimétrica emprendida por Maduro contra Colombia?

  El caos y el deterioro institucional es el escenario perfecto para que la revolución bolivariana se cuele en territorio neogranadino.

Por Maibort Petit

  Tanto el ala disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-D), como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), juegan un papel fundamental en la guerra asimétrica emprendida desde Venezuela en contra del gobierno de Colombia encabezado por Iván Duque.
  Así lo advierte el informe “Asalto asimétrico a Colombia”, elaborado por el director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre Segura (SFS), Joseph Humire, el cual detalla la actuación que tienen en las protestas colombianas, el régimen de Nicolás Maduro y las Organizaciones Criminales Transnacionales (TCO), para debilitar y quebrantar la institucionalidad de Colombia y permitir la entrada de la revolución bolivariana a través de la puerta que abre el caos generado.

  El informe recuerda que luego de la firma del acuerdo de paz colombiano en 2016, facciones de las FARC en desacuerdo con el mismo, se negaron a deponer las armas y algunos de sus líderes se refugiaron en Venezuela, un grupo que se conoce como disidentes de las FARC o “FARC-D”. Así, entretanto Iván Márquez, ex-negociador de paz, cuyo nombre de pila es Luciano Marín Arrango, anunció en 2019 una nueva etapa de la lucha armada denominada II Marquetalia, por otro lado, las FARC-D, liderada por Gentil Duarte, continuó sus actividades ilícitas en Colombia.

  Joseph Humire refiere lo que, según algunos analistas, no es más que una lucha interna entre narcoterroristas e, incluso, asoman una fractura parcial de la relación entre las FARC y Nicolás Maduro. En específico, hablan del ataque que el 21 de marzo de 2021, la facción de Duarte emprendió contra el ejército del régimen venezolano, un hecho que provocó un encuentro armado en Apure, del lado de Venezuela.

  Tal análisis —destaca Humire— ignora los beneficios estratégicos que el régimen de Maduro obtiene del conflicto fronterizo en curso, el cual se convierte simplemente en un pretexto más para aumentar las zonas (ZODI) temporales recientemente establecidas de la estructura de defensa asimétrica de Venezuela con poder de combate adicional. Las nuevas acciones incluyen drones de fabricación rusa e infantería reforzada asesorada por Rusia. Es más, el experto recuerda que Nicolás Maduro anticipó el conflicto armado en la frontera hace meses, cuando creó un grupo de trabajo antidrogas, lo cual era la preparación del escenario para que el régimen acusara a Colombia de tráfico de drogas y para futuras operaciones transfronterizas del ejército venezolano.

Cómo entran en juego las guerrillas

  El experto explica que, por una parte, un conflicto armado permite al régimen de Maduro desplegar fuerzas de combate adicionales en la frontera colombo-venezolana, mientras, por otra parte, las protestas actuales en Colombia se constituyen como una nueva oportunidad para las FARC-D y el ELN.

   Indica que, en el suroeste de Colombia, el puerto de Buenaventura es un puerto estratégico para las Organizaciones Criminales Transnacionales (TCO), dada su ubicación a lo largo de la costa del Pacífico medio en Colombia, lo cual permite que los contenedores con productos ilícitos lleguen a casi cualquier parte del mundo con un riesgo mínimo de detección.

   Como ejemplo de esto, el informe cita que fue Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia, el escenario donde comenzaron las protestas, una localidad ubicada a nada más dos horas del referido puerto de Buenaventura. Fue en esa ciudad donde se experimentaron los niveles más altos de violencia y vandalismo. Igualmente cita la revista Semana, la cual publicó un informe clasificado de la inteligencia colombiana, el cual alerta que Gentil Duarte e Iván Márquez se valen del aumento del flujo de narcóticos en Buenaventura para financiar una renovada misión de terrorismo urbano, la cual se inicia por dicha ciudad del departamento del Valle del Cauca.

  Otro hecho que demuestra estas aseveraciones, es la detención por parte de la policía colombiana de un terrorista urbano del ELN conocido como “Lerma” y un combatiente de las FARC-D alias “Jacobo” por organizar la violencia en Cali durante las protestas.

La gran oportunidad

  Joseph Humire subraya que, bien sea a través del terrorismo urbano o conflictos armados fronterizos, estos escenarios se erigen como una gran oportunidad para que Venezuela despliegue su estrategia de guerra asimétrica en territorio colombiano.

 Refiere que el régimen de Nicolás Maduro integró la estructura asimétrica de defensa de Venezuela con el ELN y las FARC-D, las cuales actúan como grupos narcoterroristas binacionales con presencia en ambos países.

  El financiamiento y el impulso que la estructura asimétrica tiene proviene de dos de los productos básicos más importantes del mundo, a saber, el petróleo y el oro, los cuales se combinan con otros mecanismos de financiamiento ilícito como el narcotráfico.

  El experto en temas de seguridad rememora el mensaje que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) emitió el 5 de mayo, por la red social Twitter, en medio de las protestas en Colombia, el cual contenía una imagen del mapa de la Capitanía General de Venezuela, una manera, de acuerdo a Humire, de asegurar que parte de Colombia es considerado territorio de la revolución bolivariana.

  Nada, de acuerdo a Joseph Humire, es accidental, pues el régimen venezolano se ha venido preparando durante años décadas para este momento exacto en el cual el Estado colombiano presenta una mayor vulnerabilidad y colarse a través de la estrategia asimétrica. Un cometido en el cual las redes ilícitas son vitales para conquistar más territorio colombiano. Para ello, “la revolución bolivariana necesita capitalizar el malestar actual en Colombia amplificando la desinformación y la desinformación que causan confusión y siembran divisiones sociales dentro de la sociedad colombiana”.

viernes, 21 de mayo de 2021

La guerra asimétrica venezolana llegó a Colombia

   Desde Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro habría emprendido una estrategia de provocación al gobierno de Iván Duque, considerado un enemigo extranjero de la revolución bolivariana.

Por Maibort Petit

   Si bien existen razones de peso para que el pueblo colombiano eleve su voz de protesta en razón de la grave crisis socioeconómica que enfrenta y que se ha incrementado por la pandemia del Covid, tal descontento legítimo habría sido utilizado como caldo de cultivo por parte de los adversarios nacionales y extranjero de la administración neogranadina en su objetivo de debilitar la democracia y el estado de derecho en la región.
   Tales advertencias las expresa Joseph Humire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre Segura (SFS), quien en su último informe denominado “Asalto asimétrico a Colombia”, quien advierte que la clase media y pobre colombiana es utilizada como herramienta de guerra asimétrica emprendida desde Venezuela.

   El experto en temas de seguridad global, especializado en el análisis de amenazas transregionales en el hemisferio occidental, alerta de que se trata de una amenaza que Colombia no puede resolver sola, sino que requiere un esfuerzo más integral y de la participación de fuerzas democráticas en toda la región para entender que así como fue a Colombia, también va el resto de América Latina.

  Refiere Humire que las protestas comenzaron el 28 de abril ante el anuncio de la implementación de una reforma tributaria por parte del presidente Duque, pero a pesar de que el proyecto fue retirado cuatro días después, las protestas se intensificaron y resultaron en enfrentamientos violentos entre las fuerzas policiales colombianas, manifestantes civiles y otros.

  Al 13 de mayo, hubo 34 muertes, incluido al menos un policía, y más de 1.500 heridos, más de la mitad de los cuales fueron policías heridos por objetos contundentes (hoja, explosivo, arma de fuego, etc.), según la Cancillería de Colombia. Así como más de 600 detenciones por incendio premeditado, vandalismo, robo y destrucción de bancos, comercios, vehículos, cajeros automáticos, monumentos culturales e infraestructura pública en Colombia.

  El informe apunta que organizaciones y grupos de “derechos humanos han denunciado repetidos abusos y uso excesivo de la fuerza por parte de la policía colombiana contra manifestantes, incluido el uso de tanques con múltiples lanzadores de proyectiles no letales, concretamente en la ciudad de Cali”. Pero igualmente destaca las declaraciones del ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, quien informó el 3 de mayo que al menos seis grupos criminales estaban detrás de los actos de vandalismo y violencia en, subvirtiendo las protestas que de otro modo serían pacíficas. El titular castrense hizo mención, entre otros, a los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-D), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los Escudos Azul y Negro del movimiento juvenil M-19. “Luego, el 8 de mayo, el ministro de Defensa Molano anunció que las autoridades colombianas detuvieron a un comandante de un frente urbano local del ELN, y días después a un disidente de las FARC, quienes presuntamente estaban provocando violencia en la ciudad de Cali mediante armas improvisadas y coordinando con grupos de jóvenes militantes y no identificados venezolanos”.

  Advierte Humire que ya en noviembre de 2019 septiembre de 2020, durante protestas similares, fueron identificados grupos de jóvenes militantes que subvertían dichas protestas y se dedicaban a escalar la violencia y el vandalismo.

  El informe recuerda que, en ese entonces, Diosdado Cabello advirtió que las protestas colombianas eran como una "brisa bolivariana" que fluye desde Venezuela y que nuevamente, el 7 de abril de 2021, antes de las protestas actuales, Cabello a amenazar veladamente a Colombia en su programa de televisión “Con el Mazo Dando”, cuando sostuvo que "vamos a hacer la guerra en su territorio" en respuesta a la posible agresión percibida contra el régimen venezolano.

La estrategia venezolana

  Categóricamente, Joseph Humire sentencia en su informe: “Esta guerra asimétrica ya llegó a Colombia”.

   Sostiene que el gobierno de Iván Duque ha debido lidiar desde agosto de 2018 cuando comenzó su mandato, con la provocación emprendida desde Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro, pero advierte Colombia no es un objetivo reciente para la revolución bolivariana.

  Explica que abordar Colombia es un objetivo principal de la estrategia de seguridad nacional de Venezuela desde los albores de dicha revolución bolivariana y, en tal sentido, emprendió una estrategia que depende de la aplicación de una guerra asimétrica contra quienes considera sus adversarios extranjeros.

  Entonces, el reporte hace se remite a noviembre de 2004, cuando el finado presidente Hugo Chávez, a través de un documento denominado “El Nuevo Mapa Estratégico”, impartió órdenes a las Fuerzas Armadas Nacionales (FAN) a objeto de que desarrollaran una nueva doctrina de defensa para el conflicto contemporáneo. Poco tiempo después, en abril de 2005, durante el I Foro Militar de Cuarta Generación y Guerra Asimétrica en Caracas, Chávez dijo: “Hago un llamado a todos para que inicien un (...) esfuerzo por comprender las ideas, conceptos y doctrina de guerra asimétrica”.

   Joseph Humire requiere que, aunque en 2007 fracasó el intento de legitimar la transformación de las fuerzas armadas a través de un referéndum constitucional, en septiembre de 2008, lo hizo mediante un decreto ejecutivo que convirtió al ejército, de una estructura convencional sobre capacidades de dominio de defensa a una estructura asimétrica centrada en el control del territorio. “Las nuevas Fuerzas Armadas Bolivarianas (FANB) de Venezuela estarían conformadas por cinco comandos regionales de combate, denominados ‘REDI’, integrados con milicias civiles y otros actores armados no estatales repartidos en veinticuatro zonas de defensa integrada, conocido como ‘ZODI’".

   Bajo este nuevo enfoque del ejército venezolano que entiende la protección de la soberanía estatal como expansión territorial, entre 2013 y 2015, Nicolás Maduro se dedicó a expandir esta estructura asimétrica de defensa integrada a ocho regiones (REDI), 28 zonas (ZODI) y 99 áreas (ADI), convirtiéndose en el nuevo “mapeador en jefe” de Venezuela.

  Refiere el informe que los militares se encuentran integrados con Organizaciones Criminales Transnacionales (TCO) en Colombia y en otros lugares.

miércoles, 19 de mayo de 2021

Así ha huido Rafael Ramírez del juicio que entabló Harvest en su contra en la Corte de Houston

   Para Harvest Natural Resources Inc. y HNR Energia BV ha resultado toda una odisea sentar al ex-zar petrolero venezolano en el banquillo de los acusados.

Por Maibort Petit

   Un escurridizo Rafael Ramírez se dio a conocer en los alrededores del Tribunal del Distrito Sur de Texas-División Houston, donde en febrero de 2018, Harvest Natural Resources Inc. y HNR Energia BV entabló una demanda en su contra, al señalarlo causarles daños y de formar parte de un esquema de soborno y lavado de dinero.
   La acción legal de los demandantes igualmente está dirigida contra Juan José García Mendoza, Petro Consultores SC, Petro Consultores International Trading Company Inc., Petroconsultores (Barbados) LTD., Petroconsultores Inc., Selle LLC, Azure 904 LLC, Azure 406 LLC, Eulogio Del Pino Díaz y José Ángel González Acosta, supuestamente integrantes de la trama de corrupción.

  Pero los demandantes no la han tenido fácil con el exministro de energía y minas y expresidente de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en su objetivo de sentarlo en el banquillo de los acusados y hacer que responda a las imputaciones que le formulan. De hecho, el 13 de febrero de 2019, la juez federal de Houston, Lee Rosenthal, dictaminó que Rafael Ramírez debía pagar a los demandantes USD 1.400 millones como compensación por el fraude de fueron objeto, pero una nueva decisión judicial le otorgó la oportunidad de presentarse a un nuevo juicio en el que pudiera ejercer su derecho a la defensa[1].

  De la odisea que ha significado para los demandantes para darlo por enterado de la acusación y así poder verse a la cara con Ramírez en los tribunales, damos cuenta en esta entrega en la que mostramos una serie de diligencias, documentos y estrategias emprendidas para cumplir con el cometido de enjuiciar a Rafael Ramírez.

   El 17 de octubre de 2019, Abbe David Lowell, abogado de la firma Winston & Strawn, responsable del demandado Rafael Darío Ramírez Carreño, presentó ante el Tribunal del Distrito Sur de Texas-División Houston, el segundo conjunto de respuestas y objeciones de su representado sobre cuestiones relativas a Servicio de proceso y jurisdicción en el caso de la demanda que, contra él y otros, entablaron Harvest Natural Resources Inc. y HNR Energia B.V.

   El abogado de Ramírez, de conformidad con las Reglas Federales de Procedimiento Civil 33 y 34, y la Regla Local 33 del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, respondió y objetó por segunda vez a los demandantes sobre cuestiones relativas al servicio del proceso y la jurisdicción. Tales respuestas fueron designadas como confidenciales en los términos de la Orden de Protección Convenida, la cual fue dictada por el tribunal el 1 de octubre de 2019.

  Asimismo, se precisó que, de conformidad con las órdenes del Tribunal y el acuerdo del abogado, se proporcionarían respuestas adicionales de forma continua y se completarían antes del 16 de enero de 2020.

La información confidencial

  En primer lugar, se advertía la posible sospecha por parte de Nicolás Maduro, de que fuera Rafael Ramírez una de las fuentes de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, cuyos datos permitieron la elaboración del informe oral que emitió el 20 de marzo de 2019 y que fue publicado el 4 de julio de 2019, relativo a las violaciones de derechos humanos en Venezuela.

   Entre los datos se refiere que existía una amplia evidencia de que los objetivos políticos, como es el caso de Rafael Ramírez, son severamente torturados y asesinados si son capturados o extraditados. Como ejemplo se cita el caso de Nelson Martínez, exministro de petróleo y exjefe de la refinería Citgo Holding Inc., quien había muerto para la fecha, mientras se encontraba en prisión en Venezuela. Un hecho que ocurrió luego de haber sido secuestrado y abusado durante un año bajo las órdenes de Nicolás Maduro, sin haber sido juzgado ni convicto. Había sido arrestado en noviembre de 2017 como parte de la purga política implementada por Maduro en contra de sus de opositores políticos.

  Otro caso citado es el del arresto el 30 de junio de 2019, del capitán de corbeta, Rafael Acosta Arévalo, quien fue torturado hasta la muerte mientras estaba en prisión en Venezuela. Asimismo, en agosto del mismo año, el concejal de la oposición, Fernando Albán, murió tras caer desde el décimo piso de la sede de los servicios de inteligencia de Venezuela en Caracas tras ser secuestrado y torturado durante 72 horas. Agrega que las solicitudes de extradición contra ciudadanos venezolanos que viven en España han sido denegadas en razón del riesgo de tortura, tratos inhumanos o degradantes si se devuelven a Venezuela.

   En el interrogatorio número 5, en el que se le consulta cómo y cuándo se enteró de la demanda en su contra, Ramírez objeta esta solicitud en la medida en que busca información sujeta al privilegio abogado-cliente, la doctrina del producto del trabajo y cualquier otro privilegio aplicable.

   Sujeto y sin exención de las objeciones anteriores y del derecho de Ramírez a enmendar o complementar sus respuestas, este respondió que, uno o dos días después de que se presentara la acción legal en febrero de 2018, cuando un periodista de Reuters le preguntó sobre el asunto. El reportero no especificó cómo se mencionaba a Ramírez en la demanda, pero sí que se trataba de denuncias de sobornos en PDVSA. Ramírez le habría respondido al periodista que que no recibió ningún soborno, así como su creencia de que, en algún momento después, una persona que se presentaba como abogado de Harvest intentó contactarlo a través de WhatsApp. Como no pudo determinar si el texto era creíble, lo remitió a su abogado.

   En el interrogatorio Nº 9 se le pide a Rafael Ramírez identificar, por institución financiera y número, todas las cuentas financieras en los Estados Unidos en las que tenga o haya tenido alguna propiedad o interés de beneficiario final desde el 1 de enero de 2012 hasta la fecha de la entrevista, incluidas, entre otras, las cuentas de Ocean Bank, Espirito Santo Bank, Brickell Bank o Amegy Bank. Se indicaba que debía incluirse cualquier propiedad o interés de beneficiario final que tenga o haya tenido a través de cualquier individuo o entidad, incluidos los testaferros.

   Esta pregunta también fue objetada por Ramírez por considerar como inexactos los hechos a que se refiere, además de requerir información sensible y personal. Sujeto y sin renuncia a la objeción anterior y al derecho de enmendar o complementar sus respuestas, Ramírez dijo que en o alrededor de mayo de 2015, abrió una cuenta financiera en la Cooperativa de Crédito Federal de las Naciones Unidas (UNFCU) para recibir salario como a embajador. Aseguró que esa era la única cuenta bancaria que poseía en Estados Unidos y agregó que, antes de abrirla, tenía una cuenta financiera en Bank of America con el mismo propósito de recibir su salario, pero esta fue cerrada por el banco en algún momento entre enero y mayo de 2015. Negó el uso de testaferros.

  En el interrogatorio Nº 12, se le pidió a Ramírez identificar todo el dinero, pagos, bienes o servicios de cualquier tipo y valor que él o su familia recibieron de Luis Carlos De León Pérez, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, César David Rincón Godoy, Alejandro Isturiz Chiesa, Rafael Ernesto Reiter Muñoz, Javier Alvarado-Ochoa, Daisy Teresa Rafoi Bleuler, Paulo Jorge Da Costa Casqueiro Murta, Abraham José Shiera Bastidas y Roberto Enrique Rincón Fernández desde el 1 de enero de 2011 hasta la fecha del interrogatorio.

  Como las anteriores, esta pregunta también fue objetada por Ramírez al procurar información más allá del alcance del servicio y cuestiones de jurisdicción personal. Sujeto y sin renuncia a las objeciones anteriores y al derecho de modificar o complementar sus respuestas, Ramírez aseguró que no conoce personalmente a dichas personas.

El abogado y el periodista

  El 23 de marzo de 2018, el periodista de AP, Joshua Goodman, le remitió un correo electrónico a Dane Ball, abogado de la firma Smyser Kaplan & Veselka L.L.P, en el que advertía que, para responder algunas interrogantes al abogado, debían garantizarle que no sería citado en ningún expediente judicial, petición a la que accedió el requirente: “Correcto. No lo citaremos ni haremos público un correo electrónico que nos envíe”, le aseguró Ball.
   El abogado, en un correo anterior, le había hecho referencia a la respuesta de Rafael Ramírez respecto a la fecha en que se había enterado de la demanda en su contra de parte de Harvest y a una afirmación del reportero acerca de que por vía telefónica le había enviado la denuncia y quería saber los detalles de la respuesta de Ramírez.
   Cuando obtuvo la garantía, Goodman dijo que revisaría sus archivos y, momentos después, respondió quelo único que Rafael Ramírez le había manifestado era que Harvest quería vender sus activos y la Asamblea Nacional debía aprobarlo, de acuerdo a las leyes que rigen las empresas conjuntas con PDVSA.

  Goodman agregó que Ramírez advirtió que no era una decisión discrecional de él la aprobación de la operación y que se reservaba el derecho de demandar a la empresa. Dijo que el expresidente de PDVSA y ex ministro de energía venezolano, comparó la denuncia en su contra con terrorismo judicial, pero sin mencionar a los abogados.

   Rafael Ramírez le habría informado que consultaría con un abogado para que revisara la denuncia y preparara una declaración y aseguró que “nunca le había pedido dinero a nadie ni que se involucraría en la elección de socios para una empresa conjunta. Que dependía de una entidad llamada CVP, supongo que alguna oficina de PDVSA o agencia gubernamental”.
   Pero la brega de Dane Ball por contactar a Ramírez a través de Joshua Goodman venía desde el 17 de febrero, cuando el abogado le envió un correo electrónico al periodista de AP para solicitarle que, si volvía a tener comunicación con el exministro petrolero venezolano, le hiciera mención de su interés por contactarlo informalmente.

   El abogado expresó de manera que el periodista se lo hiciera saber a Ramírez que, si bien existían mecanismos legales formales para resolver la situación, estimaba intentar intercambiar información hablando de manera informal.


   Ball no subestimaba ninguna información que el periodista pudiera suministrarle, al tiempo que se comprometía a no revelar la fuente.

  A lo que Joshua Goodman le advirtió que no creía posible poder convertirse en un conducto entre ambas partes. Entonces mostró una ficha, le suministraría un número telefónico de Rafael Ramírez con el firme compromiso de que nunca se hiciera saber que él ni ningún otro periodista lo había proporcionado.


   Y finalmente vino el dato, con la advertencia de que la comunicación tal vez sólo sería posible por WhatsApp a través de wifi, pues dudaba que mantuviera la línea telefónica en uso.

Y efectivamente, el número pertenecía a Rafael Ramírez:
   Días después, específicamente el 27 de marzo de 2018, el abogado Dane Ball contactó a Rafael Ramírez a través de un mensaje de WhatsApp, presentándose como uno de los abogados de Harvest Natural Resources en la demanda que ésta entabló en Estados Unidos contra el ex-zar petrolero venezolano.

   Ball le refirió a Ramírez que el motivo de su comunicación se debía al hecho de que este no había respondido a la demanda en el tribunal, ni ningún abogado se había presentado en su nombre.

  Le manifestó su interés de conversar sobre el asunto con él o con su abogado para, simplemente, “saber, en este momento, si responderá a la demanda en la corte”.

   Finalmente le reiteró la invitación a hablar con relación a la demanda, bien por teléfono, mensaje de texto o correo electrónico.



















[1] Venezuela Política. “¿Engañó Rafael Ramírez al Tribunal del Distrito Sur de Texas-División Houston?”. 7 de mayo de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/05/engano-rafael-ramirez-al-tribunal-del.html