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lunes, 16 de enero de 2023

Este martes se inicia el juicio de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad de México acusado de delitos de narcotráfico por EE. UU.

 Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, está acusado de ayudar al Cártel de Sinaloa.

Por Maibort Petit

  El exsecretario de Seguridad Nacional de México, Genaro García Luna estará en pocos días frente a un jurado que evaluará las evidencias que presentarán los fiscales federales de Estados Unidos en su contra con la intención de probar, más allá de la duda razonable, que es culpable de delitos de narcotráfico y que usó su poderoso cargo para aventajar los negocios de los cárteles, a quienes presuntamente ofrecía protección e información privilegiada.

  Este martes 17 de enero, en la Corte del Distrito Este de Nueva York se llevará a cabo una audiencia para la escogencia del jurado, 12 principales y 6 suplentes, seleccionados de un universo de 400 personas que llenaron un cuestionario inicial y de las cuales quedaron 30 ciudadanos estadounidenses en una lista que presentaron las partes.

Genaro García Luna se declaró no culpable de delitos de narcotráfico frente a un juez de Nueva York

 Genaro García Luna fue acusado por el gobierno de los Estados Unidos de haber colaborado con los cárteles mexicanos a traficar droga a suelo norteamericano. Asimismo se le acusa de atacar los rivales y hasta de mentir a la justicia de EE. UU. 

 Según la acusación, García Luna, quien ocupó la Secretaría de Seguridad Nacional durante el gobierno del presidente, Felipe Calderón, utilizando información, tecnología y su poder para capturar a narcos pertenecientes al poderoso Cártel de Sinaloa y otras organizaciones mexicanas. De hecho, bajo su gestión, se ejecutó la 'guerra' contra las drogas en México que condujo a la captura de criminales, en medio de una violencia generalizada.

 Según los fiscales, mientras estaba al frente de las más grandes operaciones contra el crimen organizado mexicano, el acusado recibía coimas de los cárteles y los ayudaba a ejecutar sus negocios, y a enviar cocaína y otras drogas a EE. UU.

  García Luna está acusado de Participar en una Empresa Criminal Continua, Conspiración de Distribución Internacional de Cocaína, Conspiración de Distribución y Posesión de Cocaína, Conspiración de Importación de Cocaína y hacer una declaración falsa al Departamento de Seguridad Nacional. 

 García Luna fue arrestado en diciembre de 2019 en Dallas Texas y trasladado a Nueva York para enfrentar la justicia. 

  Los fiscales dicen que García Luna encabezó una empresa criminal continúa desde 2001, que le permitió enriquecerse a costa de usar su cargo como funcionario público de alto rango para ayudar a los traficantes de drogas a trasladar sus mercancía de manera segura a Estados Unidos, evitar el escrutinio de las fuerzas del orden público mexicanas y, en ocasiones, llevar a cabo ataques brutales contra sus rivales.

  El juez de la corte de Brooklyn prevé que el juicio de García Luna dure unas ocho semanas, tiempo en el cual los fiscales presentarán unos 12 narcos que en calidad de testigos del gobierno informarán al jurado sobre las actividades que vinculan al acusado con los carteles.

 Los fiscales han sostenido que García Luna era uno de los funcionarios que recibía las valijas llena de dólares en efectivo de los cárteles, para dejar hacer los negocios al cártel de Sinaloa, que creció el negocio frente a sus rivales, entre ellos el violento cártel de los hermanos Beltrán-Leyva. 

  García Luna se convierte en el primer funcionario de alto rango que será juzgado en un tribunal de EE. UU. , lo que representa un gran paso a la revisión de las relaciones entre el crimen organizado y el sector público del Estado mexicano.

  Entre otros aspectos, la acusación contra el alto exfuncionario busca evidenciar que el acusado usó su cargo para ayudar a los narcos a cambio de millonarias sumas de dinero que incluyó la consolidación de un esquema de corrupción donde habrían participado otros actores del Estado, pero también se señala que García Luna pagó a miembros de un medio de comunicación para que no publicaran historias sobre sus vinculaciones con el narcotráfico.

  La demanda sostiene García Luna estableció una empresa criminal que condujo negocios ilegales, inclusive desde los mismos Estados Unidos, pues, según los fiscales, el acusado hizo negocios desde Miami, Florida donde residía desde el año 2012.

  Los fiscales acusan al exfuncionario de haber usado una serie de firmas de maletín, testaferros, cuentas bancarias, negocios en efectivo y agentes para seguir operando con sus contactos desde Estados Unidos para seguir enriqueciéndose. 

  En la acusación se asegura que con una firma de la Florida, dedicada a la Consultoría y Seguridad operaba a favor de los narcos, en conjunto con contactos que había hecho durante su gestión como Secretario de Seguridad Nacional, incluyendo a policías, exagentes de inteligencia, trabajadores federales, entre otros.

  García Luna a negado los cargos en su contra y ha argumentado que las acusaciones forman parte de una campaña de venganza de sus enemigos que se convirtieron en testigos del gobierno de EE. UU. haciendo declaraciones falsas para beneficiarse.

  La defensa también ha negado que haya obtenido fondos de los cárteles a cambio de seguridad, y que existen contradicciones en la demanda en su contra pues se dice que vino a EE. UU. con dinero y luego que una familia rica de Miami le habría ofrecido dinero y lujos.

Si es declarado culpable de todos los cargos, García Luna podría enfrentar cadena perpetua por su supuesto rol en una empresa criminal continua que ayudó a traficar miles de toneladas de drogas a los Estados Unidos a cambio de millonarios sobornos.


jueves, 22 de diciembre de 2022

David Rivera niega ser agente del régimen de Nicolás Maduro, queda libre bajo fianza

  A su vez, Esther Nuhfer, socia del excongresista, solicitó más tiempo al tribunal para buscar un nuevo abogado y financiamiento.

Por Maibort Petit

  El excongresista de los Estados Unidos, David Rivera, negó tajantemente ser un agente de Nicolás Maduro, tal como lo afirma la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida que lo acusa —junto a su socia, Esther Nuhfer— ante el tribunal homónimo, de delitos de lavado de dinero y conspiración para cabildear a favor del dictador venezolano y su régimen.

  La aseveración de Rivera tuvo lugar el 20 de diciembre del presente 2022, durante la presentación inicial de su caso en el Tribunal del Distrito Sur de Florida. Tras enfrentar una causa civil en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, la evidencia de este caso permitió acusarlo penalmente en razón de que ni Rivera ni su empresa Interamerican Consulting Inc. cumplieron con la ley que los obligaba a registrarse como agentes de un gobierno extranjero. 

  La demanda en Nueva York acusa al exparlamentario y su empresa de incumplimiento de contrato, al supuestamente no haber diligenciado como lo establecía el acuerdo en favor de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y el régimen de Maduro ante instancias del gobierno de EE. UU. a objeto de evitar sancionados. Rivera recibió USD 15 millones de una total de USD 50 millones que era el precio del contrato[1].

  A la salida de la audiencia de presentación, Rivera aseguró que la acusación del gobierno es completamente falsa y absurda pues, como sostiene, “He pasado toda mi vida adulta luchando por la libertad y la democracia no solo en Cuba sino también durante muchos años en Venezuela. Y esperamos demostrarlo en los tribunales”.

  Durante la audiencia de este 20 de diciembre la lectura de cargos se pospuso hasta el próximo 23 de enero de 2023 a objeto de que los acusados puedan contratar los servicios de un abogado.

  El juez Jonathan Goodman fijó en USD 200.000 la fianza a David Rivera, similar a la que le otorgó la corte federal de Atlanta cuando fue arrestado en el aeropuerto a expensas de esta causa el pasado 5 de diciembre. De acuerdo a lo estipulado en la fianza, sobre Rivera se impone un toque de queda que rige entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana y le permite viajar por el sur de Florida, Orlando, Manhattan, Washington, D.C. y Atlanta, donde reside su familia.

  Rivera sostiene que no es agente del régimen de Nicolás Maduro pues no trabaja para él, sino para CITGO Petroleum Corporation, una empresa registrada en los Estados Unidos, la cual es filial de PDVSA. Sus abogados temporales aseguran que no había obligación de registrarse ante las autoridades gubernamentales de EE. UU., por cuanto su representado no es un agente del gobierno venezolano o de Nicolás Maduro. “No hay una pizca de verdad, ni una pizca de verdad, en esa acusación. David Rivera es inocente”, aseguró la defensa.

Nuhfer pide más tiempo

  Philip L. Reizenstein, de la firma Reizenstein and Associates, en representación de Esther Nuhfer, presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, una moción enmendada para establecer una nueva fecha para la lectura de cargos e informar a un nuevo abogado.

  Explica que el 8 de diciembre de 2022, Nuhfer fue liberada con una fianza personal de USD 200.000 firmada conjuntamente por su esposo y asegurada por su casa en Miami, Florida. 

  El tribunal fijó la lectura de cargos e informe de oficio para el 22 de diciembre de 2022, pero Esther Nuhfer advierte que en razón de que la Corte emitió una orden de protección ex parte sobre los bienes inmuebles y su cuenta de corretaje que le prohíbe vender y gravar tres de sus propiedades, esta se ve significativamente afectada.

 Informa la moción que, alternativamente, Nuhfer se encuentra haciendo arreglos financieros para asegurarse un abogado permanente por lo que requiere unos 30 días para finalizar su presentación.

  Nuhfer renunció a su derecho a un juicio rápido en virtud de la Ley de Juicio Rápido, así como también renunció a su derecho a “una lectura de cargos rápida”, en razón del tiempo que necesita para conseguir un abogado.

  La acusada apeló a la Sexta Enmienda de la Constitución de los EE. UU. que garantiza su derecho a un abogado en interés de la justicia.

  Se indica que Esther Nuhfer informó acerca de esta moción al fiscal federal adjunto, Harold Shimkat, quien afirmó que el gobierno no se opone a esta moción


[1] Venezuela Política. “El excongresista David Rivera, ligado a la corrupción de Maduro, comparecerá ante un juez de la Florida que lo procesará por delitos federales”. 15 de diciembre de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/12/el-excongresista-de-florida-david.html



viernes, 16 de diciembre de 2022

Lo último: TSJ (exilio) explica al Juez Robert Scola que, según las leyes de Venezuela, Álex Saab no es diplomático

    La carta registrada bajo el Oficio N°: TSJ/P-0044-2022 expone las. falsedades expuestas en la audiencia de prueba por testigos de la defensa la supuesta inmunidad diplomática del considerado por los fiscales de EE. UU., testaferro de Nicolás Maduro.

Por Maibort Petit

  El Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela (exilio) envió una comunicación oficial al juez de Distrito Robert Scola, encargado del caso de Álex Saab en Miami, para informarle que no es cierto que, por las leyes venezolanas, el acusado de delitos de lavado de dinero con fondos provenientes del erario público venezolano, goce de inmunidad diplomática. En la explicación, los letrados exponen cada detalle que niega el privilegio de inmunidad que la defensa y el régimen de Caracas expusieron a lo largo de una semana en las sesiones de pruebas que se se celebraron en la corte estadounidense y que busca desestimar la acusación que EE. UU. ha interpuesto contra el contratista colombiano.
   Álex Saab es acusado de conspirar para lavar en el sistema financiero de los Estados Unidos unos $350 millones provenientes de fondos públicos del erario venezolano que fueron expoliados en el marco de un esquema corrupto con el objetivo de enriquecerse.

Este es el contenido de la comunicación entrega al Tribunal del Distrito Sur de la Florida

Honorable Juez Robert Scola

Juez Federal Miami Florida

  En mi condición de Presidente del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, me dirijo a Usted muy respetuosamente, a los fines de informar sobre la situación jurídica del ciudadano Alex Saab en relación a los crímenes graves que le han imputado en perjuicio del Estado Venezolano, de los Estados Unidos de América y otros países. En virtud de ello paso hacer las siguientes consideraciones:

Primero: Es absolutamente incierto que se afirme que el ciudadano Alex Saab es un “enviado especial venezolano, y tiene inmunidad diplomática”, por ello, esta institución legítima de Venezuela desconoce la pretendida imposición de inmunidad diplomática y de la nacionalidad venezolana de dicho ciudadano, por no cumplir con el procedimiento legal establecido en la vigente Ley de Nacionalidad y Ciudadanía, al no existir Carta de Naturalización publicada en la Gaceta Oficial de la República, ni su inscripción en el Registro Civil (artículo 11.3,31 y 31); no haber tenido residencia ininterrumpida, de diez o cinco años, en su caso (artículo 21.1); y no haberse seguido el procedimiento de naturalización de un órgano competente en materia de nacionalidad y ciudadanía. (artículo 3). No siendo ciudadano venezolano, menos puede Alex Saab esperar reconocimiento de una condición de diplomático de la República Bolivariana de Venezuela.

Segundo: Las actuaciones del señor Nicolás Maduro Moros y representantes del régimen dictatorial son invalidas, según lo dispone el artículo 138 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que prevé: “Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”.

La ilegitimidad de Nicolás Maduro Moros, deriva del proceso que siguió este Tribunal culminado con sentencia condenatoria de fecha 15 de agosto de 2018, publicado el fallo en extenso, el 29 de octubre de 2018, relacionado con las contrataciones de obras públicas con la Empresa Odebrecht. (Autorizado por la Asamblea Nacional Legitima mediante Acuerdo de fecha 17 de abril de 2018, con 105 votos a favor y 02 en contra; y la sentencia definitiva avalada por la misma Asamblea Nacional de acuerdo al plenario del 21 de agosto de 2018.

En el juicio penal realizado se declara a Nicolás Maduro Moros culpable en la perpetración de los delitos de Corrupción Propia y Legitimación de Capitales, previstos y sancionados en los artículos 64 y 35, de la Ley Contra la Corrupción y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, imponiéndose una pena de dieciocho (18) años y tres (3) meses de prisión. Asimismo, se impuso sanción pecuniaria de Veinticinco Millones de dólares ($USA. 25,000,000) por el delito de Corrupción Propia y resarcir al patrimonio de la República de Venezuela la cantidad de Treinta y Cinco Mil Millones de dólares ($ USA. 35.000.000.000,00) por el delito de Legitimación de Capitales.

Se declaró la Inhabilitación Política por el tiempo que dure la pena, y se procede a la DESTITUCIÓN de Nicolás Maduro Moros del cargo de presidente de la República, activándose igualmente la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, por haberse evidenciado de las pruebas los supuestos de un entramado criminal transnacional.

Tercero: Es incierto lo alegado por el ciudadano Alex Saab que la nacionalidad se la “otorgó Nicolás Maduro como recompensa por sus servicios”, y que su trabajo en Venezuela ha sido “negociar con gobiernos extranjeros y empresas privadas la creación de nuevos canales para obtener y entregar los muy necesitados alimentos, medicinas básicas y recambios necesarios para la industria del petróleo”.

La verdad es que el ciudadano Alex Saab no ejerce cargo diplomático según las leyes de Venezuela y las Convenciones Internacionales en materia consular, tratándose de un ciudadano colombiano que tiene contratos con Nicolás Maduro Moros y su familia. En el marco de estos vínculos se ha delinquido en contra del Estado Venezolano, y se sigue una investigación contra los asociados de Alex Saab, Nicolás Maduro Moros y un grupo de sus colaboradores políticos civiles y militares, por causa probable de conexiones con el narcotráfico internacional, con grupos terroristas como las FARC, ELN y Hezbollah, y por el delito de lavado de dinero, teniendo como base de operaciones el territorio venezolano y persiguiendo el objetivo de generar desestabilización en el hemisferio.

Aunado a ello, Alex Saab no puede ser considerado funcionario público por cuanto ha contratado con el régimen de Nicolás Maduro y en Venezuela existe la prohibición de que los funcionarios públicos puedan contratar con el Estado.

Cuarto: Venezuela vive la tragedia y catástrofe más grande de nuestra historia Republicana, al ser sometida por parte de régimen de Nicolás Maduro y su red criminal en la que se inserta Alex Saab, a la expoliación ilegitima y continuada de su erario. El saldo de lo anterior se mide en sufrimiento de nuestro pueblo, sometido a una grave emergencia humanitaria por falta de alimentos y medicinas, que, junto a violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos, ha provocado un desplazamiento forzado al exilio de más de siete millones de personas, según reconoce la Organización de las Naciones Unidas. Estos delitos han sido testimoniados en múltiples Informes y Resoluciones de la Asamblea Nacional de Venezuela, la Secretaria General de la Organización de Estados Americanos, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y de la Unión Europea.

Quinto: Es evidente, que Alex Saab y los abogados contratados por el régimen de Maduro Moros, pretenden incorporar elementos de naturaleza política, además comprobadamente forjados para hacerle inmune al proceso judicial que usted dirige, cuando lo que procede en realidad, es la evaluación y sanción de los cargos criminales graves que pesan en su contra y que los fiscales del caso han instruido en plena conformidad con las normas judiciales de los Estados Unidos de América.

Como legítimos representantes del poder judicial de Venezuela, cumpliendo con los principios y deberes de la Constitución política de nuestro País, pretendemos suministrar elementos e información útil para el juicio que Usted dignamente dirige, y así aclarar las pretendidas manipulaciones hechas por el régimen dictatorial de Nicolas Maduro Moros y sus representantes en defensa de Alex Saab, quienes intentan lograr un salvoconducto político para un asunto que es competencia estricta de la justicia criminal.




jueves, 15 de diciembre de 2022

El excongresista David Rivera, ligado a la corrupción de Maduro, comparecerá ante un juez de la Florida que lo procesará por delitos federales

  Una demanda civil en una corte de Nueva York tuvo sus repercusiones en el Tribunal del Distrito Sur de Florida donde el exintegrante de la Cámara de Representantes enfrenta cargos de lavado de dinero y por cabildear ilegalmente a favor del régimen de Nicolás Maduro.

Por Maibort Petit
  Para el próximo 20 de diciembre está pautada la presentación inicial del excongresante republicano, David Rivera, ante un juez del Tribunal de Distrito Sur de Florida, donde cursa una acusación penal en su contra. El exrepresentante de Florida entre 2011 y 2013, fue arrestado en el aeropuerto de Atlanta, Georgia, el pasado 5 de diciembre de 2022, bajo acusación de delitos de lavado de dinero y conspiración para cabildear a favor del dictador venezolano, Nicolás Maduro y su régimen, así como por lavado de dinero. Poco después salió libre bajo fianza. 

    Rivera ha sido objeto de varias investigaciones federales, pero es la primera vez que se produce una acusación formal en su contra. Los fiscales lograron obtener parte de la evidencia que sustenta este caso, en la presentación de pruebas ordenada por el juez en una demanda civil que cursa en la corte del Sur de Nueva York en contra de su empresa, Interamerican Consulting Inc., interpuesta por PDV USA Inc., filial de Petróleos de Venezuela S.A., en la que se acusa el incumplimiento de contrato cuyo primeros pagos ($15 millones) terminaron saliendo de las arcas de CITGO. 
  PDV USA acusó al exparlamentario y su firma, de recibir USD 15 millones de un contrato con un precio total de USD 50 millones, sin que el mismo hubiese sido ejecutado. Ni Rivera ni su compañía habrían cumplido el trato que consistía en cabildear con funcionarios públicos de los Estados Unidos y agencias federales para evitar la imposición de sanciones contra PDVSA y miembros del régimen venezolano por parte de los EE. UU. Por su parte, Rivera contrademandó exigiendo la cancelación de los restantes USD 35 que completan el monto de la negociación.

 Aunque el cabildeo para un gobierno extranjero no es delito en EE. UU, las empresas que se dedican a ese oficio deben estar registradas ante la Ley FARA. La fiscalía acusa a Rivera de incumplir la norma porque no se registró como consultor del régimen venezolano y de la estatal PDVSA cuando firmó el contrato de representación y consultoría a favor de Maduro.

 La Ley FARA, (por sus siglas en inglés The Foreign Agents Registration Act) obligaba a Rivera a registrarse como agente extranjero y a divulgar de manera pública su relación con el mandatario extranjero. 

 La letra del contrato suscrito entre Interamerican y PDV USA, establecía que la primera debía cabildear ante el gobierno federal, el Congreso y agencias de EE. UU., en nombre de Venezuela, con el objetivo de obtener apoyo político que permitiera normalizar las relaciones entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro. La tarea de Rivera, Intermarican, así como de Esther Nuhfer y su empresa Communications Solutions Inc. —igualmente beneficiarios de la negociación— era bregar para impedir que el entonces presidente Donald Trump impusiera sanciones contra PDVSA y los miembros de la dictadura venezolana. Ese objetivo no se logró.
  David Rivera argumenta que no violó la Ley Fara, pues el contrato que suscribió lo hizo con una empresa registrada en Estados Unidos.

  Ante una advertencia que su socia Esther Nuhfer le hizo, de que era necesario registrarse en FARA, Rivera respondió que ya era tarde para ello y que de hacerlo se convertiría en un gran escándalo, revelan unos correos electrónicos contenidos en la demanda[1].

  La acusación refiere que Rivera, para ocultar la naturaleza de sus negociaciones, se refería a Nicolás Maduro con el apelativo de “guaguero” (conductor de autobús en el argot cubano), en sus chat y comunicaciones sobre el asunto. 

  Los fiscales sostienen que Rivera procuró citas con funcionarios y legisladores de EE. UU. y que por lo menos una vez, viajó a Caracas a reunirse con el dictador venezolano.

  La demanda refiere que el contrato de la empresa de Rivera con PDV USA, solamente buscaba ocultar el trato directo con el régimen de Venezuela, entre quienes se destaca la figura de la actual vicepresidenta, Delcy Rodríguez.

 En la querella, los fiscales advierten que el objetivo de la conspiración ejecutada era que los acusados se enriquecieran de manera ilegal, participando en actividades políticas en los Estados Unidos en nombre del Gobierno de Venezuela y representando los intereses del Gobierno de Venezuela ante funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, en un esfuerzo por influir en la política exterior de los EE. UU.  hacia Venezuela.

  Raúl Gorrín sería el enlace entre Rivera y el régimen de Maduro y se dice en el documento que Senador 1, cuyo nombre no aparece mencionado, también tuvo dos encuentros con Rivera y allí este le habría dicho que Gorrín le informó que Nicolás Maduro estaría dispuesto a celebrar elecciones libres en Venezuela.

  Vale pena apuntar que señalamientos acerca de las vinculaciones de Rivera con el chavismo son de vieja data. Por ejemplo, en 2012, organizó un evento en el Congreso de los Estados Unidos en homenaje venezolanos. Tal actividad habría sido financiada presuntamente con fondos públicos venezolanos en pro de agentes del oficialismo, según determinó una investigación hecha por Univisión. Se trató de una celebración conmemorativa del primer grito de independencia de Venezuela de la corona española, llevado a cabo el 19 de abril de 2012[3]. 

  Se destacó el “reconocimiento” que Rivera hizo a quien es conocido como el “banquero del chavismo”, David Osío, propietario del Davos Financial Group[4]. En el acto, rivera entregó a los homenajeados la Medalla al Mérito del Congreso de EE. UU., un Certificado de Reconocimiento Congresional y la Bandera de Estados Unidos.

  Otro dato curioso acerca de Rivera data del año 2010, cuando durante una entrevista acusó a su oponente demócrata a las elecciones, Joe García, de ser una agente de la dictadura cubana que, para ese entonces, encabezaba Fidel castro. El para entonces candidato Rivera denunció que García se había convertido en un “agente de los intereses del régimen de Castro, por el hecho de que él (García) está cabildeando por concesiones unilaterales hacia el régimen cubano”[5].

 Quien usó como tarjeta de presentación ante su electorado en Florida, su lucha contra el comunismo dado sus orígenes, trabajaba en silencio a favor del comunismo imperante en Venezuela[6].

Oposición venezolana salpicada

  En su afán por zafarse de los señalamientos con que se le vincula con el chavismo, Rivera ha afirmado que el dinero recibido de CITGO como parte del pago del contrato, es decir los USD 15 millones, fue a parar a la oposición venezolana como financiamiento a las protestas contra Maduro ocurridas en 2017.

 Rivera sostiene que supuestamente entregó parte de los USD 15 millones a Leopoldo López y a su esposa, Lilian Tintori. Estos negaron la acusación y amenazaron con demandar a Rivera, pero hasta la fecha no se ha interpuesto ninguna querella en los tribunales de Estados Unidos sobre este caso en particular. 

 Rivera también dijo en otra ocasión que del dinero debían dar cuenta los llamados 6 de CITGO: José Pereira, José Zambrano, Gustavo Cárdenas, Jorge Toledo, Alirio Zambrano y Tomeu Vadell[7].
  
   En la demanda contra Rivera aparecen señalados dos individuos, que  son diputados a la Asamblea Nacional de Venezuela (2015). En la acusación no aparecen los nombres de los políticos opositores que habrían acudido a las reuniones con David Rivera y Raúl Gorrín, propietario de la televisora Globovisión y Seguros La Vitalicia, que está buscado por la justicia de EE. UU. por diferentes delitos y se encuentra en estatus de fugitivo. 

 Raúl Gorrín es una figura clave en el caso de Rivera y sus correos electrónicos y mensajes de celular aparecen en las comunicaciones entre  el excongresista de EE. UU. y Esther Nuhfer, según lo revelan los fiscales y las evidencias presentadas en la corte en la demanda contra Interamerican Consulting Inc.

  Los mensajes revelan que Interamerican Consulting pagó parte del dinero recibido de CITGO a Gorrín, y que los pagos de la filial de PDVSA en EE. UU. fueron amparados contratos ficticios por supuestos servicios prestados.

  Los abogados de PDV USA dijeron que parte de los fondos pagados por CITGO a la empresa de David Rivera, USD 3,75 millones, fueron direccionados a Interglobal Yacht Managment LLC, una compañía que administraba los yates de Raúl Gorrín. Esta operación se habría pretendido enmascarar con un subcontrato de servicios de consultoría estratégica internacional, pero el administrador de la empresa de yates se negó a firmar el contrato retroactivo a marzo de 2017. Posteriormente, se quiso presentar el pago bajo el alegato de que Gorrín actuó, supuestamente, como abogado consultor de Interamerican.

Gorrín, tenido por la justicia como prófugo, figura en varias causas judiciales que cursan en tribunales de los Estados Unidos[9].

Toca esperar ahora qué determinará sobre Rivera la Corte de Florida.






































































[1] Venezuela Política. “El arresto de exrepresentante de Florida, David Rivera y a su socia: Ambos fueron consultores de Nicolás Maduro y cobraron millones”. 5 de diciembre de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/12/el-arresto-de-exrepresentante-de.html



[2] El Nuevo Herald. “Arrestado ex legislador Rivera trabajaba en secreto para Maduro, dice acusación”. 7 de diciembre de 2022. https://www.elnuevoherald.com/noticias/america-latina/venezuela-es/article269681841.html#storylink=cpy



[3] Business Wire. “Recognition to a Select Group of Venezuelans; David Osío Receives Important Recognition in Washington”. 18 de abril de 2012. https://www.businesswire.com/news/home/20120418006942/en/Recognition-to-a-Select-Group-of-Venezuelans-David-Os%C3%ADo-Receives-Important-Recognition-in-Washington-DC



[4] Armando Info. “El diminuto banco de venezolanos en Dominica que no gustó al Bank of China”. 7 octubre 2020. https://armando.info/el-diminuto-banco-de-venezolanos-en-dominica-que-no-gusto-al-bank-of-china/



[5] Naples Daily News. “VIDEO Florida race for Congress: David Rivera labels Joe Garcia an agent of Fidel Castro”. 9 de noviembre de 2010. https://archive.naplesnews.com/news/video-florida-race-for-congress-david-rivera-labels-joe-garcia-an-agent-of-fidel-castro-ep-393943909-343223112.html/



[6] El Diario. “Ex congresista Republicano asesoraba a Maduro: PDVSA ahora lo demanda”. 16 de mayo de 2020. https://eldiariony.com/2020/05/16/ex-congresista-republicano-asesoraba-a-maduro-pdvsa-ahora-lo-demanda/



[7] Venezuela Política. “Juicio de empresa de David Rivera revela trama corrupta de políticos venezolanos en Miami”. 24 de enero de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/01/juicio-de-empresa-de-david-rivera.html



[8] Venezuela Política. “CITGO pagó a David Rivera los $15 millones para cabildear a favor de PDVSA (Nicolás Maduro) en los EE. UU.”. 15 de mayo de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/05/exclusiva-citgo-pago-david-rivera-los.html



[9] Venezuela Política. “Caso PDV USA en Nueva York: David Rivera entregó a Raúl Gorrín $3,75 millones del pago hecho por CITGO por un contrato de consultoría para 'mejorar la imagen de PDVSA' en Washington DC”. 7 de abril de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/04/caso-pdv-usa-en-nueva-york-david-rivera.html

martes, 13 de diciembre de 2022

En 20 de diciembre se conocerá si el tribunal de la Florida reconocerá o no la supuesta inmunidad diplomática de Álex Saab

 Las audiencias en el tribunal de Miami están programadas para concluir el jueves 15 de diciembre. Se espera que el juez Scola tome una decisión sobre si el caso en contra de Saab procederá o no el 20 de diciembre.

Por Maibort Petit

  La posibilidad de Álex Saab Morán quede libre, regrese a Venezuela y siga apoyando al régimen venezolano, o por el contrario, sea procesado por delitos de corrupción y lavado de dinero son las dos opciones que se barajan en la audiencia de prueba que se realiza a lo largo de esta esta semana en la Corte Federal de Miami, donde la defensa y los fiscales del caso del presunto testaferro de Nicolás Maduro, argumentan si el acusado tiene o no inmunidad diplomática.

  Las audiencias se iniciaron el lunes 12 de diciembre con los testimonios de funcionarios chavistas desde la Embajada de Suiza en Caracas. A través de una conferencia por Zoom, los testigos juraron declarar la verdad "tal cual lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela". El juez estadounidense, Robert Scola y a los fiscales federales que representan a EE. UU. en el caso de Álex Saab discuten si es cierto o no que el acusado actuaba en calidad de  enviado  especial de Maduro ante la República Islámica de Irán.

 Los testimonios de la defensa buscan convencer al juez Scola que Álex Saab Morán si goza de inmunidad diplomática. Los fiscales ha refutado las evidencias, calificando algunas de ellas de falsas, y modificadas, como por ejemplo, la Gaceta Oficial.

 Los fiscales Alexander J. Kramer y Robert Emery han expuesto a lo largo del caso que Saab Morán no goza de inmunidad diplomática y que todo fue una argucia de Nicolás Maduro para evitar que el acusado sea procesado por delitos de conspiración para lavar unos $350 millones en el sistema financiero estadounidense. Los fondos, según la acusación,  provenían de los programas sociales del gobierno para los pobres de Venezuela.

  Los abogados que representan a Saab ( Jonathan B. New, Jonathan R. Barr, Elizabeth Price Foley, Neil M. Schuster, Joseph Michael Schuster y Lindy Kathryn Keown) han trabajado una narrativa que va más allá del supuesto derecho que tiene Saab de quedar libre, por su inmunidad diplomática. En estas audiencias de pruebas han ampliado los argumentos al señalar que el gobierno de Cabo Verde sabía que el acusado era diplomático porque, manera indebida, abrió las comunicaciones secretas que Saab llevaba consigo cuando fue arrestado en la pequeña isla de África Occidental en junio de 2020.

 En las audiencias del lunes y martes, que se han conducido con traducción simultánea, testificaron los testigos de la defensa a través de la plataforma Zoom: María González, Juan Carlos Arrieche Granadillo, Freddy Rafael Plathi Figuera y Floriano Arnaldo Fabrizio Mandl (en persona).

  Las extensas sesiones se iniciaron a las 9 AM y culminaron a las 5:45 PM.

  La defensa planteó que la razón por la cual Saab, considera testaferro de Maduro, fue arrestado era porque con sus acciones "estaba violando el bloqueo impuesto por los Estados Unidos", pero los fiscales recordaron que el caso por el que está siendo procesado es exclusivamente por el delito de conspiración para lavar dinero en EE. UU. que está claramente expuestos en la acusación federal.

 Entre los testigos de la defensa, compareció el abogado de Cabo Verde, Florian Mandl quien aseguró ante el juez Scola que supuestamente "el gobierno de Cabo Verde habría abierto una carta que Nicolás Maduro,  le envió (con Saab) al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei". 

 De acuerdo al testimonio este evento "ocurrió cuando Saab fue arrestado en junio de 2020". Mandl habría sido la persona que retiró las pertenencias de Saab cuando estaba arrestado en Cabo Verde. También mencionó dos cartas de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Eloina Rodríguez: una dirigida a un asesor de su homólogo iraní y otra dirigida al entonces ministro de Agricultura de Irán, Kazem Khavazi "ellos sabían que era un enviado especial que gozaban de inmunidad diplomático".

 Otro testigo fue un exmilitar venezolano, Juan Carlos Arrieche que funge como agente de seguridad. El hombre dijo por videoconferencia  que Maduro le había ordenado entregar a Saab unos documentos sellados "personalmente" antes que este viajara a Irán, en la noche del  11 de junio de 2022. 

  Arrieche,  afirmó que el acusado había ido al Palacio de Miraflores ese día para atender una reunión con representantes diplomáticos iraníes, justo antes que saliera a Teherán, a donde nunca llegó porque fue arrestado en Cabo Verde el 12 de junio de 2020.

  El gobierno de Cabo Verde extraditó a Saab a los Estados Unidos, el 16 de octubre de 2021. Los abogados de Saab solicitaron al juez de distrito estadounidense Robert Scola que desestime el caso contra su cliente con el argumento de que su estatus diplomático lo hace inmune a enjuiciamiento. 

  Los abogados dicen que Nicolás Maduro nombró oficialmente a Saab como Enviado Especial de su gobierno en abril de 2018. Pero la Gaceta Oficial original de esa fecha no indica tal nombramiento. Los fiscales presentarán un testigo que intentará rebatir ese argumento.

En los dos días de audiencia han estado presentes en la sala del juez Scola un grupo de personas, que están a favor de Maduro y que piden la liberación del acusado. Asimismo, desde las afueras del tribunal se mantienen las protestas con pequeños grupos que forman parte del Movimiento Free Álex Saab. 

 El movimiento que pide la liberación del acusado, cuenta con medios suficientes para realizar una campaña mediática internacional que ha incluído la luz reflectora con su slogan en el edificio de la misma Corte del Distrito Sur de la Florida en Miami.

El elemento sorpresa

  Omar Estacio, abogado especialista en materia penal, refiere que es probable que la fiscalía recurra a un elemento sorpresa que es lo establecido en la Constitución, la cual prohíbe absolutamente que un funcionario público contrate con el estado venezolano, bien por sí mismo, como a través de interpuesta persona.

 Por tanto, si Álex Saab es embajador o enviado especial como aduce el régimen de Nicolás Maduro, esto no puede tener contrato con el estado venezolano. “Ese es un elemento que sé que maneja la fiscalía y que quizás lo saque a relucir ahora”, advierte el experto.

 Recuerda Estacio que Álex Saab es contratista del estado venezolano en las áreas de alimentación y construcción.

 Por otra parte, a juicio de Omar Estacio hay otro elemento determinante en este caso y es que ya el Departamento de Estado ha establecido que Álex Saab no es un diplomático reconocido por los Estados Unidos y por tanto carece de inmunidad diplomática, pues sencillamente esto es definitivo y no puede ser revisado por un juez, pues es potestad absoluta del Poder Ejecutivo.

“Acabamos de ver el caso del príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, quien supuestamente ordenó el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en Turquía, cuya prometida demandó al príncipe en un tribunal de Nueva York”. Ante estos hechos y tal siguiendo la recomendación de sus abogados, el rey Salman bin Abdulaziz Al Saud designó a su hijo como Primer Ministro. El Departamento de Estado informó del nombramiento al juez y este declaró nulo el juicio. Este caso de Saab aplica en contrario, pues ya el Departamento de Estado había negado la inmunidad del empresario, explica Estacio.




Tribunal cambia nuevamente la lectura de la sentencia de tres corruptos venezolanos: Roberto Rincón Fernández, José Manuel González Testino y José Luis De Jongh

Fueron reprogramadas para el 25 de enero de 2023.

Por Maibort Petit

  Nuevamente la lectura de las sentencias de José Luis De Jongh Atencio, Roberto Enrique Rincón Fernández y José Manuel González Testino, fue pospuesta por decisión del juez de Tribunal de Distrito Sur de Texas-División de Houston, Gray H. Miller, que lleva dichas causas.
  Se esperaba, como informamos recientemente[1], que este jueves 15 de diciembre de 2022, el magistrado diera a conocer las penas que les impondrá a los contratistas del estado venezolano y al exfuncionario de CITGO Petroleum Corporation, quienes se declararon culpables de delitos de corrupción y lavado de dinero.

  Roberto Rincón Fernández protagonizó uno de los más escandalosos casos de corrupción instrumentados para esquilmar el patrimonio de Petróleos de Venezuela S.A. en miles de millones de dólares.

  Entretanto, De Jongh Atencio, se desempeñó como en el área de adquisiciones y como gerente del Grupo de Proyectos Especiales de la filial de PDVSA en EE. UU., posiciones de las que se valió para otorgar contratos y otras facilidades a los empresarios José Manuel González Testino y Tulio Aníbal Farías Pérez, a cambio de jugosos sobornos.

  José Manuel González Testino es un contratista corrupto que pagó millones de dólares de dólares en sobornos a cambio de obtener contratos fraudulentos y con sobreprecios de PDVSA y de CITGO su filial en EE. UU., así como prebendas en sus relaciones con la petrolera estatal venezolana.

La sentencia de De Jongh

  El 9 de diciembre de 2022, el juez Gray H. Miller, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas-División de Houston, reprogramó la lectura de la sentencia de José Luis De Jongh Atencio para el 25 de enero del próximo año, 2023.

 La nueva cita está pautada para las 10 de la mañana de la referida fecha.

La sentencia de Rincón

  En la misma fecha, 9 de diciembre de 2022, el juez Miller pautó la lectura de la sentencia de Roberto Enrique Rincón Fernández, igualmente para el 25 de enero de 2023.

La sentencia de González Testino

  Al igual que los anteriores, la sentencia de José Manuel González Testino se dará a conocer el 25 de enero de 2023.

REFERENCIAS

[1] Venezuela Política. “Dos contratistas y un exfuncionario de CITGO-PDVSA serán sentenciados por delitos de corrupción y lavado de dinero por un juez de Texas”. 8 de diciembre de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/12/dos-contratistas-y-un-exfuncionario-de.html

lunes, 12 de diciembre de 2022

Notas del juicio de Claudia Díaz Guillén y Adrián Velázquez Figueroa: Continúa el juicio por corrupción y lavado de dinero de los exfuncionarios chavistas (I)

  Luego que el panel escuchó los testigos y las evidencias de la fiscalía, y los de las defensa, le tocará deliberar sobre las evidencias y emitir un veredicto que marcará el destino de los acusados, y de sus socios. Existe una campaña de desprestigio en contra de los abogados del gobierno estadounidense por parte de Raúl Gorrín, uno de los acusados en esta trama de corrupción que se encuentra fugitivo de la justicia y de sus agentes mediáticos.

  Desde el pasado 28 de noviembre, el Tribunal del Distrito Sur de Florida, en Fort Lauderdale se desarrolló el juicio contra Claudia Patricia Díaz Guillén, mejor conocida como la “enfermera de Chávez” y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, ex-guardaespaldas del finado mandatario. Durante dos semanas, los fiscales expusieron ante el jurado más de un millar de pruebas, entre testimonios y documentos de diversa índole, con miras a demostrar a los 12 miembros del jurado que la pareja es culpable de los delitos de lavado de dinero, corrupción y violación de la Ley de Prácticas corruptas en el extranjero. 
  Una rocambolesca historia en la que soldados del ejército venezolano, pasaron de ser simples oficiales y allegados de confianza de Hugo Chávez, a miembros del alto gobierno que terminaron embolsillándose descomunales cantidades de dinero que, en unos casos sumaron los mil millones de dólares y en otros, como el de los acusados se refiere, supuestamente USD 65 millones.
 Acusados en 2020, Díaz Guillén y Velásquez Figueroa presuntamente continuaron a cargo de una trama urdida por su antecesor en la tesorería venezolana, Alejandro Andrade, con un grupo de empresarios entre los que destaca Raúl Gorrín, propietario de la televisora Globovisión y Seguros La Vitalicia, prófugo de la justicia de EE. UU.

  Gorrín pagó sobornos por el orden de los USD 4,2 millones en un esquema de corrupción donde sobresalió Claudia Díaz Guillén, y que según los fiscales los recibía a través de la intermediación de su marido. 

   Gorrín, quien se encuentra en estatus de fugitivo de la justicia de EE. UU. por este y otros casos de más de crímenes financieros, se valía de compañías fantasma bajo su control para realizar pagos a las cuentas en Miami que habrían servido para el enriquecimiento de los acusados.

  En la Corte, presidida por el juez federal, William P. Dimitrouleas, los fiscales acusaron a Díaz Guillén y a su marido Adrián Velázquez de delitos de corrupción y conspiración instrumentada para esquilmar dinero público, y lavarlo en el sistema financiero norteamericano. 

 La fiscalía estadounidense acusó a Díaz Guillén y a Velásquez Figueroa de quebrantar la ley cuando enviaron fondos irregulares a Estados Unidos y mediante transferencias bancarias que daban cuerpo a la trama de corrupción instrumentada por los acusados. Ambos violaron la Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero que otorga a EE. UU. jurisdicción para enjuiciar a funcionarios y sus agentes aliados que muevan recursos robados en el sistema financiero norteamericano.

 Los fiscales explicaron al jurado que Raúl Gorrín, entre 2011 y 2013, pagó sobornos a los demandados a cambio del otorgamiento de divisas a precio preferencial que después eran vendidas a precios de mercado negro reportando millonarias ganancias.

  En este caso testificó por la fiscalía, Alejandro Andrade Cedeño extesorero de Venezuela, el supervisor de la Patrulla Fronteriza y Aduanas de Estados Unidos, Reynaldo García; la agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional, Brittney Suárez; el abogado y director financiero de Insured Aircraft Title Service, con sede en Oklahoma, Greg Luster, entre otros, llamados a rendir testimonio que corrobore los cargos formulados contra los acusados.

  Reynaldo García contó al jurado que Claudia Díaz Guillén y Velázquez Figueroa, viajaron con los hijos de Gorrín a los Estados Unidos, según dan cuenta los registros de pasajeros. 

  Por su parte, Greg Luster explicó a los jurados cómo se hacen los procedimientos de transferencia de propiedad parcial de un avión comercial de acuerdo a las leyes vigentes en los Estados Unidos.

   Asimismo, la agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional, Brittney Suárez testificó acerca de 180 páginas de correos electrónicos y otros documentos que conectan a Raúl Gorrín con una de las empresas involucradas en la venta de aeronaves.

  Una sorpresa se produjo en el juicio cuando Maximillian Camino Berán, un directivo de medios de comunicación venezolano, subió al estrado y dio cuenta de un supuesto soborno del que hasta ahora no se tenía noticia. La defensa objetó y pidió al juez no admitir este testimonio sobre supuestas coimas entregadas por él a Díaz Guillén cuando se desempeñó como tesorera.

El testigo estrella

  Alejandro Andrade,  quien fue compañero de armas de Hugo Chávez e integrante de su círculo íntimo, cuando era tesorero nacional de Venezuela aceptó más de $1.000 millones en sobornos que le pagó Raúl Gorrín para que aprobara millonarios negocios ilegales que en deterioro de las finanzas públicas de la República. El ahora convicto luego de declararse culpable de delitos de corrupción y lavado de dinero y de delatar a los otros miembros de la conspiración se convirtió en testigo estrella de la fiscalía en el juicio de la “enfermera” y su marido.
 Su testimonio de Andrade Cedeño ante el jurado, fue usado por la fiscalía para contextualizar su acusación contra Díaz Guillén y Velásquez Figueroa. Además de los testimonios, los fiscales mostraron más de un millar de evidencias que buscan probar, más allá de la duda razonable, que los acusados son culpables de los delitos acusados y que merecen pagar por sus crímenes que causaron daño a millones de venezolanos y al sistema financiero de EE. UU.

  Cumpliendo fielmente con este papel, Andrade, en el estrado de la Corte de Fort Lauderdale, echó mano, primero, de la retórica chavista para advertir que le era “leal” a Hugo Chávez, habiendo ido en su contra al asumir la conducta corrupta que lo llevó a hacer operaciones de canje de divisas lucrativos con empresarios corruptos adinerados. 

 Andrade aceptó que fue él quien dio inició a la trama cuando ejerció como tesorero nacional de Venezuela, irregularidades que luego continuaron en manos de la acusada y su marido a quienes habría reclutado para que prosiguieran con el esquema corrupto que enriqueció a la élite cercana al poder chavista en Venezuela.

  Andrade narró cómo durante el tiempo de su gestión en la tesorería venezolana, aceptó millones de dólares en sobornos de parte de empresarios aliados del chavismo, a objeto de que les diera acceso a las divisas otorgadas a precio preferencial durante la vigencia del riguroso control de cambios impuesto en Venezuela en toda la gestión de Chávez y buena parte de la de su sucesor, Nicolás Maduro. 

 Explicó Andrade frente al jurado que el diferencial cambiario  obtenido como ganancia irregular por la venta en el mercado negro de los dólares obtenidos del gobierno les permitió amasar descomunales fortunas a los integrantes de esta trama de corrupción.

  Especificó que hizo tratos con tres empresarios a quienes permitió cambiar bolívares a dólares estadounidenses a una baja tasa para luego ser vendidos en el mercado negro. Las jugosas ganancias obtenidas con esta operación irregular, eran compartidas a partes iguales. Así ocurrió, incluso, cuando Chávez cerró las casas de cambio en Venezuela.

  Ante los doce miembros del jurado, el también conocido como “Tuerto Andrade” negó, al ser cuestionado por los abogados de la defensa, haber establecido un trato para abandonar Venezuela en razón de una supuesta traición al difunto Chávez.

 Andrade Cedeño contó que, además de tesorero nacional, desempeñó conjuntamente la presidencia de un banco estatal y cómo, desde estas altas posiciones, logró relacionarse con personas influyentes del mundo económico, entre los que señaló a Jean Paul Rivas, Leonardo González Dellán y Raúl Gorrín Belisario, quienes fueron los tres empresarios convertidos en sus socios en el corrupto negocio de la entrega de dólares preferenciales para llevar a cabo con ellos las operaciones de reventa en el mercado secundario.

  Refirió que, si bien continuó haciendo negocios con Gorrín Belisario aun después de dejar la tesorería, no fue así con González Dellán. Explicó que este último daba cuenta de los pagos de los sobornos que le realizaba en servilletas de bar. Eso sí, advirtió que en ellos nunca se usaba la palabra “soborno” sino “trabajo”. “Esa es una palabra que implica un delito y no se debe decir”.

  El ahora cooperante con la justicia, dijo que le había entregado al gobierno de EE. UU. USD 1.000 millones obtenidos con las corruptas operaciones, incluyendo USD 250 millones que fueron entregados en efectivo. Dijo que, lamentablemente, los restantes USD 750 millones aún están en manos de sus financistas y nunca podrán ser recuperados.

  Pero la cosa no se quedó únicamente en dinero, pues por sus labores de facilitación también recibió pago en especies, entre ellos tres aviones privados, una granja de caballos en Wellington, un criadero de perros, sobres llenos de dinero en efectivo y un yate.

El listado de pruebas

  Entre las últimas diligencias del proceso judicial, el 8 de diciembre de 2022, los abogados Marissel Descalzo y Andrew S. Feldman, presentaron de manera conjunta ante Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, la tercera lista de pruebas de sus representados, Claudia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa.

  El listado enumera 80 documentos que la defensa presentó como evidencias que incluyen el resumen del trabajo militar de Adrián Velásquez, la sentencia modificada de Alejandro Andrade, el acta de entrega de Claudia Díaz, certificados bancarios, resoluciones de gobierno, fotografías, entre otros.