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miércoles, 20 de octubre de 2021

Extradición del Pollo Carvajal ordenada por la Audiencia Nacional española podría retrasarse por advertencia del juez que lleva el caso de Podemos

   El exjefe de inteligencia venezolano deberá declarar el 27 de octubre ante el tribunal que preside el juez Manuel García-Castellón.

Por Maibort Petit
   La que se creía era una extradición inminente e inmediata, podría verse retrasada, toda vez que el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, advirtió a sus colegas de la Sala de lo Penal y a la policía, que Hugo Armando “El Pollo” Carvajal Barrios, está citado por su tribunal para declarar la próxima semana con relación al caso que se ventila en esa instancia de la Audiencia Nacional acerca de la presunta financiación irregular del partido izquierdista español Podemos. Esta causa se encontraba archivada desde 2016, pero en razón de documentos entregados por el ex-general encargado de la inteligencia de Venezuela en tiempos del finado Hugo Chávez a esa instancia judicial, ha sido reabierto.
    García Castrejón les manifestó por vía escrita a la policía, que Hugo Carvajal está citado por su tribunal para el próximo 27 de octubre, según reveló el portal El Confidencial, algo que trastocaría la decisión adoptada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España, que decidió autorizar la extradición de Carvajal Barrios a los Estados Unidos[1].

La decisión de la Audiencia Nacional

   Los magistrados Alfonso Guevara Marcos, Carolina Rius Alarcó y Carlos Fraile Coloma de la Sección 3ª de la Sala de los Penal de la Audiencia Nacional de España, acordaron este 20 de octubre de 2021, hacer entrega en extradición de Hugo Armando Carvajal Barrios a las autoridades de Estados Unidos.

    Tal orden emana de la denegación de asilo que fue confirmada por la Oficina de Asilo y Refugio de España adscrita al Ministerio del Interior español, que desestimó la solicitud de asilo presentada por Carvajal Barrios, hecho ocurrido el pasado 19 de octubre. La dependencia gubernamental revisó el expediente y concluyó que el solicitante no cumple los requisitos necesarios para concederle tal condición[2].
   La decisión judicial de la Audiencia Nacional puso a Hugo Carvajal a la orden de la Unidad de Cooperación Policial Internacional, al tiempo que libró el oficio y ordenó participar la sentencia a la Subdirección general de Cooperación Jurídica Internacional, así como al director donde se encuentra recluido el reclamado en extradición.

   Carvajal Barrios venía bregando para evitar su extradición a suelo estadounidense desde que en noviembre de 2019 la justicia española acordó tal acción, al extremo de huir[3] y permanecer fuera del radar de las autoridades españoles por casi dos años escondido en diversos apartamentos en Madrid de los que se mudaba cada tres meses. Finalmente, luego de una operación de inteligencia en la que participó la DEA de EE. UU. y la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de España, fue capturado el pasado 10 de septiembre[4].
   En su afán por evitar la extradición, Hugo Carvajal ha ideado todo tipo de estratagemas, como la de ponerse a la orden de la Audiencia Nacional y prometió a los magistrados suministrar información acerca los vínculos de las FARC y ETA, así como del financiamiento del partido Podemos y de los negocios del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela.

  Luego de su captura, la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York y la DEA reiteraron que Hugo Armando Carvajal Barrios, presuntamente, participó en actividades de narcotráfico a gran escala como funcionario del gobierno venezolano.
   La fiscal Audrey Strauss dijo que la acusación formal indica que Carvajal Barrios participó en una conspiración de narcoterrorismo y una conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, un cargamento de 5,6 toneladas de cocaína desde Venezuela a México en abril de 2006. Igualmente lo señaló de otros delitos relacionados con armas de fuego.

   Específicamente, los cargos son: “(1) participar en una conspiración de narcoterrorismo, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 20 años y una máxima de por vida; (2) conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, lo que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años y una máxima de por vida; (3) usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de las conspiraciones de narcoterrorismo e importación de cocaína, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 30 años y un máximo de vida; y (4) conspirar para usar y portar ametralladoras y artefactos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y artefactos destructivos en apoyo de las conspiraciones de narcoterrorismo e importación de cocaína, que conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua”[5].

REFERENCIAS

[1] El Confidencial. “El juez de la financiación de Podemos pide retrasar la entrega del Pollo Carvajal a EEUU”. 20 de octubre de 2021. https://www.elconfidencial.com/espana/2021-10-20/juz-podemos-retasar-entrega-pollo-carvajal_3310231/

[2] Infobae. “España rechazó otro pedido de asilo de Hugo “El Pollo” Carvajal, que quedó más cerca de la extradición a EEUU”. 19 de octubre de 2021. https://www.infobae.com/america/venezuela/2021/10/19/espana-rechazo-otro-pedido-de-asilo-de-hugo-el-pollo-carvajal-que-quedo-mas-cerca-de-la-extradicion-a-eeuu/

[3] BBC Mundo. “Hugo Carvajal: la fuga en España del exjefe de inteligencia venezolano que EE.UU. considera ‘vergonzosa’”. 14 de noviembre de 2019. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50417317

[4] El País. “Tras la pista de ‘El Pollo’ Carvajal: ‘Llevo dos años encerrado en pisos, me mudaba cada tres meses’”. 10 de septiembre de 2021. https://elpais.com/espana/2021-09-10/tras-la-pista-de-el-pollo-carvajal-llevo-dos-anos-encerrado-en-pisos-me-mudaba-cada-tres-meses.html

[5] Departamento de Justicia. “Former Venezuelan Official Hugo Armando Carvajal Barrios Arrested Again In Spain In Connection With Narco-Terrorism, Firearms, And Drug-Trafficking Charges”. 10 de septiembre de 2021. https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/former-venezuelan-official-hugo-armando-carvajal-barrios-arrested-again-spain



sábado, 16 de octubre de 2021

Corte de Apelaciones de EE. UU. niega recurso interpuesto por la Defensa de Álex Saab

 Por Maibort Petit   

   Bajo el argumento de falta de jurisdicción, la Corte de Apelaciones del 11vo. Circuito de los Estados Unidos de Atlanta, desestimó el recurso interpuesto por la defensa de Álex Saab, considerado testaferro de Nicolás Maduro, según los fiscales federales del Distrito Sur de la Florida.

   El fallo de la audiencia, que tuvo lugar este jueves 14 de octubre, el panel de jueces de Apelación desestimó el recurso que buscaba anular el fallo de un magistrado de la Florida que declaraba a Álex Saab como fugitivo de la justicia de Estados Unidos.

    La corte de Apelaciones sostiene que Álex Saab reúne todos los elementos que se expresan en la doctrina del derecho estadounidense en el concepto de Estatus de Fugitivo.

   Agrega además que la decisión del juez del primer circuito "no abusa de su discreción" para determinar que Saab trató de buscar una dimisión de su causa, usando como argumento del estatus de Inmunidad  diplomática. "Luego de revisar los hechos, tiene poco sentido que el recurso apelado sea admitido en la jurisdicción de ese órgano de justicia", dice el fallo.

  La causa de Álex Saab seguirá su proceso en el Distrito Sur de la Florida donde está interpuesta la acusación del gobierno de los Estados Unidos.

  Saab fue extraditado a EE. UU. el 16 de octubre de 2021, luego de una larga lucha judicial. El contratista del Estado venezolano, de nacionalidad colombiana, fue arrestado el 12 de junio de 2021 en Cabo Verde y desde entonces peleó con un enorme equipo de abogados internacionales para evitar ser juzgado en suelo estadounidense.

   El Departamento de  Justicia anunció que Saab será presentado ante la Corte del Distrito Sur el lunes 18 de octubre a la 1PM, para que el juez proceda con la lectura de cargos, tal cual establece el procedimiento.

   Saab pasó su primera noche en la cárcel federal de Miami. El contratista colombiano está acusado de haber lavado,  junto a su socio Álvaro Pulido y otros, más de $350 millones en el sistema financiero estadounidense. Los fondos provienen de un esquema de corrupción operado desde Venezuela con fondos públicos.



viernes, 15 de octubre de 2021

Las razones de la fiscalía para oponerse a la libertad bajo fianza de Paulo Jorge Da Costa, artífice del esquema de corrupción de Rincón y Shiera

  El gobierno sostiene que el acusado carece de vínculos con los Estados Unidos, por lo que existe un claro riesgo de huida de su parte.

Por Maibort Petit

    Paulo Jorge Da Costa Casqueiro Murta está señalado junto a Daisy Teresa Rafoi Bleuler, de ser artífice del esquema de corrupción mediante el cual los empresarios Roberto Rincón y Abraham Shiera, ex-contratistas de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) sobornaron a funcionarios de la compañía estatal para la obtención de contratos y acelerar el pago de facturas pendientes de contratos anteriores. Rincón y Shiera fueron acusados, junto a una veintena de funcionarios venezolanos de varios delitos de lavado de dinero y de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

   Da Costa Casqueiro Murta y Rafoi Bleuler, gestores patrimoniales europeos activos, actuaron en conjunto con Javier Alvarado Ochoa, expresidente de Bariven, unidad de compras de PDVSA, para lavar el dinero proveniente del referido esquema de sobornos que alcanzó los USD 1.000 millones y se extendió entre 2011 y 2014.

   Por este caso, el gobierno estadounidense ha anunciado cargos contra 28 personas en relación con la investigación, 22 de los cuales se han declarado culpables.

    Además, Da Costa Casqueiro Murta ha sido investigado en Portugal por estar relacionado con la quiebra del Grupo Espírito Santo.

   La fiscalía acusó a Paulo Jorge Da Costa Casqueiro Murta de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, en violación de 18 U.S.C. § 1956 (h), un cargo de conspiración para violar la FCPA, en violación de 18 U.S.C. § 371, y dos cargos de lavado de dinero promocional internacional, en violación de 18 U.S.C. Sección 1956 (a) (2) (A).

   El 29 de abril de 2019, se emitió una orden de arresto en su contra fuera del Distrito Sur de Texas. En mayo de 2019, fue arrestado en Portugal y el gobierno inició formalmente un procedimiento de extradición, pero luego de un breve arresto, fue puesto en libertad, aunque las autoridades portuguesas le impusieron restricciones adicionales.

  Posteriormente, el acusado apeló su extradición a múltiples tribunales en Portugal y al menos a un tribunal en la Unión Europea. El 2 de junio de 2021, después de agotar todos sus recursos de apelación, fue nuevamente arrestado por las autoridades portuguesas y detenido en espera de su extradición.

  El 9 de julio de 2021, Paulo Da Costa Casqueiro Murta fue trasladado desde Portugal al Distrito Sur de Texas, donde tuvo su primera comparecencia en este asunto el 12 de julio de 2021. El gobierno solicitó su detención y el demandado solicitó tiempo adicional para prepararse para la audiencia de detención, la cual tuvo lugar los días 22 y 26 de julio de 2021. Allí, la Corte determinó que la fiscalía había demostrado con evidencia clara y convincente que ninguna condición podía asegurar razonablemente la comparecencia del acusado. Sin embargo, la Corte le brindó la oportunidad de presentar un escrito en el que expusiera las condiciones específicas de la liberación que solicitaba y para identificar un caso con hechos similares.

La respuesta de la Fiscalía

  El 12 de agosto de 2021, Sonali D. Patel, subjefe de la Sección de Fraudes de la División Penal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, presentó ante el Tribunal del Distrito Sur de Texas-División Houston, la respuesta del gobierno en oposición al escrito de Paulo Jorge Da Costa Casqueiro Murta en apoyo de la fianza, bajo el alegato de que el acusado presenta un riesgo de fuga significativo al ser ciudadano de un país que no extradita y ser poseedor de activos importantes en el extranjero y sin no vínculos con los Estados Unidos.

   Da Costa Casqueiro Murta está acusado de participar en una conspiración internacional de lavado de dinero por su papel en la estructuración de transacciones para ocultar pagos de sobornos y ganancias delictivas, delitos de los cuales, la fiscalía asegura tener pruebas sólidas. De ser declarado culpable, enfrentaría una sentencia de prisión sustancial de 292 a 365 meses de prisión.

    El gobierno advirtió al tribunal que el acusado no ha identificado los casos solicitados en los que un acusado en una situación similar fuera puesto en libertad bajo fianza. En tal sentido, la fiscalía pidió a la Corte mantener detenido al acusado de conformidad con 18 U.S.C. Sección 3142 (e) (1).

   Estados Unidos solicitó que la Corte que imponga una orden de detención contra Paulo Jorge Da Costa Casqueiro Murta y lo mantenga en custodia en espera de juicio.

Los argumentos

   En su escrito, la fiscalía luego de exponer lo que la Ley de reforma de la fianza establece, así como la jurisprudencia, advierten que el demandado está en riesgo de fuga y debe ser detenido.

   Recordaron que el Tribunal en fecha 26 de julio de 2021 estableció el riesgo de fuga por parte del acusado, quien no tiene vínculos con el Distrito Sur de Texas, ni con los Estados Unidos fuera de su actividad criminal. 

   Subraya que Da Costa Casqueiro Murta es natural de Suiza, un país que no extradita a sus ciudadanos a EE. UU., su familia vive en el extranjero, siendo que su esposa, hijos y hermanas viven en Portugal, mientras que los hijos de su esposa residen en Suiza. Anteriormente alquiló un apartamento en Dubai, otro lugar desde el que es poco probable que se produzca la extradición.

  Destacan la fiscalía que, habiendo el acusado conspirado para ejecutar un plan internacional de lavado de dinero y soborno, utilizando cuentas en Suiza y Dubai, es muy probable que tenga activos internacionales que el gobierno no ha podido identificar, rastrear o congelar.

   Indican que la naturaleza y las circunstancias de los delitos que se imputan al acusado en el auto de procesamiento sustitutivo pesan a favor de la detención y el posible castigo resultante proporcionan un amplio incentivo para huir.

    El gobierno hace una exposición acerca de los co-conspiradores y los coacusados del acusado, quienes han sido detenidos en el distrito sur de Texas a pesar de tener bases más sólidas para su liberación que las que tiene en este caso Paulo Da Costa.

Sustento legal poco convincente

   El gobierno alerta al tribunal que Paulo Jorge Da Costa Casqueiro Murta no ofreció en la audiencia del 26 de julio de 2021 un solo caso que responda a la pregunta que se le planteó y, en cambio, hizo mención a seis casos fuera del circuito que son inapropiados y distinguibles. Agregan que al demandado tampoco menciona a los coacusados en situación similar que fueron detenidos a pesar de tener vínculos mucho más amplios con el distrito, haber renunciado a la extradición y comparecer voluntariamente en los Estados Unidos.



     Recordó la fiscalía que el demandado apeló su extradición a todos los niveles del sistema legal portugués y a un tribunal de la Unión Europea, y el gobierno de Suiza no ha garantizado ni garantizará su comparecencia en el tribunal del distrito sur de Texas.

Argumentos fallidos del acusado

   El gobierno le refiere al tribunal que Paulo Da Costa Casqueiro Murta argumenta, entre otras cosas, que debido a que no huyó de Portugal a Suiza, no debe considerarse un riesgo de fuga de los Estados Unidos, pero obvia mencionar que mantiene amplios vínculos con Portugal, donde vivía con su esposa. En territorio luso, el demandado posee tres propiedades, incluida su residencia principal, un apartamento y un rancho. Recuerdan que los portugueses “congelaron” estas propiedades, valoradas en aproximadamente USD 3,5 millones, así que huir de esa nación habría implicado el abandono de esos importantes activos. Además, el acusado debió pagar una fianza de € 750,000 (aproximadamente USD 875.000). “En resumen, si el Demandado se fuera de Portugal, abandonaría la comunidad en la que vivía, junto con activos sustanciales y una fianza significativa. Estos son precisamente el tipo de vínculos comunitarios y activos significativos de los que carece en Estados Unidos”.

   Respecto al problema médico que el acusado indica que padece de colesteatoma y por ello debe ser liberado, que requiere su liberación. Identificación. En este sentido, aunque la fiscalía reconoce la condición médica del demandado, alerta que esto no mitiga el riesgo de que huya ni justifica su liberación. “El Demandado no ha proporcionado ninguna prueba de que la Oficina de Prisiones no pueda brindarle la atención médica adecuada mientras espera el juicio”.

miércoles, 13 de octubre de 2021

Fuentes: Hubo complicidad interna en CITGO para el pago de USD 15 millones a empresa del excongresista David Rivera

  La filial de PDVSA, PDV USA Inc. reiteró los cargos de su demanda inicial contra Interamerican Consulting Inc.

Por Maibort Petit

   El caso que se libra en la Corte del Distrito Sur de Nueva York entre PDV USA Inc., filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y la empresa Interamerican Consulting Inc., propiedad del excongresista de le Estados Unidos, David Rivera, va más allá de un simple reclamo por incumplimiento de contrato, de acuerdo a lo que revelan fuentes ligadas al caso. Informantes de Venezuela Política advierten que, evidentemente, los USD 15 millones que involucra la demanda fueron extraídos de CITGO con complicidad interna. Una serie de manejos por parte de Gina Coon, tesorera, y José Pereira, ex vicepresidente de la filial, quien habría ordenado a la primera hacer el pago, pues se trataba de “una orden de arriba”, emanada de Nelson Martínez.
   Dichas fuentes sostienen que los manejos irregulares son fáciles de detectar con solo revisar los movimientos bancarios de la empresa en el JP Morgan. Al mismo tiempo, advierte que debe ponerse la lupa en Marcia Wiss, abogada de ejercicio en Washington, quien habría sido la artífice de la transacción en conjunto con los funcionarios de CITGO y PDVSA.
  El dinero de la disputa, presentando como un pago por supuestos servicios de cabildeo que la empresa de Rivera no habría finalmente prestado, habría tenido otro destino que, según el excongresista, eran fondos destinados al financiamiento de las protestas promovidas por la oposición venezolana contra el régimen de Nicolás Maduro en 2017.

  El asunto terminó ventilándose en los tribunales y desde el momento mismo en que PDV USA Inc., filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), suscribió un contrato con la empresa del ex congresista estadounidense, David Rivera, Interamerican Consulting Inc., por presuntos servicios de asesoría de la segunda para con la primera, comenzó una diatriba que parece no tener fin y una serie de acusaciones entre las partes no tienen cuándo terminar.

  El último capítulo en esta guerra de corresponde a la demandante inicial, PDV USA Inc. la cual presentó ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York su respuesta a la contrademanda que Interamerican ejerció el 19 de agosto del presente 2021, negando todos los términos de la misma.

  El pasado 19 de agosto de 2021, Interamerican Consulting Inc. presentó una contrademanda en contra de PDV USA Inc. en la que negó todos los términos de la demanda interpuesta por esta última en su contra acusándola por incumplimiento de contrato. La empresa del ex congresista republicano, David Rivera, aseguró que es la filial de PDVSA la que debe pagar USD 30 millones que serían el saldo del contrato[1].

La respuesta de PDV USA

  El 24 de septiembre de 2021, Jeffrey B. Korn, de la firma Willkie Farr y Gallagher LLP que representa los intereses de PDV USA Inc. en el caso en que demanda a la empresa Interamerican Consulting Inc. en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Nueva York, presentó su respuesta y defensas afirmativas a las contrademandas del demandado al tiempo que pidió a la Corte desestimar dichas contrademandas; otorgarle sentencia a su favor de acuerdo a lo solicitado en la Demanda Enmendada; y cualquier otra compensación adicional que el Tribunal considere justo y equitativo.


   PDV USA Inc. negó las alegaciones de Interamerican en su contrademanda, limitándose a admitir que Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) es la matriz última de CITGO Petroleum Corporation (CITGO) y que David Rivera es un excongresista de los Estados Unidos, propietario de la compañía demandada, con el que celebró un acuerdo para que esta le prestara supuestos servicios de consultoría el 21 de marzo de 2017, y que Interamerican se negó a dar su consentimiento al “Acuerdo de Consentimiento de Asignación y Asunción al Acuerdo de Consultoría, con fecha del 21 de marzo de 2017”.

   PDV USA Inc. reiteró los cargos de su demanda contra Interamerican Consulting Inc., a saber, un cargo por Incumplimiento de contrato; un cargo de por Enriquecimiento injusto; su sentencia declaratoria; al tiempo que enfatizó el pedido de alivio pues, asegura, que la demandada no tiene derecho alguno a las reparaciones que reclama.

Las defensas afirmativas de PDV USA

   Ante las contrademandas de Interamerican Consulting Inc., PDV USA Inc. afirmó sus defensas sin perjuicio de cualquier posición que pueda adoptar con respecto a la carga de la prueba sobre dichas defensas. Asimismo, se reserva el derecho de hacer valer defensas adicionales, incluidas las basadas en hechos revelados mediante descubrimiento o investigación adicional.

   En este sentido, PDV USA en su Primera defensa afirmativa destaca que la contrademanda no establece un reclamo sobre el cual se pueda otorgar una reparación.

 La Segunda defensa afirmativa sostiene que el reclamo de Interamerican por incumplimiento de contrato está excluido por su propio incumplimiento material previo.

   Entretanto, la Tercera defensa afirmativa de PDV USA refiere que los reclamos de Interamerican están excluidos en todo o en parte por las doctrinas equitativas de manos sucias, destituciones, preclusión y/o renuncia.

   A su vez, la Cuarta defensa afirmativa indica que cualquier reclamo de reparación equitativa o declaratoria está excluido porque el Interamerican tiene un recurso adecuado en la ley.

    La Quinta defensa afirmativa de PDV USA advierte que los reclamos de Interamerican están excluidos, en todo o en parte, porque el Acuerdo es inválido, ilegal, nulo y/o nulo ab initio y, por lo tanto, inaplicable. Recuerda que el presidente de Interamerican, David Rivera, declaró a la prensa poco después de la presentación de la demanda, indicando que su empresa nunca tuvo la intención de brindar los servicios de consultoría estratégica que fueron objeto del contrato.

   Por último, la Sexta defensa afirmativa asevera que la reclamación de Interamerican por incumplimiento de contrato se excluye en todo o en parte porque no cumplió con una condición precedente en virtud del Acuerdo.

REFERENCIA

[1] Venezuela Política. “Empresa del excongresista, David Rivera niega los términos de la demanda de PDV USA en su contra y presenta contrademanda”. 20 de agosto de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/08/empresa-del-excongresista-david-rivera.html

Mafias 'cobra vacunas' que operan en el Mejorador de Crudo Petrocedeño

   Las contratistas que operan en la planta se verían obligadas a pagar las tarifas que se han establecido por cada etapa de los procesos y servicios que se tengan que llevar a cabo.

Por Maibort Petit
   Fuentes ligadas a la industria petrolera denunciaron a Venezuela Política una serie de irregularidades que tienen lugar en el Mejorador de crudo de Petrocedeño en un Programa de Recuperación de Activos de PDVSA, supuestamente protagonizado por un grupo de trabajadores de la planta a cuya cabeza se encuentra el ingeniero Pedro Márquez, un Planificador de Mantenimiento, pero actualmente está encargado de una de las superintendencias de mantenimiento. La denuncia sostiene que estas personas han instaurado un sistema de amenazas, extorsión y acoso laboral que amenaza con acabar con lo poco que a la fecha funciona en dicho complejo.
   Como se sabe, en abril del presente año 2021 se supo que PDVSA planeaba —de acuerdo a información que reveló Reuter— poner nuevamente en funcionamiento dos de los cuatro mejoradores de crudo que posee en Venezuela, con el objetivo de impulsar la producción del crudo extrapesado de la Faja del Orinoco.

  Dichos mejoradores —que convierten crudo extrapesado en variedades exportables— se encontraban fuera servicio desde 2019 debido a las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a la estatal petrolera, la cuales impiden vender el hidrocarburo a empresas estadounidenses, las cuales eran las principales compradoras de crudo mejorado. Ante esta situación, PDVSA procedió a comercializar una mezcla de crudo extrapesado del Orinoco con petróleo liviano o combustible, que le permitían formular variedades que coloca en Asia, los cuales se han convertido en su principal mercado. Debido a dificultades a la priorización de la inyección de crudos medianos y livianos a sus refinerías, se incrementó la escasez de petróleo para mezcla. De allí, la necesidad de reiniciar operaciones en dos de sus empresas mixtas: Petrocedeño con la francesa Total y la noruega Equinor; y Petromonagas con un consorcio de firmas rusas.
    En tal sentido, indicó la agencia noticiosa en aquel entonces, el “mejorador de Petrocedeño comenzó el protocolo de reinicio con la puesta en marcha de las calderas y servicios industriales, mientras que el mejorador de Petromonagas empezó a recircular unos 40.000 barriles, sin producción” para la fecha de la publicación[1].

   Sin embargo, es importante acotar que dichos mejoradores de crudo no se han visto paralizados únicamente por la aplicación de las sanciones estadunidense, pues una nota de la misma agencia Reuters refería en 2009 que el mejorador de crudo del proyecto Petrocedeño permanecía detenido por presentar fallas intermitentes, mientras el mejorador de Petroanzoátegui tenía desperfectos en sus calderas[2].

  El 31 de julio de 2021, Total Energies SE y Equinor ASA renunciaron a su participación en Petrocedeño. La primera de estas empresas transfirió el 30 por ciento de las acciones que poseía a PDVSA, bajo el argumento de “una alineación con esfuerzos para frenar su huella de carbono general”, recoge una nota de Bloomberg, que difundió lo expresado por Patrick Pouyanne, director ejecutivo de la compañía, quien aseguró que la decisión no estaba relacionada “con la situación política en Venezuela, ni con las sanciones”.

   La misma nota indicó que PDVSA sostuvo que Petrocedeño sería el “eje central” del desarrollo de la Faja Petrolífera del Orinoco a través de la transformación de hidrocarburos extrapesados[3].

  Al respecto, el portal especializado Argus informó que PDVSA procuraba integrar Petrocedeño a su ·degradado sistema de refinación” a través de cambios tecnológicos que motivaron la retirada de Total Energies y Equinor. Tal iniciativa, de acuerdo a expertos consultados por es una improvisación con la cual se corre el riesgo de provocar un accidente industrial. La nota igualmente acusa la errática política de nacionalización del finado expresidente Hugo Chávez como parte de la causa del proceso de deterioro de estas plantas en razón de la falta de mantenimiento e inversión[4].
    Es en medio de este panorama que se produce la denuncia que llega a nuestra mesa de redacción sobre el andar irregular de Márquez y su grupo, una red de amenaza y extorsión que, incluso, valiéndose, supuestamente, del personal de la Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral (DSI) para desalojar de las instalaciones a quienes no se les someten.

  Entre sus prácticas estaría el cobro de “vacuna” a las empresas contratistas que prestan servicio en el Mejorador de Crudo Petrocedeño, siendo el viernes de cada semana el día de cobro de dicha comisión. Refiere la fuente denunciante, que pedro Márquez y su “equipo”, ha establecido tarifas que deben cancelarse en cada etapa de los procesos, por ejemplo, cuando se trata de reparación de bombas, al momento del desmontaje de las mismas, deben cancelarse USD 150 e igual monto luego de reparada al momento del montaje. Igualmente, USD 150 es la cuota a pagar por el uso de las grúas que se usan en estos procesos de montaje y desmontaje. Las contratistas deben pagarle a Márquez también por el uso de equipos y repuestos que normalmente PDVSA debe disponer y entregar a las empresas para que le reparen los equipos en el tiempo más corto posible.

   Según las fuentes denunciantes, ya ni siquiera se molestan en guardar las formas, pues los cobros de las vacunas y cancelación de las mismas se hace a ojos vista y sin el menor recato. Al parecer, Pedro Márquez ha establecido una red de espías que le mantienen informado de las denuncias y accionar de las empresas contratistas.

REFERENCIAS

[1] Reuters. “Venezolana PDVSA planea reinicio de mejoradores de crudo mientras escasean diluyentes: documento”. 30 de abril de 2021. https://www.reuters.com/article/venezuela-petroleo-mejoradores-idLTAKBN2CH2I6



[2] Reuters. “Mejorador crudo pesado Petrocedeño en Venezuela sigue parado”. 7 de diciembre de 2009. https://www.reuters.com/article/petroleo-venezuela-faja-idARN079837320091207



[3] Bloomberg Línea. “¿Qué espera el gobierno de Maduro tras quedarse con el 100% de Petrocedeño?”. 31 de julio de 2021. https://www.bloomberglinea.com/2021/07/31/que-espera-el-gobierno-de-maduro-tras-quedarse-con-el-100-de-petrocedeno/



[4] Argus. “PdV seeks to integrate upgrader into refining system”. 30 de julio de 2021. https://www.argusmedia.com/en/news/2239942-pdv-seeks-to-integrate-upgrader-into-refining-system?backToResults=true

 

sábado, 9 de octubre de 2021

PDVSA prevé ordenar a estaciones de servicio comprar un camión cisterna para optimizar la distribución de gasolina a nivel nacional

   El argumento para la nueva normativa es "optimizar el servicio de combustible a nivel nacional para las estaciones de servicio". Fuentes internas informaron a Venezuela Política que los sindicatos de la industria petrolera se habrían pronunciado en contra de la normativa por considerar que muchos propietarios no podrán cumplirla.

Por Maibort Petit

      Dentro de las nuevas regulaciones que tiene previsto imponer Petróleos de Venezuela a los propietarios de las estaciones de servicio a nivel nacional, está la obligatoriedad de adquirir un camión cisterna que busca mejorar el proceso de distribución de combustible en todo el territorio venezolano. La norma ha sido rechazada por varios sindicatos internos de PDVSA que la consideran una política de difícil cumplimiento por la grave crisis económica que atraviesa el país y que de ser puesta en ejecútese "complicaría aún más el abastecimiento de gasolina en el mercado interno".
   De acuerdo a una comunicación de Petróleos de Venezuela, firmada el 02 de octubre de 2021, Petróleos de Venezuela, siguiendo las instrucciones de la Comisión Presidencial para la Defensa, Reestructuración y organización de la Industria Petrolera, Alí Rodríguez Araque, se instruyó al representante Legal de las Estaciones de Servicio "realizar la adquisición de un camión cisterna", según las especificaciones técnicas establecidas por la empresa Nacional de Transporte ENT.
   La comunicación establece un lapso de 60 días para realizar la gestión administrativa y permisología legal apegadas a los lineamientos que dicta el Ministerio de Poder Popular para el Petróleo, todo en función que las unidades puedan cargar combustible.
  Venezuela Política conversó con tres dueños de estaciones de servicios para consultar si tiene disponibilidad financiera para cumplir con lo orden comunicada por el Director Gerente de Mercado Nacional de PDVSA, Marino José Lugo Aguilar al Representante Legal de las Estaciones de Servicio y todos aseguraron que aunque la ordenanza no les ha llegado, sería prácticamente imposible cumplir con la misma por las absoluto deterioro en el que se encuentra el mercado de hidrocarburos del país.

   Asimismo, dos de las fuentes consultadas reiteraron su preocupación ante la posibilidad que la orden se pueda ejecutar, ya que en estos momentos en que la inflación consume los recursos de los venezolanos, "comprar un camión cisterna sería un gasto que pocos pueden realizar".

   Dos fuentes aseguraron en la actualidad, "si la empresa (gasolinera) tiene su propio transporte, puede vender el producto final a un precio no mayor de $ 0.50 el litro. Si por el contrario no tiene transporte y es PDVSA la que surte la estación, entonces vende la gasolina subsidiada a un costo de $ 0.01 por litro".

    Para muchos, la redacción del memorando ha generado confusión porque algunos interpretan que el mismo no está dirigido a los propietarios de las gasolineras sino al Representante Legal de la Estación de Servicio, sin especificar si el mismo es  una orden interna.

   En la actualidad, los venezolanos tienen un cupo mensual de 120 litros de gasolina para los carros y las motos en el que solo pueden adquirir 60 litros de combustible subsidiado al mes.

  En cuanto al precio internacional de la gasolina, hasta el momento, se mantiene en 0,50 centavos de dólar por litro, que en bolívares equivale a 2,07 bolívares, al cambio de la tasa del dólar del día que fija el Banco Central de Venezuela (BCV).

  Las personas que deseen surtir al menos 40 litros de gasolina subsidiada deben pagar el monto de 0,40 bolívares (Bs. 400.000).

jueves, 7 de octubre de 2021

Conozca las razones por las cuales el Tribunal Constitucional de Cabo Verde negó la última petición de Álex Saab

   Los abogados del empresario colombiano aspiraban obtener, mínimo, 30 días más para analizar la decisión y pronunciarse sobre su pertinencia.

Por Maibort Petit

    El pasado 5 de octubre del presente año 2021, los jueces consejeros, Aristides R. Lima, José Pina Delgado y João Pinto Semedo, del Tribunal Constitucional de Cabo Verde, decidieron no admitir, por su manifiesta extemporaneidad, la solicitud formulada por los abogados del extraditado, Álex Saab, de que se les entregara copia de la Sentencia Nº 39/2021, traducida al español, así como una prórroga del plazo procesal legalmente determinado para el despacho por un mínimo de 30 días, que les permitiera analizar la sentencia y pronunciarse sobre la legalidad de la extradición.

   Saab, a través de sus abogados, luego de conocer la sentencia del Tribunal Constitucional Nº 39/2021 del 7 de septiembre de 2021, invocó varios artículos de la legislación caboverdiana para solicitar a esa instancia judicial que le fuera entregada copia traducida al español de la referida resolución, para analizar su contenido y, en consecuencia, ejercer los actos procesales que considere necesarios para su defensa.

   Del mismo modo, en razón de la extensión de la referida decisión, así como la complejidad técnica y legal de los contenidos cubiertos, pidió se le otorgara un plazo adicional no menor a 30 días, para que la defensa pudiera pronunciarse sobre la misma y solicitar todo lo que estime conveniente o pertinente para la defensa de la legalidad.

Literalmente, los pedidos de Saab ante el tribunal fueron:

a) Una copia traducida de la Sentencia Nº 39/2021, de 7 de septiembre de 2021, se proporciona al Demandado a continuación, de conformidad con y para los fines de los artículos 3-A, 5 - del Código de Procedimiento Civil de Cabo Verde y los artículos - 22º en 3º y 35º en n. 7- de la Constitución de la República de Cabo Verde;

b) Se otorga un plazo adicional no menor a 30 días, para que la defensa tenga la oportunidad de analizar la decisión y, si así lo desea, solicitar las aclaraciones que estime pertinentes - cfr. previsto en los artículos 140, 575, 578 y ss. del Código de Procedimiento Civil de Cabo Verde y los artículos 22, nº 3 y 35, nº 7 - de la Constitución de la República de Cabo Verde”.

Argumentos del procurador

  La sentencia cita lo alegado por el Procurador General de la República respecto al pedido de Saab, quien sostuvo que la solicitud de la defensa carecía absolutamente de base legal.

   Aseguró que, de acuerdo a la ley, no existe una obligación legal de notificación personal de la persona extraditada, sino de su abogado designado. Citó lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 232 del código de procedimiento civil que indica que "las notificaciones a las partes en los casos pendientes se realizan en la persona de un representante con cargo en la sede del distrito o que haya elegido domicilio allí para recibir notificaciones”.

   Aseguró que la ley no impone al tribunal la carga de traducir la sentencia y calificó el pedido de traducción como “otra maniobra meramente dilatoria, convencida la defensa de que la ley lo permite todo, incluidos los expedientes dilatorios, y al tribunal no le queda más que cruzar los brazos”. Y agrega que por ello algunas declaraciones de los abogados defensores en los medios de comunicación, señalan que “la persona extraditada aún no será extraditada en los próximos meses”.

   Refiere que “la defensa ha estado pregonando en los medios que hará todo lo posible para retrasar la ejecución de la decisión de extradición, incluso señaló uno de los abogados en su página de red social (FB). que ‘en un futuro próximo, Alex Saab solo será extraditado si es secuestrado’”.

   Así han sido las acciones promovidas por la defensa para retrasar el proceso, lo cual se ilustra con la cronología de algunos hechos:

   El 7 de septiembre de 2021 se notificó a la defensa la Sentencia N º 39/2021, que desestimó el recurso de fiscalización concreta de constitucionalidad.

   Luego, el 13 de septiembre de 2021, dentro del plazo legal, solicitó la aclaración de la referida sentencia, en una demanda firmada por dos abogados defensores, uno de los cuales es suscriptor de esta solicitud de traducción.

  Después, el 22 de septiembre, tras ser notificado de la negativa a atender la solicitud de aclaración, el 24 de septiembre se solicitó la traducción de la referida decisión.

  “Ante esta cronología de hechos, con interés por la decisión, en una primera lectura de la demanda, se destaca la idea de una total falta de coordinación entre los miembros del equipo de defensa del extraditado, cada uno pidiendo lo que quieren, contradiciendo sus propias peticiones del resto. Y esto no es inaudito a lo largo de este proceso”, cita textualmente la sentencia.

  Se acota que, desde la detención del extraditado, Álex Saab, hace más de quince meses, más de tres docenas de decisiones emitidas por varios tribunales, además de haberse producido alrededor de una decena de respuestas a solicitudes enviadas al Gobierno, Policía Judicial, Fiscalía General de la Nación, entre otras, que todas estaban redactadas todas en portugués.

“La defensa nunca planteó la cuestión de la traducción al idioma español de los referidos actos judiciales, dejando claro que los entendía perfectamente, sobre todo porque los impugnó a todos, mediante denuncias, recursos ordinarios, hábeas corpus, recursos de revisión concreta de constitucionalidad, recursos de amparo, solicitud de aclaración”, destaca.

   Del mismo modo se deja sentado que “En la solicitud de aclaración de la sentencia cuya traducción ahora se requiere, quedó claro que fue leída y perfectamente entendida, incluso, calificándola de ambigua y oscura, lo que constituye la base de la solicitud de aclaración. Lee, percibe, desafía y, después, viene a pedir la traducción porque, al final, no entendió”.

   Se deja sentado que la solicitud de traducción también es infundada y debe desestimarse la pretensión de la demandante, por carecer de fundamento y justificación jurídica y ser un expediente meramente dilatorio.

Los fundamentos de la decisión

   Aclara en primer término la sentencia que, por error manifiesto, al demandante se le presenta en cuatro ocasiones como "imputado", un estatus que no define la relación de Álex Saab y el Tribunal Constitucional. En tal sentido puntualiza que la correcta designación del solicitante tiene que ver con su condición de extraditante, “ya que el caso principal o “caso pretexto” es un proceso de extradición. Y esto no puede ser ignorado por el distinguido abogado en su sabida intervención procesal”.

    Subraya la decisión que la Corte Constitucional no puede dejar de notar que la solicitud es absolutamente infundada, pues el pedido de que se entregue una copia traducida no tiene fundamento legal, pues “no existe disposición en la Constitución, en el Derecho Internacional, en la Ley que regule la organización y funcionamiento del Tribunal Constitucional, en la legislación nacional subsidiariamente aplicable a los procesos ante el Tribunal Constitucional, de disposición alguna que imponga tal carga al Estado”.

   Del mismo modo se indica que la solicitud de prórroga de por lo menos 30 días solicitada por los abogados para analizar la sentencia, tampoco cuenta con la base legal mínima en lo antes mencionado, reglas, y mucho menos en los casos en que el proceso esté catalogado por ley como urgente. “Tanto más cuanto que el plazo establecido en la Ley para el esclarecimiento es de cinco días y ya venció hace mucho tiempo, y el demandante, además, solicitó el esclarecimiento a través de su demanda, que fue presentada ante el Tribunal Constitucional el 13 de septiembre pasado y fue resuelto mediante Sentencia Nº 42/2021, de 20 de septiembre.

    Por último, la sentencia determina que la solicitud de los abogados de Álex Saab es manifiestamente tardía, por lo que no puede ser admitida para una decisión sobre el fondo. Se recuerda que la legislación establece un plazo de cinco días para que las partes soliciten "cualquier acto o diligencia, reclamen la nulidad, deduzcan incidencias o ejerciten cualquier otra facultad procesal". Y precisa: “Ocurre que la Sentencia Nº 39/2021, respecto de la cual el demandante está reaccionando procesalmente, le fue notificada el 7 de septiembre, a través de los respectivos abogados designados. La demanda bajo análisis fue presentada en la Secretaría de la Corte Constitucional el 23 de septiembre del presente año”.


Tribunal de Texas aprueba incorporación de nuevo fiscal al caso de Luis Carlos De León-Pérez

  El representante del gobierno se incorporó el 23 de agosto de 2021.

Por Maibort Petit

    Desde el 23 de agosto del presente 2021, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas aprobó una Moción y orden de admisión Pro Hac Vice, que permite la incorporación del fiscal Drew Bradylyons, al caso que en dicha corte se ventila entre los Estados Unidos y Luis Carlos de León-Pérez.

   Las mociones Pro hac vice son un recurso legal por el cual un abogado que no ha sido admitido para ejercer en una determinada jurisdicción pueda participar en un caso particular en dicha jurisdicción.

    Luis Carlos de León-Pérez, exdirector de Finanzas de Electricidad de Caracas, filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA), admitió en julio de 2018 su culpabilidad respecto a los cargos de corrupción y lavado de dinero que se le imputaban.

   Exfuncionario del gobierno venezolano participó en un esquema a través del cual cobraban sobornos millonarios a las empresas que participaban en las licitaciones de la empresa pública de servicio eléctrico de la cual era directivo.

   Tras declararse culpable pagó una fianza de USD 250.000 y, desde entonces aguarda porque se le fije sentencia[1].

   Ya en varias oportunidades la corte a postergado el dictado de tal sentencia, primeramente, el 24 de septiembre de 2018, luego el 7 de octubre de 2019 y, recientemente, el juez Kenneth M Hoyt hizo una reprogramación del cronograma y fijó la finalización del Informe Previo a la Sentencia para el 4 de octubre de 2021, al tiempo que dio hasta el 18 de octubre como la fecha tope para que se presenten las objeciones al mismo. Se restableció la sentencia para el 8 de noviembre de 2021 a las 10:00 a. m. en la Sala 11A[2].

REFERENCIAS

[1] Venezuela Política. “Tras declararse culpable y pagar una fianza de $250 mil, exfuncionario de PDVSA logra casa por cárcel”. 16 de julio de 2018. https://www.maibortpetit.info/2018/07/tras-declararse-culpable-y-pagar-una.html


[2] Venezuela Política. “Corte reestablece fecha de la sentencia de Luis Carlos de León Pérez”. 21 de septiembre de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/09/corte-reestablece-fecha-de-la-sentencia.html


 

martes, 5 de octubre de 2021

Gennady Timchenko, el magnate aliado de Vladimir Putin que también habría ayudado a Maduro y a PDVSA a burlar las sanciones impuestas por EE. UU.

  El empresario ruso habría facilitado las colocaciones del crudo venezolano.

Por Maibort Petit

   Burlar las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos no es una tarea que el régimen de Nicolás Maduro haya emprendido por una sola vía, muy por el contrario, varios son los caminos de que se vale y varias las personas, instituciones y fórmulas para cumplir su cometido, siendo supuestamente uno de ellos —según fuentes consultadas por Venezuela Política— el empresario Gennady Timchenko, quien es el comerciante independiente de petróleo ruso más importante del mundo y quien habría amasado buena parte de su fortuna a la sombre de Vladimir Putin. El mandatario de Rusia, aliado del régimen de Nicolás Maduro, habría hecho el enlace para que a través de Timchenko, Petróleos de Venezuela S.A. logre realizar las ventas de crudo, principalmente en los mercados de Asia, en donde China se ha convertido en el gran comprador del petróleo de PDVSA.

 
   Los lazos entre Timchenko y Putin se incrementaron cuando la hija menor de este último, Katerina Tikhonova, se casó en 2013 con Kirill Shamalov, hijo de un viejo amigo del presidente. El joven empresario fue adquiriendo importancia y su fortuna creció exponencialmente y en solamente 18 meses compró un gran paquete accionario de Sibur, un importante procesador de petróleo y petroquímicos. La compra la realizó gracias a un préstamo de un banco encabezado por otro socio de Putin desde hace mucho tiempo, y donde el hermano de Shamalov ocupaba un alto cargo. Las acciones que adquirió pertenecían a Gennady Timchenko y habría sido este quien habría influido en el otorgamiento del préstamo bancario que permitió la compra[1]. El matrimonio entre Katerina y Krill llegó a su fin en 2018.

            Hay que apuntar que el propio Gennady Timchenko es objeto de sanciones por parte de los Estados Unidos en razón de la anexión de la península de Crimea de Ucrania en 2014 y, además, por su respaldo a los separatistas pro-rusos que combaten contra las fuerzas del gobierno de Kiev en el este de Ucrania.

   Ya una investigación de Time en 2018 sobre el respaldo o que de manera secreta Rusia brindó a el régimen venezolano en el lanzamiento de la criptomoneda Petro, estableció que la asesoría provino en parte de una empresa llamada Aerotrading, de la que no existía información, aunque se la referiría como "la mayor empresa de consultoría de blockchain”, la tecnología que hace posible la criptomoneda. Time logró identificar a los representantes rusos a quienes Maduro agradeció ayudarlo a crear el petro, Druzhkov y Bogorodsky, los cuales se reunieron con el mandatario el 20 de febrero de 2018 para discutir los preparativos del lanzamiento de la criptomoneda

“Druzhkov, el más joven de los dos, parece ser relativamente nuevo en el mundo de las criptomonedas. Sólo fundó su empresa emergente en este campo el otoño pasado, una casa de comercio en línea llamada Zeus Exchange. Su socio en esa empresa, un rico industrial y coleccionista de arte ruso llamado Sergei Litvin, tampoco parece tener experiencia previa en criptomonedas. Pero Litvin forma parte de la junta ejecutiva de un conglomerado que ha estado bajo sanciones estadounidenses desde 2014. El conglomerado, Stroytransgaz, está controlado por uno de los amigos más antiguos de Putin, el multimillonario comerciante de petróleo Gennady Timchenko, quien también está sujeto a sanciones estadounidenses”[2].

¿Quién es Gennady Timchenko?

   Fue el 9 de noviembre de 1952 cuando nació Gennady Nikolayevich Timchenko, un empresario multimillonario ruso que, según Bloomberg, ocupa el puesto 63, con una fortuna estimada de USD 23,9 mil millones.

   Es el fundador y propietario del grupo de inversión privada Volga Group, que se especializa en inversiones en activos de energía, transporte e infraestructura. Volga Group es uno de los mayores grupos de inversión de Rusia con ingresos totales consolidados de todas las compañías de la cartera USD 116 mil millones; 90 mil trabajadores; inversiones en 18 empresas principales, principalmente en Rusia; sus áreas centrales de acción son la energía, la logística y la infraestructura[3]. Fue fundada en 2007 y la cartera también incluye inversiones en bienes de consumo, servicios financieros y proyectos inmobiliarios[4].

   Antes de esto, era el dueño de Gunvor Group, una corporación registrada en Chipre que es una de las principales casas comerciales independientes de materias primas del mundo, fundada en el año 2000 como una empresa comerciante de petróleo crudo y productos derivados de este. Y aunque continúa siendo un comerciante físico en el fondo, la compañía ha invertido estratégicamente en activos upstream, midstream y downstream para crear una plataforma para la expansión internacional. “En la actualidad, Gunvor desempeña un papel importante para ayudar a suavizar los mercados energéticos mundiales. Obtenemos petróleo crudo y productos de petróleo refinado de más de 100 países, tenemos activos industriales estratégicamente ubicados en todo el mundo y trabajamos con más de 75 instituciones financieras globales, equilibradas en Asia-Pacífico, América, Medio Oriente y Europa”[5].

   El 19 de marzo de 2014, Timchenko vendió su participación de 43,5 por ciento en Gunvor a su socio Torbjörn Törnqvis[6]. Para noviembre de 2014, se conoció que la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York investigaba a Timchenko por lavado de dinero. El empresario ruso habría transferido fondos relacionados pcn acuerdos supuestamente corruptos en Rusia a través del sistema financiero estadounidense. Guvnor Group compró petróleo a la rusa Rosneft y lo vendió a terceros, lo cual fue negado por el grupo a través de un comunicado[7].

   Estas operaciones se realizaron un día antes de que Gennady Timchenko fuera sancionado por los Estados Unidos a raíz de la anexión de Crimea por parte de Rusia. Previendo dichas sanciones y sus efectos, Timchenko dijo que había vendido su participación en Guvnor, pero no se reveló el monto de la transacción.

   En octubre de 2020, Timchenko solicitó al tribunal superior de Suiza que revocara una congelación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en un par de sus cuentas bancarias en la nación europea. Ya un tribunal de Ginebra había rechazado en septiembre su apelación de una decisión de los fiscales locales de negarse a examinar si era legal el congelamiento de las cuentas. Sin que mediara ningún otro recurso, Timchenko llevó su causa al Tribunal Federal de Suiza. En febrero exigió a uno de los bancos que le entregara sus registros y confirmara si los habían compartido con las autoridades de Estados Unidos. El banco se negó y Timchenko inició la causa penal acusando a la institución bancaria de mala gestión criminal. Sostiene que las sanciones de EE. UU. tienen sustento político[8].

    En 2017, a Gennady Timchenko también se le vinculó al exsecretario de comercio de EE. UU., Wilbur Ross, y a PDVSA, toda vez que el alto funcionario estadounidense tiene inversiones comerciales en Rusia a través de una empresa naviera de la cual es cliente la petrolera venezolana.

   La inversión Ross, que rondaba entre USD 2 millones y USD 10 millones, era en la empresa Navigator Holdings, la cual transporta gas natural de Sibur, la compañía de la que es dueño el esposo de la hija de Putin luego de comprar la parte que en ella tenía Gennady Timchenko, como apuntamos líneas arriba.

    Wilbur Ross vendió sus propiedades cuando ingresó al gobierno de Donald Trump, pero mantuvo su participación en Navigator mediante una cadena de sociedades en las Islas Caimán[9].

REFERENCIAS

[1] Reuters. “The man who married Putin’s daughter and then made a fortune”. 17 de diciembre de 2015. https://www.reuters.com/investigates/special-report/russia-capitalism-shamalov/

[2] Time. “Exclusive: Russia Secretly Helped Venezuela Launch a Cryptocurrency to Evade U.S. Sanctions”. 20 de marzo de 2018. https://time.com/5206835/exclusive-russia-petro-venezuela-cryptocurrency/

[3]Volga-Group.http://volga group.com/upload/iblock/891/891e15c44efc369048d81e4bf624cf71.pdf

[4] Pitchbook. Volga Group Overview. https://pitchbook.com/profiles/investor/64236-52#overview

[5] Guvnor Group. https://gunvorgroup.com/who-we-are/

[6] Reuters. “Oil firms, U.S. banks trade with Gunvor after co-founder sanctioned”. 20 de marzo de 2014. https://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-sanctions-gunvor-idUSBREA2J1T920140321

[7] The Guardian. “US ‘launches money-laundering investigation’ into member of Putin’s circle”. 6 de noviembre de 2014. https://www.theguardian.com/world/2014/nov/06/us-money-laundering-putin-russia

[8] Bloomberg. “Putin’s Oil Ally Takes Fight for Frozen Funds to Top Swiss Court”. 6 de octubre de 2020. https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-10-06/putin-s-oil-ally-takes-fight-for-frozen-funds-to-top-swiss-court

[9] New Jersey Hispano. “Sec. de Comercio de EE.UU. vinculado a negocios en Rusia y Venezuela”. 6 de noviembre 2017. https://hispanonewjersey.com/2017/11/06/sec-de-comercio-de-ee-uu-vinculado-negocios-en-rusia-y-venezuela/


 

lunes, 4 de octubre de 2021

El Pollo Carvajal ¿mintió a la justicia española?, Eulogio Del Pino no firmó contrato alguno con Baltasar Garzón

   Las declaraciones de “El Pollo” Carvajal ante la Audiencia Nacional de España solamente estarían dirigidas a evitar su extradición a Estados Unidos donde son muchas las explicaciones que debe dar sobre lavado de dinero, narcotráfico y otras operaciones irregulares cometidas a la sombra del chavismo.
Por Maibort Petit
   Venezuela Política logró confirmar que Eulogio Del Pino, quien fuera presidente de Petróleos de Venezuela S.A. entre 2014 y 2017, así como ministro de Petróleo (2015-2017), no firmó —junto al comisario general de la empresa, Silvestre Molero— contrato alguno con el exjuez español, Baltasar Garzón, y su despacho de abogados Ilocad, para encargarse en la nación ibérica de una querella que PDVSA ventila en la Audiencia Nacional y cuyo precio habría sido de 8,8 millones de euros. Tal información corroboraría lo sostenido por el bufete de Garzón, que ha asegurado que el documento que Hugo Carvajal Barrios presentó al juez Manuel García Castellón como prueba de tal negociación, es totalmente falso y así lo demostrará.
   Carvajal Barrios, conocido como “El Pollo”, se encuentra en proceso de extradición de España a los Estados Unidos y en su afán de evitar tal hecho, se ha ofrecido para suministrar información y pruebas al tribunal con la pretendida intención de convertirse en testigo necesario de la justicia española que ofrezca datos sobre los contratos que el gobierno del expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero habría suscrito mantenido con el gobierno venezolano, así como también sobre los tratos del chavismo con el partido Podemos.

   Para que se diera el entendimiento entre Garzón y el régimen venezolano, habría sido determinante la recomendación que hiciera el despacho de abogados estadounidense Squire Patton Boggs, el mismo que en un principio se encargó de la defensa de los denominados narcosobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro.

El supuesto contrato

 “Para adelantar una acción legal, tanto civil como penal, el despacho de abogados Squire Patton Boggs, con quien PDVSA mantiene relaciones comerciales y específicamente el Dr. Alfredo Anzola, ha identificado en España el despacho Ilocad SL, ubicado en la ciudad de Madrid y perteneciente al prestigioso abogado Baltasar Garzón, con el cual el gobierno bolivariano de Venezuela y/o colaboradores cercanos a este han mantenido y mantienen relaciones contractuales, todas ellas con resultados positivos a la fecha”, refiere el portal Primer Informe[1].

   El documento que el exjefe de inteligencia del chavismo entregó al juez de la Audiencia Nacional plantea el trabajo de “coordinación” que el despacho Ilocad debía establecer con la Fiscalía General del Estado de España, instancia que en la cual en actualidad es titular Dolores Delgado, pareja de Garzón. Esta cláusula del contrato tendría un precio de 1,9 millones de euros.

  La revisión del caso plantea en sí mismo un problema, toda vez que la Fiscalía suele intervenir, pero la relación de la titular con una de las partes involucradas generaría un conflicto de intereses.

   OK Diario presenta una copia del supuesto contrato fechado el 15 de noviembre de 2016, en el que Silvestre Molero le refiere a Eulogio Del Pino que el “Comité de Auditoría de PDVSA, en su reunión Nº 07-2016 celebrada el pasado 29/07/2016, aprobó el Plan de Actividades de Auditoría Interna 2016/2017, sobre los casos de fraude en los procesos de procura de la corporación. Como asunto relevante en este caso, se encuentra el detectado en los EE. UU. A tal efecto, en diciembre de 2015, la Fiscalía del Distrito Sur de Texas, presentó acusación en contra de representantes de empresas proveedoras de PDVSA, por violaciones de leyes anticorrupción y contra el lavado de dinero, en relación con contratos de procura internacional celebrados con la filial Bariven S.A. durante el periodo 2009-2014”.

  OK Diario refiere que aun cuando el bufete de abogados de Garzón niega tener vínculos con PDVSA, sí admite haber sido contratado para encargarse del caso en el que se investiga el saqueo a la petrolera venezolana “por la firma americana Squire Patton Boggs”, toda vez que se trata de una firma que ha defendido los intereses de PDVSA y su filial Bariven a nivel mundial[2].

   El asunto es que tal documento, supuestamente firmado por Eulogio Del Pino y Silvestre Molero, sería forjado de acuerdo a las fuentes consultadas por Venezuela Política, una posición que corroborada por el diario español ABC. En primer término, el periódico subraya que el documento entregado por “El Pollo” Carvajal a la justicia española, nada tiene que ver con los contratos suscritos entre España y Venezuela durante la administración de José Luis Rodríguez Zapatero. Y es que el exespía del chavismo había prometido revelar las presuntas irregularidades cometidas en la gestión como canciller de Miguel Ángel Moratinos, como la venta de ocho fragatas en las que el gobierno chavista habría pagado comisiones, así como la adjudicación de un contrato por USD 2.000 millones a la empresa Duro Felguera para la construcción de una central térmica. Igualmente, sobre las supuestas irregularidades cometidas por el exembajador español en Venezuela, Raúl Modoro, en negociaciones con PDVSA. También aportaría datos sobre supuestas asesorías que Juan Carlos Monedero, cofundador del partido Podemos habría prestado a PDVSA, cuando no eran más que el financiamiento que, supuestamente, el régimen venezolano brindaba a la organización política socialista española[3].

Algunos términos del contrato

   Agrega la nota de OK Diario que fragmentos del supuesto contrato firmado entre PDVSA y el despacho de Baltasar Garzón, los cuales serían: “Comparecer ante juzgados, Audiencias, Autoridades, Magistratura, Fiscalía, Agencias Tributarias tanto de la Administración Central, Comunidades Autónomas y Provincias para instar, seguir y terminar toda clase de expedientes y juicios civiles, criminales, administrativos y de Hacienda. Entablar, contestar y dar seguimiento a demandas, litigios, acusaciones y defensas. Dirigir, recibir y contestar requerimientos y notificaciones e interponer apelaciones a que hubiere lugar. Validar, invalidar y cuestionar testigos y pruebas. Interponer y seguir recursos judiciales”.

   El precio del supuesto contrato de 8.835.000 euros estaría desglosado en 1.650.000 euros en “asistencia en la preparación y presentación del poder para litigios a otorgarse por las autoridades competentes de la República Bolivariana de Venezuela”. 2.105.000 euros en “preparación y presentación del documento de demanda o litigio ante las autoridades competentes de España”. 1.980.000 euros para la “coordinación con la Fiscalía y tribunales de España a fin de agilizar los trámites y avances del proceso judicial. Facturado según el avance de las diferentes comparecencias ante el tribunal de las personas acusadas”.

   Esta última cláusula supone un gran problema en razón del vínculo sentimental entre Baltasar Garzón y la hoy titular de la Fiscalía General del estado, Dolores Delgado.

La auditoría

   Nuestras fuentes sostienen que Del Pino ordenó la auditoría forense contratada para, luego, poder demandar a las empresas corruptas que habían desfalcado a PDVSA, entre ellas las pertenecientes a Alejandro Betancourt.

   Una información que coincide en parte con lo expuesto en una nota de Armando.info publicada recientemente que narra los supuestos manejos irregulares de tres contratistas del estado venezolano, a saber, Juan Francisco Clérico, Fedele Clérico Bertola y Valentín Bagarella Gleim. La información refiere que tres empresas de este último, Sade, SDV y Sadeven —Juan Francisco Clérico figura como director sin participación accionaria— llevaron a cabo trabajos de ingeniería civil en Venezuela. De las tres, SDV Energía e Infraestructura fue objeto de suspensión por parte de PDVSA en 2017. La orden provino de Eulogio Del Pino.

“A lo largo de los años, la fortuna de Bagarella ha crecido al igual que los negocios con el Estado venezolano, incluyendo los que tuvo con Petróleos de Venezuela (Pdvsa). En 2017, SDV Energía e Infraestructura fue suspendida por el expresidente de la estatal petrolera, Eulogio Del Pino, para cualquier contrato de servicios por un supuesto desfalco en la Faja del Orinoco. La irregularidad cometida por 10 contratistas y gerentes de Pdvsa entre 2010 y 2016, que involucró 200 millones de dólares, fue investigada por el Ministerio Público y hasta 2018 solo una había sido exculpada”, refiere Armando.info[4].

   Las fuentes de Venezuela Política agregaron que, evidentemente, Hugo Carvajal trata, a toda costa de evitar ser trasladado a los Estados Unidos donde se tiene conocimiento de sus relaciones con Roberto Rincón pues, no hay que olvidar que cuando estuvo a punto de ser extraditado desde Aruba en 2014, arribó a la isla caribeña en un avión propiedad de Roberto Rincón[5]. Son muchas las explicaciones que “El Pollo” Carvajal le debe a la justicia estadounidense sobre las operaciones de lavado de dinero del magnate y sus vinculaciones corruptas con PDVSA y el régimen venezolano[6], advirtió la fuente.

REFERENCIAS
[1] Primer Informe. “Revelan vinculación de narcosobrino al contrato de PDVSA con Baltasar Garzón”. 30 de septiembre de 2021. https://primerinforme.com/2021/09/30/revelan-vinculacion-de-narcosobrino-al-contrato-de-pdvsa-con-baltasar-garzon/

[2] OK Diario. “‘El Pollo’ Carvajal entregó ayer al juez las pruebas de los 8,8 millones que Venezuela pagó a Garzón”. 1 de octubre de 2021. https://okdiario.com/espana/pollo-carvajal-entrego-ayer-juez-pruebas-88-millones-que-venezuela-pago-garzon-7874879/amp?__twitter_impression=true

[3] ABC. “El Pollo dice poder probar tratos irregulares de la era Zapatero”. 30 de septiembre de 2021. https://www.abc.es/espana/abci-pollo-dice-poder-probar-tratos-irregulares-zapatero-202109300234_noticia.html

[4] Armando.info. “La ambición de estos venezolanos no cupo en un castillo de Toscana”. 21 de septiembre de 2021. https://armando.info/la-ambicion-de-estos-venezolanos-no-cupo-en-un-castillo-de-toscana/

[5] El Nuevo Herald. “Arrestan a magnate petrolero venezolano vinculado a Hugo Carvajal”. 21 de diciembre de 2015. https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article50712930.html

[6] Armando.info. “El magnate que viajaba en transporte público”. 22 de noviembre de 2014. https://armando.info/el-magnate-que-viajaba-en-transporte-publico/