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domingo, 2 de octubre de 2022

Juez archiva investigación contra Nicolás Maduro por supuestos pagos al asesor de campaña de Hugo Chávez con fondos sobrantes de la campaña electoral brasileña

 La supuesta falta de pruebas llevó a la decisión.

Por Maibort Petit

  Ricardo Augusto Soares Leite, juez del Juzgado Federal de la 1ª Región de Brasil, ordenó el archivo de una causa presentada por el Ministerio Público de la Federación a raíz de una denuncia del periodista, João Cerqueira de Santana Filho, y esposa Mônica Regina Cunha Moura, procesados por la recepción de sobornos por parte de la constructora Odebrecht en el contexto del caso Lava Jato, quienes revelaron que Nicolás Maduro, actual presidente de Venezuela, supuestamente entregó, cuando era canciller, recursos no contabilizados a Franklin de Souza Martins, exsecretario de prensa del gobierno del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, y a la periodista, Mônica Amorim Monteiro, con el objeto de prestar el servicio de publicidad de la campaña presidencial de Hugo Chávez en Venezuela, en el año 2012.

  La revelación de Santana Filho y Cunha Moura fue forma parte de una investigación policial abierta a raíz de los Convenios de Colaboración Otorgados a estos. Además, estos refirieron a las autoridades brasileñas que de Souza Martins y Amorim Monteiro, también recibieron fondos, tanto de la ya referida Odebrecht como de la constructora Andrade Gutiérrez.

  La decisión del juez Soares Leite refiere que el Ministerio Público Federal llevó a cabo diversas diligencias en conjunto con la policía con el objeto de esclarecer el caso y los análisis de la documentación y audiencia de los colaboradores João Cerqueira de Santana Filho y Mônica Regina Cunha Moura y de los investigados Franklin de Souza Martins y Mônica Amorim Monteiro, entre otras diligencias.

 Sin embargo, las averiguaciones concluyeron que las pruebas no permitieron deducir la ocurrencia de ningún delito en territorio brasileño, por lo que se ordenó el cierre de las investigaciones. 

  Esto llevó al magistrado a establecer que no era factible continuar con el caso, por cuanto no existe evidencia sobre la autoría y materialidad, así como por la falta de una línea de investigación idónea.

“Las declaraciones de los colaboradores João Cerqueira de Santana Filho y Mônica Regina Cunha Moura no fueron confirmadas por las investigaciones, como destaca el MPF”, refiere la decisión judicial.

“A pesar de ser sugerido por los colaboradores, los elementos corroborantes y los testimonios no indicaron que los recursos del 'efectivo 2' y los sobrantes de las campañas electorales brasileñas fueran utilizados para pagar los servicios de los colaboradores o Franklin Martins en la campaña de Hugo Chávez (...)”, cita el fallo de la información policial.

 Para la decisión del juez Soares Leite también privó el hecho de que el informe policial refirió que los “empleados tampoco lograron probar que recibieron dinero en efectivo de Nicolás Maduro o depósitos de las empresas constructoras antes mencionadas para pagar los honorarios de las empresas, empleados y Franklin Martins”.

 Por todo ello, el tribunal acogió el pronunciamiento del Ministerio Público de la “ausencia de justa causa para la presentación de la denuncia” y procedió a ordenar el archivo de la investigación policial.


lunes, 26 de septiembre de 2022

Tribunal de NY niega a socia de David Rivera, Esther Nuhfer, acogerse a la 5ta enmienda para no entregar pruebas requeridas en el caso que involucra $15 millones de dólares de CITGO

  Un tribunal de Nueva York ordenó a Esther Nuhfer, dueña de Communicatios Solutions, a entregar las evidencias solicitadas en el juicio contra Interamerican Consulting Inc., la empresa propiedad del excongresista, David Rivera acusada por PDV USA de incumplir un contrato que por $50 millones de dólares le otorgó el régimen de Nicolás Maduro para que ejerciera acciones de cabildeo a favor de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Washington DC en 2017. 

 La juez Lauren Fleischer Louis, del Tribunal de Distrito Sur de Florida otorgó a PDV USA la moción que presentó para obligar a Esther Nuhfer a producir la documentación, al tiempo que rechazó la mayor parte de las objeciones de esta argumentó. En tal sentido dio un plazo de 14 días para que se produjera la entrega de documentos, estableciéndose que la producción de los papeles fuera continua y producto del acuerdo de las partes, la cuales debían reunirse para hacer la revisión y proceder en consecuencia.

   La orden de juez precisa que la entrega debía comenzar por aquellos documentos que ya se han identificado y entregado a su vez al gobierno, en razón de que las solicitudes tanto de la fiscalía como de la demandante son coincidentes.

  El tribunal ordenó, asimismo, limitar las exigencias de PDV USA a Esther Nuhfer dada su condición de tercera y no de demandada, otorgándole a esta la posibilidad de ir presentando objeciones en la medida en que tenga lugar la producción de los papeles.

  La magistrada también echó por tierra la pretensión de Nuhfer y su empresa de acogerse al privilegio de la Quinta Enmienda, al determinar que la misma no aplica en este caso.

  Pautó la celebración de una conferencia de estado en el ínterin del lapso ordenado, para que, si las partes continúan disputando el alcance de los documentos de respuesta obligados, puedan abordar el asunto y resolver la disputa de la manera más rápida y económica que sea posible

 Tal decisión se produjo durante una audiencia de descubrimiento celebrada el 23 de agosto de 2022, cuando comparecieron ante el Tribunal para el Distrito Sur de Florida, Philip L. Rezenstein, abogado de Esther Nuhfer; Brady M. Sulivan, de la firma Willkie Farr & Gallagher LLP, en representación de la demandante PDV USA Inc.

La exigencia de PDV USA

  En primer término, Brady M. Sulivan reclamó que aun habiendo entregado correctamente las citaciones a Esther Nuhfer y su empresa Communication Solutions a objeto de que procediera a la producción de documentos del descubrimiento, hasta la fecha de la audiencia esto no había ocurrido. Expuso ante la magistrada que las objeciones de la demandada no resultaban válidas según la ley, primero porque se presentaron a destiempo, y por no ser correcto el argumento de que la documentación solicitada es muy amplia y exceden todos los límites justos de descubrimiento.

  Igualmente, Sulivan sentenció que a todas luces Nuhfer no actuó de buena fe asistiendo a esta deposición como sostiene su abogado, por cuanto así lo demuestran todas ls declaraciones juradas y pruebas documentales que ha entregado PDV USA, especialmente en lo atinente a su escrito de apertura. 

  Refirió que Nuhfer llevó a los servidores de las demandante a emprender una persecución inútil por toda Miami, lo cual ha costado miles de dólares. Advirtió a la juez que única razón por la que la demandada se presentó al tribunal fue porque un policía le entregó la citación en su casa luego de muchos intentos por notificarle.

  Del mismo modo, Sulivan le salió al paso a la creencia por parte de Esther Nuhfer de que la Quinta Enmienda le otorga licencia para negarse a presentar documentos en respuesta a las solicitudes de PDV USA, primero porque Communication Solutions es una corporación sobre la cual no han presentado evidencia de que se trate de una propiedad exclusiva. Una corporación no tiene una defensa válida de la Quinta Enmienda”, aseguró y luego agregó: “Nuhfer, como custodio de los registros aquí, no puede invocar la Quinta Enmienda incluso si el acto de producción incrimina al custodio de los registros”.

 Destacó el abogado de PDV USA que Communication Solutions firmó los subcontratos que forman el tema de probablemente la mitad de las solicitudes de documentos que se han formulado, los cuales fueron firmados por esther Nuhfer en representación de la empresa. Recordó que Communication Solutions recibió USD 4.5 millones del dinero de la demandante, canalizados por el demandado en el litigio subyacente.

  Además, dijo que la empresa de Nuhfer ayudó a redactar el contrato que está en disputa, lo cual se comprueba a través de los correos electrónicos que sirvieron para discutir y establecer los primeros borradores del mismo.

  Sulivan aseveró que la Quinta Enmienda tampoco aplica para Nuhfer en lo personal, toda vez que el hecho de que sea la poseedora de los documentos que se solicitan no la incrimina, pues eso es de conocimiento público. El abogado de PDV USA le refirió al tribunal que los documentos que Nuhfer se niega a entregar a la demandante, son los mismos que ya entregó al gobierno.

 El abogado citó palabras de Nuhfer cuando expuso en el escrito de oposición que tanto ella como David Rivera “son objeto de una investigación penal que, una vez más, está inextricablemente entrelazada con nuestro litigio. Claramente, la Sra. Nuhfer es un testigo clave aquí con documentos relevantes”.

 En alusión a la observación de la juez que le recordó que al no ser parte de la causa la norma determina minimizar la carga, Sulivan manifestó que, de hecho, PDV USA acordó reducir su exigencia de documentos y propuso que con la representación negar de Esther Nuhfer, establecieran un protocolo con términos de búsqueda y un rango de fechas para hacer que este proceso no sea tan pesado.

  La juez le preguntó respecto a los costos de la notificación y el procesamiento de la moción y Sulivan refirió que están solicitando el pago de los honorarios cancelados por PDV USA cliente a los notificadores de procesos, a los investigadores privados para  determinar el paradero y ubicación que permitiera localizar a Esther Nuhfer, así como la redacción del escrito de apertura y el trabajo asociado con eso. Describió que buena parte del trabajo del informe inicial se dedicó al tema del servicio.

Los alegatos de Nuhfer

  Por su parte, el abogado de Esther Nuhfer, Philip L. Rezenstein, explicó que su cliente es consultora política con dos décadas 20 de experiencia, que fue contratada hace 15 años por David Rivera, cuya demanda subyace a la de su representada. Se trató de un trabajo breve luego de que Rivera perdiera la elección.

  En tal sentido, Rezenstein estima que afirmar que David Rivera está “asistido” por Esther Nuhfer es incorrecto, toda vez que el tiempo que le asesoró difiere del periodo en la empresa de Rivera fue contratada por PDVSA.

 Sostuvo que es falso que Nuhfer ayudara a Rivera en la realización de su trabajo de consultoría con la petrolera venezolana. Refirió que lo que sí es correcto es que Esther Nuhfer ayudo a Interamerican Consulting, la empresa de David Rivera, a asegurar el contrato y advirtió: “Nuhfer no trabajaba para PDV USA ni su empresa tenía una relación contractual con PDV USA”.

 En tal sentido, Rezenstein denunció ante el tribunal el mal uso intencional de sus escritos a conveniencia y fuera de contexto. “(…) nunca le escribí a este tribunal que Nuhfer estaba trabajando con Rivera en su contrato con PDV USA y ganó millones de dólares. Eso no ocurrió”.

 Lo que según el abogado sucedió, fue que Nuhfer ayudó a obtener el contrato y le pagaron por ello, razón lo la cual no es acusada en este caso. “No hay privacidad contractual. Ella no estaba trabajando de cerca con Rivera”.

  Rezenstein advirtió a Sulivan que nunca dijo que su cliente no tenía objeciones ni la obligación de presentarlas en el tribunal. “Lo que dijimos fue que existe una buena causa. Dicen que no existe una buena causa”.

Y rebatió al abogado de PDV USA:

— En los casos que citamos, es bastante simple, un tercero que actuó de buena fe, y creemos que la Sra. Nuhfer actuó de buena fe, no solo aceptando sentarse para una deposición, entrando en discusiones, que finalmente no fueron fructíferas, pero las discusiones ocurrieron con frecuencia por teléfono y por correo electrónico en cuanto al alcance de la citación y la profundidad de lo que buscaban, y por lo tanto, según la jurisprudencia, eso es suficiente para resolver el problema de la buena causa.

  Respecto a la documentación solicitada a su cliente, reiteró que es demasiado amplia pues se pretende que Esther Nuhfer realice una búsqueda con expertos electrónicos y en recuperación de datos, para indagar en todas sus comunicaciones, todos sus textos, todos sus datos, todos sus correos electrónicos, para determinar si tiene o no mensajes relacionados con una reunión que tuvieron David Rivera con Joel Brakha, el gerente de los yates de Raúl Gorrín, porque se dice que una mujer estuvo presente en ese encuentro.

  Y refutó a Sulivan por no haber informado también al tribunal acerca de una declaración que le hicieron a Joel Brakha y le mostraron una fotografía de Nuhfer para que estableciera si era la mujer que había estado en la reunión y el hombre no pudo reconocerla.

  Advirtió que se trata de una solicitud con un costo financiero alto para su cliente, pues implican la contratación de un experto forense para que realice la búsqueda de los datos solicitados. También protestó la forma cómo los notificadores actuaron, al extremo de invadir la propiedad privada.

  Con relación a la amplitud de la documentación requerida, si bien es cierto que se han entregado ya papales a la fiscalía, Reizenstein advirtió aunque las citaciones son de naturaleza muy cercana, no son exactas y, por tanto, los documentos que se entregan al gobierno serían  algo diferentes a los que se proporcionarían a PDV USA.

  Para la magistrada resultaba incomprensible que Esther Nuhfer no pudiera presentar a PDV USA los mismos documentos que había presentado al gobierno y advirtió que la invocación de la Quinta Enmienda no era aplicable. Explicó que no siendo la empresa Communications Solutions de tipo unipersonal sino corporativo, no puede anularse la citación sobre la base de la invocación de la Quinta Enmienda. En tal sentido, estableció que si no hay privilegio por parte de Esther Nuhfer, tampoco lo hay para la empresa.

  El  tribunal planteó recurrir a otra vía distinta a la de recurrir a un experto forense para la recabación de los documentos solicitados por PDV USA, puesto que sería muy costoso para Esther Nuhfer. Sugirió simplemente acudir a las plataformas tecnológicas y proveedores de servicios de que se dispongan y proceder a la producción de los documentos, luego de que la partes convengan en qué papeles específicamente se requieran. Del mismo modo conminó a las partes a revisar los documentos que ya se presentaron a la fiscalía y, a partir de allí, establecer si es necesaria la producción de otros.

  Lo que sí advirtió la juez fue que en las audiencias de descubrimiento exige la presentación de documentos se haga dentro de los 14 días que impone la norma.

  Dejó claro que por tratarse de una tercero en la causa, PDV USA debe ser sumamente específico al momento de establecer qué tipo de documentos está buscando, de manera de no obligar a Nuhfer a realizar una búsqueda que no sea proporcional a su su condición de tercero en esta causa.

viernes, 16 de septiembre de 2022

Juez ordena a la Fiscalía de EE. UU. entregar a Álex Saab “parte” de los documentos solicitados para demostrar 'su inmunidad' diplomática

  El juez de la causa concedió que la defensa del empresario colombiano acceda solamente a los papeles directamente relacionados con la acusación, más no con la extradición.

Por Maibort Petit

  A medias, concedió Roberto N. Scola, juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Florida, la moción que ante esa instancia judicial presentó Alex Nain Saab Morán, tenido por testaferro de Nicolás Maduro, para exigir a la fiscalía la producción de materiales de descubrimiento provenientes del Departamentos de Defensa, Justicia, Estado y Tesoro que el gobierno se muestra renuente a entregar al empresario colombiano acusado de la comisión de delitos de lavado de dinero.

  Saab Morán viene bregando ante las cortes de los EE. UU., luego de haber lo insistido una y otra vez ante las autoridades de Cabo Verde para evitar su extradición a territorio estadounidense, en que, por una supuesta condición de diplomático del gobierno de Venezuela que mantiene, posee inmunidad y, por tanto, no podía ser apresado ni ser procesado judicialmente. Tales alegatos llevaron a que por 16 meses se moviera en tribunales de todas las instancias en el país africano y ahora, en los Estados Unidos, tanto en el tribunal de distrito que lleva el caso, como en la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito de Atlanta, instancia esta última que determinó que debía ser el juez de la causa quien dilucide finalmente este asunto.

   La cita para ello fue postergada ahora para diciembre en virtud de las múltiples diligencias que las partes han llevado a cabo, las cuales han causado demoras en cada una de las etapas del proceso. La defensa de Saab insiste en la existencia de documentos que, de acuerdo a su visión, prueban la condición de diplomático de Álex Saab, al tiempo que precisa que tales papeles están en manos de agencias del gobierno que la fiscalía debe entregar. 

  La documentación permitiría a los abogados del empresario presentar el recurso de sobreseimiento de la acusación, donde exponga sus argumentos con relación a la inmunidad diplomática que supuestamente detenta su cliente. Es en este contexto que Saab Morán quiere obligar al gobierno a producir los materiales que están en poder de varias agencias federales.

Lo que pide Saab

 La defensa de Álex Saab pidió al juez Scola que obligue a la fiscalía a producir documentos en poder de los Departamentos de Defensa, Justicia, Estado y Tesoro.

  Entre estos papeles estaría información de la Oficina de Asuntos Internacionales (OIA), así como de la División de Seguridad Nacional (NSD), de la Agencia de Control de Drogas (DEA), y de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). Del mismo modo, los abogados quieren hacerse de documentos de la Patrulla de Aduanas y Fronteras (CBP), de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de la Guardia Costera de EE. UU.

  Todos estos papeles que comprenden correos electrónicos, textos, comunicaciones electrónicas, notas, cables diplomáticos, informes, memorandos y otros documentos, servirían para establecer que Álex Saab fungía como enviado especial del régimen de Nicolás Maduro para la gestión humanitaria en favor de Venezuela.

Lo que ha entregado el gobierno

  Para la fiscalía, todas las exigencias de Álex Saab y sus abogados no son más que una táctica dilatoria.

  El 15 de julio de 2022, antes de que la defensa presentara la moción para obligar, el gobierno se comprometió a producir material no clasificado en manos del Departamento de Justicia para el 15 de agosto del año en curso. Se comprometió asimismo a hacer todos sus esfuerzos para que conseguir los documentos de la OIA y del Departamento de Estado. Diligencias que el gobierno manifiesta hacer de buena fe, puesto que nada lo obliga a ello, toda vez que a su criterio, Saab Morán no es diplomático y no tiene derecho a los materiales que busca obtener.

  Además, sostiene que solamente está obligado a producir materiales que estén en posesión, custodia y control del “equipo de la fiscalía”. Una posición diametralmente opuesta a la de la defensa, la cual argumenta que tiene derecho al material en poder de “cualquier agencia o departamento que desempeñó un papel en la investigación o el enjuiciamiento” en el caso, las cuales en su mayoría tienen que ver con su extradición.

La decisión de Scola

  En su decisión el juez Scola refiere que Álex Saab, acusado de lavado de dinero y conspiración para cometer lavado de dinero, no presenta nada en su expediente que sugiera que el Departamento de Estado y la OIA tuvieran que ver en la la investigación que llevó a imputarlo.

  Tal situación se repite —advierte el magistrado— respecto a la NSD, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Defensa y la Guardia Costera de los estados Unidos.

 Por tales razones, el Tribunal negó la solicitud del acusado con relación a la documentación que exige de parte de los Departamentos de Defensa, Estado y Tesoro, la OIA, la NSD, así como de la CIA y la Guardia Costera de EE. UU.

  El magistrado Scola, sin embargo, dado que la propia fiscalía admite que la DEA, FBI, HSI e ICE estuvieron involucradas en la investigación y formaban parte de su “equipo de enjuiciamiento”, decidió conceder a Álex Saab su solicitud respecto a dichas agencias federales.

  Se advierte en la decisión que el mandato aplica en tanto las agencias y/o subdivisiones hayan colaborado en la investigación que llevó a la formulación de la acusación, más no respecto a los esfuerzos que hayan realizado para procurar la extradición de Álex Saab.

 De este modo, la fiscalía deberá entregar inmediatamente los materiales que tienen que ver con el resumen de información contenido en la carta del 15 de agosto de 2022; y a antes del 18 de octubre de 2022, los materiales en manos de la DEA, el FBI, HSI e ICE.


jueves, 15 de septiembre de 2022

EE. UU.: Exalcalde de Guanta, Jhonnathan Marín Sanguino será sentenciado por delitos de corrupción y lavado de dinero en octubre 2022

  Inicialmente la lectura de la condena estaba prevista para el 12 de septiembre del presente 2022.

Por Maibort Petit

  El juez del Distrito Sur de Nueva York, Robert N. Scola Jr. aprobó la solicitud hecha por los abogados del exalcalde chavista de Guanta, estado Anzoátegui, Jhonnathan Teodoro Marín Sanguino, procesado por delitos de corrupción y lavado de dinero, para el 26 de octubre de 2022. 

  Previamente, la Corte del Distrito Sur de la Florida había dictado una orden de decomiso por USD 3.800.000, equivalentes a los fondos irregulares recibidos en sus cuentas bancarias en Estados Unidos, provenientes de sobornos otorgados por contratistas de Petróleos de Venezuela S.A. que buscaban a través de su intermediación, hacerse de contratos millonarios con la estatal.

   Hay que destacar que los activos de Marín Sanguino, así como los de su socio en las negociaciones irregulares en PDVSA, el exzar de la Faja Petrolífera del Orinoco, Pedro León Torres, han sido objeto de controversia en los tribunales estadounidenses, toda vez que personas señaladas como sus testaferros han emprendido una serie de diligencias en procura de hacerse de los bienes de los acusados. Ante estos intentos, el juez Scola ha frenado estas iniciativas al favorecer la posición de la fiscalía que se negaba a ello[1].

  Marín Sanguino fue acusado el 21 de abril de 2022 por la Fiscalía de los Estados Unidos de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. En la trama de corrupción que ha llevado al exfuncionario chavista al banquillo de los acusados en Nueva York, este usó su posición política y de poder, para beneficiar a empresarios que suministran bienes y servicios a PDVSA y que en la acusación del gobierno se identifican como Co-conspirador 1 y 2. El segundo de estos elementos fue identificado por la fiscalía como Carlos Enrique Urbano Fermín, propietario de la Constructora Cuferca C.A., quien igualmente es procesado por blanqueo de capitales en una corte de Florida en la que se declaró culpable[2].

Veamos a continuación detalles de las últimas diligencias del caso.

Orden Preliminar de Decomiso

  El 4 de agosto de 2022, Robert N. Scola Jr., Juez del Distrito Sur de Nueva York emitió una orden preliminar de decomiso contra Jhonnathan Marín Sanguino.

  La acusación en su contra contemplaba el decomiso de todos los bienes, inmuebles o muebles que derivaran de las ganancias atribuibles al delito de conspiración para cometer lavado de dinero que se le imputó. El 23 de junio de 2022, el tribunal aceptó la declaración de culpabilidad que Marín Sanguino presentó y en la que convino una sentencia de decomiso de dinero por la cantidad de USD 3.800.000.

  Dicha cantidad es equivalente a los sobornos que Jhonnathan Marín Sanguino recibió entre 2013 y 2017 cuando se desempeñó como alcalde de Guanta (estado Anzoátegui) a cambio de influir en los funcionarios de PDVSA encargados de aprobar contratos millonarios a las empresas que aparece en la acusación y se identifican como Co-conspirador 1 y 2, las cuales proporcionaban bienes y servicios a la petrolera. Los pagos de los citados sobornos se efectuaron a través de cuentas bancarias en bancos de Florida.

 Marín Sanguino recibió el dinero en cuentas controladas por él, familiares y otros, que en parte fue destinado a la compra de propiedades en Florida.

  El juez Scola dictó la sentencia de decomiso por USD 3.800.000 contra Jhonnathan Teodoro Marín Sanguino y autorizó el descubrimiento que conduzca a identificar, ubicar o disponer de bienes decomisados y para resolver cualquier petición de terceros.

 El magistrado dejó establecido que el Tribunal conservará la jurisdicción en el caso para hacer cumplir la orden la cual podrá modificar o bien dictar otras órdenes según sea necesario.

Marín Sanguino solicita continuación de la pena

 El 6 de septiembre de 2022, Michael B. Nadler, abogado de Jhonnathan Marín Sanguino, presentó ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York una moción sin oposición, a objeto de prolongar la sentencia hasta, por lo menos, el 24 de octubre de 2022.

  La sentencia de acuerdo a lo programado, estaba prevista para ser dictada el 12 de septiembre de 2022.

  Marín Sanguino fue acusado el 21 de abril de 2022; tuvo su comparecencia inicial el 25 de abril de 2022; se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero el 23 de junio de 2022.

  Ahora, por primera vez, se solicita la continuación de la pena y Nadler advierte que la solicitud no debe interpretarse como el deseo de crear una demora injustificada. Además, advirtió el abogado que estaría fuera de la ciudad en la fecha programada y la semana siguiente.

 En tal sentido presentó una propuesta de orden de aplazamiento al tribunal y el juez Scola aprobó que la misma fuera el 26 de octubre a las 8:30 AM.

REFERENCIA

[1] Venezuela Política. “Juez bloqueó nuevo intento de los testaferros de Jhonnathan Marín y Pedro León Torres por hacerse de activos decomisados por EE. UU.” 20 de mayo de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/05/juez-bloqueo-nuevo-intento-de-los.html

[2] Venezuela Política. “Justicia de EE. UU. : El caso del exalcalde de Guanta, Jhonnatan Marín está relacionado con el empresario corrupto, Carlos Enrique Urbano Fermín (CUFERCA)”. 16 de mayo de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/05/jhonnatan-marin-un-chavista-corrupto.html


 

lunes, 12 de septiembre de 2022

Conozca quién es Carlos Orense Azócar alias “El Gordo”, el narco ligado al Cártel de los Soles enjuiciado en NY

  Su papel en la organización criminal era como operador logístico, una posición a la que habría llegado gracias a sus conexiones con “El Pollo Carvajal” y Pedro Luis Martín Olivares.

Por Maibort Petit

  Una de las piezas claves en la estructura logísticas del denominado Cartel de los Soles se enfrenta a la justicia de los Estados Unidos en una Corte de Nueva York. Se trata de Carlos Eduardo Orense Azócar, alias “El Gordo”, quien es acusado de cuatro cargos de narcotráfico y posesión de armas.

  Luego de haber sido detenido en una pensión de Casalvieri, una localidad de la provincia de Frosinone, Italia, en mayo de 2021, Orense Azócar fue extraditado en junio de 2022 atendiendo a un pedido del gobierno de EE. UU. formulado un año antes. Su primera comparecencia ante la justicia estadounidense se produjo el 23 de junio de este 2022 en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York donde se declaró inocente de cuatro cargos de narcotráfico.

  Específicamente, se le señala de (1) Conspiración para producir, manufacturar, distribuir y poseer sustancias prohibidas por las leyes de los Estados Unidos (Cocaína); (2) Conspiración para violar las leyes marítimas de lucha contra las drogas por haber utilizado barcos, cargueros productos con cocaína, en violación del Título 21 del Código de EE. UU.; (3) Posesión de Armas de alto calibre, ametralladoras, y artefactos de destrucción para defender su empresa criminal de cocaína; y (4) Conspiración para poseer armas de alto calibre, ametralladoras y artefactos de destrucción[1].

  Igualmente, durante esta primera cita con la justicia de EE. UU., el acusado se declaró insolvente, por lo que la juez Valerie Figueredo, revisó su declaración financiera jurada y le designó un defensor público. Del mismo modo, el caso se remitió al juez de distrito Vernon S. Broderick[2].

  De acuerdo a la información que se maneja proveniente de fuentes policiales venezolanas, Carlos Orense Azócar dentro de la estructura del Cártel de los Soles estaba encargado de coordinar los envíos, de la logística del dinero, así como del envío de la droga al exterior. Este hombre habría manejado alrededor de 40 por ciento de las 40 toneladas que supuestamente moviliza el cartel.

Los antecedentes de “El Gordo”

  El historial de Carlos Eduardo Orense Azócar siempre ha estado ligado a lo irregular, por cuanto en su haber este hombre, quien trabajó en el Ministerio de Finanzas en 1989, enfrentó una demanda que le entabló un banco privado en enero de 2011 por el impago de una deuda por tarjetas de crédito. Por este hecho, el Juzgado del Área Metropolitana de Caracas le dictó prohibición de enajenar y gravar sobre un inmueble del que era propietario.

  Del mismo modo, fue al banquillo de los acusados por la muerte de quien era señalado como su socio, Carlos Ramón Cedeño. El hecho ocurrió el 20 de noviembre de 2011, en El Tigre, estado Anzoátegui, caso, cuando en medio de una riña “El Gordo” mató a Cedeño y luego alegó defensa propia. Consiguió beneficios procesales y no cumplió su condena completa.

 Se habría desempeñado como interventor de aduanas en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía y también habría trabajado bajo las órdenes del exdirector de contrainteligencia de la vieja Disip, Pedro Luis Martín Olivares, quien es señalado de la comisión hechos de narcotráfico[3].

 La acusación que Estados Unidos le formula sostiene que habría conspirado para importar droga a territorio estadounidense a través de una trama criminal que operó en Venezuela, Colombia, República Dominicana y México entre los años 2003 y 2021.

Su papel en el Cartel de los Soles

 Como se sabe, el Cártel de los Soles es una organización criminal integrada por militares y altos funcionarios gubernamentales del régimen chavista, teniendo entre sus cabecillas, a Diosdado Cabello y Tareck El Aissami, como figuras principales. Según los datos que hasta la fecha se manejan en los órganos de investigación estadounidenses, el Cartel de los Soles estaría integrado por “17 generales venezolanos en activo y con altos cargos, cuatro exministros del chavismo, seis jueces, una larga lista de funcionarios de la administración pública y cinco acaudalados empresarios que se pusieron al servicio del narcotráfico”.

  Versiones de prensa señalan que Carlos Orense Azócar dentro del Cartel de los Soles trabajaría con Pedro Luis Martín Olivares y Hugo “El Pollo” Carvajal, el primero de ellos, responsable de la logística de la organización criminal. Por ello, su aprehensión y extradición a los EE. UU. supondría un gran peligro para Diosdado Cabello en razón de la información que maneja[4].

“El Gordo”, refieren las investigaciones, desde su posición como colaborador en las operaciones del cártel, habría ayudado a legitimar dinero de Tareck El Aissami en alianza con Samark López Bello, tenido como uno de sus testaferros.

  Carlos Orense Azócar supuestamente fue conectado con Tareck El Aissami cuando se desempeñaba como ministro del interior entre los años 2008 y 2012, a través del exjefe de inteligencia financiera de la policía política venezolana, Pedro Luis Martín Olivares, y del general Hugo Carvajal. Mediante esta conexión, “El Gordo” también estrechó su vínculo con Walid Makled.

  Toda esta estructura que lo ligaba a los servicios de inteligencia, le habría permitido a Carlos Orense Azócar, operar desde una oficina en la sede del Sebin ubicada en El Helicoide. Habría sido de esta manera como, presuntamente, trabajó con capos colombianos en el traslado de droga por vía terrestre al centro del territorio venezolano con protección del referido servicio de inteligencia y de la Guardia Nacional.

  Esta conexión con El Pollo Carvajal y Martín Olivares, le permitió a Carlos Orense Azócar manejar el envío de cocaína a República Dominicana a través de lanchas, así como el paso de la droga entre Colombia y Venezuela por aire y tierra. La finca “Los Garañones” en Guárico habría sido centro de despacho de por lo menos ocho cargamentos.

“El Gordo” también está ligado a una empresa de energía con sede en Nueva York, la cual le permitió, de acuerdo a las investigaciones, obtener contratos de suministro para PDVSA y, al mismo tiempo, camuflar el dinero ilícito de las operaciones de narcotráfico entre 2004 y 2009. Se determinó que la asignación de contratos a la empresa energética ligada a Carlos Orense Azócar, fue posible gracias a su relación con el entonces presidente de CITGO, Luis Marín. El otro respaldo necesario para llevar a cabo estas operaciones y obtener los pagos de la filial de la estatal petrolera venezolana, habría sido Eudomario Carruyo, expresidente de finanzas de Petróleos de Venezuela.

 Otro apoyo necesario a Orense Azócar provino supuestamente de la oficina de identificación venezolana, Saime, donde se les suministraron pasaportes a los diversos grupos para legitimar el dinero del narcotráfico con colaboración del Banco Peravia de República Dominicana[5].

 El papel de Orense Azócar dentro de la organización criminal del cártel de los Soles también la corroboran datos obtenidos en una amplia investigación del portal de periodismo Itemp, en la cual se estableció que “El Gordo” pudo llevar a cabo todas sus operaciones irregulares, gracias al respaldo que la brindó su relación con “El Pollo Carvajal” y Martín Olivares

  En una entrevista formulada por Itemp a uno de los fiscales refirió que el testimonio de Antonio Arvelaiz, detenido en 2017 por sus vínculos con el blanqueo de capitales, sirvió para instrumentar los expedientes de Carvajal y Martín Olivares. “‘El Pollo’, al igual que Pedro Luis, nos proporcionó credenciales de los servicios de inteligencia venezolanos que permitieron a Orense Azócar viajar tranquilamente por Venezuela; nos entregó armas de servicio y suministró vehículos del Estado”, informó Arvelaiz al fiscal, de acuerdo a lo indicado por Itemp.

 Agrega el trabajo periodístico que El Gordo, El Pollo y Martín Olivares “‘cobraban un porcentaje por la custodia y paso de la droga, por la instalación de radares aéreos para el despegue de aeronaves y resguardo y salida de embarcaciones’, dijo Arvelaiz, el motor financiero de la organización liderada por ‘El Gordo Orense’”, se lee en la nota de Itemp[6].

  Tocará ahora que la fiscalía de los Estados Unidos pruebe todas estas acusaciones contra Carlos Eduardo Orense Azócar en el proceso judicial que recién se inicia.

[1] Venezuela Política. “Narcotraficante venezolano alias ‘El Gordo’ se declara no culpable en un tribunal de Nueva York". 24 de junio de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/06/narcotraficante-venezolanos-alias-el.html

[2] https://cvvnews.com/the-fall-of-carlos-orense-azocar-the-drug-trafficker-linked-to-chavismo/ The fall of Carlos Orense Azocar, the drug trafficker linked to Chavismo

[3] Suprema Injusticia. “Presunto operador del Cártel de Los Soles está en manos de justicia de EEUU”. 13 de julio de 2022. https://supremainjusticia.org/presunto-operador-carte-de-los-soles/

[4] https://cvvnews.com/the-fall-of-carlos-orense-azocar-the-drug-trafficker-linked-to-chavismo/

[5] Diario Las Américas. “El imperio del narcotráfico estuvo al servicio de Hugo Chávez”. 8 de junio de 2018. https://www.diariolasamericas.com/america-latina/el-imperio-del-narcotrafico-estuvo-al-servicio-hugo-chavez-n4152829/amp

[6] Itemp. “The darkest secrets of a spy chief”. 30 de diciembre de 2020. https://www.itempnews.org/2020/12/30/the-darkest-secrets-of-a-spy-chief/


 

sábado, 3 de septiembre de 2022

Esther Nuhfer: la vieja socia de David Rivera con quien habría mantenido un historial de operaciones irregulares

   No es la primera vez que el nombre de la cabildera resuena en casos turbios en los que excongresista estadounidense se ha visto envuelto.

Por Maibort Petit

   En el caso en el que PDV USA Inc. demanda a Interamerican Consulting Inc., la empresa propiedad del ex-congresista de los Estados Unidos, David Rivera, por incumplimiento de contrato, ha surgido el nombre de Esther Nuhfer y su empresa Communications Solutions Inc., como beneficiaria de $ 4,5 millones de los $ 15 millones, única cantidad efectivamente cancelada por la demandante a la demandada de los $ 50 millones que era el precio del acuerdo en disputa.

  Para PDV USA no es más que un contrato falso con el cual Rivera y su compañía quieren justificar el pago recibido por parte de la filial en EE. UU. de la estatal Petróleos de Venezuela S.A., que procuraba mejorar su imagen ante el gobierno norteamericano y por ello recurrió a los servicios de consultoría que Rivera y su empresa ofrecían.

  Sospecha PDV USA, ante la aparición de nuevas evidencias, el uso criminal de los fondos pagados a Interamerican y en ese contexto es que ha salido a relucir el nombre de Esther Nuhfer. Por ello la demandante busca ahora enmendar su demanda y obtener una serie de documentos en manos de Nuhfer que revelarían el destino de los fondos, pero la consultora política maniobra para evitarlo.

  El de Nuhfer habría sido uno de los destinos del dinero, pues otros dos subcontratos se habrían suscrito para justificar la erogación, el empresario venezolano, Raúl Gorrín, y el inmobiliario y ex-convicto de hechos de narcotraficante, Hugo Perera, fueron los otros receptores de los fondos.

La relación con Esther Nuhfer

  Esther Nuhfer es una consultora política de Miami-Dade, propietaria de la empresa Communication Solutions Inc., constituida únicamente por su persona.

  Según se ha insistido durante este proceso judicial, Nuhfer es una vieja socia de David Riveras, con quien habría trabajado en varios frentes.

  En el contexto del proceso judicial en el que PDV USA Inc. demanda a Interamerican Consulting Inc. por incumplimiento de contrato,  esta última subcontratado a la firma de Esther Nuhfer, Communication Solutions Inc.  para supuestamente prestarle servicios de consultoría estratégica de marketing, tanto a la demandante PDV USA, como a la empresa de David Rivera. Un servicio que Nuhfer ni su compañía habría prestado y es que este contrato, según asegura PDV USA, simplemente era un contrato falso que junto a los suscritos con Raúl Gorrín y Hugo Perera, sólo fueron una estrategia de Rivera para justificar el pago recibido.

  Y aunque no figura como demandada, esther Nuhfer y Communications sí aparecen como terceros involucrados en el caso y de allí que se les inste a prestar testimonio y producir una serie de documentos que servirían para aclarar el destino de los dineros pagado por la petrolera a la empresa de David Rivera. Entre las exigencias de PDV USA está el acceder a once correos electrónicos que Interamerican y Nuhfer que esta última se ha negado a producir, pese a las múltiples diligencias efectuadas por la demandante para que así ocurra. También se niega a entregar los subcontratos, hechos entre de Gorrín y Perera que ella habría manejado.

  Lo cierto es que Esther Nuhfer y su empresa Communication Solutions Inc. recibieron por los supuestos servicios de consultoría un total de $ 4,5 millones que recibió en tres pagos de $ 750.000, otros dos de $ 625.000 y uno de $ 1 millón.

  Las repercusiones de este caso se han extendido más allá del contexto venezolano, toda vez que cuando en mayo de 2020, Esteban Bovo, comisionado del condado de Miami-Dade, para quien Esther Nuhfer trabajaba como gestora de recaudación de fondos, conoció que la mujer había recibido $ 3,5 millones transferidos por David Rivera y que este dinero provendría del régimen de Nicolás Maduro, el funcionario prescindió de sus servicios.

“La apariencia de que pueda haber algún negocio con una dictadura, sobre todo con la dictadura de Venezuela, no tienen ningún espacio en mi vida personal o en mi vida de servicio público”, expresó Bovo, al tiempo que explicó que decidió despedir a Nuhfer porque “Le hice una pregunta, básicamente. No encontré la respuesta satisfactoria”[1].

  No es la primera vez que Nuhfer se envuelta en asuntos acusados de irregulares con David Rivera, pues en 2011 su nombre salió a relucir cuando el entonces congresista fue señalado de supuestamente recibir sobornos en el proceso de discusión de dos enmiendas para que buscaban restringir los viajes de cubanoamericanos a Cuba. Nuhfer que ya para la fecha actuaba como cabildera, fue interrogada por el FBI[2].

 Cuando en la misma época Rivera fue señalado de violar la ley de elección primaria democrática al, supuestamente, haber financiado su campaña  con un fondo secreto de $ 43.000. Se dijo que para esos días Esther Nuhfer habría recibido $ 250.000 de la campaña de David Rivera y, posteriormente, retiró de su cuenta en efectivo $ 190.000 cuyo destino fue incierto[3].

Sobre Communication Solutions

  De acuerdo a información del portal Sunbiz, Communication Solutions Inc. es una empresa activa registrada en Florida el 2 de agosto de 2004 bajo el número P04000112662, número FEI/EIN 11-3724543.

  Su sede es en el 11767 South Dixie Hwy, Suite 269, Pinecrest, Fl 33156, que igualmente es domicilio su única directiva Esther J. Nuhfer, quien ejerce como presidenta, directora, secretaria, tesorera y es el agente registrado de la empresa[4].

REFERENCIAS

[1] Telemundo. “Comisionado Bovo responde a acusaciones contra asesora de campaña”. 29 de mayo de 2020. https://www.telemundo51.com/noticias/local/comisionado-bovo-responde-a-acusaciones-contra-asesora-de-campana/2082867/

[2] Fanal Cubano. “Investigan por sobornos a congresista promotor de enmienda para restringir viajes a Cuba”. 27 de julio de 2011. https://fanalcubano.blogspot.com/2011/07/investigan-por-sobornos-congresista.html

[3] El Estantillo. “¿Ha llegado el fin de David Rivera?”. https://elestanquillo.wordpress.com/2012/08/23/ha-llegado-el-fin-de-david-rivera/

[4] Sunbiz. Division of Corporations. Communication Solutions Inc. https://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=OfficerRegisteredAgentName&directionType=Initial&searchNameOrder=NUHFERESTHERJ%20P040001126620&aggregateId=domp-p04000112662-16ec1d4e-2dd3-4b06-9f27-14c7b834f510&searchTerm=Nuhfer&listNameOrder=NUHFERBRENDA%20N170000119702 

miércoles, 24 de agosto de 2022

Conoce el caso de Rixon Rafael Moreno Oropeza, un socio de Naman Wakil, que fue acusado por EE. UU. de pagar sobornos millonarios a funcionarios de Petropiar y lavar dinero en bancos estadounidenses

  El contratista de PDVSA está vinculado al caso de Naman Wakil, acusado por los fiscales federales de la Florida de delitos financieros, lavado de dinero y pago de sobornos a funcionarios de empresas del Estado venezolano. 

Por Maibort Petit

   Rixon Rafael Moreno Oropeza, un contratista del Estado venezolano, fue acusado por un gran jurado federal en Miami de lavar dinero en el sistema financiero estadounidense proveniente de contratos con sobreprecio que obtuvo a través del pago de sobornos a altos funcionarios de Petropiar, una empresa mixta que incluye acciones de PDVSA y Chevron.

  De acuerdo a la acusación, desde al menos 2015 hasta al menos mayo de 2019, Rixon Rafael Moreno Oropeza, de 46 años, habría participado en un plan para obtener contratos multimillonarios de Petropiar mediante el pago de sobornos a altos funcionarios de esa empresa mixta.

"Moreno Oropeza supuestamente acordó pagar un soborno de $1 millón a un alto funcionario del gobierno venezolano para instalar a otra persona como funcionario de alto rango en la división de adquisiciones de Petropiar", dice la acusación.

Así se acusa a Naman Wakil en el Tribunal del Sur de la Florida

   En los documentos federales se asegura que "Moreno supuestamente envió millones de dólares en pagos de sobornos a altos funcionarios de Petropiar desde cuentas que controlaba en el sur de la Florida. A cambio de estos sobornos, Moreno recibió beneficios que incluyen más de $30 millones en pagos por los contratos en sus cuentas bancarias estadounidenses". 

  El acusado, dice la demanda, recibió aproximadamente $2.7 millones de un contrato de Petropiar para suministrar dispositivos de respiración, cuyo precio supuestamente había sido inflado a 100 veces el costo real. 

 Los fiscales federales sostienen que Moreno Oropeza habría usado las ganancias obtenidas de los contratos de Petropiar para su propio beneficio personal, incluso para comprar bienes raíces, un avión privado y vehículos de lujo en el sur de Florida.

Los cargos  acusados:

  Moreno Oropeza fue acusado de los siguientes cargos:

1) Concierto para delinquir para lavar dinero; 

2) Encubrimiento lavado de dinero; 

3) Lavado de dinero promocional internacional; y 

4) Participar en transacciones que involucren bienes derivados de actividades delictivas. 

  Si es declarado culpable, Moreno enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo de lavado de dinero y conspiración para cometer lavado de dinero y hasta 10 años de prisión por cada cargo de participación en transacciones con bienes derivados de actividades delictivas. 

Los negocios ligado a Naman Wakil

    De acuerdo a los documentos judiciales, Rixon Rafael Moreno Oropeza está vinculado a otro contratista corrupto de PDVSA, e igualmente acusado por los fiscales del Sur de la Florida: Naman Wakil, quien está siendo procesado en Miami por haber estafado a Petropiar, PetroMirada y a CASA con contratos de proveeduría con sobreprecios que superan el 100 % en muchos casos de los precios del mercado.

   En septiembre de 2021, Estados Unidos acusó a Naman Wakil de siete cargos relacionados con actividades de lavado de dinero de fondos supuestamente provenientes de sobornos a funcionarios venezolanos con el objetivo de obtener contratos de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y de la empresa de alimentos Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícola (CASA).

   Específicamente, los cargos contra Wakil, son Conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero; conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero; Conspiración para cometer lavado de dinero; Blanqueo internacional de instrumentos monetarios; y Participar en transacciones con propiedad derivada del delito.

    Naman Wakil es un ciudadano de Siria con residencia legal en los Estados Unidos que mantenía cuentas bancarias personales y de inversión en bancos de los E. UU., las Islas Caimán y Suiza.

     En el juicio contra Wakil aparecen involucrados un grupo de cómplices de nacionalidad venezolana que habrían participado en el enorme esquema de corrupción para expoliar dineros de PDVSA, Petropiar, Casa y otras empresas mixtas ligadas al Estado venezolano.

    En los registros de cuentas que se manejan en la fiscalía aparecen los socios que trabajaron con Naman Wakil para lavar millones de dólares en Estados Unidos, incluyendo las cuentas bancarias de las empresas de maletín Distribuidora Original Rex CA e Importaciones Del Sur Zubierreta pertenecientes a Rixon Rafael moreno y a Rosaling Moreno Oropeza. También se incluyen récords bancarios de la Constructora Masein CA, Stephany Servicios CA, Power Petroleum de Venezuela.

  Una de las firmas de Moreno Oropeza, Rex Group Inc fue registrada en el estado de la Florida bajo el número P10000085177 el 18 de october de 2010. La compañía usa como dirección fiscal 6920 NW 106th Ave.,Doral, Fl 33178.

  Rixon Rafael Moreno Oropeza, cédula de Identidad venezolana, número 11.233.645, nació el 21 de agosto de 1975. Aparece ubicado en Lecherías, estado Anzoátegui.

   Los registros bancarios de las firmas de Rixon Moreno Oropeza son el banco Truist, anteriormente conocido como Corporación BB&T y SunTrust.



lunes, 15 de agosto de 2022

Eastern National Bank: El banco mayamero que supuestamente salvó a Nicolás Maduro

  A través de empresas interpuestas controladas por agentes del régimen venezolano, este interviene en el sistema financiero estadounidense violando las sanciones de la OFAC.

Por Maibort Petit

  Entretanto el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos pensaba que el Nicolás Maduro se encontraba lejos del sistema financiero  de ese país por el efecto que en dicho gobierno causaban las sanciones por ellos impuestas, la dictadura se mantenía a flote gracias al auxilio que una institución del propio sistema estadounidense supuestamente le brindaba: el Eastern National Bank, una pequeña entidad de Miami que habría actuado presuntamente como una especie de banco “mecenas” del régimen venezolano.

  Tal situación se conoció a través de una nota de El Nuevo Herald, mientras que Venezuela Política obtuvo un documento judicial de la demanda interpuesta por los accionistas minoritarios del Eastern National Bank N.A. ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida al que acudieron el uno por ciento de los propietarios del citado banco para demandar a Gabina Rodríguez, Louis Ferreira, César Gómez Valero, Keith Parker, Carlos Rodríguez y Gustavo Macías, integrantes de la junta directiva del banco.

  En el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida el caso está en manos de la juez Beth Bloom; los abogados de los demandantes son Diego Pérez Ara y Derek Eduardo León de la firma León Cosgrove LLC; la defensa del Eastern National Bank está a cargo de Sydney Brooke Alexander y Jose Angel Casal del despacho Holland & Knight.

  El pasado 14 de junio de 2022, el juez Edwin G. Torres recomendó al tribunal negar al Eastern National Bank una moción interpuesta por sus abogados para desestimar la demanda. Se les otorgó a las partes un plazo de 14 días para entregar para presentar un informe y recomendaciones, así como sus objeciones a la recomendación del magistrado ante el juez del Distrito. Este fue el documento judicial al que Venezuela Política tuvo acceso.

 La demanda se refiere que el Eastern National Bank, N.A. “es una asociación bancaria nacional autorizada para hacer negocios en el Estado de Florida. Sus oficinas principales se encuentran en el condado de Miami-Dade, Florida”, entretanto Mercorp, N.V.[1] “es una empresa organizada bajo las leyes de Curazao. Mercorp posee más del 99% de las acciones del Banco”.

 La demanda indica que Corpofin C.A. “es una sociedad constituida bajo las leyes de Venezuela. Corpofin es el único propietario de Mercorp. Además, desde la década de 1990, Corpofin ha sido controlada por el gobierno venezolano en virtud de la colocación de Corpofin en una administración judicial relacionada con una deuda de Corpofin con una agencia del gobierno venezolano”.

  Corpofin es una sociedad mercantil que se encuentra intervenida por el estado venezolano, lo cual confirmamos a través de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia del 22 de febrero de 2006 en la cual se lee que dicha entidad “fue intervenida mediante Resolución Nº 115/94 de fecha 15 de septiembre de 1994, publicada en la Gaceta Oficial Nº 35.547 de esa misma fecha por la recurrida por cuanto “(…) existieron en su oportunidad similitud entre los directores de esta empresa y algunos miembros que conformaban la Junta Directiva de BANCOR (similitud que había cesado antes de la Intervención de Corpofin (…) y porque además esta empresa adeudaba para esa época, sin garantía un estimado de nueve mil setecientos millones de bolívares, en pagarés que para el momento de su intervención no estaban vencidos”. Por lo tanto está bajo el control del gobierno venezolano[2]. Otra sentencia judicial indica que Corpofin C.A. inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, el 16 de noviembre de 1981, bajo el N° 10, Tomo A-13[3].

 Los accionistas minoritarios del Eastern National Bank, a saber Bancor Group Inc. y Stitching Particulier Fonds Franeker, accionaron judicialmente el 23 de enero de 2021 —caso 1:2021cv22311— contra miembros de la junta directiva del banco, entre ellos Gabina Rodríguez, quien presidió la institución entre los años 2015 y 2021.

Los demandados

  La recomendación del juez Torres refiere que en la demanda los accionantes  advierten que Gabina Rodríguez “es una agente del gobierno venezolano. En 2009, Gabina fue nombrada por el gobierno venezolano como síndico de Corpofin. Su control sobre Corpofin designado por el gobierno le otorga control total sobre Mercorp, lo que a su vez la convierte en la accionista mayoritaria del Banco. De 2015 a 2021, Gabina también se desempeñó como Presidenta de la junta directiva del Banco. Es residente de Caracas, Venezuela”.

  Por su parte, se indica que César Gómez Valero “se desempeñó como miembro de la junta directiva del Banco de 2015 a 2021. También es residente de Caracas, Venezuela. Y, sobre la base de una revisión del expediente, él es el único demandado que aún no ha sido notificado de un proceso en esta demanda”.

 De Keith Parker, se informa que “se ha desempeñado en la junta directiva del Banco desde 2005. Es residente del condado de Miami-Dade, Florida”.

  Agregan que Gustavo Macías “es miembro de la junta directiva del Banco desde 2016. Es residente del condado de Miami-Dade”.

  Asimismo, indican que Louis Ferreira “es el actual presidente y director ejecutivo del Banco, cargo que ocupa desde 2020. Ferreira también ha sido miembro de la junta directiva del Banco desde 2019. Es residente del condado de Broward, Florida”.

  Se informa también que Carlos Rodríguez “fue el presidente y director ejecutivo del Banco de 2018 a 2020. Carlos también ha sido miembro de la junta directiva del Banco desde 2016. Es residente del condado de Miami-Dade, Florida”.

  Se explica que Edward Holden es miembro de la junta directiva del Banco desde 2021 y es el único integrante de la misma que no se nombra como Demandado. Se lo describe como el único director "independiente".

Los demandantes

  Bancor Group Inc. es una empresa organizada bajo las leyes del Estado de Florida que tiene entre sus directivos a Juan Santaella y Juan B. Santaella. Bancor es propietario de 63 acciones del Banco.

  Stitching Particulier Fonds Franeker es una empresa registrada en Curazao que cuenta entre sus principales a Juan Santaella y Juan B. Santaella. Franeker posee 22 acciones del Banco.

Relación con el Banco de Venezuela

  El documento explica que en 2017, después de todos los bancos de los Estados Unidos cerraron su relación de corresponsalía con el estatal Banco de Venezuela, el Eastern National Bank abrió y operó una cuenta para la entidad venezolana. Se especifica que esto ocurrió durante el mandato de Gabina Rodríguez como síndico de Corpofin, cuando también se desempeñó como Vicepresidenta Ejecutiva del Departamento Legal de Banco de Venezuela de 2011 a 2012.

  Refiere el documento que antes de abrir la cuenta, el Eastern National Bank solicitó una opinión consultiva de uno de sus reguladores, la Oficina del Contralor de la Moneda de los Estados Unidos (OCC), con respecto a la apertura de dicha cuenta. La OCC respondió que y advirtió sobre los riesgos involucrados y le recordó al eastern su obligación de asegurarse de estar preparado para administrar una cuenta de “alto riesgo” sin violar las leyes aplicables. Sin embargo, el Eastern National Bank no cumplió con sus obligaciones con respecto a algunas transacciones relacionadas con la cuenta d el Banco de Venezuela lo que llevó a  la OCC a iniciar una investigación sobre las prácticas del Eastern National Bank en 2018.

Los problemas financieros del Eastern

   En la recomendación del magistrado Torres se indica que en octubre de 2018, la OCC, con el consentimiento de la junta directiva del Eastern National Bank, alertó sobre las múltiples deficiencias en las prácticas del Banco, entre ellas, el incumplimiento adecuado de las obligaciones contra el lavado de dinero y la Ley de Secreto Bancario con respecto a la cuenta del Banco de Venezuela.

  En esta Orden de Consentimiento de 2018, la OCC impuso numerosas obligaciones al Eastern National Bank, las cuales estaban destinadas  a remediar las deficiencias identificadas en sus prácticas bancarias. Para ese momento, la junta directiva del Eastern la integraban Gabina, Gómez, Macías, Parker y Rodríguez. Ferreira se incorporó en octubre de 2019. En marzo de 2020 fue reemplazada Gabina Rodríguez como presidente y director General del Banco. Sin embargo, este cambio en la directiva no se tradujo en la toma de las acciones apropiadas para remediar las deficiencias identificadas en 2018, 2019 o 2020. Entonces, la OCC, con el consentimiento de la junta directiva del Eastern National Bank, emitió una segunda orden en noviembre de 2020.

  Los accionistas minoritarios —Bancor Group Inc. y Stitching Particulier Fonds Franeker— sostienen que durante ese tiempo solicitaron en repetidas ocasiones reunirse con la junta directiva para abordar los problemas de cumplimiento del Banco, pero estos pedidos fueron denegados. Se explica que no se celebraron asambleas de accionistas en 2018, 2019 y 2020, a pesar de que estas eran requeridas por el Acta Constitutiva y los Estatutos del Banco.

  La recomendación del juez Torres tomó en cuenta que el Eastern National Bank no cumplió con la Orden de Consentimiento de 2018 como lo advirtió la Orden de Consentimiento de 2020, la cual también descubrió que existían nuevas prácticas bancarias “inseguras” y “poco sólidas” y que el banco se encontraba en una “condición problemática”.

  Producto de la mala práctica, el Eastern National Bank tuvo pérdidas de aproximadamente USD 20.000.000.00 entre 2018 y 2020, por lo que se le impusieron una serie de nuevas obligaciones , entre ellas, sumar al menos dos "directores externos independientes" al directorio, mantener ciertos índices de capital y presentar un "Plan Estratégico y de Capital por escrito aceptable para el Banco" a la OCC.

  Se indica que luego de la emisión de la Orden de Consentimiento de 2020, los accionistas minoritarios continuaron solicitando reunirse con la junta directiva del Eastern National Bank para ayudar a abordar los problemas del Banco pero, una vez más, las solicitudes fueron denegadas.  

  Se informa  que luego de que la junta directiva del Eastern National Bank rechazara un pedido de inspección de ciertos registros corporativos, Bancor Group Inc. y Stitching Particulier Fonds Franeker presentaron una demanda en el Distrito Sur de Florida para obligar a la junta a cumplir con sus propias reglas. 

  La demanda terminó en una estipulación conjunta de despido sin perjuicio. “Sin embargo, desde la emisión de la Orden de Consentimiento de 2020 hasta el presente, la junta directiva del Banco supuestamente no tomó medidas razonables para cumplir con los mandatos de la OCC, lo que a su vez aumentó la probabilidad de que el Banco esté sujeto a sanciones graves, financieras y de otro tipo, resultantes de una acción de ejecución reglamentaria. 

  De hecho, ha pasado más de un año desde la emisión de la Orden de Consentimiento de 2020 y el Banco aún no ha agregado dos directores independientes a su directorio. Esto es a pesar de la remoción forzosa de Gabina Rodríguez y Gómez de la junta, que resultó de la revocación de las exenciones de residencia por parte de la OCC en marzo de 2021”.

El esquema de compensación en acciones del Eastern

 A raíz de las acciones de la OCC, la junta directiva del Eastern National Bank implementó una política para aumentar su compensación. Específicamente, en 2018, se estableció un plan de incentivos de capital para prever la emisión de unidades de acciones restringidas para ellos y otros.

  Se buscaba atraer y retener a directores y empleados calificados, pero para la aplicación del plan la junta requería el voto de los accionistas para la ratificación dado que dicho plan diluiría el valor de los accionistas. Sin embargo, Gabina Rodríguez, César Gómez Valero, Gustavo Macías, Keith Parker y Carlos Rodríguez, nunca tuvieron una votación de accionistas.

  En razón de que Gabina Rodríguez poseía efectivamente más del 99 por ciento de las acciones del Eastern National Bank, se estableció el Plan RSU sin el aporte de los accionistas minoritarios.

  Fue así que entre diciembre de 2018 y julio de 2019, el Plan RSU hizo que cerca del 16 por ciento de las acciones del Eastern National Bank se emitieran a favor de Gabina Rodríguez, Gómez, Macías, Parker y Carlos Rodríguez. Ferreira, quien se incorporó al Banco en octubre de 2019, también se beneficiará del Plan RSU.

  Bancor Group Inc. y Stitching Particulier Fonds Franeker acusaron que el Plan RSU es un acuerdo quid pro quo entre Gabina Rodríguez y la junta directiva del Banco. Es decir, el capital distribuido por el Plan RSU compensa a la junta directiva del Eastern, permitiendo a Gabina Rodríguez —y por lo tanto el gobierno venezolano— para seguir ejerciendo el control absoluto sobre el Banco.

Evitando las sanciones de la OFAC

  El Eastern National Bank, en razón de las sanciones de la OFAC al gobierno de Venezuela, procuró licencias para realizar ciertas transacciones con entidades e individuos venezolanos que de otro modo estarían prohibidas por mandato presidencial.

 Bancor Group Inc. y Stitching Particulier Fonds Franeker aseguran que para obtener estas licencias de la OFAC, el Eastern National Bank hizo ciertas declaraciones falsas a la agencia del departamento del Tesoro respecto a la relación de Gabina Rodríguez con el gobierno venezolano. Específicamente, informaron a la OFAC que Gabina Rodríguez toma todas las decisiones con respecto a Corpofin (y por lo tanto a Mercorp) independientemente del gobierno venezolano, lo cual no es cierto.

REFERENCIAS

[1] Open Corporates. Mercorp N.V. https://opencorporates.com/companies/cw/35953

[2] TSJ. Jueza Ponente: Ana Cecilia Zulueta Rodríguez. Expediente Nº AP42-N-2005-000781. http://jca.tsj.gob.ve/decisiones/2006/febrero/1478-22-AP42-N-2005-000781-2006-298.html

[3] Vlex. Sentencia nº 00852 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 23 de Julio de 2008. https://vlexvenezuela.com/vid/superintendencia-apela-motivo-inmuebles-283320359 

sábado, 13 de agosto de 2022

Estos son los lujosos aviones del banquero venezolano, Julio Herrera Velutini, acusado de delitos financieros y pago de sobornos a funcionarios públicos por EE. UU.

Por Maibort Petit

    Los aviones Global Express matrícula N244BC y el Falcon 7X matriculado bajo el N848BC forman parte del grueso patrimonio del banquero venezolano y expresidente de Bancrédito, Julio Herrera Velutini, acusado por el gobierno de los Estados Unidos de delitos financieros y pago de sobornos a funcionarios públicos. Ambas aeronaves están registradas en un trust del banco of Utah, un mecanismo usado normalmente por los propietarios de este tipo de bienes.

 Julio Herrera Velutini, está residenciado desde hace varios años en Reino Unido. El venezolano fue acusado de corrupción en Puerto Rico por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

   Venezuela Política logró determinar que la empresa que administra los dos aviones propiedad de Julio Herrera Velutini está ubicada en Orlando, Florida y está controlada por el venezolano, Daniel Bertou, administrador de AC Shares. 



   Un gran jurado de EE. UU., acusó al banquero venezolano de seis cargos que incluyen conspiración, sobornos, fraude electrónico y artificios para impedir el derecho a servicios honestos. 
  Según los documentos judiciales, Herrera Velutini conspiró junto a la ex gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, el ex-administrador de Vivienda Pública, John Blakeman, la ex presidente, principal socio de Bancrédito en Puerto Rico, Francés M. Díaz, y el consultor y ex agente federal del FBI,  Mark T. Rossini, para que la mandataria removiera de la dirección de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras al comisionado George Joyner y designara como jefe del  ente regulador  a un funcionario que pudiera detener las múltiples acciones correctivas que se le requerían a Bancrédito.

   Herrera Velutini, es además solicitado por la justicia chavista debido a otros negocios oscuros realizados en Venezuela por la venta irregular de entidades bancarias, entre ellas Banco Real durante la llamada crisis bancaria de 2009. 

   La demanda del gobierno de Estados Unidos dice que Herrera Velutini quería asumir el control de la entidad de regulación financiera de Puerto Rico para ocultar una millonaria cartera de dinero sucio proveniente de figuras vinculadas al régimen de Venezuela, algunos de los cuales están siendo investigados por corrupción por el Departamento de Justicia de EE. UU.
    Cuando se dio a conocer la acusación, Herrera Velutini renunció como presidente de la junta de directores de su banco en Puerto Rico, Bancrédito.

  Según el Departamento de Justicia, Herrera Velutini  quería que se reemplazara al principal regulador bancario de la isla y, a cambio, ofreció pagar $300,000 a los consultores políticos que trabajan en la campaña del gobernador. 

  Vázquez, quien enfrentaba la reelección en ese momento, estuvo de acuerdo con el plan, dijo W. Stephen Muldrow, el Fiscal de los Estados Unidos para Puerto Rico, y agregó que el banquero Herrera  Velutini luego formó un comité de acción política para Vázquez.

  La acusación de 42 páginas del gran jurado detalla reuniones y mensajes de texto que pretendían mostrar la naturaleza quid-pro-quo del acuerdo. La gobernadora cumplió con su parte del trato, obligando al comisionado bancario titular a renunciar e instalar a la elección del Herrera Velutini como el nuevo comisionado, según la acusación.

  Para disfrazar el “propósito ilegal y corrupto de los sobornos”, los pagos de Herrera se canalizaron a través de Mark T. Rossini, quien se desempeñó como asesor de Herrera y está acusado de facilitar el arreglo, dijo el Departamento de Justicia.

  El exgobernador, el banquero y el ex-agente federal de F.B.I fueron acusados de conspiración, soborno de programas federales y fraude electrónico de servicios honestos, y podrían enfrentar hasta 20 años de prisión si son declarados culpables, dijo Muldrow.

  Dos personas más involucradas en el esquema de soborno, el presidente del banco y uno de los asesores de campaña de Vázquez, se declararon culpables de conspiración y cada uno enfrentará hasta cinco años de prisión.

   En la querella criminal contra Herrera Velutini y Wanda Vázquez es parte de una  amplia investigación que busca aclarar cómo, dónde, con quiénes y cuándo se realizaron varias operaciones de blanqueo de capitales de un grupo de contratistas corruptos del régimen Hugo Chávez y Nicolás Maduro y otros relacionados con la oposición venezolana.