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lunes, 31 de octubre de 2022

Koch Minerals Sàrl y Koch Nitrogen International Sàrl pidieron al Tribunal de Delaware ejecutar su sentencia mediante embargo de las acciones de CITGO

  Presentaron ante la Corte una solicitud de una orden de embargo fieri facias.

Por Maibort Petit
  Koch Minerals Sàrl y Koch Nitrogen International Sàrl, empresas a las que el finado expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, expropió en 2010 su participación accionaria de 25 por ciento de los activos de Ferinitro, brega desde entonces a través de una serie de acciones, para hacer valer sus derechos y ser resarcidas. Luego de ganar el litigio presentado ante el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (CIADI), demandó y ganó ormente demandar y ganar el 22 de febrero de 2022 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, el cual sentenció el cumplimiento del laudo arbitral por un monto de USD 306,95 millones más costas y interés[1].
  Koch registró la sentencia en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware, donde su última diligencia fue solicitar que se ordene al secretario de la corte emitir una orden de embargo fieri facias sobre las acciones de PDV Holding, Inc. (PDVH), propiedad total de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y alter ego de Venezuela. En pocas palabras, los demandantes buscan cobrar la sentencia con las acciones de CITGO.

Veamos las diligencias realizadas en detalle:

Memorándum de ley en apoyo a la moción

  El 7 de octubre de 2022, Koch Minerals Sàrl y Koch Nitrogen International Sàrl, demandantes y acreedores en el laudo arbitral contra Venezuela, presentaron ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware, un memorándum de ley en apoyo de su moción de una orden que autorice el Secretario del Tribunal para emitir una orden de embargo fieri facias sobre las acciones de PDV Holding, Inc. (PDVH), propiedad total de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y alter ego del deudor de sentencia a su favor.

  De acuerdo a los demandantes, la emisión de la orden de embargo fieri facias procede con la condición de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) haya (i) autorizado la emisión y notificación de dicho auto o (ii) haya eliminado o modificado de otro modo las sanciones pertinentes que actualmente prohíben la transferencia de PDV Holding, Inc., por lo que la acción del secretario de la corte ayudará a Koch Minerals Sàrl y Koch Nitrogen International Sàrl a ejecutar su sentencia consolidada contra Venezuela; así como también, conceder cualquier otra reparación adicional que se considere justa y apropiada.
   Los demandantes se amparan en la tesis de que PDVSA es el alter ego de Venezuela y, por tanto, los activos de esta en los Estados Unidos pueden considerarse activos comerciales del país sujetos al embargo. Recuerdan los demandantes que ya la Corte con anterioridad, en agosto de 2018, estableció que PDVSA era el alter ego de Venezuela y autorizó el embargo de las acciones de PDV H por parte de Crystallex International Corporation. En razón de que el tribunal debe analizar la condición de alter ego de un deudor al momento en que incurrió en la responsabilidad y, en este caso, así ocurrió cuando se modificó el laudo adverso en abril de 2018, ajustando el monto del laudo.

  Sostiene Koch que a la fecha actual, la relación entre PDVSA y Venezuela se mantiene, por cuanto desde enero de 2019, el gobierno de interino de Juan Guaidó trata a PDVSA como parte del estado venezolano y utiliza sus activos en el comercio no menos que el régimen de Nicolás Maduro.

  Estiman que negarles el embargo que procuran los dejaría sin un recurso efectivo para para cobrar la sentencia, puesto que no se han identificado otros activos de Venezuela en EE. UU. Actuar de esta manera sería discriminatorio, sostienen.

  Koch Minerals Sàrl y Koch Nitrogen International Sàrl se encuentra en proceso de solicitar una licencia de la OFAC a objeto de que se autorice el embargo de las acciones de PDV H en poder de PDVSA en Delaware. Estiman que la moción no entra en conflicto con las sanciones de EE. UU. a Venezuela.

Declaración jurada

  También el 7 de octubre de 2022, Alexander A. Yanos, abogado de la firma Alston & Bird LLP, presentó una declaración jurada ante el Tribunal para el Distrito de Delaware en la que asegur, primeramente, que actúa en representación de Koch Minerals Sàrl (KOMSA) y Koch Nitrogen International Sàrl (KNI) en la causa que estas mantienen contra la República Bolivariana de Venezuela en dicha instancia judicial.
  Refirió a la Corte que dicha declaración la presentó en apoyo de la solicitud de los demandantes de una orden que autorice al secretario del Tribunal a emitir una orden de embargo fieri facias (“Petición”), así como que acompañará a estos en esta búsqueda que les permita ejecutar el laudo arbitral dictado contra Venezuela en el Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia en el proceso denominado Koch Minerals Sàrl c. República Bolivariana de Venezuela.

Igualmente, hizo una larga enumeración de la documentación anexa que acompaña la moción.

Registro de sentencia en Delaware

  El 31 de marzo de 2022, Laura Davis Jones, de la firma Pachulski Stang Ziehl & Jones LLP, en representación de Koch Minerals Sàrl (KOMSA) y Koch Nitrogen International Sàrl (KNI), envió una comunicación a Juan A. Cerino, secretario del Tribunal para el Distrito de Delaware, para remitirle documentación emitida por el Secretario del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia relacionada con el caso de los demandantes contra Venezuela, a saber, una (i) Certificación original del Secretario de un fallo que se registrará en otro distrito; y (ii) copia certificada de Sentencia, en la referida acción.

  Refirieron a Merino que el 22 de febrero de 2022, la Corte de Columbia autorizó a Koch a registrar por causa justificada la sentencia a su favor en el Distrito de Delaware.

  Igualmente, solicitó la asignación del caso al juez Stark, por su relación con acciones pendientes contra Venezuela.

Recurso fieri facias propuesto por Koch

  Koch Minerals Sàrl (KOMSA) y Koch Nitrogen International Sàrl (KNI) presentaron una propuesta de recurso fieri facias dirigido a los marshals de los Estados Unidos en el que se ordena entregar la orden de embargo a PDV Holding Inc. o a su agente registrado Corporation Trust Company, para embargar todas las acciones y cualquier otro activo o derecho relacionado con esas acciones propiedad perteneciente o adeudada a Petróleos de Venezuela (PDVSA), para así satisfacer la sentencia adeudada a su favor por la suma de USD 387.212.536,29 interés más post sentencia.


  La propuesta contempla la respuesta verificada que el embargado debe hacer al tribunal y a Laura Davis Jones, Pachulski, Stang, Ziehl & Jones LLP en un plazo de 20 días luego de la notificación del proceso.

 Igualmente una propuesta de declaración en apoyo de la petición de los demandantes de una orden que autorice al Secretario del Tribunal a emitir una orden de embargo fieri facias.

Memorándum de Opinión del Distrito de Columbia

  Koch presentó ante el Tribunal para el Distrito de Delaware el Memorándum de opinión y orden emitido por Zia M. Faruqui, juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia en el que además de establecer las razones de su decisión de sentenciar en favor de los demandantes y confirmar el laudo arbitral del CIADI.
  El magistrado determinó que Koch Minerals Sàrl (KOMSA) tiene derecho a USD 140.250.000 más intereses previos a la la adjudicación del 11 de octubre de 2010 al 30 de octubre de 2017, calculados al USD Libor 6 meses más 2% capitalizable cada seis meses, lo cual suma USD 28.419.011,14; así como también intereses posteriores al laudo desde el 30 de octubre de 2017 hasta la fecha de la emisión de la sentencia del Tribunal a una tasa de USD Libor a 6 meses más 2%, capitalizable cada seis meses.

  Entretanto, a Koch Nitrogen International Sàrl (KNI), tiene derecho a USD 166.700.000, más intereses previos a la adjudicación del 11 de octubre de 2010 al 30 de octubre de 2017, calculados a Tasa Libor a 6 meses en USD más 2% capitalizable semestralmente, lo que suma USD 33.778.603,62; más intereses posteriores al laudo desde el 30 de octubre de 2017 hasta la fecha de la sentencia a una tasa de USD Libor a 6 meses más 2%, compuesto cada seis meses.

  El juez también estableció costas judiciales por USD 17.436.085,10 y costos de arbitraje por USD 628.836.435, más intereses.

Informe de experto

  Koch Minerals Sàrl (KOMSA) y Koch Nitrogen International Sàrl (KNI) presentaron ante el Tribunal para el Distrito de Delaware un Informe pericial del experto Manuel A. Gómez en apoyo a la moción de embargo fieri facias.

 En su exposición, Gómez explicó la relación de alter ego entre PDVSA y Venezuela.

  Refirió que, como en sus dos informes anteriores, estima que PDVSA carece de independencia de Venezuela y, por lo tanto, debe considerarse su alter ego.

  Asimismo aseguró que la situación actual de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela es precaria, por lo que su control sobre los activos extranjeros de PDVSA es más importante que nunca para su supervivencia política. Refirió que transcurridos tres años de su investidura no se ha producido ninguna transición y Nicolás Maduro continúa ejerciendo el poder en Venezuela.


[1] Venezuela Política. “Venezuela condenada a pagar más de USD 981.641.531,24 a sus antiguos socios Koch Minerals y Koch Nitrogen: CITGO en la mira”. 28 de marzo de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/03/venezuela-condenada-pagar-mas-de-usd.html

miércoles, 12 de octubre de 2022

Samark López insiste ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York en pedir la desestimación de los cargos en su contra

   Asegura que no es prófugo de la justicia de EE. UU. y que la fiscalía no alegó conductas delictuales que avalen los cargos que se le imputan.
Por Maibort Petit

  A Samark José López Bello se lo acusa de apoyar las actividades de narcotráfico del exvicepresidente y actual ministro de Petróleo de Venezuela, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, de quien se le señala como testaferro. Por ello la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. lo designó el 13 de febrero de 2017, como Narcotraficante Especialmente Designado de conformidad con la Ley Kingpin, la cual considera no sustentada, como tampoco lo estaría, a decir de sus abogados, la acusación de la fiscalía en su contra. Por ello, insiste en el sobreseimiento de su causa ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York donde se le procesa.

Pedido de sobreseimiento

 El 16 de septiembre de 2022, Edward Y. Kim, en representación de Samark José López Bello, presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York un Memorándum de ley en apoyo al recurso de sobreseimiento del imputado.

  Insiste la representación legal de López Bello en que es necesario desestimar los cargos de este, toda vez que la acusación presentada por la fiscalía lo señala de conspirar para defraudar a los Estados Unidos, así como de violar la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico y las regulaciones de Sanciones de Cabecillas Extranjeras de Narcóticos, sin alegar la conducta que viole dichos estatutos y reglamentos.

  Se remiten a la jurisprudencia que establece que una “acusación federal puede ser impugnada sobre la base de que no alega un delito dentro de los términos del estatuto aplicable”.

  En tal sentido, sostiene la defensa que no se alega que López Bello haya accedido a obstruir una función lícita del gobierno por medios engañosos o deshonestos, ni se establece una conspiración de Klein.

  Subraya el memorándum que Samark. López Bello no es una persona estadounidense ni se alega que actuó dentro de los Estados Unidos, por lo que se encuentra fuera de la categorización bajo la Ley Kingpin y sus regulaciones.

  Recuerdan que la Ley Kingpin sanciona con bloqueo a personas extranjeras involucradas en el tráfico de estupefacientes, pero estas solamente se aplican a estadounidenses y a personas involucradas en transacciones o tratos dentro de los Estados Unidos. Por ello, en razón de que Samark López Bello no es estadounidense y en la acusación no se alega que haya delinquido dentro del territorio de EE. UU. los cargos son defectuosos.

  Subrayan los abogados que si bien en mayo de 2021 la OFAC modificó el Reglamento de la Ley Kingpin para ampliar el alcance de las prohibiciones e incluir “[a] cualquier transacción (…) que (…) causa una violación de” el reglamento, la modificación fue realizada después de que se devolvió la acusación de López. Por tanto, asevera los abogados defensores que no había una prohibición comparable en la Ley Kingpin o en las Regulaciones de esta que estuvieran vigentes en el momento de la supuesta conducta delictual del acusado.

  Del mismo modo, aseguran los abogados del acusado que los cargos contra su cliente también fallan bajo la presunción contra la extraterritorialidad. Se asevera que la acusación contra López Bello de conspirar para defraudar a los Estados Unidos al violar las sanciones no se alegó adecuadamente una conspiración de Klein, por cuanto el gobierno sólo refirió un acuerdo para violar la ley, y no un acuerdo para obstruir una función legal del gobierno por medios engañosos o deshonestos. Además, agregan que este cargo es una aplicación extraterritorial inadmisible por lo que debe ser desestimado.

  Para la defensa, no procede que Samark López sea obligado a viajar a EE. UU. para impugnar los defectos de la acusación en su contra. Reiteran que el acusado no es un fugitivo, sino un ciudadano extranjero que vive en su país de origen, Venezuela. No puede alegarse que huyó de los Estados Unidos. En este sentido, se destaca que López bello estuvo por última vez en EE. UU. antes de que ocurrieran los presuntos crímenes que se le imputan, por lo que, de acuerdo a la jurisprudencia, tiene derecho a quedarse en casa mientras el tribunal decide la validez de la acusación.

  Con López no aplica la doctrina de privación del derecho al prófugo, primero, porque esto no se ha establecido, ni porque desacreditarlo servirá a los objetivos de la doctrina.

  La defensa subraya que a López Bello no se le acusa de ningún delito de narcotráfico o lavado de dinero, sino que los cargos en su contra obedecen a un solo acto manifiesto, a saber, tomar un vuelo entre la República Dominicana y Venezuela, en un avión registrado en los EE. UU. Reiteran una y otra vez que en la acusación contra su cliente no se alega que haya cometido ningún delito dentro de los Estados Unidos.

Declaración del abogado

  El 16 de septiembre de 2022, Edward Y. Kim, presentó declaración ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, para informar que es socio de la firma de abogados Krieger Kim & Lewin LLP, la cual representa al demandado Samark José López Bello siendo para ello abogado debidamente habilitado para ejercer ante dicha Corte.


  Tal declaración la presentó en relación con la moción de sobreseimiento del señor López Bello y adjuntó el formulario I-94 más reciente de su cliente.

  También entregó el historial de llegadas y salidas de EE. UU. de López Bello, ambos del sitio web de Aduanas y Protección Fronteriza el 13 de septiembre de 2022.

  Asimismo, en la misma fecha, 16 de septiembre de 2022, Edward Y. Kim, presentó ante el Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York, el aviso de moción al juez, Alvin K. Hellerstein, solicitando la desestimación de los cargos en su contra y para que se le conceda cualquier otra reparación adicional que el Tribunal considere apropiada.


 

lunes, 10 de octubre de 2022

Trabajadores de Corpoelec denuncian agresión verbal y física por parte de gerente estadal de comercialización del estado Miranda

  La situación llegó al extremo de los golpes.

 Por Maibort Petit


  Solidarios con los principios de justicia y solidaridad, Venezuela Política cede sus páginas a los trabajadores del Centro de Servicio El Barbecho de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), quienes denuncian agresión verbal, moral y física por parte de Gabrielina Hernández, gerente general de comercialización de la empresa en el estado Miranda, quien habría llegado al extremo de golpear a la analista de la unidad de Gestión de Energía, Sorangel González.

 El hecho ocurrió el pasado 5 de octubre en las instalaciones de dicha unidad en la ciudad de Los Teques, capital del estado Miranda.

Denuncia ante Corpoelec

  El 5 de octubre de 2022, Sorangel Lisseth González Ávila, remitió una comunicación a Corpoelec y al Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica (MPPEE), para denunciar que en fecha 3 de octubre del referido año 2022, fue agredida “verbal, moral y físicamente” por la gerente estadal de Comercialización del estado Miranda, Gabrielina Hernández, hecho que habría ocurrido en el Centro de Servicio Barbecho, ubicado en la ciudad de Los Teques, específico.
  Narra González Ávila que en esa ocasión reclamó a Hernández, la manera cómo dictó una serie de órdenes al personal adscrito a las unidades de Instalaciones y Gestión de Energía, durante una reunión convocada con todo el personal adscrito a dichas dependencias. Refirió que la respuesta de Hernández a su reclamo fue el uso de palabras soeces y la advertencia de que ella (González Ávila) “tenía que ejecutar el trabajo que ella quisiera y cuando ella quisiera”, así como llamarla “sucia” y advertir al personal que “tengo órdenes de mis generales de botar a quien yo quiera y cuando yo quiera; es más, chica, estás botada, vete”, lo cual hizo “con gritos y manoteos”.

 Refiere que González Ávila que cuando decidió retirarse del lugar y para ello se dio vuelta, fue tomada por el pelo por Gabrielina Hernández y le propinó un “golpe en el rostro y varias patadas en el cuerpo”. Los trabajadores allí presentes debieron intervenir para separar a Hernández y evitar que prosiguiera en su acción violenta.

  Sorangel Lisseth González Ávila indica en la carta que la denuncia por agresión y lesiones la presentó ante la Fiscalía del Ministerio Público en su sede de Los Teques, estando identificada ésta con el serial PG-SIP-1510-10051-2022.

  González Ávila pidió a las autoridades de Corpoelec y el MPEE que se apliquen sanciones administrativas a Gabrielina Hernández en razón de que sus acciones no solamente física y moralmente, sino que también se constituyen como un “mensaje de autoritarismo y abuso de poder en contra de los trabajadores”.

  Recordó la denunciante que goza de estabilidad laboral de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la Ley de del estatuto de la Función Pública, el cual establece que “Los funcionarios o funcionarias públicos de carrera gozarán de estabilidad en el desempeño de sus cargos”. Precisó que ingresó a la Corpoelec en 2011, por lo que ya cuenta con 11 años de servicios.

  Asimismo, citó el artículo 79 del citado instrumento legislativo, que estipula que “Los funcionarios y funcionarias públicos responderán penal, civil, administrativa y disciplinariamente por los delitos, faltas, hechos ilícitos e irregularidades administrativas cometidas en el ejercicio de sus funciones”.

Acta

  Un acta levantada el 3 de octubre de 2022 recoge lo ocurrido en las instalaciones del comedor del Centro de Servicio El Barbecho, donde tuvo lugar una reunión extraordinaria convocada sin agenda prevista por la gerente general, Gabrielina Hernández, y en la que participaron trabajadores de varias unidades de la parte comercial de la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC).

  Indican los firmantes que al llegar a la reunión ya esta había comenzado y Hernández se encontraba “vejando y acusando de ladrones a dos (2) trabajadores de la unidad de Corte y Reconexión. Como sustento de sus afirmaciones, Hernández habría dicho que les “habían echado paja”, al tiempo que describió lo hechos” con “palabras no adecuadas” para una funcionaria de su rango. Denuncian que las acusaciones las formula Hernández sin derecho a la defensa por parte de los denunciados.

  En respuesta a las acusaciones de Hernández, intervienen varios trabajadores para manifestar su desacuerdo con el comentario de esta y para quejarse de las condiciones en que deben laborar, lo cual molestó a la gerente.

  Entonces que el acta hace mención a la intervención de Sorangel González, a quien de manera despectiva Gabrielina Hernández le pide identificarse, por lo que la primera informó que era analista de la unidad de Gestión de Energía.

  A partir de este punto citamos textualmente lo que se expresa en el acta:

“(…) ‘ah tú eres la que no quiere trabajar’, y ella [Sorangel González] responde que no se está negando a realizar su labor diaria, sino que hay procedimientos y normas para realizar cualquier tipo de cálculo, explica que los usuarios están siendo estimados más de lo que consumen mensualmente en cuanto a la energía eléctrica y así el ajuste no procede…”.

 La respuesta de la Gabriela Hernández fue: “las normas y procedimientos me los paso por el culo”.

 González le pidió a Hernández que le remitiera un correo electrónico con sus instrucciones para realizar los ajustes y la respuesta de la gerente fue “botarla”, pues no tenían nada más que hablar.

 En el acta, los trabajadores corroboran lo expuesto por González en la carta a Corpoelec que reseñamos líneas arriba y describen tanto el tono como el nivel de la agresión física proferida por Hernández a González.

  De allí en adelante, los trabajadores destacan que el haberle solicitado por escrito a Hernández las instrucciones de sus labores, se convirtió en la motivación de la agresión.

  Los trabajadores del Centro de Servicio El Barbecho de Corpoelec manifestaron su categórico rechazo a las agresiones verbales y físicas de la gerente general, Gabrielina Hernández, para con Sorangel González y exigieron erradicar la violencia laboral del seno de Corpoelec.


Pedido de examen médico legal

  El 3 de octubre de 2022, David Andrade, detective jefe director del Servicio de Investigación Penal del Instituto Autónomo de Policía Municipal de Guaicaipuro adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, envió una comunicación al director de Medicatura Forense (SENAMECF) de Los Teques, para solicitar que se le practicara un Examen Médico Legal (Físico) a Sorangel Lisseth González Ávila, quien figura como víctima de acuerdo a la actas procesales iniciadas por su despacho


jueves, 22 de septiembre de 2022

Javier Alvarado Ochoa: una vieja ficha del chavismo acusado por EE. UU. de desfalcar a PDVSA que adquiere nuevo protagonismo

  El antiguo titular de posiciones fundamentales en los despachos de energía y petróleo se presenta ante un tribunal de Estados Unidos como paladín de la lucha anticorrupción en Venezuela, en tanto los casos en los que está involucrado vuelven a resonar en los escenarios judiciales.

Por Maibort Petit

  Entretanto Javier Alvarado pide la desestimación de la acusación en su contra formulada por la Fiscalía del Distrito Sur de Texas ante el Tribunal homónimo y para ello alega que la misma presenta inconsistencias y califica de ser fatalmente defectuosa en comparación con la causa que se desarrolla en los juzgados de España —donde reside—, por el otro deja sentado que en este último proceso, en el que Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) figura como acusadora, habría retenido documentación fundamental y, peor aún, falsa.

 Javier Alvarado, quien se desempeñó en varios cargos de la administración pública venezolana, tanto en Bariven-PDVSA, como en el Ministerio de Electricidad, Corpoelec, Electricidad de Caracas, entre otros, es acusado de delitos de lavado de dinero en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas-División de Houston, junto Nervis G. Villalobos-Cárdenas, Alejandro Istúriz Chiesa, Rafael E. Reiter-Muñoz, Daisy T. Rafoi-Bleuler y Paulo JDC Casqueiro-Murta.

Lucha contra la corrupción

  Alvarado acusa contradicciones que para él son fundamentales, puesto que en tanto el gobierno lo señala conspirar junto a Roberto Rincón y Abraham Shiera para lavar dinero proveniente de la asignación de contratos irregulares con PDVSA, habiendo supuestamente favorecido a estos contratistas cuando se desempeñaba como presidente de Bariven, la filial de la PDVSA encargada de las compras internacionales, él sostiene que, por el contrario, denunció la corrupción de estos durante su gestión.

  Respecto a la documentación cuya autenticidad ahora se pone en entredicho, Alvarado refiere en su moción que en España como en Estados Unidos, hizo entrega de los mismos papeles.

  De acuerdo a lo expuesto por Alvarado en la moción, luego de que el juez español ordenara a PDVSA entregar todos los documentos que fundamentan su denuncia, esta presentó solamente registros parciales de las contrataciones entre la estatal y las empresas de Rincón y Shiera, los cuales ninguno requería la aprobación del Comité de Operaciones y/o la junta directiva de PDVSA. En pocas palabras, Alvarado acusó a PDVSA de retener dichos documentos.

  Según él, el gobierno no entregó ni una sola factura que sirva para evidenciar que aprobó pagos irregulares a las empresas de Rincón y Shiera. Es mas, Alvarado asegura en la moción que lejos de ser un corrupto, combatió este flagelo desde su posición en los cargos que ejerció.

  En este último sentido, sostiene que produjo una serie de informes donde denunció que las adjudicaciones a Rincón, Shiera y sus empresas contemplaban sobreprecios del 76,26 por ciento, gracias a la gestión irregular de César Rincón. Ante las irregularidades detectadas, dice, solicitó auditorías de los contratos otorgados a las empresas de los citados contratistas.

Colaborador de los EE. UU.

  Para completar su presentación como agente anticorrupción, Javier Alvarado asegura en la moción que fue colaborador del gobierno de los EE. UU. cuando se desempeñaba en PDVSA y suministró información a la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela, relacionada con la corrupción interna de la petrolera.

  Asegura que entre 2010 y 2015 entregó a la embajada información y documentos relacionados con el Ministerio de Electricidad, Corpoelec, PDVSA, Bariven, en respuesta al pedido del Consejero de Asuntos Económicos de la sede diplomática estadounidense, Richard T. Yoneoka.

  Pero no sólo eso, sino que tiempo después proporcionó documentos al Departamento de Justicia y a los fiscales del Distrito Sur de Nueva y del Distrito Sur de Texas con registros de la corrupción vinculada a las empresas Rincón y Shiera.

Fortuna inexplicable

  Pero en tanto, Alvarado asevera que combatió la corrupción en su gestión como funcionario público en Venezuela, otros procesos judiciales, como el que se desarrolla en Andorra lo señalan de formar parte de una compleja trama en la que empresas de maletín que le permitió hacerse de lujosas propiedades en Colombia, España y los Estados Unidos. En l primero de estos países, específicamente en Cartagena de Indias, compró el 70 por ciento de las acciones del hotel Anandá. En estas operaciones irregulares, Alvarado habría actuado con su pareja, Cecirée Carolina Casanova Rangel[1].

  Los casos en España y Andorra

  Lo cierto es que los casos judiciales en contra de Alvarado indican que supuestamente habría desviado USD 15 millones de PDVSA que destinó a todas estas inversiones. El proceso de Andorra lo hace participe de una trama que defraudó 2.000 millones de euros a PDVSA.

  El proceso en Madrid del que habla en la moción, se lleva a cabo en la Sala Penal de la Audiencia Nacional, la cual negó su extradición a Estados Unidos donde la Corte de Texas lo solicitaba por el caso al que hemos venido haciendo referencia. Había sido arrestado en 2019 por el reclamo del tribunal estadounidense, pero en razón de que en España enfrenta la misma causa, se negó la petición de llevarlo a suelo de EE. UU. Desde 2017, también la justicia española lo investiga por el supuesto cobro de coimas a la empresa Duro Felguera[2].

Con los bolichicos

  Nuestra fuente también lo relaciona con la crisis eléctrica desatada a raíz del desfalco que supuso la contratación de Derwick, la empresa de Alejandro Betancourt y el grupo conocido como los “Bolichicos”. Una trama de corrupción que dejó a Venezuela a oscuras mientras la empresa se hizo de millones de dólares por la supuesta venta de plantas eléctricas que resultaron ser mera chatarra.

  Durante mucho tiempo el gobierno venezolano protegió a Betancourt y el resto de los bolichicos, pero en febrero de 2020, el entonces ministro de información del régimen de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, lo acusó que financiar a Juan Guaidó y al partido Voluntad Popular. Entonces lo que hasta la fecha había sido negado, se admitió cuando el alto funcionario chavista dijo que Betancourt negociaba irregularmente con Rafael Ramírez[3].

   Terminaba el romance de Ramírez con el chavismo y se iniciaba una batalla de acusaciones mutuas de hechos irregulares es robo al erario público venezolano. Curiosamente, el expresidente de PDVSA, exministro petrolero y de energía que a capa y espada había defendido el gobierno y todas las instancias del poder, ahora era el responsable toda la corrupción habida en el chavismo. De hecho. El Tribunal Supremo de Justicia declaró nula una investigación de la Asamblea Nacional en manos de la oposición que acusaba a Rafael Ramírez de una mega robo a PDVSA en su gestión. La sentencia Número 893 del 25 de octubre de 2016 admitió un recurso de nulidad interpuesto por Ramírez contra la investigación que la Comisión de Contraloría desarrolló en 2016[4].

  Tareck El Aissami, actual ministro de petróleo revivió el asunto el 30 de agosto de 2022, cuando le solicitó al fiscal Tarek Saab investigar las irregularidades administrativas presuntamente cometidas por el exzar petrolero entre 2004 y 2014[5]. Nuestra fuente refiere que debe haberse producido un incidente sumamente grave entre las cúpulas del poder chavista para que ahora resurjan estos casos.

  En esta órbita de acusaciones gravita el nombre de Javier Alvarado, quien de acuerdo a nuestro informante mantiene una vieja rencilla con Silvestre Molero, por lo que es de esperar siga resonando en la medida en que vayan destapándose casos otrora silenciados por el régimen chavista. La rivalidad y la lucha de facciones, al parecer, servirá para aclarar el conjunto de acusaciones de unos y otros en esta trama que, según todo deja ver, pareciera que todos tienen razón.

[1] Armando.Info. “Los dineros negros de Andorra se lavan en el Caribe”. 1 de diciembre de 2021. https://armando.info/los-dineros-negros-de-andorra-se-lavan-en-el-caribe/

[2] El País. “El gran botín del exviceministro chavista Alvarado”. 28 de enero de 2021. https://elpais.com/internacional/2021-01-28/el-gran-botin-del-exviceministro-chavista-alvarado.html?event_log=oklogin

[3] Efecto Cocuyo. “Jorge Rodríguez acusa a diputados Adrián y Florido de recibir favores de Alejandro Betancourt”. 15 de febrero de 2020. https://efectococuyo.com/politica/jorge-rodriguez-acusa-a-diputados-adrian-y-florido-de-recibir-favores-de-alejandro-betancourt/

[4] Acceso a la Justicia. “Se admite acción de nulidad contra investigación de la AN sobre PDVSA”. 25 de octubre de 2016. https://accesoalajusticia.org/se-admite-accion-de-nulidad-contra-investigacion-de-la-an-sobre-pdvsa/

[5] El Diario. “¿El TSJ declaró nula la investigación de corrupción de la AN de mayoría opositora contra Rafael Ramírez en 2016?”. 31 de agosto de 2022. https://eldiario.com/2022/08/31/el-tsj-declaro-nula-la-investigacion-de-la-an-de-mayoria-opositora-contra-rafael-ramirez/

martes, 20 de septiembre de 2022

Álex Saab pide al juez permitir el testimonio por videoconferencia de varios testigos venezolanos desde el Hotel Cayena en Caracas

  La defensa sostiene que Estados Unidos no ha ofrecido salvoconducto a ninguno de los testigos venezolanos que Saab ha presentado para probar  que testifiquen en el juicio de su supuesta inmunidad diplomática.

Por Maibort Petit

   Alex Nain Saab Morán solicitó ante el tribunal de Miami permitir  el testimonio por videoconferencia (Zoom) de testigos ubicados en Venezuela, identificando a “VZ Witness 1” y “VZ Witness 2”, quienes tienen conocimiento personal sobre el estado del acusado como enviado especial de Venezuela a Irán. Dichos testimonios podrían presentarse en el Hotel Cayena de Caracas donde hay buena conexión a Internet.

  La moción de la defensa de Saab también solicita permiso para presentar "el testimonio de otros venezolanos adicionales, e incluso para contrarrestar las afirmaciones hechas en el escrito de oposición del gobierno, con vencimiento el 7 de noviembre de 2022". 

  Saab acusado por el gobierno de Estados Unidos de delitos de lavado de dinero y de ser el supuesto testaferro del Nicolás Maduro propuso ante el juez que para garantizar la integridad del testimonio se pueden diseñar modelos de salvaguardia.

  La defensa criticó a los fiscales por el cambio de sus argumentos. Primero dijeron que "el testimonio de testigos extranjeros debe obtenerse mediante una declaración previa al juicio", y luego el gobierno abandonó esa posición al no responder al argumento de que el testimonio de videoconferencia en vivo es "el único método apropiado y significativamente efectivo para presentar el testimonio de VZ Witness 1 y VZ Witness 2 y cualquier testigo adicional. . . .”.

  Señalaron que "el resultado neto es que el gobierno ahora se opone a cualquier esfuerzo para obtener el testimonio de VZ Witness 1 o VZ Witness 2, que no sea (presuntamente) testimonio en persona".

    En el documento, los abogados de Saab contradicen a los fiscales por no cuestionar que el testimonio de los Testigos 1 y 2 de VZ "sea material para la defensa afirmativa de la inmunidad diplomática en tránsito, o que dicha evidencia deba permitirse bajo la Cláusula del Debido Proceso de la Quinta Enmienda y la Cláusula del Proceso Obligatorio de la Sexta Enmienda". 

   Asimismo, sostiene que los fiscales no ofrecen medios razonables para obtener el testimonio en persona de estos testigos, y no refuta la existencia de dos obstáculos cruciales: 

(1) los venezolanos ni siquiera pueden obtener una entrevista para una visa estadounidense ( mucho menos la visa en sí) hasta fines de 2024, demasiado tarde para la audiencia previa al juicio sobre inmunidad diplomática; y 

(2) tanto VZ Witness 1 como VZ Witness 2 (y probablemente otros venezolanos) no son elegibles para ingresar a los EE. UU. porque ninguno ha recibido una vacuna COVID aprobada por los CDC. "En consecuencia, el respeto por los derechos constitucionales del Demandado requiere que se conceda la presente moción".

  En el documento, la defensa asegura que Saab “no propone el lugar del testimonio, quién estaría presente en ese lugar durante el testimonio para garantizar que no haya una influencia indebida o entrenamiento de los testigos , o cómo se puede asegurar a la Corte que los testigos están brindando su testimonio voluntariamente y por su propia voluntad”. 

  Estas preocupaciones se pueden abordar con medidas razonables. El demandado propone salvaguardias para garantizar la integridad del procedimiento. En primer lugar, el testimonio se llevará a cabo en Caracas, Venezuela, en una habitación del Hotel Cayena que es un lugar seguro con buena conexión a Internet. 

 En segundo lugar, el testimonio se llevará a cabo a través de Zoom, un sitio familiar y seguro. La plataforma de videoconferencia Zoom se ha utilizado para numerosas audiencias judiciales y conferencias durante la pandemia de COVID-19. 

  En tercer lugar, los testigos prestarán juramento, bajo pena de perjurio, por el personal del tribunal de los EE. UU., tal como lo haría para el testimonio en persona. 

   En cuarto lugar, las únicas personas que estarán presentes durante el testimonio de cada testigo serán el propio testigo y una persona neutral adicional, que ayudará con las cámaras y cualquier otro problema tecnológico que pueda surgir. 

  En quinto lugar, se utilizarán dos cámaras (cuentas de Zoom) en la sala donde se realiza el testimonio: una cámara enfocará al testigo y la otra brindará una vista de la sala, para garantizar que no haya otras personas presentes que puedan influir en el testigo durante el testimonio. 

  Cada parte y el juez tendrán computadoras portátiles/computadoras en las que aparecerán, iniciando sesión en sus propias cuentas de Zoom. 

   Sexto, la identidad de los testigos se puede verificar requiriendo que los testigos muestren una identificación oficial venezolana (por ejemplo, pasaporte) sobre la cámara. 

  Séptimo, como discutió este Tribunal con Silvia Zetterstrand de la oficina del intérprete judicial durante la conferencia de estado del 15 de julio de 2022, un intérprete “se conectaría de forma remota en Zoom”, lo cual es factible en base a la experiencia previa del Tribunal de haber “tenido audiencias antes donde el acusado está en la sala del tribunal que necesita los servicios de un intérprete, y el testigo en el extranjero que ha testificado por Zoom, usando un intérprete.

 Alternativamente, la defensa de Saab está explorando la posibilidad de utilizar un espacio en la embajada de un tercer país en Caracas con el que tanto Venezuela como los Estados Unidos han establecido relaciones diplomáticas.

 Octavo, el taquígrafo judicial estará presente en Miami como de costumbre. 

   Noveno, si se usan pruebas, se le mostrarán al testigo a través de una pantalla compartida en Zoom y también habrá copias impresas en la sala del tribunal para que el juez y las partes las examinen.

  Cuando los fiscales se opusieron a esta modalidad, citaron la jurisprudencias que basó su argumento sobre garantías insuficientes pero, la defensa dice que solo dos casos mencionados rechazan la solicitud de un acusado de obtener el testimonio de testigos por videoconferencia: 

(1) Estados Unidos v. Banki, 2010 WL 1063453 (S.D.N.Y. 23 de marzo de 2010); y  (2) Estados Unidos v. Buck, 271 F. Supp. 3d 619 (SDNY 2017). Ambos casos son fácilmente distinguibles.

   El caso de Banki se decidió en 2010, hace más de doce años, cuando el uso de la tecnología de videoconferencia era mucho menos aceptado y ubicuo. 

  La defensa sostiene que "desde la pandemia de COVID-19, los tribunales se han vuelto mucho más familiares y cómodos con el testimonio por videoconferencia. Más fundamentalmente, el acusado en Banki (a diferencia de aquí) no hizo ningún argumento con respecto (y el tribunal nunca abordó) los derechos de la Quinta y Sexta Enmienda del acusado a presentar testigos materiales favorables. 

  El segundo caso argumentado, Estados Unidos v. Buck, concluyó que el acusado no había presentado pruebas de la indisponibilidad de los testigos suizos ni de la materialidad de su testimonio, que era acumulativo de otras pruebas. 

 En Buck, por el contrario, el gobierno no ha cuestionado ni la indisponibilidad ni la materialidad, y cita a Buck solo para los dictados que expresan preocupaciones sobre la falta de extradición de Suiza, dictamen que se basó en Banki. 

  Afirma que en el caso Banki, la falta de un tratado de extradición no elimina la posibilidad de enjuiciamiento por perjurio ni hace que un juramento administrado por un tribunal de EE. UU. sea “un considerando vacío”. 

 Refiriéndose a ello, Saab propone usar el mismo juramento administrado a todos los testigos de la corte de EE. UU., que invoca la sanción de perjurio bajo la ley de EE. UU., no el juramento de otro país. 

  Saab argumentan que "la política de extradición de Venezuela no impide el enjuiciamiento por perjurio en Estados Unidos. Si un testigo venezolano (que testifica por videoconferencia) comete perjurio y posteriormente viaja a (o pasa por) un país que permite la extradición, él/ella puede ser detenido a través de una notificación de INTERPOL y extraditado a los EE. UU. Por lo tanto, la propuesta la administración de un juramento estadounidense, respaldada por la posibilidad de un enjuiciamiento por perjurio, brinda amplios indicios de solemnidad y confiabilidad para garantizar la integridad de los procedimientos".

  Más fundamentalmente, tanto Banki como Buck abordaron la idoneidad del testimonio por videoconferencia durante un juicio. La presente moción, por el contrario, busca utilizar el testimonio por videoconferencia en una audiencia probatoria previa al juicio sobre inmunidad diplomática.

   Acotan que "el Tribunal es el juzgador de hechos para esta audiencia preliminar y con base en los hechos aducidos, llegará a un acuerdo legal".

   Los abogados de Saab señalan que los venezolanos que buscan ingresar a los EE. UU. deben presentar una solicitud en la embajada de los EE. UU. en Bogotá, Colombia porque los EE. UU. han suspendido el funcionamiento de la embajada de los EE. UU. en Caracas, Venezuela. 

  Adicionalmente, se solicita que las personas hayan recibido una vacuna COVID-19 para su ingreso por los Centros para el Control de Enfermedades ("CDC") de EE. UU. 'No hay evidencia de que se puedan obtener visas estadounidenses antes de la audiencia previa al juicio".

   Según Saab, el Testigo 1 de VZ solicitó una visa estadounidense, pero se le dio una cita y una fecha para la entrevista para finales de 2024 (demasiado tarde para la audiencia previa al juicio). 

  Por su parte, el testigo 2 de VZ no ha solicitado una visa estadounidense, "hacerlo sería inútil, ya que la embajada de los EE. UU. en Bogotá en el curso normal otorga citas y entrevistas secuencialmente, en el orden en que se reciben".

  Advierten que el Departamento de Estado es responsable de la emisión de visas estadounidenses, "no el Departamento de Justicia", y en sentido los abogados informaron que el 20 de junio de 2022, la defensa envió por correo electrónico al gobierno los nombres y cargos de los cinco posibles testigos venezolanos y los fiscales dijeron que los dos testigos mencionado no formaban parte de esa lista inicial. 

   Luego mencionan una serie de diligencias hechas por la defensa ante los fiscales para obtener las visas, de lo cual supuestamente han pasado tres meses sin que se haya logrado una respuesta del gobierno para que los testigos puedan obtener una visa de EE.UU. a tiene la audiencia previa al juicio.

   Sostiene además que los dos testigos recibieron la vacuna rusa, Sputnik, que no está en la lista de vacunas aprobadas por los CDC de Estados Unidos. 

  Los fiscales objetaron en su moción que a Estados Unidos nunca se le ha proporcionado ninguna documentación que verifique el estado de vacunación contra el COVID-19 de ningún testigo potencial para la audiencia probatoria”. 

  La defensa respondió que "el gobierno seguramente sabe, no tiene derecho a la producción previa al juicio de los registros médicos privados de testigos de terceros". 

  El tribunal del Distrito Sur de la Florida fijó la audiencia previa al juicio sobre inmunidad diplomática del caso de Álex Saab para el 12 de diciembre de 2022. 

    Debido a la imposibilidad de conseguir las visas y de resolver el problema de las vacunas, Saab solicitó al juez Robert Scola permitir el testimonio por videoconferencia en vivo de cualquier testigo de la Defensa ubicado en Venezuela, incluidos el Testigo 1 de VZ y el Testigo 2 de VZ. 

  Para cualquier testigo de la Defensa adicional ubicado en Venezuela, incluida la refutación necesaria por parte del gobierno escrito de oposición a la inmunidad diplomática (que vence el 7 de noviembre de 2022), Saab proporcionará a la Corte y al gobierno los nombres y la esencia general anticipada del testimonio de dichos testigos al mismo tiempo que vence el escrito de respuesta del Demandado (14 de noviembre de 2022). 


lunes, 19 de septiembre de 2022

Bancor quiere mantener fuera del escrutinio público la demanda que entabló contra banco en Miami controlado por el régimen de Maduro

 Presentarán una nueva versión de la demanda que contiene información que debe permanecer en la reserva.

Por Maibort Petit

   El impacto que tuvo la noticia de que el régimen de Nicolás Maduro mantiene el control de un banco dentro del propio sistema financiero de los Estados Unidos habría sido de tal magnitud que los demandantes de la consabida institución de Miami, el Eastern National Bank NA, los accionistas minoritarios del mismo, a saber, Bancor Group Inc. y Stitching Particulier Fonds Franeker, presentaron ante el Tribunal para el Distrito de Florida donde se ventila el caso, una moción acelerada para sellar la denuncia.

  Recientemente se conoció que, pese a las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos al régimen venezolano, este a través de un complejo de empresas interpuestas bajo su control, maneja al Eastern National Bank, cuya sede principal se encuentra en el condado de Miami-Dade, Florida. El 99 por ciento de las acciones de la entidad pertenecen a Mercop N.V., una empresa registrada en Curazao que, a su vez, es manejada por Corpofín C.A., una sociedad mercantil que desde 1990 está intervenida por el estado venezolano. El restante 1 por ciento de las acciones del Eastern es propiedad de Bancor Group Inc. y de Stitching Particulier Fonds Franeker, los demandantes.

 La acción judicial, iniciada el 23 de enero de 2021, acusa que los directivos del banco, Gabina Rodríguez, Louis Ferreira, César Gómez Valero, Keith Parker, Carlos Rodríguez y Gustavo Macías —especialmente la primera— abrieron una cuenta al Banco de Venezuela desatendiendo las recomendaciones de la Oficina del Contralor de la Moneda de los Estados Unidos (OCC), que advirtió acerca de los riesgos de tal apertura[1].

 Bancor en venezuela fue uno de los bancos que sucumbió durante la crisis financiera ocurrida en la segunda administración de Rafael Caldera, sin embargo, esto no le impidió seguir operando en EE. UU. a través de las acciones del Eastern National Bank. La agencia del gobierno de Venezuela que maneja a Corpofin, no es otra que el Fondo de Garantía de Depósitos (Fogade).

 Gabina Marina Rodríguez Balza fue designada Administradora de las sociedades mercantiles intervenidas el 21 de septiembre de 2017, de acuerdo a la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 41.241[2].

 Las consecuencias de tal desatención a las observaciones de la OCC contenidas en dos Órdenes de Consentimientos emitidas en 2018 y 2020, en las cuales se alertó sobre las deficiencias en las prácticas del banco, entre las que destacaban las referidas al lavado de dinero y la Ley de Secreto Bancario con relación a la cuenta del Banco de Venezuela, se han hecho sentir.

 En específico, la Orden de Consentimiento 2020 estableció que el Eastern National Bank no cumplió con el mandato de la OCC el 25 de octubre de 2018, por tanto lo declaraba en violación al encontrarse que había incurrido en nuevas prácticas inseguras y poco sólidas.

 La nueva orden, por tanto, abordaba las nuevas infracciones, las cuales adicionaba a las ya continuas prácticas inseguras encontradas en 2018.

  Entre otras directrices, la OCC mandó a que la directiva del Eastern se incorporaran al menos dos directores externos independientes con la advertencia de que estos no podían ser miembros, empleados,  funcionarios o afiliados del banco, como tampoco personas con información privilegiada de una subsidiaria o afiliada del  Eastern National Bank.


  Ahora se requiere llevar a cabo la inspección de libros y registros del Eastern National Bank NA a objeto de constatar el incumplimiento de la entidad a sus obligaciones de cara a las referidas Órdenes de Consentimiento de la OCC. Pero antes de que esta tarea tenga lugar, los demandantes, Bancor Group Inc. y Stitching Particulier Fonds Franeker, han solicitado a la Corte que se emita una Orden para sellar la demanda por ellos presentada y, entonces, proceder a entregar una nueva versión de la misma.

 De acuerdo a lo que los demandantes explican en la moción de sellado, la versión de demanda que presentarán ante el tribunal, contiene información relacionada con la investigación que la Oficina del Contralor de la Moneda de los Estados Unidos (OCC), la cual, por exigencia del organismo, debe mantenerse en secreto.

 Por ello, Bancor y Stitching piden a la Corte sellar la demanda para que ellos puedan proceder a presentar la nueva versión de la misma. Igualmente solicitaron que la duración del sellado sea durante todo el litigio, de tal manera que la información de la OCC permanezca confidencial.

Referencias

[1] Venezuela Política. “Eastern National Bank: El banco mayamero que supuestamente salvó a Nicolás Maduro”. 15 de agosto de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/08/eastern-national-bank-el-banco-mayamero.html

[2] Legis. Sumario Gaceta Oficial del 21 de Septiembre de 2017. http://www.legis.com.ve/BancoConocimiento/S/sumario_gaceta_oficial_del_21_de_septiembre_de_2017/sumario_gaceta_oficial_del_21_de_septiembre_de_2017.asp?Miga=1&Id_Magazin=43&Id_subseccion=82

NY: Cambian fecha del juicio por narcotráfico del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández para abril de 2023

  El voluminoso descubrimiento obliga a la Corte del Distrito Sur de Nueva York al cambio del cronograma del proceso que amenaza con convertirse en un caso polémico por el apoyo que le dio Estados Unidos, al ahora acusado, cuando éste era jefe de Estado.

Por Maibort Petit

  Un juez de Distrito de Nueva York aprobó posponer el inicio del juicio con jurado del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández  para el 24 de abril de 2023, debido a que las partes, la fiscalía y la defensa, pidieron más tiempo para preparar el caso por supuestos  delitos de narcotráfico del ex-mandatario centroamericano.

  De acuerdo al fallo del tribunal, firmado por el magistrado Kevin Castel la prórroga responde a un acuerdo de las partes que argumentaron no estar listos para que el proceso contra el exjefe de Estado que se preveía comenzar el 17 de enero de 2023. 

  Castel dijo que era necesario más tiempo para que las partes puedan prepararse para el juicio. Asimismo, la audiencia que se tenía prevista para el 28 de septiembre de 2022, fue cambiada para el 27 de octubre, según los documentos judiciales.

  En 2021, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, encabezado por el fiscal, Damian Williams, presentó la acusación formal dictada por un Gran Jurado en contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, también conocido como “JOH”, la cual comprende tres cargos.

   Conspiración de importación de cocaína, es el primero de los cargos, el cual establece que Hernández es un exmiembro del Congreso de Honduras y expresidente de la referida nación centroamericana, quien entre 2004 y 2022 participó en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Por ello JOH habría recibido millones de dólares de parte de múltiples organizaciones de narcotraficantes en Honduras, México y otros lugares, entre ellos, el exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo".

  Se indica en la acusación que Juan Orlando Hernández habría usado las ganancias del narcotráfico para enriquecerse, financiar sus campañas políticas y cometer fraude electoral, específicamente en los comicios presidenciales de Honduras de 2013 y 2017. A cambio, JOH protegió a los narcotraficantes, incluido su hermano y ex-diputado del Congreso Nacional de Honduras, Juan Antonio Hernández Alvarado, alias "Tony Hernández".

 Juan Orlando Hernández facilitó información delicada a los traficantes de drogas relativa a las fuerzas del orden público y militares, ayudándolos de este modo en sus actividades delictivas. También dispuso que miembros de la Policía Nacional y militares de Honduras protegieran cargamentos de droga en ese país, al tiempo que permitió una violencia brutal sin consecuencias.

  Sostiene la acusación que JOH abusó de su posición como presidente de Honduras para operar el país como un narcoestado, esto con el fin de enriquecerse, obtener y mantener el poder de manera corrupta. Asimismo, corrompió las instituciones legítimas de Honduras y al tiempo que se presentaba públicamente como un aliado de los Estados Unidos, contribuía con sus cómplices a que su país se convirtiera en uno de los puntos de transbordo más grandes del mundo para la cocaína destinada a los Estados Unidos.

Los medios de la conspiración

  Al explicar los medios y métodos utilizados por JOH para la presunta comisión de la Conspiración de narcotráfico, la acusación explica que desde 2004, varias organizaciones de narcotraficantes en Honduras y otros lugares trabajaron juntas para recibir varias toneladas de cocaína enviadas a Honduras desde Colombia y Venezuela, a través de rutas marítimas y aéreas. Los envíos marítimos se enviaron hacia el norte desde la costa de Venezuela utilizando lanchas rápidas, barcos de pesca y portacontenedores, mientras los envíos aéreos a menudo se enviaban desde pistas de aterrizaje clandestinas, generalmente hechas de tierra o hierba, en Colombia y Venezuela, y se recibían en pistas de aterrizaje clandestinas similares en Honduras. Desde Honduras, los narcotraficantes la transportaban hacia la frontera con Guatemala y, finalmente, a los EE. UU.

 Agrega que desde 2004, los miembros de la conspiración transportaron a través de Honduras más de 500.000 kilos de cocaína con destino a Estados Unidos, para lo cual los narcotraficantes consiguieron el apoyo, protección y participación directa de JOH y otros destacados funcionarios públicos hondureños. A estos, las organizaciones de narcotráfico les pagaron sobornos a cambio de que les proporcionaran protección contra investigaciones y el arresto.

  Hernández y otros destacados funcionarios públicos, supuestamente coordinaron con narcotraficantes en apoyo de la conspiración para transportar y distribuir estos grandes cargamentos de cocaína, al tiempo que hacía que otros brindaran seguridad fuertemente armada para proteger a los miembros de la conspiración y sus cargamentos de cocaína.

 JOH supuestamente interfirió con las investigaciones de narcotráfico, impidió la extradición a Estados Unidos de narcotraficantes; se enriqueció mientras el pueblo de Honduras soportaba condiciones de pobreza y violencia desenfrenada; y obtuvo y mantuvo el poder político a través de sobornos a otros, con ganancias del narcotráfico para asegurar su elección, incluso a través del fraude electoral.

Los hechos

  Juan Orlando Hernández, de acuerdo a la acusación, junto a otros miembros de la conspiración, en tiempos cuando se despeñaba como congresista y se postulaba a la reelección, en 2005, presuntamente aceptó USD 40.000 en ganancias del narcotráfico de Víctor Hugo Díaz Morales, alias "El Rojo", el exlíder de una organización de narcotraficantes con base en Honduras y Guatemala, cuyo soborno fue pagado a través de Juan Antonio Hernández Alvarado. A cambio, la organización de Díaz Morales recibió información y protección de la policía hondureña en las operaciones de transporte de grandes cantidades de cocaína con destino a Estados Unidos a través de Honduras y Guatemala.

  En 2009, JOH hizo campaña para convertirse en presidente del Congreso Nacional de Honduras, tiempo en el que Díaz Morales le entregó aproximadamente USD 100.000 en ganancias del narcotráfico y a cambio ofreció que funcionarios amigos del narcotraficante serían colocados en los principales puestos policiales y brindarían información que les permitiera contrarrestar sus actividades delictivas.

  Del mismo modo, refiere la acusación que entre 2004 y 2016, Díaz Morales recibió información confidencial a cambio de los sobornos pagados a JOH, sobre las actividades en contra del narcotráfico emprendidas por las fuerzas del orden público y el ejército en Honduras. En ese mismo período, Díaz Morales y Tony Hernández trabajaron para transportar a través de Honduras aproximadamente 140.000 kilogramos de cocaína con destino a los Estados Unidos.

Aparece en escena Porfirio Lobo

  La acusación refiere que, en 2009, Porfirio Lobo, aliado político de JOH, comenzó una campaña para convertirse en presidente de Honduras y, en ese tiempo, trabajaron juntos para obtener aproximadamente USD 2.000.000 en ganancias del narcotráfico de Amílcar Alexander Ardon Soriano, alias "Chande", un ex-narcotraficante hondureño y, por entonces, alcalde de El Paraíso en Honduras.

  Hernández y Lobo Sosa le prometieron a Ardón Soriano, protegerlo del arresto y extradición a los Estados Unidos, así como también nombrarían a un pariente y co-conspirador (CC-1) de Ardón Soriano en un puesto en el gobierno nacional hondureño.

  En noviembre de 2009, Porfirio Lobo Sosa fue elegido presidente de Honduras y en enero de 2010, JOH se convirtió en presidente del Congreso Nacional. Posteriormente, y a cambio del soborno de USD 2.000.000 antes mencionado de Ardón Soriano, JOH y Lobo designaron a CC-1 como jefe de una agencia del gobierno hondureño y le otorgaron contratos gubernamentales a través de compañías de fachada controladas por narcotraficantes.

   En enero de 2010, con JOH como presidente del Poder Legislativo hondureño, Tony Hernández y Ardón Soriano participaron en múltiples envíos de cocaína por mes, para lo cual utilizaron varios medios de transporte. Juan Antonio Hernández Alvarado y Ardón Soriano trabajaron juntos para transportar a través de Honduras más de 30.000 kilogramos de cocaína con destino a EE. UU. Para ello contaron con el apoyo de JOH y miembros de la Policía Nacional de Honduras.

  En 2012, JOH apoyó públicamente una enmienda a la Constitución de Honduras que autorizó la extradición de ciudadanos hondureños a los Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico. Sin embargo, durante reuniones privadas, JOH, Tony Hernández Alvarado y otros funcionarios públicos prominentes en Honduras, prometieron proteger a sus aliados del narcotráfico a cambio de grandes pagos de ganancias del narcotráfico y apoyo en las próximas elecciones.

  En 2013, JOH comenzó a hacer campaña para convertirse en presidente de Honduras y presuntamente habría aceptado USD 1.000.000 en ganancias del narcotráfico de Guzmán Loera que llegaron a sus manos a través de su hermano Tony Hernández Alvarado quien, para la época, trabajaba en coordinación con Ardón Soriano y otra organización narcotraficante liderada por Miguel Arnulfo Valle Valle y Luis Antonio Valle Valle para proporcionar al Cártel de Sinaloa cantidades masivas de cocaína y seguridad armada para el transporte de esos cargamentos a través de Honduras. JOH envió a Tony Hernández Alvarado y un asociado, armados con ametralladoras, a cobrar el millón de dólares de Guzmán Loera.

El Cártel de Sinaloa en Honduras

  La acusación explica que, en 2013, previo a las elecciones presidenciales, JOH ordenó a CC-1 y a otros que sobornaran a ciertos políticos y funcionarios electorales utilizando los fondos de la campaña financiados con las ganancias del narcotráfico. Esto con el objetivo de asegurar que Juan Orlando Hernández ganara las elecciones.

  En 2013 y 2014, cuando JOH fue elegido presidente de Honduras, como parte de su participación continua en la conspiración de tráfico de cocaína se asoció con Geovanny Fuentes Ramírez y este le proporcionó USD 25.000 a cambio de protección. JOH quería acceder a un laboratorio de cocaína controlado por Fuentes Ramírez debido a su proximidad a un puerto en Honduras y acordó con éste el uso de personal de las fuerzas armadas hondureñas como seguridad para sus actividades de narcotráfico. JOH instruyó a Fuentes Ramírez acerca de que Tony Hernández Alvarado estaba manejando actividades de narcotráfico en Honduras y que a él debía reportarle directamente.