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miércoles, 13 de octubre de 2021

Mafias 'cobra vacunas' que operan en el Mejorador de Crudo Petrocedeño

   Las contratistas que operan en la planta se verían obligadas a pagar las tarifas que se han establecido por cada etapa de los procesos y servicios que se tengan que llevar a cabo.

Por Maibort Petit
   Fuentes ligadas a la industria petrolera denunciaron a Venezuela Política una serie de irregularidades que tienen lugar en el Mejorador de crudo de Petrocedeño en un Programa de Recuperación de Activos de PDVSA, supuestamente protagonizado por un grupo de trabajadores de la planta a cuya cabeza se encuentra el ingeniero Pedro Márquez, un Planificador de Mantenimiento, pero actualmente está encargado de una de las superintendencias de mantenimiento. La denuncia sostiene que estas personas han instaurado un sistema de amenazas, extorsión y acoso laboral que amenaza con acabar con lo poco que a la fecha funciona en dicho complejo.
   Como se sabe, en abril del presente año 2021 se supo que PDVSA planeaba —de acuerdo a información que reveló Reuter— poner nuevamente en funcionamiento dos de los cuatro mejoradores de crudo que posee en Venezuela, con el objetivo de impulsar la producción del crudo extrapesado de la Faja del Orinoco.

  Dichos mejoradores —que convierten crudo extrapesado en variedades exportables— se encontraban fuera servicio desde 2019 debido a las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a la estatal petrolera, la cuales impiden vender el hidrocarburo a empresas estadounidenses, las cuales eran las principales compradoras de crudo mejorado. Ante esta situación, PDVSA procedió a comercializar una mezcla de crudo extrapesado del Orinoco con petróleo liviano o combustible, que le permitían formular variedades que coloca en Asia, los cuales se han convertido en su principal mercado. Debido a dificultades a la priorización de la inyección de crudos medianos y livianos a sus refinerías, se incrementó la escasez de petróleo para mezcla. De allí, la necesidad de reiniciar operaciones en dos de sus empresas mixtas: Petrocedeño con la francesa Total y la noruega Equinor; y Petromonagas con un consorcio de firmas rusas.
    En tal sentido, indicó la agencia noticiosa en aquel entonces, el “mejorador de Petrocedeño comenzó el protocolo de reinicio con la puesta en marcha de las calderas y servicios industriales, mientras que el mejorador de Petromonagas empezó a recircular unos 40.000 barriles, sin producción” para la fecha de la publicación[1].

   Sin embargo, es importante acotar que dichos mejoradores de crudo no se han visto paralizados únicamente por la aplicación de las sanciones estadunidense, pues una nota de la misma agencia Reuters refería en 2009 que el mejorador de crudo del proyecto Petrocedeño permanecía detenido por presentar fallas intermitentes, mientras el mejorador de Petroanzoátegui tenía desperfectos en sus calderas[2].

  El 31 de julio de 2021, Total Energies SE y Equinor ASA renunciaron a su participación en Petrocedeño. La primera de estas empresas transfirió el 30 por ciento de las acciones que poseía a PDVSA, bajo el argumento de “una alineación con esfuerzos para frenar su huella de carbono general”, recoge una nota de Bloomberg, que difundió lo expresado por Patrick Pouyanne, director ejecutivo de la compañía, quien aseguró que la decisión no estaba relacionada “con la situación política en Venezuela, ni con las sanciones”.

   La misma nota indicó que PDVSA sostuvo que Petrocedeño sería el “eje central” del desarrollo de la Faja Petrolífera del Orinoco a través de la transformación de hidrocarburos extrapesados[3].

  Al respecto, el portal especializado Argus informó que PDVSA procuraba integrar Petrocedeño a su ·degradado sistema de refinación” a través de cambios tecnológicos que motivaron la retirada de Total Energies y Equinor. Tal iniciativa, de acuerdo a expertos consultados por es una improvisación con la cual se corre el riesgo de provocar un accidente industrial. La nota igualmente acusa la errática política de nacionalización del finado expresidente Hugo Chávez como parte de la causa del proceso de deterioro de estas plantas en razón de la falta de mantenimiento e inversión[4].
    Es en medio de este panorama que se produce la denuncia que llega a nuestra mesa de redacción sobre el andar irregular de Márquez y su grupo, una red de amenaza y extorsión que, incluso, valiéndose, supuestamente, del personal de la Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral (DSI) para desalojar de las instalaciones a quienes no se les someten.

  Entre sus prácticas estaría el cobro de “vacuna” a las empresas contratistas que prestan servicio en el Mejorador de Crudo Petrocedeño, siendo el viernes de cada semana el día de cobro de dicha comisión. Refiere la fuente denunciante, que pedro Márquez y su “equipo”, ha establecido tarifas que deben cancelarse en cada etapa de los procesos, por ejemplo, cuando se trata de reparación de bombas, al momento del desmontaje de las mismas, deben cancelarse USD 150 e igual monto luego de reparada al momento del montaje. Igualmente, USD 150 es la cuota a pagar por el uso de las grúas que se usan en estos procesos de montaje y desmontaje. Las contratistas deben pagarle a Márquez también por el uso de equipos y repuestos que normalmente PDVSA debe disponer y entregar a las empresas para que le reparen los equipos en el tiempo más corto posible.

   Según las fuentes denunciantes, ya ni siquiera se molestan en guardar las formas, pues los cobros de las vacunas y cancelación de las mismas se hace a ojos vista y sin el menor recato. Al parecer, Pedro Márquez ha establecido una red de espías que le mantienen informado de las denuncias y accionar de las empresas contratistas.

REFERENCIAS

[1] Reuters. “Venezolana PDVSA planea reinicio de mejoradores de crudo mientras escasean diluyentes: documento”. 30 de abril de 2021. https://www.reuters.com/article/venezuela-petroleo-mejoradores-idLTAKBN2CH2I6



[2] Reuters. “Mejorador crudo pesado Petrocedeño en Venezuela sigue parado”. 7 de diciembre de 2009. https://www.reuters.com/article/petroleo-venezuela-faja-idARN079837320091207



[3] Bloomberg Línea. “¿Qué espera el gobierno de Maduro tras quedarse con el 100% de Petrocedeño?”. 31 de julio de 2021. https://www.bloomberglinea.com/2021/07/31/que-espera-el-gobierno-de-maduro-tras-quedarse-con-el-100-de-petrocedeno/



[4] Argus. “PdV seeks to integrate upgrader into refining system”. 30 de julio de 2021. https://www.argusmedia.com/en/news/2239942-pdv-seeks-to-integrate-upgrader-into-refining-system?backToResults=true

 

lunes, 4 de octubre de 2021

El Pollo Carvajal ¿mintió a la justicia española?, Eulogio Del Pino no firmó contrato alguno con Baltasar Garzón

   Las declaraciones de “El Pollo” Carvajal ante la Audiencia Nacional de España solamente estarían dirigidas a evitar su extradición a Estados Unidos donde son muchas las explicaciones que debe dar sobre lavado de dinero, narcotráfico y otras operaciones irregulares cometidas a la sombra del chavismo.
Por Maibort Petit
   Venezuela Política logró confirmar que Eulogio Del Pino, quien fuera presidente de Petróleos de Venezuela S.A. entre 2014 y 2017, así como ministro de Petróleo (2015-2017), no firmó —junto al comisario general de la empresa, Silvestre Molero— contrato alguno con el exjuez español, Baltasar Garzón, y su despacho de abogados Ilocad, para encargarse en la nación ibérica de una querella que PDVSA ventila en la Audiencia Nacional y cuyo precio habría sido de 8,8 millones de euros. Tal información corroboraría lo sostenido por el bufete de Garzón, que ha asegurado que el documento que Hugo Carvajal Barrios presentó al juez Manuel García Castellón como prueba de tal negociación, es totalmente falso y así lo demostrará.
   Carvajal Barrios, conocido como “El Pollo”, se encuentra en proceso de extradición de España a los Estados Unidos y en su afán de evitar tal hecho, se ha ofrecido para suministrar información y pruebas al tribunal con la pretendida intención de convertirse en testigo necesario de la justicia española que ofrezca datos sobre los contratos que el gobierno del expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero habría suscrito mantenido con el gobierno venezolano, así como también sobre los tratos del chavismo con el partido Podemos.

   Para que se diera el entendimiento entre Garzón y el régimen venezolano, habría sido determinante la recomendación que hiciera el despacho de abogados estadounidense Squire Patton Boggs, el mismo que en un principio se encargó de la defensa de los denominados narcosobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro.

El supuesto contrato

 “Para adelantar una acción legal, tanto civil como penal, el despacho de abogados Squire Patton Boggs, con quien PDVSA mantiene relaciones comerciales y específicamente el Dr. Alfredo Anzola, ha identificado en España el despacho Ilocad SL, ubicado en la ciudad de Madrid y perteneciente al prestigioso abogado Baltasar Garzón, con el cual el gobierno bolivariano de Venezuela y/o colaboradores cercanos a este han mantenido y mantienen relaciones contractuales, todas ellas con resultados positivos a la fecha”, refiere el portal Primer Informe[1].

   El documento que el exjefe de inteligencia del chavismo entregó al juez de la Audiencia Nacional plantea el trabajo de “coordinación” que el despacho Ilocad debía establecer con la Fiscalía General del Estado de España, instancia que en la cual en actualidad es titular Dolores Delgado, pareja de Garzón. Esta cláusula del contrato tendría un precio de 1,9 millones de euros.

  La revisión del caso plantea en sí mismo un problema, toda vez que la Fiscalía suele intervenir, pero la relación de la titular con una de las partes involucradas generaría un conflicto de intereses.

   OK Diario presenta una copia del supuesto contrato fechado el 15 de noviembre de 2016, en el que Silvestre Molero le refiere a Eulogio Del Pino que el “Comité de Auditoría de PDVSA, en su reunión Nº 07-2016 celebrada el pasado 29/07/2016, aprobó el Plan de Actividades de Auditoría Interna 2016/2017, sobre los casos de fraude en los procesos de procura de la corporación. Como asunto relevante en este caso, se encuentra el detectado en los EE. UU. A tal efecto, en diciembre de 2015, la Fiscalía del Distrito Sur de Texas, presentó acusación en contra de representantes de empresas proveedoras de PDVSA, por violaciones de leyes anticorrupción y contra el lavado de dinero, en relación con contratos de procura internacional celebrados con la filial Bariven S.A. durante el periodo 2009-2014”.

  OK Diario refiere que aun cuando el bufete de abogados de Garzón niega tener vínculos con PDVSA, sí admite haber sido contratado para encargarse del caso en el que se investiga el saqueo a la petrolera venezolana “por la firma americana Squire Patton Boggs”, toda vez que se trata de una firma que ha defendido los intereses de PDVSA y su filial Bariven a nivel mundial[2].

   El asunto es que tal documento, supuestamente firmado por Eulogio Del Pino y Silvestre Molero, sería forjado de acuerdo a las fuentes consultadas por Venezuela Política, una posición que corroborada por el diario español ABC. En primer término, el periódico subraya que el documento entregado por “El Pollo” Carvajal a la justicia española, nada tiene que ver con los contratos suscritos entre España y Venezuela durante la administración de José Luis Rodríguez Zapatero. Y es que el exespía del chavismo había prometido revelar las presuntas irregularidades cometidas en la gestión como canciller de Miguel Ángel Moratinos, como la venta de ocho fragatas en las que el gobierno chavista habría pagado comisiones, así como la adjudicación de un contrato por USD 2.000 millones a la empresa Duro Felguera para la construcción de una central térmica. Igualmente, sobre las supuestas irregularidades cometidas por el exembajador español en Venezuela, Raúl Modoro, en negociaciones con PDVSA. También aportaría datos sobre supuestas asesorías que Juan Carlos Monedero, cofundador del partido Podemos habría prestado a PDVSA, cuando no eran más que el financiamiento que, supuestamente, el régimen venezolano brindaba a la organización política socialista española[3].

Algunos términos del contrato

   Agrega la nota de OK Diario que fragmentos del supuesto contrato firmado entre PDVSA y el despacho de Baltasar Garzón, los cuales serían: “Comparecer ante juzgados, Audiencias, Autoridades, Magistratura, Fiscalía, Agencias Tributarias tanto de la Administración Central, Comunidades Autónomas y Provincias para instar, seguir y terminar toda clase de expedientes y juicios civiles, criminales, administrativos y de Hacienda. Entablar, contestar y dar seguimiento a demandas, litigios, acusaciones y defensas. Dirigir, recibir y contestar requerimientos y notificaciones e interponer apelaciones a que hubiere lugar. Validar, invalidar y cuestionar testigos y pruebas. Interponer y seguir recursos judiciales”.

   El precio del supuesto contrato de 8.835.000 euros estaría desglosado en 1.650.000 euros en “asistencia en la preparación y presentación del poder para litigios a otorgarse por las autoridades competentes de la República Bolivariana de Venezuela”. 2.105.000 euros en “preparación y presentación del documento de demanda o litigio ante las autoridades competentes de España”. 1.980.000 euros para la “coordinación con la Fiscalía y tribunales de España a fin de agilizar los trámites y avances del proceso judicial. Facturado según el avance de las diferentes comparecencias ante el tribunal de las personas acusadas”.

   Esta última cláusula supone un gran problema en razón del vínculo sentimental entre Baltasar Garzón y la hoy titular de la Fiscalía General del estado, Dolores Delgado.

La auditoría

   Nuestras fuentes sostienen que Del Pino ordenó la auditoría forense contratada para, luego, poder demandar a las empresas corruptas que habían desfalcado a PDVSA, entre ellas las pertenecientes a Alejandro Betancourt.

   Una información que coincide en parte con lo expuesto en una nota de Armando.info publicada recientemente que narra los supuestos manejos irregulares de tres contratistas del estado venezolano, a saber, Juan Francisco Clérico, Fedele Clérico Bertola y Valentín Bagarella Gleim. La información refiere que tres empresas de este último, Sade, SDV y Sadeven —Juan Francisco Clérico figura como director sin participación accionaria— llevaron a cabo trabajos de ingeniería civil en Venezuela. De las tres, SDV Energía e Infraestructura fue objeto de suspensión por parte de PDVSA en 2017. La orden provino de Eulogio Del Pino.

“A lo largo de los años, la fortuna de Bagarella ha crecido al igual que los negocios con el Estado venezolano, incluyendo los que tuvo con Petróleos de Venezuela (Pdvsa). En 2017, SDV Energía e Infraestructura fue suspendida por el expresidente de la estatal petrolera, Eulogio Del Pino, para cualquier contrato de servicios por un supuesto desfalco en la Faja del Orinoco. La irregularidad cometida por 10 contratistas y gerentes de Pdvsa entre 2010 y 2016, que involucró 200 millones de dólares, fue investigada por el Ministerio Público y hasta 2018 solo una había sido exculpada”, refiere Armando.info[4].

   Las fuentes de Venezuela Política agregaron que, evidentemente, Hugo Carvajal trata, a toda costa de evitar ser trasladado a los Estados Unidos donde se tiene conocimiento de sus relaciones con Roberto Rincón pues, no hay que olvidar que cuando estuvo a punto de ser extraditado desde Aruba en 2014, arribó a la isla caribeña en un avión propiedad de Roberto Rincón[5]. Son muchas las explicaciones que “El Pollo” Carvajal le debe a la justicia estadounidense sobre las operaciones de lavado de dinero del magnate y sus vinculaciones corruptas con PDVSA y el régimen venezolano[6], advirtió la fuente.

REFERENCIAS
[1] Primer Informe. “Revelan vinculación de narcosobrino al contrato de PDVSA con Baltasar Garzón”. 30 de septiembre de 2021. https://primerinforme.com/2021/09/30/revelan-vinculacion-de-narcosobrino-al-contrato-de-pdvsa-con-baltasar-garzon/

[2] OK Diario. “‘El Pollo’ Carvajal entregó ayer al juez las pruebas de los 8,8 millones que Venezuela pagó a Garzón”. 1 de octubre de 2021. https://okdiario.com/espana/pollo-carvajal-entrego-ayer-juez-pruebas-88-millones-que-venezuela-pago-garzon-7874879/amp?__twitter_impression=true

[3] ABC. “El Pollo dice poder probar tratos irregulares de la era Zapatero”. 30 de septiembre de 2021. https://www.abc.es/espana/abci-pollo-dice-poder-probar-tratos-irregulares-zapatero-202109300234_noticia.html

[4] Armando.info. “La ambición de estos venezolanos no cupo en un castillo de Toscana”. 21 de septiembre de 2021. https://armando.info/la-ambicion-de-estos-venezolanos-no-cupo-en-un-castillo-de-toscana/

[5] El Nuevo Herald. “Arrestan a magnate petrolero venezolano vinculado a Hugo Carvajal”. 21 de diciembre de 2015. https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article50712930.html

[6] Armando.info. “El magnate que viajaba en transporte público”. 22 de noviembre de 2014. https://armando.info/el-magnate-que-viajaba-en-transporte-publico/

 

martes, 29 de junio de 2021

Daniel Comoretto: El exgerente de PDVSA que facilitó negocios de asfalto a cambio de sobornos

    El exfuncionario estaría involucrado en otros casos de corrupción.

Por Maibort Petit

   La corrupción imperante en el sistema venezolano se manifiesta en todos los niveles y en todas las instancias. Desde los más altos cargos hasta posiciones medias son utilizadas como nichos para esquilmar el patrimonio público, siendo Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) una de las empresas estatales que ha servido como fondo para que muchos burócratas y funcionarios se enriquezcan con dinero públicos.
  Un ejemplo de esto último lo constituye Daniel Comoretto Gómez, exgerente comercial de la estatal petrolera que se vio involucrado en una trama corrupta en la que, junto a otros funcionarios y agentes de empresas privadas, obtuvo ganancias indebidas provenientes de sobornos que le canceló Sargeant Marine Inc. a cambio de la aprobación de contratos millonarios de suministro de asfalto con PDVSA.

  Comoretto Gómez fue arrestado el el 10 de septiembre de 2020 luego de una investigación emprendida por el FBI y las autoridades judiciales de Nueva York.
   Pero al indagar sobre el exfuncionario, es posible encontrar referencia a otros casos de corrupción en los que supuestamente estaría implicado. Por ejemplo, la cuenta “Corrupción al desnudo” en la red social Facebook del abogado dominicano, Rafael Antonio Guerrero, se hace mención a él en fecha 31 de diciembre de 2018, como “director de PDV Caribe en Haití, Venezolano, Casado, pasaporte No. 084534750, residente en Santo Domingo. Recibió junto a su esposa AL GHYS KARINA DE LOS RÍOS DELGADO, Venezolana, pasaporte No. 055918897, de manos de SANG MIN CHOI (SEMI CHOI), coreano, casado, cédula de Identidad personal No. 001-1267666-3 un lujoso apartamento en el exclusivo sector de Naco, valorado en USD$ 230,000; para favorecer a la empresa ESD Engineering & Services, SRL y/o a Sang Min Choi (Semi Choi) su presidente; con el otorgamiento de un contrato por más de 11 millones de dólares”.

Comoretto se declara culpable

   En el asunto que nos ocupa, Daniel Comoretto Gómez se declaró culpable ante el Tribunal para el Distrito Este de Nueva York de un cargo de conspiración para comprometer dinero en el lavado de dinero en el contexto de un esquema para aceptar sobornos a cambio de ayudar a las empresas de asfalto a obtener y retener negocios con PDVSA. Esto ocurrió el 27 de enero del presente año 2021

  Admitió que entre 2011 y 2015, él y otro segundo empleado de PDVSA, a saber, Héctor Núñez Troyano, recibieron sobornos de Sargeant Marine Inc. y otra empresa de asfalto anónima, a cambio de asistir a dichas compañías en su propósito de obtener contratos para la compra de asfalto a PDVSA.
   La confesión de Comoretto Gómez hace referencia a que las citadas empresas de asfalto pagaron a un agente externo de nombre, David Díaz, una comisión de aproximadamente 45 centavos por cada barril de asfalto comprado a PDVSA.  A su vez, Díaz destinó una parte de su comisión para sobornar a Comoretto, Núñez y otros no identificados. Los pagos eran ocultados mediante el envío de los fondos a empresas fantasma pertenecientes a Díaz y Núñez.

  Antes que Daniel Comoretto, se había declarado culpable la empresa Sargeant Marine, por conspiración para violar las disposiciones antisoborno de la FCPA. Sargeant Marine acordó pagar una multa penal de USD 16,6 millones[1].

  Desde septiembre de 2020, se encuentra en libertad bajo fianza, tal como lo revela una comunicación que su abogada defensora, Leticia M. Olivera, le formulara al juez Eric N. Vitaliano el 29 de abril de 2021.
  Olivera le refería al juez que formulaba el pedido de modificación de las condiciones de liberación de Daniel Comoretto, con consentimiento del gobierno y de los Servicios Previos al Juicio de EE. UU. Se pedía que se autorizara al acusado viajar dentro de Tennessee, Georgia y Alabama, en razón de vivir en Chattanooga, cerca de la frontera de Alabama y Georgia.

Los cargos

  El fiscal del Distrito Este de Nueva York, Seth D. Ducharme, y el jefe de la División Penal de la Sección de Fraude del departamento de Justicia, Daniel S. Kahn, presentaron ante el Tribunal para el Distrito Este de Nueva York, cargos contra Daniel Comoretto Gómez por Conspiración para cometer lavado de dinero.
   Para sustentar la acusación sobre lavado de dinero, de acuerdo a lo establecido en el Título 18 del Código de los Estados Unidos, Secciones 1956 (h) y 3551 et seq., entre 2011 y octubre de 2015, dentro del Distrito Este de Nueva York, así como en otros lugares, Daniel Comoretto Gómez , junto con otros, conspiró a sabiendas e intencionalmente para transportar, transmitir y transferir instrumentos monetarios y fondos en Estados Unidos desde un lugar fuera de este país con el objetivo de promover la realización de una o más actividades ilegales.

  Se indica que el acusado, sabiendo que el dinero era el producto de una actividad ilícita, ocultó y disfrazó su naturaleza, ubicación, fuente, propiedad, de acuerdo a lo estipulado en el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (B) (i) .
  Con respecto a la alegación de confusión penal, se informó al acusado de que Estados buscará el decomiso de sus propiedades, de conformidad con el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 982 (a) (1), cuando alguien resultare condenado por dicho delito.

  Se advierte que si alguna de las propiedades decomisadas no se puede localizar; ha sido transferida, vendida o depositado con un tercero; ha sido puesta fuera de la jurisdicción del tribunal; ha disminuido sustancialmente de valor; o se ha mezclado con otros bienes que no se pueden dividir sin dificultad; los Estados Unidos buscarán la confiscación de cualquier otra propiedad del demandado.

La admisión de Sargeant Marine

   Específicamente, el 20 de septiembre de 2020, Sargeant Marine Inc. reconoció ante las autoridades judiciales haber pagado sobornos a funcionarios de los gobiernos de Brasil, Ecuador y Venezuela, siendo en este último, Daniel Comoretto uno de estos. Su objetivo en este esquema de corrupción era la obtención de contratos estatales.
    La trama involucraría a un exoperador de petróleo de Vitol, con sede en Suiza, acusado de pagar USD 870.000 en sobornos a exfuncionarios ecuatorianos entre 2015 y 2020 a cambio de contratos de combustible. En la acusación no hay mención de Vitol, empresa que en 2015 compró la mitad de Sargeant Marine.

  De acuerdo a los fiscales del caso, Sargeant Marine y sus filiales pagaron sobornos entre 2010 y 2018 a cambio de contratos con petroleras estatales en los tres países sudamericanos, los cuales tenían gobiernos de izquierda en esa época. La compañía con sede en Boca Ratón, Florida, obtuvo más de USD 38 millones en ganancias por el pago de los sobornos.

  Daniel Sargeant exdirectivo de Sargeant Marine, se declaró culpable de asociación delictuosa para lavar dinero y de quebrantar la Ley de Estados Unidos sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), que prohíbe a las empresas estadounidenses realizar pagos a funcionarios extranjeros a cambio de obtener negocios.

  Se conoció que en la trama se utilizaron contratos de consultoría falsos y facturas ficticias para remunerar a los intermediarios[2].

REFERENCIAS

[1] Willkie Compliance. “Former PDVSA manager pleads guilty to money laundering conspiracy in connection with foreign bribery scheme”. 27 de enero de 2021. https://complianceconcourse.willkie.com/articles/news-alerts-2021-01-january-20210127-former-pdvsa-manager-pleads-guilty



[2] AP. “Firma de EEUU admite que pagó sobornos en Brasil y Venezuela”. 23 de septiembre de 2020. https://apnews.com/article/finanzas-02b7d467706f19f531f365f9a73a8e9e


martes, 11 de mayo de 2021

Dresser-Rand Company: no es cierto que sanciones impidieron a PDVSA pagar su deuda

  Sin lugar a dudas, asegura la empresa demandante, el caso se trata de un simple incumplimiento de contrato.

Por Maibort Petit

  No es verdad que Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) no pudo pagar su deuda con Dresser-Rand Company a causa de las sanciones impuestas por el gobierno de los estados Unidos a la petrolera estatal, por cuanto a la par de la Orden Ejecutivo que las impuso, por cuanto esta previó que las transacciones relacionada con la deuda venezolana emitidas antes del 25 de agosto de 2017 —caso del acuerdo de pagaré objeto de la demanda— continuaron siendo legalmente permitidas. Además, sostiene la demandante, el ejecutivo norteamericano también emitió la Licencia General 9 par permitía la subsanación de la deuda.
  Dresser-Rand Company demandó el 26 de febrero de 2019 a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), por incumplimiento de sus obligaciones al no honrar una deuda de USD 132.295.896,82 correspondientes a unos bonos que, la petrolera venezolana sostiene no haber podido cancelar en razón de las sanciones de que es objeto por parte del gobierno de los Estados Unidos.

  El acuerdo de Pagaré fue suscrito el 21 de enero de 2017 y el gobierno estadounidense emitió la Orden Ejecutiva 13808 el 25 de agosto del referido año y a raíz de esta decisión gubernamental, el Citibank implementó una política que restringió las de PDVSA y otras entidades relacionadas con el gobierno venezolano.

Lo que sostiene Dresser-Rand

  El 29 de marzo de 2021 Dresser-Rand Company presentó al juez Stanton, su resumen del juicio en el que anticipa cuestiones legales clave que estima surgirán en el juicio.

  En primer lugar, la demandante destaca que se trata de un simple caso de incumplimiento de contrato para cobrar más de USD 119 millones de deuda indiscutiblemente adeudada por PDVSA a Dresser-Rand R por un Acuerdo de pagaré de fecha 20 de enero de 2017.

  Dresser-Rand asegura que no fue imposible ni impracticable para PDVSA cumplir con sus obligaciones bajo el Acuerdo de Pagaré, primero, porque bajo la Orden Ejecutiva 13808, las transacciones relacionadas con la deuda venezolana emitidas antes del 25 de agosto de 2017, como el Pagaré y el Acuerdo de Pagaré, continuaron siendo legalmente permitidas.

  En segundo lugar, la demandante refiere que después de ser notificado de sus incumplimientos, PDVSA pudo haber subsanado su pago y no lo hizo. Esto lo dice a la luz de que gobierno de los EE. UU. emitió la Licencia General 9 al mismo tiempo que las sanciones de bloqueo del 28 de enero de 2019, lo que permitía a PDVSA subsanar su incumplimiento y reembolsar a la demandante los pagos adeudados.

  En tercer lugar, Dresser-Rand advierte que no existe evidencia creíble de una imposibilidad objetiva de que PDVSA realice pagos cuando sus obligaciones de pago restantes vencen en virtud del Pagaré.

 Igualmente, refiere que ofrecieron a PDVSA varias alternativas viables para facilitar el pago, pero no respondió a las comunicaciones y la demandante agotó todas las vías de ejecución.

  Dresser refiere que la Orden Ejecutiva 13808 establece en un lenguaje sencillo que prohíbe a "EE. UU. o personas sujetas a la jurisdicción de los EE. UU., participar en transacciones relacionadas con, proporcionar financiamiento o negociar de otra manera con nueva deuda, con un vencimiento de más de 90 días y emitida en nombre o en beneficio de PDVSA, su propiedad, o sus intereses en la propiedad".

  En tal sentido, el término “nueva deuda” se refiere a cualquier deuda emitida a partir del 25 de agosto de 2017. Por tanto, el Pagaré y el Acuerdo de Pagaré, celebrado el 20 de enero de 2017, no puede considerarse “deuda nueva” dentro del alcance de la orden ejecutiva.

  Asegura que PDVSA hace una lectura parcial y selectiva de las directrices publicadas por la OFAC en relación con la orden ejecutiva 13808.

  Al mismo tiempo sostiene que PDVSA podría haber tratado de obtener una licencia específica a través de la OFAC, como lo ayudó el propio bufete de abogados de su experto en otras situaciones crediticias, que le hubiera permitido cumplir con sus obligaciones de pago, pero no hay evidencia en el expediente de que así lo hubiera hecho.

 Agrega que Dresser ofreció a PDVSA varial alternativas viables para realizar el pago, pero estatal venezolana los ignoró.

Testimonio inadmisible de Baker

  Para Dresser-Rand Company, el informe pericial de John Barker que presentará PDVSA no es confiable y debe excluirse según la regla federal de prueba 702.

  Esto por cuanto el testigo propuesto ha actuado como abogado de PDVSA y esa es una razón por la cual los tribunales federales rechazan habitualmente su testimonio.

“Si bien el señor Barker no es abogado de PDVSA en este caso, su rol como abogado de PDVSA en otros asuntos relacionados excluye cualquier posibilidad de que él ofrezca opiniones objetivas y confiables a la Corte”.

Dresser presenta fechas para comparecencia

  El 29 de marzo de 2021, Jordan W. Siev, abogado de la firma Reed Smith LLP que representa a Dresser-Rand Company, empresa subsidiaria de la alemana Siemens AG con sede en Houston (Texas), le presentó al juez Louis L. Stanton, una orden previa al juicio consolidada, así como los respectivos escritos del proceso judicial de cada parte, los cuales tratan cuestiones de derecho controvertidas y cuestiones probatorias que pudieran surgir en el juicio.


   El abogado de la demandante le manifestó al magistrado, que en caso de que la Corte tuviera alguna pregunta o requiriera aclaraciones adicionales sobre cualquiera de las cuestiones tratadas en las presentaciones previas al juicio, estarían disponibles para participar en una conferencia previa al juicio.

  Presentó igualmente un conjunto de fechas comprendidas entre mayo y octubre de 2021, en las que él, su firma y/o las partes no estarían disponibles para comparecer en el juicio.

A saber, las fechas propuestas son del 10 al 13 de mayo de 2021; del 17 al 21 de mayo de 2021; del 28 de mayo de 2021; el 1 de junio de 2021; del 8 de junio al 31 de julio de 20211; el 5 al 23 de agosto de 2021; del 30 de agosto al 1 de septiembre de 2021; y del 6 al 17 de septiembre de 2021.


miércoles, 18 de noviembre de 2020

Cabecillas de uno de los más grandes desfalcos a PDVSA aguardan aún por sentencia

 Conozca a los integrantes de la trama de corrupción que esquilmó durante años a la estatal petrolera venezolana.

Por Maibort Petit

   La expectativa continúa, toda vez que la Corte del Distrito Sur de Texas ha cambiado en varias oportunidades la fecha de la lectura de la sentencia de los ex-contratistas de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), Roberto Rincón Fernández y Abraham Shiera, acusados de haber orquestado un esquema masivo de corrupción y lavado de dinero que desfalcó a la estatal petrolera millones de dólares.

   Para lograr contratos de PDVSA para sus empresas, Rincón y Shiera estructuraron una sofisticada y complicada trama en la participaron un gran número de funcionarios de la empresa estatal venezolana, compañías fantasmas y otros empresarios, cuyos nombres han ampliado el expediente y han llevado a que más de 20 personas enfrenten cargos, se hayan declarado culpables o están a la espera de ser juzgados.

He aquí los principales protagonistas:  

Los cabecillas

  Abraham José Shiera Bastidas, empresario de Coral Gables, se declaró culpable el 22 de marzo de 2016, de cargos de fraude y soborno en el extranjero de manera de asegurarse de manera corrupta contratos millonarios de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

   Ante el Tribunal del distrito Sur de Texas en Houston, Shiera Bastidas admitió un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y cometer fraude electrónico y un cargo por violar la FCPA.

    Un Gran Jurado emitió una acusación formal contra Shiera Bastidas responsabilizándolo de 18 cargos, al igual que acusó a Roberto Enrique Rincón Fernández, socio del primero. El 16 de diciembre de 2015, Shiera fue arrestado en Miami.

   Shiera y Rincón se asociaron y presentaron ofertas para proporcionar equipos y servicios a PDVSA a través de sus diversas empresas. Shiera admitió que, a partir de 2009, él y Rincón acordaron pagar sobornos y otras cosas de valor a los analistas de compras de la estatal petrolera venezolana para asegurarse ser incluidas en los paneles de licitación de PDVSA y obtener lucrativos contratos. También pagó sobornos a otros funcionarios de PDVSA para asegurarse de que sus empresas fueran incluidas en las listas de proveedores de la petrolera y se les diera prioridad de pago por sobre el resto de los proveedores con facturas pendientes[1].

  Entretanto, Roberto Enrique Rincón Fernández, formuló su admisión de culpa el 16 de junio de 2016, cuando ante juez federal del distrito sur de Texas, Gray H. Miller, aceptó su responsable de un plan para asegurar corruptamente contratos de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

   El empresario aceptó un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y un cargo por ofrecer información falsa en su declaración federal de impuestos sobre la renta de 2010. El juez impuso una sentencia monetaria personal a Rincón, quien aceptó el decomiso.

   Rincón fue arrestado el 16 de diciembre de 2015, luego de que un gran jurado en el Distrito Sur de Texas emitiera una acusación formal de 18 cargos contra él y Abraham José Shiera Bastidas.

    Ambos empresarios se asociaron para ofertar y proporcionar equipos y servicios a PDVSA a través de sus compañías. Rincón admitió que, a partir de 2009, él y Shiera acordaron sobornar y ofrecer otras cosas de valor a los analistas de compras de PDVSA para asegurarse de que sus empresas fueran incluidas en los paneles de licitación de la estatal, lo que les permitió ganar lucrativos contratos. También reconoció haber sobornado a otros funcionarios de PDVSA para asegurarse de que sus empresas se incluyeran en las listas de proveedores y se les priorizaran los pagos por encima de otros proveedores.

    Del mismo modo, Rincón dijo que, deliberadamente, no informó en su declaración de impuestos federales de 2010 más de USD 6 millones en ingresos por dividendos extranjeros que recibió de una corporación venezolana de su propiedad[2].

Luis Carlos De León-Pérez

  Dentro de la estructura que Roberto Rincón y Abraham Shiera usaba para pagar sobornos a funcionarios de PDVSA a cambio de que éstos aprobaran millonarios contratos de la estatal en favor de las empresas de los primeros, se encontraba Luis Carlos De León-Pérez, un ciudadano venezolano-estadounidense que admitió su participación en la trama de corrupción el 16 de julio de 2018.

   De León-Pérez impulsó el plan internacional de lavado de dinero destinado a legitimar los sobornos pagados por los propietarios de empresas con sede en Estados Unidos a funcionarios del gobierno venezolano para asegurar las adjudicaciones. 

   Ante un tribunal federal de Houston, De León-Pérez aceptó un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y un cargo de conspiración para cometer blanqueo de capitales. Fue arrestado en España en octubre de 2017 y posteriormente extraditado a los Estados Unidos después de que un gran jurado federal emitiera una acusación de 20 cargos contra él y Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, César David Rincón Godoy, Alejandro Isturiz Chiesa y Rafael Ernesto Reiter Muñoz. Todos estos últimos, entre 2011 y 2013, cuando eran funcionarios de PDVSA, conspiraron para solicitar a los proveedores de PDVSA sobornos y comisiones ilícitas a cambio de brindar asistencia a esos proveedores en relación con su negocio de PDVSA.

   Específicamente, De León admitió que solicitó y dirigió sobornos de Roberto Rincón y Abraham Shiera Bastidas a funcionarios de PDVSA. También admitió que, luego de esto, conspiró con Rincón y Shiera para lavar y ocultar las ganancias del esquema de soborno a través de una serie de transacciones financieras, incluidas transferencias electrónicas a cuentas en Suiza a nombre de personas o entidades distintas de De León y sus co-conspiradores[3].

Juan Carlos Castillo Rincón

  El ex gerente de una empresa de transporte de carga y logística con sede en EE. UU., Juan Carlos Castillo León, se declaró el 13 de septiembre de 2018, de un cargo de soborno extranjero, al haber formado parte de un plan para asegurar de manera corrupta contratos y extensiones de contrato de PDVSA.

   Castillo León admitió ante la jueza del Distrito Sur de Texas en Houston, Nancy K. Johnson, formar parte de conspirar para violar las Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Fue arrestado en Miami el 19 de abril de 2018, luego de que un gran jurado federal emitiera una acusación formal de cinco cargos en su contra.

   Según admitió, desde 2011 hasta 2013, Castillo León conspiró con otros para sobornar a un funcionario de PDVSA a cambio de que este brindara asistencia en relación con los negocios de la empresa con la petrolera venezolana. 

  Su intervención sirvió para que la empresa obtuviera contratos millonarios, extensiones de contrato, así como términos de contrato favorables. También proporcionó información privilegiada sobre el proceso de licitación de PDVSA y apoyó a la empresa en reuniones internas de la estatal sobre decisiones de compra[4].

José Orlando Camacho

   Otro funcionario de PDVSA que recibió sobornos, fue José Orlando Camacho, quien se declaró culpable en julio de 2017 en secreto ante el juez Miller, según develó el juez Johnson. Las coimas percibidas por Camacho provenían de Castillo Rincón

   Camacho se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero y admitió que mientras era empleado de PDVSA, aceptó sobornos de Castillo y la empresa de logística y transporte de carga de la que este era gerente a cambio de tomar ciertas acciones para ayudar a la empresa. Accedió perder el producto de su actividad criminal[5].

Juan José Hernández Comerma

   El exgerente general y propietario parcial de una empresa de energía con sede en Florida, Juan José Hernández Comerma, formó parte del esquema corrupto de Rincón y Shiera en el cual se favorecía con contratos de PDVSA a las empresas de estos último a cambio de sobornos. Se declaró culpable el 10 de enero de 2017 de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y un cargo de violar la FCPA. El 8 de enero de 2020 fue sentenciado a pagar 48 meses de prisión por el juez Miller. También se le impuso el mandato de cuatro años y se le ordenó pagar una multa de USD 127.000 y perder USD 3 millones.

   Hernández Comerma conspiró entre 2008 y 2012 con Abraham José Shiera Bastidas y Roberto Enrique Rincón Fernández para pagar sobornos y otras cosas de valor a los analistas de compras de PDVSA, de modo de asegurar los empresarios antes señalados y sus compañías obtuvieran jugosos contratos de PDVSA. 

  La propiedad de la firma en Florida la compartió con Sheira y ofreció sobornos a funcionarios de la estatal petrolera venezolana. Entre los favorecidos estuvo Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz[6].

Charles Quintard Beech III

   En la misma fecha que Hernández Cormena —10 de enero de 2017— también Charles Quintard Beech III, se declaró culpable de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

   Charles Quintard Beech III pagó sobornos a varios funcionarios de PDVSA, incluido Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz, a cambio de su asistencia para que las empresas del primero entraran en los paneles de licitación y lograr la adjudicación de contratos de la petrolera. Beech también admitió que estuvo de acuerdo con otros funcionarios de PDVSA, para participar en transacciones financieras para ocultar la naturaleza, fuente y propiedad de los ingresos del soborno[7].

Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz

  En la trama de corrupción encabezada por Rincón y Shiera, también tuvo participación Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz, ex oficial de adquisiciones de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), quien se declaró culpable el 10 de diciembre de 2015 de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y un cargo de hacer declaraciones falsas en relación con una declaración de impuestos, por lo que fue sentenciado el 19 de febrero de 2020, a 70 meses de prisión seguidos de tres años de libertad supervisada. El juez federal del Distrito Sur de Texas, Gray H. Miller, también ordenó a Gravina que pagara una restitución al IRS por un monto de USD 214.849,21.

   Gravina Muñoz igualmente fue acusado formalmente el 15 de noviembre de 2018 por un cargo de conspiración para obstruir un procedimiento oficial, del cual se declaró culpable el 10 de diciembre de 2018. Había ocultado en las entrevistas hechos sobre el pago de sobornos a funcionarios de Citgo Petroleum Corporation.

   Gravina aceptó sobornos por más de USD 590.000 entre 2007 y 2014 de los empresarios estadounidenses Abraham José Shiera Bastidas y Roberto Enrique Rincón Fernández mientras trabajaba como gerente de compras en PDVSA, asegurándole desde esa posición ganar lucrativos contratos a los susodichos. Para ocultar los pagos corruptos, los empresarios transfirieron fondos desde cuentas que controlaban fuera de los Estados Unidos a cuentas a nombre de asociados y familiares de Gravina. Luego de su declaración de culpabilidad en diciembre de 2015, Gravina se reunió periódicamente con agentes de HSI para brindar información sobre la corrupción en PDVSA[8].

Fernando Ardila Rueda

    El propietario parcial de varias empresas de energía en el estado de la Florida, Fernando Ardila Rueda, se declaró culpable el 11 de octubre de 2017, de cargos de soborno en el extranjero por su papel en un plan para asegurar contratos de Petróleos de Venezuela S.A. de manera corrupta.

   Rueda (Ardila), 49, de Miami, se declaró culpable en un tribunal federal de Houston, de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y un cargo de violar la FCPA. El juez federal de distrito Gray H. Miller del distrito sur de Texas aceptó la declaración de culpabilidad. La sentencia está programada para el 8 de febrero de 2018.

   Según las admisiones hechas en relación con su declaración de culpabilidad, Ardila conspiró con los empresarios estadounidenses Abraham José Shiera Bastidas (Shiera) y Roberto Enrique Rincón Fernández (Rincón) para pagar sobornos y otras cosas de valor a los analistas de compras de PDVSA. 

      Los sobornos de estas operaciones irregulares se pagaron para asegurar que las empresas de Shiera y Rincón se colocaran en los paneles de licitación de PDVSA y para obtener o mantener negocios con PDVSA. Desde 2008 hasta 2014, mientras fue director de ventas, gerente y propietario parcial de varias de las empresas de Shiera, Ardila brindó entretenimiento y ofreció sobornos a los funcionarios de PDVSA en función de un porcentaje del valor de los contratos que los funcionarios ayudaron a otorgar a las empresas de Shiera.

César David Rincón Godoy

   En la trama corrupta encabezada por Rincón y Shiera, también tuvo participación César David Rincón Godoy, quien intervino en el esquema internacional de lavado de dinero con el objetivo de legitimar sobornos pagados para asegurar corruptamente contratos de PDVSA.

  Rincón Godoy, ex-gerente general de la subsidiaria de adquisiciones de PDVSA, fue arrestado en España en octubre de 2017, junto a Luis Carlos De León Pérez, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas y Rafael Ernesto Reiter Muñoz, por una acusación de 20 cargos emitida por el Distrito Sur de Texas el 23 de agosto de 2017. César Rincón fue extraditado de España el 9 de febrero de 2018 y compareció ante el tribunal el 12 de febrero del mismo año. César Rincón está acusado de dos cargos de conspiración para cometer blanqueo de capitales[9].

   Se declaró culpable el 19 de abril de 2018 de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Se le impuso una sentencia monetaria personal por la cantidad de USD 7.033.504,71 y este accedió a que se dicte una orden de decomiso.

    César Rincón también admitió haber solicitado y recibido sobornos de otros propietarios de empresas de energía con sede en Estados Unidos a cambio de su asistencia para ayudarlos a ganar contratos con PDVSA. Admitió haber conspirado con otros para lavar al menos USD 7.033.504,71 en ganancias de los diversos esquemas de soborno en los que participó[10].

José Manuel González Testino

   El propietario de varias empresas en estados Unidos de nacionalidad venezolano-estadounidense, José Manuel González Testino, es igualmente otro presunto integrante de la trama de corrupción dirigida por Rincón y Shiera.

   González Testino fue arrestado el 31 de julio de 2018, en el aeropuerto Internacional de Miami cuando intentaba abandonar el país. Sobre él pesan cargos de soborno extranjero por conspirar para realizar pagos corruptos a un funcionario de PDVSA. Específicamente se le acusa de conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y de pagar sobornos a un funcionario extranjero en violación de la FCPA.

   Según la denuncia penal, González Testino y un co-conspirador pagaron al menos USD 629.000 en sobornos a un exfuncionario de PDVSA a cambio de que éste tomara medidas para dirigir los contratos de PDVSA a sus empresas y para darles prioridad sobre otras proveedoras para recibir pagos. Asimismo, las empresas de González Testino habrían recibido contratos de PDVSA en dólares estadounidenses en lugar de bolívares venezolanos[11].

   González Testino se declaró culpable de conspiración para violar la FCPA y un cargo de no cumplir reportar cuentas bancarias extranjeras. El juez federal de distrito Gray H. Miller del distrito sur de Texas aceptó su declaración el 29 de mayo de 2019. Los hechos ocurrieron entre 2012 y 2018, cuando con otros sobornó a funcionarios de PDVSA.

   Los sobornos que admitió haber pagado entre 2012 y 2013 estuvieron destinados a Cesar Rincon David Godoy, ex gerente general de Bariven, la subsidiaria de adquisiciones de PDVSA. Otros sobornos fueron para Alfonso Eliezer Gravina Muñoz cuando era funcionario en PDVSA Services Inc., otra subsidiaria con sede en Houston. A cambio, Rincón y Gravina proporcionaron a González información privilegiada sobre los procesos de adquisiciones de PDVSA. También algunos sobornos de González Testino fueron para empleados de CITGO[12].

Villalobos, Reiter, Istúriz

   Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas y Rafael Ernesto Reiter Muñoz, fueron también arrestado en España —junto a César David Rincón Godoy— en octubre de 2017, atendiendo a la acusación formulada en el Distrito Sur de Texas, en las que se les formulaban 20 cargos. Villalobos y Reiter permanecen bajo custodia española pendiente de extradición. Otro acusado fue Alejandro Isturiz Chiesa, quien sigue prófugo.

   De León, Villalobos, Reiter e Isturiz están acusados cada uno de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. De León y Villalobos también están acusados de un cargo de conspiración para violar la FCPA[13].

  La acusación formal alega que los cinco acusados, todos funcionarios de PDVSA, eran conocidos como el "equipo de gestión" y tenían una influencia significativa dentro de empresa petrolera. Estos hombres conspiraron entre sí y con otros para solicitar a varios proveedores de PDVSA, recibir sobornos y comisiones ilegales a cambio de brindarles asistencia en relación con su negocio con la estatal venezolana. Los co-conspiradores luego lavaron el producto del esquema de soborno a través de una serie de transacciones financieras internacionales complejas hacia, desde o a través de cuentas bancarias en los Estados Unidos.

    Roberto Rincón y Abraham Shiera enviaron más de USD 27 millones en sobornos a una cuenta en Suiza de la que De León era beneficiario efectivo y este y Villalobos eran firmantes autorizados. Esos fondos se transfirieron posteriormente a otras cuentas en Suiza[14].

   Informaciones recibidas en Departamento de Justicia de parte de los conspiradores, permitió conocer ampliar los elementos y acusaciones en torno al esquema de corrupción de Rincón y Shiera, estableciéndose que también el expresidente de Bariven, Javier Alvarado Ochoa y dos gestores patrimoniales europeos lavaron dinero proveniente de las arcas de Petróleos de Venezuela[15]

REFENCIAS 

[1] Department of Justice. “Empresario de Miami se declara culpable de cargos de soborno y fraude en el extranjero en relación con el plan de soborno de Venezuela”. 23 de marzo de 2016. https://www.justice.gov/opa/pr/miami-businessman-pleads-guilty-foreign-bribery-and-fraud-charges-connection-venezuela


 


[2] Department of Justice. “Empresario se declara culpable de soborno extranjero y cargos fiscales en relación con el plan de soborno de Venezuela”. 16 de junio de 2016. https://www.justice.gov/opa/pr/businessman-pleads-guilty-foreign-bribery-and-tax-charges-connection-venezuela-bribery-scheme


 


[3] Department of Justice. “Exfuncionario venezolano se declara culpable de lavado de dinero en relación con plan de soborno”. 16 de julio de 2018. https://www.justice.gov/opa/pr/former-venezuelan-official-pleads-guilty-money-laundering-charge-connection-bribery-scheme-0


[4] Department of Justice. “Ejecutivo de negocios se declara culpable de cargo de soborno extranjero en relación con plan de soborno venezolano”. 13 de septiembre de 2018. https://www.justice.gov/opa/pr/business-executive-pleads-guilty-foreign-bribery-charge-connection-venezuelan-bribery-scheme


 


[5] Department of Justice. “Ejecutivo de negocios se declara culpable de cargo de soborno extranjero en relación con plan de soborno venezolano”. 13 de septiembre de 2018. https://www.justice.gov/opa/pr/business-executive-pleads-guilty-foreign-bribery-charge-connection-venezuelan-bribery-scheme


[6] Department of Justice. “Empresario de Florida sentenciado por participación en plan de soborno en Venezuela”. 8 de enero de 2020. https://www.justice.gov/usao-sdtx/pr/florida-businessman-sentenced-role-venezuela-bribery-scheme


[7] Department of Justice. “Dos empresarios se declaran culpables de cargos de soborno en el extranjero en relación con esquemas de soborno en Venezuela”. 10 de enero de 2017. https://www.justice.gov/opa/pr/two-businessmen-plead-guilty-foreign-bribery-charges-connection-venezuela-bribery-schemes


 


[8] Department of Justice. “Hombre de negocios de Texas condenado a 70 meses de prisión por su participación en plan de soborno en Venezuela y obstrucción de la justicia”. 19 de febrero de 2020. https://www.justice.gov/opa/pr/texas-businessman-sentenced-70-months-prison-role-venezuela-bribery-scheme-and-obstruction


 


[9] Department of Justice. “Cinco exfuncionarios del gobierno venezolano acusados de plan de lavado de dinero que involucra soborno extranjero”. 12 de febrero de 2018. https://www.justice.gov/opa/pr/five-former-venezuelan-government-officials-charged-money-laundering-scheme-involving-forei-0


[10] Department of Justice. “Exfuncionario venezolano se declara culpable de lavado de dinero en relación con plan de soborno”. 19 de abril de 2018. https://www.justice.gov/opa/pr/former-venezuelan-official-pleads-guilty-money-laundering-charge-connection-bribery-scheme


[11] Department of Justice. “Ejecutivo de negocios arrestado por cargos de soborno extranjero en relación con plan de soborno en Venezuela”. 1 de agosto de 2018. https://www.justice.gov/opa/pr/business-executive-arrested-foreign-bribery-charges-connection-venezuela-bribery-scheme


[12] Department of Justice. “Ejecutivo de negocios se declara culpable de cargos de soborno en el extranjero en relación con el esquema de soborno de Venezuela”. 29 de mayo de 2019. https://www.justice.gov/opa/pr/business-executive-pleads-guilty-foreign-bribery-charges-connection-venezuela-bribery-scheme


[13] Department of Justice. “Cinco exfuncionarios del gobierno venezolano acusados de plan de lavado de dinero que involucra soborno extranjero”. 12 de febrero de 2018. https://www.justice.gov/opa/pr/five-former-venezuelan-government-officials-charged-money-laundering-scheme-involving-forei-0


[14] Department of Justice. “Cinco exfuncionarios del gobierno venezolano acusados de plan de lavado de dinero que involucra soborno extranjero”. 12 de febrero de 2018. https://www.justice.gov/opa/pr/five-former-venezuelan-government-officials-charged-money-laundering-scheme-involving-forei-0


[15] Venezuela Política. “Javier Alvarado Ochoa, otro acusado de lavado de dinero y corrupción por el gobierno de EE. UU.”. 20 de septiembre de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/09/javier-alvarado-ochoa-acusado-de-lavado.html


 



lunes, 6 de abril de 2020

CITGO reporta ingresos de $246 millones en 2019

   Un comunicado de la Junta Directiva de CITGO asegura que la corporación logró un constante desempeño financiero y operativo que incluye $246 millones en ingresos netos al año.

    La filial de PDVSA en Estados Unidos informó lo siguiente en una nota de prensa:

   La Junta de Directores de CITGO Petroleum Corporation revisó recientemente los resultados financieros anuales de la Compañía para 2019 con la junta ad hoc de PDVSA. 

   El constante desempeño financiero y operativo de la Compañía incluye $ 246 millones en ingresos netos para el año, una sólida posición de liquidez y una relación de deuda a capitalización, y uno de los mejores años de desempeño ambiental y de seguridad de la compañía, lo que resultó en el reconocimiento del Corpus Christi y Refinerías de Lemont. Estos resultados se lograron a pesar de una serie de artículos especiales únicos y un entorno de mercado deteriorado para las refinerías.

  "Si bien la pandemia de COVID-19 y la agitación del mercado resultante presentan una nueva capa de desafíos para nuestra industria, la mayor capacidad de recuperación y flexibilidad de CITGO nos posiciona para gestionar el difícil entorno económico y de mercado para el resto de 2020", dijo Luisa Palacios, Presidente de la Junta Directiva de CITGO. 

   "Hemos tomado medidas importantes para mejorar nuestro balance general, fortalecer la liquidez e implementar controles de gestión que nos servirán en los próximos meses y años", dijo la ejecutiva.

    El presidente y director ejecutivo, Carlos Jordá, también señaló la fortaleza y la resistencia de CITGO: "La gente de CITGO se enfrentó al desafío en 2019 mientras continuaban fabricando y vendiendo los combustibles y lubricantes de calidad que nuestros clientes esperan de nuestras marcas, y continúan aumentando el desafío hoy, ya que hacemos lo mismo mientras respondemos al entorno COVID-19 ". 

    Jordá también subrayó el compromiso de CITGO con el gobierno corporativo: "Estoy particularmente orgulloso de los importantes avances que hemos realizado para mejorar el gobierno corporativo, ya que continuamos enfatizando la importancia de la ética y la integridad en toda la empresa".


   Las tres refinerías de CITGO continuaron funcionando a gran capacidad. El rendimiento total de la refinería para 2019 fue de 800,000 barriles por día (bpd), de los cuales las corridas de crudo fueron de 688,000 bpd, utilizando el 89% de la capacidad nominal de refinación de crudo. 

  Las condiciones del mercado del petróleo crudo también afectaron a las refinerías. El entorno de mercado adverso en 2019 fue el resultado de una reducción del 50% de ciertos descuentos de crudo nacional en relación con 2018 como resultado de la finalización de varias tuberías grandes desde la cuenca del Pérmico hasta la costa del Golfo. 

  Más importante aún, los diferenciales de crudo ligero a pesado se redujeron significativamente en relación con 2018 debido a la reducción de la oferta de crudo pesado, en parte como resultado de las interrupciones del petróleo venezolano y la reducción del crudo canadiense. 

  La Compañía invirtió $ 280 millones en proyectos de capital y $ 442 millones en mantenimiento y catalizador de reestructuraciones durante 2019. Las exportaciones continuaron jugando un papel cada vez más importante.

   Para todo el año 2019, las exportaciones de productos refinados totalizaron 194,000 bpd, ligeramente por debajo de 2018 debido al significativo trabajo de cambio en la Refinería Corpus Christi en el segundo trimestre con exportaciones que aumentaron a 226,000 bpd en el cuarto trimestre. 

Otros datos

    La compañía continúa expandiendo e institucionalizando medidas para fortalecer el gobierno corporativo con el nombramiento de un nuevo Director de Ética y Cumplimiento con responsabilidades mejoradas, así como la actualización de su Código de Ética Comercial en toda la compañía. 

   Varios artículos únicos que afectaron nuestras finanzas tuvieron lugar en 2019, principalmente una reducción de inventario de $ 60 millones debido a una toma ilegal y contundente en las aguas venezolanas de esa cantidad de petróleo crudo propiedad de la Compañía a bordo del buque tanque Gerd Knutsen en febrero. 9, 2020 y el fracaso del buque de abandonar las aguas venezolanas durante aproximadamente un año a pesar de las instrucciones de la Compañía de partir. 

   Otros artículos incluyeron una cancelación de $ 30 millones de cuentas por cobrar de seguros relacionadas con el evento de lluvias intensas de 2006 en la refinería de Lake Charles para la cobertura colocada a través de PDVIC, una entidad de seguros controlada por PDVSA en Venezuela forzada a liquidación en 2018; y un cargo de $ 24 millones que representa la participación de la compañía en acuerdos de demanda colectiva en toda la industria relacionados con litigios sobre fluidos hidráulicos de tractores. Esto se compensó en parte con un beneficio de $ 31 millones a las ganancias de sumergirse en capas de inventario LIFO históricas menos costosas y un beneficio de $ 21 millones de reembolsos de seguros relacionados con litigios de Athos.

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viernes, 23 de agosto de 2019

Estas son las desesperadas medidas adoptadas por PDVSA para intentar detener el éxodo de sus trabajadores.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Una de las expresiones más contundentes de la crisis venezolana ha sido el éxodo de la población hacia otras latitudes en búsqueda de las oportunidades y posibilidades de desarrollo que en el país se le niega en razón al deterioro que el aparato productivo ha experimentado en los últimos años. Ahora bien, esta migración se replica incluso a lo interno en la principal empresa del país, a saber Petróleos de Venezuela S.A., donde ha ocurrido y sigue ocurriendo una verdadera estampida de trabajadores que, o bien salen del país o simplemente deciden abandonar la que en otros tiempos fue considerada la mejor plaza laboral para preferiblemente independizarse en una nación en la que el salario ha perdido casi por completo su poder adquisitivo.

Para frenar este éxodo, en PDVSA se recurre a la implementación de algunos incentivos dirigidos a retener a la masa laboral que merma día con día de manera acelerada. En esta entrega presentamos a nuestros lectores la que, sin duda alguna, sólo es una medida desesperada que busca detener la deserción laboral que experimenta la empresa estatal y que contribuye junto a la falta de políticas adecuadas, la errada estrategia de mercado y la desinversión, entre otros, a la vertiginosa caída de la producción petrolera venezolana.

Cabe destacar que ante la magnitud de la crisis económica que experimenta Venezuela, los incentivos aprobados este mes de agosto por la estatal resultan insuficientes al comparecerle con el alto índice inflacionario que destruye en poder de compra de los venezolanos.

Los incentivos

Un documento emanado del Ministerio del Poder Popular de Petróleo fechado en agosto de 2019 muestra los incentivos para los trabajadores de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

En el documento se indica que por lineamiento dictado desde el Ministerio del Poder Popular de Planificación, fue aprobada la implementación de un conjunto de incentivos dirigidos a los trabajadores de la estatal petrolera venezolana y sus filiales no petroleras, los cuales se harán efectivos a partir del 1° de agosto del presente año 2019.

A saber, tales incentivos serían una prima de antigüedad, una prima de profesionalización y una prima por hijo.

Prima por antigüedad

Para recibir el incentivo de prima por antigüedad, es necesario que los trabajadores de la nómina contractual y de la nómina no contractual tengan al menos un año de servicio cumplido.

La antigüedad, indica el documento, está referida a la cantidad de años enteros calculados desde la última fecha de ingreso del trabajador a la empresa (fecha IPPCN) hasta el último día del mes anterior al cálculo.

Se advierte que el monto de la compensación adicional es gravable, a los fines del Impuesto Sobre La Renta (ISLR), considerándosele como salario solamente para los efectos de cálculo de las vacaciones, utilidades anuales, aporte al Fondo de Ahorro y Prestaciones Sociales.

Cálculo de la prima de antigüedad

El monto que los trabajadores elegibles para recibir la prima de antigüedad se calcularán de acuerdo a un porcentaje específico aplicable a los años de servicios aplicados al salario básico devengado por el trabajador.

El porcentaje aplicado para los trabajadores con 0 años de servicio será de 0 por ciento; con un año de servicio será de 1,0 por ciento; con 2 años de servicio será de 2,0 por ciento; con 3 años de servicio será de 3,0 por ciento; con 4 años de servicio será 4,0 por ciento; con 5 años será de 5,0 por ciento.

A partir de los 6 años el porcentaje experimenta un incremento y se ubica en 6,2 por ciento; con 7 años 7,4 por ciento; con 8 años será de 8,6 por ciento; con 9 años será de 9,8 por ciento; con 10 años será de 11,0 por ciento; con 11 años será de 12,4 por ciento.

Con 12 años de servicio el porcentaje a aplicar será de 13,8 por ciento; con 13 años será de 15,2 por ciento; con 14 años será de 16,6 por ciento; con 15 años será de 18,0 por ciento; con 16 años será de 19,6 por ciento; con 17 años el porcentaje será de 21,2 por ciento; con 18 años será de 22,8 por ciento; con 19 años será de 24,4 por ciento; con 20 años el porcentaje aplicado será de 26,0 por ciento; con 21 años será de 27,8 por ciento; 22 años será de 29,6 por ciento.

A los trabajadores con 23 años de servicio o más se les aplicará un porcentaje de 30,0 por ciento.
Se ejemplifican dos casos para explicar el cáculo de la prima por antigüedad, el primero referido a un trabajador cuyo ingreso a la empresa el 13 de abril del 2009, el incentivo por este concepto a pagar al mes de agosto del 2019 se calculará al 31 de julio del referido año, estableciéndose que tiene 10 años, 3 meses y 19 días de servicio, correspondiéndole que se le reconozcan 10 años enteros de servicio y, por tanto, un pago de 11 por ciento del salario básico.

El segundo ejemplo hace mención al caso de un trabajador con ingreso el 5 de julio de 1989 que, a agosto del 2019, tiene una antigüedad reconocida al 31 de julio del citado año, es decir 30 años y 27 días de servicio. Por tanto, se le reconocen 30 años y le corresponde un pago de 30 por ciento del salario básico por prima de antigüedad.

Prima por profesionalización

El incentivo por prima de profesionalización se le cancelará a todo trabajador de la nómina contractual y de la nómina no contractual desde el primer mes de ingreso a PDVSA, premiando el logro académico de quienes certifiquen dicha profesionalización con su respectivo título.

El monto de esta compensación adicional es gravable, a los fines del Impuesto Sobre La Renta (ISLR), considerándosele salario sólo para los efectos de cálculo de las vacaciones, utilidades anuales y el aporte al Fondo de Ahorro y Prestaciones Sociales.

El cálculo de la prima de profesionalización o certificación de saberes se obtendrá de aplicar al salario básico el porcentaje correspondiente que, a saber será de 10 por ciento para los artesanos; de 12 por ciento para los técnicos superiores universitarios; de 14 por ciento para los profesionales; de 16 por ciento para los especialistas; de 18 por ciento para maestrías; y de 20 por ciento para doctorados.
Se advierte que cuando el trabajador posea varios títulos académicos o certificados de saberes, se pagará una sola prima con base al título o certificado de mayor nivel.

Como ejemplo del cálculo de este incentivo se pone el caso de un trabajador en el año 2008 obtuvo el título Licenciado en Administración, en 2011 realizó una maestría en Gerencia Empresarial y en 2015 se graduó de abogado, se le pagará por concepto de prima de profesionalización el título de mayor nivel, es decir, el de maestría, y no el último obtenido.

Prima por hijo

Los trabajadores de la nómina contractual y de la nómina no contractual desde el primer mes de ingreso a la PDVSA que tenga al menos un hijo cuya edad sea menor o igual a 18 años, serán elegibles para recibir el incentivo de prima por hijo.

Igualmente, se cancelará el beneficio a quienes tengan hijastros, siempre y cuando el padre o madre distinto al conyugue o concubino del trabajador de la empresa haya fallecido o haya sido declarada judicialmente con incapacidad económica para cumplir con la manutención del menor.

El monto de esta compensación adicional es gravable a los fines del Impuesto Sobre La Renta (ISLR) y se considera salario solamente para los efectos de cálculo de las vacaciones, utilidades anuales y aporte al Fondo de Ahorro y Prestaciones Sociales.

El monto de la prima será de Bs. 10.000 por cada hijo debidamente inscrito en los registros de la empresa.

Se advierte que el pago de la prima no se encuentra condicionado a que el cónyuge o concubino trabaje en PDVSA y los tenga en su registro familiar.