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miércoles, 24 de noviembre de 2021

Juez fija para el 6 de diciembre audiencia de procedimiento (presencial) de Álex Saab

Por Maibort Petit

  En una orden firmada por el Juez de Distrito, Robert Scola anunció que la audiencia presencial de Álex Saab, considerado testaferro de Nicolás Maduro, será el día 6 de diciembre en la Corte del Distrito Sur de la Florida en Miami.
   La orden dice que se otorga la moción 73, solicitada la defensa, para que se adelante la audiencia de Álex Nain Saab Morán para discutir un cronograma razonable para los procedimientos del juicio. La cita inicial estaba prevista para el 28 de diciembre de 2021.

  El tribunal fijó el inicio del juicio para el 3 de enero de 2022, durará dos semanas.

   La audiencia del 6 de diciembre estará presidida por el Magistrado Scola.

  Álex Saab está acusado de un sólo cargo de conspirar para lavar dinero en el sistema financiero de los Estados Unidos.

  En la última audiencia del caso, Saab se declaró no culpable y accedió ir a un juicio con jurado.

   La fiscalía general de los Estados Unidos retiró siete cargos de la acusación original relacionados con delitos de lavado de dinero luego de llegar a un acuerdo con el gobierno de Cabo Verde para concretar su extradición el pasado 16 de octubre del 2021.

   El fiscal Kurt Lunkenheimer, en una moción luego de la presentación inicial del acusado ante la corte, solicitó solo dejar el cargo por conspiración para el lavado de dinero, con el fin de evitar que Saab, de 49 años, pueda ser condenado a una pena superior a la máxima contemplada por las leyes del mencionado país africano (20 años).

   Saab enfrenta una condena de unos 20 años si es hallado culpable del único cargo que tiene en la corte de Miami, pena que puede ser reducida si hace un trato con la Fiscalía, que suele incluir delación de otros cómplices.

miércoles, 2 de diciembre de 2020

Natalino D'Amato, imputado por lavado de dinero en EE. UU., asegura que sus millonarios negocios con PDVSA son legítimos

   Sus cuentas en Miami recibieron USD 160 millones que la fiscalía sostiene son el producto de negocios irregulares mantenidos con empresas mixtas de PDVSA.

Por Maibort Petit

   Mientras las autoridades de los Estados Unido dirigen todos sus esfuerzos para confiscar dinero proveniente de negociaciones irregulares depositados en cuentas de Miami, los protagonistas de las tramas de corrupción se defienden y aseguran que sus fondos no son el producto de corrupción que quisieran lavar en el sistema bancario norteamericano, sino de negocios legítimos entablados con Petróleos de Venezuela S.A.

   Es el caso del empresario ítalo-venezolano, Natalino D'Amato — quien se encuentra en Venezuela— y a través de su abogado, David O. Markus, aseguró ser inocente y agregó que luchará ante las autoridades federales de los Estados Unidos para demostrar la legitimidad de sus fondos y sus negociaciones. El representante legal también negó que su cliente se encuentre cooperando con la fiscalía.

“Natalino D’Amato es inocente y no está cooperando con Estados Unidos, en lo único que está interesado es en el dinero que ha ganado con sus negocios legítimos”, aseguró Markus[1].

  D'Amato fue acusado de once cargos por la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida a cargo de Ariana Fajardo Orshan, luego de una investigación llevada a cabo por la oficina local de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la oficina local del IRS-CI en Miami; el abogado litigante, Alexander Kramer, de la Sección de Fraudes de la División de lo Penal y el Fiscal Federal Auxiliar, Michael Berger, del Distrito Sur de Florida. Entretanto, la Fiscal Federal Auxiliar, Adrienne E. Rosen, maneja lo concerniente al decomiso de activos.

  La acusación del gobierno refiere que entre 2013 y 2017, D'Amato conspiró con otras personas, entre ellos funcionarios de las empresas mixtas de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), a saber, Petrocedeño y Petropiar, Petromonagas, Sinovensa y Petromiranda, en la Faja Petrolífera del Orinoco, para lavar el producto de una operación ilegal consistente en el pago de sobornos, hacia y desde cuentas bancarias ubicadas en el sur de Florida.

   El acusado enfrenta un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, cuatro cargos de lavado de dinero internacional, tres cargos de lavado de dinero promocional y tres cargos de participación en transacciones que involucran propiedad derivada del crimen.

  Las empresas de D’Amato con las cuales entabló negocios para el suministro de bienes y servicios con la petrolera venezolana a través de las referidas empresas mixtas, de acuerdo a lo que señala la acusación, son Venezolana de Mecanizado C.A. (Vemeca); Alpha Energy de Venezuela C.A. (Alfa); Industria Techno Parts C.A. (ITP); e Industria Nacional de Goma C.A. (GNL). Éstas compañía poseían una o más cuentas bancarias en Mercantil Commercebank, en el Distrito Sur de Florida.

  Asimismo, el acusado es propietario de una corporación con sede en Nevis, denominada Kronos Enterprises Corp., la cual mantuvo cuentas en Mercantil y Wells Fargo Bank en el Distrito Sur de Florida.

 La acusación sostiene que Natalino D’Amato habría ofrecido y pagado sobornos a numerosos funcionarios de las referidas empresas mixtas, con el fin de obtener contratos altamente inflados y lucrativos para proporcionar bienes y servicios de estas. En concreto, según la acusación, las empresas controladas del acusado recibieron aproximadamente USD 160 millones en cuentas que él controlaba en el sur de Florida. D’Amato supuestamente destinó una parte de esos fondos para pagar sobornos a los funcionarios venezolanos.

  El proceso iniciado por la fiscalía, igualmente procura la confiscación criminal de cuentas bancarias involucradas en los delitos imputados, con fondos por un total de aproximadamente USD 45 millones.

Las transferencias

  La acusación contra Natalino D'Amato describe una serie de transferencias que tuvieron lugar entre 2013 y 2017 por un total de más de USD 160 millones, desde cuentas bancarias de las Subsidiarias de PDVSA a cuentas de las empresas del demandado en el banco Mercantil.

  En este sentido, se describe una transferencia de USD 99,8 millones de Petrocedeño; una de USD 34,4 millones de Petropiar; una de USD 15,5 millones de Petromonagas; otra de USD 11,3 millones de Sinovensa; y una de USD 1.0 millón de Petromiranda.

  En mayo de 2015, Natalino D'Amato ofreció pagar al Oficial Venezolano 1 USD 1 millón en sobornos a cambio de su asistencia para lograr contratos de Petrocedeño, así como otras ventajas comerciales.

  Entre julio de 2015 y diciembre de 2016, Natalino D'Amato transfirió USD 2 millones de dólares en sobornos al Funcionario venezolano 1, desde las cuentas de sus Empresas D'Amato en Mercantil Bank, a una cuenta corporativa en Panamá a nombre de un familiar del Oficial Venezolano 1.

  El 19 de abril de 2017, D'Amato ordenó una transferencia que constituía un soborno por USD 30.000 a beneficio del Oficial Venezolano 2. Esta operación se hizo desde una cuenta personal del acusado en Mercantil Bank a una cuenta a nombre de un familiar del Oficial Venezolano 2.

  Entre noviembre de 2014 y diciembre de 2017, Natalino D'Amato ordenó transferencias por más de USD 800.000 que constituyen sobornos a beneficio del funcionario venezolano, desde cuentas de las empresas D'Amato en Mercantil Bank a una cuenta corporativa controlada por Funcionario Venezolano 3.

  Entre abril de 2015 y diciembre de 2016, D'Amato transfirió más de USD 160.000 en sobornos a beneficio del Funcionario venezolano 4, desde cuentas de sus empresas en Mercantil Bank a cuentas corporativas controladas por el Funcionario Venezolano 4.

 Entre agosto de 2017 y octubre de 2017, el demandado transfirió sobornos por más de USD 170.000 al Funcionario venezolano 5, desde cuentas de sus empresas en Mercantil Bank a una cuenta corporativa controlada por Funcionario Venezolano 5.

Lavado internacional de instrumentos monetarios

  Para concretar el delito de lavado internacional de instrumentos monetario, el acusado, Natalino D'Amato, llevó a cabo una serie de operaciones.       Así, el 9 de diciembre de 2016, transfirió USD 1.034.576,70 desde una cuenta de la empresa ITP en el Banco Mercantil en el Distrito Sur de Florida, a una cuenta en el Banco Banesco en Panamá a beneficio del Oficial Venezolano 1.

  El 19 de abril de 2017, transfirió USD 30.000 desde una cuenta del Banco Mercantil a nombre de D'Amato, a una cuenta personal en España a beneficio del Oficial Venezolano 2.

  El 1 de mayo de 2017, transfirió USD 3.434.345,49 desde una cuenta de Petrocedeño en Portugal a una cuenta de ITP en Mercantil Bank en el Distrito Sur de Florida.

  El 15 de junio de 2017, el acusado transfirió USD 2.908.943,49 desde una cuenta de Petrocedeño en Portugal a una cuenta de ITP en el Mercantil Bank en el Distrito Sur de Florida.

Lavado de dinero

  Para materializar el delito de lavado de dinero que se le imputa, Natalino D'Amato, según la acusación, llevó a cabo las siguientes operaciones:

  El 1 de junio de 2016, transfirió USD 151.506,22 desde una cuenta de Vemeca en Mercantil Bank a una cuenta en BB&T Bank a beneficio del Funcionario Venezolano 3.

  El 22 de diciembre de 2016, ordenó transferir USD 105.958,16 desde una cuenta del lTP en el Mercantil Bank a una cuenta en Banesco Bank a beneficio del Oficial Venezolano 4.

  El 24 de octubre de 2017, transfirió USD 130.000 desde una cuenta de Vemeca en el Banco Mercantil a una cuenta en Bank of America a beneficio del Oficial Venezolano 5.

Participar en transacciones con propiedad derivada del delito

  El delito de Participar en transacciones con propiedad derivada del delito del que también se señala a Natalino D'Amato, se habría concretado a través de las siguientes operaciones:

  El 9 de diciembre de 2016, transfirió USD 5.000.000 desde una cuenta de Vemeca en el Mercantil Bank a una cuenta de Kronos en Wells Fargo.

   EL 16 de mayo de 2017, el acusado transfirió fondos relacionados con la compra de bonos del Grupo Goldman Sachs por USD 301.623,61, desde una cuenta de inversión de Kronos en el Distrito Sur de Florida.

  El 17 de julio de 2017, D'Amato transfirió USD 3.000.000 desde una cuenta de ITP en Mercantil Bank a una cuenta de él mismo en Titleist Asset Management.

Los decomisos

   En el proceso judicial que la fiscalía sigue contra Natalino D'Amato, aspira recuperar activos a través de una serie de decomisos.

  La fiscalía contabiliza hasta el momento, USD 14.691.851.79 a nombre de Kronos Enterprises Corp en una cuenta de Wells Fargo Advisors; USD 9.854.646.81 de Kronos Enterprises Corp, en una cuenta de Wells Fargo Advisors identificada con el número 3700-8508; USD 7.791.854,82 de L.J.D. en una cuenta de Wells Fargo Advisors con el número 7103-8027.

  Igualmente, USD 6.968.670,01 de Kronos Enterprises Corp en la cuenta número 8950-0365 en el Wells Fargo Advisors; USD 5.897.975,66 de Natalino D'Amato y L.J.D. la cuenta de Tigress Financial Partners, número P82-004055;  USD 746.950,98 a nombre de L.J.D. en la cuenta número 898095788895 del Bank of America; y USD 34.280,03 a nombre de Natalino D'Amato, en la cuenta número 898071640481 en el Bank of America.

REFERENCIAS

[1] MSN de la original publicada en El Nuevo Herald. “EEUU intensifica esfuerzos contra venezolanos acusados de lavado de dinero en Miami”. 1 de diciembre de 2020. https://www.msn.com/es-us/noticias/miami/eeuu-intensifica-esfuerzos-contra-venezolanos-acusados-de-lavado-de-dinero-en-miami/ar-BB1bwWxg


miércoles, 2 de septiembre de 2020

Tres posibles móviles del sicariato del contratista de PDVSA, Leonardo Santilli

 La camioneta en la se encontraba Santilli estaba blindada en todas las puertas, con excepción del techo que fue por donde entraron los ocho tiros que acabaron con su vida.

Por Maibort Petit

   Hasta este miércoles se manejan tres móviles del asesinato por encargo del contratista de PDVSA que fue acusado de delitos de lavado de dinero por el gobierno de Estados Unidos, Leonardo Santilli, ocurriendo este martes 1 de septiembre en Lecherías, estado Anzoátegui. 

  Fuentes vinculadas al caso informaron a Venezuela Política que hasta el momento se manejan las siguientes hipótesis:

1) El occiso tenía bajo su nombre y control un monto de dinero que pertenecía a un grupo de exfuncionarios de Petróleos Venezuela,  encabezados por Pedro León. Había una enorme presión sobre Santilli para que regresara los fondos que, al parecer, son los que fueron congelados por el gobierno de los Estados Unidos.

2) Santilli formaba parte de una sociedad que posee una mina de oro en el Callao, y un grupo de delincuentes que ejercen control en la zona estaba extorsionando a los asociados para que pagaran una vacuna.

3) Había sido amenazado por sus socios porque se habían enterado que estaba en proceso de negociación con las autoridades de los Estados Unidos para entregar información que comprometía a otros miembros que participaron en el esquema de corrupción que es acusado ante la Corte del Distrito Sur de la Florida.

  El excontratista se transportaba en una camioneta blindada en las puertas con excepción del techo, que fue justamente por donde entraron los 8 disparos que pusieron fin de a su vida. Los asesinos conocían las condiciones del vehículo.

 Santilli era natural de Maracaibo, estado Zulia, casado y con tres hijas.

El caso de lavado de dinero en EE. UU.

    Leonardo Santilli, un ciudadano italo-venezolano, habría participado en un esquema de lavado de dinero proveniente de contratos con sobreprecio de Petróleos de Venezuela y sus subsidiarias, de acuerdo a los documentos federales de la Corte del Distrito Sur de la Florida.

  Santilli es acusado de tres cargos: 1) Conspiración para cometer delitos de lavado de dinero; 2) Instrumentos para lavado de dinero y transacciones monetarias ilegales cometidas entre los años 2014 hasta 2017.

  En la acusación, aparece un declaración del agente de investigación del Homeland Security Investigation  (HSI) Shauna L. Willard, encargado de hacer la investigación de lavado de activos contra el demandado, quien es acusado de haber violado el Código de los Estados Unidos, en su Título 18.

  Leonardo Santilli es el dueño de las empresas venezolana Constructora Cosaco Co. y PLD Inversiones C.A. y las firmas estadounidenses SGP Group Corp.,  (registrada en  el Sur de Miami)  y A&M Support Inc. (registrada en en Weston, Florida). 

La trama de corrupción

  A finales de 2017, el gobierno federal abrió una investigación sobre corrupción en PDVSA y sus empresas filiales por lavado de dinero, corrupción en bancos y compras de inmuebles en el Miami,  Florida. Durante en curso de las investigaciones, las autoridades identificaron $1.000 millones en pagos de PDVSA y sus filiales a unas cuentas de banco de contratistas venezolanos en el Sur de la Florida.

  La investigación reveló una enorme escala de corrupción que envolvía contratos con sobreprecio.  Todos los casos seguían el siguiente esquema: Los funcionarios de PDVSA aprobaban contratos  con sobreprecios (4 ó 5 veces más que el precio de mercado), el contratista pagaban sobornos a los oficiales de PDVSA, a los del gobierno de Venezuela o a los militares, que ayudaban a obtener los contratos.A su vez, los contratistas pagaban los sobornos por medio de testaferros o empresas de maletín para esconder la naturaleza de la transacción y el delito como tal.

  Los investigadores lograron obtener los récords de las cuentas bancarias de las empresas de Leonardo Santilli, correos electrónicos, contratos de las compañías con PDVSA y sus subsidiarias y hojas de contabilidad donde se llevaba control del pago de los sobornos.

  La acusación señala que el acusado recibió contratos corruptos de Petrocedeño, Petropiar, Bariven, Petrolera Sinovensa, Petromonagas por un total de$146.600.000.

  Los registros bancarios mostraban que las compañías de Santilli compraban bienes (repuestos, partes y equipos) a las empresas establecidas en Estados Unidos para las empresas subsidiarias de PDVSA, usando una tercera parte en de lo que recibía. El dinero restante lo transfería a su familia, a su cuenta personal y a otras cuentas corporativas, compañías de maletín y a varios individuos venezolanos que no tenían conexión con el acusado o sus empresas.

  Santilli usó cuentas en el Banco Mercantil. Uno de los ejemplos que aparece en la acusación fue hecho el 16 de septiembre de 2016. Una de las empresas de Santilli obtuvo una orden de compra de Petropiar por $9.300.000 para comprar 10 hawkjaws por apróximadamente $2.500.000. De acuerdo a la orden de Petropiar, las empresas de Santilli cobraron a la petrolera cuatro veces más el precio. La empresa manufacturera de los hawkjaws indicó que había hecho los envíos directo a PDVSA.

  Otra transacción descrita corresponde a Petrocedeño en diciembre de 2015, para comprar nueve válvulas floating por apróximadamente $5.500.000. El costo de las mismas en el mercado eran de $1.100.000. y el acusado le cobró a la petrolera cinco veces más el precio de las mismas.

  Otra transacción ocurrió en octubre de 2015, el acusado compró para Sinovensa 55 bidones de aceite por apróximadamente $9.200.000. El costo de los bidones era de $2.000.000.

  En febrero de 2015, el acusado recibió un correo electrónico de uno de los asociados de su empresa, con una hoja de contabilidad donde aparecen los pagos de los sobornos, los nombres de los beneficiarios, las fechas y los montos.

  En la hoja aparece registrado que en el 22 de diciembre de 2014 el acusado pagó a  Finadco Overseas Corporation unos  $101.270 y el beneficiario era un ex-funcionario de Petrocedeño. La transacción se hizo a una cuenta de banco en Curazao desde una cuenta de un banco de Miami.

  En enero de 2015, se transfirieron $100.000 a AJG Suministros y Servicios Integrales a beneficio de un funcionario de Petropiar. Los fondos pasaron de una cuenta a otra en los Estados Unidos.

  Uno de los testigos cooperantes de este caso, quien está asociado a Santilli, tenía acceso a las hojas de contabilidad de los sobornos pagados por el acusado. Se usaban apodos, uno de ellos "Leo" para el pago de coimas del acusado y "Viejo" en referencia a un funcionario senior de PDVSA. Las hojas reflejan pagos por $1.8 millones en beneficio del funcionario de PDVSA, incluyendo un monto extra de $345.000. para la compra de una casa en la isla de Margarita en Venezuela. El dinero para la compra de la casa del oficial corrupto se le envió el 16 de mayo de 2016 desde una cuenta bancaria de Miami a una en Curazao.

  Asimismo, aparecen reflejados otros gastos del acusado, que incluyen pagos a funcionarios de las subsidiarias de PDVSA, catalogadas como comisiones. Hay 72 pagos por, aproximadamente, $7.2 millones a beneficio de varios individuos. El testigo cooperante identificó a algunos de esos beneficiarios como funcionarios de las subsidiarias de  PDVSA que entregaron los contratos.

 En los récords, aparece una transacción de $168.000 que fue entregada al funcionario (2) que era el exgerente de Petropiar. Se le pagó a través de la transferencia a favor de Inversiones Jeur y el primer nombre. La operación se hizo desde un banco de Estados Unidos a una cuenta de Inversiones Jeur en Panamá el 19 de agosto  de 2015. En ese período se pagaron aproximadamente $850.000 pagos a esa misma empresas desde cuentas de Miami.

  También pagó $1.4 millones en la compra de una casa para un funcionario del Departamento de Procura de Petrocedeño. Primero se hizo un pago de $1.000.000. de una cuenta de banco en Miami a una de un individuo venezolano, (el 1 de marzo de 2016) y el resto lo hizo a través de una empresa fantasma.

  El testigo identificó un pago de $15 mil a un funcionario de Petrocedeño que ahora colabora con la justicia (CW3), quien confirmó que recibió pagos de sobornos por parte del acusado por ayudarlo a obtener los contratos.

 Otro testigo (CW4), quien era funcionario del departamento de Procura de Petrocedeño, dijo que había recibido $220.000 en sobornos por parte del acusado para que se le otorgaran los contratos a sus compañías. Las transacciones se hicieron en dos pagos en noviembre y diciembre de 2015 a una cuenta fuera de Estados Unidos.

  Otro testigo en este caso, (CW5), quien era funcionario del Departamento legal de Petrocedeño, acordó recibir sobornos del acusado por haber otorgado contratos de las subsidiarias de PDVSA a las empresas de Santilli por el orden de $201.180, en enero de 2015.

  El acusado transfirió grandes montos de dinero recibidos de PDVSA a su cuenta personal, entre los cuales destaca uno hecho el 13 de febrero de 2017 de $5.000.000, de una cuenta de HSBC Private Bank a una cuenta a nombre de una empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas controlada por su familia.

  El 8 de agosto de 2017, hizo otra operación para transferir $5.000.000  a la misma cuenta en las Islas Vírgenes Británicas.

   En total las autoridades de los Estados Unidos lograron intervenir 17 cuentas bancarias pertenecientes al acusado y sus asociados y se lograron congelar $44.7 millones.

miércoles, 26 de agosto de 2020

Las malignas y peligrosas alianzas del régimen de Maduro

  Un informe da cuenta de cómo el régimen venezolano instrumenta su actividad criminal a través de alianzas perversas.

Por Maibort Petit

   Desde la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela, fue configurando una serie de alianzas que le servían de sustento a su proyecto político del “socialismo del siglo XXI” que fue extendiendo por toda la región. Se trataba de una alianza ideológica que procuraba disminuir la influencia de Estados Unidos en el continente, al tiempo que impulsaba la presencia de actores extrarregionales como Rusia, Irán y China. Transformó a PDVSA en la entidad de financiamiento del referido proyecto y su estructura en una gigantesca máquina de lavar dinero.

  Así lo sostiene un informe firmado por Douglas Farah para el Centro para América Latina “Adrienne Arsht” del Atlantic Council denominado “Las actividades ilícitas del régimen de Maduro: Una amenaza para la democracia en Venezuela y la seguridad en América Latina”, en el que se advierte que a través de los años, Chávez y posteriormente Nicolás Maduro dieron forma a una red social y política que dio paso a la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana (BJCE), que es una alianza de actores estatales y no estatales que, en conjunto con líderes políticos, élites económicas y organizaciones criminales que cuentan con el apoyo del gobierno venezolano.

Con Irán

  Farah quien también es presidente de IBI Consultants, miembro invitado senior del Centro de Investigación Estratégica de la Universidad Nacional de Defensa, especialista en seguridad, terrorismo y crimen organizado transnacional en América Latina, refiere en el reporte que El régimen venezolano y el iraní vieron, cada uno, la posibilidad de que el otro le sirviera a sus intereses. Así, mientras Chávez usó al país persa como un instrumento para avanzar en su agenda anti-estadounidense, Irán se valió de Venezuela para expandir su influencia en América Latina. De hecho, las relaciones con Chávez le sirvieron al gobierno de Teherán para establecer once nuevas embajadas en la región entre 2005 y 2009 e, igualmente, financió una academia de entrenamiento militar bolivariana en Bolivia[1].

  Refiere que aun cuando luego de la muerte de Hugo Chávez, redujeron las relaciones entre Irán y Venezuela, ahora Nicolás Maduro ha retomado el vínculo y lo ha estrechado. Fue así como, en franco desafió a Washington y sus sanciones, Teherán ha enviado gasolina a Venezuela, la cual ha intercambiado por oro[2].

  El producto de la minería ilegal que practica el régimen venezolano en alianza con la guerrilla colombiana, se comercializa, entre otras vías, “a través de actores globales malignos y aliados regionales”, refiere el reporte de Douglas Farah.

  Maduro pagó a Irán USD 500 millones en barras de oro por 1,5 millones de barriles de combustible entregados de abril a junio de 2020[3].

Con Rusia

  El informe se remite entonces a las relaciones del régimen venezolano con Rusia, país que se ha convertido en su aliado militar, económico y político más importante, esto durante el periodo de Chávez como ahora con Maduro.

  Se indica que, en los últimos 15 años, Venezuela le compró a Rusia armamento por USD 11 mil millones que incluyó tanques, aviones de combate avanzados y sistemas de misiles antibalísticos[4].

  Por su parte, Rusia compra el petróleo venezolano, brinda apoyo diplomático en el seno de la Naciones Unidas al tiempo que, regionalmente, sabotea la legitimidad de Estados Unidos en América Latina.

Con China

 Mientras de Rusia recibe el apoyo militar, el régimen venezolano obtiene de China respaldo financiero.

  Pekín ha otorgado préstamos y ha invertido en diversos proyectos que han significado decenas de miles de millones de dólares.

  El área petrolera y la minería acaparan la mayoría de dichas inyecciones de dinero. De hecho, desde 2018, las inversiones chinas en Venezuela totalizaron USD 67 mil millones, que constituyeron en el 40 por ciento de la inversión de China en la región[5].

Con las FARC y el ELN

  La guerrilla colombiana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a las que Hugo Chávez apoyó y con la que se alió desde la década de los años ´90.

  El proceso de paz firmado en Colombia entre el gobierno y las fuerzas insurgentes dio pie a una escisión del grupo terrorista —así fue designado por Estados Unidos y la Unión Europea— y decenas de altos mandos y combatientes encontraron cobijo en territorio venezolano al amparo del régimen de Maduro[6].

  Tanto estos disidentes, como agentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) operan en Venezuela protegidos por Maduro, sostiene el informe.

 Farah sostiene que con Nicolás Maduro, la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana (BJCE), ha experimentado un gran crecimiento, el cual ha ido de la mano de las FARC y el ELN. Algo que ha ocurrido en la misma medida y proporción que los precios petroleros cayeron y, por ende, la fuente de financiamiento de la la actividad criminal del régimen venezolano.

 Los negocios irregulares del régimen venezolano con las FARC, los cuales alcanzan escala internacional, tienen que ver con minería de oro ilícita, narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas y corrupción masiva.

  Para determinarlo tajantemente, sirvieron dos eventos ocurrido en 2020, primero, la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos de altos funcionarios del gobierno venezolano, entre ellos el propio Nicolás Maduro, cuando se describió la asociación criminal entre el régimen y la guerrilla para llevar a cabo actividades de narcotráfico. El segundo de dichos eventos, fue la captura del empresario colombo-venezolano, Álex Saab, señalado de ser presunto testaferro de Maduro, un hecho que transparentó ante la opinión pública internacional el esquema de corrupción y lavado de dinero que opera en Venezuela[7].

 El reporte indica que diversas investigaciones y acciones del gobierno estadounidense documentan “red ilícita adaptable y multifacética del régimen de Maduro proporciona el apoyo financiero y político muy necesario”, lo que le permite junto a “sus compinches y aliados, robar miles de millones de dólares para beneficio personal y supervivencia del régimen, a expensas del pueblo venezolano”.

  El informe se remite a una estructura criminal militar que opera dentro del régimen venezolano, conocida como el Cartel de los Soles, la cual mantiene una sólida relación con miembros disidentes de las FARC y que permite que la cocaína producida por las FARC sea traficada a través de Venezuela a cambio de dinero en efectivo y servicios. Entretanto, el régimen ofrece a las FARC seguridad en territorio venezolano, armas y rutas seguras de transporte de la droga.

 El ELN controla gran parte de la minería de oro ilícita en Venezuela y Colombia, la economía criminal de más rápido crecimiento en la región.

 Ambas guerrillas terroristas, FARC y ELN, proporcionan fondos a Maduro y ayudan al régimen a mantener el control territorial en lugares remotos, pero estratégicamente vitales, zonas limítrofes con Colombia y Guyana[8].


CITAS

[1] AEI. “Kingpins and Corruption: Targeting Transnational Organized Crime in the Americas”. 26 de junio de 2017. https://www.aei.org/wp-content/uploads/2017/06/Kingpins-and-Corruption.pdf

[2] Foreign Policy. “Iran Is Working Hard to Revive Anti-U.S. Operations in Latin America”. 21 de junio de 2020. https://foreignpolicy.com/2020/06/01/iran-venezuela-alliances-latin-america/

[3] Reuters. “ran Is Hauling Gold Bars Out of Venezuela’s Almost-Empty Vaults”. https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-30/iran-is-hauling-gold-bars-out-of-venezuela-s-almost-empty-vaults


 


[4] National Defense University. Douglas Farah and Kathryn Babineau. “Extra-regional Actors in Latin America: The United States is not the Only Game in Town”. 26 de febrero de 2019. https://cco.ndu.edu/News/Article/1767399/extra-regional-actors-in-latin-america-the-united-states-is-not-the-only-game-i/

[5] The Dialogue. China-Latin America Finance Database. https://www.thedialogue.org/map_list/

[6] InSight Crime. “FARC Dissidents and the ELN Turn Venezuela Into Criminal Enclave”. 10 de diciembre de 2018. https://www.insightcrime.org/news/analysis/farc-dissidents-eln-turn-venezuela-criminal-enclave/

[7] Department of Justice. “Nicolás Maduro Moros and 14 Current and Former Venezuelan Officials Charged with Narco-Terrorism, Corruption, Drug Trafficking and Other Criminal Charges”. 26 de marzo de 2020. https://www.justice.gov/opa/pr/nicol-s-maduro-moros-and-14-current-and-former-venezuelan-officials-charged-narco-terrorism

[8] InSight Crime. “ELN in Venezuela”. 28 de enero de 2020. https://www.insightcrime.org/venezuela-organized-crime-news/eln-in-venezuela/

Cliver Alcalá Cordones tendrá más tiempo para revisar su grueso expediente criminal

  El militar venezolano y su abogado tienen un mes adicional para revisar el extenso expediente de evidencias que la fiscalía usará para probar los cargos de narcotráfico por los cuales fue acusado el 26 de marzo de 2020. 

Por Maibort Petit

  Los fiscales federales solicitaron al juez, Alvin K. Hellerstein, un cambio de la audiencia antes del juicio de Cliver Antonio Alcalá Cordones que estaba prevista para el 2 de septiembre de 2020, alegando que el gobierno continúa presentando pruebas al acusado, y que éste necesita tiempo para revisar los material con sus abogados. 

   El gobierno de los Estados Unidos acusa al general (r) Clíver Alcalá Cordones de formar parte del Cártel de los Soles, y de haber participado en actividades vinculadas al narcoterrorismo por dos décadas, junto a funcionarios de alto nivel del régimen venezolano desde la época de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

  Los fiscales Amanda Houle, Matthew Laroche, Jason A. Richman y Kyle Wirshba pidieron un aplazamiento de 30 días de la fecha de esta conferencia, lo que indica que la audiencia se realizará a principios del mes de octubre. 

  Acotan que en vista de la pandemia de COVID-19  y motivado a que necesitan más sesiones de trabajo para la evaluación de los materiales del descubrimiento,  solicitaron que la Corte excluya el tiempo hasta la fecha de la nueva conferencia, en interés de la justicia. 

  El abogado defensor aceptó las solicitudes.

  Cliver Alcalá se entregó a las autoridades estadounidenses el 26 de marzo en Colombia y fue trasladado a Nueva York. Desde el 27 de marzo vive en una cárcel en Putnam, en las afueras de Manhattan, donde según sus defensores "lo han tratado bien".

 Alcalá Cordones se declaró no culpable de los cargos ante un juez federal en Nueva York, en una audiencia por Internet con el programa Skype el 31 de marzo de 2020.

  El gobierno estadounidense lo acusa, junto a 15 funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, de cargos por narcoterrorismo.

  De acuerdo a los documentos federales, durante los últimos 20 años, desde que Hugo Chávez asumiera el poder en 1999, el Ejecutivo venezolano participó en una violenta y corrupta conspiración con las FARC para traficar con cocaína para ser traficada a los EE. UU.


Estados Unidos calcula que las FARC y el Cártel de los Soles consiguieron ingresar en territorio estadounidense unas 250 toneladas de cocaína de manera anual desde 2004.

¿Por qué Harvest Natural Resources Inc. retiró la demanda contra Rafael Ramírez?

   Harvest Natural Resources Inc. y HNR Energia BV, interpusieron en febrero de 2018 una demanda civil en contra Rafael Ramírez, Eulogio Del Pino y sus intermediarios. El 26 de agosto de 2020, retiraron voluntariamente la querella.

Por Maibort Petit

  Una comunicación de los abogados de Harvest Natural Resources Inc, en relación a una demanda que se impuso contra de Rafael Ramírez con fecha 26 de agosto de 2020, informa que la empresa retira voluntariamente la querella y advierte que el querellado no está obligado a responder ante el tribunal.

    Fuentes ligadas al caso explicaron a Venezuela Política que la acusación fue retirada porque no se había logrado ubicar "una serie de elementos que eran indispensables para procesar la acusación en un nuevo juicio". Vale destacar que el fallo inicial a favor de Ramírez se produjo en la ausencia de representación legal del acusado.


   El tribunal había otorgado a Rafael Ramírez el derecho a que se iniciara un nuevo proceso debido a que el acusado no había ejercido su derecho a la defensa, por estar fuera de los Estados Unidos y en una situación que, según el exfuncionario del régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, le impidió responder a la corte en ese proceso, cuya decisión final ordenada por un juez de Distrito le obligaba a pagar 1.400 millones de dólares a la empresa por compensación como resultado de una demanda de fraude interpuesta por la empresa Harvest Natural Resources.

Ver detalles aquí.

  La jueza de distrito, Lee Rosenthal dió a conocer el fallo tras no conocerse la respuesta de Ramírez Carreño en la demanda en 2019. Esta fue la primera vez que el expresidente de PDVSA es demandado en los Estados Unidos en un caso civil.

  Los documentos federales señalan que hubo solicitud de Ramírez, a través de terceros, de solicitar a la empresa Harvest sobornos de 10 millones de dólares para permitir que la compañía vendiera sus activos desde 2012. Harvest alegó que la política fraudulenta usada por Ramírez condujo a pérdidas de unos 472 millones. 

  La juez Rosenthal otorgó inicialmente en diciembre una compensación de 472 millones a la empresa Harvest, pero el falló la triplicó.

Juan José García Mendoza: 

El presunto extorsionador de Harvest Natural Resources INC

 Ante la Corte del Distrito Sur de Texas, División Houston, la empresa estadounidense demandó civilmente a Juan García Mendoza y sus empresas, entre otros, por supuestamente haberle exigido USD 10 millones para que el gobierno venezolano autorizara la venta de sus activos en el país.

  Múltiples fueron los obstáculos que Harvest Natural Resources INC[1] y HNR Energia BV enfrentaron para vender su participación accionaria en la empresa mixta Petrodelta que mantenían en sociedad con la Corporación Venezolana del Petróleo S.A. conformada el 11 de septiembre de 2007, pero el hecho más significativo denunciado por los propietarios de dichas compañías, fueron los supuestos intentos de extorsión de que habrían sido objeto por parte de funcionarios gubernamentales y representantes de estos para que accedieran a pagar un soborno de USD 10 millones para que, finalmente, la alta directiva de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y el Ministerio de Energía y Petróleo dieran el visto bueno y aprobación a la venta de sus activos en el país. La ley venezolana exige la autorización del despacho del Ejecutivo Nacional a los accionistas privados en empresas mixtas que quieran vender sus papeles a un tercero. Del denunciado proceso extorsivo, la empresa estadounidense acusa a Juan José García Mendoza, un asesor petrolero que, presuntamente, actuó en connivencia con altos jerarcas de la estatal petrolera y del gobierno para que las referidas empresas cedieran a las presiones y terminaran pagando la coima exigida.

  Ante el tribunal Harvest exige ser resarcida en tres veces el valor de lo perdido por las acciones de los demandados. Argumenta que en los años 2013 y 2014, inició sendos procesos de venta de sus activos en Venezuela, la primera vez por USD 725 millones y la segunda por USD 400, pero en razón de las obstrucciones de los acusados y de su insistencia en cobrar sobornos, Harvest perdió estas dos buenas oportunidades y terminó vendiendo por USD 255, lo que significó una pérdida de USD 470 millones.

  Luego de varias acciones, en los primeros días de octubre de 2016, Oswaldo Cisneros completó la compra de 32 por ciento de las acciones de PetroDelta a Harvest Natural Resources Inc. y a la argentina Pluspetrol por alrededor de USD 200 millones en efectivo y acciones[2], informó en su momento el portal El Estímulo. 

  Posteriormente, el 20 de octubre se conoció Cisneros invertiría USD 1.000 millones en un campo petrolero controlado del estado venezolano. Delta Petroleum NV, grupo empresarial controlado por Cisneros anunció que firmaría un acuerdo para invertir USD 800 millones en la empresa mixta que mantiene con Pdvsa, PetroDelta, y que funciona en el oriente venezolano[3].

  Pero pese a que la venta se concretó, Harvest denuncia grandes pérdidas en razón de los supuestos obstáculos interpuestos por funcionarios del gobierno venezolano y sus representantes para que la venta ocurriera en 2012-13 cuando estaba previsto y por el precio a que entonces aspiraba.

  La sociedad entre Harvest y CVP comenzó cuando el 11 de septiembre de 2007 se firmó el contrato de conversión a empresa mixta entre la Corporación Venezolana del Petróleo S.A. representada por su presidente, Eulogio Del Pino y la empresa estadounidense, Harvest Vinccler S.C.A. representada por su gerente general, Karl Nessenrole, y HNR Finance B.V., a su vez representada por su director gerente, Kurt A. Nelson. El capital era Bs. 1.000.000.000 representados por cien mil acciones comunes con un valor nominal de Bs. 10.000 cada una, clasificadas en tipo A y B. CVP sería poseedora del 60 por ciento representado en 60 mil acciones tipo A, mientras HNR Finance tendría el restante 40 por ciento representado en 40 mil acciones tipo B.

  Tal situación llevó a Harvest Natural Resources Inc. y HNR Energia BV a interponer en febrero de 2018 una demanda civil en contra aquellos a quienes estima, afectaron sus intereses y que de acuerdo a lo que reza el documento acusatorio, habrían sido Rafael Ramírez, Eulogio Del Pino y sus intermediarios.

Los detalles de la demanda

  Harvest Natural Resources INC y HNR Energia BV presentó una demanda en contra en contra de Juan José García Mendoza, Petroconsultores SC, Petro Consultores International Trading Company INC, Petroconsultores (Barbados) LTD, Petroconsultores INC, Azure 904 LLC, Rafael Ramírez Carreño, Eulogio Antonio Del Pino Díaz y José Ángel González Acosta, ante la Corte del Distrito Sur de Texas, División Houston[4].

 La demanda indica que Harvest, PetroAndina (PlusPetrol) y Pertamina habrían sido supuestamente objeto de extorsión.

  Los demandantes sostienen que los demandados les exigieron USD 10 millones para que concretar la venta de sus activos en Venezuela. Harvest  asegura que fue objeto por parte de los acusados y por diez años de una conspiración con fines extorsivos cuando intentaron negociar con Petróleos de Venezuela S.A.

  A consecuencia de estas acciones por parte de los demandados, Harvest se vio obligada a rematar sus activos en Venezuela lo que representó pérdidas por el orden de los USD 500 millones.

  Alega la empresa que Juan José García Mendoza, propietario de las empresas Petro Consultores y Azure, era quien llevaba a cabo la extorsión al amparo de sus compañías.

 La demandante expone en que en noviembre de 2012, Juan José García Mendoza se dirigió a Juan Francisco Clerico, director de Harvest-Vinccler, en Caracas, Venezuela, y exigió que Harvest pagara un soborno de USD 10 millones para que el gobierno venezolano procediera a aprobar la operación de venta. Se trataba de la venta de la participación accionaria de Harvest en la empresa mixta Petrodelta (40 por ciento), una compañía venezolana de exploración y producción que poseía en sociedad con PDVSA.

 Harvest sostiene que García Mendoza ya había exigido sobornos similares en dos ocasiones anteriores a empresas que también habían celebrado acuerdos para comprar los intereses de Harvest en Venezuela.

  Harvest alega que García Mendoza pidió estos sobornos "sabiendo y con la intención de que la solicitud se transmitiría a Harvest en Houston, Texas, y que cualquier soborno, si se hubiere pagado, necesariamente procedería de cuentas bancarias de Harvest en los Estados Unidos.

  Harvest asegura que García Mendoza "trabaja como consultor en la industria del petróleo y el gas para empresas, incluidas empresas de Estados Unidos y Texas, que realizan negocios en Venezuela. García es propietario, funcionario y empleado de Petro Consultores SC, Petro Consultores International Trading Company, Inc., Petroconsultores (Barbados) Ltd. y Petroconsultores, Inc. García también fue propietario y gerente de Azure 904 LLC durante el período de tiempo relevante.

  En razón de que Harvest y las empresas compradoras se negaron a pagar las coimas, los procesos de venta se vieron frustrados, no pudiendo Harvest vender sus activos venezolanos durante cuatro años y que luego solamente pudo hacerlo con un descuento de más de USD 470 millones respecto al acuerdo original.

  Harvest exige que se le pague tres veces la cantidad que ellos habrían perdido debido a la conducta criminal de PDVSA y del gobierno venezolano, a saber USD 1.500 millones.

  En abril de 2018, el juez Keith P. Ellison, titular del citado tribunal, desestimó una demanda contra Juan José García Mendoza, Petroconsultores SC, Petro Consultores International Trading Company INC, Petroconsultores (Barbados) LTD, Petroconsultores INC, Azure 904 LLC, por considerar que no tenían jurisdicción personal en el estado de Texas en todos los aspectos.

  Harvest impugnó la casi totalidad de la declaración de García Mendoza para argumentar la falta de jurisdicción personal y procedió a tramitar un descubrimiento jurisdiccional. El 30 de abril de 2018, la corte escuchó un argumento oral sobre la moción de Harvest y el tribunal consideró la situación y amplió los plazos en 60 días.

  La corte concedió la moción de Harvest para el descubrimiento jurisdiccional y se determinó que las partes tenían hasta el 28 de junio de 2018 para llevar a cabo un descubrimiento limitado a los vínculos jurisdiccionales y contactos de los demandados. Harvest puede deponer a García, y debe comparecer, pero puede elegir aparecer en Miami, Florida o Houston, Texas. La deposición se llevaría a cabo en una fecha, lugar y hora que las partes acuerden o que el tribunal ordene.

  El descubrimiento jurisdiccional puede mostrar que los contactos de García Mendoza con la Florida u otros estado son "continuos y sistemáticos", sometiéndolo a la jurisdicción en Texas bajo la ley RICO. Igualmente, el descubrimiento jurisdiccional podría mostrar que García Mendoza "dirigió a propósito [sus] actividades en [Texas] y [que] los resultados del pleito de presuntas lesiones surgieron o se relacionan con esas actividades". Harvest alega que García pretendía que su solicitud fuera tramitada en Houston, Texas, y que cualquier soborno, si se pagase, necesariamente provendría de las cuentas bancarias de Harvest en los Estados Unidos. García supuestamente sobornó a Harvest-Vinccler, una compañía holandesa, en gran parte propiedad de HNR Energia, una compañía de Curazao, que era propiedad de Harvest, si el descubrimiento establece que la solicitud de soborno de García fue una un agravio intencional dirigido a Texas, eso puede ser suficiente.

  Las partes debían completar el descubrimiento jurisdiccional antes del 6 de julio de 2018 y Harvest debía responder a la moción de desestimación de los demandados antes del 3 de agosto de 2018. Los acusados ​​debían presentar una respuesta antes del 10 de agosto de 2018. El argumento oral se realizaría el 24 de agosto de 2018.

¿Quién es Juan José García Mendoza?

  El portal Dateas nos informa que Juan José García Mendoza nació el 24 de junio de 1960 y es portador de la Cédula de Identidad N° V-5.548.420. Lo ubica en el San Antonio de Los Altos, municipio Los Salias, estado Miranda[5].

  Su cuenta individual en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales refiere que ingresó al sistema el 22 de marzo de 1982, apareciendo en la actualidad con estatus cesante de la empresa Petróleos de Venezuela S.A. con el número patronal D11300057. Indica que su fecha de egresó fue el 30 de diciembre de 1989. Su fecha de contingencia es el 24 de junio de 2020. Acumula 1.032 semanas cotizadas y un total de salarios cotizados de Bs. 9.343,47[6].

  Ejerce su derecho al voto en la Unidad Educativa Colegio Fray Luis Amigo de la parroquia Baruta, municipio Baruta del estado Miranda.

  Entretanto, Juan José García Mendoza, su hijo, nació el 28 de agosto de 1975 y es titular de la Cédula de Identidad N° V-12.097.084. Se le ubica en la parroquia Sucre, municipio Libertador, Distrito Capital[7].

  Su cuenta individual en el IVSS indica que ingresó al sistema el 1° de octubre de 1999, su fecha de contingencia es el 28 de agosto de 2035. Su estatus actual es cesante de la empresa Serviascorp C.A., con el número patronal D18389484. Acumula 257 semanas cotizadas y un total de salarios cotizados de Bs. 19.058,92[8].

  El Registro Electoral Permanente informa que ejerce el derecho al sufragio en la Unidad Educativa Colegio Parroquial La Sagrada Familia, de la parroquia Sucre, municipio bolivariano Libertado, Distrito Capital.

  Azure 904, LLC es una empresa registrada en el estado de la Florida en fecha 17 de abril de 2013, bajo el número L13000056934. Su estatus es active. Se ofreció como sede el 9401 Collins Ave. #605, Surfside, FL 33154. Como dirección postal se suministró el P.O. Box 830726, Miami, FL 33283. Como agente registrador figura Cira E. García (8925 Collins Ave. Unit 7C, Surfside, FL 33154). Como titular aparece Juan J. García (misma dirección de la empresa)[9].

  Sobre esta empresa, Juan José García Mendoza dijo ante la Corte de Texas: “Soy el único propietario de Azure 904, LLC ("Azure 904"), una compañía de responsabilidad limitada de Florida. Azure 904 actualmente es propietaria del condominio de Florida donde vive mi madre anciana. La compañía, sin embargo, nunca ha poseído ninguna propiedad u otros activos fuera del Estado de Florida y no tiene cuentas bancarias en los Estados Unidos ni en ningún otro lado. Azure 904, de hecho, no ha llevado a cabo ningún negocio debido a la adquisición y el mantenimiento de bienes inmuebles en Florida. La compañía, especialmente, nunca ha llevado a cabo negocios en Texas ni con ningún residente de Texas”.

  Sobre Petroconsultores SC ("Petro, S.C."), el propio Juan García Mendoza declaró ante el tribunal de Texas que es el único propietario y empleado de la empresa que tiene sede en Venezuela con el único propósito comercial de realizar consultorías de petróleo y gas para empresas venezolanas. “. Cuando trabajo para Petro, S.C., no he prestado servicios para ningún residente o entidad de Texas, me he comunicado con ningún residente de Texas, no estoy registrado para hacer negocios en Texas ni he realizado negocios con ninguna entidad de Texas. Petro, S.C., no tiene una cuenta bancaria en Texas, posee ninguna propiedad real o personal en Texas ni posee ningún activo en Texas”. La compañía tiene su sede en la Calle Suapure, Caracas, Distrito Capital. Teléfono: 0212 7531850[10].

  De Petro Consultores International Trading Company, Inc. ("Petro International"), Juan José García Mendoza dijo ante la corte que esta “fue otra empresa comercial fallida que nunca llegó a despegar. Petro International no tiene sedes y nunca tuvo operaciones comerciales de ningún tipo. La compañía nunca ha mantenido ningún activo, pasivo o cuenta bancaria. Petro International, especialmente, nunca ha tenido ningún activo o propiedad en los Estados Unidos ni ha llevado a cabo negocios en los Estados Unidos o con residentes de los EE. UU. De hecho, no he pagado las cuotas anuales que el gobierno panameño requiere para mantener a la compañía al día y, por lo tanto, puede que ya no existan.

 De ella el portal Open Corporates[11] dice que está inscrita en Panamá con el número de registro N846031, en fecha 9 de octubre de 2014 y que en la actualidad exhibe estatus active. El agente registrador fue Anzola Robles & Asociados. Como presidente y director figura Juan José García, quien se encuentra acompañado en el directorio por Freddy Ricardo Salcedo Descombaz (vicepresidente y director), Guido Roberto Danilo Italiani Firrito (director), y Davis Arrocha Medina e Esca Grajales Castillo como directores.

  Con relación a Petroconsultores (Barbados) LTD, García Mendoza expuso que “es una empresa de Barbados. Petro Barbados también fue una empresa comercial fallida que nunca llegó a despegar. Petro Barbados no tiene sedes y nunca tuvo operaciones comerciales de ningún tipo. La compañía nunca ha mantenido ningún activo, pasivo o cuenta bancaria. Petro Barbados, especialmente, nunca ha tenido activos ni propiedades en los Estados Unidos ni ha llevado a cabo negocios en los Estados Unidos o con residentes de los EE. UU. De hecho, no he pagado las tarifas anuales que exige el gobierno de Barbados para mantener a la compañía al día y, por lo tanto, puede que ya no existan”.

 Open Corporates refiere que esta empresa fue registrada en Barbados el 10 de diciembre de 2014, bajo el número 38947[12].

 Entretanto, de Petroconsultores Inc Juan García Mendoza expresó que “es una empresa de Anguila, Islas Vírgenes Británicas. Petro, Inc., es una empresa comercial fallida que no tiene sede ni operaciones comerciales actuales de ningún tipo. Petro, Inc., no tiene cuentas bancarias de Estados Unidos o Texas en absoluto. De hecho, Petro, Inc., nunca ha poseído ningún activo, pasivo o propiedad en ningún estado de EE. UU. Ni ha llevado a cabo ningún negocio en ningún estado de EE. UU. Petro, Inc., especialmente, no se ha comunicado con ningún residente de Texas, no está registrado para hacer negocios en Texas y no ha realizado negocios con ninguna entidad de Texas”.

Notas 

[1] Hasvest. http://www.harvestnr.com/

[2] El Estímulo. “Oswaldo Cisneros invierte $1.000 millones en PetroDelta”. 20 de octubre de 2016. http://elestimulo.com/elinteres/oswaldo-cisneros-invierte-1-000-millones-en-petrodelta/


[3] The Walll Street Journal. “Oswaldo Cisneros invertirá US$1.000 millones en un proyecto petrolero controlado por Venezuela”. https://www.wsj.com/articles/oswaldo-cisneros-invertira-us-1-000-millones-en-un-proyecto-petrolero-controlado-por-venezuela-1476903613


[4] Global Investigations Reiew. Case 4:18-cv-00483 Document 1 Filed in TXSD on 02/16/18.   https://globalinvestigationsreview.com/digital_assets/7f878b2a-fc32-40f7-b31b-862b8a030dae/Harvest-v-Ramirez.pdf


[5] Dateas. Juan José García Mendoza. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/garcia-mendoza-juan-jose-9843721


[6] IVSS. Juan José García Mendoza. Cuenta individual. http://www.ivss.gob.ve:28083/CuentaIndividualIntranet/CtaIndividual_PortalCTRL


[7] Dateas. Juan José García Mendoza. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/garcia-mendoza-juan-jose-674599


[8] IVSS. Juan José García Mendoza. Cuenta individual. http://www.ivss.gob.ve:28083/CuentaIndividualIntranet/CtaIndividual_PortalCTRL


[9] Sunbizz. Azure 904, LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/corporationsearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=AZURE904%20L130000569341&aggregateId=flal-l13000056934-003e4d01-cc5f-47f0-b33d-f0bb2436bb70&searchTerm=Azure%20904%20LLC&listNameOrder=AZURE904%20L130000569341


[10] Infobel. Petroconsultores SC. https://www.infobel.com/es/venezuela/petroconsultores_sc/caracas/VE100000567-02127531850/businessdetails.aspx 


[11] Open Corporates. Petro Consultores International Trading Company, Inc. https://opencorporates.com/companies/pa/846031


[12] Open Corporates. Petroconsultores (Barbados) LTD. 


Nota


Por un error involuntario en estas páginas se cometió el error de mencionar a la empresa Azure 966 LLC en el caso de la demanda civil presentada por la empresa estadounidense Harvest Natural Resources INC en contra de Juan José Mendoza y sus compañías ante la Corte del Distrito Sur de Texas, División Houston, hecho que reseñamos en la nota publicada el 15 de febrero de 2018 bajo el título “Conoce todos los detalles de la demanda que obliga a Rafael Ramírez a pagas USD 1.400 millones”. 


En la referida reseña se hizo mención a la cita empresa en el siguiente texto:


“Azure 966 LLC está registrada en Florida desde el 17 de junio de 2015, bajo el número L15000108441. Su estatus es activo. Su dirección es 11020 S Powerline RD, Pompano Beach, FL 33069 que también es su dirección postal. El agente registrador fue Totalcorp Business Consultans Corp (1825 Main ST, Weston, FL 33326). Como titular autorizado figura Filianos LLC (misma dirección de la empresa)”, el cual hace referencia a los datos de su registro en el estado de la Florida, Estados Unidos.


Tal error se debió, como puede apreciarse, a la similitud de los nombres de las empresas, la verdaderamente inmiscuida en los hechos y en la demanda, a saber, Azure 904 LLC, y el de la compañía involucrada de manera involuntaria y errónea por nosotros, Azure 966 LLC.



Es por ello, que apegados a la ética periodística a la que siempre hemos estado apegados, y en fiel cumplimiento al deber ser, procedemos a rectificar y eximir de toda responsabilidad a Azure 966 LLC en los hechos señalados en la demanda y en la información que sobre ella dimos a conocer en la oportunidad antes mencionada. 



jueves, 20 de agosto de 2020

La Revolución Molecular Disipada apunta al fin del modelo republicano

  A través de los sucesos ocurridos en Chile, se explica cómo la izquierda [ahora progresistas o globalistas] ha venido operando desde hace décadas en Latinoamérica con el objetivo de poner fin a la institucionalidad y los estados nacionales.

Por Maibort Petit

   Es fundamental volver a los principios de la democracia porque está en juego la república, advierte Alexis López al explicar cómo opera el Modelo de la Revolución Molecular Disipada, dirigido desde la izquierda mundial con el objetivo de acabar con la institucionalidad y la verticalidad del estado.
   López es un intelectual chileno, director de Radio y Televisión de Santiago (RST), profesor universitario que ha desarrollado una investigación filosófica sobre la ofensiva neo-marxista en América Latina y en el mundo, que consiste en el análisis del “Modelo de la Revolución Molecular Disipada” que ha venido operando en los últimos tiempos en Latinoamérica y que él interpreta a partir del proceso de insurrección revolucionaria que se encuentra en pleno desarrollo y sin freno en Chile.

  Comienza López refiriéndose a una frase que forma parte del libro “Contribución a la guerra en curso”, escrito por uno de los filósofos de la Deconstrucción, Gilles Deleuze y por Tiqqun, un colectivo francés: “El terror y la crisis son, ante todo, maneras de gobernar”.
  Lo que significa que, etimológicamente hablando, gobernar es una acción que se ejerce no necesariamente desde un sillón presidencial, sino tomar el control. Por tanto, el terrorismo y las crisis son aprovechados para modificar la política y, de esta manera, gobernar, ejercer el control.

El origen del modelo

   La teoría de Revolución Molecular en realidad es original del filósofo y psicoanalista francés, Félix Guattari (1930-1992), quien lo planteó como un sistema universal de lucha social y emancipación. Es uno de los cuatro principales autores de un nuevo modelo filosófico que se denomina “deconstrucción” y que se erige como una de las actualizaciones que ha experimentado el marxismo.

  Una de las aplicaciones de la deconstrucción en términos táctico-prácticos es el Modelo de Revolución Molecular Disipada.

  Guattari sostenía que “La revolución no se juega únicamente en el ámbito del discurso político manifiesto, sino también en un plano mucho más molecular, que atañe a las mutaciones del deseo y a las mutaciones técnico-científicas, artísticas, etc.”.

   Dirigió su trabajo a tratar de desmontar la lógica del dominio que rige los partidos políticos, las escuelas, los hospitales, la familia, la sexualidad, los medios de comunicación, es decir la institucionalidad pues, de acuerdo a su visión, es allí donde se miniaturiza y actúa con más énfasis la represión. Al mismo tiempo, Guattari consideraba que también es allí donde un individuo o un cuerpo social paralizado por la miseria y el miedo, puede implementar un cambio y hacer girar la situación al hacer encadenar las voluntades, establecer alianzas y promover la revolución molecular.

   Advertía eso sí, que dicha revolución molecular solamente es posible en plural, sumando muchas revoluciones moleculares, muchas prácticas más que una teoría, desarrollando una nueva forma de hacer política que “se convierte en revolucionaria desde el momento en que vincula toda transformación social a una transformación en la economía del deseo”.

  Partiendo de esta premisa, los actores, convertidos en “máquinas deseantes” y “máquinas de guerra sociales” pueden instrumentar la reconstrucción de los actuales sistemas sociales[1].
   Sustentada en la teoría de Guattari, en la actualidad opera la estrategia política de deconstruccionista de la “Revolución Molecular Disipada” que Alexis López se ha encargado de analizar y exponer. La RMD estima que es posible implementar un nuevo modelo de acción revolucionaria horizontal que, de manera gradual y cotidiana, normalice las disposiciones y conductas en orden para alterar el estado de normalidad social del sistema dominante para derogarlo y sustituirlo.

 Esto es posible a través del caos y el cese del flujo de normalidad.
  Se trata pues de una confrontación tipo guerrilla urbana, recodificada a partir del movimiento situacionista y constituyendo un modelo de acción simbólica y de combate, cuyos militantes combaten molecularmente al sistema para imponer su propia dominación.
   Alerta López que se quiere desmontar el modelo republicano para instaurar, como en efecto ya está sucediendo, un modelo de consejos o soviets. “Está en juego la república”.
   Alerta que luego de la pandemia del coronavirus comenzará un intento formal a nivel mundial de instauración de políticas globales y de un gobierno mundial a través de organismos como la ONU, la OMS, entre otros. La pandemia será la excusa para imponer determinadas medidas que apunten al objetivo del fin del institucionalismo. Recuerda que la condición para que exista un gobierno mundial es terminar con los estados nacionales, es decir, con las repúblicas.

El nombre

  Alexis López explica que el nombre se debe, primero, porque es revolucionario, tal como todos los que han ocurrido en la historia.

  Molecular, porque a diferencia de todas las revoluciones que ha habido en el mundo básicamente en el siglo 20, donde había un liderazgo definido, una estructura partidista o un grupo revolucionario muy concreto, con rostros identificables, en la RMD los actores son indistinguibles uno de otros, por lo que se hace casi imposible saber contra quién se lucha. No hay verticalidad, coordinación centralizada.

  Finalmente, es disipada porque los actores se coordinan para la acción, pero luego se disipan, lo que impide hacerles seguimiento.
  En la deconstrucción el lenguaje es fundamental, subraya López, por lo que sirve para redefinir los conceptos de la institucionalidad. De esta manera, el fenómeno deconstructivo termina operando no solamente en la izquierda, sino también en la derecha que, sin siquiera advertirlo, termina aplicando conceptos que son propios de la deconstrucción y, por tanto, del comunismo. Esto perfectamente puede advertirse con la llamada globalización que se instituye mundialmente.

  En tal sentido, Alexis López hace referencia al concepto de “democracia participativa” que comenzó a escucharse como parte del discurso de la izquierda en todos los países, en contraposición al mero concepto de “democracia”.

“La izquierda no habla de democracia sino de democracia participativa que es un concepto acuñado por Lenin que, literalmente, significa el reemplazo de la democracia burguesa, la democracia vertical de partidos políticos, para sustituirla por la democracia horizontal de movimientos ciudadanos, reemplazando el orden vertical de la sociedad”, advierte.
La RMD es un proceso

  Advierte Alexis López que la Revolución Molecular Disipada es un proceso, por lo que es un error creer que se trata de alzamientos o movimientos espontáneos que se producen en un contexto como expresión de malestar social, un problema económico o, incluso, por la crisis del coronavirus.

  Asegura que se trata de un proceso revolucionario que viene desarrollándose desde hace décadas, siendo que lo que está ocurriendo actualmente es la fase final de ofensiva del proceso, el cual resume en un esquema que aquí presentamos:
  El esquema de López señala algunos hitos importantes que marcan el desarrollo de la Deconstrucción en Chile que se inicia con la visita de Félix Guattari, quien en ese entonces dejó instalada una escuela que funciona hasta el día de hoy se ha formado la vanguardia deconstruccionista en el país austral; el viaje de Hugo Chávez a ese país en 1994, a partir de la cual se establecieron las primeras relaciones del chavismo con esa nación, las cuales se mantienen vigentes en la actualidad con la participación de numerosos agentes subversivos venezolanos en la insurrección chilena en curso.

 Hace un paréntesis para apuntar que, si bien en Chile el paso de Guattari fue breve, en Brasil, donde estuvo en 14 ocasiones, fue el responsable de llevar a Lula Da Silva a la presidencia de la república, lo cual es un indicativo de la importancia que tiene la Deconstrucción como fenómeno filosófico y de las doctrinas que derivan de ella.

   Además, el esquema refiere a una serie de hechos significativos, dado que de que, desde entonces, su presencia se ha hecho permanente en Chile, tales fueron la llegada de Sendero Luminoso en 1995; también desde el señalado año, la ETA contactaron vanguardias subversivas que operaban en la Araucanía chilena; en esa fecha igualmente las FARC comenzaron a generar vínculos con la cadena del narcotráfico; el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) inició en 1998 contactos con los movimientos insurreccionales chilenos.

  Se citan otros hechos, que como los anteriores, se mantienen hasta la actualidad y que generaron fenómenos locales significativos que son parte de la Deconstrucción que, a partir de ello, se manifiesta de diferentes maneras en Chile.

La táctica

  Alexis López hace referencia a un hecho que se repite en todos los países latinoamericanos y es el sistema de consenso y coerción con que opera el modelo de Revolución Molecular Disipada para que se logren los objetivos que el mismo se plantea.

  Explica que ante cada objetivo que se planteen y que se materialice en algún conflicto, acudirán ante los gobiernos para exigir que se alcance un consenso que, al producirse desencadenará nuevas movilizaciones para ejercer una nueva coerción para volver a un nuevo consenso. Se trata, pues de un proceso permanente, sin fin, en el que se va corriendo el cerco cada vez que logran un objetivo.
  Advierte que el modelo de la Revolución Molecular Disipada avanza por el hecho de que los países de la región los gobiernos son débiles y se sientan a negociar sin entender que lo hacen con terroristas, aunque estos aún no ejerzan el terror en forma física.

Los niveles de la confrontación

  El modelo de la RMD opera en diferentes niveles que van de la evasión a la insurrección.

  La evasión es un acto de desacato que no necesariamente es violento; a partir de entonces se proceder a dejar de acatar la autoridad, es decir, el desacato propiamente dicho; el próximo paso es la resistencia, la oposición a la autoridad; luego viene la desobediencia, obviar las órdenes; la insumisión es lo que sigue y se da cuando se dan cuenta de que las fuerzas de orden no pueden operar, dejan de someterse a la autoridad; se pasa a la calle para que suceda la insubordinación, cuando los actores se mueven sin que exista una coordinación, son moleculares, para demandar distintas cosas.

  Entonces comienza la violencia, la rebelión y, de inmediato, ocurre la insurrección.
Las fases

El modelo de la Revolución Molecular Disipada opera por fases.

  En primer lugar, se encuentra el escalamiento, en la cual se traduce en acciones de desacato, insumisión y rebelión de baja intensidad, la cual va en incremento.

 Luego viene el copamiento, que es la activación de múltiples e incesantes focos de conflicto, saqueos, atentados y ataques, sin pausas o con repliegues tácticos momentáneos, con el objetivo de copar la capacidad de respuesta de los organismos de orden y seguridad del Estado.

  Finalmente, esta la fase de la saturación, que la inmovilidad terminal del Estado, el desborde de las acciones de conflicto a nivel Nacional y la suspensión de toda autoridad en los hechos.








CITAS
[1] Errata Naturae. La Revolución Molecular. Félix Guattari. https://erratanaturae.com/libro/la-revolucion-molecular/