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miércoles, 11 de mayo de 2022

El Tigre Bonilla, exjefe de la Policía Nacional de Honduras fue presentado ante un juez en NY, el acusado se declarará no culpable de delitos de narcotráfico

   El tribunal le asignó un abogado público. La próxima audiencia será el 10 de junio de 2022.

Por Maibort Petit

   El exjefe de la Policía Nacional de Honduras, Juan Carlos Bonilla Valladares, alias "El Tigre" fue presentado este miércoles ante un juez de Nueva York para la lectura de cargos en una acusación federal en su contra que lo señala de haber abusado de su cargo oficial para proteger cargamentos de cocaína y asesinar a un narcotraficante rival como parte de una conspiración que involucra a políticos hondureños de alto rango y miembros de las instituciones de aplicación de la ley. 

   Bonillas Valladares fue extraditado de Honduras a Estados Unidos el martes 10 de mayo, llegó al aeropuerto de White Plane en las cercanías de la ciudad de Nueva York a las 8:40 PM en un vuelo del Departamento de Justicia de Estados Unidos. El exjefe de Policía hondureño fue trasladado al Centro Metropolitanos de Detención de Brooklyn (MDC) donde estará hasta que concluya su proceso.

   El expolicía fue presentado hoy ante la juez federal Katharine H. Parker para la audiencia de arraigo. En el marco de la audiencia se le asignó un abogado público, luego que el acusado firmó un declaración jurada de incapacidad financiera para pagar su propia defensa.

    En el marco de la audiencia, la magistrada Parker le dijo a Bonilla que tenía derecho a la asistencia de los representantes diplomáticos de su país. La próxima audiencia de Bonilla será el 10 de junio de 2022.

  Damian Williams, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y Anne Milgram, Administradora de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), anunciaron hoy en un comunicado la extradición de Bonilla Valladares, alias "El Tigre”, por cargos de conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas que involucran el uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. 

   Williams dijo: “En lugar de usar su posición de alto poder como Jefe de la Policía de Honduras para combatir el narcotráfico, Juan Carlos Bonilla Valladares, alias 'El Tigre', explotó corruptamente su posición para proteger y ayudar a los organizaciones narcotraficantes que estaba obligado a desbaratar. Con su apoyo y protección, los asociados de Bonilla Valladares se convirtieron en un conducto crítico para el tráfico de drogas de Centroamérica a los Estados Unidos:. 

    El fiscal aseguró que la extradición  de Bonilla Valladares demuestra que nadie está exento "en virtud de su título o posición de autoridad, incluso los presidentes y jefes de policía extranjeros, de un proceso penal por contribuir a la avalancha de narcóticos ilegales en este país que causa tanto daño”.

En un comunicado de prensa de la fiscalía, la administradora de la DEA, Anne Milgram, aseguró que “El expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández no habría llegado al poder y no se habría beneficiado con éxito de las ganancias masivas de las drogas si no hubiera sido por su amplia red de asociados corruptos. Estos asociados, incluido Bonilla Valladares, también explotaron sus posiciones para traficar cocaína a los Estados Unidos y proteger violentamente a otros traficantes de drogas con conexiones políticas, todo para su propio beneficio personal". 

   Milgram afirmó que Bonilla Valladares "traicionó aún más al pueblo hondureño al usar su placa de policía para encubrir sus crímenes". 

  Agregó que "la extradición de Bonilla Valladares demuestra una vez más al mundo que los funcionarios corruptos no pueden esconderse detrás de sus cargos". 

  "La DEA, en coordinación con nuestros socios estadounidenses e internacionales, no se detendrá ante nada para llevar ante la justicia a cualquiera que amenace la seguridad y la salud de los estadounidenses”, dijo la jefe de la Unidad en Nueva York.


Según las alegaciones contenidas en la Demanda contra BONILLA VALLADARES, las pruebas presentadas en el juicio de octubre de 2019 de Juan Antonio Hernández Alvarado (“Hernández Alvarado”) en el Distrito Sur de Nueva York, y las declaraciones en audiencia pública durante el enjuiciamiento de Hernández Alvarado[ 1]:

Los cargos

  Según la acusación federal, aproximadamente entre 2003 y 2020, múltiples organizaciones de narcotraficantes en Honduras y en otros lugares trabajaron juntas, y con el apoyo de ciertas personas públicas y privadas, incluidos políticos hondureños y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, para recibir cargas de varias toneladas de cocaína enviadas desde Honduras a Estados Unidos.

   El documento de la corte dice que la cocaína venía entre otros lugares, de Colombia y Venezuela a través de rutas aéreas y marítimas. Los narcotraficantes con la ayuda de políticos y policías,  transportaban la droga desde el oeste en Honduras hacia la frontera con Guatemala y eventualmente a los Estados Unidos. 

  "Para protegerse de la interferencia de las fuerzas del orden y para facilitar el paso seguro a través de Honduras de cargamentos de varias toneladas de cocaína, los narcotraficantes pagaron sobornos a funcionarios públicos, incluidos ciertos presidentes, miembros del Congreso Nacional de Honduras y personal del Gobierno hondureño, de la Policía Nacional, incluido Bonilla Valladares".

   La demanda dice que Bonilla Valladares fue miembro de la Policía Nacional de Honduras entre aproximadamente 1998 y aproximadamente 2016. Durante su mandato, ocupó cargos de alto rango, incluido el de Jefe de Policía Regional con autoridad sobre ubicaciones en el occidente de Honduras que eran estratégicamente importantes para los narcotraficantes, y Jefe de Policía la Policía Nacional de Honduras para todo Honduras entre aproximadamente 2012 y aproximadamente 2013. 

  Asegura la acusación que Bonilla Valladares explotó de manera corrupta estos cargos oficiales para facilitar el tráfico de cocaína y usó la violencia, incluido el asesinato, para proteger a la célula particular de narcotraficantes políticamente conectados con los que se alineaba, incluidos ex el congresista hondureño Tony Hernández Alvarado y el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, a quien se hace referencia en la Demanda acusando a Bonilla Valladares como “CC-4”.

  Agrega que "a cambio de sobornos pagados con ganancias de drogas, Bonilla Valladares ordenó a miembros de la Policía Nacional de Honduras, que estaban armados con ametralladoras, que dejaran pasar cargamentos de cocaína a través de retenes policiales sin ser inspeccionados ni incautados. 

  Igualmente sostienen los fiscales que Bonilla Valladares, en coordinación con Hernández Alvarado y otros, también proporcionó a los miembros de su conspiración información confidencial de las fuerzas del orden público para facilitar los envíos de cocaína, incluyendo información sobre operaciones de interdicción aérea y marítima.

  Alrededor de 2010, Tony Hernández Alvarado le dijo a un testigo colaborador (CW-1) que los hermanos Hernández Alvarado ayudaron a Bonilla Valladares a avanzar en su posición dentro de la Policía Nacional de Honduras, y que alias El Tigre, protegió sus actividades de tráfico de drogas a cambio de sus privilegios. 

  Hernández Alvarado también le dijo a CW-1 que Bonilla Valladares era un hombre muy violento, y que los Hernández Alvarado le confiaron a Bonilla tareas especiales, incluido el asesinato. 

 Por ejemplo, en o alrededor de julio de 2011, Bonilla Valladares participó en el asesinato de un narcotraficante rival a pedido de Hernández Alvarado y otros porque el traficante rival había intentado evitar que Hernández Alvarado y otros miembros de la conspiración transportaran cocaína a través de una región del occidente de Honduras cerca de la frontera con Guatemala.

  El acusado ha negado todos los cargos y ha señalado que irá a juicio en Nueva York para demostrar que las acusaciones de los fiscales están basadas en los testimonios de narcotraficantes que fueron supuestamente perseguidos y arrestados por el mismo Bonilla.

   La Demanda acusa a Bonilla Valladares, de 62 años, de los siguientes cargos: 

(1) conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, 

(2) usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover, la conspiración de importación de cocaína; y 

(3) conspirar para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína. 

 Si es declarado culpable, Bonilla Valladares enfrenta una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua por el primer cargo, una sentencia mínima obligatoria de 30 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua por el segundo cargo, y una término máximo de cadena perpetua en el Cargo Tres.

  La fiscalía informó que el enjuiciamiento de Bonilla Valladares es parte de una operación de las Fuerzas de Tareas de Control de Drogas contra el Crimen Organizado (OCDETF). OCDETF identifica, interrumpe y desmantela las organizaciones criminales de más alto nivel que amenazan a los Estados Unidos utilizando un enfoque de múltiples agencias dirigido por fiscales e impulsado por inteligencia. 

  Este caso está a cargo de la Unidad de Seguridad Nacional y Narcóticos Internacionales de la Fiscalía y la representación del gobierno está en manos de los fiscales federales adjuntos Jacob H. Gutwillig, Michael D. Lockard, Jason A. Richman y Elinor L. Tarlow.

jueves, 5 de mayo de 2022

Ante el Tribunal de Brooklyn “alias Otoniel” se declara no culpable

  Autoridades del Departamento de Estado destacaron la importancia de que el presunto líder del Clan del Golfo se vea cara a cara con la justicia estadounidense.

Por Maibort Petit
  Tal como estaba previsto luego de su extradición a territorio de los Estados Unidos, Darío Antonio Úsuga David, también conocido con los alias de “Otoniel”, “Mao”, “Gallo” y “Mauricio-Gallo”, compareció en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, donde ante una juez federal se declaró no culpable de los cargos de narcotráfico y uso de armas de que se le acusa.

  El Fiscal General para el Distrito Este de Nueva York, Breon Peace, destacó la importancia de este evento en el que comienza la rendición de cuentas ante la justicia de "uno de los distribuidores de cocaína más grandes del mundo". Asimismo, el representante del Departamento de Justicia aplaudió el haber capturado y llevado a los EE. UU. a quien se creía intocable tras participar en más de 40 hechos de compra y venta de cocaína desde Colombia, hasta Centroamérica y México para finalmente trasladarla a Estados Unidos.
   Vistiendo una braga color naranja y portando mascarilla en razón del protocolo por el Covid-19, el narcotraficante colombiano extraditado este miércoles 4 de mayo, rindió su primera comparecencia ante la justicia de los EE. UU. dando así inicio a su procesamiento judicial.

  El líder del Clan del Golfo, anteriormente conocido como “los Urabeños”, estaba al frente de la organización criminal que mantenía 28 rutas de narcotráfico, así como alianzas con otros grupos delincuenciales, de acuerdo a lo revelado poco después de su captura en 2021 por la Policía Nacional de Colombia[1].
Departamento de Justicia de EE. UU. 
   Se sabe que a través de la Ruta de Santander estaba conectado con el narcotráfico venezolano. El Clan del Golfo mantiene actividades en toda América, a saber, en Estados Unidos, México, Honduras, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Brasil, Guatemala, Nicaragua, Venezuela y El Salvador. Asimismo, en Europa, opera en Bélgica, España, Países Bajos, Alemania, Francia, Portugal, Polonia, Grecia, Irlanda, Inglaterra, Italia, Albania y Ucrania. Se indicó en aquel momento que también la organización cuenta con tres rutas hacia Irán, Emiratos Árabes Unidos y China[2].

    Alias “Otoniel” se constituye en una figura que envuelve más de 120 procesos abiertos por diversos crímenes, entre ellos homicidio múltiple agravado, secuestro múltiple agravado, secuestro y concierto para delinquir. Está señalado, incluso, de abuso sexual infantil, así como a mujeres. Por este último delito, las autoridades pudieron seguir su rastro.

  Entretanto, la justicia de Estados Unidos enfrentará a Darío Antonio Úsuga David por haber enviando hasta su territorio toneladas de cocaína junto a socios a través de distintas rutas que incluyen a Colombia, Venezuela, Ecuador, Guatemala, Panamá, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, México.

Sobre “Otoniel”

  El 23 de junio de 2015 los fiscales federales para los distritos Sur de la Florida (SDFL), Este de Nueva York (EDNY), conjuntamente con la Dirección Regional de la Zona de los Andes de la Administración Antinarcóticos de los Estados Unidos (DEA), anunciaron la apertura de cinco acusaciones formales en los tribunales federales en Brooklyn,  Nueva York y en Miami, la Florida, contra 17 supuestos jefes y asociados banda criminal colombiana más grande y con mayor influencia, a saber, el Clan Úsuga. 

  El grupo de personas fueron imputadas del manejo de empresas criminales continuas, participación en conspiraciones internacionales de tráfico de cocaína y de usar armas de fuego para llevar a cabo sus delitos de narcotráfico. Previo a esto habían sido designados por el presidente de los Estados Unidos y el Departamento del Tesoro, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) como narcotraficantes específicamente designados de acuerdo con  la Ley de Nombramiento de Capos Narcotraficantes Extranjeros. Asimismo, el Departamento de Estado ofreció una recompensa de USD 5 millones por información que llevara a su arresto y condena de Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”[3].

  Tras su traslado a EE. UU. se inició su procesamiento judicial en el Distrito este de Nueva York.

   Tal como lo refieren los registros del Departamento de Estado, Darío Antonio Úsuga David es, presuntamente, uno de los líderes de El Clan Del Golfo, organización criminal que anteriormente como “Los Urabeños” o “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, un “cártel de la droga colombiano fuertemente armado y extremadamente violento compuesto por ex-miembros de organizaciones terroristas que no se desmovilizaron como parte del proceso de justicia y paz” promovido por el gobierno de Colombia.

  Se advierte que esta organización se vale de la violencia y la intimidación para controlar las rutas del narcotráfico, los laboratorios de procesamiento de cocaína, los puntos de partida de lanchas rápidas y las pistas de aterrizaje clandestinas. Se indica que operan en 13 de los 32 departamentos de Colombia, especialmente al noroeste del país, destacando el hecho de que, durante una guerra territorial con una organización criminal rival por las rutas del narcotráfico, los homicidios se dispararon un 443 por ciento en dos años[4].

  Usuga-David, catalogado por el presidente neogranadino, Iván Duque, como el "narcotraficante más temido del mundo", fue capturado en octubre de 2021, lo que significó un duro golpe al Clan del Golfo. De esta manera se le puso fin a una persecución que se extendió por seis años, captura que el mandatario comparó con la Pablo Escobar en la década de 1990. “Es un asesino de policías, militares y líderes sociales, así como un reclutador de menores; también es conocido por la locura que lo llevó a abusar de niños y adolescentes de manera recurrente”[5].

  Su extradición se produjo sorpresivamente este 4 de mayo de 2022, luego de que el Consejo de Estado de Colombia levantara la suspensión que mantenía al envío del narcotraficante los Estados Unidos. Todo en medio de una situación fuera de lo común, toda vez que la legislación colombiana establece que los detenidos deben ser notificados de su traslado con 10 días de antelación. Su reclusión en suelo neoyorquino está prevista en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn (MDC).

 Antes de ser entregado a las autoridades de EE. UU., alias “Otoniel” debió suministrar información valiosa  en Colombia y el presidente Duque subrayó la obligación del narcotraficante de seguir colaborando con la justicia colombiana. Había suministrado el nombre de 64 políticos, exmandatarios regionales y funcionarios presuntamente relacionados con el paramilitarismo, según medios colombianos.

La acusación sustitutiva de 1015

  En el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York cursa una acusación sustitutiva contra Darío Antonio Úsuga-David, también conocido como “Otoniel”, “Mao”, “Gallo” y “Mauricio-Gallo”; Daniel Rendón Herrera, también conocido como "Don Mario; Jairo de Jesús Durango Restrepo, también conocido como "Gua Gua"; Roberto Vargas Gutiérrez, también conocido como "Gavilán"; Carlos Alberto Moreno Turberquia, también conocido como "Nicolás"; Arístides Manuel Mesa Páez, también conocido como "El Indio"; Luis Orlando Padierna Peña, también conocido como "Inglaterra"; Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, también conocido como "Chiquito" y "Chiquito Malo"; César Daniel Anaya Martínez, también conocido como "Tierra"; Yony Alberto Grajales Álvarez, también conocido como "Guajiro" y "Paisa"; y Ramiro Caro Pineda, también conocido como "Nolasco" y "Hugo", presentada el 12 de agosto de 2015.
   Refiere la misma que el Gran Jurado que el grupo narcotraficante “Los Urabeños” es una organización paramilitar y de tráfico de cocaína con sede en Uruba, Colombia, la cual estuvo involucrada en envíos de varias toneladas de cocaína desde Colombia a México y América Central para su importación final a los Estados Unidos; coordinaron la producción, compra y traslado de cargamentos de cocaína, así como la recepción de cargamentos de cocaína en México y Centroamérica; controlaban el territorio en varias áreas de Colombia e imponían un "impuesto" a los narcotraficantes que operaban en las regiones bajo su control. Asimismo, emplearon sicarios para perpetrar actos de violencia, incluidos asesinatos, asaltos y secuestros.

  Sobre Darío Antonio Úsuga David refiere que dirigió la cita organización criminal junto a Daniel Rendón Herrera.

   La acusación comprende dos cargos, a saber, el de Empresa Criminal Continua el cual comprende varias violaciones: Conspiración internacional de fabricación y distribución de cocaína; así como las violaciones comprendidas del 2 al 32 referidas a la Distribución internacional de cocaína. Entretanto, el segundo cargo es por Uso de armas de fuego para fomentar el narcotráfico.

  Con respecto al primer cargo, la acusación de reemplazo dice que, entre junio de 2003 y diciembre de 2014, en jurisdicción extraterritorial de los Estados Unidos, Darío Antonio Usuga-David, Daniel Rendón Herrera, Jairo de Jesús Durango Restrepo, Roberto Vargas Gutiérrez, Carlos Alberto Moreno Tuberquía, Arístides Manuel Mesa Páez, Luis Orlando Padierna Peña, Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, César Daniel Anaya Martínez, Yony Alberto Grajales Álvarez y Ramiro Caro Pineda, se involucraron a sabiendas en una empresa criminal continua en violación a lo establecido en el Título 21, Código de los Estados Unidos, Secciones 846, 848(e), 952(a), 959(a), 960 y 963.

  Los acusados ocupaban un cargo de supervisión y dirección, cometiendo una serie de violaciones por las cuales obtuvieron cuantiosos ingresos y recursos.

   Entre 2003 y 2014, los acusados conspiraron para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una sustancia que contenía cocaína, una sustancia controlada de la Lista II, con la intención y de importarla a los Estados Unidos.

  En las citadas fechas, los acusados distribuyeron cocaína con la intención de importarla ilegalmente a EE. UU. de la manera que se describe a continuación:

  También entre 2003 y 2014, los acusados cometieron uno o más delitos punibles, conspiraron para matar y provocar el asesinato intencional de una persona o más, a saber: líderes, miembros y asociados de empresas rivales organizaciones narcotraficantes, en violación del Título 21, Código de los Estados Unidos, Secciones 848(e)(l)(A) y 846.

  Respecto al segundo cargo, los acusados y otros, a sabiendas, usaron y portaron una o más armas de fuego durante la comisión del delito de narcotráfico, delito imputado en el Cargo Primero. Entre el armamento fue blandido y disparado estaba una ametralladora.

REFERENCIAS

[1] El País. “Los 'tentáculos' del 'Clan del Golfo': Así eran los nexos de 'Otoniel' con mafias internacionales”. 3 de noviembre de 2021. https://www.elpais.com.co/judicial/los-tentaculos-del-clan-del-golfo-asi-eran-los-nexos-de-otoniel-con-mafias-internacionales.html

[2] La Opinión. “Las conexiones internacionales del 'Clan del Golfo'”. 3 de Noviembre de 2021. https://www.laopinion.com.co/colombia/las-conexiones-internacionales-del-clan-del-golfo

[3] Departamento de Estado. “Diecisiete Supuestos Jefes Y Asociados Del Clan Úsuga Acusados Formalmente Como Parte De Un Golpe Coordinado En Brooklyn Y Miami Contra El Grupo Bacrim Narcotraficante Y Armado Colombiano Más Grande Y Con Más Influencia”. 23 de junio de 2015. https://www.justice.gov/opa/pr/diecisiete-supuestos-jefes-y-asociados-del-clan-suga-acusados-formalmente-como-parte-de-un

[4] Departamento de Estado. Dario Antonio Usuga David (Captured). 25 de octubre de 2021. https://www.state.gov/narcotics-rewards-program-target-information-wanted/dario-antonio-usuga-david/

[5] Atalayar. “The Colombian government puts the Gulf Clan in check with the capture of ‘Otoniel’". 24 de octubre de 2021. https://atalayar.com/en/content/colombian-government-puts-gulf-clan-check-capture-otoniel



miércoles, 20 de abril de 2022

Conozca a Maximiliano Dávila Pérez exjefe de Agencia Antinarcóticos de Bolivia que la Fiscalía de Nueva York acusa de narcotráfico y procura extraditar a EE. UU.

   El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Nueva York levantó el sello que pesaba sobre la acusación emitida por el Gran jurado contra el exjefe antinarcóticos boliviano.

Por Maibort Petit

   En febrero pasado la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, anunció los cargos por delitos narcotráfico contra el exdirector —durante la administración del expresidente Evo Morales— de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), principal agencia de aplicación de la ley antinarcóticos de Bolivia, Maximiliano Dávila Pérez, a quien ahora procura extraditar a territorio estadounidense, luego de que este fuera detenido en la nación del altiplano.

   Por los delitos que se le imputan, Dávila Pérez enfrenta la posibilidad de ser sentenciado a una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua por el cargo de conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, y una pena máxima de cadena perpetua por el cargo conspiración para usar y portar ametralladoras en apoyo de la conspiración de importación de cocaína, de que es acusado.


  Las autoridades estadounidenses creen que el jefe antinarcóticos boliviano usó su cargo para proteger aeronaves utilizadas para transportar cocaína a través de terceros países para su distribución en Estados Unidos, además de estar presuntamente involucrado en actividades de narcotráfico y lavado de dinero. El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, dijo que “En lugar de acabar con el narcotráfico en ese país, Dávila-Pérez trabajó en sociedad con laboratorios de drogas bolivianos y buscó enviar más de mil kilogramos de cocaína a Estados Unidos”.

   El Departamento de Estado de los EE. UU. ofrecía una recompensa de USD 5 millones por cualquier información que hubiera conducido a la condena de Dávila Pérez[1].

  En Bolivia, Maximiliano Dávila Pérez, capturado el 22 de enero del presente 2022, está acusado de enriquecimiento ilícito y de mantener ciertos vínculos con el narcotráfico, Al momento de su arresto, el ministro de Gobierno boliviano, Eduardo Del Castillo, informó que “Hemos solicitado a la embajada de los Estados Unidos, a través de la cancillería, mayor información sobre el caso denunciado por la DEA, lo que nos permitirá contrastar datos e información con la investigación que está realizando actualmente (…). Se están realizando las pesquisas correspondientes para determinar los vínculos de este señor con las investigaciones de ganancias ilícitas”[2].

   Los cargos formulados en Bolivia contra Dávila Pérez se sustentarían en la relación que éste tendría con Jorge Roca Suárez, narcotraficante que estuvo casi tres décadas en una prisión de EE. UU., así como con el exagente de policía Omar Rojas Echeverría, creyéndose que el exjefe antinarcóticos boliviano habría supuestamente protegido cargamentos de cocaína despachados por estos. Roca Suárez fue detenido en abril de 2021 en Perú por requerimiento de fiscales de Estados Unidos que lo acusan de narcotráfico. Entretanto, Rojas fue capturado en Colombia un mes después.

   El proceso en EE. UU. surge de investigaciones desarrolladas por la Administración Antidrogas de Estados Unidos (DEA) desde 2017[3].

Pedido para anular sellado de la acusación

  El 1 de febrero de 2022, los fiscales auxiliares del fiscal para el Distrito Sur de Nueva York Damian Williams, Sam Adelsberg, Matthew Hellman y David Robles, remitieron a la juez Denise L. Cote un pedido para que el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Nueva York procediera a anular el sellado de la acusación de sustitución contra Maximiliano Dávila Pérez.

   Los fiscales explicaron a la juez Cote que el 22 de septiembre de 2020, Maximiliano Dávila-Pérez fue acusado en Acusación de Superación S9 19 Cr. 91 (DLC) de (i) conspiración para importar cinco kilogramos o más de cocaína a los Estados Unidos, desde al menos julio de 2019 o aproximadamente hasta septiembre de 2020 o aproximadamente, en violación del Título 21, Código de los Estados Unidos, sección 963 (Cargo uno); y (ii) conspirar para usar o portar ametralladoras durante y en relación con, o para poseer ametralladoras en apoyo del delito de narcotráfico imputado en el Primer Cargo de la Acusación Sustitutiva, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 924(o) (Cargo Dos).

  Se refiere que Dávila Pérez fue director de la principal agencia de aplicación de la ley antinarcóticos de Bolivia, conocida como la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), cargo que aprovechó para llevar a cabo las conspiraciones imputadas en la Acusación de Superación. Desde su posición procuró garantizar el acceso a los aeródromos bolivianos para el transporte de cocaína y para organizar a los miembros de la policía boliviana bajo su mando —incluidos individuos armados con ametralladoras— para brindar protección a esas cargas de drogas.

  Se indica que Maximiliano Dávila-Pérez trabajó en sociedad con proveedores de cocaína a gran escala que operan laboratorios de cocaína en Bolivia y acordó enviar más de mil kilogramos de cocaína boliviana a Nueva York.

  Los fiscales refirieron a la jueza Cote que la acusación de reemplazo se presentó bajo sello y bajo el entendido de que el acusado fue detenido recientemente en Bolivia, se procura su extradición a los Estados Unidos.

   La juez Denise L. Cote acogió el pedido de la fiscalía y levantó el sello de la acusación de sustitución contra Maximiliano Dávila Pérez.

La acusación

  El 20 de septiembre de 2020, ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Nueva York, la para entonces Fiscal interino de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Audrey Strauss, presentó ante el tribunal homónimo la acusación sellada emitida por un Gran Jurado contra Maximiliano Dávila Pérez, también conocido como “Macho”, por cargos de narcotráfico.

  El primer cargo contra Dávila Pérez refiere que desde julio de 2019 hasta septiembre de 2020 inclusive, en Bolivia, Perú y otros lugares, y, Maximiliano Dávila-Pérez, alias "Macho" y otros conocidos y desconocidos, se combinaron y conspiraron para, intencionalmente y con conocimiento, violar las leyes de narcóticos de los Estados Unidos.

  Se describe que parte y objeto de la conspiración consistía en la importación de una sustancia controlada a sabiendas e intencionalmente a los Estados Unidos y a los territorios aduaneros de los Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo, esto en violación del Título 21, Código de los Estados Unidos, Secciones 952 (a) y 960 (a) (1).

  Parte y objeto de la conspiración que Maximiliano Dávila-Pérez, alias "Macho", el acusado, y otros conocidos y desconocidos, contemplaba la fabricación de una sustancia controlada, sabiendo y teniendo motivos razonables para creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos y a aguas dentro de una distancia de 12 millas de la costa de los Estados Unidos Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo, en violación del Título 21, Código de los Estados Unidos, Secciones 959(a) y 960(a) (3).

  Se indica que la sustancia controlada que Maximiliano Dávila-Pérez, alias "Macho", el demandado, y otros conocidos y desconocidos, conspiraron para (a) importar a los Estados Unidos y al territorio aduanero de los Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo, y (b) fabricar, poseer con la intención de distribuir, y distribuir, con la intención, sabiendo y teniendo motivos razonables para creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos y en aguas dentro de una distancia de 12 millas de la costa de los Estados Unidos desde un lugar fuera de ella, eran cinco kilogramos y más de mezclas y sustancias que contenían una cantidad detectable de cocaína, en violación del Título 21, Código de los Estados Unidos, Sección 960 (b) (1) (B) (ii).

   El segundo cargo contra Maximiliano Dávila Pérez sostiene que desde al menos julio de 2019 hasta septiembre de 2020 inclusive, en Bolivia, Perú y otros lugares, y en un delito iniciado y cometido fuera de la jurisdicción de cualquier Estado o distrito en particular, Maximiliano Dávila-Pérez, alias "Macho", el acusado y otros conocidos y desconocidos, de los cuales se espera que al menos uno sea llevado y arrestado en el Distrito Sur de Nueva York, intencionalmente y a sabiendas se combinaron, conspiraron, se confederaron y acordaron juntos y entre sí para violar el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 924 (c).

  Se explica que fue parte y objeto de la conspiración que Maximiliano Dávila Pérez, alias “Macho” y otros conocidos y desconocidos, durante y en relación con un delito de narcotráfico por el cual pueden ser procesado en un tribunal de los Estados Unidos —a saber, el delito alegado en el Primer Cargo de la Acusación— usaría y portaría ametralladoras y dispositivos destructivos en cumplimiento de dicho delito de tráfico de drogas, esto en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones • 924(c)(i)(A) y (B)(ii).

  La acusación solicita, de conformidad con el Título 21, Código de los Estados Unidos, Secciones 853 y 970, que a Maximiliano Dávila Pérez se sean confiscados todos los bienes que constituyan o se deriven de cualquier producto obtenido directa o indirectamente como resultado de dicho delito.

  Igualmente, de conformidad con el Título 18, Código de Estados Unidos, Sección 924(d), se pide confiscar todas las armas de fuego y municiones involucradas y utilizadas en la comisión del delito imputado en el Segundo Cargo de la Acusación.

  Se advierte que si alguna de las propiedades descritas anteriormente como sujeto a decomiso, no pudiera ser localizada en el ejercicio de la debida diligencia; o hubiera sido transferida o vendida o dada en depósito a una tercera persona; o hubiera sido puesto fuera de la jurisdicción de la Corte; o hubiera disminuido sustancialmente su valor; o se hubiera mezclado con otros bienes que no pueden subdividirse sin dificultad; los Estados Unidos, de conformidad con el Título 21, Código de los Estados Unidos, Secciones 853 (p) y 970, solicitará el decomiso de cualquier otra propiedad del demandado hasta el valor de la propiedad confiscable anterior.

REFERENCIAS

[1] Departamento de Estado de los Estados Unidos. “Department of State Offers Reward for Information to Bring Bolivian Narcotics Trafficker to Justice”. 2 de febrero de 2022. https://www.state.gov/department-of-state-offers-reward-for-information-to-bring-bolivian-narcotics-trafficker-to-justice/

[2] Ministerio de Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. “Presentan a ex director de la Felcn investigado por ganancias ilícitas y vínculos con el narcotráfico”. 23 de enero de 2022. https://www.mingobierno.gob.bo/dom-23012022-1947presentan-ex-director-la-felcn-investigado-por-ganancias-ilicitas-vinculos-el-narcotrafico

[3] InSight Crime. “Exjefe antinarcóticos en la mira de Bolivia y EE. UU.”. 4 de febrero de 2022. https://es.insightcrime.org/noticias/exjefe-antinarcoticos-mira-bolivia-eeuu/


 


miércoles, 24 de noviembre de 2021

Juez fija para el 6 de diciembre audiencia de procedimiento (presencial) de Álex Saab

Por Maibort Petit

  En una orden firmada por el Juez de Distrito, Robert Scola anunció que la audiencia presencial de Álex Saab, considerado testaferro de Nicolás Maduro, será el día 6 de diciembre en la Corte del Distrito Sur de la Florida en Miami.
   La orden dice que se otorga la moción 73, solicitada la defensa, para que se adelante la audiencia de Álex Nain Saab Morán para discutir un cronograma razonable para los procedimientos del juicio. La cita inicial estaba prevista para el 28 de diciembre de 2021.

  El tribunal fijó el inicio del juicio para el 3 de enero de 2022, durará dos semanas.

   La audiencia del 6 de diciembre estará presidida por el Magistrado Scola.

  Álex Saab está acusado de un sólo cargo de conspirar para lavar dinero en el sistema financiero de los Estados Unidos.

  En la última audiencia del caso, Saab se declaró no culpable y accedió ir a un juicio con jurado.

   La fiscalía general de los Estados Unidos retiró siete cargos de la acusación original relacionados con delitos de lavado de dinero luego de llegar a un acuerdo con el gobierno de Cabo Verde para concretar su extradición el pasado 16 de octubre del 2021.

   El fiscal Kurt Lunkenheimer, en una moción luego de la presentación inicial del acusado ante la corte, solicitó solo dejar el cargo por conspiración para el lavado de dinero, con el fin de evitar que Saab, de 49 años, pueda ser condenado a una pena superior a la máxima contemplada por las leyes del mencionado país africano (20 años).

   Saab enfrenta una condena de unos 20 años si es hallado culpable del único cargo que tiene en la corte de Miami, pena que puede ser reducida si hace un trato con la Fiscalía, que suele incluir delación de otros cómplices.

miércoles, 2 de diciembre de 2020

Natalino D'Amato, imputado por lavado de dinero en EE. UU., asegura que sus millonarios negocios con PDVSA son legítimos

   Sus cuentas en Miami recibieron USD 160 millones que la fiscalía sostiene son el producto de negocios irregulares mantenidos con empresas mixtas de PDVSA.

Por Maibort Petit

   Mientras las autoridades de los Estados Unido dirigen todos sus esfuerzos para confiscar dinero proveniente de negociaciones irregulares depositados en cuentas de Miami, los protagonistas de las tramas de corrupción se defienden y aseguran que sus fondos no son el producto de corrupción que quisieran lavar en el sistema bancario norteamericano, sino de negocios legítimos entablados con Petróleos de Venezuela S.A.

   Es el caso del empresario ítalo-venezolano, Natalino D'Amato — quien se encuentra en Venezuela— y a través de su abogado, David O. Markus, aseguró ser inocente y agregó que luchará ante las autoridades federales de los Estados Unidos para demostrar la legitimidad de sus fondos y sus negociaciones. El representante legal también negó que su cliente se encuentre cooperando con la fiscalía.

“Natalino D’Amato es inocente y no está cooperando con Estados Unidos, en lo único que está interesado es en el dinero que ha ganado con sus negocios legítimos”, aseguró Markus[1].

  D'Amato fue acusado de once cargos por la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida a cargo de Ariana Fajardo Orshan, luego de una investigación llevada a cabo por la oficina local de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la oficina local del IRS-CI en Miami; el abogado litigante, Alexander Kramer, de la Sección de Fraudes de la División de lo Penal y el Fiscal Federal Auxiliar, Michael Berger, del Distrito Sur de Florida. Entretanto, la Fiscal Federal Auxiliar, Adrienne E. Rosen, maneja lo concerniente al decomiso de activos.

  La acusación del gobierno refiere que entre 2013 y 2017, D'Amato conspiró con otras personas, entre ellos funcionarios de las empresas mixtas de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), a saber, Petrocedeño y Petropiar, Petromonagas, Sinovensa y Petromiranda, en la Faja Petrolífera del Orinoco, para lavar el producto de una operación ilegal consistente en el pago de sobornos, hacia y desde cuentas bancarias ubicadas en el sur de Florida.

   El acusado enfrenta un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, cuatro cargos de lavado de dinero internacional, tres cargos de lavado de dinero promocional y tres cargos de participación en transacciones que involucran propiedad derivada del crimen.

  Las empresas de D’Amato con las cuales entabló negocios para el suministro de bienes y servicios con la petrolera venezolana a través de las referidas empresas mixtas, de acuerdo a lo que señala la acusación, son Venezolana de Mecanizado C.A. (Vemeca); Alpha Energy de Venezuela C.A. (Alfa); Industria Techno Parts C.A. (ITP); e Industria Nacional de Goma C.A. (GNL). Éstas compañía poseían una o más cuentas bancarias en Mercantil Commercebank, en el Distrito Sur de Florida.

  Asimismo, el acusado es propietario de una corporación con sede en Nevis, denominada Kronos Enterprises Corp., la cual mantuvo cuentas en Mercantil y Wells Fargo Bank en el Distrito Sur de Florida.

 La acusación sostiene que Natalino D’Amato habría ofrecido y pagado sobornos a numerosos funcionarios de las referidas empresas mixtas, con el fin de obtener contratos altamente inflados y lucrativos para proporcionar bienes y servicios de estas. En concreto, según la acusación, las empresas controladas del acusado recibieron aproximadamente USD 160 millones en cuentas que él controlaba en el sur de Florida. D’Amato supuestamente destinó una parte de esos fondos para pagar sobornos a los funcionarios venezolanos.

  El proceso iniciado por la fiscalía, igualmente procura la confiscación criminal de cuentas bancarias involucradas en los delitos imputados, con fondos por un total de aproximadamente USD 45 millones.

Las transferencias

  La acusación contra Natalino D'Amato describe una serie de transferencias que tuvieron lugar entre 2013 y 2017 por un total de más de USD 160 millones, desde cuentas bancarias de las Subsidiarias de PDVSA a cuentas de las empresas del demandado en el banco Mercantil.

  En este sentido, se describe una transferencia de USD 99,8 millones de Petrocedeño; una de USD 34,4 millones de Petropiar; una de USD 15,5 millones de Petromonagas; otra de USD 11,3 millones de Sinovensa; y una de USD 1.0 millón de Petromiranda.

  En mayo de 2015, Natalino D'Amato ofreció pagar al Oficial Venezolano 1 USD 1 millón en sobornos a cambio de su asistencia para lograr contratos de Petrocedeño, así como otras ventajas comerciales.

  Entre julio de 2015 y diciembre de 2016, Natalino D'Amato transfirió USD 2 millones de dólares en sobornos al Funcionario venezolano 1, desde las cuentas de sus Empresas D'Amato en Mercantil Bank, a una cuenta corporativa en Panamá a nombre de un familiar del Oficial Venezolano 1.

  El 19 de abril de 2017, D'Amato ordenó una transferencia que constituía un soborno por USD 30.000 a beneficio del Oficial Venezolano 2. Esta operación se hizo desde una cuenta personal del acusado en Mercantil Bank a una cuenta a nombre de un familiar del Oficial Venezolano 2.

  Entre noviembre de 2014 y diciembre de 2017, Natalino D'Amato ordenó transferencias por más de USD 800.000 que constituyen sobornos a beneficio del funcionario venezolano, desde cuentas de las empresas D'Amato en Mercantil Bank a una cuenta corporativa controlada por Funcionario Venezolano 3.

  Entre abril de 2015 y diciembre de 2016, D'Amato transfirió más de USD 160.000 en sobornos a beneficio del Funcionario venezolano 4, desde cuentas de sus empresas en Mercantil Bank a cuentas corporativas controladas por el Funcionario Venezolano 4.

 Entre agosto de 2017 y octubre de 2017, el demandado transfirió sobornos por más de USD 170.000 al Funcionario venezolano 5, desde cuentas de sus empresas en Mercantil Bank a una cuenta corporativa controlada por Funcionario Venezolano 5.

Lavado internacional de instrumentos monetarios

  Para concretar el delito de lavado internacional de instrumentos monetario, el acusado, Natalino D'Amato, llevó a cabo una serie de operaciones.       Así, el 9 de diciembre de 2016, transfirió USD 1.034.576,70 desde una cuenta de la empresa ITP en el Banco Mercantil en el Distrito Sur de Florida, a una cuenta en el Banco Banesco en Panamá a beneficio del Oficial Venezolano 1.

  El 19 de abril de 2017, transfirió USD 30.000 desde una cuenta del Banco Mercantil a nombre de D'Amato, a una cuenta personal en España a beneficio del Oficial Venezolano 2.

  El 1 de mayo de 2017, transfirió USD 3.434.345,49 desde una cuenta de Petrocedeño en Portugal a una cuenta de ITP en Mercantil Bank en el Distrito Sur de Florida.

  El 15 de junio de 2017, el acusado transfirió USD 2.908.943,49 desde una cuenta de Petrocedeño en Portugal a una cuenta de ITP en el Mercantil Bank en el Distrito Sur de Florida.

Lavado de dinero

  Para materializar el delito de lavado de dinero que se le imputa, Natalino D'Amato, según la acusación, llevó a cabo las siguientes operaciones:

  El 1 de junio de 2016, transfirió USD 151.506,22 desde una cuenta de Vemeca en Mercantil Bank a una cuenta en BB&T Bank a beneficio del Funcionario Venezolano 3.

  El 22 de diciembre de 2016, ordenó transferir USD 105.958,16 desde una cuenta del lTP en el Mercantil Bank a una cuenta en Banesco Bank a beneficio del Oficial Venezolano 4.

  El 24 de octubre de 2017, transfirió USD 130.000 desde una cuenta de Vemeca en el Banco Mercantil a una cuenta en Bank of America a beneficio del Oficial Venezolano 5.

Participar en transacciones con propiedad derivada del delito

  El delito de Participar en transacciones con propiedad derivada del delito del que también se señala a Natalino D'Amato, se habría concretado a través de las siguientes operaciones:

  El 9 de diciembre de 2016, transfirió USD 5.000.000 desde una cuenta de Vemeca en el Mercantil Bank a una cuenta de Kronos en Wells Fargo.

   EL 16 de mayo de 2017, el acusado transfirió fondos relacionados con la compra de bonos del Grupo Goldman Sachs por USD 301.623,61, desde una cuenta de inversión de Kronos en el Distrito Sur de Florida.

  El 17 de julio de 2017, D'Amato transfirió USD 3.000.000 desde una cuenta de ITP en Mercantil Bank a una cuenta de él mismo en Titleist Asset Management.

Los decomisos

   En el proceso judicial que la fiscalía sigue contra Natalino D'Amato, aspira recuperar activos a través de una serie de decomisos.

  La fiscalía contabiliza hasta el momento, USD 14.691.851.79 a nombre de Kronos Enterprises Corp en una cuenta de Wells Fargo Advisors; USD 9.854.646.81 de Kronos Enterprises Corp, en una cuenta de Wells Fargo Advisors identificada con el número 3700-8508; USD 7.791.854,82 de L.J.D. en una cuenta de Wells Fargo Advisors con el número 7103-8027.

  Igualmente, USD 6.968.670,01 de Kronos Enterprises Corp en la cuenta número 8950-0365 en el Wells Fargo Advisors; USD 5.897.975,66 de Natalino D'Amato y L.J.D. la cuenta de Tigress Financial Partners, número P82-004055;  USD 746.950,98 a nombre de L.J.D. en la cuenta número 898095788895 del Bank of America; y USD 34.280,03 a nombre de Natalino D'Amato, en la cuenta número 898071640481 en el Bank of America.

REFERENCIAS

[1] MSN de la original publicada en El Nuevo Herald. “EEUU intensifica esfuerzos contra venezolanos acusados de lavado de dinero en Miami”. 1 de diciembre de 2020. https://www.msn.com/es-us/noticias/miami/eeuu-intensifica-esfuerzos-contra-venezolanos-acusados-de-lavado-de-dinero-en-miami/ar-BB1bwWxg


miércoles, 2 de septiembre de 2020

Tres posibles móviles del sicariato del contratista de PDVSA, Leonardo Santilli

 La camioneta en la se encontraba Santilli estaba blindada en todas las puertas, con excepción del techo que fue por donde entraron los ocho tiros que acabaron con su vida.

Por Maibort Petit

   Hasta este miércoles se manejan tres móviles del asesinato por encargo del contratista de PDVSA que fue acusado de delitos de lavado de dinero por el gobierno de Estados Unidos, Leonardo Santilli, ocurriendo este martes 1 de septiembre en Lecherías, estado Anzoátegui. 

  Fuentes vinculadas al caso informaron a Venezuela Política que hasta el momento se manejan las siguientes hipótesis:

1) El occiso tenía bajo su nombre y control un monto de dinero que pertenecía a un grupo de exfuncionarios de Petróleos Venezuela,  encabezados por Pedro León. Había una enorme presión sobre Santilli para que regresara los fondos que, al parecer, son los que fueron congelados por el gobierno de los Estados Unidos.

2) Santilli formaba parte de una sociedad que posee una mina de oro en el Callao, y un grupo de delincuentes que ejercen control en la zona estaba extorsionando a los asociados para que pagaran una vacuna.

3) Había sido amenazado por sus socios porque se habían enterado que estaba en proceso de negociación con las autoridades de los Estados Unidos para entregar información que comprometía a otros miembros que participaron en el esquema de corrupción que es acusado ante la Corte del Distrito Sur de la Florida.

  El excontratista se transportaba en una camioneta blindada en las puertas con excepción del techo, que fue justamente por donde entraron los 8 disparos que pusieron fin de a su vida. Los asesinos conocían las condiciones del vehículo.

 Santilli era natural de Maracaibo, estado Zulia, casado y con tres hijas.

El caso de lavado de dinero en EE. UU.

    Leonardo Santilli, un ciudadano italo-venezolano, habría participado en un esquema de lavado de dinero proveniente de contratos con sobreprecio de Petróleos de Venezuela y sus subsidiarias, de acuerdo a los documentos federales de la Corte del Distrito Sur de la Florida.

  Santilli es acusado de tres cargos: 1) Conspiración para cometer delitos de lavado de dinero; 2) Instrumentos para lavado de dinero y transacciones monetarias ilegales cometidas entre los años 2014 hasta 2017.

  En la acusación, aparece un declaración del agente de investigación del Homeland Security Investigation  (HSI) Shauna L. Willard, encargado de hacer la investigación de lavado de activos contra el demandado, quien es acusado de haber violado el Código de los Estados Unidos, en su Título 18.

  Leonardo Santilli es el dueño de las empresas venezolana Constructora Cosaco Co. y PLD Inversiones C.A. y las firmas estadounidenses SGP Group Corp.,  (registrada en  el Sur de Miami)  y A&M Support Inc. (registrada en en Weston, Florida). 

La trama de corrupción

  A finales de 2017, el gobierno federal abrió una investigación sobre corrupción en PDVSA y sus empresas filiales por lavado de dinero, corrupción en bancos y compras de inmuebles en el Miami,  Florida. Durante en curso de las investigaciones, las autoridades identificaron $1.000 millones en pagos de PDVSA y sus filiales a unas cuentas de banco de contratistas venezolanos en el Sur de la Florida.

  La investigación reveló una enorme escala de corrupción que envolvía contratos con sobreprecio.  Todos los casos seguían el siguiente esquema: Los funcionarios de PDVSA aprobaban contratos  con sobreprecios (4 ó 5 veces más que el precio de mercado), el contratista pagaban sobornos a los oficiales de PDVSA, a los del gobierno de Venezuela o a los militares, que ayudaban a obtener los contratos.A su vez, los contratistas pagaban los sobornos por medio de testaferros o empresas de maletín para esconder la naturaleza de la transacción y el delito como tal.

  Los investigadores lograron obtener los récords de las cuentas bancarias de las empresas de Leonardo Santilli, correos electrónicos, contratos de las compañías con PDVSA y sus subsidiarias y hojas de contabilidad donde se llevaba control del pago de los sobornos.

  La acusación señala que el acusado recibió contratos corruptos de Petrocedeño, Petropiar, Bariven, Petrolera Sinovensa, Petromonagas por un total de$146.600.000.

  Los registros bancarios mostraban que las compañías de Santilli compraban bienes (repuestos, partes y equipos) a las empresas establecidas en Estados Unidos para las empresas subsidiarias de PDVSA, usando una tercera parte en de lo que recibía. El dinero restante lo transfería a su familia, a su cuenta personal y a otras cuentas corporativas, compañías de maletín y a varios individuos venezolanos que no tenían conexión con el acusado o sus empresas.

  Santilli usó cuentas en el Banco Mercantil. Uno de los ejemplos que aparece en la acusación fue hecho el 16 de septiembre de 2016. Una de las empresas de Santilli obtuvo una orden de compra de Petropiar por $9.300.000 para comprar 10 hawkjaws por apróximadamente $2.500.000. De acuerdo a la orden de Petropiar, las empresas de Santilli cobraron a la petrolera cuatro veces más el precio. La empresa manufacturera de los hawkjaws indicó que había hecho los envíos directo a PDVSA.

  Otra transacción descrita corresponde a Petrocedeño en diciembre de 2015, para comprar nueve válvulas floating por apróximadamente $5.500.000. El costo de las mismas en el mercado eran de $1.100.000. y el acusado le cobró a la petrolera cinco veces más el precio de las mismas.

  Otra transacción ocurrió en octubre de 2015, el acusado compró para Sinovensa 55 bidones de aceite por apróximadamente $9.200.000. El costo de los bidones era de $2.000.000.

  En febrero de 2015, el acusado recibió un correo electrónico de uno de los asociados de su empresa, con una hoja de contabilidad donde aparecen los pagos de los sobornos, los nombres de los beneficiarios, las fechas y los montos.

  En la hoja aparece registrado que en el 22 de diciembre de 2014 el acusado pagó a  Finadco Overseas Corporation unos  $101.270 y el beneficiario era un ex-funcionario de Petrocedeño. La transacción se hizo a una cuenta de banco en Curazao desde una cuenta de un banco de Miami.

  En enero de 2015, se transfirieron $100.000 a AJG Suministros y Servicios Integrales a beneficio de un funcionario de Petropiar. Los fondos pasaron de una cuenta a otra en los Estados Unidos.

  Uno de los testigos cooperantes de este caso, quien está asociado a Santilli, tenía acceso a las hojas de contabilidad de los sobornos pagados por el acusado. Se usaban apodos, uno de ellos "Leo" para el pago de coimas del acusado y "Viejo" en referencia a un funcionario senior de PDVSA. Las hojas reflejan pagos por $1.8 millones en beneficio del funcionario de PDVSA, incluyendo un monto extra de $345.000. para la compra de una casa en la isla de Margarita en Venezuela. El dinero para la compra de la casa del oficial corrupto se le envió el 16 de mayo de 2016 desde una cuenta bancaria de Miami a una en Curazao.

  Asimismo, aparecen reflejados otros gastos del acusado, que incluyen pagos a funcionarios de las subsidiarias de PDVSA, catalogadas como comisiones. Hay 72 pagos por, aproximadamente, $7.2 millones a beneficio de varios individuos. El testigo cooperante identificó a algunos de esos beneficiarios como funcionarios de las subsidiarias de  PDVSA que entregaron los contratos.

 En los récords, aparece una transacción de $168.000 que fue entregada al funcionario (2) que era el exgerente de Petropiar. Se le pagó a través de la transferencia a favor de Inversiones Jeur y el primer nombre. La operación se hizo desde un banco de Estados Unidos a una cuenta de Inversiones Jeur en Panamá el 19 de agosto  de 2015. En ese período se pagaron aproximadamente $850.000 pagos a esa misma empresas desde cuentas de Miami.

  También pagó $1.4 millones en la compra de una casa para un funcionario del Departamento de Procura de Petrocedeño. Primero se hizo un pago de $1.000.000. de una cuenta de banco en Miami a una de un individuo venezolano, (el 1 de marzo de 2016) y el resto lo hizo a través de una empresa fantasma.

  El testigo identificó un pago de $15 mil a un funcionario de Petrocedeño que ahora colabora con la justicia (CW3), quien confirmó que recibió pagos de sobornos por parte del acusado por ayudarlo a obtener los contratos.

 Otro testigo (CW4), quien era funcionario del departamento de Procura de Petrocedeño, dijo que había recibido $220.000 en sobornos por parte del acusado para que se le otorgaran los contratos a sus compañías. Las transacciones se hicieron en dos pagos en noviembre y diciembre de 2015 a una cuenta fuera de Estados Unidos.

  Otro testigo en este caso, (CW5), quien era funcionario del Departamento legal de Petrocedeño, acordó recibir sobornos del acusado por haber otorgado contratos de las subsidiarias de PDVSA a las empresas de Santilli por el orden de $201.180, en enero de 2015.

  El acusado transfirió grandes montos de dinero recibidos de PDVSA a su cuenta personal, entre los cuales destaca uno hecho el 13 de febrero de 2017 de $5.000.000, de una cuenta de HSBC Private Bank a una cuenta a nombre de una empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas controlada por su familia.

  El 8 de agosto de 2017, hizo otra operación para transferir $5.000.000  a la misma cuenta en las Islas Vírgenes Británicas.

   En total las autoridades de los Estados Unidos lograron intervenir 17 cuentas bancarias pertenecientes al acusado y sus asociados y se lograron congelar $44.7 millones.

miércoles, 26 de agosto de 2020

Las malignas y peligrosas alianzas del régimen de Maduro

  Un informe da cuenta de cómo el régimen venezolano instrumenta su actividad criminal a través de alianzas perversas.

Por Maibort Petit

   Desde la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela, fue configurando una serie de alianzas que le servían de sustento a su proyecto político del “socialismo del siglo XXI” que fue extendiendo por toda la región. Se trataba de una alianza ideológica que procuraba disminuir la influencia de Estados Unidos en el continente, al tiempo que impulsaba la presencia de actores extrarregionales como Rusia, Irán y China. Transformó a PDVSA en la entidad de financiamiento del referido proyecto y su estructura en una gigantesca máquina de lavar dinero.

  Así lo sostiene un informe firmado por Douglas Farah para el Centro para América Latina “Adrienne Arsht” del Atlantic Council denominado “Las actividades ilícitas del régimen de Maduro: Una amenaza para la democracia en Venezuela y la seguridad en América Latina”, en el que se advierte que a través de los años, Chávez y posteriormente Nicolás Maduro dieron forma a una red social y política que dio paso a la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana (BJCE), que es una alianza de actores estatales y no estatales que, en conjunto con líderes políticos, élites económicas y organizaciones criminales que cuentan con el apoyo del gobierno venezolano.

Con Irán

  Farah quien también es presidente de IBI Consultants, miembro invitado senior del Centro de Investigación Estratégica de la Universidad Nacional de Defensa, especialista en seguridad, terrorismo y crimen organizado transnacional en América Latina, refiere en el reporte que El régimen venezolano y el iraní vieron, cada uno, la posibilidad de que el otro le sirviera a sus intereses. Así, mientras Chávez usó al país persa como un instrumento para avanzar en su agenda anti-estadounidense, Irán se valió de Venezuela para expandir su influencia en América Latina. De hecho, las relaciones con Chávez le sirvieron al gobierno de Teherán para establecer once nuevas embajadas en la región entre 2005 y 2009 e, igualmente, financió una academia de entrenamiento militar bolivariana en Bolivia[1].

  Refiere que aun cuando luego de la muerte de Hugo Chávez, redujeron las relaciones entre Irán y Venezuela, ahora Nicolás Maduro ha retomado el vínculo y lo ha estrechado. Fue así como, en franco desafió a Washington y sus sanciones, Teherán ha enviado gasolina a Venezuela, la cual ha intercambiado por oro[2].

  El producto de la minería ilegal que practica el régimen venezolano en alianza con la guerrilla colombiana, se comercializa, entre otras vías, “a través de actores globales malignos y aliados regionales”, refiere el reporte de Douglas Farah.

  Maduro pagó a Irán USD 500 millones en barras de oro por 1,5 millones de barriles de combustible entregados de abril a junio de 2020[3].

Con Rusia

  El informe se remite entonces a las relaciones del régimen venezolano con Rusia, país que se ha convertido en su aliado militar, económico y político más importante, esto durante el periodo de Chávez como ahora con Maduro.

  Se indica que, en los últimos 15 años, Venezuela le compró a Rusia armamento por USD 11 mil millones que incluyó tanques, aviones de combate avanzados y sistemas de misiles antibalísticos[4].

  Por su parte, Rusia compra el petróleo venezolano, brinda apoyo diplomático en el seno de la Naciones Unidas al tiempo que, regionalmente, sabotea la legitimidad de Estados Unidos en América Latina.

Con China

 Mientras de Rusia recibe el apoyo militar, el régimen venezolano obtiene de China respaldo financiero.

  Pekín ha otorgado préstamos y ha invertido en diversos proyectos que han significado decenas de miles de millones de dólares.

  El área petrolera y la minería acaparan la mayoría de dichas inyecciones de dinero. De hecho, desde 2018, las inversiones chinas en Venezuela totalizaron USD 67 mil millones, que constituyeron en el 40 por ciento de la inversión de China en la región[5].

Con las FARC y el ELN

  La guerrilla colombiana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a las que Hugo Chávez apoyó y con la que se alió desde la década de los años ´90.

  El proceso de paz firmado en Colombia entre el gobierno y las fuerzas insurgentes dio pie a una escisión del grupo terrorista —así fue designado por Estados Unidos y la Unión Europea— y decenas de altos mandos y combatientes encontraron cobijo en territorio venezolano al amparo del régimen de Maduro[6].

  Tanto estos disidentes, como agentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) operan en Venezuela protegidos por Maduro, sostiene el informe.

 Farah sostiene que con Nicolás Maduro, la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana (BJCE), ha experimentado un gran crecimiento, el cual ha ido de la mano de las FARC y el ELN. Algo que ha ocurrido en la misma medida y proporción que los precios petroleros cayeron y, por ende, la fuente de financiamiento de la la actividad criminal del régimen venezolano.

 Los negocios irregulares del régimen venezolano con las FARC, los cuales alcanzan escala internacional, tienen que ver con minería de oro ilícita, narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas y corrupción masiva.

  Para determinarlo tajantemente, sirvieron dos eventos ocurrido en 2020, primero, la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos de altos funcionarios del gobierno venezolano, entre ellos el propio Nicolás Maduro, cuando se describió la asociación criminal entre el régimen y la guerrilla para llevar a cabo actividades de narcotráfico. El segundo de dichos eventos, fue la captura del empresario colombo-venezolano, Álex Saab, señalado de ser presunto testaferro de Maduro, un hecho que transparentó ante la opinión pública internacional el esquema de corrupción y lavado de dinero que opera en Venezuela[7].

 El reporte indica que diversas investigaciones y acciones del gobierno estadounidense documentan “red ilícita adaptable y multifacética del régimen de Maduro proporciona el apoyo financiero y político muy necesario”, lo que le permite junto a “sus compinches y aliados, robar miles de millones de dólares para beneficio personal y supervivencia del régimen, a expensas del pueblo venezolano”.

  El informe se remite a una estructura criminal militar que opera dentro del régimen venezolano, conocida como el Cartel de los Soles, la cual mantiene una sólida relación con miembros disidentes de las FARC y que permite que la cocaína producida por las FARC sea traficada a través de Venezuela a cambio de dinero en efectivo y servicios. Entretanto, el régimen ofrece a las FARC seguridad en territorio venezolano, armas y rutas seguras de transporte de la droga.

 El ELN controla gran parte de la minería de oro ilícita en Venezuela y Colombia, la economía criminal de más rápido crecimiento en la región.

 Ambas guerrillas terroristas, FARC y ELN, proporcionan fondos a Maduro y ayudan al régimen a mantener el control territorial en lugares remotos, pero estratégicamente vitales, zonas limítrofes con Colombia y Guyana[8].


CITAS

[1] AEI. “Kingpins and Corruption: Targeting Transnational Organized Crime in the Americas”. 26 de junio de 2017. https://www.aei.org/wp-content/uploads/2017/06/Kingpins-and-Corruption.pdf

[2] Foreign Policy. “Iran Is Working Hard to Revive Anti-U.S. Operations in Latin America”. 21 de junio de 2020. https://foreignpolicy.com/2020/06/01/iran-venezuela-alliances-latin-america/

[3] Reuters. “ran Is Hauling Gold Bars Out of Venezuela’s Almost-Empty Vaults”. https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-30/iran-is-hauling-gold-bars-out-of-venezuela-s-almost-empty-vaults


 


[4] National Defense University. Douglas Farah and Kathryn Babineau. “Extra-regional Actors in Latin America: The United States is not the Only Game in Town”. 26 de febrero de 2019. https://cco.ndu.edu/News/Article/1767399/extra-regional-actors-in-latin-america-the-united-states-is-not-the-only-game-i/

[5] The Dialogue. China-Latin America Finance Database. https://www.thedialogue.org/map_list/

[6] InSight Crime. “FARC Dissidents and the ELN Turn Venezuela Into Criminal Enclave”. 10 de diciembre de 2018. https://www.insightcrime.org/news/analysis/farc-dissidents-eln-turn-venezuela-criminal-enclave/

[7] Department of Justice. “Nicolás Maduro Moros and 14 Current and Former Venezuelan Officials Charged with Narco-Terrorism, Corruption, Drug Trafficking and Other Criminal Charges”. 26 de marzo de 2020. https://www.justice.gov/opa/pr/nicol-s-maduro-moros-and-14-current-and-former-venezuelan-officials-charged-narco-terrorism

[8] InSight Crime. “ELN in Venezuela”. 28 de enero de 2020. https://www.insightcrime.org/venezuela-organized-crime-news/eln-in-venezuela/