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jueves, 8 de septiembre de 2022

Aplazan para octubre la conferencia de estado de la causa contra el narcotraficante Carlos Orense Azócar, alias “El Gordo”, ligado al cártel de los Soles

  El juez de la causa aprobó la prórroga a objeto de que el gobierno produzca el descubrimiento y la defensa pueda instrumentar el caso.

Por Maibort Petit

  El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York prorrogó hasta el 5 de octubre de 2022, la conferencia de estado de la causa en la que la Fiscalía acusa a Carlos Eduardo Orense Azócar, alias “El Gordo”, de delitos de narcotráfico por su supuesto papel en la logística de las operaciones del Cártel de los Soles. El tiempo otorgado busca que, por un lado, el gobierno proceda a la producción de documentos del descubrimiento y, por el otro, la defensa pueda proceder a analizarlos y estructurar el caso.

  “El Gordo” es acusado de (1) Conspiración para producir, manufacturar, distribuir y poseer sustancias prohibidas por las leyes de los Estados Unidos (Cocaína); (2) Conspiración para violar las leyes marítimas de lucha contra las drogas por haber utilizado barcos, cargueros productos con cocaína, en violación del Título 21 del Código de EE. UU.; (3) Posesión de Armas de alto calibre, ametralladoras, y artefactos de destrucción para defender su empresa criminal de cocaína; y (4) Conspiración para poseer armas de alto calibre, ametralladoras y artefactos de destrucción[1].

  Carlos Orense Azócar fue extraditado a Estados Unidos en junio del presente año 2022, luego de permanecer durante un año detenido en Italia, donde fue aprehendido en mayo de 2021 cuando estaba en una pensión de Casalvieri, una localidad de la provincia de Frosinone.

 A continuación, presentamos las últimas diligencias judiciales del caso.

Suministro de evidencias

  El 8 de junio de 2021, Benjamín Woodside Schrier, asistente de la para entonces Distrito Sur de Nueva York, Audrey Strauss, solicitó al juez Kevin Nathaniel Fox, emitir una orden de apertura limitada que le permitiera al gobierno entregar documentos a fuerzas del orden extranjero y otras autoridades gubernamentales relacionadas con la extradición de Carlos Orense Azócar.

   Tal como lo solicitó el fiscal, así lo ordenó el juez Fox.

 Tribunal ordena entregar evidencia a la defensa

  El 23 de junio del presente 2022, la juez del Distrito Sur de Nueva York, Valerie Figueredo, ordenó a la fiscalía revelar a la defensa de Carlos Orense Azócar —sea demandada por esta o no— a objeto de que pueda hacer uso de ella para la preparación del caso.

La orden contempla tanto la información manejada por el gobierno para el momento de emitida la decisión, como a futuro, advirtiendo que la divulgación debe llevarse a cabo tan pronto se tenga conocimiento de la misma.

  La juez hizo la salvedad de que en caso de que la fiscalía estime que la divulgación de alguna información en virtud de esta orden, comprometa la seguridad de los testigos, los derechos de las víctimas o la seguridad nacional, se deberá solicitar al tribunal la revisión en cámara o la retención o sometimiento a una orden de protección, bien de toda la información o de parte de ella.

  Recordó que el gobierno está obligado a buscar toda la información del caso entre los fiscales federales, estatales o locales, así como de cualquier agencia que haya estado relacionado con la investigación que llevó al enjuiciamiento de Carlos Orense Azócar.

  Valerie Figueredo advirtió que el no cumplimiento de la orden podría conllevar a que la Corte establezca los términos y condiciones de la producción de la información; imponer sanciones probatorias; declarar desacato u otra sanción a cualquier responsable; desestimar los cargos antes del juicio o anular la condena después del juicio.

Pedido suspensión de conferencia previa al juicio

  El 18 de agosto de 2022, Kaylan E. Lasky y Kyle A. Wirshba, asistentes del fiscal para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, solicitaron al juez del distrito homónimo, Vernon S. Broderick, pidieron la suspensión por 45 días de la conferencia previa al juicio de la causa en la que los Estados Unidos demandan a Carlos Orense Azócar que estaba programada para el 22 de agosto del referido 2022.

  El pedido respondía al propósito de que las partes sigan discutiendo una posible disposición previa al juicio y asistir al descubrimiento antes de la comparecencia.

  Al día siguiente, 19 de agosto de 2022, aplazó la conferencia de estado para el 5 de octubre de 2022 a las 3 de la tarde, otorgando así a las partes el tiempo que requieren para producir y revisar el descubrimiento.

REFERENCIAS

[1] Venezuela Política. “Narcotraficante venezolano alias ‘El Gordo’ se declara no culpable en un tribunal de Nueva York". 24 de junio de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/06/narcotraficante-venezolanos-alias-el.html


miércoles, 20 de julio de 2022

Constructor beneficiario de los pagos de Interamerican Consulting se negó a declarar en el juicio de PDV USA contra la empresa de David Rivera

   A cada pregunta relacionada con los pagos del contrato suscrito entre la la filial de PDVSA en EE. UU. y la empresa del excongresista, David Rivera, la respuesta fue una negativa.

Por Maibort Petit

   En una deposición que tuvo lugar el 8 de marzo de 2022 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Hugo Perera, propietario de PG & Associates, se acogió a lo establecido en la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y evitó responder todas las preguntas que se le formularon en torno al caso que se ventila en dicha instancia judicial, donde PDV USA Inc. demanda a Interamerican Consulting Inc., por incumplimiento de contrato.

  Perera, según rezan documentos judiciales, habría sido uno de los destinatarios de los USD 20 millones que David Rivera, a través de su compañía, Interamerican Consulting Inc., recibió de CITGO Petroleum Corporation a raíz del contrato suscrito con PDV USA Inc. Hugo Perera es un desarrollador urbanístico con antecedentes penales por haber estado incurso en actividades de narcotráfico en el Sur de Florida.

  Los documentos revelan que Rivera destinó el dinero al pago de los servicios de tres subcontratistas, entre ellas, PG & Associates y Agronomics, propiedad de Perera. Las citadas firmas de acuerdo a la reseña, recibieron seis pagos por USD 625.000, uno de USD 1.1 millones, que totalizaron USD 4.85 millones entre marzo y noviembre del 2017.

  Los otros pagos estuvieron dirigidos Communications Solutions Inc., empresa de la operadora política Esther Nuhfer, la cual fue beneficiaria de tres pagos de USD 750.000, dos por USD 625.000 y uno por USD 1 millón que sumaron USD 4.5 millones. Raúl Gorrín habría sido el tercero de los receptores, es específico, USD 3.75 millones, los cuales recibió a través de su empresa Interglobal Yacht.

El interrogatorio

   Durante la sesión ocurrida en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York el 8 de marzo de 2022, el abogado de PDV USA Inc., Brady M. Sullivan, preguntó una y otra vez a Hugo Perera pormenores del presunto esquema de lavado de dinero en el que estarían involucrados, él, David Rivera, Raúl Gorrín y Esther Nuhfer, entre otros.

  La respuesta a esta y todas las interrogantes siempre fue la misma: “Con base en el consejo del abogado, invoco mi Quinta”.

  Del mismo modo, Jason Ward Johnson, abogado de Interamerican Consulting Inc., repitió a cada pregunta de Sullivan “Objeción a la forma”, para exponer su inconformidad con la manera en que el representante del demandante formulaba sus interrogantes.

  Brady M. Sullivan inquirió a Perera sobre su conocimiento de alguna comunicación entre David Rivera y Randy Ebner en relación con el acuerdo de consultoría; si alguna vez se comunicó con Darren Woods, el director ejecutivo de ExxonMobil; si conocía alguna comunicación entre David Rivera y Darren Woods en relación con el acuerdo de servicios de consultoría; si alguna vez se comunicó con el excongresista de los Estados Unidos Sam Johnson; si conoció alguna comunicación entre David Rivera y Sam Johnson en relación con el acuerdo de consultoría.

 Cada una de estas interrogantes era rematada con: “hasta donde usted sabe, nunca se produjeron tales comunicaciones; ¿Correcto?”.

  Y Hugo Perera  invocaba nuevamente la Quinta Enmienda.

  Sullivan le preguntó a Perera si se había comunicado con con el político venezolano Henry Ramos Allup y el testigo se negó a contestar nuevamente.

“¿Sabes quién es?”, repreguntó Sullivan cómo también le requirió referir si tenía conocimiento si David Rivera había tenido comunicación con Henry Ramos Allup en relación con el acuerdo de consultoría.

 También le preguntó si se había comunicado con político venezolano Oliver Blanco y si sabía de alguna comunicación entre Rivera y Blanco.

“Con base en el consejo de un abogado, invoco mi Quinta”, volvió a ser la respuesta de Perera.

 Sullivan insistió: “Nuevamente, centrándome en el acuerdo de consultoría aquí en el Anexo 1, que comienza en la página PGA 0055, mi pregunta, señor, es, ¿está al tanto de algún lavado de dinero que haya ocurrido en relación con este contrato?”.

  Y volvió con las preguntas “¿Estuvo involucrado en el lavado de dinero en relación con este contrato?” y “¿Sabe quién más estuvo involucrado en el lavado de dinero en relación con el acuerdo de consultoría?”, así como también: “¿No es cierto que Raúl Gorrín participó en el blanqueo de capitales en relación con este contrato?”.

  Y entonces Brady M. Sullivan se enfiló a requerir de Hugo Perera sí sabía que los pagos realizados en virtud del contrato se utilizaron para sobornar a funcionarios del gobierno; si sabía de quién era el dinero que se utilizó para sobornar a funcionarios gubernamentales en relación con este contrato; si estuvo involucrado en orquestar sobornos a funcionarios gubernamentales en relación con el contrato; si sabía quién más estuvo involucrado en orquestar sobornos a funcionarios gubernamentales en relación con el contrato; y si no era cierto que Raúl Gorrín estuvo involucrado en orquestar sobornos a funcionarios del gobierno en relación con el contrato.

  Y como en todo el interrogatio, la respuesta volvió a ser la misma, acogerse a su derecho de no autoincriminarse garantizado en el Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

La Quinta Enmienda

  Con la invocación de la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, Hugo Perera se acogía a su derecho de no autoincriminarse.

  La Quinta Enmienda es parte de la Declaración de Derechos y la misma garantiza algunas protecciones a la persona acusada de un delito o que participa en un procedimiento legal. También se refiere al derecho contra la autoincriminación, lo cual se extiende a las jurisdicciones estatales y locales.

 Textualmente, la Quinta Enmienda reza: “Nadie estará obligado a responder de un delito castigado con la pena capital o con otra infamante si un gran jurado no lo denuncia o acusa, a excepción de los casos que se presenten en las fuerzas de mar o tierra o en la milicia nacional cuando se encuentre en servicio efectivo en tiempo de guerra o peligro público; tampoco se pondrá a persona alguna dos veces en peligro de perder la vida o algún miembro con motivo del mismo delito; ni se le obligará a declarar contra sí misma en ningún juicio criminal; ni se le privará de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal; ni se ocupará la propiedad privada para uso público sin una justa indemnización”

[1] PG & Associates. https://pgandassociatesinc.com/


domingo, 10 de julio de 2022

Tribunal del Distrito Sur de Florida ordenó la confiscación de activos de Alejandro Andrade Cedeño

 El decomiso suma USD 335.882,46.

Por Maibort Petit

  El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida confiscó activos por el orden de los USD 335.882,46 Alejandro Andrade Cedeño, atendiendo una solicitud presentada por la fiscalía.


El pedido de la Fiscalía

   El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, Juan Antonio González, a través de los fiscales auxiliares Nalina Sombuntham y Joshua Paster, presentó ante el tribunal homónimo una Moción para una orden final de confiscación en contra de Alejandro Andrade Cedeño.

  Expuso el gobierno, primero, que el 5 de abril de 2022, de conformidad con 21 U.S.C. § 853(p), el Tribunal emitió una Segunda Orden Preliminar de Decomiso, en el caso mencionado anteriormente contra el demandado, Alejandro Andrade Cedeño, confiscando, sujeto a intereses de terceros, los siguientes bienes, entre otros activos, a los Estados Unidos:

(i) aproximadamente USD 184.690,97 restantes en el anticipo del demandado en Colson Hicks Eidson P.A.; y (ii) aproximadamente USD 19.107,55 restantes en el anticipo de Andrade en la Oficina Legal de Stephen Binhak. 

  En segundo lugar, la fiscalía recordó que el 21 de abril de 2022, de conformidad con 21 U.S.C. § 853(p), el Tribunal emitió una Tercera Orden Preliminar de Decomiso, confiscando, sujeto a intereses de terceros, los siguientes bienes, entre otros activos, a los Estados Unidos: (i) aproximadamente USD 42.131,37 restantes en el anticipo del demandado en Grossman Young & Hammond, LLC; y (ii) aproximadamente USD 89.952,15 restantes en el anticipo de Alejandro Andrade en Stephen E. Kaufman, P.C.

  En tercer lugar, el gobierno refirió que el aviso del decomiso penal se publicó en un sitio oficial de Internet del gobierno por un período de 30 días, a saber, desde el 9 de abril de 2022 hasta el 8 de mayo de 2022, y desde el 28 de abril de 2022 hasta el 27 de mayo de 2022.

  Luego indicó que se envió una notificación directa a cualquier persona que razonablemente parecía ser un reclamante potencial con legitimación para impugnar la confiscación de la propiedad, o que dicha persona estuviera en la notificación real de la confiscación.

  El aviso describía la propiedad y advertía que cualquier persona, que no fuera el demandado, que alegue un interés legal en la misma, puede solicitar al Tribunal una audiencia para adjudicar la validez del supuesto interés dentro de los 60 días a partir del primer día de publicación o dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la notificación, lo que ocurra primero.

  El gobierno advirtió que había vencido el plazo para presentar una petición reclamando un interés en la propiedad y no se presentó ninguna petición o reclamación.

  También se alertó que una vez que se hayan resuelto todas las peticiones de terceros y/o si no se han presentado peticiones a tiempo, “Estados Unidos tendrá un título claro sobre la propiedad que es objeto de la orden de decomiso y puede garantizar un buen título a cualquier comprador o cesionario posterior”.

  Dejó sentado el fiscal González que, por lo tanto, Estados Unidos tiene derecho a tener un título claro sobre la propiedad y así lo solicitó ante el Tribunal requiriendo del mismo una Orden Final de Decomiso y cualquier otra reparación que considere justa y adecuada.

La decisión del tribunal

  El 1 de julio de 2022, juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, Robin n. Rosenberg, emitió la orden final de confiscación contra bienes de Alejandro Andrade Cedeño.

 

  El magistrado acogió los términos de la orden propuestos por el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, Juan Antonio González y ordenó a todo funcionario encargado de hacer cumplir la ley debidamente autorizado, proceder a incautar y llevarse la propiedad descrita, ejerciendo todos y cada uno de los incidentes de dominio con respecto a la misma.

  Asimismo, el juez Rosenberg ordenó disponer de la propiedad de conformidad con la ley, indicando que el Tribunal conservará la jurisdicción en este caso con el fin de hacer cumplir la orden emitida.

martes, 7 de junio de 2022

Las múltiples diligencias de CITGO para que José Manuel González Testino y su empresa respondan ante la justicia de Texas

  La táctica de González Testino es hacerse el desentendido ante los requerimientos de la filial de PDVSA en Estados Unidos.

Por Maibort Petit 

   CITGO Petroleum Corp. presentó una moción ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas a objeto de que se obligue a testificar a Sergio Omaña, presidente, director y agente registrado de Petroleum Logistics Service USA, Inc. (PLS USA), subsidiaria de Petroleum Logistics Service Corp. (PLS) en Miami, la empresa de José Manuel González Testino que la filial de Petróleos de Venezuela S.A. en EE. UU. demanda por incumplimiento de contrato, fraude y violación a la Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas (RICO). El pedido estuvo acompañado por una serie de documentos que demuestran las múltiples diligencias realizadas la demandante con el objetivo de que Omaña y la empresa respondiera a la citación.

En esta entrega presentamos algunos de estos documentos.

Los correos

  Entre el 1 y el 12 de diciembre de 2021, hubo un cruce de correos electrónicos entre el abogado de CITGO y el abogado de Sergio Omaña, Peter González.

  Luego de que CITGO contratara los servicios de un notificador que el 1 de diciembre de 2021 le entregó correcta y personalmente la citación a Sergio Omaña en su residencia conocida en 28706 Shoalhaven Court, Fulshear, TX 77441, se produjo una conversación telefónica el 2 de diciembre Sergio Omaña y el abogado de la filial de PDVSA, quien preguntó si tenía un abogado que lo representara. Dado que Omaña respondió que Peter González de la firma Sanchez-Medina, Gonzalez, Quesada, Lage, Gomez & Machado LLP, era su abogado, se dio por concluida la conversación.

  Un correo fechado el 1 de diciembre de 20121, remitido por Damarys Martínez, asistente de Peter González, dirigido a Michael Gottieb, abogado de la firma Willkie Farr and Gallagher LLP, que representa a CITGO, informaba González fue contratado por Javier Aurrecoechea y Petroleum Logistics Service Corp.

  Martínez le indicó a Gottieb que las declaraciones programadas para el día 2 de diciembre no se llevarían a cabo, agregando que Peter González se comunicaría en dicha fecha para reprogramar las deposiciones.

   Sólo hasta el 7 de diciembre de 2021, el abogado de CITGO, Andrew English, le remitió a Damarys Martínez —con copia Peter González, a Michael Gottlieb, James Kellner, Robert Meyer y Andrew Bouriat— un correo para pedirle posibles fechas para la declaración e informar cuándo se producirían los documentos de respuesta. Igualmente, English quería confirmar que González, efectivamente, representara a Sergio Omaña.

   Peter González contestó el mismo día refiriendo que no estaba seguro de representar a Omaña. Le dijo que tenía entendido que Sergio Omaña es el representante corporativo de Petroleum Logistics Service USA, Inc. (PLS USA) y, en ese caso, lo representaría como efectivamente representa a a Javier Aurrecoechea y PLS, pero se comprometió a confirmar que así fuera y s elo haría saber. Se excuso diciendo que se encontraba de viaje hasta el 13 de diciembre y pidió una copia de la declaración jurada/devolución de servicio y de las citaciones para Omaña y Aurrecoechea.


    El 12 de diciembre de 2021, Andrew English le envió un nuevo correo electrónico a Peter González donde le informó del incumplimiento contra los demandados José Manuel González Testino y Petroleum Logistics Service Corp. (PLS) al que le había dado entrada el Tribunal. También de dio a conocer que la Corte había autorizado el descubrimiento de Sergio Omaña, de Javier Aurrecoechea y de Petroleum Logistics Service USA, Inc. (PLS USA), entre otros.

   Andrew English adjuntó al correo toda la documentación judicial y le recordó que estaban solicitando una declaración de PLS USA lo que significaría la declaración de Sergio Omaña como el representante designado de PLS USA. Le solicitó programar dicha declaración con prontitud y proporcionar las fechas en las que Omaña estaría disponible.

  Dado que PLS USA y Aurrecoechea tampoco habían cumplido con los plazos en los que debían producir documentos de respuesta, pidió que antes del 15 de diciembre se produjeran. Puntualizó que, según la citación entregada a Sergio Omaña, debe presentar los documentos antes del 22 de diciembre de 2021.

   Peter González no le respondió a Andrew English este correo ni otros cuatro que remitió entre diciembre de 2021 y enero de 2022.

   El 20 de diciembre de 2021, Andrew English, le escribió a Peter González y a Damarys Martínez, para reiterar la información sobre la citación a PLS USA y Javier Aurrecoechea y el incumplimiento de ambos a los plazos en los que debían producir documentos en respuesta a dichas citaciones y/o presentar objeciones.

  También refirió que ya anteriormente le había solicitado proporcionar una fecha en la que ambos producirían documentos y una lista de posibles fechas para una declaración de PLS USA. Al no haber recibido respuesta, English reiteró el pedido y alertó que, de no hacerlo antes del 27 de diciembre de 2021, se verían obligados a presentar mociones para obligar.

   El 4 de enero de 2022, Andrew English envió un correo electrónico a Peter González, Damarys Martínez, advirtiendo que, en razón de no haber recibido la documentación requerida de su cliente, Javier Aurrecoechea, así como tampoco ninguna respuesta a los correos remitidos, se vieron obligados a presentar una moción para obligar a Aurrecoechea a presentar documentos. Adjuntaron una copia de cortesía de la moción.

  Igualmente hizo mención al hecho de que se había entregado la citación a Sergio Omaña conminándolo a presentar documentos antes del 22 de diciembre de 2021, por lo que al haber transcurrido la misma sin respuesta, presentarían una moción para obligar si no había entrega de documentos u objeciones antes del 12 de enero de 2022 a las 5:00 p. m.

   El 6 de enero de 2022, Andrew English, envió un correo a Peter González y Damarys Martínez, para referirles que, al revisar sus registros, notó que cuando PLS USA recibió personalmente la citación, la citación no se entregó con una tarifa de asistencia. En tal sentido, le preguntó al abogado González si su cliente aceptaría un cheque por la tarifa de asistencia y el kilometraje estimado, así como un horario a su conveniencia.

  English alertó que de no aceptar el ofrecimiento procederían a prestar servicio a PLS USA, algo que esperaban no sucediera para evitar un retraso innecesario. Pidió una respuesta antes del lunes 10 de enero de 2022, pues si no volverían a entregar la citación.

    El 19 de enero de 2022, Andrew English le escribió a Peter González y Damarys Martínez, para informarle que el día 18 de enero de 2022, su cliente, PLS USA, había recibido una citación y un cheque por la tarifa de comparecencia y el millaje estimado. La deposición se programó para el 7 de febrero de 2022.

    El 2 de febrero de 2022, Andrew English remitió un correo a Peter González y Damarys Martínez, para informarle que el 18 de enero de 2022, su cliente, PLS USA, recibió una citación para presentar documentos y hacer que un representante compareciera para una declaración. La fecha del evento era el 7 de febrero.

  Dado que no habían recibido ninguna comunicación de González en la que indicara si PLS USA planeaba o no producir documentos o comparecer para la declaración y en razón de que tampoco habían recibido ninguna objeción a la citación, la cual de conformidad con la norma vencían el 1 de febrero de 2022, se entendía que PLS USA había renunciado a cualquier objeción a la citación y estaba obligado a cumplir con las solicitudes de documentos en la misma, así como con la solicitud de declaración.

  En virtud de que, igualmente, no habían recibido respuesta al correo del 19 de enero solicitando que una reunión y consulta sobre la citación y los temas que querían, de no recibir contestación antes de las 6 de la tarde de ese mismo día 2 de febrero, asumirían que PLS USA no tener la intención de comparecer para la deposición de ese día ni para la deposición del 7 de febrero, presentarían una moción para obligar a PLS USA a cumplir con la citación.


   El 7 de febrero de 2022, Andrew English le escribió a Peter González y a Damarys Martínez, para preguntar si tenían la disponibilidad para una reunión y conferencia esa semana con respecto a la declaración de PLS USA.


   El 7 de febrero de 2022, Peter González le escribió a Andrew English, para informarle que no había recibido respuesta de su parte sobre el correo escrito el 19 de enero de 2022, porque los correos enviados habían ido a su buzón de correo no deseado. Precisó que Sergio Omaña lo había llamado respecto a la citación para PLS USA, advirtiendo que la misma no se entregó personalmente sino que se la dejaron en la oficina.

  Le advirtió que no era necesario que presentará una moción para obligar este asunto, puesto que PLS USA tenía la intención de comparecer y presentar los documentos.


  El 8 y 9 de febrero de 2022, Andrew English le escribió a Peter González y Damarys Martínez, para referirles que se encontraba haciendo un seguimiento de la programación de una reunión y conferencia esa semana para la declaración de PLS USA. También le informó que llamó a su oficina y lo dirigieron al correo de voz de Damarys, donde dejó un mensaje.

   El 14 de febrero de 2022, Andrew English, le remitió un correo a Peter González y Damarys Martínez, para programar una reunión y conferencia para la deposición de PLS USA y para obtener posibles fechas para esa deposición. Indicó que había enviado varios correos electrónicos y varios mensajes de voz haciendo el pedido, pero no habían respondido. Alertó que de no responder el 16 de febrero de 2022 antes de las 5 de la tarde, procederían a obligar a PLS USA a cumplir con la citación.

   El 15 de febrero de 2022, Damarys Martínez escribió a Andrew English, para informar que Peter González tenía disponibilidad para reunirse y consultar el asunto de la citación bien el 22 de febrero o el 23 de febrero después de las 11:00 a. m. en ambas fechas.

  El 16 de febrero de 2022, Andrew English informó a Damarys Martínez y Peter González que podían hablar a las 3:30 p.m. (hora del Este) el martes 22 de febrero.

   El 22 de febrero de 2022, Andrew English le envió un correo a Damarys Martínez y Peter González, para actualizar la declaración de González para el 23 de febrero a las 3:15 p. m, dado que habían no podían para el 22 de febrero como habían convenido anteriormente.

   El 23 de febrero de 2022, Damarys Martínez informó a Andrew English que por la muerte de un familiar, Peter González no estaría disponible para la reunión de ese día. Pidió reprogramar para la próxima semana.

  La respuesta de English fue, luego de lamentar el hecho, reprogramar para el 28 de febrero, advirtiendo que también estarían disponibles para el 1 de marzo de 9:00 a. m. a 11:00 a. m. y de 12:00 p. m. a 13:30 (todos los tiempos del este). Este información se reiteró en otro correo el 25 de febrero de 2022.

  El 1 de marzo de 2022, Andrew English escribió a Damarys Martínez para pedir la disponibilidad de Peter González para el 2 y el 3 de marzo para reunirse y consultar sobre la citación de PLS USA.

  El 12 de abril de 2022, Andrew English, remitió un correo electrónico a Peter González y Damarys Martínez, para conminarlo a consultar una orden que adjuntaba en la que el Tribunal para el Distrito Sur de Florida obligaba a su cliente, PLS USA, a presentar documentos y asistir a una declaración. Le pidió que le hiciera saber en qué fecha recibirían los documentos de respuesta, así como la disponibilidad de su cliente para una deposición las semanas del 16, 23 y 30 de mayo.

  También le refirió el caso de Sergio Omaña quien fue citado para que presentara documentos, lo cual no hizo, como tampoco ninguna objeción a la citación. En virtud de ello, English pidió, a la luz de la orden judicial que obliga a PLS USA a presentar documentos y asistir a una declaración, que Omaña también aceptara presentar los documentos. Si no recibían respuesta antes del 14 de abril a las 5:00 p. m., presentarían una moción para obligar.



miércoles, 11 de mayo de 2022

El Tigre Bonilla, exjefe de la Policía Nacional de Honduras fue presentado ante un juez en NY, el acusado se declarará no culpable de delitos de narcotráfico

   El tribunal le asignó un abogado público. La próxima audiencia será el 10 de junio de 2022.

Por Maibort Petit

   El exjefe de la Policía Nacional de Honduras, Juan Carlos Bonilla Valladares, alias "El Tigre" fue presentado este miércoles ante un juez de Nueva York para la lectura de cargos en una acusación federal en su contra que lo señala de haber abusado de su cargo oficial para proteger cargamentos de cocaína y asesinar a un narcotraficante rival como parte de una conspiración que involucra a políticos hondureños de alto rango y miembros de las instituciones de aplicación de la ley. 

   Bonillas Valladares fue extraditado de Honduras a Estados Unidos el martes 10 de mayo, llegó al aeropuerto de White Plane en las cercanías de la ciudad de Nueva York a las 8:40 PM en un vuelo del Departamento de Justicia de Estados Unidos. El exjefe de Policía hondureño fue trasladado al Centro Metropolitanos de Detención de Brooklyn (MDC) donde estará hasta que concluya su proceso.

   El expolicía fue presentado hoy ante la juez federal Katharine H. Parker para la audiencia de arraigo. En el marco de la audiencia se le asignó un abogado público, luego que el acusado firmó un declaración jurada de incapacidad financiera para pagar su propia defensa.

    En el marco de la audiencia, la magistrada Parker le dijo a Bonilla que tenía derecho a la asistencia de los representantes diplomáticos de su país. La próxima audiencia de Bonilla será el 10 de junio de 2022.

  Damian Williams, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y Anne Milgram, Administradora de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), anunciaron hoy en un comunicado la extradición de Bonilla Valladares, alias "El Tigre”, por cargos de conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas que involucran el uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. 

   Williams dijo: “En lugar de usar su posición de alto poder como Jefe de la Policía de Honduras para combatir el narcotráfico, Juan Carlos Bonilla Valladares, alias 'El Tigre', explotó corruptamente su posición para proteger y ayudar a los organizaciones narcotraficantes que estaba obligado a desbaratar. Con su apoyo y protección, los asociados de Bonilla Valladares se convirtieron en un conducto crítico para el tráfico de drogas de Centroamérica a los Estados Unidos:. 

    El fiscal aseguró que la extradición  de Bonilla Valladares demuestra que nadie está exento "en virtud de su título o posición de autoridad, incluso los presidentes y jefes de policía extranjeros, de un proceso penal por contribuir a la avalancha de narcóticos ilegales en este país que causa tanto daño”.

En un comunicado de prensa de la fiscalía, la administradora de la DEA, Anne Milgram, aseguró que “El expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández no habría llegado al poder y no se habría beneficiado con éxito de las ganancias masivas de las drogas si no hubiera sido por su amplia red de asociados corruptos. Estos asociados, incluido Bonilla Valladares, también explotaron sus posiciones para traficar cocaína a los Estados Unidos y proteger violentamente a otros traficantes de drogas con conexiones políticas, todo para su propio beneficio personal". 

   Milgram afirmó que Bonilla Valladares "traicionó aún más al pueblo hondureño al usar su placa de policía para encubrir sus crímenes". 

  Agregó que "la extradición de Bonilla Valladares demuestra una vez más al mundo que los funcionarios corruptos no pueden esconderse detrás de sus cargos". 

  "La DEA, en coordinación con nuestros socios estadounidenses e internacionales, no se detendrá ante nada para llevar ante la justicia a cualquiera que amenace la seguridad y la salud de los estadounidenses”, dijo la jefe de la Unidad en Nueva York.


Según las alegaciones contenidas en la Demanda contra BONILLA VALLADARES, las pruebas presentadas en el juicio de octubre de 2019 de Juan Antonio Hernández Alvarado (“Hernández Alvarado”) en el Distrito Sur de Nueva York, y las declaraciones en audiencia pública durante el enjuiciamiento de Hernández Alvarado[ 1]:

Los cargos

  Según la acusación federal, aproximadamente entre 2003 y 2020, múltiples organizaciones de narcotraficantes en Honduras y en otros lugares trabajaron juntas, y con el apoyo de ciertas personas públicas y privadas, incluidos políticos hondureños y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, para recibir cargas de varias toneladas de cocaína enviadas desde Honduras a Estados Unidos.

   El documento de la corte dice que la cocaína venía entre otros lugares, de Colombia y Venezuela a través de rutas aéreas y marítimas. Los narcotraficantes con la ayuda de políticos y policías,  transportaban la droga desde el oeste en Honduras hacia la frontera con Guatemala y eventualmente a los Estados Unidos. 

  "Para protegerse de la interferencia de las fuerzas del orden y para facilitar el paso seguro a través de Honduras de cargamentos de varias toneladas de cocaína, los narcotraficantes pagaron sobornos a funcionarios públicos, incluidos ciertos presidentes, miembros del Congreso Nacional de Honduras y personal del Gobierno hondureño, de la Policía Nacional, incluido Bonilla Valladares".

   La demanda dice que Bonilla Valladares fue miembro de la Policía Nacional de Honduras entre aproximadamente 1998 y aproximadamente 2016. Durante su mandato, ocupó cargos de alto rango, incluido el de Jefe de Policía Regional con autoridad sobre ubicaciones en el occidente de Honduras que eran estratégicamente importantes para los narcotraficantes, y Jefe de Policía la Policía Nacional de Honduras para todo Honduras entre aproximadamente 2012 y aproximadamente 2013. 

  Asegura la acusación que Bonilla Valladares explotó de manera corrupta estos cargos oficiales para facilitar el tráfico de cocaína y usó la violencia, incluido el asesinato, para proteger a la célula particular de narcotraficantes políticamente conectados con los que se alineaba, incluidos ex el congresista hondureño Tony Hernández Alvarado y el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, a quien se hace referencia en la Demanda acusando a Bonilla Valladares como “CC-4”.

  Agrega que "a cambio de sobornos pagados con ganancias de drogas, Bonilla Valladares ordenó a miembros de la Policía Nacional de Honduras, que estaban armados con ametralladoras, que dejaran pasar cargamentos de cocaína a través de retenes policiales sin ser inspeccionados ni incautados. 

  Igualmente sostienen los fiscales que Bonilla Valladares, en coordinación con Hernández Alvarado y otros, también proporcionó a los miembros de su conspiración información confidencial de las fuerzas del orden público para facilitar los envíos de cocaína, incluyendo información sobre operaciones de interdicción aérea y marítima.

  Alrededor de 2010, Tony Hernández Alvarado le dijo a un testigo colaborador (CW-1) que los hermanos Hernández Alvarado ayudaron a Bonilla Valladares a avanzar en su posición dentro de la Policía Nacional de Honduras, y que alias El Tigre, protegió sus actividades de tráfico de drogas a cambio de sus privilegios. 

  Hernández Alvarado también le dijo a CW-1 que Bonilla Valladares era un hombre muy violento, y que los Hernández Alvarado le confiaron a Bonilla tareas especiales, incluido el asesinato. 

 Por ejemplo, en o alrededor de julio de 2011, Bonilla Valladares participó en el asesinato de un narcotraficante rival a pedido de Hernández Alvarado y otros porque el traficante rival había intentado evitar que Hernández Alvarado y otros miembros de la conspiración transportaran cocaína a través de una región del occidente de Honduras cerca de la frontera con Guatemala.

  El acusado ha negado todos los cargos y ha señalado que irá a juicio en Nueva York para demostrar que las acusaciones de los fiscales están basadas en los testimonios de narcotraficantes que fueron supuestamente perseguidos y arrestados por el mismo Bonilla.

   La Demanda acusa a Bonilla Valladares, de 62 años, de los siguientes cargos: 

(1) conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, 

(2) usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover, la conspiración de importación de cocaína; y 

(3) conspirar para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína. 

 Si es declarado culpable, Bonilla Valladares enfrenta una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua por el primer cargo, una sentencia mínima obligatoria de 30 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua por el segundo cargo, y una término máximo de cadena perpetua en el Cargo Tres.

  La fiscalía informó que el enjuiciamiento de Bonilla Valladares es parte de una operación de las Fuerzas de Tareas de Control de Drogas contra el Crimen Organizado (OCDETF). OCDETF identifica, interrumpe y desmantela las organizaciones criminales de más alto nivel que amenazan a los Estados Unidos utilizando un enfoque de múltiples agencias dirigido por fiscales e impulsado por inteligencia. 

  Este caso está a cargo de la Unidad de Seguridad Nacional y Narcóticos Internacionales de la Fiscalía y la representación del gobierno está en manos de los fiscales federales adjuntos Jacob H. Gutwillig, Michael D. Lockard, Jason A. Richman y Elinor L. Tarlow.

jueves, 5 de mayo de 2022

Ante el Tribunal de Brooklyn “alias Otoniel” se declara no culpable

  Autoridades del Departamento de Estado destacaron la importancia de que el presunto líder del Clan del Golfo se vea cara a cara con la justicia estadounidense.

Por Maibort Petit
  Tal como estaba previsto luego de su extradición a territorio de los Estados Unidos, Darío Antonio Úsuga David, también conocido con los alias de “Otoniel”, “Mao”, “Gallo” y “Mauricio-Gallo”, compareció en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, donde ante una juez federal se declaró no culpable de los cargos de narcotráfico y uso de armas de que se le acusa.

  El Fiscal General para el Distrito Este de Nueva York, Breon Peace, destacó la importancia de este evento en el que comienza la rendición de cuentas ante la justicia de "uno de los distribuidores de cocaína más grandes del mundo". Asimismo, el representante del Departamento de Justicia aplaudió el haber capturado y llevado a los EE. UU. a quien se creía intocable tras participar en más de 40 hechos de compra y venta de cocaína desde Colombia, hasta Centroamérica y México para finalmente trasladarla a Estados Unidos.
   Vistiendo una braga color naranja y portando mascarilla en razón del protocolo por el Covid-19, el narcotraficante colombiano extraditado este miércoles 4 de mayo, rindió su primera comparecencia ante la justicia de los EE. UU. dando así inicio a su procesamiento judicial.

  El líder del Clan del Golfo, anteriormente conocido como “los Urabeños”, estaba al frente de la organización criminal que mantenía 28 rutas de narcotráfico, así como alianzas con otros grupos delincuenciales, de acuerdo a lo revelado poco después de su captura en 2021 por la Policía Nacional de Colombia[1].
Departamento de Justicia de EE. UU. 
   Se sabe que a través de la Ruta de Santander estaba conectado con el narcotráfico venezolano. El Clan del Golfo mantiene actividades en toda América, a saber, en Estados Unidos, México, Honduras, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Brasil, Guatemala, Nicaragua, Venezuela y El Salvador. Asimismo, en Europa, opera en Bélgica, España, Países Bajos, Alemania, Francia, Portugal, Polonia, Grecia, Irlanda, Inglaterra, Italia, Albania y Ucrania. Se indicó en aquel momento que también la organización cuenta con tres rutas hacia Irán, Emiratos Árabes Unidos y China[2].

    Alias “Otoniel” se constituye en una figura que envuelve más de 120 procesos abiertos por diversos crímenes, entre ellos homicidio múltiple agravado, secuestro múltiple agravado, secuestro y concierto para delinquir. Está señalado, incluso, de abuso sexual infantil, así como a mujeres. Por este último delito, las autoridades pudieron seguir su rastro.

  Entretanto, la justicia de Estados Unidos enfrentará a Darío Antonio Úsuga David por haber enviando hasta su territorio toneladas de cocaína junto a socios a través de distintas rutas que incluyen a Colombia, Venezuela, Ecuador, Guatemala, Panamá, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, México.

Sobre “Otoniel”

  El 23 de junio de 2015 los fiscales federales para los distritos Sur de la Florida (SDFL), Este de Nueva York (EDNY), conjuntamente con la Dirección Regional de la Zona de los Andes de la Administración Antinarcóticos de los Estados Unidos (DEA), anunciaron la apertura de cinco acusaciones formales en los tribunales federales en Brooklyn,  Nueva York y en Miami, la Florida, contra 17 supuestos jefes y asociados banda criminal colombiana más grande y con mayor influencia, a saber, el Clan Úsuga. 

  El grupo de personas fueron imputadas del manejo de empresas criminales continuas, participación en conspiraciones internacionales de tráfico de cocaína y de usar armas de fuego para llevar a cabo sus delitos de narcotráfico. Previo a esto habían sido designados por el presidente de los Estados Unidos y el Departamento del Tesoro, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) como narcotraficantes específicamente designados de acuerdo con  la Ley de Nombramiento de Capos Narcotraficantes Extranjeros. Asimismo, el Departamento de Estado ofreció una recompensa de USD 5 millones por información que llevara a su arresto y condena de Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”[3].

  Tras su traslado a EE. UU. se inició su procesamiento judicial en el Distrito este de Nueva York.

   Tal como lo refieren los registros del Departamento de Estado, Darío Antonio Úsuga David es, presuntamente, uno de los líderes de El Clan Del Golfo, organización criminal que anteriormente como “Los Urabeños” o “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, un “cártel de la droga colombiano fuertemente armado y extremadamente violento compuesto por ex-miembros de organizaciones terroristas que no se desmovilizaron como parte del proceso de justicia y paz” promovido por el gobierno de Colombia.

  Se advierte que esta organización se vale de la violencia y la intimidación para controlar las rutas del narcotráfico, los laboratorios de procesamiento de cocaína, los puntos de partida de lanchas rápidas y las pistas de aterrizaje clandestinas. Se indica que operan en 13 de los 32 departamentos de Colombia, especialmente al noroeste del país, destacando el hecho de que, durante una guerra territorial con una organización criminal rival por las rutas del narcotráfico, los homicidios se dispararon un 443 por ciento en dos años[4].

  Usuga-David, catalogado por el presidente neogranadino, Iván Duque, como el "narcotraficante más temido del mundo", fue capturado en octubre de 2021, lo que significó un duro golpe al Clan del Golfo. De esta manera se le puso fin a una persecución que se extendió por seis años, captura que el mandatario comparó con la Pablo Escobar en la década de 1990. “Es un asesino de policías, militares y líderes sociales, así como un reclutador de menores; también es conocido por la locura que lo llevó a abusar de niños y adolescentes de manera recurrente”[5].

  Su extradición se produjo sorpresivamente este 4 de mayo de 2022, luego de que el Consejo de Estado de Colombia levantara la suspensión que mantenía al envío del narcotraficante los Estados Unidos. Todo en medio de una situación fuera de lo común, toda vez que la legislación colombiana establece que los detenidos deben ser notificados de su traslado con 10 días de antelación. Su reclusión en suelo neoyorquino está prevista en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn (MDC).

 Antes de ser entregado a las autoridades de EE. UU., alias “Otoniel” debió suministrar información valiosa  en Colombia y el presidente Duque subrayó la obligación del narcotraficante de seguir colaborando con la justicia colombiana. Había suministrado el nombre de 64 políticos, exmandatarios regionales y funcionarios presuntamente relacionados con el paramilitarismo, según medios colombianos.

La acusación sustitutiva de 1015

  En el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York cursa una acusación sustitutiva contra Darío Antonio Úsuga-David, también conocido como “Otoniel”, “Mao”, “Gallo” y “Mauricio-Gallo”; Daniel Rendón Herrera, también conocido como "Don Mario; Jairo de Jesús Durango Restrepo, también conocido como "Gua Gua"; Roberto Vargas Gutiérrez, también conocido como "Gavilán"; Carlos Alberto Moreno Turberquia, también conocido como "Nicolás"; Arístides Manuel Mesa Páez, también conocido como "El Indio"; Luis Orlando Padierna Peña, también conocido como "Inglaterra"; Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, también conocido como "Chiquito" y "Chiquito Malo"; César Daniel Anaya Martínez, también conocido como "Tierra"; Yony Alberto Grajales Álvarez, también conocido como "Guajiro" y "Paisa"; y Ramiro Caro Pineda, también conocido como "Nolasco" y "Hugo", presentada el 12 de agosto de 2015.
   Refiere la misma que el Gran Jurado que el grupo narcotraficante “Los Urabeños” es una organización paramilitar y de tráfico de cocaína con sede en Uruba, Colombia, la cual estuvo involucrada en envíos de varias toneladas de cocaína desde Colombia a México y América Central para su importación final a los Estados Unidos; coordinaron la producción, compra y traslado de cargamentos de cocaína, así como la recepción de cargamentos de cocaína en México y Centroamérica; controlaban el territorio en varias áreas de Colombia e imponían un "impuesto" a los narcotraficantes que operaban en las regiones bajo su control. Asimismo, emplearon sicarios para perpetrar actos de violencia, incluidos asesinatos, asaltos y secuestros.

  Sobre Darío Antonio Úsuga David refiere que dirigió la cita organización criminal junto a Daniel Rendón Herrera.

   La acusación comprende dos cargos, a saber, el de Empresa Criminal Continua el cual comprende varias violaciones: Conspiración internacional de fabricación y distribución de cocaína; así como las violaciones comprendidas del 2 al 32 referidas a la Distribución internacional de cocaína. Entretanto, el segundo cargo es por Uso de armas de fuego para fomentar el narcotráfico.

  Con respecto al primer cargo, la acusación de reemplazo dice que, entre junio de 2003 y diciembre de 2014, en jurisdicción extraterritorial de los Estados Unidos, Darío Antonio Usuga-David, Daniel Rendón Herrera, Jairo de Jesús Durango Restrepo, Roberto Vargas Gutiérrez, Carlos Alberto Moreno Tuberquía, Arístides Manuel Mesa Páez, Luis Orlando Padierna Peña, Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, César Daniel Anaya Martínez, Yony Alberto Grajales Álvarez y Ramiro Caro Pineda, se involucraron a sabiendas en una empresa criminal continua en violación a lo establecido en el Título 21, Código de los Estados Unidos, Secciones 846, 848(e), 952(a), 959(a), 960 y 963.

  Los acusados ocupaban un cargo de supervisión y dirección, cometiendo una serie de violaciones por las cuales obtuvieron cuantiosos ingresos y recursos.

   Entre 2003 y 2014, los acusados conspiraron para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una sustancia que contenía cocaína, una sustancia controlada de la Lista II, con la intención y de importarla a los Estados Unidos.

  En las citadas fechas, los acusados distribuyeron cocaína con la intención de importarla ilegalmente a EE. UU. de la manera que se describe a continuación:

  También entre 2003 y 2014, los acusados cometieron uno o más delitos punibles, conspiraron para matar y provocar el asesinato intencional de una persona o más, a saber: líderes, miembros y asociados de empresas rivales organizaciones narcotraficantes, en violación del Título 21, Código de los Estados Unidos, Secciones 848(e)(l)(A) y 846.

  Respecto al segundo cargo, los acusados y otros, a sabiendas, usaron y portaron una o más armas de fuego durante la comisión del delito de narcotráfico, delito imputado en el Cargo Primero. Entre el armamento fue blandido y disparado estaba una ametralladora.

REFERENCIAS

[1] El País. “Los 'tentáculos' del 'Clan del Golfo': Así eran los nexos de 'Otoniel' con mafias internacionales”. 3 de noviembre de 2021. https://www.elpais.com.co/judicial/los-tentaculos-del-clan-del-golfo-asi-eran-los-nexos-de-otoniel-con-mafias-internacionales.html

[2] La Opinión. “Las conexiones internacionales del 'Clan del Golfo'”. 3 de Noviembre de 2021. https://www.laopinion.com.co/colombia/las-conexiones-internacionales-del-clan-del-golfo

[3] Departamento de Estado. “Diecisiete Supuestos Jefes Y Asociados Del Clan Úsuga Acusados Formalmente Como Parte De Un Golpe Coordinado En Brooklyn Y Miami Contra El Grupo Bacrim Narcotraficante Y Armado Colombiano Más Grande Y Con Más Influencia”. 23 de junio de 2015. https://www.justice.gov/opa/pr/diecisiete-supuestos-jefes-y-asociados-del-clan-suga-acusados-formalmente-como-parte-de-un

[4] Departamento de Estado. Dario Antonio Usuga David (Captured). 25 de octubre de 2021. https://www.state.gov/narcotics-rewards-program-target-information-wanted/dario-antonio-usuga-david/

[5] Atalayar. “The Colombian government puts the Gulf Clan in check with the capture of ‘Otoniel’". 24 de octubre de 2021. https://atalayar.com/en/content/colombian-government-puts-gulf-clan-check-capture-otoniel



miércoles, 20 de abril de 2022

Conozca a Maximiliano Dávila Pérez exjefe de Agencia Antinarcóticos de Bolivia que la Fiscalía de Nueva York acusa de narcotráfico y procura extraditar a EE. UU.

   El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Nueva York levantó el sello que pesaba sobre la acusación emitida por el Gran jurado contra el exjefe antinarcóticos boliviano.

Por Maibort Petit

   En febrero pasado la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, anunció los cargos por delitos narcotráfico contra el exdirector —durante la administración del expresidente Evo Morales— de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), principal agencia de aplicación de la ley antinarcóticos de Bolivia, Maximiliano Dávila Pérez, a quien ahora procura extraditar a territorio estadounidense, luego de que este fuera detenido en la nación del altiplano.

   Por los delitos que se le imputan, Dávila Pérez enfrenta la posibilidad de ser sentenciado a una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua por el cargo de conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, y una pena máxima de cadena perpetua por el cargo conspiración para usar y portar ametralladoras en apoyo de la conspiración de importación de cocaína, de que es acusado.


  Las autoridades estadounidenses creen que el jefe antinarcóticos boliviano usó su cargo para proteger aeronaves utilizadas para transportar cocaína a través de terceros países para su distribución en Estados Unidos, además de estar presuntamente involucrado en actividades de narcotráfico y lavado de dinero. El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, dijo que “En lugar de acabar con el narcotráfico en ese país, Dávila-Pérez trabajó en sociedad con laboratorios de drogas bolivianos y buscó enviar más de mil kilogramos de cocaína a Estados Unidos”.

   El Departamento de Estado de los EE. UU. ofrecía una recompensa de USD 5 millones por cualquier información que hubiera conducido a la condena de Dávila Pérez[1].

  En Bolivia, Maximiliano Dávila Pérez, capturado el 22 de enero del presente 2022, está acusado de enriquecimiento ilícito y de mantener ciertos vínculos con el narcotráfico, Al momento de su arresto, el ministro de Gobierno boliviano, Eduardo Del Castillo, informó que “Hemos solicitado a la embajada de los Estados Unidos, a través de la cancillería, mayor información sobre el caso denunciado por la DEA, lo que nos permitirá contrastar datos e información con la investigación que está realizando actualmente (…). Se están realizando las pesquisas correspondientes para determinar los vínculos de este señor con las investigaciones de ganancias ilícitas”[2].

   Los cargos formulados en Bolivia contra Dávila Pérez se sustentarían en la relación que éste tendría con Jorge Roca Suárez, narcotraficante que estuvo casi tres décadas en una prisión de EE. UU., así como con el exagente de policía Omar Rojas Echeverría, creyéndose que el exjefe antinarcóticos boliviano habría supuestamente protegido cargamentos de cocaína despachados por estos. Roca Suárez fue detenido en abril de 2021 en Perú por requerimiento de fiscales de Estados Unidos que lo acusan de narcotráfico. Entretanto, Rojas fue capturado en Colombia un mes después.

   El proceso en EE. UU. surge de investigaciones desarrolladas por la Administración Antidrogas de Estados Unidos (DEA) desde 2017[3].

Pedido para anular sellado de la acusación

  El 1 de febrero de 2022, los fiscales auxiliares del fiscal para el Distrito Sur de Nueva York Damian Williams, Sam Adelsberg, Matthew Hellman y David Robles, remitieron a la juez Denise L. Cote un pedido para que el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Nueva York procediera a anular el sellado de la acusación de sustitución contra Maximiliano Dávila Pérez.

   Los fiscales explicaron a la juez Cote que el 22 de septiembre de 2020, Maximiliano Dávila-Pérez fue acusado en Acusación de Superación S9 19 Cr. 91 (DLC) de (i) conspiración para importar cinco kilogramos o más de cocaína a los Estados Unidos, desde al menos julio de 2019 o aproximadamente hasta septiembre de 2020 o aproximadamente, en violación del Título 21, Código de los Estados Unidos, sección 963 (Cargo uno); y (ii) conspirar para usar o portar ametralladoras durante y en relación con, o para poseer ametralladoras en apoyo del delito de narcotráfico imputado en el Primer Cargo de la Acusación Sustitutiva, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 924(o) (Cargo Dos).

  Se refiere que Dávila Pérez fue director de la principal agencia de aplicación de la ley antinarcóticos de Bolivia, conocida como la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), cargo que aprovechó para llevar a cabo las conspiraciones imputadas en la Acusación de Superación. Desde su posición procuró garantizar el acceso a los aeródromos bolivianos para el transporte de cocaína y para organizar a los miembros de la policía boliviana bajo su mando —incluidos individuos armados con ametralladoras— para brindar protección a esas cargas de drogas.

  Se indica que Maximiliano Dávila-Pérez trabajó en sociedad con proveedores de cocaína a gran escala que operan laboratorios de cocaína en Bolivia y acordó enviar más de mil kilogramos de cocaína boliviana a Nueva York.

  Los fiscales refirieron a la jueza Cote que la acusación de reemplazo se presentó bajo sello y bajo el entendido de que el acusado fue detenido recientemente en Bolivia, se procura su extradición a los Estados Unidos.

   La juez Denise L. Cote acogió el pedido de la fiscalía y levantó el sello de la acusación de sustitución contra Maximiliano Dávila Pérez.

La acusación

  El 20 de septiembre de 2020, ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Nueva York, la para entonces Fiscal interino de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Audrey Strauss, presentó ante el tribunal homónimo la acusación sellada emitida por un Gran Jurado contra Maximiliano Dávila Pérez, también conocido como “Macho”, por cargos de narcotráfico.

  El primer cargo contra Dávila Pérez refiere que desde julio de 2019 hasta septiembre de 2020 inclusive, en Bolivia, Perú y otros lugares, y, Maximiliano Dávila-Pérez, alias "Macho" y otros conocidos y desconocidos, se combinaron y conspiraron para, intencionalmente y con conocimiento, violar las leyes de narcóticos de los Estados Unidos.

  Se describe que parte y objeto de la conspiración consistía en la importación de una sustancia controlada a sabiendas e intencionalmente a los Estados Unidos y a los territorios aduaneros de los Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo, esto en violación del Título 21, Código de los Estados Unidos, Secciones 952 (a) y 960 (a) (1).

  Parte y objeto de la conspiración que Maximiliano Dávila-Pérez, alias "Macho", el acusado, y otros conocidos y desconocidos, contemplaba la fabricación de una sustancia controlada, sabiendo y teniendo motivos razonables para creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos y a aguas dentro de una distancia de 12 millas de la costa de los Estados Unidos Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo, en violación del Título 21, Código de los Estados Unidos, Secciones 959(a) y 960(a) (3).

  Se indica que la sustancia controlada que Maximiliano Dávila-Pérez, alias "Macho", el demandado, y otros conocidos y desconocidos, conspiraron para (a) importar a los Estados Unidos y al territorio aduanero de los Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo, y (b) fabricar, poseer con la intención de distribuir, y distribuir, con la intención, sabiendo y teniendo motivos razonables para creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos y en aguas dentro de una distancia de 12 millas de la costa de los Estados Unidos desde un lugar fuera de ella, eran cinco kilogramos y más de mezclas y sustancias que contenían una cantidad detectable de cocaína, en violación del Título 21, Código de los Estados Unidos, Sección 960 (b) (1) (B) (ii).

   El segundo cargo contra Maximiliano Dávila Pérez sostiene que desde al menos julio de 2019 hasta septiembre de 2020 inclusive, en Bolivia, Perú y otros lugares, y en un delito iniciado y cometido fuera de la jurisdicción de cualquier Estado o distrito en particular, Maximiliano Dávila-Pérez, alias "Macho", el acusado y otros conocidos y desconocidos, de los cuales se espera que al menos uno sea llevado y arrestado en el Distrito Sur de Nueva York, intencionalmente y a sabiendas se combinaron, conspiraron, se confederaron y acordaron juntos y entre sí para violar el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 924 (c).

  Se explica que fue parte y objeto de la conspiración que Maximiliano Dávila Pérez, alias “Macho” y otros conocidos y desconocidos, durante y en relación con un delito de narcotráfico por el cual pueden ser procesado en un tribunal de los Estados Unidos —a saber, el delito alegado en el Primer Cargo de la Acusación— usaría y portaría ametralladoras y dispositivos destructivos en cumplimiento de dicho delito de tráfico de drogas, esto en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones • 924(c)(i)(A) y (B)(ii).

  La acusación solicita, de conformidad con el Título 21, Código de los Estados Unidos, Secciones 853 y 970, que a Maximiliano Dávila Pérez se sean confiscados todos los bienes que constituyan o se deriven de cualquier producto obtenido directa o indirectamente como resultado de dicho delito.

  Igualmente, de conformidad con el Título 18, Código de Estados Unidos, Sección 924(d), se pide confiscar todas las armas de fuego y municiones involucradas y utilizadas en la comisión del delito imputado en el Segundo Cargo de la Acusación.

  Se advierte que si alguna de las propiedades descritas anteriormente como sujeto a decomiso, no pudiera ser localizada en el ejercicio de la debida diligencia; o hubiera sido transferida o vendida o dada en depósito a una tercera persona; o hubiera sido puesto fuera de la jurisdicción de la Corte; o hubiera disminuido sustancialmente su valor; o se hubiera mezclado con otros bienes que no pueden subdividirse sin dificultad; los Estados Unidos, de conformidad con el Título 21, Código de los Estados Unidos, Secciones 853 (p) y 970, solicitará el decomiso de cualquier otra propiedad del demandado hasta el valor de la propiedad confiscable anterior.

REFERENCIAS

[1] Departamento de Estado de los Estados Unidos. “Department of State Offers Reward for Information to Bring Bolivian Narcotics Trafficker to Justice”. 2 de febrero de 2022. https://www.state.gov/department-of-state-offers-reward-for-information-to-bring-bolivian-narcotics-trafficker-to-justice/

[2] Ministerio de Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. “Presentan a ex director de la Felcn investigado por ganancias ilícitas y vínculos con el narcotráfico”. 23 de enero de 2022. https://www.mingobierno.gob.bo/dom-23012022-1947presentan-ex-director-la-felcn-investigado-por-ganancias-ilicitas-vinculos-el-narcotrafico

[3] InSight Crime. “Exjefe antinarcóticos en la mira de Bolivia y EE. UU.”. 4 de febrero de 2022. https://es.insightcrime.org/noticias/exjefe-antinarcoticos-mira-bolivia-eeuu/