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jueves, 22 de septiembre de 2022

Javier Alvarado Ochoa: una vieja ficha del chavismo acusado por EE. UU. de desfalcar a PDVSA que adquiere nuevo protagonismo

  El antiguo titular de posiciones fundamentales en los despachos de energía y petróleo se presenta ante un tribunal de Estados Unidos como paladín de la lucha anticorrupción en Venezuela, en tanto los casos en los que está involucrado vuelven a resonar en los escenarios judiciales.

Por Maibort Petit

  Entretanto Javier Alvarado pide la desestimación de la acusación en su contra formulada por la Fiscalía del Distrito Sur de Texas ante el Tribunal homónimo y para ello alega que la misma presenta inconsistencias y califica de ser fatalmente defectuosa en comparación con la causa que se desarrolla en los juzgados de España —donde reside—, por el otro deja sentado que en este último proceso, en el que Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) figura como acusadora, habría retenido documentación fundamental y, peor aún, falsa.

 Javier Alvarado, quien se desempeñó en varios cargos de la administración pública venezolana, tanto en Bariven-PDVSA, como en el Ministerio de Electricidad, Corpoelec, Electricidad de Caracas, entre otros, es acusado de delitos de lavado de dinero en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas-División de Houston, junto Nervis G. Villalobos-Cárdenas, Alejandro Istúriz Chiesa, Rafael E. Reiter-Muñoz, Daisy T. Rafoi-Bleuler y Paulo JDC Casqueiro-Murta.

Lucha contra la corrupción

  Alvarado acusa contradicciones que para él son fundamentales, puesto que en tanto el gobierno lo señala conspirar junto a Roberto Rincón y Abraham Shiera para lavar dinero proveniente de la asignación de contratos irregulares con PDVSA, habiendo supuestamente favorecido a estos contratistas cuando se desempeñaba como presidente de Bariven, la filial de la PDVSA encargada de las compras internacionales, él sostiene que, por el contrario, denunció la corrupción de estos durante su gestión.

  Respecto a la documentación cuya autenticidad ahora se pone en entredicho, Alvarado refiere en su moción que en España como en Estados Unidos, hizo entrega de los mismos papeles.

  De acuerdo a lo expuesto por Alvarado en la moción, luego de que el juez español ordenara a PDVSA entregar todos los documentos que fundamentan su denuncia, esta presentó solamente registros parciales de las contrataciones entre la estatal y las empresas de Rincón y Shiera, los cuales ninguno requería la aprobación del Comité de Operaciones y/o la junta directiva de PDVSA. En pocas palabras, Alvarado acusó a PDVSA de retener dichos documentos.

  Según él, el gobierno no entregó ni una sola factura que sirva para evidenciar que aprobó pagos irregulares a las empresas de Rincón y Shiera. Es mas, Alvarado asegura en la moción que lejos de ser un corrupto, combatió este flagelo desde su posición en los cargos que ejerció.

  En este último sentido, sostiene que produjo una serie de informes donde denunció que las adjudicaciones a Rincón, Shiera y sus empresas contemplaban sobreprecios del 76,26 por ciento, gracias a la gestión irregular de César Rincón. Ante las irregularidades detectadas, dice, solicitó auditorías de los contratos otorgados a las empresas de los citados contratistas.

Colaborador de los EE. UU.

  Para completar su presentación como agente anticorrupción, Javier Alvarado asegura en la moción que fue colaborador del gobierno de los EE. UU. cuando se desempeñaba en PDVSA y suministró información a la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela, relacionada con la corrupción interna de la petrolera.

  Asegura que entre 2010 y 2015 entregó a la embajada información y documentos relacionados con el Ministerio de Electricidad, Corpoelec, PDVSA, Bariven, en respuesta al pedido del Consejero de Asuntos Económicos de la sede diplomática estadounidense, Richard T. Yoneoka.

  Pero no sólo eso, sino que tiempo después proporcionó documentos al Departamento de Justicia y a los fiscales del Distrito Sur de Nueva y del Distrito Sur de Texas con registros de la corrupción vinculada a las empresas Rincón y Shiera.

Fortuna inexplicable

  Pero en tanto, Alvarado asevera que combatió la corrupción en su gestión como funcionario público en Venezuela, otros procesos judiciales, como el que se desarrolla en Andorra lo señalan de formar parte de una compleja trama en la que empresas de maletín que le permitió hacerse de lujosas propiedades en Colombia, España y los Estados Unidos. En l primero de estos países, específicamente en Cartagena de Indias, compró el 70 por ciento de las acciones del hotel Anandá. En estas operaciones irregulares, Alvarado habría actuado con su pareja, Cecirée Carolina Casanova Rangel[1].

  Los casos en España y Andorra

  Lo cierto es que los casos judiciales en contra de Alvarado indican que supuestamente habría desviado USD 15 millones de PDVSA que destinó a todas estas inversiones. El proceso de Andorra lo hace participe de una trama que defraudó 2.000 millones de euros a PDVSA.

  El proceso en Madrid del que habla en la moción, se lleva a cabo en la Sala Penal de la Audiencia Nacional, la cual negó su extradición a Estados Unidos donde la Corte de Texas lo solicitaba por el caso al que hemos venido haciendo referencia. Había sido arrestado en 2019 por el reclamo del tribunal estadounidense, pero en razón de que en España enfrenta la misma causa, se negó la petición de llevarlo a suelo de EE. UU. Desde 2017, también la justicia española lo investiga por el supuesto cobro de coimas a la empresa Duro Felguera[2].

Con los bolichicos

  Nuestra fuente también lo relaciona con la crisis eléctrica desatada a raíz del desfalco que supuso la contratación de Derwick, la empresa de Alejandro Betancourt y el grupo conocido como los “Bolichicos”. Una trama de corrupción que dejó a Venezuela a oscuras mientras la empresa se hizo de millones de dólares por la supuesta venta de plantas eléctricas que resultaron ser mera chatarra.

  Durante mucho tiempo el gobierno venezolano protegió a Betancourt y el resto de los bolichicos, pero en febrero de 2020, el entonces ministro de información del régimen de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, lo acusó que financiar a Juan Guaidó y al partido Voluntad Popular. Entonces lo que hasta la fecha había sido negado, se admitió cuando el alto funcionario chavista dijo que Betancourt negociaba irregularmente con Rafael Ramírez[3].

   Terminaba el romance de Ramírez con el chavismo y se iniciaba una batalla de acusaciones mutuas de hechos irregulares es robo al erario público venezolano. Curiosamente, el expresidente de PDVSA, exministro petrolero y de energía que a capa y espada había defendido el gobierno y todas las instancias del poder, ahora era el responsable toda la corrupción habida en el chavismo. De hecho. El Tribunal Supremo de Justicia declaró nula una investigación de la Asamblea Nacional en manos de la oposición que acusaba a Rafael Ramírez de una mega robo a PDVSA en su gestión. La sentencia Número 893 del 25 de octubre de 2016 admitió un recurso de nulidad interpuesto por Ramírez contra la investigación que la Comisión de Contraloría desarrolló en 2016[4].

  Tareck El Aissami, actual ministro de petróleo revivió el asunto el 30 de agosto de 2022, cuando le solicitó al fiscal Tarek Saab investigar las irregularidades administrativas presuntamente cometidas por el exzar petrolero entre 2004 y 2014[5]. Nuestra fuente refiere que debe haberse producido un incidente sumamente grave entre las cúpulas del poder chavista para que ahora resurjan estos casos.

  En esta órbita de acusaciones gravita el nombre de Javier Alvarado, quien de acuerdo a nuestro informante mantiene una vieja rencilla con Silvestre Molero, por lo que es de esperar siga resonando en la medida en que vayan destapándose casos otrora silenciados por el régimen chavista. La rivalidad y la lucha de facciones, al parecer, servirá para aclarar el conjunto de acusaciones de unos y otros en esta trama que, según todo deja ver, pareciera que todos tienen razón.

[1] Armando.Info. “Los dineros negros de Andorra se lavan en el Caribe”. 1 de diciembre de 2021. https://armando.info/los-dineros-negros-de-andorra-se-lavan-en-el-caribe/

[2] El País. “El gran botín del exviceministro chavista Alvarado”. 28 de enero de 2021. https://elpais.com/internacional/2021-01-28/el-gran-botin-del-exviceministro-chavista-alvarado.html?event_log=oklogin

[3] Efecto Cocuyo. “Jorge Rodríguez acusa a diputados Adrián y Florido de recibir favores de Alejandro Betancourt”. 15 de febrero de 2020. https://efectococuyo.com/politica/jorge-rodriguez-acusa-a-diputados-adrian-y-florido-de-recibir-favores-de-alejandro-betancourt/

[4] Acceso a la Justicia. “Se admite acción de nulidad contra investigación de la AN sobre PDVSA”. 25 de octubre de 2016. https://accesoalajusticia.org/se-admite-accion-de-nulidad-contra-investigacion-de-la-an-sobre-pdvsa/

[5] El Diario. “¿El TSJ declaró nula la investigación de corrupción de la AN de mayoría opositora contra Rafael Ramírez en 2016?”. 31 de agosto de 2022. https://eldiario.com/2022/08/31/el-tsj-declaro-nula-la-investigacion-de-la-an-de-mayoria-opositora-contra-rafael-ramirez/

lunes, 19 de septiembre de 2022

Estas son las razones expuestas por el expresidente de Bariven (filial de compras de PDVSA) —acusado por EE. UU. de corrupción y lavado de dinero— para pedir al tribunal que desestime la acusación del Gran Jurado

  Javier Alvarado pidió al Tribunal desestimar acusación en su contra por inconsistente y "fatalmente defectuosa"

Por Maibort Petit 

   El expresidente de Bariven, la división de PDVSA que se encargaba de comprar bienes y servicios para PDVSA, denuncia grandes diferencias en la causa criminal que igualmente se ventila en los juzgados de España donde reside, además de asegurar que no cometió delitos en EE. UU.

   El 15 de septiembre de 2022, Michael J. Wynne, abogado de Javier Alvarado Ochoa, presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas-División de Houston, una moción para desestimar los cargos en su contra, por cuanto la Acusación de Remplazo por la que se le pretende someter, “es fatalmente defectuosa, insuficiente, contradictoria, e inexacta y, en consecuencia, no cumple con los requisitos constitucionales mínimos del debido proceso”.

   En dicha instancia judicial estadounidense, Alvarado, junto Nervis G. Villalobos-Cárdenas, Alejandro Istúriz Chiesa, Rafael E. Reiter-Muñoz, Daisy T. Rafoi-Bleuler y Paulo JDC Casqueiro-Murta, es acusado de 17 cargo de delitos de lavado de dinero.

 La acusación de remplazo que Alvarado exige desestimar, fue presentada por la fiscalía el el 24 de abril de 2019.

  Del mismo modo, Alvarado advierte al tribunal que él no encaja en el perfil de las personas extranjeras sujetas a enjuiciamiento bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)

  A su parecer, la acusación de remplazo en su contra está cargada de una se serie de elementos distractivos, como teorías de conspiración, para así evitar la atención sobre las deficiencias jurisdiccionales de la misma.

 Refiere que el gobierno pretende que el tribunal y el acusado desentrañen los hechos de que se le acusa dentro de un conjunto de alegaciones que de ningún modo respaldan la jurisdicción, en lugar de simplemente alegar los hechos de manera concreta.

  La moción expone en primer término que Javier Alvarado fungió como presidente de Bariven entre 2011 y 2013, la filial de PDVSA encargada de las compras de equipos y servicios fueran d e Venezuela. Este periodo se enmarca durante una etapa comprendida entre 2009 y 2015 en el que, gracias a la bonanza petrolera y los altos precios del crudo, la estatal debió realizar muchas adquisiciones para cubrir la demanda que experimentaba.

  Se indica que PDVSA tenía para entonces dos tipos de proveedores internacionales, por un lado, los fabricantes de equipos o componentes de equipos y, por el otro, los intermediarios. Entre este último tipo se encontraban Roberto Enrique Rincón Fernández y Abraham José Shiera Bastidas, quienes crearon a través de un conjunto de empresas bajo su control, la apariencia de que las licitaciones eran competitivas. Llegaron a obtener contratos de la petrolera que totalizaron más de USD 2.000 millones. Mediante el pago de comisiones a funcionarios de PDVSA habrían tenido acceso a información privilegiada; se convirtieron en proveedores únicos de la estatal; obtuvieron condiciones de pago preferenciales frente a otros contratistas; entre otros privilegios.

 Apunta la moción que la acusación de la fiscalía señala a Javier Alvarado de, igualmente, haber mantenido una “supuesta complicidad” con Rincón y Shiera aun cuando durante su mandato solamente se reunión con estos en tres ocasiones, todas ellas fuera del territorio de los Estados Unidos.

  Señalan que Alvarado advirtió a la junta directiva de PDVSA en un informe a finales de do11, que las empresas de Rincón Shiera “obtuvieron contratos que estipulaban pagos que promediaban un 75% más que los otorgados a los fabricantes”, además de las irregularidades ya señaladas.

  La moción describe en una larga exposición el proceso de compras de equipos de PDVSA y la participación de Bariven en estos. Particularmente, hacen mención a un contrato adjudicado a Venmar Inc. una de las empresas de Rincón, en el que el papel de Alvarado se habría limitado a “verificar que, en el proceso de compra, todas las firmas requeridas, incluidas, específicamente, las del Usuario Final que aprueba y prioriza cada factura, se colocaron correctamente en la secuencia correcta”.

  Además, refiere que, respecto a los pagos y extraordinarios y los pagos directos, Bariven se limitaba “a verificar el cumplimiento legal y la integridad de estas propuestas y, en su caso, firmar dichas propuestas para certificar el cumplimiento, con la firma de Alvarado. En cuanto a las Propuestas de Pago Directo, utilizadas para pagar las facturas que habían sido aprobadas y enviadas para el pago por parte de la junta directiva de PDVSA, estas propuestas no fueron procesadas ni ejecutadas a través de Bariven. En consecuencia, ni Alvarado, ni nadie más en Bariven, estaba obligado a revisar o firmar Propuestas de Pago Directo”.

Acusa discrepancias en los procesos

  Javier Alvarado a través de sus abogados refiere que en España y los Estados Unidos se ventila la misma causa, pero acusa discrepancias en los procedimientos y operaciones de PDVSA descritos en el caso español con el señalado por los fiscales en la Acusación de sustitución.

  Indica la moción que a Javier Alvarado se le menciona muy pocas veces y cuando se hace es de manera infundada e incorrecta.

 Alega Alvarado que los fiscales acusan a que César Rincón y Alejandro Istúriz-Chiesa de ser responsables “de desarrollar y aprobar las propuestas de pago” que luego autorizaba Alvarado, cuando es totalmente falso puesto que los primeros no tenían esa facultad, como tampoco la tenía el acusado, pues en la práctica y la realidad le corresponde al Usuario final de los procesos.

  También alerta sobre la falta de comprensión por parte de la fiscalía de los procesos de compra de PDVSA, al tiempo que denuncia que la Acusación de Remplazo contempla alegatos inconsistentes con las declaraciones juradas de PDVSA presentadas en España.

 Refiere las facturas citadas en la acusación no fueron revisadas por Alvarado, pues tenían montos por debajo del mínimo requerido para su autorización. Además, acotan que el gobierno obvia el tipo de pago que se señala debían ser revisados y autorizados parte del Director de Finanzas de PDVSA o de la Junta Directiva de PDVSA. Del mismo modo señalan que en muchas ocasiones Alvarado refutó pagos a empresas de Rincón y Shiera. Estas discrepancias se explicaron a los fiscales, pero no fueron tomadas en cuenta.

  La acusación de remplazo señala que Javier Alvarado era el responsable de “garantizar que Rincón y Shiera no fueran objeto de ninguna investigación interna en PDVSA”, cuando en realidad ordenó siete auditorías e investigaciones que involucraron a empresas de Rincón Shiera, las mismas que los fiscales denuncian como parte de la conspiración de Alvarado. Refieren que sus denuncias fueron respaldadas por el finado expresidente Hugo Chávez, pero que al morir este fue destituido.

  Alerta que la fiscalía en la acusación de remplazo presupone que PDVSA Services Inc. (PSI) fue el agente de compras involucrado  en las contrataciones con la empresas de Rincón y Shiera, lo cual es incorrecto, pues la documentación se ñala que el agente involucrado era uno más grande, a saber, PDVSA Services B.V. en los Países Bajos (PSBV). Destacan que las presentaciones de PDVSA en España señalan que Javier Alvarado no tuvo que ver con la compra de de equipos relacionados con PSI.

  Dicha acusación de reemplazo tampoco reconoce el enjuiciamiento paralelo que tiene lugar en España y en el que están formuladas las mismas alegaciones de hecho. Refiere que PDVSA presentó en los juzgados españoles una descripción detallada de sus procesos y prácticas de compras oficiales.

Retención de documentos

 La moción de Alvarado acusa que no existe coordinación entre los procesos judiciales que tienen lugar en EE. UU. y los que se llevan a cabo en España, aun cuando son por la misma causa.

  Entretanto, Javier Alvarado presentó en el proceso español los mismos documentos que proporcionó a los fiscales y agentes del Gobierno de EE. UU. en 2018.

 El juez español ordenó a PDVSA presentar la documentación que fundamenta su denuncia, pero la petrolera, según la moción, sólo presentó registros parciales sobre las adjudicaciones de contratos a las empresas de Rincón y Shiera. Según lo entregado por la estatal venezolana, no se requería la aprobación del Comité de Operaciones y/o el Directorio de PDVSA.

Es decir, PDVSA estaría reteniendo esos documentos.

 En razón de las fallas presentadas en la acusación de la fiscalía estadounidense, Javier Alvarado estima que solamente debe mantenerse el proceso español.

Colaboración con EE. UU.

  Expone la moción que entretanto trabajaba en contra de la corrupción en PDVSA, entre 2010 y 2015, informó a la Embajada de EE. UU. en Caracas sobre estos hechos irregulares en la estatal. Suministró información y documentos sobre el Ministerio de Electricidad, Corpoelec, PDVSA y Bariven, en atención a pedidos del Consejero de Asuntos Económicos de la Embajada para la fecha, Richard T. Yoneoka.

  Después ayudó al Departamento de Justicia, a la Oficina del Fiscal para el Distrito Sur de Nueva York y al Fiscal para el Distrito Sur de Texas.

  La información suministrada por Alvarado contempló, por ejemplo, el papel que César Rincón tuvo en la aprobación de contratos con sobreprecio a la empresa de Roberto Rincón ya referida, Venmar Inc., así como a otras compañías del empresario que superaron los USD 154 millones.

Lo que pide

 La defensa de Alvarado solicita que el tribunal desestime la acusación fatalmente defectuosa en aras de la economía judicial.

 Alvarado, quien vive en España, no debería verse obligado a rendirse en EE. UU. para ejercer su derecho, sino tendría que ir a Estados Unidos para impugnar la acusación de reemplazo en su contra, con el riesgo de ser encarcelado.

  Sostiene la moción que la fiscalía no alega que Javier Alvarado estaba en los Estados Unidos en el momento de la comisión del presunto delito. Subrayan que Alvarado no califica como un “fugitivo” y no se convierte en uno solo porque continúa residiendo fuera de EE. UU. Advierten que nada sugiere que se ausentó de los Estados Unidos para evitar la lectura de cargos.

 Se asegura que con la califica en el perfil de la FCPA pues no se han establecido los hechos que lo prueben. La Acusación de reemplazo no alega que Alvarado realizó o intentó realizar ninguna transacción financiera en los Estados Unidos.

 Se alega que la Acusación de reemplazo no refiere que Javier Alvarado sea un agente de Roberto Rincón o Abraham Shiera o cualquier otra persona doméstica.


 


 


  

martes, 5 de julio de 2022

CITGO no quiere que se sepa cuánto paga en abogados

   Ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, CITGO Petroleum Corporation solicitó sellar la información sobre sus gastos en honorarios y costos de abogados.

Por Maibort Petit

  Al parecer, la administración del que es el principal activo de Venezuela extra fronteras, quiere mantener lejos de la opinión pública los datos que den cuenta de sus gastos para hacer frente a las múltiples demandas que enfrenta en distintos tribunales de los Estados Unidos.

CITGO pide sellar anexos e información de costos de abogados

  El 14 de junio de 2022, Roy K Altman, juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, ordenó remitir a la Juez Magistrada de los Estados Unidos, Lisette M. Reid, las mociones presentadas por CITGO Petroleum Corp. ante esa instancia judicial, a objeto de que emita un informe y recomendación.

  CITGO presentó una Moción para sellar los Anexos y una Moción para los honorarios y costos de los abogados.

Junta Directiva de CITGO Petroleum Corporation (Oficial página web de CITGO)