Mostrando entradas con la etiqueta Maibort Petit blog. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Maibort Petit blog. Mostrar todas las entradas

miércoles, 22 de junio de 2022

Así se iniciaron las contrataciones de preventa de crudo por parte de Petrocuador a empresas chinas durante el gobierno de Rafael Correa

  Los contratos suscritos con Petrochina establecieron condiciones ampliamente desfavorables a la nación ecuatoriana. Aquí damos a conocer algunas de ellas.

Por Maibort Petit

   El contrato inicial con Petrochina y los dos siguientes establecieron la norma que a partir de entonces regiría en las operaciones entre EP Petroecuador y la empresa china, caracterizados por lo turbio e irregular. Estos convenios establecidos en el gobierno de Rafael Correa suponían el fin de la intermediación petrolera, pero muy por el contrario terminaron exacerbándola.

   En varias entregas hemos hechos referencia a varios de los tópicos contemplados en el informe de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional del Ecuador en el Informe “Petrochina: Deuda pública y Comercialización de petróleo”. En esta damos a conocer los detalles de tres de los contratos que rigieron con la referida empresa china dados a conocer por el ente legislativo ecuatoriano.

Correa ordena a Petroecuador firmar contrato Petrochina

  En primer lugar, el informe parlamentario hace referencia al contrato de preventa 2009-433 26, el cual establecía la negociación entre Petroecuador y Petrochina International Company Limited.

  Lo primero que resalta la Comisión de Fiscalización y Control Político es el hecho de que Rafael Correa ordenó a la estatal petrolera ecuatoriana, EP Petroecuador, responder de “forma positiva” la propuesta económica que establecía un primer desembolso de USD 1.000 millones atada a la venta anticipada de crudo.

    Para emitir dicha respuesta positiva, Petroecuador procedió a pedir el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado el 20 de julio de 2009, así como del ex-secretario jurídico, Alexis Mera. Transcurridos tres días de esto, se suscribió el primer contrato de preventa de petróleo el 23 de julio de 2009 y con ello se “comprometió la entrega de 69,12 millones de barriles de crudo (2,88 millones de barriles mensuales) con un premio de USD 1,25 por barril para el crudo Oriente y USD 1,30 para el Napo”. Por Petroecuador firmó el entonces presidente ejecutivo de la empresa, Luis Jaramillo Arias, mientras que por Petrochina lo hizo Zhang Tao.

 Subraya el informe parlamentario que este contrato que fue catalogado por Rafael Correa como la primera venta anticipada con Petrochina, en realidad era el “primer crédito que se pedía a China con interés anual del 7,25 por ciento a dos años de plazo.

  Sostiene el informe que se trataba de una línea de crédito “maquillada como preventa” que significó el inicio del endeudamiento garantizado con recursos naturales.

 Se advierte que Petrochina violó el contrato cuando entregó el petróleo recibido por Petroecuador a Petroperú, lo cual llevó a cabo a través de las intermediarias Castor Petroleum y Taurus Petroleum. Tal señalamiento lo hace la comisión parlamentaria, en razón de que la cláusula de destino del contrato restringía la venta del petróleo ecuatoriano en el mercado natural de Petroecuador, a saber, la costa pacífica-línea ecuatorial), pero los conocimientos de embarque e información entregada por Petroperú al ente legislativo demostraron la realidad antes descrita.

  Los Papeles de Panamá dieron a conocer que, en esta primera preventa de crudo, empresas privadas recibieron pagos indebidos por cada barril de petróleo comercializado bajo su letra. Específicamente se estableció que se pagó USD 1 por barril a los empresarios ecuatorianos Enrique Cadena Marín y Jaime Baquerizo Escobar “por ayudar en la negociación”.

  Una investigación del diario El Universo descubrió que el crudo vendido a Petrochina terminó en manos de la empresa suiza Castor Petroleum Limited, la cual es propiedad de la multinacional petrolera Gunvor. La cláusula que estableció el libre destino del crudo permitió el negocio de la reventa bajo el control de Guvnor, a través de las empresas Core Petroleum, Castor Petroleum, Taurus Petroleum y Ursa Shipping.

 Raymond Kohut, ex-empleado de Guvnor, se declaró culpable en el Tribunal para el Distrito Este de Nueva York de conspiración para cometer lavado de dinero. Kohout participó en un esquema corrupto mediante el cual se sobornó a funcionarios de Petroecuador[1] para que éstos aprobaran contratos a las empresas chinas. El hombre reconoció el pago de USD 70 millones en coimas.

Se establece el “libre destino” como norma

  Con la firma del Decreto 466 a que hicimos referencia en entrega anterior, se dio plataforma a los convenios a cuatro partes, dentro de los cuales encontramos la Línea de Crédito I por USD 1.000 millones el cual, igualmente, estaba sustentado en el Acuerdo Marco del 12 de junio de 2010, que permitía el financiamiento del “Programa de Inversión Multisectorial para Infraestructura a través del Financiamiento del Plan Anual de Inversiones y el Manejo Presupuestario 2010-2011”.

  El crédito fue aprobado el 23 de agosto de 2010 por el Comité de Deuda y Financiamiento a través del Acta Resolutiva Nº 09, la cual estableció que la tasa de interés anual del préstamo de USD 1.000 millones sería del 6 por ciento, más el 1,07 por ciento correspondiente a la comisión de gestión sobre el monto.

 Se estipuló que los recursos del préstamo se entregarían en dos tramos: el Tramo A, de libre disponibilidad, por USD 800 millones y el Tramo B por USD 200 millones, los cuales estarían destinados a “proyectos de inversión” con contratistas chinas. El crédito debía ser pagado en cuatro años.

  Refiere el informe parlamentario que la citada línea de crédito tenía como contraparte el contrato identificado con el número 2010-253, suscrito en Pekín el 31 de agosto de 2010. Estamparon su rúbrica, quien fungía como gerente general para la fecha, Manuel Zapater, mientras que por China firmó Zhao Yong, vicepresidente de Petrochina International Company.

  Según este contrato, Petroecuador se comprometió a entregar 52,6 millones de barriles de crudo en cuatro años. El precio del barril de crudo debía calcularse bajo la siguiente fórmula:

PF= WTI +/- Diferencial + Premio.

El premio para el crudo Napo y Oriente se fijó en USD 0,51 centavos.

Contraviniendo lo establecido en la normativa de comercio internacional de Petroecuador, la cláusula “Destino” del crudo estableció el “Libre destino a opción del comprador”. La normativa de la estatal establece que los lotes de crudo debían destinarse exclusivamente a las refinerías de las empresas estatales. A partir de esta contratación todas las siguientes se hicieron en los mismos términos.


El su informe DA3-0015-2012 38 de la Contraloría General del Estado determinó que en el contrato 2010-253 incumplió el artículo 62 De la Comercialización Internacional, literal g) De los Destinos en los Crudos en los Contratos de Crudo, del Proceso de Comercialización de la Normativa de Gestión.

Los destinos reales

  El informe de la Comisión de Fiscalización y Control Político refiere que las dos primeras preventas de crudo no tuvieran como destino como era de suponerse, sino que los nueve embarques que comprendieron las mismas se dirigieron a Panamá, Japón y Estados Unidos.

  El informe de la Contraloría del 25 de marzo de 2013, refiere que el examen practicado al proceso precontractual, contractual y ejecución del convenio y contratos de compra-venta de Crudo Oriente y Napo entre Petroecuador y la compañía Petrochina International Company Limited reconoció su imposibilidad para identificar los nombres de los accionistas de Petrochina que participaron en la comercialización externa del crudo ecuatoriano. Tampoco se pudo comprobar que los destinos de estos embarques hayan sido sus refinerías o sus instalaciones.

  Los conocimientos de embarque revelaron que el contrato de flete estaba garantizado por la empresa Taurus Petroleum Limited.

  Igualmente se determinó que con estos contratos (2009-433 y 2010-253) Ecuador perdió USD 39,1 millones por la venta de crudo con ganancias y diferenciales inferiores a los del mercado internacional.

Modificación del contrato a Petrochina

  El 25 de enero de 2011 se firmó el contrato 2011-048 el cual ampliaba el contrato de preventa 2009-433, con una vigencia de dos años y que estableció la entrega de 71,2 millones de barriles a cambio de USD 1.000 millones a una tasa de 7,08 por ciento anual que se entregarían a Petrochina a partir de febrero de 2011.

  El contrato contempló la modalidad que debía seguirse cuando existieran “montos insatisfechos” instruyendo que luego de una segunda notificación por parte de Petrochina a Petroecuador sobre los montos de cobro, la compradora podía ir al Centro Internacional de Peritaje de la Cámara de Comercio Internacional, en París, a pedir que un perito determinara los valores. Estipulaba que, si los valores quedaban en firme, Petroecuador debía autorizar a Petrochina a cobrar a su nombre “cualquier saldo adeudado a Petroecuador por sus clientes internacionales bajo cualquier acuerdo de suministro de petróleo crudo existente hasta el monto en dólares”, equivalente al “Monto Insatisfecho”.

[1] Reuters. “Former Gunvor employee pleads guilty in Petroecuador bribery case”. 67 de abril de 2021. https://www.reuters.com/article/us-usa-petroecuador-corruption-plea-idUSKBN2BT2DR


martes, 21 de junio de 2022

Caso de Cliver Alcalá Cordones se maneja en Corte de Nueva York bajo el mayor hermetismo

Por Maibort Petit

   Luego de que el pasado 12 de mayo del presente 2022 la representación legal de Cliver Alcalá Cordones exigiera ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, una mayor producción de material de Brady, el juez titular, Alvin K. Hellerstein, ordenó que las definiciones de relevancia presentadas bajo sello, se definan en una conferencia ex parte el próximo 21 de julio, a puerta cerrada.

    En esa ocasión se resolverá la moción pendiente del gobierno bajo la Sección 4 de la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (CIPA), 18 U.S.C. aplicación. III, y Fed. R. Crim. P. 1 6(d)(1), para retener o resumir documentos que de otro modo se producirían.

  La cita será el citado 21 de julio de 2022 a las 14:30 horas, a puerta cerrada, en la Sala de Cámaras 1050 para allí establecer y aceptar las definiciones de relevancia prima facie de la moción pendiente del demandado para exigir el material Brady.

  En ese encuentro, la fiscalía expondrá sus para que no se produzcan los documentos o que se produzcan con sustituciones. De ser esta última la decisión, el gobierno deberá explicar cómo dichas sustituciones proporcionarían al acusado la misma capacidad para hacer su defensa que con la divulgación de la información clasificada especificada.



lunes, 20 de junio de 2022

Conozca los detalles más importantes del vuelo del avión de Emtrasur detenido en Argentina.

  Una serie de incidentes ponen en duda los alegados propósitos expresados por la tripulación de la aeronave. Aquí los damos a conocer.

Por Maibort Petit

   Una serie de incidentes ponen en duda los alegados propósitos expresados por la tripulación de la aeronave. Aquí los damos a conocer.

    El pasado 8 de junio las autoridades argentinas procedieron a retener el avión Boeing 747 Dreamliner de la Empresa de Transporte Aerocargo del Sur S.A. (Emtrasur), una aerolínea venezolana adscrita al Ministerio de Transporte y filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, S.A. (Conviasa) y, desde entonces, se ha desatado una ola de acontecimientos y especulaciones en torno al vuelo que constaba una irregular tripulación para una aeronave de carga, la cual estaba conformada por 19 personas, cinco de ellas tienen nacionalidad iraní. El último de estos acontecimientos fue allanamiento del avión por orden de un juez.
  El referido allanamiento tuvo lugar este jueves 16 de junio cuando funcionarios judiciales, acompañados por agentes de policía, procedieron al abordaje de la aeronave de Emtrasur con el objeto de recabar indicios que revelen a las autoridades la intención de la peculiar tripulación integrada por 14 venezolanos y 5 iraníes, a quienes previamente se les retuvo sus pasaportes.

    El operativo judicial tuvo lugar en una pista secundaria en desuso del aeropuerto bonaerense, un procedimiento que se efectuó en la parte trasera del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, conocido comúnmente como Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el cual sirve a la ciudad de Buenos Aires, la capital argentina.

   El procedimiento procuró hacerse lejos del público y en el mismo participaron un funcionario del juzgado federal de Lomas de Zamora de Federico Villena y efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria[1].

  Este acto obedeció a una orden emanada por el juez encargado del caso, Federico Villena, quien determinó la custodia de la aeronave y exigió ser informado de todo movimiento del avión. Villena, en conjunto con la fiscal Cecilia Incardona, se encontrarían pesquisando las pruebas, para lo cual estimaron como fundamental el registro de avión venezolano-iraní. Se quiere establecer si alguno de los miembros de la tripulación del vuelo de Emtrasur mantiene alguna vinculación con el terrorismo internacional, especialmente se quiere indagar si están ligados a la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán.

  El juez Villena, antes del allanamiento de la aeronave, había dispuesto la requisa del hotel donde se alojan lo miembros de la tripulación, esto para recabar toda la documentación relacionada con el avión, al igual que las pertenencias y pasaportes de estos. Al mismo tiempo, estableció la prohibición de salida del país de los miembros de la aeronave[2].

Lo que alega la tripulación

  También este 16 de junio se pronunció la tripulación para manifestar su malestar por la revisión de que fueran objeto el miércoles 8 de junio por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

  Aseguraron no hay nada irregular en su vuelo y explicaron que lo numeroso de la tripulación se debe a que los 14 venezolanos recibían entrenamiento de los 5 iraníes acerca del manejo del Boeing.

   Datos provenientes de fuentes de la defensa de la tripulación habrían confirmado la información vertida en un documento informal que supuestamente recogía lo sucedido con el avión según la versión de los miembros del Boeing 747 Dreamliner de Emtrasur.

  Se conoció que habrían asegurado que el avión cuenta con todos los permisos, plan de vuelo autorizado, que pasaron por todos los controles migratorios en tres oportunidades sin que las autoridades detectaran irregularidad alguna, al tiempo que la carga fue escaneada por Aduana. Se quejaron de no saber cuál de qué se les acusa[3].

La aeronave

  Sobre esta aeronave —Boeing 747 Dreamliner de la Emtrasur— se sabe que fue registrada como parte de la flota de la referida aerolínea, el 23 de enero de 2022, pero la misma fue propiedad por 15 años de la línea aérea iraní Mahan Air, acusada por Estados Unidos ser parte de una organización terrorista.

   Asimismo, EE. UU. desde octubre de 2011 considera a Mahan Air la proporciona apoyo financiero, material o tecnológico a la Guardia Revolucionaria iraní Al Quds, tenida por el gobierno estadounidense como un grupo terrorista.

  Del mismo modo, se estableció que el avión arribó a tierras argentinas el 6 de junio, procedente de México, aterrizó en Córdoba y, posteriormente, en Buenos Aires.

  Luego, el 8 de junio, el avión quiso volar a Uruguay, un propósito que no pudo cumplir en razón de que se le denegó el aterrizaje, después de volar en círculos sobre el Río de La Plata, decidió volver a Ezeiza.

  Se maneja también la tesis de que la aeronave habría estado en Ciudad del Este, una localidad de la Triple Frontera, un lugar catalogado por Estados Unidos como centro del terrorismo mundial y del crimen internacional organizado.

  Mahan Air fue sancionada por el Departamento del Tesoro de EE. UU.  en agosto de 2020, alegándose que, por años, los vuelos de esta “han transportado terroristas y carga letal en el Medio Oriente. En la actualidad, la línea iraní opera vuelos chárteres a Venezuela “para técnicos y equipos técnicos iraníes, utilizando materiales provenientes de China. Este esquema apoya los esfuerzos del régimen ilegítimo de Maduro para revivir su producción de energía, languideciente por su corrupción y mala gestión. Según los informes, el Gobierno de Venezuela está pagando por este apoyo con lingotes de oro directamente del Banco Central de Venezuela, oro que pertenece al pueblo venezolano”[4].

Los cinco iraníes

  Mohammad Khosraviaragh, Gholamreza Ghasemi, Mahdi Mouseli, Saeid Vali Zadeh y Abdolbaset Mohammadi, son los ciudadanos iraníes que forman parte de la tripulación del Emtrasur venezolano.

  El experto en temas de seguridad, Joseph Humire, maneja la tesis de la existencia de un sexto tripulante iraní, de acuerdo a fuentes por él consultadas[5].

  Se sabe que el juez Villena quiso obtener toda la documentación de estas personas, así como los dispositivos electrónicos de los mismos, que ayudaran a determinar sus propósitos, y por ello ordenó el allanamiento del hotel en donde se encontraban alojados en Buenos Aires. Una decisión que adoptó el magistrado después de escuchar a la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), organización que le pidió investigar si los iraníes guardaban alguna vinculación con las fuerzas Al-Quds. Cabe destacar que Argentina, a diferencia de los EE. UU., no ha incluye a este grupo en su lista de sospechosos de terrorismo[6].

  Sobre este caso, Aníbal Fernández, ministro de Seguridad, dijo que el nombre de uno de los tripulantes del vuelo de Emtrasur coincide con el de un miembro de Al-Quds. Esta persona sería familiar del ministro de Interior de Irán, un miembro de la Guardia Revolucionaria[7].

  También comentó que resultó extraño que mientras el avión voló entre Córdoba y Buenos Aires, lo hizo "con el transponder apagado, como si quisiera no ser localizado"[8].

  Previamente, el 13 de junio, este avión de Emtrasur, estuvo en Paraguay, específicamente en el Aeropuerto Guaraní de Ciudad del este. El ministro del interior paraguayo, Federico González, dijo que la tripulación la conformaban 18 personas, de los cuales seis eran iraníes y 12 venezolanos. Agregó que algunos de sus nombres coinciden con los de los tripulantes que ingresaron a Argentina. En Paraguay se prohibió a la aeronave venezolana sobrevolar su espacio aéreo y alertó a los servicios de inteligencia regionales, sobre la situación de esta aeronave[9].

  Otras informaciones señalan que el piloto del avión, Gholamreza Ghasemi, es un miembro histórico de los Quds, refiriendo que en Irán cuando estos profesionales cumplen con su servicio, “quedan a cargo de alguna unidad de negocios. Ghasemi, un oficial de la Fuerza Aérea y piloto de guerra, estuvo al frente de la compañía Qeshm Fars Air controlada por el IRGC. Esa aerolínea de carga operó entre 2006 y 2013 hasta que detuvo sus operaciones, supuestamente, por “mala gestión”. Pero fue reactivada cuatro años más tarde, en marzo de 2017, con dos aviones Boeing 747-281F Combi que pueden ser utilizados para pasajeros y carga como el que ahora piloteó Ghasemi y tuvo que dejar estacionado en Ezeiza. Aunque es un avión bastante más viejo: tiene 36 años y más de 84.000 horas de vuelo”[10].

  El mismo ministro argentino de seguridad, Aníbal Fernández, descartó días después que Gholamreza Ghasemi pertenezca a las fuerzas Al Quds de la Guardia Revolucionaria[11]. El gobierno argentino ha tratado de dar por terminado el caso dejando por sentado que los cinco iraníes eran instructores de vuelo del resto de la tripulación integrada por venezolanos.

   Pero con la opinión del ministro de seguridad argentino no está de acuerdo el ministro de Inteligencia del Paraguay, Esteban Aquino, quien aseguró que Gholamreza Ghasemi está vinculado a la Fuerza Quds iraní. “Él ha estado acá (en Paraguay). Estuvo en nuestro territorio y eso es algo que sigue abierto y en investigación (…) La presencia de esa persona, de acuerdo a lo que sabemos y confirmaron agencias aliadas, es que se trata de una persona vinculada al Quds, sin ninguna duda. No es parecido, homónimo ni nada. Es preocupante”, sostuvo[12].

   Cinco días después del incidente con Emtrasur, otro vuelo, esta vez de Skylease, una empresa con sede en Miami y oficinas en Greensboro, Carolina del Norte, completó el transporte de la carga total de cerca de 48 toneladas en autopartes que anteriormente transportaba la aeronave venezolana[13].

Los venezolanos

  Entretanto, los venezolanos serían Mario Arraga Urdaneta, Víctor Pérez Gómez, Victoria Valdiviezo Marval, José Garcia Contreras, Vicente Raga Tenias, José Ramírez Martínez, Zeus Rojas Velásquez, Jesús Ladenta Oraa, Armando Marcano Estreso, Ricardo Rendón Oropeza, Albert Ginez Pérez, Ángel Marín Ovalles, Nelson Coello y Cornelio Trujillo Candor.

  Este último, Cornelio Trujillo Candor, es un teniente coronel retirado de la aviación, egresado de la Academia Militar de Venezuela en 1979 en la promoción “Mayor (F) Buenaventura Vivas Guerrero”, participó de la intentona golpista del 27 de noviembre de 1992. Formó parte de los pilotos de Conviasa hasta el 30 de abril de 2021[14].

Venezuela acusa a Uruguay

  Hasta recién, no había habido un pronunciamiento oficial, ni del gobierno de Nicolás Maduro, ni de la propia aerolínea estatal Conviasa y su filial Emtrasur, sino la posición expuesta por la tripulación y sus abogados.

   Sólo el diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela por el partido oficialista PSUV, William Fariñas, se pronunció sobre lo afirmado por el exministro de Defensa y actual director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, quien dijo que “Los iraníes que estaban dentro del avión son instructores. Al menos cinco de ellos, junto a 14 venezolanos -un grupo de 19 personas- estaban instruyendo a dos tripulaciones para ese avión”[15].

  Fariñas catalogó lo sucedido como una “gran patraña” y una agresión. “Detrás de esto hay una gran patraña. Lamentablemente todavía hay en el fuero interno de algunos sectores de la República Argentina una animadversión contra el gobierno bolivariano, contra Venezuela. Eso es lo lamentable de esta situación. Son agresiones”, argumentó Fariñas.

  Refirió que “Nosotros estamos haciendo esto de manera lícita. Ningún avión despega de Maiquetía si no está ajustado al derecho internacional en materia aeronáutica, con todo el fundamento y los protocolos para eso, con nuestros pilotos entrenados. ¡Es un avión de carga! Todo eso está protocolarizado. Cada envío que se hace no van a pretender que nosotros estamos haciendo un envío indebido. Conviasa es una empresa bien seria”.

Aseguró que los pilotos venezolanos están entrenados[16].

  Fue sólo hasta este jueves cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores dijo mediante un comunicado culpó al gobierno de Uruguay por haber prohibido el sobrevuelo de su territorio a la aeronave venezolana.

“Venezuela rechaza categóricamente el irresponsable manejo que ofreció la autoridad aeronáutica del Uruguay, al revocar el permiso de sobrevuelo otorgado a la empresa venezolana Emtrasur, mientras que la aeronave se encontraba en el aire, cumpliendo el itinerario entre el Aeropuerto Internacional de Ezeiza Argentina-Montevideo-Caracas, para hacer su escala técnica de abastecimiento. La tripulación de la aeronave se vio obligada a retornar inmediatamente hacia el aeropuerto de Ezeiza en Argentina, no contando con el combustible reglamentario, poniendo en grave riesgo la vida de la tripulación”.

  Por esta negativa exigió “explicaciones sobre este terrible hecho” al tiempo que advirtió que “pudo haber ocasionado una tragedia, pérdidas humanas y daños para ambas naciones”[17].

Irán: consecuencia de las tensiones nucleares

   Por su parte, el gobierno de Irán, a través del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Said Khatibzadeh, atribuyó el hecho a las tensiones existentes entre la nación islámica y Occidente por las cuestiones nucleares.

  Dijo que la detención del avión de Emtrasur forma parte de la una “operación de propaganda”.

”Las últimas semanas están llenas de propaganda, operaciones psicológicas, guerra de palabras para provocar un sentimiento de inseguridad (en Irán) y este caso forma parte de ello”, sostuvo Khatibzadeh, quien a manera de un lavatorio de manos dijo: “Creo que hace más de un año, según la compañía (iraní) Mahan Airlines, que el avión fue vendido a Venezuela”[18].

EE. UU. e Israel atentos

  Ante estos hechos, las administraciones de los Estados Unidos e Israel se mantienen alertas y expresaron a través de sus voceros que se mantienen atentos al caso del avión de Emtrasur.

“Seguimos con gran interés las investigaciones judiciales y policiales de la tripulación y el avión, y agradecemos los esfuerzos investigativos de las autoridades argentinas para esclarecer la situación”, manifestó Marc R. Stanley, quien ejerce como embajador de Estados Unidos en Buenos Aires.

  Por su parte, la embajada israelí en Argentina dejó establecida su preocupación por “la actividad de las compañías aéreas iraníes Mahan Air y Qeshm Fars Air en América Latina, empresas que se dedican al tráfico de armamento y al traslado de personas y equipos que operan para la Fuerza Quds, las cuales están sancionadas por Estados Unidos por estar involucradas en actividades terroristas”.

“Habiendo sido la República Argentina víctima de dos atentados terroristas perpetrados por Irán, el Estado de Israel considera que la postura firme de Argentina constituye un mensaje importante a Teherán para que no vuelva a intentar actuar en suelo argentino ni en ningún otro país de la región”[19].

Otro avión desviado a Bolivia

   Y mientras estos hechos ocurrían en suelo argentino, otro avión con tripulación iraní, un Airbus A340-642 con matrícula YV-3535, propiedad del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), que antiguamente surcaba los cielos ondeando la bandera de Irán, fue desviado a Bolivia para impedir un incidente similar al ocurrido con la aeronave de Emtrasur.

   El hecho ocurrió el 15 de junio en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz de la Sierra, cuando se alteró la ruta original Caracas-Buenos Aires. EL vuelo tenía el propósito de recoger a los 19 tripulantes del avión retenido, pero el plan se alertó repentinamente y se quedó en Viru Viru y su tripulación, en la que también había ciudadanos iraníes, tomó un vuelo de Boliviana de Aviación a Buenos Aires[20].

  Pero Argentina impidió que el vuelo de Boliviana de Aviación que asistía al de Conviasa se llevara a cabo. Tal situación dejó varados a decenas de pasajeros que estaban en tránsito a Caracas[21].

REFERENCIAS
[1] La Nación. “La Justicia allana el avión venezolano-iraní en Ezeiza”. 16 de junio de 2022. https://www.lanacion.com.ar/politica/la-justicia-allana-el-avion-venezolano-irani-en-ezeiza-nid16062022/

[2] La Nación. “La Justicia de Argentina ordena el registro del avión venezolano-iraní retenido en Ezeiza”. 15 de junio de 2022. https://www.lanacion.com.ar/agencias/la-justicia-de-argentina-ordena-el-registro-del-avion-venezolano-irani-retenido-en-ezeiza-nid15062022/

[3] La Nación. “El misterio del avión: los tripulantes dicen que no saben de qué se los acusa y critican la revisación que les hizo el Gobierno”. 16 de junio de 2022. https://www.lanacion.com.ar/politica/el-misterio-del-avion-los-tripulantes-dicen-que-no-saben-de-que-se-los-acusa-y-critican-la-nid16062022/

[4] Clarín. “La aeronave retenida en Ezeiza. Avión venezolano-iraní: el Departamento de Estado norteamericano confirmó que está ‘al tanto’ del caso”. 14 de junio de 2022. https://www.clarin.com/politica/unidos-caso-avion-evito-hacer-comentarios_0_hQULkqBLxi.html

[5] Venezuela Política. “Humire: Incidencias ocurridas en el caso del avión de Conviasa en Argentina reviste similitud con el modus operandi del IRGC”. 16 de junio de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/06/humire-incidencias-ocurridas-en-el-caso.html

[6] Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Presidencia de la Nación. Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento. RePET. https://repet.jus.gob.ar/#entidades

[7] Perfil. “Aníbal Fernández y el avión venezolano: ‘Parte de los tripulantes son de la Guardia Revolucionaria de Irán’". 13 de junio de 2022. https://www.perfil.com/noticias/modo-fontevecchia/anibal-fernandez-y-la-version-oficial-del-avion-venezolano-modof.phtml

[8] Perfil. “El misterioso avión de venezolanos e iraníes que volaba "en secreto" y fue retenido en Ezeiza”. 13 de junio de 2022. https://www.perfil.com/noticias/actualidad/el-misterioso-avion-venezolano-que-volo-en-secreto-desde-buenos-aires-a-cordoba.phtml

 

[9] CNN. “Investigan a cinco tripulantes iraníes de un avión venezolano que quedó varado en Argentina”. 14 de junio de 2022. https://cnnespanol.cnn.com/2022/06/14/investigan-tripulantes-iranies-avion-venezolano-varado-argentina-orix/

[10] Infobae. “Un fantasma en Ezeiza: los negocios oscuros de la Guardia Revolucionaria iraní y la teoría del vuelo para evaluar la seguridad argentina”. 14 de junio de 2022. https://www.infobae.com/america/mundo/2022/06/14/un-fantasma-en-ezeiza-los-negocios-de-la-guardia-revolucionaria-irani-y-la-teoria-del-vuelo-para-evaluar-la-seguridad-argentina/

[11] Latinus.us “Argentina descarta que tripulante iraní retenido en avión venezolano pertenezca a grupo terrorista”. 15 de junio de 2022. https://latinus.us/2022/06/16/argentina-aclare-caso-avion-ciudadanos-venezolanos-iranies-vinculos-terroristas/s

[12] Infobae. “El ministro de Inteligencia de Paraguay aseguró que el piloto del avión venezolano está vinculado a la Fuerza Quds iraní: ‘No es un homónimo’. 17 de Junio de 2022. https://www.infobae.com/politica/2022/06/17/el-ministro-de-inteligencia-de-paraguay-aseguro-que-el-piloto-del-avion-venezolano-esta-vinculado-a-la-fuerza-quds-irani-no-es-un-homonimo/

[13] La Nación. “Otro vuelo llegó a Ezeiza y completó la carga del avión venezolano cinco días después”. 16 de junio de 2022. https://www.lanacion.com.ar/politica/otro-vuelo-llego-a-ezeiza-y-completo-la-carga-del-avion-venezolano-cinco-dias-despues-nid16062022/

[14] El Clarín “Argentina trató de dar por culminado caso del avión mientras Guaidó lo vincula a Maduro”. https://www.clarin.com/mundo/juan-guaido-vinculo-avion-nicolas-maduro-lavado-dinero-empresas-iranies-venezuela_0_QAc9ZoNRaF.html

[15] La Nación. “La curiosa teoría de Agustín Rossi sobre el avión: aseguró que los iraníes les enseñaban a volar a los venezolanos”. 14 de junio de 2022. https://www.lanacion.com.ar/politica/la-teoria-de-agustin-rossi-sobre-el-sospechoso-avion-venezolano-con-tripulacion-irani-es-mi-nid14062022/

[16] Yahoo. “Un diputado chavista desmintió a Agustín Rossi por su teoría del avión y calificó el hecho como uns agresión”. 16 de junio de 2022. https://es-us.vida-estilo.yahoo.com/diputado-chavista-desminti%C3%B3-agust%C3%ADn-rossi-155537534.html

[17] Aviacionline. “Maduro reclama a Uruguay por impedir sobrevuelo de avión de Emtrasur”. 16 de junio de 2022. https://www.aviacionline.com/2022/06/emtrasur-venezuela-acusa-a-uruguay-de-poner-en-riesgo-al-avion/

[18] La Nación. “Irán se defendió por la detención del avión y vinculó el hecho a las tensiones que tiene con Occidente por el despliegue nuclear”. 13 de junio de 2022. https://www.lanacion.com.ar/politica/iran-se-defendio-por-la-detencion-del-avion-y-vinculo-el-hecho-a-las-tensiones-que-tiene-con-nid13062022/

[19] Los Ángeles Times. “EEUU e Israel atentos al avión venezolano en Argentina”. 16 de junio de 2022. https://www.latimes.com/espanol/eeuu/articulo/2022-06-16/eeuu-e-israel-atentos-al-avion-venezolano-en-argentina

[20] El DiarioAr. “Venezuela desvía a Bolivia otro avión con tripulación iraní”. 16 de junio de 2022. https://www.eldiarioar.com/politica/venezuela-desvia-bolivia-avion-tripulacion-irani_1_9090949.html

[21] El Deber https://eldeber.com.bo/pais/argentina-nego-el-ingreso-de-avion-de-boa-que-haria-conexion-para-conviasa-entre-bolivia-y-buenos-ai_281967

Declaración de propietario de empresa de yates en Miami confirmó el pago que Interamerican Consulting hizo a Raúl Gorrín

  Una transcripción certificada de lo declarado por el Joel Brakha deja ver que la empresa de David Rivera pagó a la naviera USD 3,75 millones que cubrirían los gastos de servicio y mantenimiento de las embarcaciones del magnate venezolano fugitivo de la justicia de EE. UU..

Por Maibort Petit

  La declaración del directivo de Interglobal Yacht Management LLC, Joel Brakha, ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York con relación al caso en que PDV USA Inc. demanda a la firma Interamerican Consulting Inc., confirma que, efectivamente, la empresa propiedad del excongresista estadounidense, David Rivera, realizó pagos millonarios a dicha empresa administradora de yates para Raúl Gorrín.

  Interamerican Consulting Inc. habría pagado USD 3.750.000 millones a Interglobal Yacht Management LLC la cual administra yates que son propiedad de Gorrín, dueño de Globovisión y la aseguradora La Vitalicia y uno de los supuestos criminales más buscado de la justicia norteamericana.

  Interglobal Yacht Management LLC es una empresa registrada en el estado de la Florida bajo el número L12000089959, número FEI/EIN 81-4824898, el 11 de julio de 2012, cuyo agente registrado es Robert L. Gardana. El directorio lo conforman Daniel Marinucci y Joel Brakha[1], quien, de acuerdo a documentos judiciales que han sido dados a conocer recientemente, declaró que la firma de Rivera hizo el referido pago.

   Joel Brakha, representado por Robert L. Gardana y Alexander Fox, rindió su declaración el 28 de febrero de 2022 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, con presencia de los abogados Brady Sullivan y Jeffrey B. Korn de la firma Willkie Farr & Gallagher LLP en representación de la demandante PDV USA Inc.; Jason Johnson Byrd Campell P.A. en representación de la demandada Interamerican Consulting Inc

En el documento —una transcripción certificada de la declaración ante el tribunal— Joel Brakha refiere que los pagos recibidos en su empresa Interglobal Yacht Management de Interamerican Consulting, ocurrieron todos en 2017 —entre el 31 de marzo de 2017 y el 24 de abril de 2017— y corresponderían a montos adeudados por Raúl Gorrín.

  El pago se habría realizado a través de varios depósitos que totalizaron USD 3,75 millones.


    El dinero depositado por el Interamerican Consulting Inc. habría sido usado para cubrir los gastos de servicio y operación de los yates de Raúl Gorrín administrados por Interglobal Yacht Management LLC, según lo declarado por Joel Brakha ante el Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York.

   En 2020 PDV USA Inc. demandó a la empresa Interamerican Consulting Inc. por incumplimiento de un contrato suscrito en marzo de 2017 con la empresa de David Rivera en tiempos en que los activos venezolanos en Estados Unidos estaban bajo el control de la administración de Nicolás Maduro. La acusación ocurrió cuando los bienes venezolanos estaban ya bajo control del denominado gobierno interino encabezado por Juan Guaidó.

  El objeto de la disputa es un supuesto contrato de asesoría cuyo precio era de USD 50 millones que comprometía a Interamerican Consulting Inc. a “desarrollar un plan estratégico para crear una identidad separada y distinta y desvincularse de su matriz final, Petróleos de Venezuela, SA”. De esa suma fueron cancelados USD 15 millones cuyo reembolso ahora reclama PDV USA, dado que la demandada no habría cumplido con lo pautado. Posteriormente, la acusada contra demandó y reclamó de PDV USA Inc. el pago del resto de la suma contratada inicialmente, es decir, USD 35 millones.

  Pero tras la demanda de PDV USA se ocultarían otros intereses han señalado algunas fuentes, pues el resarcimiento económico estaría lejos de los objetivos del gobierno interino, que solamente habría llevado a cabo la acción judicial como una cortina de humo, siendo la auténtica razón desarrollar una estrategia para presentarse como en interesado en acabar con los manejos irregulares en CITGO[2].

  En medio de refriega, el nombre de Raúl Gorrín salió a la luz cuando se dijo que, supuestamente, el empresario recibió parte de los USD 15 millones pagados por PDV USA a Interamerican Consulting, a través de una empresa que administra sus yates en el estado de la Florida. Actualmente, la batalla en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York para que se obligue a Interamerican a que entregue unas comunicaciones de WhatsApp que revelarían el destino del dinero pagado por la filial de PDVSA en Estados Unidos[3]. Como argumento para negarse a ello, Interamerican sostiene que tales conversaciones forman parte del privilegio abogado-cliente, toda vez que asegura que Raúl Gorrín le prestó servicios como abogado, para lo cual han presentado un Acuerdo de retención que así lo probaría. PDV USA sostiene que la supuesta relación abogado-cliente entre Rivera y Gorrín es ficticia[4].

 [1] Sunbiz. Division of Corporations. Interglobal Yacht Management LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/corporationsearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=INTERGLOBALYACHTMANAGEMENT%20L120000899590&aggregateId=flal-l12000089959-43970bbc-0651-40e6-8876-73ed3db5c377&searchTerm=INTERGLOBAL%20YACHT%20MANAGEMENT%2C%20LLC&listNameOrder=INTERGLOBALYACHTMANAGEMENT%20L120000899590

[2] Venezuela Política. “PDV USA versus Interamerican Consulting: Una demanda que ocultaría otros ilícitos distintos a los que acusa”. 25 de agosto de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/08/pdv-usa-versus-interamerican-consulting.html

[3] Venezuela Política. “Caso PDV USA en Nueva York: David Rivera entregó a Raúl Gorrín $3,75 millones del pago hecho por CITGO por un contrato de consultoría para 'mejorar la imagen de PDVSA' en Washington DC”. 7 de abril de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/04/caso-pdv-usa-en-nueva-york-david-rivera.html

[4] Venezuela Política. “David Rivera e Interamerican se escudan tras un contrato en el que Raúl Gorrín figura como su abogado, para impedir que se revelen conversaciones que darían cuenta de los fondos pagados por CITGO”. 30 de mayo de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/05/david-rivera-e-interamerican-se-escudan.html

lunes, 30 de mayo de 2022

David Rivera e Interamerican se escudan tras un contrato en el que Raúl Gorrín figura como su abogado, para impedir que se revelen conversaciones que darían cuenta de los fondos pagados por CITGO

  PDV USA sostiene que la supuesta relación abogado-cliente entre Rivera y Gorrín es ficticia.

Por Maibort Petit

   El pasado 26 de mayo del presente 2022, PDV USA Inc. presentó ante el juez magistrado Robert W. Lehrbürger del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, una Carta Moción para obligar a Interamerican Consulting a producir documentos relativos a la demanda que mantiene en su contra por incumplimiento de contrato.

  La empresa del excongresista de los Estados Unidos, David Rivera ha maniobrado de todas las maneras posibles para impedir que PDV USA acceda a las comunicaciones entre Rivera y Gorrín, así como con la consultora política, Esther Nüfher “a quien Interamerican pagó millones de dólares de los fondos pagados por CITGO, por supuestos servicios que fueron amparados por acuerdos de subcontratación ficticios”[1].

 Rivera e Interamerican alegan que estas comunicaciones están protegidas por el privilegio abogado-cliente, toda vez que, según ellos, Raúl Gorrín firmó un Acuerdo de Retención el 21 de marzo de 2017, para brindar asesoría respecto a las “complejidades legales de la relación de PDV USA con su última empresa matriz, Petróleos de Venezuela (PDVSA), y los mecanismos legales disponibles para el gobierno venezolano para ejercer influencia sobre varios sectores de su industria de petróleo y gas, en gran parte nacionalizada”.

  PDV USA acusa que estos contratos y la supuesta relación abogado-cliente es ficticia.

Interamerican pide negar la reparación a que aspira PDV USA

  El 18 de abril de 2022, los abogados Tucker H. Byrd y Jason Johnson, en representación de Interamerican Consulting, Inc., dirigieron una comunicación al juez Robert W. Lehrbürger en la que respondían a una carta presentada por PDV USA, Inc. en la que solicitaron una preconferencia de movimiento, en atención a la orden de la Corte del 13 de abril de 2022. La demandada pidió al Tribunal negar la reparación solicitada en la carta de PDV USA.

   Refirieron que dado que el tema principal para la consideración que el Tribunal quería establecer es si las comunicaciones de Interamerican a través de WhatsApp con Raúl Gorrín, son confidenciales. En este sentido indicaron que David Rivera, presidente de Interamerican, estuvo representado por Gorrín en relación con el acuerdo de consultoría del caso en el que el primero ejecutó un acuerdo de carta de retención del que, desafortunadamente, no tenía una copia.

  Sin embargo, de acuerdo al criterio de Byrd y Johnson, Interamerican retuvo comunicaciones con Raúl Gorrín mientras Interamerican intentaba localizar el Contrato de Retención, lo que ocurrió en la noche del 15 de abril de 2022.

  Los abogados explicaron que el Contrato de Retención muestra que Rivera contrató los servicios de Raúl Gorrín el 21 de marzo de 2017, expresamente en relación con el caso y sostuvieron ante el Tribunal, que aunque Gorrín es un abogado venezolano, la ley de privilegio de Nueva York aún se aplicaría, tal como lo establece la jurisprudencia que señala que cuando las comunicaciones privilegiadas hayan tenido lugar “en un país extranjero o involucraron abogados o procedimientos extranjeros, este tribunal se remite a la ley del país que tiene el 'predominante' o 'el interés más directo y apremiante' en si esas comunicaciones deben permanecer confidenciales, a menos que derecho extranjero es contrario al orden público de este foro” y que “El país con el interés predominante es 'el lugar donde se estableció la supuesta relación privilegiada' o 'el lugar en el que se centró esa relación en el momento en que se envió la comunicación'”.

  Tucker H. Byrd y Jason Johnson consideran que la ley de privilegio estadounidense es la que aplica, toda vez que se trata de un “caso de diversidad que involucra a dos empresas estadounidenses y una disputa sobre un contrato regido por las leyes de Nueva York; en otras palabras, la relación se centró en hechos que ocurrieron en los Estados Unidos, no en Venezuela. Más específicamente, se aplica la ley de Nueva York porque es el estado del foro”.

  Según los abogados de Interamerican, hay evidencia de la relación abogado-cliente, a pesar de que PDV USA sostiene que la relación con Gorrín era puramente transaccional. De acuerdo a su criterio, la evidencia más convincente de la existencia de esta relación abogado-cliente es el propio Acuerdo de Retención, el cual dejaría claro que Interamerican contrató los servicios de Raúl Gorrín para representarla en relación con el Contrato.

  Le expusieron Byrd y Johnson al juez Lehrbürger, que David Rivera “buscó la experiencia legal de Gorrín para navegar las complejidades legales de la relación de PDV USA con su última empresa matriz, Petróleos de Venezuela (PDVSA), y los mecanismos legales disponibles para el gobierno venezolano para ejercer influencia sobre varios sectores de su industria de petróleo y gas, en gran parte nacionalizada”.

  A la luz de la evidencia, los abogados instaron a la Corte a que le permita enmendar sus registros de privilegios, como prometió a PDV USA que lo haría, para representar adecuadamente la sustancia de la retención, a saber, mensajes de WhatsApp muchos de los cuales contienen comunicaciones de abogado-cliente claramente privilegiadas, lo que reafirma la necesidad de no producir estos mensajes. Explicaron que entre estos mensajes había discusiones sobre los intentos de PDV USA de asignar el Contrato y reuniones con los responsables políticos. Tal alivio permitirá a PDV USA evaluar el reclamo de privilegio por cada uno de los mensajes de WhatsApp retenidos.

  Agregaron que el único problema pendiente relacionado con las comunicaciones con Esther Nuhfer había quedado resuelto, pues si bien Interamerican se reserva el derecho de plantear cualquier argumento con respecto a sus comunicaciones privilegiadas con los abogados, reconoce que algunas comunicaciones privilegiadas identificadas en la Carta de moción de PDV USA fueron reveladas a terceros, a saber, Esther Nuhfer.

  Los abogados cuestionaron la caracterización de los hechos por parte de PDV USA dado que insiste en que Interamerican nunca prestó ningún servicio, cuando las pruebas del expediente muestran que la demandante sólo dejó de pagar  porque quería ceder el Contrato a PDVSA en Venezuela, lo que Interamerican se negó a hacer.

  Sostienen que el argumento de PDV USA de que Interamerican pagó a terceros con los fondos que recibió de PDVSA demostraría que la demandada nunca prestó ningún servicio es inútil, toda vez que esta ha afirmado que pagó estos fondos como honorarios de referencia en relación con la solicitud de sus servicios de consultoría. El presunto subcontrato al que hace referencia PDV USA en su Carta de moción entre Interamerican e Interglobal Yacht Management, LLC, consiste en gran parte en un lenguaje repetitivo, nunca se ejecutó y no refleja la intención de las partes.

Juez niega pedido de PDV USA

  El 19 de abril de 2022, Robert W.  Lehrbürger, juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, negó la solicitud de PDV USA para una conferencia previa a la moción sobre la identificación de Interamerican y la retención de ciertos documentos de conformidad con el privilegio abogado-cliente.

   El magistrado emitió la orden con sustento en la representación de Interamerican que proporcionará un registro de privilegios actualizado con información adicional sobre los documentos en cuestión, y que producirá documentos proporcionados a Esther Nufher.

  Se advierte que la orden se emite sin perjuicio de la renovación después de recibir un registro de privilegios revisado de Interamerican. Además, instó a que antes del 26 de abril de 2022, Interamerican presentara una traducción certificada del acuerdo de retención.

El Acuerdo de retención

  El 21 de marzo de 2017, Interamerican Consulting Incorporated y la firma Ramírez Gorrín Díaz perdomo y Asociados, suscribieron un Acuerdo de Retención en el cual la primera reconoce que ha tenido a Raúl Gorrín para representación y asesoramiento en relación con el “Contrato entre Interamerican Consulting Incorporated y PDV USA/CITGO Petroleum Corporation”.

   Entre otros aspectos, el contrato contempló que Interamerican estaba de acuerdo con: 

1) Informar al abogado de una manera verdadera  y completa acerca de los hechos del tema del cliente. 

2) Informar al abogado acerca de cualquier tipo de cartas, noticias o alguna otra información con respecto al tema del cliente. 

3) Consultar al abogado acerca antes consultar con otros abogados, especialmente con abogados que estuvieran envueltos o podrían ser afectados por el tema. 

4) Firmar documentos necesario, cuando el abogado lo pida, que permitan a este proceder con asesoramiento legal.

5) Firmar carta indicando cuando el cliente ha instruido al abogado a actuar de una manera contraria al consejo profesional del abogado y aceptando que el cliente no hará responsable al abogado por las consiguientes consecuencias. 

6) Informar al abogado si el cliente no estaría disponible por algún periodo de tiempo debido a enfermedad, vacación o alguna otra razón.

 7) Cooperar con el abogado y dar seguimiento a sus instrucciones.




 


 


viernes, 20 de mayo de 2022

Juez bloqueó nuevo intento de los testaferros de Jhonnathan Marín y Pedro León Torres por hacerse de activos decomisados por EE. UU.

 El Tribunal apoyó los criterios esbozados por la Fiscalía para oponerse a la aprobación de las mociones de Guillermo y María Montero.

Por Maibort Petit

    Las pretensiones de los esposos Guillermo y María Montero, tenidos como supuestos testaferros del exalcalde de Guanta, Jhonnathan Marín Sanguino, y del exzar de la Faja Petrolífera del Orinoco, Pedro León Torres, de retomar el control de una serie de activos que la Fiscalía para el Distrito Sur de Florida busca decomisar, se topó con una nueva negativa por parte del juez Robert N. Scola Jr., quien negó las mociones presentadas por el matrimonio ante su tribunal.

  La fiscalía para el Distrito Sur de Florida viene trabajando en la confiscación real de varios activos, entre ellos, catorce cuentas bancarias que totalizan USD 45 millones, así como siete bienes inmuebles que, asegura, son el producto de delitos de soborno transnacional, propiedades involucradas en el lavado de dinero o una conspiración para cometer lavado de dinero que el gobierno aspira decomisar. Sobre estos activos, varias personas y entidades han presentado reclamos verificados en los que sostienen que tienen intereses.

  Ya anteriormente, la Corte había descartado las pretensiones de Guillermo A. Montero quien, desde entonces ha presentado una moción solicitando a la Corte que reconsidere la anulación de su demanda. A su vez, la Fiscalía procuraba la anulación de los reclamos de María Montero, la esposa de Guillermo Montero, estando ambas mociones completamente informadas y listas para su revisión[1].

  El tribunal concedió al gobierno la moción para anular las pretensiones de los esposos.

La decisión

  El 28 de marzo de 2022, el juez Robert N. Scola Jr., titular del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, emitió una Orden Omnibus (orden final) en la que declaró con lugar una moción de la Fiscalía que buscaba invalidar las pretensiones verificadas de María Montero, así como también negar la moción de reconsideración de Guillermo Montero, quienes vienen insistiendo en recobrar el control sobre fondos y bienes inmuebles incautados por autoridades de los EE. UU. por provenir de actividades delictivas, específicamente del lavado de dinero.

  El magistrado anuló los reclamos de María Montero, en razón de que esta no ha podido establecer legitimación en este caso, como también niega su moción de desestimación por considerarla como discutible. Por la misma razón, el Tribunal negó lun moción de Montero para la remisión al programa de abogados voluntarios.

  Además, tanto Guillermo Montero como María Montero, presentaron recientemente reclamaciones verificadas modificadas, pero la fecha límite para estas presentaciones había pasado hace mucho tiempo. Ambos reclamos enmendados fueron presentados sin la autorización del Tribunal o el consentimiento de la parte contraria.

  En razón de esto, el Tribunal manifestó su acuerdo con el Gobierno en que ninguno de los reclamos enmendados fue presentado debidamente ante el Tribunal y, por tanto, rechazó ambas pretensiones.

Lo que dice la norma

  El sustento de la acción civil que busca el decomiso de los activos por parte de la Fiscalía, se encuentra en las Reglas Federales de Procedimiento Civil, así como por la Regla Suplementaria G. Esta última, en su aparte (5)(a), establece que las entidades o personas que afirman un interés en un activo del demandado, pueden presentar una demanda para unirse al litigio. La jurisprudencia advierte que para impugnar una confiscación “el reclamante primero debe demostrar un interés suficiente en la propiedad para otorgarle la legitimación conforme al Artículo III; de lo contrario, no hay ‘caso o controversia’, en el sentido constitucional, susceptible de adjudicación en los tribunales federales”. Se entiende por interés suficiente “un “derecho de propiedad o posesión sobre los bienes incautados”.

  Igualmente queda estipulado que cada reclamante debe “hacer [] un reclamo válido de que tiene un interés legalmente reconocible en la propiedad que se dañará si la propiedad se confisca al gobierno”.

Reconsideración injustificable

  El juez Scola declaró improcedente el recurso de reposición de Guillermo Montero por cuanto la jurisprudencia ha establecido que “una parte puede solicitar una reconsideración sólo cuando ha ocurrido uno de los siguientes: un cambio intermedio en la ley de control, la disponibilidad de nuevas pruebas o la necesidad de corregir un error claro o prevenir una injusticia manifiesta”.

  Acogiéndose también a la jurisprudencia que advierte que “la reconsideración de una orden es un recurso extraordinario que se emplea con moderación” y que es “apropiada cuando, por ejemplo, el Tribunal no ha entendido bien a una de las partes, o ha tomado una decisión fuera de las cuestiones contenciosas presentadas ante el Tribunal por las partes, o ha cometido un error no de razonamiento sino de aprensión”, el magistrado recordó que si surge cualquiera de estas situaciones, un tribunal tiene amplia discreción para reconsiderar una orden emitida anteriormente. Scola estimó que, en ausencia de cualquiera de estas condiciones, como es en este caso, no se justifica una moción para reconsiderar.

  Se indica en la decisión que en el centro de la solicitud de reconsideración de Guillermo Montero estaban dos embargos mecánicos que presentó recientemente, a través de los cuales afirma intereses en dos bienes inmuebles Demandados. Según él, no pudo presentar los gravámenes en el momento de la presentación de su oposición a la moción de huelga del Gobierno, unos cinco meses antes de solicitar la reconsideración por varias razones, todo lo cual dice que estaba fuera de su control.

  Guillermo Montero, “(1) afirma que no recibió los originales conformes de los gravámenes de la Oficina del Registrador del Condado de Los Ángeles hasta después de haber presentado su respuesta; (2) dice que su abogado se negó a solicitar una prórroga del plazo de respuesta; y (3) asumió que el Gobierno retiraría su moción de huelga una vez que Guillermo le proporcionara copias de los gravámenes. En consecuencia, dice, la orden del Tribunal que anula sus reclamos debe anularse sobre la base de "inadvertencia, sorpresa y negligencia excusable".

  Pero el juez Scola estimó que ninguno de estos eventos se eleva al nivel de justificar la reconsideración de la Corte. Además, advierte que Guillermo Montero no explicó por qué no pudo haber planteado el hecho de la existencia del interés del gravamen en su respuesta ni por qué no llamó la atención del Tribunal sobre los gravámenes durante los meses intermedios entre el momento en que recibió la devolución del gravamen del mecánico registrado de la oferta del registrador y la entrada de la orden del Tribunal. El magistrado determinó que estos factores condenan la posición de Guillermo Montero.

   Por otra parte, el juez no encontró convincentes los otros argumentos de Guillermo Montero, con respecto a sus derechos de la Quinta Enmienda o impedimento legal. Scola sostiene que Guillermo Montero no ha logró convencer de que se justifica la reconsideración de la orden de la Corte que anula sus afirmaciones verificadas.

Anulación de los reclamos de María Montero

  También las pretensiones de María Montero, quien a través de sus reclamos verificados sostiene que tiene intereses de propiedad en dos de los bienes inmuebles del demandado, a saber, 1270 99th Street, Bay Harbor Island, Florida 33154 y 2377 Glendon Avenue, Los Ángeles, California 90064.

   Según ella, cada una de las propiedades pertenece a compañías de responsabilidad limitada separadas y que las dos LLC son, a su vez, propiedad de su esposo, Guillermo Montero. Como consecuencia de su matrimonio, sostiene María, posee el 50 por ciento de las dos SRL y, por tanto, razona, el 50 por ciento de cada uno de los inmuebles. Sustentó su reclamo con los mismos documentos en los que se basó su esposo para respaldar sus propias afirmaciones. El Tribunal rechazó los reclamos de Guillermo Montero en enero de 2022.

  A juicio del juez Robert N. Scola, la Fiscalía tiene razón en su afirmación de que María Montero carece de legitimación para sustentar sus reclamos y que, por lo tanto, deben ser anulados. Para establecer esta negativa, la Corte refiere que la afirmación de María Montero de que tiene un interés marital en la propiedad de las LLC es legalmente insuficiente, pues no conecta los puntos entre cualquier interés actual en las empresas y el interés incipiente que reclama como resultado de su matrimonio.

  Recordó el juez que el Tribunal determinó que el propio Guillermo Montero, como miembro de las LLC, no tiene ningún interés legal separado en estas, además de su condición de miembro, que le otorgaría el Artículo III en su propio nombre.

  Sostiene el Tribunal que, dado que Guillermo Montero no tiene legitimación, por ende, el intento de María Montero de establecer su propia posición sobre la de él no es acertada.

  Por último, la Corte consideró que las reclamaciones de María Montero con respecto a las ganancias pérdidas generadas por la venta de los bienes inmuebles reclamados tampoco logran establecer la legitimación del Artículo III. Se remite a la decisión anterior del tribunal que al evaluar los reclamos similares de Guillermo Montero relacionados únicamente con el “potencial de inversión perdido”, demuestran que María Montero sería “nada más que [una] acreedora no garantizada[]”.

[1] Venezuela Política. “Tribunal de EE. UU. niega petición de los reclamantes de los fondos confiscados a los testaferros del ex-zar de la Faja del Orinoco y el exalcalde corrupto de Guanta”. 4 de febrero de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/02/tribunal-de-ee-uu-niega-reclamos-de-los.html


viernes, 13 de mayo de 2022

En un tribunal de WPB: Claudia Díaz Guillén, "la enfermera de Hugo Chávez" se enfrenta a la justicia norteamericana

   Claudia Díaz Guillén, exenfermera y extesorera venezolana aceptó sobornos de Raúl Gorrín a cambio de ser favorecido en negociaciones con el estado venezolano.

Por Maibort Petit

    Este viernes 13 de mayo, un juez de Distrito del estado de la Florida leyó los cargos por corrupción a Claudia Patricia Díaz Guillén, una mujer que pasó de ser una enfermera del exmandatario Hugo Chávez, a Tesorera de Venezuela y posteriormente, una potentada millonaria que vivía entre lujos y caprichos con su marido, Adrián José Velázquez Figueroa quien también es acusado por el gobierno de Estados Unidos por haber cometidos delitos que violan las leyes federales estadounidenses. 

  Díaz Guillén fue extraditada desde Madrid, España el 12 de mayo de 2022, luego de un proceso que buscaba, por medio de acciones legales,  paralizar su entrega [por parte del Reino de España] a las autoridades de los Estados Unidos.  

   En la audiencia de arraigo, el juez auxiliar William Matthewman leyó los cargos por los cuales es acusada Díaz Guillén.  El magistrado se comunicó con la acusada a través de su abogada provisional, Marissel Descalzo. 

  La defensa solicitó una nueva audiencia para presentar todos los recaudos de una fianza. El magistrado Matthewman fijó la cita para el martes 17 de mayo. Este proceso se realiza en la Corte del Distrito de West Palm Beach, tribunal que juzgó a uno de los co-acusados, Alejandro Andrade, quien se declaró culpable y fue sentenciado. Gracias a su colaboración con la justicia y buen comportamiento, la condena de Andrade se redujo en mas de un 60 %. El exfuncionario corrupto está en libertad desde febrero 2022.

Los cargos 

  Díaz  Guillén es señalada de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) al ser acusada formalmente por tres cargos lavado de dinero ante la el Tribunal de Distrito Sur de Florida. La acusación firmada por la exfiscal del Distrito, Adriana Fajardo Orshan, también incluye al marido de la mujer, Adrián José Velázquez Figueroa. Ambos habrían recibido sobornos del empresario, Raúl Gorrín Belisario, a cambio de ser favorecido en negociaciones con el estado venezolano.

  Sobre Gorrín Belisario, la acusación refiere que se ha convertido en un “preocupación nacional” para los Estados Unidos, de acuerdo a lo establecido en la FCPA. Se indica que el referido empresario controlaba las que en la demanda se identifican como “Compañía 1”, “Compañía 2” y “Compañía 3”, todas constituidas y registradas en Panamá.

   La demanda igualmente señala a Alejandro Andrade Cedeño, quien también se desempeñó como Tesorero Nacional entre 2007 y 2010, como otro de los beneficiados con los pagos ilegales emitidos por Gorrín.

  Según varios medios de comunicación, Claudia Díaz tuvo acceso a los registros judiciales del principado de Liechtenstein, una localidad de habla alemana ubicado entre Austria y Suiza, evidenciándose que habría comprado unos 250 lingotes de oro tasados en USD 9,5 millones, una operación que supuestamente se habría llevado a cabo a través de una empresa fantasma registrada en San Vicente y las Granadinas.

    Los datos divulgados por la prensa refieren que el oro se depositó en una bóveda privada en Liechtenstein y que del mismo podrían disponer ella y su hijo cuando este alcance la edad de 18 años. Igualmente se informó que tiempo después una parte del oro fue vendido por un representante de Díaz y el dinero producto de la transacción ingresó a una cuenta en un banco suizo.

  A través de su abogado, Díaz Guillén negó la tenencia del oro, pero las investigaciones hacen referencia a que el banquero suizo, Charles-Henry de Beaumont, quien trabajó en la Compagnie Bancaire Helvetique SA (CBH) habría sido quien llevó a cabo las transacciones de todos los funcionarios venezolanos a cuentas en Suiza, en tiempos en que Claudia Díaz supervisaba las finanzas de Venezuela en la OPEP. Las pesquisas judiciales indican que Beaumont supuestamente trabajó con Danilo Diazgranados, un financiero venezolano señalado por hechos de corrupción.

Doble apelación

  Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián Velásquez Figueroa, apelaron ante la Audiencia Nacional de España la solicitud de extradición que Venezuela hizo por estar acusada de delitos de blanqueo y enriquecimiento ilícito. Tanto Díaz Guillén como Velásquez se niegan a esta posibilidad pues aseguran que, de ser llevados a Venezuela, serían torturados[1]. Asimismo, Díaz y Velásquez apelaron la petición de extradición que hizo el gobierno de los Estados Unidos a España y que se concretó primeramente con la ex-enfermera de Hugo Chávez.

  En una entrevista concedida a BBC Mundo en 2018, Díaz Guillén reiteró su temor a ser torturada en Venezuela si es extraditada: “Nos torturarían, nos violarían todos los derechos, que de por sí, ya nos los han violado”, criticó que se le estigmatizara señalándola únicamente como la “enfermera de Chávez”, sin tomar en cuenta su preparación académica y su carrera militar.

   Aseguró que, en la última etapa de la enfermedad de Hugo Chávez, ella y el exministro de Planificación, Jorge Giordani, fueron presionados por parte del alto gobierno para cometer actos fuera de la ley. “El ministro y yo estábamos muy sorprendidos de cómo con el presidente en sus últimos momentos de vida eran capaces de emitir este tipo de instrucciones, como un poco aprovechándose de que él estaba en sus últimos momentos”[2].

La acusación

  El 30 de octubre del 2020, la fiscal Adriana Fajardo Orshan presentó ante el Tribunal de Distrito Sur de Florida la acusación contra Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa, por los delitos de Conspiración para cometer blanqueo de capitales y Blanqueo de instrumentos monetarios.

   Este caso involucra, además de Díaz Guillén y Velásquez Figueroa, a Raúl Gorrín Belisario, algunas de sus empresas y a Alejandro Andrade Cedeño.

El primer cargo

   La acusación refiere, respecto al delito de Conspiración para cometer blanqueo de capitales, que se le imputa a Díaz Guillén y Velásquez Figueroa, que entre 2008 y 2017, en los condados de Miami-Dade y Palm Beach, en el distrito sur de Florida, así como en otros lugares, los acusados se combinaron, conspiraron, confederaron y acordaron entre sí y con otros conocidos y desconocidos en los Estados Unidos acciones que violan el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (A).

 El gobierno de Estados Unidos precisa que los demandados habrían conspirado para transportar, transmitir y transferir un instrumento monetario y fondos a un lugar en los Estados Unidos desde con la intención de promover la realización de una actividad ilegal, violatoria de la FCPA bajo el Título 15, Código de los Estados Unidos, Secciones 78dd-2 y 78dd-3; así como también un delito contra una nación extranjera que involucra el soborno de un funcionario público y la apropiación indebida, robo y malversación de fondos públicos o en beneficio de este, lo cual viola el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (A).

  Específicamente, la acusación señala que Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa estuvieron de acuerdo con Raúl Gorrín Belisario y otros, para transportar, enviar, transferir y hacer que se transporten, transmitan y transfieran fondos de Suiza a los Estados Unidos, esto con el objetivo de promover un esquema de soborno a funcionarios extranjeros en Venezuela, entre ellos Alejandro Andrade Cedeño y Claudia Patricia Díaz Guillén.

  El pago de dichos sobornos significaría para Gorrín Belisario la obtención de negocios.

Cómo operó la conspiración

  Narra la acusación que la conspiración de Claudia Patricia Díaz Guillén, Adrián José Velásquez Figueroa implicó que cuando Raúl Gorrín Belisario residía en el Distrito Sur de Florida, discutió con ellos el pago de sobornos, tanto a ella como a Alejandro Andrade Cedeño.

  Raúl Gorrín Belisario también ofreció y pagó sobornos, directa e indirectamente, a Díaz Guillén y a Andrade, con el propósito de asegurarse la adjudicación de negocios y obtener ventajas comerciales.

  Igualmente, Gorrín Belisario utilizó las cuentas bancarias de la Compañía 1, la Compañía 2 y la Compañía 3, y su propia cuenta bancaria personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA, como conducto para el pago de los sobornos a Alejandro Andrade Cedeño y Claudia Patricia Díaz Guillén.

  Refiere la acusación que Raúl Gorrín, Claudia Díaz Guillén y Adrián Velásquez Figueroa, junto con otros, mientras se encontraban en el Distrito Sur de Florida, transfirieron ciertos fondos de las cuentas bancarias de la Compañía 1, Compañía 2 y Compañía 3, así como de su propia cuenta bancaria personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA, en Suiza, para promover el esquema de soborno ilegal.

   Agrega que Raúl Gorrin Belisario, Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa, promovieron el pago de sobornos en beneficio de la primera e, incluso a través de su cónyuge, Velásquez Figueroa, con el fin de promover el esquema de sobornos.

   Los acusados, junto con otros, entre ellos Raúl Gorrín instaron pagos a terceros para cubrir gastos de diversos artículos de lujo a su favor en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares, a través del esquema de soborno ilegal.

Los otros cargos

   Respecto a los cargos 2 y 3 de acusación referidos al Blanqueo de instrumentos monetarios, la acusación indica que el 15 de marzo de 2013, a los acusados se les transfirieron USD 281.051 desde una cuenta en Suiza, a una cuenta en el distrito sur de la Florida.

  También el 17 de mayo de 2013, recibieron una transferencia bancaria por USD 4.000.000 cuenta en Suiza a una cuenta en Estados Unidos, específicamente en el Distrito Sur de Florida.

Penalidades

  La acusación promueve que, de ser declarados culpables, a Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa se les confisque cualquier propiedad en Estados Unidos, relacionada con los delitos que se le imputan

   Si alguna propiedad sujeta a decomiso no se puede localizar, ha sido transferida o vendida a un tercero, ha disminuido su valor o se ha ubicado fuera de la jurisdicción de la corte, los Estados Unidos tendrán derecho a la confiscación de una propiedad sustituta.

[1] Tal Cual. “AP: Ex-enfermera de Chávez habría guardado oro en una bóveda secreta”. 3 de agosto de 2020. https://talcualdigital.com/ap-exenfermera-de-chavez-habria-guardado-oro-en-una-boveda-secreta/

[2] BBC Mundo. “‘Cuando Chávez ya no podía ejercer el poder, recibimos instrucciones ajenas a la ley’: Claudia Díaz Guillén, la exenfermera que quiere evitar ser extraditada a Venezuela”. 13 de diciembre de 2018. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46480037