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viernes, 1 de julio de 2022

A las demandas por incumplimiento de contrato se suman los reclamos en tribunales de EE. UU. por irregularidades en materia laboral cometidas por CITGO

  La filial de PDVSA habría violado la normativa en materia de salario mínimo y horas extras.

Por Maibort Petit

    A las múltiples demandas que enfrenta Venezuela y Petróleos de Venezuela S.A. en tribunales de los Estados Unidos por incumplimiento de contrato y otras acreencias que los acreedores esperan cobrar con acciones de CITGO Petroleum Corporation, también se agregan reclamos por irregularidades cometidas por la filial de PDVSA en territorio estadounidense en materia laboral.



 Tal es el caso de William Lucas, un ex-empleado de la refinería de CITGO en Lemont, quien exige un juicio con jurado ante Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois, para exigir todos los pagos caídos y horas extras no canceladas.

La demanda

  El 28 de octubre de 2021, William Lucas, individualmente y en nombre de todas las demás personas en situación similar, demandó a CITGO Petroleum Corporation ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois, por violación de las disposiciones legales respecto al salario mínimo y horas extras y, por tanto, exige el pago por daños y perjuicios, así como la cancelación de todos los salarios y horas extras adeudadas.



  Lucas fue empleado de CITGO Petroleum Corporation, desempeñándose en la refinería de Citgo Lemont ubicada Lemont, en el estado de Illinois. Allí trabajó como mecánico de mantenimiento desde febrero de 2008 hasta el 31 de mayo de 2021.

   Los demandantes reclaman la conducta injusta de la empresa filial d e Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y se sustentan en lo establecido en la Ley de Normas Laborales Justas (FLSA), 29 U.S.C. § 201, et seq., Illinois Ley de salario mínimo (IMWL), 820 ILCS 105/1, et seq., Ley de pago y cobro de salarios de Illinois (IWPCA), 820 115/1 et seq. y alimentado. R. Civ. P. 23, en razón de que CITGO incumplió en el pago al demandante y a otros empleados de situación similar.

  La acción legal de William Lucas abarca a la clase IMWL y los miembros colectivos son todos empleados actuales y anteriores que trabajaron para CITGO en cualquier momento en los tres años anteriores a la presentación de esta demanda.

  El demandante reclama en nombre de sí mismo y de todos los empleados por hora actuales y anteriores de CITGO, a quienes se les pagó de acuerdo con planes de bonificación no discrecionales y trabajaron por más de 40 horas semanales.

  Del mismo modo se engloba a los empleados actuales y ex-empleados de CITGO en el estado de Illinois que estaban sujetos a las políticas de deducción detalladas en la demanda.

  Se explica que, según la FLSA y el IMWL, los empleadores deben pagar a todos los empleados no exentos una prima salarial de tiempo extra de pago y media vez su tasa de pago regular durante todo el tiempo que pasan trabajando por más de 40 horas en una semana laboral determinada. A los fines de calcular la tasa de horas extras legales, la tasa de pago regular de un empleado debe incluir todos los pagos de bonificación no discrecionales. CITGO pagó al demandante, a los miembros colectivos y a los miembros de la clase de acuerdo con una política de bonificación no discrecional, es decir, el "diferencial de turno", pero no incluyó estos pagos como parte de las tarifas regulares en el pago de horas extras.

  Se destaca en la demanda, que la Ley de pago y cobro de salarios de Illinois prohíbe las deducciones que no son: (1) requeridas por la ley; (2) para beneficio del empleado; (3) en respuesta a una asignación salarial válida o orden de deducción salarial; o (4) realizado con el consentimiento expreso por escrito del empleado dado libremente en el momento en que se hicieron las deducciones. Sin embargo, CITGO hizo varias deducciones al demandante y a los miembros de la clase IWPCA las cuales no están previstas en la ley.

  Se explica que William Lucas fue compensado por hora a una tasa de aproximadamente USD 42.44 por hora y se advierte que, el como demandante, los miembros colectivos y los miembros de la clase IMWL, trabajaban regularmente más de cuarenta horas en una semana laboral determinada.

  CITGO pagó al demandante, a los miembros colectivos y a los miembros de la clase IMWL, de acuerdo con un plan de compensación de bonificación no discrecional en el que recibieron un "diferencial de turno" que opera como un aumento en el salario por hora.

  Esta compensación de bonificación diferencial de cambio pagada al demandante, los miembros colectivos y los miembros de la clase IMWL no eran discrecionales.

  Cuando los turnos semanales excedían las 40 horas, CITGO le pagó solo una vez y la mitad de su salario por hora base como compensación de horas extras y no incluyó la bonificación no discrecional del demandante como parte de su tarifa regular de pago para el propósito de computación en tiempo extra.

  Por ejemplo, durante el período de pago que finaliza el 3 de mayo de 2020, el demandante trabajó 24 horas en las que se le pagó un "diferencial de turno" de USD 0.75 por hora que se agregó a su salario por hora base de USD 42.44. Durante ese mismo período, el demandante trabajó 8 horas de tiempo extra. Sin embargo, el demandante fue compensado a solo una y media veces su tasa regular de USD 42.44 por estas horas extra y el "diferencial de turno" no discrecional no se incluyó en su tasa de pago regular para calcular su salario de horas extras.


   A William Lucas, los miembros de la clase IMWL y los miembros colectivos también se les pagó de acuerdo con un plan anual de compensación e incentivos para empleados por hora. Este plan estaba basado en el rendimiento mediante el cual a los trabajadores se les cancelaría un pago de bonificación anual o semestral basado en objetivos y métricas de rendimiento previamente comunicados. Este plan de bonificación no era discrecional.

  CITGO tampoco incluyó estos pagos de bonificación anuales o semestrales en la tasa de pago regular del demandante a los efectos de calcular las horas extras.

  Se ejemplifica en la demanda que para el año calendario 2020, el demandante ganó al menos USD 1.881,15 de conformidad con el plan de compensación e incentivos de CITGO o empleados por hora. Sin embargo, este ingreso no se consideró en la tasa de pago regular del demandante a los fines de calcular las horas extras.


  CITGO no incluyó las bonificaciones anuales de compensación e incentivos de los miembros de la clase IMWL y los miembros colectivos para empleados por hora con el propósito de calcular las horas extras.

  La demandada hizo deducciones de los salarios del demandante por equipos de seguridad, gravámenes, compensaciones y otras deducciones diversas.

  Estas deducciones no están contempladas en la ley ni fueron autorizadas por el demandante.

La exigencia del demandante

  Williman Lucas individualmente, y en nombre de todas las demás personas en situación similar, solicitaron que el tribunal establezca que CITGO violó las disposiciones de la FLSA sobre el salario mínimo y las horas extras, al no realizar estos pagos de manera adecuada; que tal acción fue deliberada; que violó las disposiciones de IMWL sobre salario mínimo y tiempo extra.

   Solicitaron que el tribunal otorgue daños en la cantidad de todos los salarios de horas extras no pagadas al demandante, a los miembros colectivos y a los miembros de la clase; igualmente que se le otorguen daños compensatorios, prejuicios e intereses posteriores al juicio sobre cualquier daño otorgado.

   También piden todos los daños legales, honorarios de abogados de intereses y costes adeudados al demandante y a los miembros de la clase bajo el IMWL e IWPCA; un premio de incentivo razonable en compensación por el tiempo que pasó tratando de recuperar salarios para los miembros colectivos y por los riesgos que asumió al hacerlo; los alivios que el Tribunal considere justos y apropiados.

  Finalmente, William Lucas, el colectivo de FLSA y la clase de Illinois exigen un juicio con jurado.

jueves, 30 de junio de 2022

Minera Rusoro insiste ante el Tribunal de Delaware que se ejecute sentencia a su favor con acciones de PDV Holding

  El monto que Venezuela adeuda a la minera canadiense ya ronda los USD 1.600 millones.

Por Maibort Petit

   La minera canadiense Rusoro Mining Limited brega con insistencia ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware, a objeto de que se proceda a la ejecución de la sentencia a su favor en contra de la República Bolivariana de Venezuela, que reconoció sus derechos en la disputa por la expropiación de sus activos en territorio venezolano ocurrida en 2011.

  En las múltiples acciones que ha tenido este caso, Venezuela había iniciado, el 1 de junio de 2021, un nuevo procedimiento ante la Corte de Apelaciones de París en procura de que se anulara el laudo que favoreció a Rusoro.

  El pasado 7 de junio, dicha Corte de apelaciones de París rechazó totalmente esta segunda acción de Venezuela para anular el laudo arbitral del 22 de agosto de 2016, el cual favoreció a Rusoro por un monto de USD 967.77 millones más intereses, una cifra que en la actualidad ya supera los USD 1.600 millones[1].

  En esta entrega presentamos las últimas acciones que han tenido lugar en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware donde se lleva la causa.

Rusoro pide ejecutar sentencia a su favor

  El 9 de febrero de 2022, Robert Craig Martin, de la firma DLA Piper LLP, en virtud de que a su criterio ha transcurrido un tiempo razonable luego de haberse dictado sentencia en favor de su representada, Rusoro Mining Limited y en contra de la República Bolivariana de Venezuela, solicitó que el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware autorice la emisión de una orden de embargo Fieri Facias.

  Tal pedimento se formuló de conformidad con 28 U.S.C. § 1610(c), Regla 69 de las Reglas Federales de Procedimiento Civil, 10 Del. C. § 5031, y 8 Del. C. § 324 y de 28 U.S.C. § 1610(c).

  El abogado refiere en su solicitud que Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), es un alter ego del Estado venezolano, por lo que estima que la Sentencia puede ejecutarse contra las acciones de la corporación de Delaware PDV Holding Inc. (PDV-H), filial de la estatal petrolera venezolana.

 Además, cree que se debe autorizar la emisión y notificación de una orden de embargo fieri facias a favor de PDV-H contra sus acciones, las cuales son propiedad de PDVSA, así como contra cualquier otro bien o derecho que la referida empresa pueda tener en relación con su titularidad sobre dichas acciones.

Relación con su titularidad sobre dichas acciones

  Se indica en el escrito que el 5 de noviembre de 2021, Rusoro registró una sentencia que refleja la decisión dictada el 2 de marzo de 2018 en la causa denominada Rusoro Mining Limited contra la República Bolivariana de Venezuela, caso 16-cv-2020, ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, cuyo titular es el juez Richard J. León. Esta sentencia, en a favor de Rusoro y contra Venezuela, permanece insatisfecha.

  En tal sentido, Rusoro solicita al Tribunal emitir una orden que autorice la emisión de una orden de embargo fieri facias a PDVH, adjuntando las acciones de la misma que pertenecen a PDVSA, como alter ego de Venezuela, junto con cualesquiera otros derechos o bienes inherentes a ese interés de propiedad que puedan pertenecer a PDVSA.

  También pidieron a la Corte que se instruya al Secretario del Tribunal para que emita la orden de embargo fieri facias en instruya al Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos para que proceda a la notificación a PDV-H. La orden estará condicionada a que el Tribunal reciba pruebas de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros ha autorizado dicha emisión y notificación o ha eliminado la prohibición y las sanciones actualmente vigentes que impiden la emisión y notificación de dicha orden judicial.

Declaración jurada

  En la misma fecha, 9 de febrero de 2022, Charlene C. So, emitió una declaración jurada en su carácter de abogada de la firma DLA Piper LLP, la cual representa a la demandante y acreedora del fallo a su favor, Rusoro Mining Limited, en la causa que mantiene contra la República Bolivariana de Venezuela, en apoyo de la petición de una orden que autorice la emisión de una orden judicial de embargo Fieri Facias y la conclusión de que ha pasado un tiempo razonable para ejecutar la sentencia de conformidad con 28 U.S.C. §1610(c).

  Charlene C. So narra que el 17 de julio de 2012, Rusoro inició un procedimiento de arbitraje contra la República Bolivariana de Venezuela de conformidad con el Reglamento de Arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones y el Acuerdo del 1 de julio de 1996 entre la Gobierno de Canadá y el Gobierno de la República de Venezuela para la Promoción y Protección de Inversiones, alegando que Venezuela había expropiado su inversión sin pago de compensación.

  Refiere que, posteriormente, el 22 de agosto de 2016, un tribunal arbitral emitió un laudo final y legalmente vinculante en favor de Rusoro, el cual ordenó a Venezuela a pagar casi USD 1 mil millones en daños, más intereses, a la primera en razón de la expropiación de los activos de la minera por parte del gobierno venezolano.

  En procura de hacer cumplir el laudo, Rusoro inició procedimientos y el 2 de marzo de 2018, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia reconoció el Laudo y dictó sentencia a favor de Rusoro y contra Venezuela por la suma de USD 967.777.002. A esta suma debían sumarse los intereses que dispusiera el tribunal arbitral; los intereses posteriores al fallo, de conformidad con 28 U.S.C. § 1961, acumulable hasta la fecha de pago; así como y las costas dispuestas por el tribunal arbitral, por la suma de USD 3.302.500.

  Después de que el Tribunal de D.C. dictara la Sentencia, las partes negociaron un acuerdo de conciliación mediante el cual Venezuela acordó pagar a Rusoro cuotas periódicas de acuerdo con un cronograma de pagos acordado a cambio de la liberación total del Laudo (el “Acuerdo”). Venezuela acordó pagar a Rusoro una cuota inicial en noviembre de 2018.

 Dado que Venezuela no ha realizado un solo pago según el cronograma de pagos acordado por las partes, lo que resultó en un incumplimiento en virtud del Acuerdo, Rusoro retuvo su derecho a reanudar la ejecución legal y la satisfacción del Laudo.

  La abogada recuerda que luego de aceptar la Transacción Judicial, Venezuela siguió intentado anular el Laudo en los tribunales de Francia, la sede del arbitraje. El 29 de enero de 2019, la Corte de Apelaciones de París anuló parcialmente la parte del Laudo por daños y perjuicios y confirmó la conclusión del tribunal arbitral sobre el fondo de que Venezuela había expropiado ilegalmente las inversiones de Rusoro. Después, el 31 de marzo de 2021, la Corte Suprema de Francia revocó la decisión de la Corte de Apelaciones de París que anuló la parte del Laudo por daños y perjuicios y restableció el Laudo en su totalidad. El 1 de junio de 2021, Venezuela inició un nuevo procedimiento en París mediante el cual pretende que se anule el Laudo donde plantea las mismas causales de anulación que ya había planteado en la primera acción de anulación. El Tribunal de Apelaciones de París fijó una audiencia sobre esta nueva acción para el 19 de abril de 2022 y para pronunciarse a fines del verano de 2022.

  A esta declaración, la abogada anexó una serie de documentos para sustentar cada una de las partes expuestas.

Rusoro insiste ante el tribunal

  El 1 de marzo de 2022, Robert Craig Martin, remitió al juez Leonard P. Stark una comunicación para reiterar sus pedido anterior, así como su argumentación y las notificación entregadas a las partes.

Rusoro reitera pedido al juez Stark

   El 6 de abril de 2022, Robert Craig Martin, de la firma DLA Piper LLP, remitió una comunicación al juez Leonard P. Stark, titular de la causa entre Rusoro Mining Ltd. y la República Bolivariana de Venezuela en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware, para pedir una orden de autorización de un Auto de Embargo Fieri Facias y la Determinación de que ha transcurrido un plazo razonable para ejecutar la sentencia de conformidad con 28 U.S.C. § 1610(c) (D.I. 2), presentada el 9 de febrero de 2022.

   Asimismo, pidió al juez pidió al juez Stark autorizar la presentación de un exceso de páginas para el Memorándum de Ley de Rusoro en Apoyo al Recurso de Ejecución, una solicitud que fue concedida el 2 de marzo de 2022.

  Se refiere en la comunicación que Rusoro notificó las Mociones enviando copias impresas, junto con todos los documentos de respaldo, por correo urgente a las personas que representaban la sentencia, el deudor República Bolivariana de Venezuela, la parte interesada Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), y embargado PDV Holding Inc. (PDVH), las cuales fueron entregadas el 11 de febrero de 2022. Asimismo, el 10 de febrero de 2022, Rusoro entregó copias de las Mociones y documentos de respaldo del Agente Registrado de PDV-H, Corporation Trust Company, en 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801.

  Craig la manifestó al juez que habiendo transcurrido siete semanas de las notificaciones, ninguna de las partes había manifestado su intención de comparecer, aun cuando el tiempo era suficiente para ello. Subrayó el abogado que Venezuela, PDVSA y PDV-H tienen conocimiento de la Solicitud de Ejecución, puesto que este procedimiento se menciona expresamente en un Informe de Estado Conjunto reciente presentado en otros procedimientos de acreedores pendientes ante la Corte.

  Advierte el abogado la necesidad de que el tribunal reciba la autorización de la OFAC. También. Alerta al magistrado de que la reparación solicitada es consistente con la que el Tribunal otorgó recientemente a ConocoPhillips al dictar una orden que “autoriza la eventual emisión de una orden judicial de embargo condicionada a la recepción de evidencia de que obtuvo una licencia específica de la OFAC o de que el régimen de sanciones ha cambiado materialmente”.

Rusoro rebate interpretación de PDVSA

  El 5 de mayo de 2022, Robert Craig Martin envió una comunicación al juez Leonard P. Stark, para responder a la correspondencia del interventor putativo de PDVSA al Tribunal de fecha 28 de abril de 2022, respecto a la reciente decisión del Tribunal Supremo en Cassirer v. Thyssen-Bornemisza Collection Foundation. PDVSA interpreta que la determinación de la Corte en Crystallex Int'l Corp. contra la República Bolivariana de Venezuela, de que el velo corporativo entre PDVSA y Venezuela debería ser ignorado era incorrecto porque debía haberse aplicado la ley de Delaware, no la federal. Tal interpretación a los ojos de la representación de Rusoro, es incorrecta.

   El abogado de Rusoro alerta a la Corte que, de acuerdo a su visión, nada en la decisión Cassirer sugiere, y mucho menos sostiene, que la Corte Suprema pretendiera desplazar el estándar de derecho consuetudinario federal que estableció la jurisprudencia para determinar si se debe levantar el velo corporativo entre una instrumentalidad estatal extranjera y su gobierno matriz. Destaca que Cassirer no involucró ninguna teoría de levantamiento del velo, sino que más bien se refería al cuerpo de leyes que debería aplicarse para determinar las reclamaciones de propiedad de derecho estatal en cuestión. Indicó que la Corte Suprema sostuvo simplemente que la Sección 1606 de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) exige que, una vez que se haya derogado la inmunidad de un instrumento estatal extranjero, el tribunal debe aplicar la misma elección de ley que se aplicaría a determinaciones de responsabilidad sustantiva en una demanda similar entre partes privadas.

  Luego de rebatir los argumentos esgrimidos por PDVSA, Robert Craig precisó que la ley dispone que “[e]n cuanto a cualquier demanda de reparación con respecto a la cual un Estado extranjero no tenga derecho a inmunidad..., el Estado extranjero será responsable de la misma manera y en la misma medida que un particular en cómo las circunstancias.”

  Finalmente, el abogado de Rusoro deja sentado su criterio de que la decisión en Cassirer de ninguna manera cuestiona la aplicación de los principios del derecho consuetudinario federal por parte del tribunal y del Tercer Circuito a la cuestión de si PDVSA tiene derecho a separar el estatus legal de Venezuela.

La orden del juez

  15 de junio de 2022, el juez Leonard P. Stark, concedió la moción de intervención de PDVSA, la cual no tiene oposición.

   Asimismo, concedió la petición de Rusoro de una orden judicial de embargo en la medida en que el Tribunal sostiene que, de conformidad con la Sección 1610(c) de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras, ha transcurrido un tiempo razonable después de la entrada de una sentencia en favor de Rusoro y contra la República Bolivariana de Venezuela, y sin embargo Rusoro no ha sido pagado. En todos los demás aspectos, el juez Stark dejó en suspenso la moción de Rusoro, hasta que la Corte emita una nueva orden, lo cual, probablemente, no se producirá hasta después de que el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito determine si certificará una apelación interlocutoria de las decisiones recientes en el caso relacionado.

  El juez Stark advirtió que esta resolución no coloca a Rusoro en ninguna desventaja en relación con los demás acreedores de Venezuela.

   Finalmente, se concedió la solicitud de PDVSA de que se suspenda la sesión informativa sobre la moción de Rusoro, sujeta a cualquier otra orden de la Corte.

[1] Primer Informe. “Corte de París rechaza segunda apelación de Venezuela por expropiación ilegal de minera Rusoro”. 9 de junio de 2022. https://primerinforme.com/dinero/corte-de-paris-rechaza-segunda-apelacion-de-venezuela-por-expropiacion-ilegal-de-minera-rusoro/

miércoles, 22 de junio de 2022

Así se iniciaron las contrataciones de preventa de crudo por parte de Petroecuador a empresas chinas durante el gobierno de Rafael Correa

  Los contratos suscritos con Petrochina establecieron condiciones ampliamente desfavorables a la nación ecuatoriana. Aquí damos a conocer algunas de ellas.

Por Maibort Petit

   El contrato inicial con Petrochina y los dos siguientes establecieron la norma que a partir de entonces regiría en las operaciones entre EP Petroecuador y la empresa china, caracterizados por lo turbio e irregular. Estos convenios establecidos en el gobierno de Rafael Correa suponían el fin de la intermediación petrolera, pero muy por el contrario terminaron exacerbándola.

   En varias entregas hemos hechos referencia a varios de los tópicos contemplados en el informe de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional del Ecuador en el Informe “Petrochina: Deuda pública y Comercialización de petróleo”. En esta damos a conocer los detalles de tres de los contratos que rigieron con la referida empresa china dados a conocer por el ente legislativo ecuatoriano.

Correa ordena a Petroecuador firmar contrato Petrochina

  En primer lugar, el informe parlamentario hace referencia al contrato de preventa 2009-433 26, el cual establecía la negociación entre Petroecuador y Petrochina International Company Limited.

  Lo primero que resalta la Comisión de Fiscalización y Control Político es el hecho de que Rafael Correa ordenó a la estatal petrolera ecuatoriana, EP Petroecuador, responder de “forma positiva” la propuesta económica que establecía un primer desembolso de USD 1.000 millones atada a la venta anticipada de crudo.

    Para emitir dicha respuesta positiva, Petroecuador procedió a pedir el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado el 20 de julio de 2009, así como del ex-secretario jurídico, Alexis Mera. Transcurridos tres días de esto, se suscribió el primer contrato de preventa de petróleo el 23 de julio de 2009 y con ello se “comprometió la entrega de 69,12 millones de barriles de crudo (2,88 millones de barriles mensuales) con un premio de USD 1,25 por barril para el crudo Oriente y USD 1,30 para el Napo”. Por Petroecuador firmó el entonces presidente ejecutivo de la empresa, Luis Jaramillo Arias, mientras que por Petrochina lo hizo Zhang Tao.

 Subraya el informe parlamentario que este contrato que fue catalogado por Rafael Correa como la primera venta anticipada con Petrochina, en realidad era el “primer crédito que se pedía a China con interés anual del 7,25 por ciento a dos años de plazo.

  Sostiene el informe que se trataba de una línea de crédito “maquillada como preventa” que significó el inicio del endeudamiento garantizado con recursos naturales.

 Se advierte que Petrochina violó el contrato cuando entregó el petróleo recibido por Petroecuador a Petroperú, lo cual llevó a cabo a través de las intermediarias Castor Petroleum y Taurus Petroleum. Tal señalamiento lo hace la comisión parlamentaria, en razón de que la cláusula de destino del contrato restringía la venta del petróleo ecuatoriano en el mercado natural de Petroecuador, a saber, la costa pacífica-línea ecuatorial), pero los conocimientos de embarque e información entregada por Petroperú al ente legislativo demostraron la realidad antes descrita.

  Los Papeles de Panamá dieron a conocer que, en esta primera preventa de crudo, empresas privadas recibieron pagos indebidos por cada barril de petróleo comercializado bajo su letra. Específicamente se estableció que se pagó USD 1 por barril a los empresarios ecuatorianos Enrique Cadena Marín y Jaime Baquerizo Escobar “por ayudar en la negociación”.

  Una investigación del diario El Universo descubrió que el crudo vendido a Petrochina terminó en manos de la empresa suiza Castor Petroleum Limited, la cual es propiedad de la multinacional petrolera Gunvor. La cláusula que estableció el libre destino del crudo permitió el negocio de la reventa bajo el control de Guvnor, a través de las empresas Core Petroleum, Castor Petroleum, Taurus Petroleum y Ursa Shipping.

 Raymond Kohut, ex-empleado de Guvnor, se declaró culpable en el Tribunal para el Distrito Este de Nueva York de conspiración para cometer lavado de dinero. Kohout participó en un esquema corrupto mediante el cual se sobornó a funcionarios de Petroecuador[1] para que éstos aprobaran contratos a las empresas chinas. El hombre reconoció el pago de USD 70 millones en coimas.

Se establece el “libre destino” como norma

  Con la firma del Decreto 466 a que hicimos referencia en entrega anterior, se dio plataforma a los convenios a cuatro partes, dentro de los cuales encontramos la Línea de Crédito I por USD 1.000 millones el cual, igualmente, estaba sustentado en el Acuerdo Marco del 12 de junio de 2010, que permitía el financiamiento del “Programa de Inversión Multisectorial para Infraestructura a través del Financiamiento del Plan Anual de Inversiones y el Manejo Presupuestario 2010-2011”.

  El crédito fue aprobado el 23 de agosto de 2010 por el Comité de Deuda y Financiamiento a través del Acta Resolutiva Nº 09, la cual estableció que la tasa de interés anual del préstamo de USD 1.000 millones sería del 6 por ciento, más el 1,07 por ciento correspondiente a la comisión de gestión sobre el monto.

 Se estipuló que los recursos del préstamo se entregarían en dos tramos: el Tramo A, de libre disponibilidad, por USD 800 millones y el Tramo B por USD 200 millones, los cuales estarían destinados a “proyectos de inversión” con contratistas chinas. El crédito debía ser pagado en cuatro años.

  Refiere el informe parlamentario que la citada línea de crédito tenía como contraparte el contrato identificado con el número 2010-253, suscrito en Pekín el 31 de agosto de 2010. Estamparon su rúbrica, quien fungía como gerente general para la fecha, Manuel Zapater, mientras que por China firmó Zhao Yong, vicepresidente de Petrochina International Company.

  Según este contrato, Petroecuador se comprometió a entregar 52,6 millones de barriles de crudo en cuatro años. El precio del barril de crudo debía calcularse bajo la siguiente fórmula:

PF= WTI +/- Diferencial + Premio.

El premio para el crudo Napo y Oriente se fijó en USD 0,51 centavos.

Contraviniendo lo establecido en la normativa de comercio internacional de Petroecuador, la cláusula “Destino” del crudo estableció el “Libre destino a opción del comprador”. La normativa de la estatal establece que los lotes de crudo debían destinarse exclusivamente a las refinerías de las empresas estatales. A partir de esta contratación todas las siguientes se hicieron en los mismos términos.


El su informe DA3-0015-2012 38 de la Contraloría General del Estado determinó que en el contrato 2010-253 incumplió el artículo 62 De la Comercialización Internacional, literal g) De los Destinos en los Crudos en los Contratos de Crudo, del Proceso de Comercialización de la Normativa de Gestión.

Los destinos reales

  El informe de la Comisión de Fiscalización y Control Político refiere que las dos primeras preventas de crudo no tuvieran como destino como era de suponerse, sino que los nueve embarques que comprendieron las mismas se dirigieron a Panamá, Japón y Estados Unidos.

  El informe de la Contraloría del 25 de marzo de 2013, refiere que el examen practicado al proceso precontractual, contractual y ejecución del convenio y contratos de compra-venta de Crudo Oriente y Napo entre Petroecuador y la compañía Petrochina International Company Limited reconoció su imposibilidad para identificar los nombres de los accionistas de Petrochina que participaron en la comercialización externa del crudo ecuatoriano. Tampoco se pudo comprobar que los destinos de estos embarques hayan sido sus refinerías o sus instalaciones.

  Los conocimientos de embarque revelaron que el contrato de flete estaba garantizado por la empresa Taurus Petroleum Limited.

  Igualmente se determinó que con estos contratos (2009-433 y 2010-253) Ecuador perdió USD 39,1 millones por la venta de crudo con ganancias y diferenciales inferiores a los del mercado internacional.

Modificación del contrato a Petrochina

  El 25 de enero de 2011 se firmó el contrato 2011-048 el cual ampliaba el contrato de preventa 2009-433, con una vigencia de dos años y que estableció la entrega de 71,2 millones de barriles a cambio de USD 1.000 millones a una tasa de 7,08 por ciento anual que se entregarían a Petrochina a partir de febrero de 2011.

  El contrato contempló la modalidad que debía seguirse cuando existieran “montos insatisfechos” instruyendo que luego de una segunda notificación por parte de Petrochina a Petroecuador sobre los montos de cobro, la compradora podía ir al Centro Internacional de Peritaje de la Cámara de Comercio Internacional, en París, a pedir que un perito determinara los valores. Estipulaba que, si los valores quedaban en firme, Petroecuador debía autorizar a Petrochina a cobrar a su nombre “cualquier saldo adeudado a Petroecuador por sus clientes internacionales bajo cualquier acuerdo de suministro de petróleo crudo existente hasta el monto en dólares”, equivalente al “Monto Insatisfecho”.

[1] Reuters. “Former Gunvor employee pleads guilty in Petroecuador bribery case”. 67 de abril de 2021. https://www.reuters.com/article/us-usa-petroecuador-corruption-plea-idUSKBN2BT2DR


martes, 21 de junio de 2022

Caso de Cliver Alcalá Cordones se maneja en Corte de Nueva York bajo el mayor hermetismo

Por Maibort Petit

   Luego de que el pasado 12 de mayo del presente 2022 la representación legal de Cliver Alcalá Cordones exigiera ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, una mayor producción de material de Brady, el juez titular, Alvin K. Hellerstein, ordenó que las definiciones de relevancia presentadas bajo sello, se definan en una conferencia ex parte el próximo 21 de julio, a puerta cerrada.

    En esa ocasión se resolverá la moción pendiente del gobierno bajo la Sección 4 de la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (CIPA), 18 U.S.C. aplicación. III, y Fed. R. Crim. P. 1 6(d)(1), para retener o resumir documentos que de otro modo se producirían.

  La cita será el citado 21 de julio de 2022 a las 14:30 horas, a puerta cerrada, en la Sala de Cámaras 1050 para allí establecer y aceptar las definiciones de relevancia prima facie de la moción pendiente del demandado para exigir el material Brady.

  En ese encuentro, la fiscalía expondrá sus para que no se produzcan los documentos o que se produzcan con sustituciones. De ser esta última la decisión, el gobierno deberá explicar cómo dichas sustituciones proporcionarían al acusado la misma capacidad para hacer su defensa que con la divulgación de la información clasificada especificada.



lunes, 20 de junio de 2022

Conozca los detalles más importantes del vuelo del avión de Emtrasur detenido en Argentina.

  Una serie de incidentes ponen en duda los alegados propósitos expresados por la tripulación de la aeronave. Aquí los damos a conocer.

Por Maibort Petit

   Una serie de incidentes ponen en duda los alegados propósitos expresados por la tripulación de la aeronave. Aquí los damos a conocer.

    El pasado 8 de junio las autoridades argentinas procedieron a retener el avión Boeing 747 Dreamliner de la Empresa de Transporte Aerocargo del Sur S.A. (Emtrasur), una aerolínea venezolana adscrita al Ministerio de Transporte y filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, S.A. (Conviasa) y, desde entonces, se ha desatado una ola de acontecimientos y especulaciones en torno al vuelo que constaba una irregular tripulación para una aeronave de carga, la cual estaba conformada por 19 personas, cinco de ellas tienen nacionalidad iraní. El último de estos acontecimientos fue allanamiento del avión por orden de un juez.
  El referido allanamiento tuvo lugar este jueves 16 de junio cuando funcionarios judiciales, acompañados por agentes de policía, procedieron al abordaje de la aeronave de Emtrasur con el objeto de recabar indicios que revelen a las autoridades la intención de la peculiar tripulación integrada por 14 venezolanos y 5 iraníes, a quienes previamente se les retuvo sus pasaportes.

    El operativo judicial tuvo lugar en una pista secundaria en desuso del aeropuerto bonaerense, un procedimiento que se efectuó en la parte trasera del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, conocido comúnmente como Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el cual sirve a la ciudad de Buenos Aires, la capital argentina.

   El procedimiento procuró hacerse lejos del público y en el mismo participaron un funcionario del juzgado federal de Lomas de Zamora de Federico Villena y efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria[1].

  Este acto obedeció a una orden emanada por el juez encargado del caso, Federico Villena, quien determinó la custodia de la aeronave y exigió ser informado de todo movimiento del avión. Villena, en conjunto con la fiscal Cecilia Incardona, se encontrarían pesquisando las pruebas, para lo cual estimaron como fundamental el registro de avión venezolano-iraní. Se quiere establecer si alguno de los miembros de la tripulación del vuelo de Emtrasur mantiene alguna vinculación con el terrorismo internacional, especialmente se quiere indagar si están ligados a la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán.

  El juez Villena, antes del allanamiento de la aeronave, había dispuesto la requisa del hotel donde se alojan lo miembros de la tripulación, esto para recabar toda la documentación relacionada con el avión, al igual que las pertenencias y pasaportes de estos. Al mismo tiempo, estableció la prohibición de salida del país de los miembros de la aeronave[2].

Lo que alega la tripulación

  También este 16 de junio se pronunció la tripulación para manifestar su malestar por la revisión de que fueran objeto el miércoles 8 de junio por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

  Aseguraron no hay nada irregular en su vuelo y explicaron que lo numeroso de la tripulación se debe a que los 14 venezolanos recibían entrenamiento de los 5 iraníes acerca del manejo del Boeing.

   Datos provenientes de fuentes de la defensa de la tripulación habrían confirmado la información vertida en un documento informal que supuestamente recogía lo sucedido con el avión según la versión de los miembros del Boeing 747 Dreamliner de Emtrasur.

  Se conoció que habrían asegurado que el avión cuenta con todos los permisos, plan de vuelo autorizado, que pasaron por todos los controles migratorios en tres oportunidades sin que las autoridades detectaran irregularidad alguna, al tiempo que la carga fue escaneada por Aduana. Se quejaron de no saber cuál de qué se les acusa[3].

La aeronave

  Sobre esta aeronave —Boeing 747 Dreamliner de la Emtrasur— se sabe que fue registrada como parte de la flota de la referida aerolínea, el 23 de enero de 2022, pero la misma fue propiedad por 15 años de la línea aérea iraní Mahan Air, acusada por Estados Unidos ser parte de una organización terrorista.

   Asimismo, EE. UU. desde octubre de 2011 considera a Mahan Air la proporciona apoyo financiero, material o tecnológico a la Guardia Revolucionaria iraní Al Quds, tenida por el gobierno estadounidense como un grupo terrorista.

  Del mismo modo, se estableció que el avión arribó a tierras argentinas el 6 de junio, procedente de México, aterrizó en Córdoba y, posteriormente, en Buenos Aires.

  Luego, el 8 de junio, el avión quiso volar a Uruguay, un propósito que no pudo cumplir en razón de que se le denegó el aterrizaje, después de volar en círculos sobre el Río de La Plata, decidió volver a Ezeiza.

  Se maneja también la tesis de que la aeronave habría estado en Ciudad del Este, una localidad de la Triple Frontera, un lugar catalogado por Estados Unidos como centro del terrorismo mundial y del crimen internacional organizado.

  Mahan Air fue sancionada por el Departamento del Tesoro de EE. UU.  en agosto de 2020, alegándose que, por años, los vuelos de esta “han transportado terroristas y carga letal en el Medio Oriente. En la actualidad, la línea iraní opera vuelos chárteres a Venezuela “para técnicos y equipos técnicos iraníes, utilizando materiales provenientes de China. Este esquema apoya los esfuerzos del régimen ilegítimo de Maduro para revivir su producción de energía, languideciente por su corrupción y mala gestión. Según los informes, el Gobierno de Venezuela está pagando por este apoyo con lingotes de oro directamente del Banco Central de Venezuela, oro que pertenece al pueblo venezolano”[4].

Los cinco iraníes

  Mohammad Khosraviaragh, Gholamreza Ghasemi, Mahdi Mouseli, Saeid Vali Zadeh y Abdolbaset Mohammadi, son los ciudadanos iraníes que forman parte de la tripulación del Emtrasur venezolano.

  El experto en temas de seguridad, Joseph Humire, maneja la tesis de la existencia de un sexto tripulante iraní, de acuerdo a fuentes por él consultadas[5].

  Se sabe que el juez Villena quiso obtener toda la documentación de estas personas, así como los dispositivos electrónicos de los mismos, que ayudaran a determinar sus propósitos, y por ello ordenó el allanamiento del hotel en donde se encontraban alojados en Buenos Aires. Una decisión que adoptó el magistrado después de escuchar a la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), organización que le pidió investigar si los iraníes guardaban alguna vinculación con las fuerzas Al-Quds. Cabe destacar que Argentina, a diferencia de los EE. UU., no ha incluye a este grupo en su lista de sospechosos de terrorismo[6].

  Sobre este caso, Aníbal Fernández, ministro de Seguridad, dijo que el nombre de uno de los tripulantes del vuelo de Emtrasur coincide con el de un miembro de Al-Quds. Esta persona sería familiar del ministro de Interior de Irán, un miembro de la Guardia Revolucionaria[7].

  También comentó que resultó extraño que mientras el avión voló entre Córdoba y Buenos Aires, lo hizo "con el transponder apagado, como si quisiera no ser localizado"[8].

  Previamente, el 13 de junio, este avión de Emtrasur, estuvo en Paraguay, específicamente en el Aeropuerto Guaraní de Ciudad del este. El ministro del interior paraguayo, Federico González, dijo que la tripulación la conformaban 18 personas, de los cuales seis eran iraníes y 12 venezolanos. Agregó que algunos de sus nombres coinciden con los de los tripulantes que ingresaron a Argentina. En Paraguay se prohibió a la aeronave venezolana sobrevolar su espacio aéreo y alertó a los servicios de inteligencia regionales, sobre la situación de esta aeronave[9].

  Otras informaciones señalan que el piloto del avión, Gholamreza Ghasemi, es un miembro histórico de los Quds, refiriendo que en Irán cuando estos profesionales cumplen con su servicio, “quedan a cargo de alguna unidad de negocios. Ghasemi, un oficial de la Fuerza Aérea y piloto de guerra, estuvo al frente de la compañía Qeshm Fars Air controlada por el IRGC. Esa aerolínea de carga operó entre 2006 y 2013 hasta que detuvo sus operaciones, supuestamente, por “mala gestión”. Pero fue reactivada cuatro años más tarde, en marzo de 2017, con dos aviones Boeing 747-281F Combi que pueden ser utilizados para pasajeros y carga como el que ahora piloteó Ghasemi y tuvo que dejar estacionado en Ezeiza. Aunque es un avión bastante más viejo: tiene 36 años y más de 84.000 horas de vuelo”[10].

  El mismo ministro argentino de seguridad, Aníbal Fernández, descartó días después que Gholamreza Ghasemi pertenezca a las fuerzas Al Quds de la Guardia Revolucionaria[11]. El gobierno argentino ha tratado de dar por terminado el caso dejando por sentado que los cinco iraníes eran instructores de vuelo del resto de la tripulación integrada por venezolanos.

   Pero con la opinión del ministro de seguridad argentino no está de acuerdo el ministro de Inteligencia del Paraguay, Esteban Aquino, quien aseguró que Gholamreza Ghasemi está vinculado a la Fuerza Quds iraní. “Él ha estado acá (en Paraguay). Estuvo en nuestro territorio y eso es algo que sigue abierto y en investigación (…) La presencia de esa persona, de acuerdo a lo que sabemos y confirmaron agencias aliadas, es que se trata de una persona vinculada al Quds, sin ninguna duda. No es parecido, homónimo ni nada. Es preocupante”, sostuvo[12].

   Cinco días después del incidente con Emtrasur, otro vuelo, esta vez de Skylease, una empresa con sede en Miami y oficinas en Greensboro, Carolina del Norte, completó el transporte de la carga total de cerca de 48 toneladas en autopartes que anteriormente transportaba la aeronave venezolana[13].

Los venezolanos

  Entretanto, los venezolanos serían Mario Arraga Urdaneta, Víctor Pérez Gómez, Victoria Valdiviezo Marval, José Garcia Contreras, Vicente Raga Tenias, José Ramírez Martínez, Zeus Rojas Velásquez, Jesús Ladenta Oraa, Armando Marcano Estreso, Ricardo Rendón Oropeza, Albert Ginez Pérez, Ángel Marín Ovalles, Nelson Coello y Cornelio Trujillo Candor.

  Este último, Cornelio Trujillo Candor, es un teniente coronel retirado de la aviación, egresado de la Academia Militar de Venezuela en 1979 en la promoción “Mayor (F) Buenaventura Vivas Guerrero”, participó de la intentona golpista del 27 de noviembre de 1992. Formó parte de los pilotos de Conviasa hasta el 30 de abril de 2021[14].

Venezuela acusa a Uruguay

  Hasta recién, no había habido un pronunciamiento oficial, ni del gobierno de Nicolás Maduro, ni de la propia aerolínea estatal Conviasa y su filial Emtrasur, sino la posición expuesta por la tripulación y sus abogados.

   Sólo el diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela por el partido oficialista PSUV, William Fariñas, se pronunció sobre lo afirmado por el exministro de Defensa y actual director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, quien dijo que “Los iraníes que estaban dentro del avión son instructores. Al menos cinco de ellos, junto a 14 venezolanos -un grupo de 19 personas- estaban instruyendo a dos tripulaciones para ese avión”[15].

  Fariñas catalogó lo sucedido como una “gran patraña” y una agresión. “Detrás de esto hay una gran patraña. Lamentablemente todavía hay en el fuero interno de algunos sectores de la República Argentina una animadversión contra el gobierno bolivariano, contra Venezuela. Eso es lo lamentable de esta situación. Son agresiones”, argumentó Fariñas.

  Refirió que “Nosotros estamos haciendo esto de manera lícita. Ningún avión despega de Maiquetía si no está ajustado al derecho internacional en materia aeronáutica, con todo el fundamento y los protocolos para eso, con nuestros pilotos entrenados. ¡Es un avión de carga! Todo eso está protocolarizado. Cada envío que se hace no van a pretender que nosotros estamos haciendo un envío indebido. Conviasa es una empresa bien seria”.

Aseguró que los pilotos venezolanos están entrenados[16].

  Fue sólo hasta este jueves cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores dijo mediante un comunicado culpó al gobierno de Uruguay por haber prohibido el sobrevuelo de su territorio a la aeronave venezolana.

“Venezuela rechaza categóricamente el irresponsable manejo que ofreció la autoridad aeronáutica del Uruguay, al revocar el permiso de sobrevuelo otorgado a la empresa venezolana Emtrasur, mientras que la aeronave se encontraba en el aire, cumpliendo el itinerario entre el Aeropuerto Internacional de Ezeiza Argentina-Montevideo-Caracas, para hacer su escala técnica de abastecimiento. La tripulación de la aeronave se vio obligada a retornar inmediatamente hacia el aeropuerto de Ezeiza en Argentina, no contando con el combustible reglamentario, poniendo en grave riesgo la vida de la tripulación”.

  Por esta negativa exigió “explicaciones sobre este terrible hecho” al tiempo que advirtió que “pudo haber ocasionado una tragedia, pérdidas humanas y daños para ambas naciones”[17].

Irán: consecuencia de las tensiones nucleares

   Por su parte, el gobierno de Irán, a través del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Said Khatibzadeh, atribuyó el hecho a las tensiones existentes entre la nación islámica y Occidente por las cuestiones nucleares.

  Dijo que la detención del avión de Emtrasur forma parte de la una “operación de propaganda”.

”Las últimas semanas están llenas de propaganda, operaciones psicológicas, guerra de palabras para provocar un sentimiento de inseguridad (en Irán) y este caso forma parte de ello”, sostuvo Khatibzadeh, quien a manera de un lavatorio de manos dijo: “Creo que hace más de un año, según la compañía (iraní) Mahan Airlines, que el avión fue vendido a Venezuela”[18].

EE. UU. e Israel atentos

  Ante estos hechos, las administraciones de los Estados Unidos e Israel se mantienen alertas y expresaron a través de sus voceros que se mantienen atentos al caso del avión de Emtrasur.

“Seguimos con gran interés las investigaciones judiciales y policiales de la tripulación y el avión, y agradecemos los esfuerzos investigativos de las autoridades argentinas para esclarecer la situación”, manifestó Marc R. Stanley, quien ejerce como embajador de Estados Unidos en Buenos Aires.

  Por su parte, la embajada israelí en Argentina dejó establecida su preocupación por “la actividad de las compañías aéreas iraníes Mahan Air y Qeshm Fars Air en América Latina, empresas que se dedican al tráfico de armamento y al traslado de personas y equipos que operan para la Fuerza Quds, las cuales están sancionadas por Estados Unidos por estar involucradas en actividades terroristas”.

“Habiendo sido la República Argentina víctima de dos atentados terroristas perpetrados por Irán, el Estado de Israel considera que la postura firme de Argentina constituye un mensaje importante a Teherán para que no vuelva a intentar actuar en suelo argentino ni en ningún otro país de la región”[19].

Otro avión desviado a Bolivia

   Y mientras estos hechos ocurrían en suelo argentino, otro avión con tripulación iraní, un Airbus A340-642 con matrícula YV-3535, propiedad del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), que antiguamente surcaba los cielos ondeando la bandera de Irán, fue desviado a Bolivia para impedir un incidente similar al ocurrido con la aeronave de Emtrasur.

   El hecho ocurrió el 15 de junio en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz de la Sierra, cuando se alteró la ruta original Caracas-Buenos Aires. EL vuelo tenía el propósito de recoger a los 19 tripulantes del avión retenido, pero el plan se alertó repentinamente y se quedó en Viru Viru y su tripulación, en la que también había ciudadanos iraníes, tomó un vuelo de Boliviana de Aviación a Buenos Aires[20].

  Pero Argentina impidió que el vuelo de Boliviana de Aviación que asistía al de Conviasa se llevara a cabo. Tal situación dejó varados a decenas de pasajeros que estaban en tránsito a Caracas[21].

REFERENCIAS
[1] La Nación. “La Justicia allana el avión venezolano-iraní en Ezeiza”. 16 de junio de 2022. https://www.lanacion.com.ar/politica/la-justicia-allana-el-avion-venezolano-irani-en-ezeiza-nid16062022/

[2] La Nación. “La Justicia de Argentina ordena el registro del avión venezolano-iraní retenido en Ezeiza”. 15 de junio de 2022. https://www.lanacion.com.ar/agencias/la-justicia-de-argentina-ordena-el-registro-del-avion-venezolano-irani-retenido-en-ezeiza-nid15062022/

[3] La Nación. “El misterio del avión: los tripulantes dicen que no saben de qué se los acusa y critican la revisación que les hizo el Gobierno”. 16 de junio de 2022. https://www.lanacion.com.ar/politica/el-misterio-del-avion-los-tripulantes-dicen-que-no-saben-de-que-se-los-acusa-y-critican-la-nid16062022/

[4] Clarín. “La aeronave retenida en Ezeiza. Avión venezolano-iraní: el Departamento de Estado norteamericano confirmó que está ‘al tanto’ del caso”. 14 de junio de 2022. https://www.clarin.com/politica/unidos-caso-avion-evito-hacer-comentarios_0_hQULkqBLxi.html

[5] Venezuela Política. “Humire: Incidencias ocurridas en el caso del avión de Conviasa en Argentina reviste similitud con el modus operandi del IRGC”. 16 de junio de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/06/humire-incidencias-ocurridas-en-el-caso.html

[6] Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Presidencia de la Nación. Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento. RePET. https://repet.jus.gob.ar/#entidades

[7] Perfil. “Aníbal Fernández y el avión venezolano: ‘Parte de los tripulantes son de la Guardia Revolucionaria de Irán’". 13 de junio de 2022. https://www.perfil.com/noticias/modo-fontevecchia/anibal-fernandez-y-la-version-oficial-del-avion-venezolano-modof.phtml

[8] Perfil. “El misterioso avión de venezolanos e iraníes que volaba "en secreto" y fue retenido en Ezeiza”. 13 de junio de 2022. https://www.perfil.com/noticias/actualidad/el-misterioso-avion-venezolano-que-volo-en-secreto-desde-buenos-aires-a-cordoba.phtml

 

[9] CNN. “Investigan a cinco tripulantes iraníes de un avión venezolano que quedó varado en Argentina”. 14 de junio de 2022. https://cnnespanol.cnn.com/2022/06/14/investigan-tripulantes-iranies-avion-venezolano-varado-argentina-orix/

[10] Infobae. “Un fantasma en Ezeiza: los negocios oscuros de la Guardia Revolucionaria iraní y la teoría del vuelo para evaluar la seguridad argentina”. 14 de junio de 2022. https://www.infobae.com/america/mundo/2022/06/14/un-fantasma-en-ezeiza-los-negocios-de-la-guardia-revolucionaria-irani-y-la-teoria-del-vuelo-para-evaluar-la-seguridad-argentina/

[11] Latinus.us “Argentina descarta que tripulante iraní retenido en avión venezolano pertenezca a grupo terrorista”. 15 de junio de 2022. https://latinus.us/2022/06/16/argentina-aclare-caso-avion-ciudadanos-venezolanos-iranies-vinculos-terroristas/s

[12] Infobae. “El ministro de Inteligencia de Paraguay aseguró que el piloto del avión venezolano está vinculado a la Fuerza Quds iraní: ‘No es un homónimo’. 17 de Junio de 2022. https://www.infobae.com/politica/2022/06/17/el-ministro-de-inteligencia-de-paraguay-aseguro-que-el-piloto-del-avion-venezolano-esta-vinculado-a-la-fuerza-quds-irani-no-es-un-homonimo/

[13] La Nación. “Otro vuelo llegó a Ezeiza y completó la carga del avión venezolano cinco días después”. 16 de junio de 2022. https://www.lanacion.com.ar/politica/otro-vuelo-llego-a-ezeiza-y-completo-la-carga-del-avion-venezolano-cinco-dias-despues-nid16062022/

[14] El Clarín “Argentina trató de dar por culminado caso del avión mientras Guaidó lo vincula a Maduro”. https://www.clarin.com/mundo/juan-guaido-vinculo-avion-nicolas-maduro-lavado-dinero-empresas-iranies-venezuela_0_QAc9ZoNRaF.html

[15] La Nación. “La curiosa teoría de Agustín Rossi sobre el avión: aseguró que los iraníes les enseñaban a volar a los venezolanos”. 14 de junio de 2022. https://www.lanacion.com.ar/politica/la-teoria-de-agustin-rossi-sobre-el-sospechoso-avion-venezolano-con-tripulacion-irani-es-mi-nid14062022/

[16] Yahoo. “Un diputado chavista desmintió a Agustín Rossi por su teoría del avión y calificó el hecho como uns agresión”. 16 de junio de 2022. https://es-us.vida-estilo.yahoo.com/diputado-chavista-desminti%C3%B3-agust%C3%ADn-rossi-155537534.html

[17] Aviacionline. “Maduro reclama a Uruguay por impedir sobrevuelo de avión de Emtrasur”. 16 de junio de 2022. https://www.aviacionline.com/2022/06/emtrasur-venezuela-acusa-a-uruguay-de-poner-en-riesgo-al-avion/

[18] La Nación. “Irán se defendió por la detención del avión y vinculó el hecho a las tensiones que tiene con Occidente por el despliegue nuclear”. 13 de junio de 2022. https://www.lanacion.com.ar/politica/iran-se-defendio-por-la-detencion-del-avion-y-vinculo-el-hecho-a-las-tensiones-que-tiene-con-nid13062022/

[19] Los Ángeles Times. “EEUU e Israel atentos al avión venezolano en Argentina”. 16 de junio de 2022. https://www.latimes.com/espanol/eeuu/articulo/2022-06-16/eeuu-e-israel-atentos-al-avion-venezolano-en-argentina

[20] El DiarioAr. “Venezuela desvía a Bolivia otro avión con tripulación iraní”. 16 de junio de 2022. https://www.eldiarioar.com/politica/venezuela-desvia-bolivia-avion-tripulacion-irani_1_9090949.html

[21] El Deber https://eldeber.com.bo/pais/argentina-nego-el-ingreso-de-avion-de-boa-que-haria-conexion-para-conviasa-entre-bolivia-y-buenos-ai_281967

Declaración de propietario de empresa de yates en Miami confirmó el pago que Interamerican Consulting hizo a Raúl Gorrín

  Una transcripción certificada de lo declarado por el Joel Brakha deja ver que la empresa de David Rivera pagó a la naviera USD 3,75 millones que cubrirían los gastos de servicio y mantenimiento de las embarcaciones del magnate venezolano fugitivo de la justicia de EE. UU..

Por Maibort Petit

  La declaración del directivo de Interglobal Yacht Management LLC, Joel Brakha, ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York con relación al caso en que PDV USA Inc. demanda a la firma Interamerican Consulting Inc., confirma que, efectivamente, la empresa propiedad del excongresista estadounidense, David Rivera, realizó pagos millonarios a dicha empresa administradora de yates para Raúl Gorrín.

  Interamerican Consulting Inc. habría pagado USD 3.750.000 millones a Interglobal Yacht Management LLC la cual administra yates que son propiedad de Gorrín, dueño de Globovisión y la aseguradora La Vitalicia y uno de los supuestos criminales más buscado de la justicia norteamericana.

  Interglobal Yacht Management LLC es una empresa registrada en el estado de la Florida bajo el número L12000089959, número FEI/EIN 81-4824898, el 11 de julio de 2012, cuyo agente registrado es Robert L. Gardana. El directorio lo conforman Daniel Marinucci y Joel Brakha[1], quien, de acuerdo a documentos judiciales que han sido dados a conocer recientemente, declaró que la firma de Rivera hizo el referido pago.

   Joel Brakha, representado por Robert L. Gardana y Alexander Fox, rindió su declaración el 28 de febrero de 2022 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, con presencia de los abogados Brady Sullivan y Jeffrey B. Korn de la firma Willkie Farr & Gallagher LLP en representación de la demandante PDV USA Inc.; Jason Johnson Byrd Campell P.A. en representación de la demandada Interamerican Consulting Inc

En el documento —una transcripción certificada de la declaración ante el tribunal— Joel Brakha refiere que los pagos recibidos en su empresa Interglobal Yacht Management de Interamerican Consulting, ocurrieron todos en 2017 —entre el 31 de marzo de 2017 y el 24 de abril de 2017— y corresponderían a montos adeudados por Raúl Gorrín.

  El pago se habría realizado a través de varios depósitos que totalizaron USD 3,75 millones.


    El dinero depositado por el Interamerican Consulting Inc. habría sido usado para cubrir los gastos de servicio y operación de los yates de Raúl Gorrín administrados por Interglobal Yacht Management LLC, según lo declarado por Joel Brakha ante el Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York.

   En 2020 PDV USA Inc. demandó a la empresa Interamerican Consulting Inc. por incumplimiento de un contrato suscrito en marzo de 2017 con la empresa de David Rivera en tiempos en que los activos venezolanos en Estados Unidos estaban bajo el control de la administración de Nicolás Maduro. La acusación ocurrió cuando los bienes venezolanos estaban ya bajo control del denominado gobierno interino encabezado por Juan Guaidó.

  El objeto de la disputa es un supuesto contrato de asesoría cuyo precio era de USD 50 millones que comprometía a Interamerican Consulting Inc. a “desarrollar un plan estratégico para crear una identidad separada y distinta y desvincularse de su matriz final, Petróleos de Venezuela, SA”. De esa suma fueron cancelados USD 15 millones cuyo reembolso ahora reclama PDV USA, dado que la demandada no habría cumplido con lo pautado. Posteriormente, la acusada contra demandó y reclamó de PDV USA Inc. el pago del resto de la suma contratada inicialmente, es decir, USD 35 millones.

  Pero tras la demanda de PDV USA se ocultarían otros intereses han señalado algunas fuentes, pues el resarcimiento económico estaría lejos de los objetivos del gobierno interino, que solamente habría llevado a cabo la acción judicial como una cortina de humo, siendo la auténtica razón desarrollar una estrategia para presentarse como en interesado en acabar con los manejos irregulares en CITGO[2].

  En medio de refriega, el nombre de Raúl Gorrín salió a la luz cuando se dijo que, supuestamente, el empresario recibió parte de los USD 15 millones pagados por PDV USA a Interamerican Consulting, a través de una empresa que administra sus yates en el estado de la Florida. Actualmente, la batalla en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York para que se obligue a Interamerican a que entregue unas comunicaciones de WhatsApp que revelarían el destino del dinero pagado por la filial de PDVSA en Estados Unidos[3]. Como argumento para negarse a ello, Interamerican sostiene que tales conversaciones forman parte del privilegio abogado-cliente, toda vez que asegura que Raúl Gorrín le prestó servicios como abogado, para lo cual han presentado un Acuerdo de retención que así lo probaría. PDV USA sostiene que la supuesta relación abogado-cliente entre Rivera y Gorrín es ficticia[4].

 [1] Sunbiz. Division of Corporations. Interglobal Yacht Management LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/corporationsearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=INTERGLOBALYACHTMANAGEMENT%20L120000899590&aggregateId=flal-l12000089959-43970bbc-0651-40e6-8876-73ed3db5c377&searchTerm=INTERGLOBAL%20YACHT%20MANAGEMENT%2C%20LLC&listNameOrder=INTERGLOBALYACHTMANAGEMENT%20L120000899590

[2] Venezuela Política. “PDV USA versus Interamerican Consulting: Una demanda que ocultaría otros ilícitos distintos a los que acusa”. 25 de agosto de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/08/pdv-usa-versus-interamerican-consulting.html

[3] Venezuela Política. “Caso PDV USA en Nueva York: David Rivera entregó a Raúl Gorrín $3,75 millones del pago hecho por CITGO por un contrato de consultoría para 'mejorar la imagen de PDVSA' en Washington DC”. 7 de abril de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/04/caso-pdv-usa-en-nueva-york-david-rivera.html

[4] Venezuela Política. “David Rivera e Interamerican se escudan tras un contrato en el que Raúl Gorrín figura como su abogado, para impedir que se revelen conversaciones que darían cuenta de los fondos pagados por CITGO”. 30 de mayo de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/05/david-rivera-e-interamerican-se-escudan.html