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viernes, 18 de noviembre de 2022

Juez ordena a personal informático de la corte hacer pruebas para la testificación de los testigos a favor de Álex Saab desde Caracas

Por Maibort Petit

   El Juez Robert Scola notificó a las partes del caso por delitos de lavado de dinero de Álex Saab Morán que el personal informático del juzgado estará en la sala 12-3 el 9 de diciembre de 2022 a las 2PM para realizar pruebas de conectividad en anticipación de la audiencia probatoria que se realizará desde la Embajada de Suiza en Venezuela y que permitirá que los testigos de la defensa expliquen que el acusado es, supuestamente, diplomático.

  El la orden del tribunal, se señala que tanto la defensa como la fiscalía pueden usar la sala del tribunal durante este tiempo para probar sus propios equipo y el de sus contrapartes en los lugares desde los cuales se espera testimonio. 

  El personal informático de la Corte utilizará la sala de reuniones Zoom para realizar su prueba. En el mismo comunicado, se informa que, de conformidad con las reglas de la Corte, los no abogados (por ejemplo, los asistentes legales y testigos) sólo pueden traer equipos electrónicos a la sala del tribunal con un Mandato judicial.

   El juez Scola aprobó la petición de Álex Saab de permitir el testimonio por videoconferencia de los testigos de la defensa ubicados en Venezuela.  Al hacerlo, la Corte ordenó a las partes reunirse y consultar la logística que se usará para ese procedimiento fuera de país. Inicialmente, Saab había propuesto que los testigos testificaran por Zoom desde el Hotel Cayena de Caracas, porque en esa localidad hay buen servicio de internet pero luego se informó que lo habían desde la Embajada de Suiza en Venezuela.

Un gobierno reconocido por EE. UU.

  En un informe conjunto de la defensa y la fiscalía, se informó que el acusado informó que por nota diplomática al Ministerio del Pueblo de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, la Embajada de Suiza confirmado que está dispuesta a ofrecer las instalaciones de la Misión Suiza en Caracas.

  Los fiscales se opusieron inicialmente al testimonio por Zoom desde Venezuela pero, en vista que los testimonios han sido autorizados, no se negaron al uso de las instalaciones suizas en Caracas, o de las instalaciones diplomáticas de otro tercer país.

   Saab también obtuvo confirmación por escrito del Fiscal General de Venezuela, Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza. En dicha notificación se señala que la ley venezolana no prohíbe a los testigos prestar testimonio en procesos penales extranjeros, a través de tecnología de vídeo, desde dentro de Venezuela.

  Las partes acordaron que el testimonio por videoconferencia debe realizarse a través de la sistema seguro Zoom.gov. de los Estados Unidos e informaron que  coordinarán con el personal del Tribunal para organizar la logística.

 Igualmente, Saab  propuso que el personal de la corte de EE. UU. juramentara a los testigos, pero la Corte señaló que en su experiencia previa, es preferible que la juramentación la haga  alguien en el lugar (Caracas) que esté autorizado para administrar un juramento bajo las leyes de ese estado o país

  "La defensa está de acuerdo con la propuesta del Tribunal y está dispuesto a identificar a una persona física autorizada, conforme a las leyes venezolanas, para tomar el juramento y verificar la identidad de los testigos", dice el informe.

   En el período entre la entrega del Informe de Estado Conjunto y la Audiencia, la defensa de Saab anticipó que habrá conversaciones adicionales con la Embajada de Suiza sobre logística, tecnología y requisitos de las autoridades suizas, por lo que se presentará información  adicional sobre el tema.

  Los fiscales recordaron que Estados Unidos no reconoce al Gobierno de la administración Maduro como el gobierno de Venezuela. Esto incluye al individuo antes mencionado, por ello, la Fiscalía estadounidense sugirió que para que los testimonios  ocurran en la Embajada de Suiza, el juramento local debe hacerse de conformidad con la ley suiza, no la ley venezolana, porque la embajada es "suelo suizo".

 Las partes seguirán consultando sobre los detalles del juramento prestado in situ en Caracas Asimismo, los fiscales federales advierten que prefieren que los testigos también sean juramentados por el personal judicial de los EE. UU. 

 La Fiscalía no se opone a la administración de un juramento local, pero ha planteado que si así se hiciere, los testigos deben ser además juramentados por por EE. UU.; y cualquier juramento local potencialmente debería hacerse de conformidad con la ley suiza, no la ley venezolana, porque la embajada está técnicamente en suelo suizo.

  En el informe se acuerda que durante el testimonio de cada testigo, las únicas personas que estarán presentes son el propio testigo y una persona neutral adicional, preferiblemente de la embajada o consulado en el que se toma el testimonio, quien asistirá con las cámaras y cualquier otros problemas tecnológicos que puedan surgir.

  La defensa y la fiscalía acordaron que  habrá una cámara en la sala, enfocada en el testigo y que antes del inicio del testimonio de cada testigo, una persona neutral utilizará la cámara para escanear toda la habitación y establecer que no hay nadie más presente y/o confirmar verbalmente que no hay nadie más presente.

  Las partes llegaron a un acuerdo que establece que antes de tomar el testimonio, se verificará la identidad de cada testigo a través de una identificación emitida por el gobierno. Esta identificación se mostrará sobre la cámara y verificado por la persona que administra los juramentos de los testigos.

  Se utilizará además el servicio de interpretación del Tribunal, con el intérprete que se conectará de forma remota, en consonancia con la práctica anterior del Tribunal de utilizar videoconferencias y interpretación.  Asimismo se usará  el taquígrafo judicial típico del Tribunal, presente en la Sala de la Corte en Miami.

  Las partes acuerdan que los Anexos se mostrarán a los testigos mediante la videoconferencia función de pantalla compartida, y copias impresas también estarán disponibles en la sala del tribunal para su examen por la Corte, el personal y el defensa.

 Alex Saab ha pedido en varias mociones al tribunal que le otorgue que desestime la acusación en su contra por delitos de lavado de dinero porque goza de inmunidad diplomática, y que fue ilegalmente “secuestrado” cuando se trasladaba a Irán para cumplir una misión diplomática.

 Según los alegatos de la defensa, Estados Unidos sabía que Álex Saab era un diplomático de Venezuela cuando fue arrestado en Cabo Verde, para lo cual presentó una serie de documentos que incluyen cartas enviadas por Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez a las autoridades del régimen de Irán, copia de las supuestas gestiones.

  Los fiscales acusan a Saab Morán de haber lavado unos 350 millones de dólares que obtuvo a través del pago de sobornos a funcionarios venezolanos a cambio de contratos para la construcción de viviendas para los pobres de Venezuela.

  Según la defensa, Estados Unidos y la Interpol tenía conocimiento que Saab tenía inmunidad diplomática, por lo que han pedido desde su arresto desestimar la acusación por ser improcedente. 

  La fiscalía estadounidense niega el conocimiento y reconocimiento del estatus de diplomático de Saab.

  De ser declarado culpable podría enfrentar una condena máxima de hasta 20 años de prisión.

lunes, 14 de noviembre de 2022

Tribunal niega moción de Álex Saab que buscaba reconsiderar restricciones en la entrega de evidencias del gobierno

  Quien es considerado testaferro de Nicolás Maduro, busca hacerse de una serie de documentos del Departamento de Estado que, a su juicio, comprobarían las supuestas funciones diplomáticas del colombiano en el régimen venezolano.

Por Maibort Petit
  El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida ratificó una orden anterior en la que concedió en parte a Álex Saab, así como denegó otra parte, para que se produjeran una serie de materiales del descubrimiento que la defensa del empresario colombiano asegura que comprobarían la misión diplomática que supuestamente cumplía el demandado cuando fue arrestado en Cabo Verde. Se trata de Documentos del Departamento de Estado que la Corte determinó no son parte activa del proceso judicial.

  Los abogados de Saab sostienen que se trata de nuevas evidencias que no estuvieron a la disposición del acusado ni del tribunal cuando se emitió la anterior decisión y, por tanto, esta debía ser reconsiderada.

La moción

  El 13 de octubre de 2022, Lindy K. Keown, de la firma Baker & Hostetler LLP, en representación de Álex Naim Saab Morán, presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, una moción limitada a objeto de solicitar la reconsideración de la orden emitida por la Corte el 15 de septiembre del presente 2022 en la que concedió en parte, igualmente, y denegó en parte, la petición del demandado para obligar a la producción del descubrimiento. El pedido de Saab, en esta ocasión, se limita a la revisión de la parte relativa al Departamento de Estado.
  El pedido original de Saab fue presentado ante el tribunal el 25 de agosto de 2022, cuando requirió a través de una moción, obligar a la producción de evidencias al Departamento de Justicia y al Departamento de Estado. Procuraba el demandado hacerse de siete categorías de documentos, entre estos, los relacionados son su supuesto “servicio como enviado especial u otra función diplomática en nombre de Venezuela; su papel en las actividades de Estado a Estado con Irán”; así como aquellos en los que se presuntamente se produjo un “conocimiento por parte del personal del gobierno de los EE. UU. del estatus diplomático” de Saab.

  Posteriormente el 15 de septiembre de 2022, tuvo lugar la decisión del tribunal que concedió en parte y denegó también en parte la moción, como referimos líneas arriba.

 La representación de Saab apunta que esta nueva moción de reconsideración es limitada, pues está dirigida únicamente a aquellas partes que niegan las solicitudes que tienen que ver con el Departamento de Estado, en virtud de que, de acuerdo a la defensa, han aparecido nuevas pruebas que respaldan la moción anterior del acusado. Por ello es necesaria la reconsideración, pues no habrían sido consideradas por la Corte anteriormente.

Departamento de Estado como testigo del gobierno

  Cuando el tribunal negó anteriormente la moción en parte, lo hizo al determinar que el Departamento de Estado no formaba parte del equipo de acusación y, de acuerdo al criterio de los abogados de Álex Saab, el tribunal no tomó en cuenta para su decisión el argumento del acusado en el que indicó que el gobierno las había presentado aparentemente con la intención de sustentarse en ciertas declaraciones proporcionadas por el Departamento de Estado en la audiencia próxima para contrarrestar lo esgrimido por el demandado.

  Se trata de una certificación del Departamento de Estado en la que “la Oficina de Misiones Extranjeras [refiere que] no tiene conocimiento de una base para que Alex Nain Saab Morán disfrute de inmunidad penal” o jurisdicción civil de los Estados Unidos”. Al presumir que el gobierno presentará al Departamento de Estado como testigo sobre el asunto de la inmunidad diplomática, la defensa reclama conocer las pruebas correspondientes.

  La decisión de la Corte que otorgó en parte la moción previa de Saab ordenó al DOJ a presentar las los materiales sin clasificar en posesión y custodia del equipo de acusación antes del 18 de octubre de 2022. En razón de que la fiscalía se comprometió el 23 de septiembre a adelantar la entrega antes del 10 de octubre y para el 12 de dicho mes aún no presentaba ningún documento estatal y sólo entregó 17 versiones redactadas de los papeles, procedió a presentar la moción de reconsideración.

Los papeles reclamados

  La defensa hace referencia a algunos de que entre los documentos que reclama, se encuentran los que supone serán pruebas de juicio político relacionadas con la declaración del Departamento de Estado.

 Entre estos papeles están unas comunicaciones entre altos funcionarios del Departamento de Estado y el de Justicia, en los que se toca el tema de los reclamos la inmunidad de Saab.

  Uno de los correos entre el Representante Especial de los Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, con el Fiscal General, Bruce Abrams, fechado el 14 de junio de 2020, refiere que el para le fecha Secretario de Estado, Mike Pompeo, habla de los varios pasaportes del acusado y en particular el venezolano, el cual era un pasaporte de inmersión, el cual fue emitido en una fecha en que el gobierno de los Estados Unidos no reconocía a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, sino a Juan Guaidó.
  Pompeo planteaba la posibilidad de argumentar la ilicitud del documento, toda vez que había sido emitido por delincuentes y no por el presidente Guaidó.

  Asimismo, Mike Pompeo alertaba que Álex Saab no se encontraba ninguna misión diplomática, sino que probablemente había estado involucrado en una misión diseñada para violar las sanciones de la ONU contra Irán.

  La defensa argumentó en la moción que, en los correos producidos por el gobierno obtenidos de los custodios del Departamento de Justicia, no se incluye correspondencia con personas del Departamento de Estado. En tal sentido, los abogados de Saab creen que es por ello que se justifica la Orden por parte del tribunal, a objeto de que ordene una búsqueda minuciosa y la pronta producción de los citados documentos.

  Otro correo reclamado por Saab es uno dirigido a Abrams, el cual fue enviado en fecha anterior a la detención de Saab en Cabo Verde. Lo remitía Brian Hook, Representante Especial del Departamento de Estado para Irán, con copia a Matt McInnis, Representante Especial Adjunto para Irán.
  El mensaje versaba sobre la intermediación en virtud del interés de Pompeo en discutir sobre Álex Saab, quien para entonces negociaba acuerdos entre Irán y Venezuela.

  Refiere Saab en su moción de reconsideración que evidentemente EE. UU. “estaba trabajando de cerca en el enjuiciamiento del Sr. Saab y que había conocimiento de misiones diplomáticas anteriores como el Enviado Especial”.

 Asimismo, la moción reclama un correo fechado el 16 de diciembre de 2020, entre un reportero del New York Times y el oficial de prensa del Departamento de Estado, Daniel Binder, el cual versaba sobre un contacto que se establecería entre el periodista y Abrams para, extraoficialmente, darle detalles sobre “los antecedentes de Saab y su papel en la organización de Maduro”.

  Se advirtió en el correo que “Abrams está MUY consciente de las preocupaciones del DOJ e intentará no discutir el caso”.
  Para la defensa, la aparición de nuevas pruebas que no estaban disponibles en el momento en que se emitió la orden que ahora se buscaba modificar, justificaba la reconsideración de la decisión por parte del Tribunal.

  Sostiene la defensa que el Departamento de Estado es un participante activo de este proceso contra Saab y, por tanto, debe obligarse a presentarlas.

viernes, 28 de octubre de 2022

Tribunal de EE. UU. emitió orden final de confiscación de bienes adquiridos con dinero robado a CITGO - PDVSA por el exfuncionario corrupto, José Luis De Jongh Atencio

  El Tribunal emitió Orden Final de Confiscación de las propiedades que el exfuncionario corrupto adquirió con fondos irregulares provenientes de la corrupción en la filial de PDVSA.

Por Maibort Petit
   Tal como se ejecuta en este tipo de casos, el Tribunal del Distrito Sur de Texas concluyó la confiscación de los bienes comprados por el exfuncionario corrupto de CITGO, José Luis De Jongh- Atencio con dinero esquilmado de las arcas del tesoro venezolano. El sujeto, acusado de delitos de corrupción y lavado de dinero se declaró culpable y está a la espera de la sentencia.

  El expediente judicial no muestran aún ningún documento que permita evidencia la posibilidad que Venezuela o CITGO Petroleum Corporation, filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en Estados Unidos, pueda rescatar parte del dinero robado a sus arcas por parte de José Luis De Jongh Atencio —exencargado de las adquisiciones en la empresa— a través de operaciones corruptas.

 En el caso aparece una serie de diligencias hechas por la corte para la confiscación definitiva de los bienes inmuebles propiedad del exfuncionario, y que han pasado a ser propiedad de los Estados Unidos. 

  Las propiedades confiscadas por Estados Unidos pasan a ser subastadas y los fondos, salvo que el tribunal emita una medida que reconozca a PDVSA- CITGO como víctima del caso, pasan a la tesorería para sean dispuestos por el gobierno.

La Orden Final de Confiscación

  El día 28 de junio de 2022, Gray H. Miller, juez superior para el Tribunal Distrito Sur de Texas-División de Houston, emitió una Orden Final de Confiscación de bienes pertenecientes a José Luis De Jongh Atencio, quien el 22 de marzo de 2021. 
 
  Desde su posición como funcionario encargado de las adquisiciones y gerente del Grupo de Proyectos Especiales de CITGO Petroleum Corporation, filial de PDVSA en EE. UU., De Jongh Atencio aceptó sobornos de José Manuel González Testino y Tulio Aníbal Farías Pérez, a cambio de trato preferencial para ellos y sus empresas en la obtención de contratos y preservación de los mismos[1].

  Previamente, el 22 de marzo de 2021, el Tribunal había dictado una Orden Preliminar de Confiscación Acordada mediante la cual decomisó varios inmuebles en 440 Cobia Drive, en Katy, Texas. Transcurridos todos los plazos que marca la ley y en razón de que el 13 de junio de 2022 era la fecha límite para la presentación de reclamos y D&H Service Group[2]—empresa propiedad de José Luis De Jongh— no presentó ninguno, y habiendo las autoridades tributarias reclamado el pago de los impuestos acumulados de dichos inmuebles, el juez Miller procedió a ordenar la confiscación en favor de los Estados Unidos.

Lo confiscado

  La orden del juez Gray Miller comprende los bienes inmuebles denominados como Unidades 201, 202, 203, 204, 303 y 304 de Grand Ridge Office Condominiums, ubicado en 440 Cobia Drive en Katy, Texas.
 El decomiso incluye todas las mejoras, edificios, estructuras y accesorios que se le hayan practicado estas unidades de las cuales las identificadas con los números 201, 202, 203 y 204 se encuentran en el Edificio 2, mientras las unidades 303 y 304 están en el Edificio 3.
   Asimismo, se estableció que, a partir de la orden, los Estados Unidos pasan a ser titular de los inmuebles y puede proceder a la venta de los mismos, ordenándose además la mora de D&H Service Group Inc., la cual perdió todos los derechos sobre estos.

 Se estableció también la mora para cualquier otra persona que pudiera reclamar derechos sobre los inmuebles, con excepción de la Administración Tributaria a quienes, por la misma orden, se le deberán cancelar los impuestos sobre la propiedad ad valorem adeudados y evaluados sobre los bienes inmuebles hasta la fecha de la decisión del tribunal, así como sus intereses.
  A partir de la fecha de la decisión, los Estados Unidos dispone de los inmuebles según la ley y debe acreditar el producto neto recuperado del decomiso de la propiedad contra la sentencia monetaria dictada contra José Luis De Jongh Atencio.


[1] Venezuela Política. “Corrupción CITGO: Conozca los detalles del caso de José Luis De Jongh Atencio (I)”. 12 de febrero de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/02/corrupcion-citgo-conozca-los-detalles.html




lunes, 24 de octubre de 2022

Testigos que buscan probar supuesta inmunidad diplomática de Álex Saab testificarán desde la Misión de Suiza en Caracas

Por Maibort Petit

  Con el objetivo de proteger 'la salvaguardias y logística necesarias para asegurar la integridad del testimonio' de los testigos propuestos por Álex Saab Morán, acusado de delitos de lavado de dinero y de ser el supuesto testaferro de Nicolás Maduro, la Embajada de Suiza autorizó que las testificaciones se realicen en la Misión suiza en Caracas. Saab busca probar que gozaba de Inmunidad Diplomática cuando fue arrestado en Cabo Verde en junio de 2020 y que, por ende, no puede ser juzgado por la justicia ordinaria de los Estados Unidos.

   El tribunal del Distrito Sur de la Florida determinó que la defensa y la fiscalía debía presentar un informe detallado sobre las  nueve salvaguardias y consideraciones logísticas planteadas en el informe de la moción de Saab para los argumentos orales de sus testigos, que fue concedida por la corte al acusado.

  Saab pidió al tribunal permitir el testimonio por videoconferencia de los testigos de la defensa ubicados en Venezuela.  Al hacerlo, la Corte ordenó a las partes reunirse y consultar la logística que se usará para ese procedimiento fuera de país. Inicialmente, Saab había propuesto que los testigos testificaran por Zoom desde el Hotel Cayena de Caracas, porque en esa localidad hay buen servicio de internet.

Un gobierno reconocido por EE. UU.

  En un informe conjunto de la defensa y la fiscalía, se informa que el acusado informó que por nota diplomática al Ministerio del Pueblo de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, la Embajada de Suiza confirmado que está dispuesta a ofrecer las instalaciones de la Misión Suiza en Caracas, probablemente la Residencia de Embajadores, como sede de la testimonio. 

  Los fiscales se oponen al testimonio por Zoom desde Venezuela pero, en vista que los testimonios han sido autorizados, no se oponen al uso de las instalaciones suizas en Caracas, o de las instalaciones diplomáticas de otro tercer país.

  Saab también obtuvo confirmación por escrito del Fiscal General de Venezuela, Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza. En dicha notificación se señala que la ley venezolana no prohíbe a los testigos prestar testimonio en procesos penales extranjeros, a través de tecnología de vídeo, desde dentro de Venezuela.

  Las partes acordaron que el testimonio por videoconferencia debe realizarse a través de la sistema seguro Zoom.gov. de los Estados Unidos e informaron que  coordinarán con el personal del Tribunal para organizar la logística.

 Igualmente, Saab  propuso que el personal de la corte de EE. UU. juramentara a los testigos, pero la Corte señaló que en su experiencia previa, es preferible que la juramentación la haga  alguien en el lugar (Caracas) que esté autorizado para administrar un juramento bajo las leyes de ese estado o país

  "La defensa está de acuerdo con la propuesta del Tribunal y está dispuesto a identificar a una persona física autorizada, conforme a las leyes venezolanas, para tomar el juramento y verificar la identidad de los testigos", dice el informe.

   En el período entre la entrega del Informe de Estado Conjunto y la Audiencia, la defensa de Saab anticipó que habrá conversaciones adicionales con la Embajada de Suiza sobre logística, tecnología y requisitos de las autoridades suizas, por lo que se presentará información  adicional sobre el tema.

  Los fiscales recordaron que Estados Unidos no reconoce al Gobierno de la administración Maduro como el gobierno de Venezuela. Esto incluye al individuo antes mencionado, por ello, la Fiscalía estadounidense sugirió que para que los testimonios  ocurran en la Embajada de Suiza, el juramento local debe hacerse de conformidad con la ley suiza, no la ley venezolana, porque la embajada es "suelo suizo".

 Las partes seguirán consultando sobre los detalles del juramento prestado in situ en Caracas.

 Asimismo, los fiscales federales advierten que prefieren que los testigos también sean juramentados por el personal judicial de los EE. UU. 

 La Fiscalía no se opone a la administración de un juramento local, pero ha planteado que si así se hiciere, los testigos deben ser además juramentados por por EE. UU.; y cualquier juramento local potencialmente debería hacerse de conformidad con la ley suiza, no la ley venezolana, porque la embajada está técnicamente en suelo suizo.

  En el informe se acuerda que durante el testimonio de cada testigo, las únicas personas que estarán presentes son el propio testigo y una persona neutral adicional, preferiblemente de la embajada o consulado en el que se toma el testimonio, quien asistirá con las cámaras y cualquier otros problemas tecnológicos que puedan surgir.

  La defensa y la fiscalía acordaron que  habrá una cámara en la sala, enfocada en el testigo y que antes del inicio del testimonio de cada testigo, una persona neutral utilizará la cámara para escanear toda la habitación y establecer que no hay nadie más presente y/o confirmar verbalmente que no hay nadie más presente.

  Las partes llegaron a un acuerdo que establece que antes de tomar el testimonio, se verificará la identidad de cada testigo a través de una identificación emitida por el gobierno. Esta identificación se mostrará sobre la cámara y verificado por la persona que administra los juramentos de los testigos.

  Se utilizará además el servicio de interpretación del Tribunal, con el intérprete que se conectará de forma remota, en consonancia con la práctica anterior del Tribunal de utilizar videoconferencias y interpretación.  Asimismo se usará  el taquígrafo judicial típico del Tribunal, presente en la Sala de la Corte en Miami.

  Las partes acuerdan que los Anexos se mostrarán a los testigos mediante la videoconferencia función de pantalla compartida, y copias impresas también estarán disponibles en la sala del tribunal para su examen por la Corte, el personal y el defensa.

 Alex Saab ha pedido en varias mociones al tribunal que le otorgue que desestime la acusación en su contra por delitos de lavado de dinero porque goza de inmunidad diplomática, y que fue ilegalmente “secuestrado” cuando se trasladaba a Irán para cumplir una misión diplomática.

 Según los alegatos de la defensa, Estados Unidos sabía que Álex Saab era un diplomático de Venezuela cuando fue arrestado en Cabo Verde, para lo cual presentó una serie de documentos que incluyen cartas enviadas por Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez a las autoridades del régimen de Irán, copia de las supuestas gestiones.

  Los fiscales acusan a Saab Morán de haber lavado unos 350 millones de dólares que obtuvo a través del pago de sobornos a funcionarios venezolanos a cambio de contratos para la construcción de viviendas para los pobres de Venezuela.

  Según la defensa, Estados Unidos y la Interpol tenía conocimiento que Saab tenía inmunidad diplomática, por lo que han pedido desde su arresto desestimar la acusación por ser improcedente. 

  La fiscalía estadounidense niega el conocimiento y reconocimiento del estatus de diplomático de Saab.

  De ser declarado culpable podría enfrentar una condena máxima de hasta 20 años de prisión.




miércoles, 19 de octubre de 2022

Los inútiles esfuerzos del' piloto de Tareck El Aissami' de librarse de su condena luego de haberse declarado culpable

  Víctor Mones Coro había apelado al estimar que el tribunal de distrito había impuesto una sentencia irrazonable.

Por Maibort Petit
  Conocido como 'el piloto de Tareck El Aissami', exvicepresidente de la república Bolivariana de Venezuela y actual ministro de Petróleo, Víctor Mones Coro batalla en los tribunales de los Estados Unidos para echar por tierra la sentencia se le impusiera luego de declararse culpable de cinco cargos de violación y conspiración para violar la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico, conocida como la “Ley Kingpin” y sus reglamentaciones. El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos desestimó su apelación en la que alegaba ser impuesto de una sentencia sustancialmente irrazonable.
   Mones Coro fue sentenciado el 31 de marzo de 2021 por el juez Alvin K. Hellerstein del Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York a cumplir una pena de prisión de 55 meses en razón de su papel en el plan para proporcionar vuelos chárter privados a Tareck El Aissami y Samark José López Bello, supuesto testaferro del alto funcionario venezolano, así como también a Maikel Moreno, expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y a la campaña presidencial de Nicolás Maduro en 2018, acciones estas que violaron las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC). 

   Mediante la empresa American Charter Services LLC (ACS), Mones Coro organizó vuelos a los funcionarios régimen citados señalados por sus conexiones con el narcotráfico internacional y el crimen organizado a lugares de importancia estratégica para Venezuela, como Rusia y Turquía. Previamente, el 4 de enero de 2021, Víctor Mones Coro se declaró culpable de una acusación formal de cinco cargos. Adicionalmente, la sentencia aplicó a Mones dos años de libertad supervisada y una multa de USD 250.000[1].

  La sentencia que firman Denny Barbilla, Ricardo J. Sullivan y Steven J. Menashi, refiere que el tribunal de distrito había calculado que el rango de las pautas era de 70 a 87 meses de prisión, dado que Mones Coro estaba sujeto a una mejora de liderazgo de cuatro niveles de conformidad con las Pautas de sentencia de EE. UU. Sin embargo, el juez de distrito impuso una sentencia por debajo de dichas directrices que, como ya se dijo fue de 55 meses de prisión, seguida de dos años de libertad supervisada, una multa y una evaluación especial.

  Argumentó Mones Coro en su apelación que la sentencia impuesta en su contra aplicó indebidamente la mejora de liderazgo de cuatro niveles la cual corresponde, según la norma, a "un organizador o líder de una actividad delictiva que involucró a cinco o más participantes o que fue extensa". Sostuvo el apelante que al evaluar la mejora del liderazgo la corte “combinó su papel [prominente] en su empresa”, de la que era propietario, “con su papel [supuestamente menor] en la conspiración”. De allí que asegurara que el tribunal lo catalogó erróneamente como un organizador o líder cuando solamente era un “proveedor de servicios”. Estimó que tan sólo le era aplicable una mejora de tres niveles.

Directrices bien aplicadas

  Ante esta argumentación los magistrados de la Corte de Apelaciones manifestaron no haber encontrado ningún error en el análisis del juez Hellerstein y aclararon que el estatus de liderazgo no depende del “hecho de que las personas sancionadas por la OFAC estuvieran por encima de él en la jerarquía del esquema criminal”. Por tanto, respaldan la decisión del tribunal de distrito de catalogar a Mones Coro como líder de acuerdo a lo que señalan las directrices.

  Categóricamente establecen que Víctor Mones Coro ejerció autoridad en la toma de decisiones sobre aspectos cruciales de los viajes, aviones, pilotos y recursos de sus empresa, así para ocultar a la OFAC los nombres de las personas sanciones que hicieron uso de los vuelos. Por tanto, el tribunal de distrito no se equivocó al aplicar la mejora de líder de cuatro niveles, estimaron los jueces de la Corte de Apelaciones.

Razonable

  La Corte de Apelaciones consideró que la razonabilidad de la sentencia que Mones Coro sostiene que los factores atenuantes de la misma no fue sopesados adecuadamente. Se refería el apelante a su vida, su ayuda al gobierno, su conducta en prisión, las difíciles condiciones de confinamiento durante la pandemia por Covid-19, entre otros.

  Las magistrados indican que “no tenemos dificultad para ubicar la sentencia de cincuenta y cinco meses de prisión de Mones Coro por debajo de las Directrices dentro del rango de decisiones permisibles disponibles para el tribunal de distrito”.

  Concluyó la Corte de Apelaciones que el tribunal de distrito no impuso una sentencia sustancialmente irrazonable. Procedieron, en consecuencia, a ratificar las sentencia dictada a Víctor Mones Coro por el juez Alvin K. Hellerstein del Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York.

REFERENCIAS

[1] Departmento de Justicia. “Florida Man Sentenced To 55 Months In Prison For Violating Sanctions Against Senior Venezuelan Leaders”. 17 de marzo de 2021. https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/florida-man-sentenced-55-months-prison-violating-sanctions-against-senior-venezuelan

lunes, 26 de septiembre de 2022

Tribunal de NY niega a socia de David Rivera, Esther Nuhfer, acogerse a la 5ta enmienda para no entregar pruebas requeridas en el caso que involucra $15 millones de dólares de CITGO

  Un tribunal de Nueva York ordenó a Esther Nuhfer, dueña de Communicatios Solutions, a entregar las evidencias solicitadas en el juicio contra Interamerican Consulting Inc., la empresa propiedad del excongresista, David Rivera acusada por PDV USA de incumplir un contrato que por $50 millones de dólares le otorgó el régimen de Nicolás Maduro para que ejerciera acciones de cabildeo a favor de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Washington DC en 2017. 

 La juez Lauren Fleischer Louis, del Tribunal de Distrito Sur de Florida otorgó a PDV USA la moción que presentó para obligar a Esther Nuhfer a producir la documentación, al tiempo que rechazó la mayor parte de las objeciones de esta argumentó. En tal sentido dio un plazo de 14 días para que se produjera la entrega de documentos, estableciéndose que la producción de los papeles fuera continua y producto del acuerdo de las partes, la cuales debían reunirse para hacer la revisión y proceder en consecuencia.

   La orden de juez precisa que la entrega debía comenzar por aquellos documentos que ya se han identificado y entregado a su vez al gobierno, en razón de que las solicitudes tanto de la fiscalía como de la demandante son coincidentes.

  El tribunal ordenó, asimismo, limitar las exigencias de PDV USA a Esther Nuhfer dada su condición de tercera y no de demandada, otorgándole a esta la posibilidad de ir presentando objeciones en la medida en que tenga lugar la producción de los papeles.

  La magistrada también echó por tierra la pretensión de Nuhfer y su empresa de acogerse al privilegio de la Quinta Enmienda, al determinar que la misma no aplica en este caso.

  Pautó la celebración de una conferencia de estado en el ínterin del lapso ordenado, para que, si las partes continúan disputando el alcance de los documentos de respuesta obligados, puedan abordar el asunto y resolver la disputa de la manera más rápida y económica que sea posible

 Tal decisión se produjo durante una audiencia de descubrimiento celebrada el 23 de agosto de 2022, cuando comparecieron ante el Tribunal para el Distrito Sur de Florida, Philip L. Rezenstein, abogado de Esther Nuhfer; Brady M. Sulivan, de la firma Willkie Farr & Gallagher LLP, en representación de la demandante PDV USA Inc.

La exigencia de PDV USA

  En primer término, Brady M. Sulivan reclamó que aun habiendo entregado correctamente las citaciones a Esther Nuhfer y su empresa Communication Solutions a objeto de que procediera a la producción de documentos del descubrimiento, hasta la fecha de la audiencia esto no había ocurrido. Expuso ante la magistrada que las objeciones de la demandada no resultaban válidas según la ley, primero porque se presentaron a destiempo, y por no ser correcto el argumento de que la documentación solicitada es muy amplia y exceden todos los límites justos de descubrimiento.

  Igualmente, Sulivan sentenció que a todas luces Nuhfer no actuó de buena fe asistiendo a esta deposición como sostiene su abogado, por cuanto así lo demuestran todas ls declaraciones juradas y pruebas documentales que ha entregado PDV USA, especialmente en lo atinente a su escrito de apertura. 

  Refirió que Nuhfer llevó a los servidores de las demandante a emprender una persecución inútil por toda Miami, lo cual ha costado miles de dólares. Advirtió a la juez que única razón por la que la demandada se presentó al tribunal fue porque un policía le entregó la citación en su casa luego de muchos intentos por notificarle.

  Del mismo modo, Sulivan le salió al paso a la creencia por parte de Esther Nuhfer de que la Quinta Enmienda le otorga licencia para negarse a presentar documentos en respuesta a las solicitudes de PDV USA, primero porque Communication Solutions es una corporación sobre la cual no han presentado evidencia de que se trate de una propiedad exclusiva. Una corporación no tiene una defensa válida de la Quinta Enmienda”, aseguró y luego agregó: “Nuhfer, como custodio de los registros aquí, no puede invocar la Quinta Enmienda incluso si el acto de producción incrimina al custodio de los registros”.

 Destacó el abogado de PDV USA que Communication Solutions firmó los subcontratos que forman el tema de probablemente la mitad de las solicitudes de documentos que se han formulado, los cuales fueron firmados por esther Nuhfer en representación de la empresa. Recordó que Communication Solutions recibió USD 4.5 millones del dinero de la demandante, canalizados por el demandado en el litigio subyacente.

  Además, dijo que la empresa de Nuhfer ayudó a redactar el contrato que está en disputa, lo cual se comprueba a través de los correos electrónicos que sirvieron para discutir y establecer los primeros borradores del mismo.

  Sulivan aseveró que la Quinta Enmienda tampoco aplica para Nuhfer en lo personal, toda vez que el hecho de que sea la poseedora de los documentos que se solicitan no la incrimina, pues eso es de conocimiento público. El abogado de PDV USA le refirió al tribunal que los documentos que Nuhfer se niega a entregar a la demandante, son los mismos que ya entregó al gobierno.

 El abogado citó palabras de Nuhfer cuando expuso en el escrito de oposición que tanto ella como David Rivera “son objeto de una investigación penal que, una vez más, está inextricablemente entrelazada con nuestro litigio. Claramente, la Sra. Nuhfer es un testigo clave aquí con documentos relevantes”.

 En alusión a la observación de la juez que le recordó que al no ser parte de la causa la norma determina minimizar la carga, Sulivan manifestó que, de hecho, PDV USA acordó reducir su exigencia de documentos y propuso que con la representación negar de Esther Nuhfer, establecieran un protocolo con términos de búsqueda y un rango de fechas para hacer que este proceso no sea tan pesado.

  La juez le preguntó respecto a los costos de la notificación y el procesamiento de la moción y Sulivan refirió que están solicitando el pago de los honorarios cancelados por PDV USA cliente a los notificadores de procesos, a los investigadores privados para  determinar el paradero y ubicación que permitiera localizar a Esther Nuhfer, así como la redacción del escrito de apertura y el trabajo asociado con eso. Describió que buena parte del trabajo del informe inicial se dedicó al tema del servicio.

Los alegatos de Nuhfer

  Por su parte, el abogado de Esther Nuhfer, Philip L. Rezenstein, explicó que su cliente es consultora política con dos décadas 20 de experiencia, que fue contratada hace 15 años por David Rivera, cuya demanda subyace a la de su representada. Se trató de un trabajo breve luego de que Rivera perdiera la elección.

  En tal sentido, Rezenstein estima que afirmar que David Rivera está “asistido” por Esther Nuhfer es incorrecto, toda vez que el tiempo que le asesoró difiere del periodo en la empresa de Rivera fue contratada por PDVSA.

 Sostuvo que es falso que Nuhfer ayudara a Rivera en la realización de su trabajo de consultoría con la petrolera venezolana. Refirió que lo que sí es correcto es que Esther Nuhfer ayudo a Interamerican Consulting, la empresa de David Rivera, a asegurar el contrato y advirtió: “Nuhfer no trabajaba para PDV USA ni su empresa tenía una relación contractual con PDV USA”.

 En tal sentido, Rezenstein denunció ante el tribunal el mal uso intencional de sus escritos a conveniencia y fuera de contexto. “(…) nunca le escribí a este tribunal que Nuhfer estaba trabajando con Rivera en su contrato con PDV USA y ganó millones de dólares. Eso no ocurrió”.

 Lo que según el abogado sucedió, fue que Nuhfer ayudó a obtener el contrato y le pagaron por ello, razón lo la cual no es acusada en este caso. “No hay privacidad contractual. Ella no estaba trabajando de cerca con Rivera”.

  Rezenstein advirtió a Sulivan que nunca dijo que su cliente no tenía objeciones ni la obligación de presentarlas en el tribunal. “Lo que dijimos fue que existe una buena causa. Dicen que no existe una buena causa”.

Y rebatió al abogado de PDV USA:

— En los casos que citamos, es bastante simple, un tercero que actuó de buena fe, y creemos que la Sra. Nuhfer actuó de buena fe, no solo aceptando sentarse para una deposición, entrando en discusiones, que finalmente no fueron fructíferas, pero las discusiones ocurrieron con frecuencia por teléfono y por correo electrónico en cuanto al alcance de la citación y la profundidad de lo que buscaban, y por lo tanto, según la jurisprudencia, eso es suficiente para resolver el problema de la buena causa.

  Respecto a la documentación solicitada a su cliente, reiteró que es demasiado amplia pues se pretende que Esther Nuhfer realice una búsqueda con expertos electrónicos y en recuperación de datos, para indagar en todas sus comunicaciones, todos sus textos, todos sus datos, todos sus correos electrónicos, para determinar si tiene o no mensajes relacionados con una reunión que tuvieron David Rivera con Joel Brakha, el gerente de los yates de Raúl Gorrín, porque se dice que una mujer estuvo presente en ese encuentro.

  Y refutó a Sulivan por no haber informado también al tribunal acerca de una declaración que le hicieron a Joel Brakha y le mostraron una fotografía de Nuhfer para que estableciera si era la mujer que había estado en la reunión y el hombre no pudo reconocerla.

  Advirtió que se trata de una solicitud con un costo financiero alto para su cliente, pues implican la contratación de un experto forense para que realice la búsqueda de los datos solicitados. También protestó la forma cómo los notificadores actuaron, al extremo de invadir la propiedad privada.

  Con relación a la amplitud de la documentación requerida, si bien es cierto que se han entregado ya papales a la fiscalía, Reizenstein advirtió aunque las citaciones son de naturaleza muy cercana, no son exactas y, por tanto, los documentos que se entregan al gobierno serían  algo diferentes a los que se proporcionarían a PDV USA.

  Para la magistrada resultaba incomprensible que Esther Nuhfer no pudiera presentar a PDV USA los mismos documentos que había presentado al gobierno y advirtió que la invocación de la Quinta Enmienda no era aplicable. Explicó que no siendo la empresa Communications Solutions de tipo unipersonal sino corporativo, no puede anularse la citación sobre la base de la invocación de la Quinta Enmienda. En tal sentido, estableció que si no hay privilegio por parte de Esther Nuhfer, tampoco lo hay para la empresa.

  El  tribunal planteó recurrir a otra vía distinta a la de recurrir a un experto forense para la recabación de los documentos solicitados por PDV USA, puesto que sería muy costoso para Esther Nuhfer. Sugirió simplemente acudir a las plataformas tecnológicas y proveedores de servicios de que se dispongan y proceder a la producción de los documentos, luego de que la partes convengan en qué papeles específicamente se requieran. Del mismo modo conminó a las partes a revisar los documentos que ya se presentaron a la fiscalía y, a partir de allí, establecer si es necesaria la producción de otros.

  Lo que sí advirtió la juez fue que en las audiencias de descubrimiento exige la presentación de documentos se haga dentro de los 14 días que impone la norma.

  Dejó claro que por tratarse de una tercero en la causa, PDV USA debe ser sumamente específico al momento de establecer qué tipo de documentos está buscando, de manera de no obligar a Nuhfer a realizar una búsqueda que no sea proporcional a su su condición de tercero en esta causa.

jueves, 22 de septiembre de 2022

Javier Alvarado Ochoa: una vieja ficha del chavismo acusado por EE. UU. de desfalcar a PDVSA que adquiere nuevo protagonismo

  El antiguo titular de posiciones fundamentales en los despachos de energía y petróleo se presenta ante un tribunal de Estados Unidos como paladín de la lucha anticorrupción en Venezuela, en tanto los casos en los que está involucrado vuelven a resonar en los escenarios judiciales.

Por Maibort Petit

  Entretanto Javier Alvarado pide la desestimación de la acusación en su contra formulada por la Fiscalía del Distrito Sur de Texas ante el Tribunal homónimo y para ello alega que la misma presenta inconsistencias y califica de ser fatalmente defectuosa en comparación con la causa que se desarrolla en los juzgados de España —donde reside—, por el otro deja sentado que en este último proceso, en el que Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) figura como acusadora, habría retenido documentación fundamental y, peor aún, falsa.

 Javier Alvarado, quien se desempeñó en varios cargos de la administración pública venezolana, tanto en Bariven-PDVSA, como en el Ministerio de Electricidad, Corpoelec, Electricidad de Caracas, entre otros, es acusado de delitos de lavado de dinero en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas-División de Houston, junto Nervis G. Villalobos-Cárdenas, Alejandro Istúriz Chiesa, Rafael E. Reiter-Muñoz, Daisy T. Rafoi-Bleuler y Paulo JDC Casqueiro-Murta.

Lucha contra la corrupción

  Alvarado acusa contradicciones que para él son fundamentales, puesto que en tanto el gobierno lo señala conspirar junto a Roberto Rincón y Abraham Shiera para lavar dinero proveniente de la asignación de contratos irregulares con PDVSA, habiendo supuestamente favorecido a estos contratistas cuando se desempeñaba como presidente de Bariven, la filial de la PDVSA encargada de las compras internacionales, él sostiene que, por el contrario, denunció la corrupción de estos durante su gestión.

  Respecto a la documentación cuya autenticidad ahora se pone en entredicho, Alvarado refiere en su moción que en España como en Estados Unidos, hizo entrega de los mismos papeles.

  De acuerdo a lo expuesto por Alvarado en la moción, luego de que el juez español ordenara a PDVSA entregar todos los documentos que fundamentan su denuncia, esta presentó solamente registros parciales de las contrataciones entre la estatal y las empresas de Rincón y Shiera, los cuales ninguno requería la aprobación del Comité de Operaciones y/o la junta directiva de PDVSA. En pocas palabras, Alvarado acusó a PDVSA de retener dichos documentos.

  Según él, el gobierno no entregó ni una sola factura que sirva para evidenciar que aprobó pagos irregulares a las empresas de Rincón y Shiera. Es mas, Alvarado asegura en la moción que lejos de ser un corrupto, combatió este flagelo desde su posición en los cargos que ejerció.

  En este último sentido, sostiene que produjo una serie de informes donde denunció que las adjudicaciones a Rincón, Shiera y sus empresas contemplaban sobreprecios del 76,26 por ciento, gracias a la gestión irregular de César Rincón. Ante las irregularidades detectadas, dice, solicitó auditorías de los contratos otorgados a las empresas de los citados contratistas.

Colaborador de los EE. UU.

  Para completar su presentación como agente anticorrupción, Javier Alvarado asegura en la moción que fue colaborador del gobierno de los EE. UU. cuando se desempeñaba en PDVSA y suministró información a la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela, relacionada con la corrupción interna de la petrolera.

  Asegura que entre 2010 y 2015 entregó a la embajada información y documentos relacionados con el Ministerio de Electricidad, Corpoelec, PDVSA, Bariven, en respuesta al pedido del Consejero de Asuntos Económicos de la sede diplomática estadounidense, Richard T. Yoneoka.

  Pero no sólo eso, sino que tiempo después proporcionó documentos al Departamento de Justicia y a los fiscales del Distrito Sur de Nueva y del Distrito Sur de Texas con registros de la corrupción vinculada a las empresas Rincón y Shiera.

Fortuna inexplicable

  Pero en tanto, Alvarado asevera que combatió la corrupción en su gestión como funcionario público en Venezuela, otros procesos judiciales, como el que se desarrolla en Andorra lo señalan de formar parte de una compleja trama en la que empresas de maletín que le permitió hacerse de lujosas propiedades en Colombia, España y los Estados Unidos. En l primero de estos países, específicamente en Cartagena de Indias, compró el 70 por ciento de las acciones del hotel Anandá. En estas operaciones irregulares, Alvarado habría actuado con su pareja, Cecirée Carolina Casanova Rangel[1].

  Los casos en España y Andorra

  Lo cierto es que los casos judiciales en contra de Alvarado indican que supuestamente habría desviado USD 15 millones de PDVSA que destinó a todas estas inversiones. El proceso de Andorra lo hace participe de una trama que defraudó 2.000 millones de euros a PDVSA.

  El proceso en Madrid del que habla en la moción, se lleva a cabo en la Sala Penal de la Audiencia Nacional, la cual negó su extradición a Estados Unidos donde la Corte de Texas lo solicitaba por el caso al que hemos venido haciendo referencia. Había sido arrestado en 2019 por el reclamo del tribunal estadounidense, pero en razón de que en España enfrenta la misma causa, se negó la petición de llevarlo a suelo de EE. UU. Desde 2017, también la justicia española lo investiga por el supuesto cobro de coimas a la empresa Duro Felguera[2].

Con los bolichicos

  Nuestra fuente también lo relaciona con la crisis eléctrica desatada a raíz del desfalco que supuso la contratación de Derwick, la empresa de Alejandro Betancourt y el grupo conocido como los “Bolichicos”. Una trama de corrupción que dejó a Venezuela a oscuras mientras la empresa se hizo de millones de dólares por la supuesta venta de plantas eléctricas que resultaron ser mera chatarra.

  Durante mucho tiempo el gobierno venezolano protegió a Betancourt y el resto de los bolichicos, pero en febrero de 2020, el entonces ministro de información del régimen de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, lo acusó que financiar a Juan Guaidó y al partido Voluntad Popular. Entonces lo que hasta la fecha había sido negado, se admitió cuando el alto funcionario chavista dijo que Betancourt negociaba irregularmente con Rafael Ramírez[3].

   Terminaba el romance de Ramírez con el chavismo y se iniciaba una batalla de acusaciones mutuas de hechos irregulares es robo al erario público venezolano. Curiosamente, el expresidente de PDVSA, exministro petrolero y de energía que a capa y espada había defendido el gobierno y todas las instancias del poder, ahora era el responsable toda la corrupción habida en el chavismo. De hecho. El Tribunal Supremo de Justicia declaró nula una investigación de la Asamblea Nacional en manos de la oposición que acusaba a Rafael Ramírez de una mega robo a PDVSA en su gestión. La sentencia Número 893 del 25 de octubre de 2016 admitió un recurso de nulidad interpuesto por Ramírez contra la investigación que la Comisión de Contraloría desarrolló en 2016[4].

  Tareck El Aissami, actual ministro de petróleo revivió el asunto el 30 de agosto de 2022, cuando le solicitó al fiscal Tarek Saab investigar las irregularidades administrativas presuntamente cometidas por el exzar petrolero entre 2004 y 2014[5]. Nuestra fuente refiere que debe haberse producido un incidente sumamente grave entre las cúpulas del poder chavista para que ahora resurjan estos casos.

  En esta órbita de acusaciones gravita el nombre de Javier Alvarado, quien de acuerdo a nuestro informante mantiene una vieja rencilla con Silvestre Molero, por lo que es de esperar siga resonando en la medida en que vayan destapándose casos otrora silenciados por el régimen chavista. La rivalidad y la lucha de facciones, al parecer, servirá para aclarar el conjunto de acusaciones de unos y otros en esta trama que, según todo deja ver, pareciera que todos tienen razón.

[1] Armando.Info. “Los dineros negros de Andorra se lavan en el Caribe”. 1 de diciembre de 2021. https://armando.info/los-dineros-negros-de-andorra-se-lavan-en-el-caribe/

[2] El País. “El gran botín del exviceministro chavista Alvarado”. 28 de enero de 2021. https://elpais.com/internacional/2021-01-28/el-gran-botin-del-exviceministro-chavista-alvarado.html?event_log=oklogin

[3] Efecto Cocuyo. “Jorge Rodríguez acusa a diputados Adrián y Florido de recibir favores de Alejandro Betancourt”. 15 de febrero de 2020. https://efectococuyo.com/politica/jorge-rodriguez-acusa-a-diputados-adrian-y-florido-de-recibir-favores-de-alejandro-betancourt/

[4] Acceso a la Justicia. “Se admite acción de nulidad contra investigación de la AN sobre PDVSA”. 25 de octubre de 2016. https://accesoalajusticia.org/se-admite-accion-de-nulidad-contra-investigacion-de-la-an-sobre-pdvsa/

[5] El Diario. “¿El TSJ declaró nula la investigación de corrupción de la AN de mayoría opositora contra Rafael Ramírez en 2016?”. 31 de agosto de 2022. https://eldiario.com/2022/08/31/el-tsj-declaro-nula-la-investigacion-de-la-an-de-mayoria-opositora-contra-rafael-ramirez/

lunes, 19 de septiembre de 2022

Bancor quiere mantener fuera del escrutinio público la demanda que entabló contra banco en Miami controlado por el régimen de Maduro

 Presentarán una nueva versión de la demanda que contiene información que debe permanecer en la reserva.

Por Maibort Petit

   El impacto que tuvo la noticia de que el régimen de Nicolás Maduro mantiene el control de un banco dentro del propio sistema financiero de los Estados Unidos habría sido de tal magnitud que los demandantes de la consabida institución de Miami, el Eastern National Bank NA, los accionistas minoritarios del mismo, a saber, Bancor Group Inc. y Stitching Particulier Fonds Franeker, presentaron ante el Tribunal para el Distrito de Florida donde se ventila el caso, una moción acelerada para sellar la denuncia.

  Recientemente se conoció que, pese a las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos al régimen venezolano, este a través de un complejo de empresas interpuestas bajo su control, maneja al Eastern National Bank, cuya sede principal se encuentra en el condado de Miami-Dade, Florida. El 99 por ciento de las acciones de la entidad pertenecen a Mercop N.V., una empresa registrada en Curazao que, a su vez, es manejada por Corpofín C.A., una sociedad mercantil que desde 1990 está intervenida por el estado venezolano. El restante 1 por ciento de las acciones del Eastern es propiedad de Bancor Group Inc. y de Stitching Particulier Fonds Franeker, los demandantes.

 La acción judicial, iniciada el 23 de enero de 2021, acusa que los directivos del banco, Gabina Rodríguez, Louis Ferreira, César Gómez Valero, Keith Parker, Carlos Rodríguez y Gustavo Macías —especialmente la primera— abrieron una cuenta al Banco de Venezuela desatendiendo las recomendaciones de la Oficina del Contralor de la Moneda de los Estados Unidos (OCC), que advirtió acerca de los riesgos de tal apertura[1].

 Bancor en venezuela fue uno de los bancos que sucumbió durante la crisis financiera ocurrida en la segunda administración de Rafael Caldera, sin embargo, esto no le impidió seguir operando en EE. UU. a través de las acciones del Eastern National Bank. La agencia del gobierno de Venezuela que maneja a Corpofin, no es otra que el Fondo de Garantía de Depósitos (Fogade).

 Gabina Marina Rodríguez Balza fue designada Administradora de las sociedades mercantiles intervenidas el 21 de septiembre de 2017, de acuerdo a la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 41.241[2].

 Las consecuencias de tal desatención a las observaciones de la OCC contenidas en dos Órdenes de Consentimientos emitidas en 2018 y 2020, en las cuales se alertó sobre las deficiencias en las prácticas del banco, entre las que destacaban las referidas al lavado de dinero y la Ley de Secreto Bancario con relación a la cuenta del Banco de Venezuela, se han hecho sentir.

 En específico, la Orden de Consentimiento 2020 estableció que el Eastern National Bank no cumplió con el mandato de la OCC el 25 de octubre de 2018, por tanto lo declaraba en violación al encontrarse que había incurrido en nuevas prácticas inseguras y poco sólidas.

 La nueva orden, por tanto, abordaba las nuevas infracciones, las cuales adicionaba a las ya continuas prácticas inseguras encontradas en 2018.

  Entre otras directrices, la OCC mandó a que la directiva del Eastern se incorporaran al menos dos directores externos independientes con la advertencia de que estos no podían ser miembros, empleados,  funcionarios o afiliados del banco, como tampoco personas con información privilegiada de una subsidiaria o afiliada del  Eastern National Bank.


  Ahora se requiere llevar a cabo la inspección de libros y registros del Eastern National Bank NA a objeto de constatar el incumplimiento de la entidad a sus obligaciones de cara a las referidas Órdenes de Consentimiento de la OCC. Pero antes de que esta tarea tenga lugar, los demandantes, Bancor Group Inc. y Stitching Particulier Fonds Franeker, han solicitado a la Corte que se emita una Orden para sellar la demanda por ellos presentada y, entonces, proceder a entregar una nueva versión de la misma.

 De acuerdo a lo que los demandantes explican en la moción de sellado, la versión de demanda que presentarán ante el tribunal, contiene información relacionada con la investigación que la Oficina del Contralor de la Moneda de los Estados Unidos (OCC), la cual, por exigencia del organismo, debe mantenerse en secreto.

 Por ello, Bancor y Stitching piden a la Corte sellar la demanda para que ellos puedan proceder a presentar la nueva versión de la misma. Igualmente solicitaron que la duración del sellado sea durante todo el litigio, de tal manera que la información de la OCC permanezca confidencial.

Referencias

[1] Venezuela Política. “Eastern National Bank: El banco mayamero que supuestamente salvó a Nicolás Maduro”. 15 de agosto de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/08/eastern-national-bank-el-banco-mayamero.html

[2] Legis. Sumario Gaceta Oficial del 21 de Septiembre de 2017. http://www.legis.com.ve/BancoConocimiento/S/sumario_gaceta_oficial_del_21_de_septiembre_de_2017/sumario_gaceta_oficial_del_21_de_septiembre_de_2017.asp?Miga=1&Id_Magazin=43&Id_subseccion=82

Estas son las razones expuestas por el expresidente de Bariven (filial de compras de PDVSA) —acusado por EE. UU. de corrupción y lavado de dinero— para pedir al tribunal que desestime la acusación del Gran Jurado

  Javier Alvarado pidió al Tribunal desestimar acusación en su contra por inconsistente y "fatalmente defectuosa"

Por Maibort Petit 

   El expresidente de Bariven, la división de PDVSA que se encargaba de comprar bienes y servicios para PDVSA, denuncia grandes diferencias en la causa criminal que igualmente se ventila en los juzgados de España donde reside, además de asegurar que no cometió delitos en EE. UU.

   El 15 de septiembre de 2022, Michael J. Wynne, abogado de Javier Alvarado Ochoa, presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas-División de Houston, una moción para desestimar los cargos en su contra, por cuanto la Acusación de Remplazo por la que se le pretende someter, “es fatalmente defectuosa, insuficiente, contradictoria, e inexacta y, en consecuencia, no cumple con los requisitos constitucionales mínimos del debido proceso”.

   En dicha instancia judicial estadounidense, Alvarado, junto Nervis G. Villalobos-Cárdenas, Alejandro Istúriz Chiesa, Rafael E. Reiter-Muñoz, Daisy T. Rafoi-Bleuler y Paulo JDC Casqueiro-Murta, es acusado de 17 cargo de delitos de lavado de dinero.

 La acusación de remplazo que Alvarado exige desestimar, fue presentada por la fiscalía el el 24 de abril de 2019.

  Del mismo modo, Alvarado advierte al tribunal que él no encaja en el perfil de las personas extranjeras sujetas a enjuiciamiento bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)

  A su parecer, la acusación de remplazo en su contra está cargada de una se serie de elementos distractivos, como teorías de conspiración, para así evitar la atención sobre las deficiencias jurisdiccionales de la misma.

 Refiere que el gobierno pretende que el tribunal y el acusado desentrañen los hechos de que se le acusa dentro de un conjunto de alegaciones que de ningún modo respaldan la jurisdicción, en lugar de simplemente alegar los hechos de manera concreta.

  La moción expone en primer término que Javier Alvarado fungió como presidente de Bariven entre 2011 y 2013, la filial de PDVSA encargada de las compras de equipos y servicios fueran d e Venezuela. Este periodo se enmarca durante una etapa comprendida entre 2009 y 2015 en el que, gracias a la bonanza petrolera y los altos precios del crudo, la estatal debió realizar muchas adquisiciones para cubrir la demanda que experimentaba.

  Se indica que PDVSA tenía para entonces dos tipos de proveedores internacionales, por un lado, los fabricantes de equipos o componentes de equipos y, por el otro, los intermediarios. Entre este último tipo se encontraban Roberto Enrique Rincón Fernández y Abraham José Shiera Bastidas, quienes crearon a través de un conjunto de empresas bajo su control, la apariencia de que las licitaciones eran competitivas. Llegaron a obtener contratos de la petrolera que totalizaron más de USD 2.000 millones. Mediante el pago de comisiones a funcionarios de PDVSA habrían tenido acceso a información privilegiada; se convirtieron en proveedores únicos de la estatal; obtuvieron condiciones de pago preferenciales frente a otros contratistas; entre otros privilegios.

 Apunta la moción que la acusación de la fiscalía señala a Javier Alvarado de, igualmente, haber mantenido una “supuesta complicidad” con Rincón y Shiera aun cuando durante su mandato solamente se reunión con estos en tres ocasiones, todas ellas fuera del territorio de los Estados Unidos.

  Señalan que Alvarado advirtió a la junta directiva de PDVSA en un informe a finales de do11, que las empresas de Rincón Shiera “obtuvieron contratos que estipulaban pagos que promediaban un 75% más que los otorgados a los fabricantes”, además de las irregularidades ya señaladas.

  La moción describe en una larga exposición el proceso de compras de equipos de PDVSA y la participación de Bariven en estos. Particularmente, hacen mención a un contrato adjudicado a Venmar Inc. una de las empresas de Rincón, en el que el papel de Alvarado se habría limitado a “verificar que, en el proceso de compra, todas las firmas requeridas, incluidas, específicamente, las del Usuario Final que aprueba y prioriza cada factura, se colocaron correctamente en la secuencia correcta”.

  Además, refiere que, respecto a los pagos y extraordinarios y los pagos directos, Bariven se limitaba “a verificar el cumplimiento legal y la integridad de estas propuestas y, en su caso, firmar dichas propuestas para certificar el cumplimiento, con la firma de Alvarado. En cuanto a las Propuestas de Pago Directo, utilizadas para pagar las facturas que habían sido aprobadas y enviadas para el pago por parte de la junta directiva de PDVSA, estas propuestas no fueron procesadas ni ejecutadas a través de Bariven. En consecuencia, ni Alvarado, ni nadie más en Bariven, estaba obligado a revisar o firmar Propuestas de Pago Directo”.

Acusa discrepancias en los procesos

  Javier Alvarado a través de sus abogados refiere que en España y los Estados Unidos se ventila la misma causa, pero acusa discrepancias en los procedimientos y operaciones de PDVSA descritos en el caso español con el señalado por los fiscales en la Acusación de sustitución.

  Indica la moción que a Javier Alvarado se le menciona muy pocas veces y cuando se hace es de manera infundada e incorrecta.

 Alega Alvarado que los fiscales acusan a que César Rincón y Alejandro Istúriz-Chiesa de ser responsables “de desarrollar y aprobar las propuestas de pago” que luego autorizaba Alvarado, cuando es totalmente falso puesto que los primeros no tenían esa facultad, como tampoco la tenía el acusado, pues en la práctica y la realidad le corresponde al Usuario final de los procesos.

  También alerta sobre la falta de comprensión por parte de la fiscalía de los procesos de compra de PDVSA, al tiempo que denuncia que la Acusación de Remplazo contempla alegatos inconsistentes con las declaraciones juradas de PDVSA presentadas en España.

 Refiere las facturas citadas en la acusación no fueron revisadas por Alvarado, pues tenían montos por debajo del mínimo requerido para su autorización. Además, acotan que el gobierno obvia el tipo de pago que se señala debían ser revisados y autorizados parte del Director de Finanzas de PDVSA o de la Junta Directiva de PDVSA. Del mismo modo señalan que en muchas ocasiones Alvarado refutó pagos a empresas de Rincón y Shiera. Estas discrepancias se explicaron a los fiscales, pero no fueron tomadas en cuenta.

  La acusación de remplazo señala que Javier Alvarado era el responsable de “garantizar que Rincón y Shiera no fueran objeto de ninguna investigación interna en PDVSA”, cuando en realidad ordenó siete auditorías e investigaciones que involucraron a empresas de Rincón Shiera, las mismas que los fiscales denuncian como parte de la conspiración de Alvarado. Refieren que sus denuncias fueron respaldadas por el finado expresidente Hugo Chávez, pero que al morir este fue destituido.

  Alerta que la fiscalía en la acusación de remplazo presupone que PDVSA Services Inc. (PSI) fue el agente de compras involucrado  en las contrataciones con la empresas de Rincón y Shiera, lo cual es incorrecto, pues la documentación se ñala que el agente involucrado era uno más grande, a saber, PDVSA Services B.V. en los Países Bajos (PSBV). Destacan que las presentaciones de PDVSA en España señalan que Javier Alvarado no tuvo que ver con la compra de de equipos relacionados con PSI.

  Dicha acusación de reemplazo tampoco reconoce el enjuiciamiento paralelo que tiene lugar en España y en el que están formuladas las mismas alegaciones de hecho. Refiere que PDVSA presentó en los juzgados españoles una descripción detallada de sus procesos y prácticas de compras oficiales.

Retención de documentos

 La moción de Alvarado acusa que no existe coordinación entre los procesos judiciales que tienen lugar en EE. UU. y los que se llevan a cabo en España, aun cuando son por la misma causa.

  Entretanto, Javier Alvarado presentó en el proceso español los mismos documentos que proporcionó a los fiscales y agentes del Gobierno de EE. UU. en 2018.

 El juez español ordenó a PDVSA presentar la documentación que fundamenta su denuncia, pero la petrolera, según la moción, sólo presentó registros parciales sobre las adjudicaciones de contratos a las empresas de Rincón y Shiera. Según lo entregado por la estatal venezolana, no se requería la aprobación del Comité de Operaciones y/o el Directorio de PDVSA.

Es decir, PDVSA estaría reteniendo esos documentos.

 En razón de las fallas presentadas en la acusación de la fiscalía estadounidense, Javier Alvarado estima que solamente debe mantenerse el proceso español.

Colaboración con EE. UU.

  Expone la moción que entretanto trabajaba en contra de la corrupción en PDVSA, entre 2010 y 2015, informó a la Embajada de EE. UU. en Caracas sobre estos hechos irregulares en la estatal. Suministró información y documentos sobre el Ministerio de Electricidad, Corpoelec, PDVSA y Bariven, en atención a pedidos del Consejero de Asuntos Económicos de la Embajada para la fecha, Richard T. Yoneoka.

  Después ayudó al Departamento de Justicia, a la Oficina del Fiscal para el Distrito Sur de Nueva York y al Fiscal para el Distrito Sur de Texas.

  La información suministrada por Alvarado contempló, por ejemplo, el papel que César Rincón tuvo en la aprobación de contratos con sobreprecio a la empresa de Roberto Rincón ya referida, Venmar Inc., así como a otras compañías del empresario que superaron los USD 154 millones.

Lo que pide

 La defensa de Alvarado solicita que el tribunal desestime la acusación fatalmente defectuosa en aras de la economía judicial.

 Alvarado, quien vive en España, no debería verse obligado a rendirse en EE. UU. para ejercer su derecho, sino tendría que ir a Estados Unidos para impugnar la acusación de reemplazo en su contra, con el riesgo de ser encarcelado.

  Sostiene la moción que la fiscalía no alega que Javier Alvarado estaba en los Estados Unidos en el momento de la comisión del presunto delito. Subrayan que Alvarado no califica como un “fugitivo” y no se convierte en uno solo porque continúa residiendo fuera de EE. UU. Advierten que nada sugiere que se ausentó de los Estados Unidos para evitar la lectura de cargos.

 Se asegura que con la califica en el perfil de la FCPA pues no se han establecido los hechos que lo prueben. La Acusación de reemplazo no alega que Alvarado realizó o intentó realizar ninguna transacción financiera en los Estados Unidos.

 Se alega que la Acusación de reemplazo no refiere que Javier Alvarado sea un agente de Roberto Rincón o Abraham Shiera o cualquier otra persona doméstica.