Demandan a la OPEP por promover terrorismo económico para dañar a EE. UU. y a Europa Occidental: El cartel no se da por aludido

  Se señala que, en el caso de Venezuela, esta promueve el comunismo y apoya a los miembros musulmanes del cartel a objeto de que atacar la cultura occidental.

Por Maibort Petit

   La estrategia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo de establecer cuotas de producción petróleo y sus derivados  a sus miembros con miras a hacer aumentar y estabilizar el precio del crudo por encima de los niveles competitivos, no sería más que una conspiración para violar las leyes antimonopolio de los Estados Unidos y desestabilizar a Occidente, según Freedom Watch Inc., demandante de la OPEP ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

  Hasta la fecha han sido inútiles los intentos del demandante para notificar a la OPEP de la acción legal en su contra. DE no ocurrir esto el juez de la causa, Donald M. Middlebrooks, podría desestimar el caso.

La demanda

  El 30 de noviembre de 2021, Larry Klayman del despacho de abogados Klayman Law Firm, en representación de Freedom Watch Inc., presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, una demanda en contra de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), acusándola de cometer acciones anticompetitivas ilegales, aplicar una forma de terrorismo económico cuyas prácticas están dirigidas a dañar gravemente la economía e intereses de los Estados Unidos y Europa Occidental.

   Freedom Watch Inc. —registrada en Washington, D.C. y con oficinas en Boca Ratón, Florida— que se presenta como una organización que busca promover y proteger la libertad en los Estados Unidos y en todo el mundo, refiere en la demanda que compró gasolina a la OPEP y sus co-conspiradores en el distrito judicial federal en el que se estableció la demanda.

  La OPEP, indica la demanda, está conformada por varios miembros que se encuentran empeñados en promover la guerra del Islam radical contra la civilización judeocristiana occidental, especialmente los Estados Unidos e Israel, mientras que en el caso de Venezuela, esta promueve el comunismo. Refiere la demanda que Venezuela colabora con los países musulmanes que componen la OPEP para promover el terrorismo contra Occidente.

  En resumen, de acuerdo al demandante, el reciente, enorme y calculado aumento en el precio de la gasolina y los derivados del petróleo, que se espera supere los USD 120 dólares por barril en 2022, es el resultado de violaciones per se de la ley antimonopolio, y es parte de una estrategia calculada para hacer avanzar a los miembros constituyentes de la guerra latente de la OPEP contra los intereses democráticos occidentales. Tales acciones políticas, explica, obedece a que los actos terroristas manifiestos y otros medios hasta ahora no han producido los resultados "deseados", por lo que han agregado "inteligentemente" el terrorismo económico a su panoplia de armas.

   Acota la demanda, que algunos de los miembros de la OPEP, como es el caso de la República Islámica de Irán, se encuentran, no por casualidad, en la lista de naciones designadas como terroristas del Departamento de Estado de EE. UU., mientras que Venezuela ha estado en proceso de ser agregada a esta lista de estados patrocinadores del terrorismo por su uso del petróleo y otros ingresos para apoyar y financiar grupos terroristas como las FARC colombianas, los talibanes de Afganistán, el estado comunista de Cuba, así como a otras naciones y grupos empeñados en destruir los intereses estadounidenses y occidentales.

  Se asegura que los mayores ingresos que generan las violaciones antimonopolio de la OPEP se utilizan en gran parte para financiar organizaciones terroristas y estados nacionales, apoyados y promovidos en particular por la República Islámica de Irán, Arabia Saudita y Venezuela.

Cómo actúa

  Por ser Estados Unidos el mayor consumidor de gasolina y derivados petroleros del mundo, las acciones de la OPEP están dirigidas a afectar directa y sustancialmente los precios de estos productos en territorio estadounidense.

  Las acciones de la OPEP —que controla la mayor parte de las reservas mundiales de petróleo— serían violatorias de la Sección 1 de la Ley Sherman, 15 U.S.C. § 1 y Secciones 4 y 16 de la Ley Clayton, 15 U.S.C. §15,26.

  Señalan que la OPEP —constituida por Argelia, Angola, Congo, Guinea Ecuatorial, Gabón, República Islámica de Irán, Irak, Kuwait, Libia, Nigeria, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Venezuela— está organizada y existe bajo las leyes de Austria, por lo que ésta y toda la Unión Europea, debería adherirse a la demanda.

  El cártel petrolero que vende gasolina y otros derivados del crudo en todo Estados Unidos ha violado —de acuerdo a los términos de la demanda— las leyes antimonopolio federales en al menos tres formas:

 Primero, mediante la práctica de celebrar acuerdos entre sus miembros para facilitar, habilitar y brindar asistencia directa a su esquema de fijación de precios. Se asegura que la OPEP ha analizado el mercado petrolero de EE. UU. y sobre esta base ha preparado una estrategia a largo plazo.

  Segundo, mediante la participación de los miembros de la OPEP en un acuerdo anticompetitivo y una conspiración para ayudar y facilitar la venta de gasolina y otros productos derivados del petróleo a clientes en los Estados Unidos a precios igualmente anticompetitivos.

 Tercero, extendiendo sus actos y prácticas anticompetitivos directamente a suelo estadounidense a través de diversos proveedores como instrumentos de su esquema ilegal. La OPEP, según Freedom Watch, es responsable de los efectos anticompetitivos en los Estados Unidos de su plan de fijación de precios ilegal y del cártel.

  Se indica en la demanda que, para el momento de su presentación ante la corte, el plan ilegal de la OPEP había conseguido elevar los precios del petróleo a más de USD 72 por barril, “poniendo de rodillas a la economía de los Estados Unidos y de todo el mundo occidental”. Agregan que el precio de la gasolina en EE. UU. bordeaba en ese entonces los USD 6 por galón y seguiría subiendo debido al esquema ilegal y la reducción del suministro de petróleo de la OPEP.

 Se advierte que los actos denunciados en la demanda no pueden ser catalogados como unilaterales e independientes de naciones soberanas tomados y realizados enteramente dentro de los límites de sus propios límites territoriales, sino que como cartel multinacional, la OPEP depende de los actos comerciales concertados y acordados de todos sus miembros, y de aquellos que actúan en concierto con ella, para lograr el esquema de fijación de precios de la conspiración.

El cargo y el pedido al tribunal

  El cargo por el cual Freedom Watch Inc. demanda, señala que la OPEP es un conspirador con sus miembros y co-conspiradores no miembros en violación de la Sección 1 de la Ley Sherman y la Sección 4 de la Ley Clayton.

 La demandante Freedom Watch Inc. solicitó al tribunal dictar sentencia a su favor  y en contra de la OPEP, declarando que las acciones de esta son per se y/o una restricción irrazonable del comercio en violación de la Sección 1 de la Ley Sherman, 15 U.S.C. § 1 y Sección 4 de la Ley Clayton, 15 U.S.C. § 15 y que de conformidad con la Sección 16 de la Ley Clayton, 15 U.S.C. § 26, se debe emitir una Orden preliminar y permanente prohibiendo a la demandada OPEP y los co-conspiradores no identificados, las violaciones continuas de las leyes antimonopolio como se describe en la demanda y ordenando cualquier reparación legal o equitativa adicional que se pueda considerar justa y adecuada.

Conozca los términos de la apelación de quienes reclaman en activos de Samark López Bello el pago de una sentencia a su favor

  Sostienen que se han cubierto todos los pasos de ley y que está establecido fehacientemente ante los tribunales, que quien es considerado un testaferro de Tareck El Aissami es un agente o instrumento de las FARC.

Por Maibort Petit

  Tan diversos como las irregularidades que se le imputan, son variados los frentes por los que Samark José López Bello y sus empresas bregan en los tribunales federales de los Estados Unidos donde está siendo demandado quien es considerado testaferro de Tareck El Aissami. Una de estas batallas es la que libra el empresario con Keith Stansell, Marc Gonsalves, Thomas Howes, Judith Janis en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida y en la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito de los Estados Unidos, para evitar que varios de sus activos vayan a parar a manos de los señalados.

  López Bello pretende defender sus bienes valiéndose del mismo sistema judicial al que descalifica y evade enfrentar, siendo uno de los mecanismos a los que últimamente recurre —como también lo están haciendo otros chavistas procesados por corrupción en EE. UU.— el uso de agentes de la desinformación que tratan de desvirtuar las argumentaciones sobre los que el Departamento de Justicia y las diversas agencias gubernamentales levantan los casos, así como los fallos emitidos cuando estos no le favorecen. En esta ocasión sostiene que se le negó el debido proceso porque la orden de la Corte de Distrito sobre su propiedad se emitió antes de que tuviera la oportunidad de impugnar su condición de “agencia o instrumento” de las FARC. Tal argumentación fue rechazada por los demandantes-apelados, siendo el objeto de esta nota informativa, dar a conocer dichos alegatos sin recurrir a interpretaciones, sino apegándonos estrictamente a informar lo que rezan los documentos judiciales.

  Los susodichos, Stansell, Gonsalves, Howes y Janes, son hijos sobrevivientes de Thomas Janis, víctima secuestrada por guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes obtuvieron en 2010 una sentencia en rebeldía por USD 318 millones contra la referida agrupación rebelde colombiana en virtud de la Ley Antiterrorista, 28 USC § 2333 y, desde entonces, procuran cobrar el fallo mediante la incautación de “los activos bloqueados de cualquier agencia o instrumento [de las FARC]” de conformidad con el § 201 de la Ley de Seguros contra Riesgos de Terrorismo de 2002 (TRIA).

  De acuerdo a este instrumento legislativo, los acreedores judiciales pueden satisfacer una sentencia de la Ley Antiterrorista si (1) el activo es designado como "bloqueado" por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro; y (2) los acreedores del fallo establecen que las propiedades bloqueadas son propiedad de la organización terrorista contra la que recibieron un fallo, o son propiedad de agencias o instrumentos de esa organización terrorista.

   La jurisprudencia ya ha establecido que una parte que desee ejecutar contra los activos de la agencia o instrumento de una organización terrorista, primero debe establecer que la entidad es, de hecho, una agencia o instrumento y en eso se sustenta la apelación presentada ante el Undécimo Circuito donde Samark López Bello trata de echar por tierra la sentencia dictada por el Tribunal de Distrito del 15 de febrero de 2019 que otorga la moción presentada por Keith Stansell y los otros acreedores judiciales para la emisión de autos de embargo y ejecución posteriores a la sentencia sobre los activos de López Bello y las entidades afiliadas a él.

Los argumentos de los demandantes-apelados

   Refieren Stansell, Gonsalves, Howes y Janes, que el 13 de febrero de 2019, presentaron una moción ex parte acelerada ante el Tribunal de Distrito para hacer cumplir la sentencia en rebeldía obtenida contra las FARC en 2010, en procura de hacerla cumplir a través de las propiedades de Samark López Bello.  

   En dicha oportunidad, el Tribunal de Distrito determinó que los hoy demandantes-apelados establecieron (1) que “han obtenido una sentencia de la Ley Antiterrorista contra un partido terrorista (las FARC) que se basa en un acto de terrorismo internacional”, (2) que los activos “sobre los cuales (…) pretenden ejecutar” son “'activos bloqueados' tal como se define ese término en TRIA y ATA, 18 USC §2333(e)”, (3) que “el monto total de las ejecuciones no excede el monto pendiente de la Sentencia ATA [Ley Antiterrorista] de los Demandantes”, y que (4) que según “la Ley Kingpin las partes bloqueadas y los propietarios de los activos bloqueados en cuestión identificados en el Cuadro OFAC son cada uno una agencia o instrumento de las FARC”. En razón de ello, el Tribunal de Distrito concedió la moción y ordenó a los Alguaciles de EE. UU. que ejecutaran, gravaran y vendieran los activos bloqueados, que incluían tres parcelas de bienes inmuebles, dos embarcaciones (yates), un avión y cuatro automóviles. Se programó una venta de la propiedad inmueble para el 16 de abril de 2019. López Bello recibió notificación de esta orden el 25 de febrero de 2019.

  Agregan que el 15 de marzo, Samark López Bello presentó una moción para enmendar la orden de embargo y ejecución del Tribunal de Distrito y solicitó la suspensión de los procedimientos, así como la oportunidad de impugnar la determinación de que él y sus entidades afiliadas eran agencias o instrumentos de las FARC antes de que ocurriera cualquier venta. El pedido fue rechazado por Tribunal bajo el argumento de que López Bello tenía entre el 25 de febrero (fecha en que recibió la orden judicial de embargo y ejecución) y el 16 de abril (fecha en que estaba programada la venta) para impugnar. Por tanto, la afirmación de que "no había tenido ninguna oportunidad de impugnar las acusaciones" no fue convincente.

  Igualmente, la corte determinó que “incluso dentro de [la presente] moción, [López Bello] no ha presentado ningún intento de refutar realmente el hallazgo de agentes o instrumentos”, pues cuando solicitó la reposición, el tribunal señaló que en las múltiples acciones que había presentado ante la Corte, tuvo la oportunidad de argumentar que no era una agencia o instrumento de las FARC y convencerla de que una suspensión del procedimiento era adecuada. En lugar de actuar de esta manera, López Bello había “simplemente pedido, en general y repetidamente, 'una oportunidad para refutar el [hallazgo de agencia o instrumentalidad]'”, pero “ninguna vez” había “presentado explícitamente [el] argumento o evidencia de que la Corte había cometido un error manifiesto en su determinación inicial de agencia o instrumentalidad”. En consecuencia, el Juzgado de Distrito denegó la moción de reconsideración de López Bello y la venta del inmueble se realizó el 16 de abril de 2019; las dos embarcaciones fueron vendidas el 3 de septiembre de 2019 y una tercera embarcación se vendió el 23 de octubre de 2019.

Debidamente notificado

  Se establece que Samark López Bello fue debidamente notificado de las acciones y se advierte que, de acuerdo a jurisprudencia precedente del caso, a saber, Stansell I, el tribunal determinó el derecho a ser notificados y a ser escuchados antes d e la ejecución, pero no tenían derecho a una audiencia antes del embargo o antes de que se emitiera una orden de ejecución. 

  Se indica que el caso de López Bello no puede diferenciarse significativamente del proceso otorgado a las Alianzas, que se consideró constitucionalmente adecuado, además de que este admitió que recibió la notificación efectiva de la orden de ejecución el 25 de febrero de 2019, diez días después de la emisión de la orden, y casi dos meses antes de la fecha prevista para la venta de los inmuebles. Es decir, no se le impidió presentar pruebas para impugnar la determinación preliminar de agencia o instrumentalidad, como señaló el Tribunal de Distrito, “no hay nada en la orden del Tribunal del 15 de febrero que impida que [López Bello] sea escuchado antes de la venta de [su] propiedades.”

  Advierten que al igual que las Sociedades en Stansell I, López Bello “simplemente no presentó ninguna evidencia que cambiara la posición del tribunal de distrito sobre la determinación de agencia o instrumentalidad”, a pesar de que se le dio la oportunidad de hacerlo mediante la presentación de varias mociones.

No se violó el debido proceso

  Al argumento de Samark López Bello de que se violaron sus derechos constitucionales pues el Tribunal de Distrito no emitió un Aviso de comparecencia de conformidad con Fla. Stat. § 56.29(2), que requiere dicha notificación antes de la ejecución en procedimientos complementarios para cumplir con una sentencia, aseverando que este incumplimiento violó sus derechos bajo la Cláusula del Debido Proceso, los demandantes-apelantes rechazan lo expuesto del mismo modo en que lo hicieron en Stansell I.

   Rechazan que la falta de notificación según lo contemplado por la ley de Florida sea motivo de revocación, sosteniendo que “la falta de notificación era inofensiva porque las Sociedades tenían notificación real de los procedimientos de ejecución”.

  Advierten que, si se cumplieron o no con todos y cada uno de los requisitos de procedimiento técnico de la ley de Florida, esto no es prueba de que se haya producido una violación del debido proceso. “Aquí, como se estableció anteriormente, López Bello recibió notificación real de la orden del Tribunal de Distrito del 15 de febrero después de que se emitió, y tuvo la oportunidad de impugnar sus conclusiones. Por lo tanto, no se le negó el debido proceso bajo la Constitución de los Estados Unidos”.

Erróneo procedimiento de López Bello

  Finalmente, los demandantes-apelantes refieren que Samar José López Bello quiso argumentar introducir en su moción para enmendar la orden del 15 de febrero, presentando el alegato solo en su moción de reconsideración.

  En tal sentido, recordaron que en una moción de reconsideración no se pueden utilizar nuevos argumentos que estaban “previamente disponibles, pero no presionados”. Por lo tanto, no era un tema adecuado para una moción de reconsideración, y el Tribunal de Distrito correctamente se negó a abordarlo.

  Por último, los demandantes-apelantes afirmaron la denegación del Tribunal de Distrito de las mociones de Samark José López Bello para impugnar la orden del 15 de febrero de 2019.

Corte desechó pedido de Samark López Bello de desestimar su designación como testaferro de El Aissami y de realizar juicio sumario

 El actual abogado de López Bello notificó a la OFAC que el demandante había decidido retirar voluntariamente la petición y deseaba cerrar el asunto.

Por Maibort Petit

   

El juez de distrito, Reggie B. Walton, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, concedió  la moción de Bradley T. Smith y el resto de los demandados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro para desestimar la contramoción de Samark López Bello que pedía desestimar su designación dentro de la Ley Kingpin, así como el congelamiento de sus bienes en territorio estadounidense o de realizar un juicio sumario y, ordenó desecharla.

La moción de los demandados

   El 7 de enero de 2022, Brian M. Boynton, Asistente del Fiscal General Interino pidió a la Corte del Distrito de Columbia denegar la contramoción de Samark López Bello y otorgar la moción de los demandados, Bradley T. Smith y otros, para desestimar o, en su defecto, para realizar un juicio sumario, y dictar sentencia a favor de en todos los reclamos.

  Refiere el documento de la fiscalía que cuando en febrero de 2017 la OFAC designó simultáneamente como Narcotraficantes Especialmente Designados (SDNT) al demandante, Samark José López Bello, y al Vicepresidente Ejecutivo de Venezuela y narcotraficante internacional, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, la dependencia del Departamento del Tesoro actuó en ejercicio de la autoridad que se le otorgó a través de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico, conocida como Ley Kingpin.

  La OFAC determinó que López Bello ayuda materialmente y brinda apoyo o servicios a las actividades de narcotráfico internacional de El Aissami, a cuyo nombre también actúa.

  Ante el pedido del demandante de que se revoque la decisión bien razonada de la OFAC, los demandados advierten que López Bello en su oposición combinada y su moción cruzada no identifica ningún error de la agencia.

   Sostienen los demandados a través de su moción, que el alegato de López Bello de calificar de arbitraria y caprichosa su designación a razón de que al momento de formularse, pues El Aissami aún no había sido designado como SDNT, no encuentra base en la ley o la lógica. En tal sentido, subrayan que la “Ley Kingpin permite expresamente la designación del testaferro de un capo siempre que también se designe al capo; no se requiere la designación previa del capo en una acción administrativa separada”. 

  Argumentan que la interpretación dada por el demandante requeriría que “el Tribunal hiciera la vista gorda a los objetivos establecidos desde hace mucho tiempo de la Ley Kingpin, es decir, llevar a la bancarrota las operaciones de tráfico de drogas y minimizar el riesgo de fuga de activos. Además, adoptar la posición del Demandante socavaría aún más estos objetivos; OFAC tendría que esperar hasta después de la designación de un capo para tomar medidas contra sus partidarios y subordinados. Mientras tanto, los activos podrían disiparse, continuar el tráfico de drogas o disminuir los esfuerzos de investigación”.

   Se advierte que no existe un mandato constitucional, como lo alega el demandante, para que la OFAC lo alerte de que ha considerado a El Aissami un SDNT antes de que pueda imponer sanciones en su contra. Alertan que adoptar la teoría de López Bello obstaculizaría significativamente la capacidad de la OFAC para llevar a cabo el propósito central de la Ley Kingpin.

  Igualmente, los demandados estiman que los restantes argumentos del demandante son igualmente inútiles, por cuanto su afirmación de que con la decisión de la OFAC se efectuó una incautación ilegal, López Bello no demuestra que tiene ningún derecho de la Cuarta Enmienda y, en cualquier caso, no hace ningún esfuerzo serio para confrontar el precedente del Distrito de Columbia que incluye al propio tribunal, el cual sostiene que las acciones de bloqueo de la OFAC simplemente no son incautaciones como lo refiere la citada Cuarta Enmienda.

   Finalmente, se advierte que el demandante no puede prevalecer sobre su argumento de la Quinta Enmienda de que la OFAC no le proporcionó una notificación adecuada de la base de su designación. Se indica que el registro administrativo redactado, el comunicado de prensa, el gráfico de prensa, el aviso del Registro Federal y los resúmenes no clasificados y no privilegiados de información protegida son más que suficientes para explicar los motivos de la decisión de la OFAC. Refieren que López Bello puede utilizar significativamente los procedimientos administrativos de la OFAC para solicitar la eliminación de la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas.

Los argumentos de los demandados

  Sostienen los demandados que la decisión de designar a Samark José López Bello está respaldada por pruebas sustanciales.

  Entre otras consideraciones, los demandados precisaron que la OFAC concluyó razonablemente, con base en la evidencia, que el demandante actúa para o en nombre de —y ayuda materialmente y proporciona apoyo o servicios para las actividades de narcotráfico internacional— El Aissami, sobre que se determinó que también cumple con los criterios para la designación como SDNT.

  Sobre el alegato de López Bello de que la OFAC se sustentó en un artículo del periódico venezolano Reportero24 sin evaluar la credibilidad de la fuente ni “corroborar” su información de que el demandante se desempeña como testaferro de El Aissami, los demandados refieren que este argumento es erróneo, tanto de hecho como de derecho. Refieren que el registro desclasificado y no privilegiado está repleto de reportajes que confirman la información de Reportero24.

  Asimismo, citas informaciones que dan cuenta de la compra de medios de comunicación venezolanos, entre ellos El Universal y Últimas Noticias, las cuales se habrían hecho a través de López Bello como testaferro de Tareck El Aissami, quien sería el verdadero nuevo dueño. Alertan que ningún tribunal ha sostenido que la OFAC esté obligada a evaluar expresamente la credibilidad de cada fuente que considere. Dicen que si el Demandante cree que el informe el artículo de Reportero24 es defectuoso o poco confiable, puede argumentar ese punto ante la OFAC, que considerará su posición y emitirá una decisión.

   Por otra parte, se refiere que la investigación de varios años de la OFAC reveló el alcance de las actividades internacionales de tráfico de narcóticos de El Aissami.

   Alertan los demandado que la designación de OFAC del demandante y de Tareck El Aissami en el mismo día no es arbitraria ni caprichosa ni excede la autoridad de la agencia. Aseveran que se puede designar a un testaferro incluso si no conoce el estado de designación de un capo, por lo que López Bello no puede cuestionar seriamente la designación de El Aissami e inmediatamente después la del demandante.

López Bello desiste de pedido de exclusión de lista la SDN

  En la misma fecha, 7 de enero de 2022, Ripley Quinby IV, director adjunto adjunto de la Oficina de Orientación Global de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. declaró bajo juramento ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia que ll 9 de octubre de 2017, Samark José López Bello, a través de su abogado anterior, presentó una petición administrativa de conformidad con 31 C.F.R. § 501.807 en procura de la reconsideración de su designación bajo la Ley Kingpin y su exclusión de la Lista SDN de OFAC.

   Asimismo, indicó que el 10 de octubre de 2017, la OFAC acusó recibo de la referida solicitud y notificó al abogado anterior de López Bello que la petición estaba bajo revisión.

   Dijo que el 15 de noviembre de 2017, la OFAC solicitó que Samark López Bello proporcionara información adicional sobre la petición respondiendo un cuestionario y, en tal sentido el abogado anterior del demandante solicitó —y la OFAC concedió posteriormente— nueve prórrogas para responder.

   Ripley Quinby IV indicó que el 24 de abril de 2020, el actual abogado de López Bello envió una carta a la OFAC solicitando la rescisión inmediata de la designación del demandante en virtud de la Ley Kingpin o, alternativamente, una discusión sobre los problemas planteados en la carta. El demandante también pidió que mantuviera en suspenso la solicitud hasta que la OFAC responda o, alternativamente, extienda el plazo para responder al cuestionario por 90 días adicionales.

   Agregó que el 27 de mayo de 2020, la OFAC accedió a la solicitud y concedió una prórroga para responder el referido cuestionario y refirió que el actual abogado de López Bello solicitó —y la OFAC posteriormente otorgó— tres prórrogas adicionales para responder.

  Refirió que el 2 de junio de 2021, el actual abogado Samark López Bello notificó a la OFAC que el demandante había decidido retirar voluntariamente la petición y deseaba cerrar el asunto. Al día siguiente, el 3 de junio, la OFAC reconoció el retiro de la y cerró administrativamente el asunto.