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domingo, 24 de abril de 2022

Rafael Correa casi quintuplicó la deuda pública y convirtió a Petroecuador en caja chica de su gobierno: Informe parlamentario (II)

 La deuda pasó de USD 13.426 millones en 2007 a USD 43.542 millones en 2017.

Por Maibort Petit

  El informe de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional del Ecuador en el Informe “Petrochina: Deuda pública y Comercialización de petróleo”, determinó que durante la administración de Rafael Correa que se extendió de 2007 a 2017 —contrario a lo prometido por el mandatario— el endeudamiento aumentó exponencialmente y la industria petrolera terminó convertida en fuente de liquidez del gobierno.

   A pesar de que en abril de 2007 Correa —había iniciado su mandato el 15 de enero del citado año 2007— anunció la ruptura con los organismos multilaterales una vez fueran saldadas las deudas que el país tenía con esas instituciones y de que en 2008 denunciara que un tramo de dicho endeudamiento era ilegal e ilegítimo, al final de su mandato en 2017 la deuda pública del Ecuador casi se había quintuplicado.

  Al asumir el poder Correa en la nación suramericana, la deuda totalizaba USD 13.426 millones (USD 10.171,90 de deuda externa y USD 3.277,60 de deuda interna), ubicándose la misma en junio de 2017 al cierre de su gestión en USD 43.542 millones (USD 28.552,10 de deuda externa y USD 14.990,10 de deuda interna), es decir, había un incremento de USD 29.951 millones que su sucesor en el cargo, Lenin Moreno Garcés elevó a USD 63.070 millones (USD 45.387,93 de deuda externa y USD 17.682,47 de deuda interna) en solo 4 años de administración.

  Había cambiado Rafael Correa de acreedores al sustituir al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial por la República Popular China, declarada como la nueva aliada de Ecuador en materia de desarrollo en virtud de que la nación oriental supuestamente brindaría el apoyo necesario para el desarrollo de proyectos en sectores estratégicos.

   Rafael Correa reorientó la política de comercialización internacional de hidrocarburos del Ecuador hacia el establecimiento de acuerdos de gobierno a gobierno con China, Venezuela y Uruguay bajo la figura de alianza estratégica, en razón de que, según acusó, la comercialización de petróleo tal y como se venía realizando hasta entonces solamente había beneficiado a las mafias intermediarias.

  Pero estas “alianzas estratégicas” con empresas estatales significó que Ecuador se endeudara entre 2009 y 2016 con China en USD 18.170.000.000 millones, a los que hay que sumar intereses y costos financieros.

 Contratos de preventa de crudo suscritos, entre 2009 y 2016, con Petrochina, PTT y Unipec:


  Además de esto, Ecuador recibió USD 300 millones por un contrato de venta anticipada de fuel Oil Nº 6 con la compañía Oman Trading International.

Petroecuador convertida en caja chica del gobierno

 El gobierno de Correa emitió un Decreto Ejecutivo para la celebración de los convenios de Alianzas Estratégicas, el cual se expidió con el objetivo de “promover la realización de Convenios de alianza estratégica y acuerdos generales de cooperación bilateral a través de la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador (PETROECUADOR), para aprovechar recíprocamente fortalezas y experiencias de otras empresas estatales especializadas en la industria petrolera”.

  El reglamento establecía que los contratos derivados de las Alianzas Estratégicas se firmarían directamente con la aprobación previa del Consejo de Administración de Petroecuador, el cual se reunió por última vez el 1 de abril de 2010, cuando fue disuelto con la emisión del Decreto Ejecutivo 315 del 6 de abril de 2010, suscrito por Rafael Correa. Esto significó que Petroecuador y Petroamazonas se transformaban en empresas públicas, con personería jurídica, patrimonio propio, dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión.

  Establecía el decreto que Petroecuador tenía como objeto principal de Petroecuador “la gestión del sector estratégico de los recursos naturales no renovables, para su aprovechamiento sustentable, conforme a la Ley Orgánica de Empresas Públicas y la Ley de Hidrocarburos, para lo cual intervendrá en todas las fases de la actividad hidrocarburífera con excepción de las fases de exploración y explotación, bajo condiciones de preservación ambiental y de respeto de los derechos de los pueblos”.

  Sin embargo, la Comisión parlamentaria denuncia en su informe que, “contrario a lo que se estableció en el mandato, sobre utilizar sus recursos naturales para su propio beneficio, Petroecuador se dedicó a gestionar líneas de créditos para otorgar liquidez al gobierno central”.

  La Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político se remite en su informe a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, la cual establece en su artículo 34 que “las empresas públicas tienen amplia capacidad para invertir sus recursos económicos y excedentes en la ejecución de proyectos a desarrollarse en las mismas empresas, subsidiarias, filiales, agencias o unidades de negocio en los términos que apruebe el Directorio”. Igualmente, el artículo 39 señala que “en cuanto al reparto de excedentes, aquellos que correspondan a la participación de la empresa pública, observarán los principios y normas previstos en el artículo 315 de la Constitución de la República, es decir, se destinarán a la inversión y reinversión en las mismas empresas, sus subsidiarias, relacionadas o asociadas, en niveles que garanticen su desarrollo. Los excedentes que no fueran invertidos o reinvertidos se transferirán al Presupuesto General del Estado para que sean utilizados en los fines que la Función Ejecutiva considere pertinente”.

  Cita el informe DNA3-0001-2017 de la Contraloría General del Estado del 10 de junio de 2017, donde se determinó que “de los USD 5.000 millones obtenidos por las tres Líneas de Créditos suscritas con el Banco de Desarrollo de China (y de las que Petroecuador fue partícipe, porque fue la empresa que garantizó y pagó los préstamos), el 72% de los recursos fueron de libre disponibilidad para el Gobierno, el otro 28% se destinó para financiar proyectos específicos. En el caso de los recursos recibidos por la Línea de Crédito I, obtenidos por Petroecuador, nada llegó a sus cuentas. La Contraloría General del Estado señala que el 48,90% (USD 538, 7 millones) se destinó a gasto corriente, el 33,03% (USD 363,8) a gasto de inversión, 8,37% (USD 92,1 millones) a gasto de capital, 9,50% (USD 104,6 millones) para aplicación del financiamiento y 0,2% a otros gastos (USD 2,2 millones)”.

  En tal sentido, la comisión parlamentaria denuncia que la las alianzas estratégicas solamente sirvieron como vehículo para evitar el mecanismo de la licitación el cual garantiza, mediante procesos competitivos, las mejores condiciones para el país. Apuntaron que las empresas asiáticas, así como la venezolana PDVSA y la uruguaya ANCAP, terminaron tan sólo ejerciendo un papel de prestanombres toda vez que fueron utilizadas para facilitar que terceros, a saber, intermediarios, adquirieran el petróleo a precios preferenciales, algo a lo que jamás habrían tenido acceso en las condiciones de concurso público internacional.

  El informe de la comisión acusa tal situación como una trama de corrupción que se inició con contratos simulados, decretos ejecutivos, reuniones reservadas de directorios y otros actos que buscaban “facilitar” el proceso que “permitió la corrupción público-privada, en la que intervenían figuras como Enrique Cadena, Antonio Peréz, Jaime Baquerizo, Nilsen Arias Sandoval, entre otras. Sin duda, se trata del andamiaje más sofisticado de corrupción orquestada que se recuerde en Ecuador”.

Entrega del negocio petrolero a China

  Deja sentado el informe que a cambio de la deuda china de USD 18.170.000.000, se entregaron los recursos naturales del Ecuador a largo plazo, a través de 13 contratos comerciales suscritos con Petrochina International Company Limited, Unipec Asia Co. Ltd. y PTT International Trading Pte. Ltd., que se tradujeron en la entrega de 1.325 millones de barriles de petróleo crudo hasta el año 2024, como garantía e instrumento de pago de la deuda. Señalaban los parlamentarios que a febrero de 2022 se habían entregado 1.174 millones de barriles de crudo, quedando pendiente la entrega de 151 millones de barriles de cuatro contratos vigentes, lo que representa un 12 por ciento del total del volumen contractual.

  Refieren los parlamentarios que el saldo de deuda pendiente con la banca asiática a febrero 2022 se ubica en USD 2.000.000.000, mientras la garantía petrolera, representa un volumen de 151 millones de barriles de crudo que al precio actual de USD 90, equivale a USD 14.000.000.000.

  De este modo, la comisión de fiscalización y control político de la Asamblea Nacional del Ecuador, estableció que ese país entregó a China y a la red de intermediarios, un negocio que representa 5 o 6 veces más que la deuda comprometida.