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lunes, 28 de marzo de 2022

CITGO y PDV Holding objetan honorarios del Magistrado Especial que dirige el proceso de venta de sus acciones

 El auxiliar judicial presentó una factura por USD 3,2 millones como pago por sus servicios.

Por Maibort Petit

  El proceso de venta de las acciones de CITGO Petroleum Corporation en poder de PDV Holding Inc.(PDVH) que recientemente ordenó  Leonard Stark, juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware de manera que Crystallex International Corporation pueda cobrar la sentencia por USD 1.200 millones dictada a su favor como indemnización por el despojo que sufrió cuando sus activos en Venezuela fueron expropiados por Hugo Chávez, atraviesa por múltiples procesos. Uno de ellos son las objeciones presentadas por las empresas venezolanas —CITGO y PDVH— a los honorarios que pretende cobrar el Magistrado Especial designado por la corte para diseñar, supervisar y ejecutar el proceso de venta.

  Queja por honorarios del Magistrado Especial

  El 28 de enero de 2022, Kenneth J. Nachbar, de la firma Morris, Nichols, Arsht & Tunnell LLP, remitió una comunicación al juez, Leonard P. Stark, titular del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Delaware para en representación CITGO Petroleum Corporation y PDV Holding Inc. (PDV-H) expresar su objeción a los honorarios del Magistrado Especial y sus Asesores de diciembre de 2021.

   Refirieron que continuaban objetando la magnitud de los honorarios del Maestro Especial y recordaron que CITGO y PDV-H acordaron un tope de USD 2 millones para el mismo, tal como se establece en la Orden del Tribunal del 27 de mayo de 2021.

  CITGO y PDV-H informaron al juez Nachbar que el Auxiliar Judicial ahora se encuentra cobrando USD 3.2 millones en honorarios y, como ya lo habían referido en ocasiones anteriores, ni el Magistrado Especial, ni sus asesores, han justificado suficientemente los gastos.

 Los abogados manifestaron al a la Corte de Delaware que, en la actualidad, CITGO y PDVH no solicitan más información sobre las solicitudes de tarifas pendientes, pero se reservan todos los derechos con respecto a dichas tarifas. Agradecieron la atención del tribunal a este asunto y expresaron la necesidad de dejar en claro sus posiciones con respecto a cada una de las presentaciones de honorarios del Maestro Especial.

El informe del Magistrado Especial

  El 26 de enero de 2022 en versión que se hizo pública el 2 de febrero de 2022, Robert B. Pincus, en su calidad de Magistrado Especial del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware, dirigió una comunicación al juez Leonard P. Stark, titular de la citada corte, para presentar el Informe Mensual correspondiente al período terminado el 31 de diciembre de 2021 respecto a su gestión como del caso que en esa instancia judicial dirimieron Crystallex International Corporation y la República Bolivariana de Venezuela.

   Picus fue designado el 13 de abril de 2021 por el juez Stark para que diseñara, supervisara e implementara la venta de las acciones de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) de PDV Holding Inc.

  Refirió en el informe a la corte que el 27 de mayo de 2021, el juez Stark emitió la Orden sobre Maestro Especial que establecía, entre otras cosas, varias obligaciones y deberes aplicables al Auxiliar Judicial, las Partes y ConocoPhillips, entre ellas su obligación de proporcionar al Tribunal un informe mensual sobre su progreso y esfuerzos.

  Indicó en este sentido, que su último informe correspondió al período terminado el 30 de noviembre de 2021 y que en esta nueva ocasión estaba procediendo a la entrega del Informe de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2021.

  Precisó que, en ese periodo, junto a sus asesores, revisó y analizó el informe complementario relacionado con la OFAC presentado por las Partes del proceso de venta; revisó y analizó las declaraciones informativas entregadas por Rosneft Trading S.A. y PDVSA en virtud de la Orden de Consentimiento sobre Divulgación de Rosneft Trading S.A. y Petróleos de Venezuela, S.A. sobre CITGO Holding Pledge;  revisó y analizó la Respuesta de las partes de Venezuela a la Tercera Orden de Procedimientos de Venta Propuesta Revisada por él; y elaboró y archivó el Informe de Noviembre.

   Robert B. Pincus le manifestó al juez Stark que durante el período del 1 al 31 de diciembre de 2021, incurrió en un total de honorarios y gastos en relación con el desempeño de mis funciones como Auxiliar Especial por una cantidad que se omite en la versión que se dio a conocer, pero que advierte incluye los honorarios y gastos mensuales de los abogados en relación con los asuntos descritos anteriormente. En anexo desglosó dichos honorarios y gastos.

  Solicitó al juez que determinara si dichos honorarios y gastos eran regulares y razonables.


 


Venezuela condenada a pagar más de USD 981.641.531,24 a sus antiguos socios Koch Minerals y Koch Nitrogen: CITGO en la mira

 Las arbitrarias políticas expropiatorias aplicadas por el finado expresidente, Hugo Chávez, continúan teniendo consecuencias nefastas para la república.

Por Maibort Petit

     El 10 de octubre de 2010, el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, tomó el control de FertiNitro, una empresa en la que Koch Minerals y Koch Nitrogen tenían intereses financieros  Específicamente, se expropió la participación accionaria del 25 por ciento de Koch Mineral tenía en la compañía venezolana e interfirió con un contrato existente entre esta y Koch Nitrogen, sin que recibieran compensación por la acción de la administración chavista sobre los activos de FertiNitro. Demandada ante el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (CIADI), Venezuela perdió el litigio y fue obligada a cancelar la indemnización respectiva a los afectados, posteriormente se enfrentó nuevamente a sus antiguos socios en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia en el reclamo del pago de dicha sentencia, que ahora ordenó el pago de más de USD 981.641.531,24 más intereses a favor de los demandantes que los afectados esperan cobrar en el único activo que la nación tiene en territorio estadounidense: CITGO.

  A continuación, presentamos las principales acciones de este caso a lo largo del proceso judicial.

Conferencia de estado

  El 25 de septiembre de 2020, los abogados Alejandro A. Yanos y Carlos Ramos-Mrosovsky del despacho Alston & Bird LLP, en representación de Koch Minerals Sàrl y Koch Nitrogen International Sàrl, presentaron ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, una Moción sin oposición para la conferencia de estado.

 Los demandantes solicitaron que se convocara dicha conferencia con el objetivo de abordar cómo se encontraba el procedimiento para el momento que ocurrían ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware y la reasignación que había sufrido el caso. Informaron que la República Bolivariana de Venezuela no tenía objeción con el pedido, sin perjuicio, sin embargo, de su posición sobre la remisión de este asunto a un Juez Magistrado.

   En apoyo a la moción los demandantes alegaron que interpusieron la acción para se reconociera y dictara sentencia sobre un laudo arbitral dictado contra Venezuela en noviembre de 2017 de conformidad con el Convenio CIADI. En razón de que Venezuela no compareció ni respondió oportunamente a la demanda modificada, Koch solicitó una sentencia en rebeldía el 16 de mayo de 2019. Sólo fue en agosto de 2019 cuando Venezuela compareció y presentó una Moción para anular el incumplimiento, así como una Moción de Desestimación por Falta de Jurisdicción. Desde entonces, los demandantes han respondido a la moción de Venezuela y el argumento oral se escuchó ante el Juez Magistrado el 10 de diciembre de 2019. Las partes presentaron memorandos complementarios para la consideración de la Corte el 20 de diciembre de 2019, estando para la fecha, el caso ahora completamente informado.

  Indicaron que, si bien procuraban hacer cumplir su laudo arbitral contra Venezuela ante este Tribunal, varios acreedores judiciales de Venezuela y/o Petróleos de Venezuela (PDVSA) habían comparecido ante el Tribunal de Delaware buscando subastar los únicos activos comerciales de Venezuela en los EE. UU. de los cuales es probable que se pueda recuperar cualquier fallo a favor del demandante.

   Refirieron que el 9 de junio de 2017, el Tribunal para el Distrito de Columbia autorizó a la empresa minera canadiense Crystallex a registrar su sentencia que confirma un arbitraje inversor-Estado de USD 1.200 millones contra Venezuela en esa entidad. Posteriormente, se dictaminó que PDVSA era el alter ego de Venezuela y que Crystallex podía solicitar una orden judicial de embargo contra las acciones propiedad de esta en PDV Holding Inc. (PDVH), a fin de satisfacer la sentencia.

  Precisaron que tras la denegación de certiorari del Tribunal Supremo del 18 de mayo de 2020, el Tribunal de Distrito de Delaware levantó la suspensión del procedimiento y ordenó a Crystallex y a Venezuela —así como a los terceros intervinientes— establecer la mecánica de cómo se pueden vender las acciones ordinarias de PDV-H contra las cuales el Demandante tiene la intención de ejecutar su sentencia. Desde entonces, Crystallex solicitó una Orden para ello, mientras que Venezuela buscó alivio del fallo final del Tribunal de Delaware y PDV-H actuó para anular la orden de embargo. El de Delaware celebró una audiencia para determinar los procedimientos para una posible venta de los activos de Venezuela el 17 de septiembre de 2020.

  Subrayaron que no sólo Crystallex busca hacer cumplir una sentencia contra las acciones de PDV-H ante el tribunal, sino que también están ConocoPhillips y O.I. European Group BV (OIEG), entre otros.

   Expusieron que en razón de que los activos venezolanos en EE. UU. son limitados para el pago de estos laudos y dado el estado avanzado de los procedimientos ante el tribunal de Delaware y el tamaño de las otras sentencias que otros acreedores de Venezuela y PDVSA buscan cumplir contra esos activos, Koch Minerals Sàrl y Koch Nitrogen International Sàrl advierten que si el Tribunal no actúa a tiempo para que los Demandantes registren una posible sentencia contra Venezuela en Delaware, perderían oportunidad de participar en el proceso de subasta contemplado.

Informe conjunto

  El 6 de noviembre de 2020, los abogados Alexander A. Yanos y Carlos Ramos-Mrosovsky de la firma Alston & Bird LLP, en representación de Koch Minerals Sàrl y Koch Nitrogen International Sàrl; así como Joseph D. Pizzurro y Kevin A. Meehan, pertenecientes a Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP, a nombre de la República Bolivariana de Venezuela; presentaron conjuntamente ante el Tribunal para el Distrito de Columbia, un Informe de estado conjunto en el que abordaron el estado que para dicha fecha tenían los procedimientos de anulación relacionados con el laudo arbitral subyacente a estos procedimientos en el Caso CIADI Nº ARB/11/19.

     En primer lugar, Koch expuso que el procedimiento de anulación se encontraba pendiente ante un comité ad hoc de tres miembros constituido por el Secretario General del CIADI del Banco Mundial. Refirieron que dicho Comité levantó la suspensión de la ejecución del Laudo el 1 de abril de 2019 y, posteriormente, el 7 de julio de 2020, ordenó la tramitación del procedimiento de anulación. Indicaron que el Memorial de apoyo a la anulación de Venezuela vencía el 9 de noviembre de 2020, pero pidieron una prórroga de ese plazo hasta el 9 de diciembre de 2020, solicitud a la que se opuso Koch.

  Estaba prevista una audiencia sobre la solicitud de anulación de Venezuela para el 17 y 18 de julio de 2021.

   Por su parte, el gobierno del presidente interino, Juan Guaidó —único gobierno de Venezuela reconocido por los EE. UU.— advirtió que no tenía conocimiento de los procedimientos de anulación en el Caso CIADI Nº ARB/11/19 y que no reconocía ninguna acción tomada por el régimen de Nicolás Maduro en nombre de Venezuela.

Orden

   El 23 de diciembre de 2020, la Juez Magistrado de los Estados Unidos,  Zia M. Faruqui, de acuerdo a lo expresado en el Memorando de Opinión respectivo, negó la Moción de los demandantes para que se dictara Sentencia por Incumplimiento.

  Igualmente, la juez Faruqui negó una petición de desestimación presentada por Venezuela; y concedió la petición de esta para anular la declaración de incumplimiento.

  Por otra parte, el tribunal ordenó a las partes presentar un programa conjunto para regir cualquier otro procedimiento antes del 5 de enero de 2021. La magistrada refirió que el programa conjunto propuesto debía abordar (a) si se necesitaba algún descubrimiento y (b) un programa informativo acelerado para regir la presentación.

Memorando de opinión

   El 23 de diciembre de 2020, Zia M. Faruqui, juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, emitió el Memorándum de opinión que sustentaba la decisión anteriormente descrita.

    Se refiere que Koch Minerals Sàrl y Koch Nitrogen International Sàrl demandó a Venezuela en procura del reconocimiento y sentencia sobre el laudo arbitral del CIADI y luego el secretario del tribunal entró en mora porque la demandada no compareció durante mas de un año después de recibir la notificación. Ante esta situación los demandantes solicitaron una sentencia en rebeldía, mienras que meses después, Venezuela hizo su primera aparición, presentando una Moción para dejar sin efecto la declaración de incumplimiento y para desestimar. En esta decisión a que se hace referencia en el Memorando de Opinión, la Corte concedió la solicitud de Venezuela para anular el incumplimiento, pero negó su pedido de desestimación. Se indica que, habiendo dejado de lado el incumplimiento, el tribunal también negó la Moción de los Demandantes para emisión de una Sentencia por Incumplimiento por estimarla como discutible.

  El CIADI determinó que Venezuela era responsable y otorgó a Koch Minerals USD 140,25 millones y a Koch Nitrogen USD 184,8 millones, por lo que las estos últimos presentaron esta demanda en procura de hacer cumplir el laudo que, de resultar a favor de los demandantes los llevaría a reclamar el pago en los únicos activos significativos que Venezuela ha dejado en los Estados Unidos, a saber, acciones en poder de PDVSA sobre una sociedad de cartera de Delaware, PDV Holding Inc. (PDV-H) propietaria de CITGO Petroleum Corporation. Esos activos son objeto de un litigio en curso en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Delaware en la causa de Crystallex International Corp. contra PDV Holding Inc., así como por parte de otros acreedores venezolanos. Estos activos también son objeto de sanciones por parte del Departamento del Tesoro.

Las objeciones de Venezuela

  El 6 de enero de 2021, el abogado José D. Pizzurro, de la firma Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP en representación de Venezuela, presentó ante el tribunal para el distrito de Columbia, las objeciones a las conclusiones y recomendaciones propuestas por el juez de primera instancia emitidas indebidamente como un memorando de opinión, por lo que solicitó desestimar el caso por falta de jurisdicción personal y notificación insuficiente del proceso bajo la FSIA.


   Venezuela advierte que desde el primer momento que compareció, lo hizo “a los efectos limitados” de pasar a sobreseer por falta de jurisdicción personal e insuficiente notificación la causa en su contra.

   Venezuela se reservó expresamente “todos los derechos y defensas” en su notificación de moción y, en buena medida, también en su escrito de apertura, al tiempo que incluyó una orden propuesta para ser firmada por el “Excmo. Ketanji Brown Jackson, juez de distrito de los Estados Unidos”. Advirtió que en ningún momento Venezuela consintió en la jurisdicción de un juez de instrucción, ni pretendió manifestar tal consentimiento a través de su apariencia limitada, que pretendía tener el efecto contrario, es decir, oponerse a la Jurisdicción de la Corte para tomar cualquier acción.

  Refirió que en el primer informe de estado conjunto presentado bajo la dirección de la jueza magistrada, Deborah A. Robinson, antes de que se llevaran a cabo las audiencias, las partes estipularon que Venezuela no consintió en la jurisdicción de un juez magistrado y, a riesgo de ser redundante, declaró por separado que las “mociones de las partes deben ser decididas por el juez del tribunal de distrito”, una posición que ha reiterado a lo largo del proceso, incluso después de la asignación del caso a la juez, Zia M. Faruqui. Sobre esta última, se sostiene que esta jueza de instrucción creyó erróneamente  que podía ejercer jurisdicción bajo la sección 636(c) —sin el consentimiento afirmativo de Venezuela y sobre su reserva de derechos y objeciones persistentes— debido a su determinación de que había sido debidamente notificada y que, con ello había consentido implícitamente en la jurisdicción de un juez de instrucción al no comparecer y objetar de manera oportuna. El juez de instrucción se equivocó en ambos cargos, aseguró la demandada.

  Venezuela aseguró que un juez magistrado no puede inferir el consentimiento cuando, como es el caso, una parte hace una aparición limitada y se reserva todos sus derechos. Reiteró que no había sido notificada del proceso y, por lo tanto, el tribunal carecía de jurisdicción en virtud de la FSIA

  Manifestó que desde enero de 2019, Venezuela atraviesa una transición política trascendental en medio de una emergencia humanitaria sin precedentes que fue aprovechada por los demandantes Koch Minerals SÀRL y Koch Nitrogen International SÀRL para solicitar y obtener una declaración judicial en rebeldía sobre la declaración de que se había notificado a la República de conformidad con el Convenio sobre la Notificación en el Extranjero de Documentos Judiciales y Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial. Advierten que los documentos del expendiente demuestran que, a lo sumo, Koch solamente envió dos solicitudes de servicio por correo privado a la autoridad central designada de Venezuela en virtud de la Convención de La Haya, la Oficina de Asuntos Consulares del Ministerio del Poder Popular de Relaciones Exteriores, que es responsable para la tramitación de solicitudes de servicios y que permanece bajo el control exclusivo del régimen de Nicolás Maduro.

  Acota que Koch reconoce que no recibió el certificado de entrega requerido emitido por la autoridad de Venezuela.

Orden

  La juez Zia M. Faruqui, titular del Tribunal para el Distrito de Columbia consideró la apelación que Venezuela hizo del Memorándum de Opinión de la Corte del 23 de diciembre de 2020 basado en su “expectativa de que un juez del Artículo III decidiría” su moción anterior de desestimación.

    Se advierte que en la decisión que la objeción de Venezuela se basa en su creencia errónea de que el juez del Tribunal de Distrito, Ketanji Brown Jackson, todavía preside la causa, aun cuando este magistrado no ha presidido este asunto desde el 31 de mayo de 2019.

 Se indica que Venezuela no ha presentado ningún mecanismo procesal que pueda llevar el caso nuevamente ante el juez Jackson. Por tanto, el caso permanece en manos de Zia M. Faruqui.

  La Corte negó la apelación de Venezuela la cual interpreta como una Moción de Reconsideración.

  Finalmente, la magistrada advirtió que si Venezuela apelara oportunamente las órdenes de la Corte, entonces ésta suspendería el procedimiento pendiente de apelación. De lo contrario, dado que ambas partes acuerdan que no se justifica más descubrimiento, el Tribunal estableció un calendario de sesiones informativas: Solicitud de sentencia sumaria de los demandantes hasta el 22 de marzo de 2021; la Oposición del Demandado para el 5 de abril de 2021; y la Respuesta de los Demandantes vencía el 12 de abril de 2021.

La sentencia

  El 22 de febrero de 2022, la Juez Magistrado de los Estados Unidos, Zia M. Faruqui, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, emitió Sentencia.

  En dicha sentencia determinó que a Koch Minerals le corresponde recibir como monto principal la cantidad de USD 140.250.000 más USD 28.419.011,14 por concepto de interés previo a la adjudicación del 11 de octubre de 2010 al 30 de octubre de 2017, calculado en la tasa Libor a 6 meses en US$ más 2%, capitalizable semestralmente; así como los intereses posteriores al laudo desde el 30 de octubre de 2017 hasta la fecha de la entrada de la causa al referido Juzgado por ella presidido, los cuales deben ser calculados a una tasa de US$ Libor a 6 meses más 2%, compuesto cada seis meses.

  La juez estableció que, por su parte, Koch Nitrogen debe recibir como monto principal la cantidad de USD 166.700.000 más intereses previos al laudo desde el 11 de octubre de 2010 hasta el 30 de octubre de 2017, calculados a la tasa Libor a 6 meses en US$ más 2%, capitalizable semestralmente, lo cual suma USD 33.778.603,62; y los intereses posteriores al laudo desde el 30 de octubre de 2017 hasta la fecha de la emisión de la sentencia a una tasa de US$ Libor a 6 meses más 2%, capitalizable cada seis meses.

   Asimismo, los demandantes conjuntamente, deben recibir por costas judiciales, la cantidad de USD 17.436.085,10 y por costos de arbitraje, USD 628.836.435; más los intereses posteriores al laudo sobre los costos legales y de arbitraje anteriores desde el 30 de octubre de 2017 hasta la fecha de la sentencia a una tasa de US$ Libor a 6 meses más 2 %, capitalizados cada seis meses; y el interés posterior al fallo sobre el monto total del laudo, calculado a la tasa establecida en 28 U.S.C. § 1961, desde la fecha de la sentencia hasta el pago total.





miércoles, 13 de octubre de 2021

Fuentes: Hubo complicidad interna en CITGO para el pago de USD 15 millones a empresa del excongresista David Rivera

  La filial de PDVSA, PDV USA Inc. reiteró los cargos de su demanda inicial contra Interamerican Consulting Inc.

Por Maibort Petit

   El caso que se libra en la Corte del Distrito Sur de Nueva York entre PDV USA Inc., filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y la empresa Interamerican Consulting Inc., propiedad del excongresista de le Estados Unidos, David Rivera, va más allá de un simple reclamo por incumplimiento de contrato, de acuerdo a lo que revelan fuentes ligadas al caso. Informantes de Venezuela Política advierten que, evidentemente, los USD 15 millones que involucra la demanda fueron extraídos de CITGO con complicidad interna. Una serie de manejos por parte de Gina Coon, tesorera, y José Pereira, ex vicepresidente de la filial, quien habría ordenado a la primera hacer el pago, pues se trataba de “una orden de arriba”, emanada de Nelson Martínez.
   Dichas fuentes sostienen que los manejos irregulares son fáciles de detectar con solo revisar los movimientos bancarios de la empresa en el JP Morgan. Al mismo tiempo, advierte que debe ponerse la lupa en Marcia Wiss, abogada de ejercicio en Washington, quien habría sido la artífice de la transacción en conjunto con los funcionarios de CITGO y PDVSA.
  El dinero de la disputa, presentando como un pago por supuestos servicios de cabildeo que la empresa de Rivera no habría finalmente prestado, habría tenido otro destino que, según el excongresista, eran fondos destinados al financiamiento de las protestas promovidas por la oposición venezolana contra el régimen de Nicolás Maduro en 2017.

  El asunto terminó ventilándose en los tribunales y desde el momento mismo en que PDV USA Inc., filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), suscribió un contrato con la empresa del ex congresista estadounidense, David Rivera, Interamerican Consulting Inc., por presuntos servicios de asesoría de la segunda para con la primera, comenzó una diatriba que parece no tener fin y una serie de acusaciones entre las partes no tienen cuándo terminar.

  El último capítulo en esta guerra de corresponde a la demandante inicial, PDV USA Inc. la cual presentó ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York su respuesta a la contrademanda que Interamerican ejerció el 19 de agosto del presente 2021, negando todos los términos de la misma.

  El pasado 19 de agosto de 2021, Interamerican Consulting Inc. presentó una contrademanda en contra de PDV USA Inc. en la que negó todos los términos de la demanda interpuesta por esta última en su contra acusándola por incumplimiento de contrato. La empresa del ex congresista republicano, David Rivera, aseguró que es la filial de PDVSA la que debe pagar USD 30 millones que serían el saldo del contrato[1].

La respuesta de PDV USA

  El 24 de septiembre de 2021, Jeffrey B. Korn, de la firma Willkie Farr y Gallagher LLP que representa los intereses de PDV USA Inc. en el caso en que demanda a la empresa Interamerican Consulting Inc. en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Nueva York, presentó su respuesta y defensas afirmativas a las contrademandas del demandado al tiempo que pidió a la Corte desestimar dichas contrademandas; otorgarle sentencia a su favor de acuerdo a lo solicitado en la Demanda Enmendada; y cualquier otra compensación adicional que el Tribunal considere justo y equitativo.


   PDV USA Inc. negó las alegaciones de Interamerican en su contrademanda, limitándose a admitir que Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) es la matriz última de CITGO Petroleum Corporation (CITGO) y que David Rivera es un excongresista de los Estados Unidos, propietario de la compañía demandada, con el que celebró un acuerdo para que esta le prestara supuestos servicios de consultoría el 21 de marzo de 2017, y que Interamerican se negó a dar su consentimiento al “Acuerdo de Consentimiento de Asignación y Asunción al Acuerdo de Consultoría, con fecha del 21 de marzo de 2017”.

   PDV USA Inc. reiteró los cargos de su demanda contra Interamerican Consulting Inc., a saber, un cargo por Incumplimiento de contrato; un cargo de por Enriquecimiento injusto; su sentencia declaratoria; al tiempo que enfatizó el pedido de alivio pues, asegura, que la demandada no tiene derecho alguno a las reparaciones que reclama.

Las defensas afirmativas de PDV USA

   Ante las contrademandas de Interamerican Consulting Inc., PDV USA Inc. afirmó sus defensas sin perjuicio de cualquier posición que pueda adoptar con respecto a la carga de la prueba sobre dichas defensas. Asimismo, se reserva el derecho de hacer valer defensas adicionales, incluidas las basadas en hechos revelados mediante descubrimiento o investigación adicional.

   En este sentido, PDV USA en su Primera defensa afirmativa destaca que la contrademanda no establece un reclamo sobre el cual se pueda otorgar una reparación.

 La Segunda defensa afirmativa sostiene que el reclamo de Interamerican por incumplimiento de contrato está excluido por su propio incumplimiento material previo.

   Entretanto, la Tercera defensa afirmativa de PDV USA refiere que los reclamos de Interamerican están excluidos en todo o en parte por las doctrinas equitativas de manos sucias, destituciones, preclusión y/o renuncia.

   A su vez, la Cuarta defensa afirmativa indica que cualquier reclamo de reparación equitativa o declaratoria está excluido porque el Interamerican tiene un recurso adecuado en la ley.

    La Quinta defensa afirmativa de PDV USA advierte que los reclamos de Interamerican están excluidos, en todo o en parte, porque el Acuerdo es inválido, ilegal, nulo y/o nulo ab initio y, por lo tanto, inaplicable. Recuerda que el presidente de Interamerican, David Rivera, declaró a la prensa poco después de la presentación de la demanda, indicando que su empresa nunca tuvo la intención de brindar los servicios de consultoría estratégica que fueron objeto del contrato.

   Por último, la Sexta defensa afirmativa asevera que la reclamación de Interamerican por incumplimiento de contrato se excluye en todo o en parte porque no cumplió con una condición precedente en virtud del Acuerdo.

REFERENCIA

[1] Venezuela Política. “Empresa del excongresista, David Rivera niega los términos de la demanda de PDV USA en su contra y presenta contrademanda”. 20 de agosto de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/08/empresa-del-excongresista-david-rivera.html

lunes, 4 de octubre de 2021

CITGO obtiene USD. 556 millones en reembolso de impuestos bajo la Ley de ayuda del gobierno de EE. UU. por la Pandemia de COVID-19

   CITGO Petroleum Corporation, filial de Petróleos de Venezuela S.A., y cuya finanzas atraviesan  problemas de liquidez, recibió una cantidad neta de aproximadamente USD 556 millones del Servicio de Impuestos Internos (IRS), según un documento corporativo interno obtenido y verificado por el portal Zignox.

   Zignox informó que CITGO recibió la devolución de impuestos, cuyo monto incluye intereses, el 27 de septiembre de 2021. Según los documentos revisados por el medio, CITGO había solicitado el reembolso en virtud de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus, conocida como “Ley CARES”.

  CITGO, que en el segundo trimestre reportó una utilidad neta de USD. 3 millones y un EBITDA de USD. 214 millones, posee y opera tres refinerías a gran escala, con una capacidad de crudo combinada de aproximadamente 769,000 barriles por día, ubicadas en Lake Charles, Luisiana. ; Lemont, III; Lemont, III.; y Corpus Christi, Texas, según un comunicado de prensa oficial publicado el 16 de agosto.

  CITGO también tiene participación accionaria en 39 terminales activos de almacenamiento y transferencia de productos refinados, y tiene acceso a más de 120 terminales de terceros y partes relacionadas a través de acuerdos de intercambio, terminales y similares, según el sitio web de la empresa.

 Leer artículo original aquí.

jueves, 26 de agosto de 2021

Corte fija cronograma del proceso judicial entre PDV USA y la empresa del excongresista David Rivera

     El juicio se llevará a cabo a mediados del próximo año 2022.

Por Maibort Petit

   La Corte del Distrito Sur de Nueva York fijó el 24 de septiembre del presente años 2021, como la fecha límite para que PDV USA Inc. responda a la contrademanda que en su contra formuló la empresa del exparlamentario republicano David Rivera, Interamerican Consulting Inc.
   El pasado 20 de agosto, el juez John G. Köelt estableció un cronograma en el que, además de la diligencia anteriormente mencionado, fijó el 21 de febrero de 2022 para presentar los alegatos enmendados, fecha que igualmente será el plazo límite otorgado por el tribunal para que las partes puedan reunirse.

   Las declaraciones de expertos deben presentarse antes del 11 de abril de 2022; la etapa de descubrimiento de hechos, incluidas las declaraciones de los testigos de hechos tendrá como fecha tope el 21 de febrero de 2022; las mociones de sentencia sumaria vencen el 25 de mayo de 2022; la orden preliminar conjunta se estableció para el 17 de junio de 2022 o 21 días después de la decisión de cualquier moción dispositiva.

   Asimismo, el juez Köeltl estipuló que las partes deberán estar listas para el juicio con 48 horas de notificación o 21 días después de la presentación de la orden preventiva conjunta.

Solicitud de plazo

   El 1 de julio de 2021, Kathryn Lee Boyd, de la firma Hecht Partners LLP que representa legalmente a Interamerican Consulting Inc. en el proceso judicial que se desarrolla en la Corte del Distrito Sur de Nueva York donde PDV USA Inc. la demandó por incumplimiento de contrato, remitió una comunicación al juez John G. Köeltl, para solicitar la extensión del plazo de que dispone para responder a la Demanda Enmendada, al tiempo que se excusó por no poder estar presente en la conferencia pautada para el 13 de julio de 2021.
   Refirió que la razón por la cual no podría asistir se debía a que es, además, el abogado principal del juicio en Apple Inc. v. Corellium LLC, Nº 9-19cv-81160-RS, para la fecha de la comunicación pendiente ante el juez Rodney Smith en el Distrito Sur de Florida, quien había pautado ya anteriormente, una conferencia previa al juicio para el citado 13 de julio de 2021. Esta causa tenía pautado el inicio del juicio para el 19 de julio de 2021. Le recordó que el Tribunal había denegado la solicitud conjunta de las partes de aplazar la fecha del juicio para septiembre.

   La comunicación al juez refería que, de conformidad con la Regla Federal de Procedimiento Civil 6 (b), el Interamerican Consulting solicitaba que el Tribunal extendiera el tiempo para que el demandado pudiera responder a la Demanda Enmendada por 30 días, hasta el 5 de agosto de 2021. El Demandado también solicitó que el Tribunal suspendiera la conferencia a la primera semana de agosto, o la fecha más temprana a partir de entonces, que fuera conveniente para la Corte. Las partes solicitaron que la Corte reajustar el plazo para presentar el informe de la Regla 26 (f), en consecuencia. El juez otorgó la solicitud.

Cambio de abogados

  El 2 de agosto de 2021, Kathryn Lee Boyd, de la firma Hecht Partners LLP, en representación de Interamerican Consulting Inc. solicitó al juez Kathryn Lee Boyd una prórroga para presentar la respuesta a la demanda enmendada en su contra.
    Explicó Boyd al magistrado que tal pedido lo hacía en virtud de que había sido informado por su cliente de que tenía la intención de contratar nuevos abogados en este asunto y estos, probablemente tomarían una nueva dirección y estrategia en la defensa de el caso. Pidió plazo hasta el 19 de agosto de 2021, para que se finalizara la contratación de los abogados y estos presentaran la respuesta solicitada por el tribunal.

  De hecho el 19 de agosto de 2021, el nuevo abogado de Interamerican Consulting Inc., Tucker H. Byrd, presentó la respuesta a la demanda enmendada y contra demandó a PDV USA Inc. como ya lo informamos en entrega anterior[1].

REFERENCIAS 

[1] Venezuela Política. “Empresa del excongresista, David Rivera niega los términos de la demanda de PDV USA en su contra y presenta contrademanda”. 20 de agosto de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/08/empresa-del-excongresista-david-rivera.html

martes, 26 de enero de 2021

CITGO demanda a aseguradoras que se niegan a pagar por pérdida de crudo

 Los hechos se enmarcan en el forcejeo entre Maduro y Guaidó por el control de la filial de Petróleos de Venezuela.

Por Maibort Petit

   Por incumplimiento de contrato CITGO Petroleum Corporation demandó a las aseguradoras que se niegan a pagar por la pérdida de 939.000 barriles de crudo diluido y 22.000 barriles de crudo Pedernales de su propiedad que estaban cargados a bordo del petrolero M/T Gerd Knutsen, cuando este fue atacado el 9 de octubre de 2020 durante un movimiento insurreccional contra la presidencia interina de Venezuela, ejercida por Juan Guaidó. La demanda fue presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York el pasado 15 de enero de 2021.

  Las empresas aseguradoras demandadas son Ascot Underwriting Limited, Pioneer Underwriting, MS Amlin Underwriting Limited, Travelers Syndicate Management Limited, Brit Syndicates Limited, Sompo International Insurance, Chaucer Syndicates Limited, Markel Syndicate Management Limited, Neon Underwriting Limited y Starstone Insurance SE, con las cuales CITGO suscribió la Póliza de Reaseguro de Carga Marítima Nº B1263EG0466118.

El caso

   Los hechos ocurrieron el 9 de febrero de 2020, cuando el Gerd estaba anclado frente a las costas de Venezuela en espera de permiso para zarpar hacia su puerto de destino en Aruba. Ese mismo día, actores venezolanos que buscaban desplazar al gobierno interino de Juan Guaidó, se acercaron al buque petrolero en armas y le ordenaron navegar a un puerto venezolano.

   Refiere la demanda que el capitán del buque protestó, pero obedeció y cuando llegaron a puerto, la carga fue incautada, transferida a otro barco, perdiéndose por completo.

  Ante los hechos, CITGO entregó rápidamente a las aseguradoras un aviso de pérdida real bajo la póliza, pero las empresas rechazaron el reclamo en una carta fechada el 18 de marzo de 2020.

  Se explica que CITGO se encontraba asegurada por Illuminant Insurance Company y ésta reaseguró el 100 por ciento del riesgo asegurado con otra aseguradora cautiva de CITGO, Trimark Insurance Company, Ltd, la cual, a su vez, cedió el 100 por ciento del riesgo reasegurado a los aseguradores demandados.

   La demanda la presenta CITGO directamente y no las aseguradoras por ser el destinatario final de cualquier producto bajo la póliza y, de acuerdo a una cláusula del contrato, puede hacer las reclamaciones sin la participación de Illuminant y Trimark.

  La cobertura de la póliza incluye el riesgo de daño o pérdida de "Bienes y/o Mercancía de cualquier descripción", con un límite de responsabilidad de "USD 100,000,000 por cualquier Buque y/o Aeronave y/o Transporte y/o cualquier pérdida en cualquier ubicación".

  Esta cobertura se aplica a la carga “desde el momento en que la [carga] pasa a ser por cuenta y riesgo del Asegurado (...) y continúa mientras el objeto está en tránsito y/o almacenado, incluso durante demoras dentro o fuera del control del Asegurado, (...) hasta que finalmente se entregue en [el] destino final previsto (...)".

  Apunta la demanda presentada por CITGO que la póliza incluye establece entre los riesgos cubiertos, uno denominado "Cláusulas de Guerra del Instituto (Carga)", en la que se estipula que el seguro cubre la pérdida o daño del objeto asegurado causado por: 1) guerra, guerra civil, revolución, rebelión, insurrección o contienda civil que surja de ella, o cualquier acto hostil por o contra una potencia beligerante; 2) captura, incautación, arresto, restricción o detención, que surja de los riesgos cubiertos en el primer caso, así como las consecuencias de los mismos o cualquier intento al respecto.

  Aparte de hacer mención a varias estipulaciones de la póliza relativas a las formas de evitar o minimizar la pérdida; garantías de los transportistas, depositarios o terceros; gastos de envío en caso de viaje frustrado; entre otras, prevé que el contrato se rige por pautado en la ley de Nueva York, por lo que las partes se someten a la jurisdicción exclusiva de los tribunales del Estado de Nueva York.

Los hechos

  CITGO fletó el Gerd de Knutsen Shuttletanker Pool AS para transportar el crudo que recibió gratis de su casa matriz PDVSA, iniciándose la carga el 20 de enero de 2019, completándose el 27 de enero del citado año. La demandante ordenó el 30 de enero de 2019 al capitán del buque salir de aguas venezolana rumbo a Aruba donde se entregaría el DCO.

  Antes de zarpar, el Gerd requería una serie de autorizaciones que organismos dependientes del gobierno ilegítimo de Maduro se negaron a otorgar y, por ello, el buque petrolero permaneció durante más de doce meses anclado frente a las costas venezolanas en procura de las referidas autorizaciones.

  La falta de respuesta de las autoridades venezolanas y la incautación del Gerd, ocurrieron como consecuencia de una insurrección contra su presidente legítimo y gobierno reconocido internacionalmente, Juan Guaidó, sostiene la demanda.  

  La demanda hace una larga y detallada exposición de estos acontecimientos que conforman el panorama en el cual se desarrollaron los hechos que motivan la demanda de CITGO a las aseguradoras.

   Fue así como fuerzas leales a Nicolás Maduro retuvieron al Gerd e impidieron que zarpara durante más de un año. El crudo se cargó entre el 20 y 27 de enero de 2019, en cuyo lapso Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, fue juramentado como presidente interino de Venezuela.

  Un día después de completada la carga, el 28 de enero de 2019, Estados Unidos impuso sanciones a PDVSA que le prohibieron recibir los ingresos de las ventas de petróleo tanto en territorio estadunidense como en otros lugares, congelando efectivamente las cuentas por pagar a la estatal petrolera venezolana. Se buscaba que el régimen de Maduro siguiera “saqueando los activos del pueblo venezolano”.

  El 30 de enero de 2019, apenas dos días después de la implementación de las sanciones contra PDVSA, que el Gerd solicitó por primera vez las autorizaciones necesarias para salir de aguas venezolanas. Refiere la demanda que cuando las autoridades venezolanas no respondieron, CITGO ordenó a la embarcación que zarpara hacia Aruba, pero el capitán rechazó la instrucción y dijo que el barco no partiría sin las autorizaciones necesarias.

  El 1 de febrero, representantes de PDVSA solicitaron que el Gerd entregara su carga a la custodia de la petrolera, pero el capitán del buque se negó con el argumento de que su fletamento con CITGO no le permitía acceder a las demandas de Petróleos de Venezuela.

  El 8 de febrero de 2019, Juan Guaidó nombró una nueva Junta Directiva ad hoc de PDVSA, la cual designó una nueva directiva de PDV Holding, propietaria de las acciones de CITGO. PDV Holding igualmente nombró los nuevos directivos de CITGO Petroleum Corporation, la empresa demandante.

   La Corte de Cancillería de Delaware dictaminó que la junta recién nombrada por Guaidó era la legítima y única Junta autorizada para actuar en nombre de CITGO. También el Procurador Especial de Venezuela estableció que la carga pertenecía a CITGO y no a PDVSA y, no obstante, el capitán de puerto venezolano, SENIAT y la Guardia Costera Bolivariana ignoraron las solicitudes de autorización para navegar del Gerd.

   Una serie de eventos prosiguieron hasta que el 22 de diciembre de 2019, un supuesto representante de PDVSA abordó el barco junto con dos miembros de la Guardia Nacional y entregó al capitán una orden presuntamente emitida por un tribunal venezolano —no un tribunal marítimo— para que el Gerd se dirigiera hasta la Terminal de Puerto José y descargar el crudo. CITGO, a su vez, ordenó al capitán no cumplir la orden del tribunal.

  El 9 de febrero de 2020, una embarcación venezolana armada se acercó al Gerd y obligaron al capitán llevar la nave al puerto de Jose, lo cual realizó bajo protesta para proteger la vida y la seguridad de su barco y tripulación.

  De este modo, el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro se apoderó del crudo cargado en el Gerd.

  Estos hechos los notificó CITGO a las aseguradoras el 22 de julio de 2019 y se inició el proceso para declarar la pérdida de la carga y proceder al cobro bajo la póliza, pero estas se niegan a pagar.

  Ante tal circunstancia, presentó la demanda por incumplimiento de contrato y sentencia sobre dos aspectos del contrato, declarando la incautación de la carga como surgida de una guerra, guerra civil, revolución, rebelión, insurrección o conflicto civil enmarcados en las Cláusulas de Guerra del contrato.

  También se pide al tribunal declarar los costos en que incurrió CITGO al intentar evitar la pérdida o recuperación de la carga; otorgar a CITGO los honorarios razonables de sus abogados y los costos incurridos para llevar a cabo la demanda; y otorgar cualquier otra reparación que la Corte considere justa y apropiada.