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martes, 22 de diciembre de 2020

José Luis De Jongh-Atencio, exgerente de CITGO, acusado de corrupción y lavado de dinero, se declaró no culpable en un tribunal de EE. UU.

Por Maibort Petit

   En un documento emitido por la Corte del Distrito Sur de Texas, se informa que el lunes 21 de diciembre de 2020, el exgerente de CITGO,  José Luis De Jongh Atencio renunció a comparecencia para la lectura de cargos en el tribunal y a través de sus abogados se se declaró no culpable de los delitos de corrupción, lavado de dinero y cobro de sobornos.

   El magistrado Gray H. Miller fijó la fecha del juicio del ex-funcionario corrupto de CITGO, José Luis De Jongh-Atencio para  enero de 2021. El proceso se realizará sin jurado lo que se conoce como Bench Trial o "juicio de banco o en el tribunal", proceso en el cual el juez toma las mismas decisiones de procedimiento [que en uno con jurado], escucha las pruebas y decide si el acusado es culpable o inocente.

  De Jongh-Atencio es un ciudadano venezolano-estadounidense que fue acusado por el gobierno de los Estados Unidos de haber participado en un esquema de lavado de dinero, que involucra sobornos, para asegurar de manera corrupta, los contratos de CITGO y PDVSA a los demás conspiradores. Un gran jurado federal aprobó la acusación de seis cargos el 16 de julio de 2020.

   El 6 de agosto de 2020, durante la audiencia, los abogados de De Jongh Atencio sometieron a consideración del juez una una fianza por $2 millones para disfrutar de libertad bajo fianza. El 11 de agosto fue liberado con la prohibición de salir del país. 

    De Jongh trabajó en la subsidiaria del grupo de proyectos especiales de PDVSA con sede en Houston. La acusación federal señala que,  desde aproximadamente 2013 hasta al menos 2019, acordó aceptar más de $ 2.5 millones en pagos de sobornos de los contratistas, José Manuel González Testino y Tulio Anibal Farías Pérez, y otros, en el marco de un enorme esquema de corrupción y lavado de dinero que incluyó la entrega de contratos con sobreprecios de CITGO y PDVSA con sobreprecio a las empresas de los conspiradores.

  González Testino y Farías Pérez se declararon culpables por presuntas violaciones de las leyes estadounidenses contra el soborno y otros cargos en relación con el caso.

  De Jongh Atencio ordenó que los pagos de sobornos de los contratistas González Testino y Farías, se hicieran a cuentas bancarias a nombre de empresas fantasmas en Panamá y Suiza y luego lavó las ganancias del soborno a través de cuentas bancarias de EE. UU. Y utilizó la mayor parte de los fondos para comprar bienes raíces en Texas, según informó el Departamento de Justicia.

  También supuestamente recibió obsequios como boletos para los principales eventos deportivos y conciertos de los empresarios.

   La acusación del Departamento de Justicia estadounidense contra el exfuncionario de CITGO, José Luis De Jongh-Atencio, no incluye a todos los asociados de la conspiración criminal ni a la totalidad de las empresas que pagaron sobornos para obtener contratos  fraudulentamente en la filial de PDVSA en Estados Unidos. 

    De Jongh Atencio creó un emporio de riquezas, gracias a negocios ilícitos vinculados a CITGO durante las administraciones de Alejandro Granado y Nelson Martínez. En la estructura criminal hay más cómplices, muchos de los cuales se encuentran en Miami y Houston, que le habrían ayudado a comprar una serie de propiedades a través de compañías fantasmas.

  Fuentes internas de CITGO han revelado que De Jongh Atencio recibía órdenes principalmente del entonces CEO de CITGO,  Nelson Martínez y de José Luis Zambrano, actualmente arrestado en Caracas.  

  Dentro de la estructura criminal en la que participó De Jongh Atencio  participaron, además de González Testino y Farías Pérez, otros contratistas corruptos como Pietro Micale, Ernesto Luis Guevara Rodríguez, Manuel Chinchilla Da Silva, Ángel Rodríguez, entre otros. Dichos contratistas  usaron una serie de empresas de fachada, entre las que se destacan: Rothwell Energy, ICTS, Petroleum Logistics, DanelCorp., EcoWire, SPS, Stang Industrial Products, Ventex, Drill Corp y Lexington Tech.

   De acuerdo a un documento que fue publicado en este expediente, De Jongh Atencio aparece mencionado como receptor de sobornos en otros dos casos, que incluye el del contratista, Gonzalo Morales Divo, (caso sellado #19-cr 001148) y el caso de Laymar Peña Torrealba  (Caso No. 19-cr-186). Gonzalo Morales Divo se declaró culpable de conspirar con su asociado, José Manuel González  Testino, para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Se sabe que Morales colabora con la justicia de los Estados Unidos y su caso fue sellado desde el inicio del proceso por decisión del tribunal.  

   Peña, González Testino, Morales Divo y Farías Pérez están a la espera de sentencia.   González Testino, Farías Pérez y probablemente Peña podrían ser llamados como testigos en el caso de De Jongh.


jueves, 17 de diciembre de 2020

Conozca cómo opera el crimen organizado en las regiones de Venezuela (I)

 En esta entrega hacemos referencia a los estados Aragua, Táchira y Sucre.

Por Maibort Petit

     El crimen organizado y la corrupción parecen haberse enquistado en Venezuela en donde actúan, como todo así lo indica, con la anuencia y complicidad de funcionarios del estado. En esta nueva serie veremos cómo operan las organizaciones criminales en algunos estados del país, específicamente se hace mención a Aragua, Delta Amacuro, Falcón, Nueva Esparta y Sucre, al igual que se hace referencia a Apure, Barinas, Bolívar, Táchira y Zulia.

   Tal análisis forma parte del informe “Crimen organizado y corrupción en Venezuela: Un problema de Estado”, elaborado por Transparencia Venezuela y en el cual se hace un recuento acerca de las organizaciones criminales, los tipos delitos, situación regional en varios estados, el papel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), además de presentar una serie de iniciativas para combatir el problema y darle solución.

En Aragua

   En el estado central de Aragua opera la que, sin dudas, es la mayor megabanda criminal de Venezuela, a saber, el “Tren de Aragua”, conformada por unos mil miembros comandados desde el Centro Penitenciario de Aragua conocido como “Tocorón” donde está preso su líder principal, Héctor Rustherford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”.

  Esta megabanda surgió en 2002 a la sombra del “sindicato” que controlaba el ingreso de trabajadores en las obras de construcción del tramo del ferrocarril o tren que atravesaría el estado Aragua y que cobraba a los obreros por conseguirles empleo y luego cuotas semanales para mantenerlo. Tales irregularidades derivaron en delitos que incluyeron el asesinato de quien se negara a pagar o disputara el poder de la ilegal agrupación sindical. A estos delincuentes se les comenzó a llamar el “Tren de Aragua”, consolidándose como agrupación criminal que se diversificó y extendió sus tentáculos en todo el estado Aragua.

  El asentamiento principal del “Tren de Aragua” en el barrio San Vicente, del municipio Girardot, es una de las “zonas de paz” creadas por el régimen de Nicolás Maduro. La megabanda también tiene presencia en el barrio “La Pedrera” de Maracay.

   El “Tren de Aragua” en la actualidad controla los negocios delictivos en el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como “la cárcel de Tocorón”. Uno de esos negocios es el cobro de la denominada “causa” o cuota —semanal o mensual— que deben cancelar los más de 7.000 privados de libertad de la cárcel de Tocorón y que equivale a entre USD 10 y 15 por recluso. Los internos que no pagan, porque ellos o sus familiares no tienen recursos, deben cumplir distintas labores de trabajo en la cárcel. A esto se suma el pago que hacen algunos reclusos con capacidad económica por ocupar áreas especiales y otros privilegios, lo cual genera ingresos que se calculan en unos USD 1.500.000 anuales.

  Desde Tocorón también controlan la prostitución y la venta de drogas. En el penal, incluso, hay sembradíos de marihuana y se comercia con alcohol, cigarrillos, alimentos, ropa y otros bienes. Manejan el negocio de apuestas dentro de este recinto; hay varios restaurantes como el llamado “El Sazón del Hampa”; la discoteca “Tokio”, donde se han presentado artistas nacionales y extranjeros; y hasta una especie de “banco”, donde a cambio de una comisión, los reclusos hacen retiros en efectivo el dinero; esta “entidad bancaria” hace préstamos a intereses leoninos.

  El líder de la pandilla o “pran” y su estructura de criminales cuentan también dentro de Tocorón con piscina, campo de béisbol y hasta con un zoológico.

  El “Niño Guerrero” vive en una casa de dos pisos en el penal, con televisión por cable y hasta planta eléctrica, donde recibe visitas de personas ajenas al centro penitenciario.

   El poder del “Tren de Aragua” se extiende extramuros del penal, la extorsión es uno de los principales delitos que ejercen mediante el cobro de “vacuna” a muchos industriales, comerciantes y productores agropecuarios de la región y estados cercanos. Quien se niegue a pagar puede ser objeto de atentados contra sus propiedades o puede ser asesinado. La distribución y venta de drogas en los barrios y urbanizaciones del estado Aragua es otra de sus actividades, además de secuestros dirigidos desde Tocorón. El sicariato, robo y hurto de vehículos, son otras de sus fuentes de ingresos.

  El “Tren de Aragua” se ha constituido como una especie de franquicia criminal a la que se asocian otras bandas que, en algunas áreas de sus negocios, deben compartir ganancias con el “Niño Guerrero.

   Transparencia Venezuela estima que para desempeñar la actividad criminal desde dentro de la cárcel de Tocorón, es necesaria la connivencia de funcionarios, tanto de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que custodia la parte externa del penal, como del personal del Ministerio Penitenciario encargado de la parte interna.

   Buena parte de los delitos que el Tren de Aragua coordina desde la cárcel se coordina por telefonía celular y otras tecnologías, pues no se cumple la ley que regula el uso de estas tecnologías en las cárceles.

   Refiere el informe que el “Niño Guerrero” ha sido “beneficiado con algunas decisiones judiciales como, por ejemplo, la dictada por el tribunal sexto de juicio del Circuito Judicial del estado Aragua, que lo absolvió en junio de 2018 de la acusación por los delitos de secuestro agravado y asociación para delinquir. En este juicio, se prescindió del testimonio directo de la víctima y se hizo sin la presencia del acusado en sala. En ese mismo mes y año, en otra causa penal en la que había sido condenado a un poco más de 17 años de prisión, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia ordenó a la Corte de Apelaciones de estado Aragua, la revisión y reajuste de la pena a Héctor Guerrero”.

   Las actividades delictivas del “Tren de Aragua” se han extendido hacia otras entidades como el estado Bolívar, donde controlan varias minas ilegales. En el estado Sucre existen células que controlan el narcotráfico y el contrabando hacia Trinidad y Tobago y otras islas del Caribe. En Carabobo y en el sur del estado Guárico, cometen múltiples delitos, como robos, secuestros, homicidios y extorsiones contra comerciantes, industriales y productores agropecuarios. Esta ramificación a otros estados requiere, indudablemente, de la complicidad de funcionarios civiles, ligados al poder político, y militar.

  Las acciones del “Tren de Aragua” se han extendido a Perú, Brasil y Colombia.

 Acota el informe que pese que es la más grande de Venezuela, todavía el “Tren de Aragua” no ha alcanzado el grado de sofisticación de los carteles mexicanos, Las Maras de El Salvador o el de las pandillas brasileñas, pero de continuar su crecimiento y fortalecimiento, podría convertirse en un gran problema, no solo para Venezuela, sino para la región.

En Táchira

  Varios grupos criminales actúan en el estado Táchira, dedicados al narcotráfico, la extorsión, el contrabando de gasolina y otros bienes, a la par de que ejercen el control de los pasos fronterizos informales o “trochas”, entre otros delitos.

  Táchira es la entidad venezolana con más agrupaciones irregulares, entre ellas, grupos armados organizados (GAO) como Los Rastrojos, los Urabeños (también conocidos como “Clan del Golfo”, “Clan Úsuga” o “Autodefensas Gaitanistas”), las Águilas Negras y el Ejército Popular de Liberación (EPL), conocidos como los “Pelusos”. A estos se suman el ELN y las FARC.

  También opera “La Línea”, un apéndice del “Clan del Golfo” presumiblemente dirigida por Jesús José Hernández Almarza alias “El Causa”; los “Bota de Cauchos” o “Botacauchos” (por el material de las botas que usan), con aparentes vínculos con funcionarios civiles y militares venezolanos

   Refiere el informe que el FBL (conocidos como los “Boliches”) y el “Tren de Aragua”, también tienen presencia en Táchira dese 2018, cuando Freddy Bernal fue designado por Nicolás Maduro como “Protector del estado Táchira”. En la entidad los colectivos han adquirido protagonismo en el dominio de varias “trochas” y de otras actividades ilícitas en la región.

  Se acota que la presencia de la delincuencia organizada en este territorio binacional se ve incentivada por los reiterados cierres de frontera; el creciente paso de venezolanos que migran hacia Colombia o atraviesan por allí en ruta hacia otros países de la región; la diferencia en el costo de muchos bienes; la escasez de muchos productos en Venezuela; las dificultades para obtener los documentos necesarios para pasar de un lado a otro; la búsqueda de rutas de salida de la cocaína producida en Colombia; el combate frontal por parte de Colombia contra los grupos irregulares.

   El control de las “trochas” se ha convertido en guerra en el estado Táchira. En los caminos verdes los grupos de delincuencia organizada protagonizan constantes conflictos armados por el dominio de estos pasos.

  Las víctimas de estos enfrentamientos no solo son los miembros de los grupos irregulares, sino también funcionarios de las fuerzas militares y policiales, así como civiles que transitan o hacen vida en la zona.

  Las “trochas” son un negocio gigantesco para los grupos irregulares que les reporta miles de dólares diarios, pues cada persona que requiera pasar la frontera debe pagar a estas mafias. Estos pasos ilegales también se usan para contrabandear gasolina y otros bienes que van de lado a lado.

La corrupción facilita el contrabando en la frontera tachirense.

  El ELN y las FARC ejercen control social sobre las comunidades que están en los territorios que dominan, llegando incluso a suplantar al Estado en algunas tareas como, por ejemplo, la policial. Los castigos para los que incumplan sus reglas pueden ir desde una multa, hasta la muerte.

  El estudio permitió conocer la existencia de reclutamiento forzoso, inclusive de niños y adolescentes, estableciéndose que las terribles condiciones de vida que sufre el pueblo venezolano, impulsan a muchos jóvenes a ingresar a algunas de estas agrupaciones de delincuencia organizada.

En Sucre

   Entretanto, el estado Sucre es el epicentro de diversas actividades de delincuencia organizada, como narcotráfico, robo de transportes de carga, trata de personas, extorsiones y secuestros, entre otros delitos.

  La cercanía de Sucre con Trinidad y Tobago propicia actividades ilícitas entre ambos, siendo la principal el narcotráfico. Muchos pueblos de la entidad, especialmente los de la Península de Paria, están tomados por bandas delictivas organizadas que se adueñaron del tráfico de drogas en esta ruta.

   Testimonios, recogidos por la redacción del informe, señalan que Río Caribe, San Juan de Las Galdonas, Santa Isabel, San Juan de Unare, Güiria, Yaguaraparo, Guacuco y Guarataro, están controlados por bandas delictivas que se dedican al narcotráfico hacia el Caribe.

  El principal grupo delictivo, “Los Valencianos”, es un apéndice o célula del “Tren de Aragua”, conformada por delincuentes que deberían estar pagando condena en el penal aragüeño, pero que inexplicablemente están en libertad.

  Las entrevistas realizadas para la elaboración del informe señalan que la llegada de estos delincuentes de Tocorón a Sucre tendría que ver con la relación cercana entre Tareck El Aissami y Edwin Rojas, gobernador del estado, quien fue viceministro en el Ministerio de Interior y Justicia cuando este despacho estaba en manos del primero.

  También operan las bandas de “Zacarías” y la de “Ring Doblado”, la primera dirigida por un delincuente del estado Bolívar, donde también estaría relacionado con la extracción ilegal de oro. En Río Caribe, alias “Edguer” y sus lugartenientes “Chipilín”, “Chuche” y “Coco” dominan el tráfico de drogas y ejercen control social en el poblado, todo con el presunto apoyo de autoridades locales.

  Los habitantes de los pueblos de la Península de Paria viven con temor y guardan silencio por temor a ser asesinados. Aseguran que funcionarios civiles y militares también estarían involucrados en estos delitos.

   El narcotráfico en la zona ha hecho que, en los pueblos de la costa de Sucre, sus pobladores hayan abandonado la pesca y, ya sea porque fueron reclutados o por voluntad propia o forzosamente, ahora se dedican al tráfico de drogas. El turismo en la actualidad es casi inexistente y la producción agrícola mermó.

  Sucre es uno de los principales puntos de traslado de migrantes ilegales hasta Trinidad y Tobago, a través de embarcaciones que zarpan desde Güiria. Las personas deben pagar cerca de USD 300 para ser trasladadas en una embarcación que, muchas veces, va sobrecargada de migrantes y mercancía de contrabando, lo aumenta el riesgo de naufragio. En muchos de los botes que zarpan desde Güiria se trasladan mujeres que, por voluntad propia o bajo engaño, van a Trinidad y Tobago a ser explotadas sexualmente. En esta actividad estarían involucradas autoridades.

   La delincuencia organizada en Sucre también se dedica a la piratería por carretera. Se roban camiones y gandolas de carga. Tanto en la troncal 9, que comunica al estado Sucre con Anzoátegui, así como en la troncal 10, que conecta a Sucre con Monagas, existen bandas que se dedican a asaltar a camiones de carga, vehículos de transporte y de particulares. Allí operan la banda de “El Curi”, de alta peligrosidad.

   Una constante en todas las actividades delictivas desarrolladas en el estado Sucre es la impunidad, pues sólo en algunos casos el Ministerio Público adelanta las investigaciones de rigor. “Pareciera que los cuerpos de seguridad solo actúan cuando un grupo delictivo afecta sus intereses”, destaca el informe.



viernes, 11 de diciembre de 2020

Juez otorga libertad bajo fianza al piloto Michols Orsini, vinculado al caso de Tareck El Aissami

  El magistrado Alvin K. Hellerstein advirtió al acusado que sí violaba las condiciones de la libertad condicional sería castigado con el peso de la ley.

Por Maibort Petit

  Un juez del Distrito Sur de Nueva York otorgó libertad bajo fianza al piloto venezolano, Michols Orsini Quintero para que se preparare para el juicio que tendrá lugar en febrero de 2021. Orsini Quintero está acusado de haber violado las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos al exvicepresidente, Tareck El Aissami y su presunto testaferro, Samark López Bello.

   La defensa de Orsini Quintero cuestionó a la fuente confidencial del gobierno en el caso, señalando que sus testimonios eran poco confiable y por haber incurrido en faltas graves que, incluirían, el fraude migratorio.

  La defensa de Orsini Quintero dijo que el tribunal debía garantizar a su representado, el debido proceso y por ello solicitó al juez que le diera el beneficio de otorgarle libertad bajo fianza, de manera que pueda colaborar con sus abogados en el análisis de las pruebas presentadas por la fiscalía, toda vez que la situación de pandemia hace imposible la revisión de las mismas en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva (MCC), donde se encontraba recluido.

   El 12 de noviembre de 2020, la abogada Sabrina Shroff remitió una comunicación a Alvin K. Hellerstein, juez de la causa Estados Unidos contra Michols Orsini Quintero que se dirime en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, para solicitar al magistrado se le otorgue a su defendido el beneficio de libertad bajo fianza y se excluyan del proceso judicial parte de las producciones tardías que la fiscalía ha presentado en el caso de su representado.

     En su exposición al juez, Shroff se quejó de la práctica frecuente del gobierno de producir tardíamente descubrimientos que, en el caso de Orsini Quintero, fueron 15 producciones separadas entregadas meses después de la interrupción del descubrimiento y mientras esperaba el juicio. Contrasta la situación de su cliente con la del coacusado, Víctor Mones Coro.

  Especificó que cada una de las referidas 15 producciones tardías contiene documentos que estuvieron a disposición del gobierno durante mucho tiempo, los cuales totalizan 6 terabytes de información para los abogados defensores. Esto ocurrió en los últimos seis meses.

   Estimó la abogada que el tribunal no debe permitir esta situación pues va en perjuicio de Orsini Quintero, encarcelado en MCC-Nueva York, quien no tiene la capacidad práctica para revisar el descubrimiento de manera expedita, por lo que no debería ser penalizado por las producciones de descubrimiento tardías de la fiscalía, pues esto es violatorio del debido proceso.

   Acotó Sabrina Shroff que la libertad bajo fianza permitiría a Orsini Quintero revisar el descubrimiento en busca de material útil para su defensa, prepararse adecuadamente para el juicio y no verse obligado a elegir entre la revisión del descubrimiento y el encarcelamiento adicional antes del juicio.

Descubrimiento inoportuno

   Refirió la abogada que Michols Orsini Quintero fue acusado en marzo de 2019, debiendo haberse completado el descubrimiento, de acuerdo a la normativa, en septiembre de 2019. Sin embargo, desde septiembre de 2019 hasta junio de 2020, la fiscalía no realizó producciones de descubrimiento, sino a partir de esta última fecha hasta la actualidad.

   En este ínterin, el gobierno produjo terabytes de información para los abogados defensores, principalmente en relación con la fuente confidencial (CS) conocida como “Marín" [ Alejandro Javier Marín], aun cuando nada de esta producción sea el resultado de la reciente detención de dicha fuente confidencial.

   Sostiene la defensa que Orsini Quintero tuvo un papel limitado en la conspiración y, a diferencia de los demás imputados, no es dueño de empresas, no está vinculado a nadie en el poder político venezolano y es una persona de muy escasos recursos, lo cual puede verse en las producciones iniciales del gobierno.

   Subraya la defensa que la para nada la fuente confidencial de la fiscalía puede tenerse como digna de confianza, pues ha mantenido una conducta inapropiada, prevaricando y, en ocasiones, mintiendo abiertamente. Destaca el financiamiento que el gobierno ha proporcionado a esta fuente confidencial para mantener una empresa endeudada y que no se habría mantenido a flote sin el dinero proporcionado por la fiscalía. Asimismo, manifiesta su preocupación por la el nexo que se ha formado entre el CS y los agentes del Departamento de Seguridad, toda vez que han desarrollado una gran familiaridad.

   Expone al juez una serie de comportamientos irregulares de la fuente confidencial que incluye lo que podría catalogarse como fraude migratorio, sin que el Departamento de Seguridad lo detectara o lo ignorara.

     Igualmente, Sabrina Shroff subraya que ni los agentes ni los fiscales se percataron de que hace dos años la fuente confidencial poseía información que solamente terminaron produciendo en 2020. Refiere que en cada ocasión en que la defensa señalaba una debilidad o falacia en el caso del gobierno, el CS, quien convenientemente "recordaba" nuevos hechos que reparaban la situación sin comprometer la fuente.

   Como ejemplo, cita que, en agosto de 2020, después de que el abogado defensor señaló que no había indicios o pruebas de que Orsini Quintero tuviera el conocimiento necesario de que Samark López estaba en la lista de la OFAC, el CS de repente "recordó" que en la fiesta de cumpleaños del piloto jefe este anunció que Samark López estaba en la lista y que brindarle servicios era una violación de las sanciones

  Posteriormente, Marín se "corrigió" a sí mismo y dijo que la conversación ocurrió en una celebración diferente, una conducta que ha ocurrido en diferentes situaciones.

   La abogada refiere que ahora cuando Marín ha sido arrestado por hacer declaraciones falsas, la fiscalía se niega a revelar exactamente cuántas declaraciones falsas les hizo, a quién más perjudicó como jefe y propietario de My Jet Sever; cuánta información financiera y no financiera le dio el gobierno, y por qué la fiscalía no lo acusó de robo de fondos gubernamentales, fraude electrónico y lavado de dinero.

Las 15 producciones en cuestión

  La fiscalía entregó en junio de 2020, nueve meses después del cierre del descubrimiento, la primera de sus 15 producciones de descubrimiento y la última lo hizo el 23 de octubre de 2020.

   Se trata de información proporcionada por la fuente confidencial consistente en: (i) notas de los agentes del caso; (ii) informes de agentes de casos; (iii) notas tomadas por los AUSA; (iv) charlas entre la CS y varios agentes del DHS y DEA; (v) charlas entre el CS y León; (vi) correos electrónicos entre la CS y los imputados en la acusación; (vii) documentos impresos; (viii) contenido de computadoras y dispositivos completos incautados de My Jet Saver, la compañía propiedad de CS.

   La abogada advierte que aún falta en la producción del gobierno información tan relevante como (i) la cantidad de dinero que el DHS proporcionó a su CS; (ii) las cosas de valor entregadas a la CS; (iii) las declaraciones falsas realizadas por la CS al gobierno; (iv) notas de conversaciones entre los agentes del DHS y el CS tras el arresto del CS por declaraciones falsas; y (v) notas de conversaciones entre el gobierno y los abogados de la CS.

   Mucha de esta información requiere de la contratación de expertos en computación, apunta la defensa.

   Sostiene Sabrina Shroff que es absolutamente necesario que la Corte conceda a Orsini Quintero la libertad bajo fianza para que, en aras del debido proceso, pueda ayudar de manera significativa en su propia defensa.

   La defensa insta al tribunal a no permitir que el gobierno utilizar cualquiera de los descubrimientos de estas últimas 15 producciones en cualquier procedimiento o etapa de este asunto.


 



 


 




  

lunes, 7 de diciembre de 2020

¿Qué decía el informe que la Fracción CLAP hizo desaparecer de la AN?

 Una investigación previa daba cuenta de la corrupción e irregularidades del programa alimentario en manos del empresario señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro.

Por Maibort Petit

   Ocultar la corrupción e irregularidades cometidas por el Álex Saab y sus empresas en la implementación del programa alimentario del gobierno de Nicolás Maduro, en el seno de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, requería por parte de la denominada Fracción CLAP, designar una subcomisión especial para investigar el caso.

     Tal ente parlamentario se conformó por Conrado Pérez (PJ), Richard Arteaga (VP) y Adolfo Superlano (UNT) y su tarea consistía en hacer desaparecer las investigaciones previas sobre el corrupto programa alimentario y limpiar la imagen de sus protagonistas con un informe exculpatorio y la emisión de cartas de buena conducta dirigidas a gobiernos, bancos e instituciones financieras que mantenían fondos congelados ante las denuncias de irregularidades.

   Anterior a la entrada en escena de los diputados de la Fracción CLAP existía un expediente elaborado por una subcomisión especial que investigó la corrupción e irregularidades del programa gubernamental.

   Era fundamental, por tanto, que los diputados contratados por Alex Saab, principal sospechoso junto a sus empresas, desviaran de él todos los señalamientos.

   Y es que, de acuerdo a fuentes ligadas al caso, el informe real de la investigación hacía referencia a contratos de los CLAP, el FONDEN, CORPOVEX, los cuales contemplaban sobreprecios.

  Asimismo, el empresario requería silenciar o desaparecer los informes de análisis químicos y microbiológicos que demostraban las graves irregularidades sobre los productos suministrados en el programa alimentario.

   El informe real había determinado que las empresas con las cuales se habían suscritos los contratos del programa CLAP eran, simplemente, compañías de maletín o fachada, constituidas en fechas sucesivas.

  De igual manera, los análisis de costos de cada contrato revelaron que se realizaron por cada producto, lo que demostró el diferencial de sobreprecio tanto en el costo adjudicado y el estudiado como en el costo del transporte. Todos los estudios realizados para la redacción del informe original y real, llevaron establecer un incremento (sobreprecio) del 60 por ciento%.

  El estudio químico y microbiológico a cada producto y empaque concluyó que el 99 por ciento de los mismos, no cumplen con las normas de calidad y consumo nacionales COVENIN, por lo que su distribución no es recomendada por no ser aptos para el consumo humano.

  Las fuentes nos indican que el informe real determinó otras responsabilidades del caso, precisando, en primer lugar, al mayor general, Yoffreda Giuseppe, presidente de Corpovex en 2016, quien suscribió contratos con empresas de maletín, uno por cada producto, que contemplan detalles específicos del concepto de contratación, así como costos, requerimientos e información de coordenadas bancarias para el pago de los mismos.

  Del mismo modo, el general Luis Medina Ramírez, ministro de Alimentación y presidente de Cuspal, solicitó mediante requerimiento a CORPOVEX, la compra de alimentos para los CLAP, así como para la distribución de los mismos.

  Entretanto, Simón Zerpa, presidente del FONDEN, suscribió un convenio de asistencia financiera con CORPOVEX-CUSPAL y las empresas contratadas para el programa de alimentos CLAP.



jueves, 19 de noviembre de 2020

Extraditan de Italia a narcotraficante del Cártel de Sinaloa

  Este caso se convierte en una de las operación de extradición exitosas más reciente de un miembro del cártel que estuvo bajo investigación por muchos años.


    Las autoridades de Estados Unidos informaron que Ramón Santoyo-Cristóbal, alias "Dr. Wagner", ex oficial de la Policía Federal de México y presunto narcotraficante del Cártel de Sinaloa, fue extraditado desde Italia.



  El 19 de agosto de 2016, un gran jurado federal, reunido en el Distrito Sur de California, emitió una acusación formal contra Santoyo-Cristóbal por haber presuntamente participado en una conspiración mundial de larga duración para traficar cantidades sustanciales de metanfetamina, cocaína y heroína de México a los Estados Unidos, además de lavar millones de dólares en ingresos provenientes de la droga.

  Fugitivo durante casi tres años, Santoyo-Cristóbal, fue detenido por las autoridades italianas en agosto de 2019 mientras visitaba Roma. 

  Santoyo-Cristóbal impugnó la extradición en los tribunales italianos, pero en julio de 2020, la Corte Suprema de Casación rechazó sus argumentos y al mes siguiente el Ministerio de Justicia autorizó su extradición a Estados Unidos. 

  El acusado llegó a San Diego el 18 de noviembre de 2020 e hizo su aparición inicial hoy ante el juez Andrew Schopler esta semana. La próxima audiencia será el 24 de noviembre de 2020.

 “Este fallo de extradición de los tribunales italianos demuestra que quienes violen las leyes estadounidenses y busquen evadir la justicia no encontrarán ningún lugar donde esconderse”, dijo el fiscal federal Robert Brewer. 

 “El Departamento de Justicia agradeció la cooperación de las autoridades italianas en el proceso de extradición.

"La DEA y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley continuarán utilizando todos los recursos disponibles para llevar a los narcotraficantes ante la justicia", dijo el agente especial a cargo de la DEA, John W. Callery. 

“Esta extradición debe servir como una advertencia a otros miembros del Cártel de Sinaloa: lo encontraremos sin importar en qué parte del mundo intente esconderse y lo llevaremos de regreso a Estados Unidos para su enjuiciamiento”.

  La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California y la Administración de Control de Drogas lideraron el esfuerzo de extradición de los Estados Unidos. 

  El Departamento de Justicia agradeció al Ministerio de Justicia italiano y a las autoridades fiscales y policiales por hacer posible la extradición. 

   La Oficina de Asuntos Internacionales de la División de lo Penal proporcionó una asistencia importante para lograr la extradición del acusado de Italia. El Servicio de Alguaciles de EE. UU. Ayudó a traer al acusado de regreso a los Estados Unidos.

    Este caso es parte de una investigación de cinco años liderada por el Distrito Sur de California, que, en total, ha resultado en cargos contra más de 125 personas y ha tenido un impacto significativo en las operaciones mundiales del Cártel de Sinaloa. 

  Esta investigación también ha ofrecido una de las perspectivas más completas hasta la fecha del funcionamiento interno de uno de los cárteles de la droga más prolíficos, violentos y poderosos del mundo. 

  Los miembros del cártel y los asociados fueron el objetivo de esta investigación masiva que involucró a varios países, numerosas agencias de aplicación de la ley en los Estados Unidos, varios distritos federales y más de 250 escuchas telefónicas autorizadas por la corte solo en este distrito.

  Este enjuiciamiento también es parte de la Iniciativa de Fuerza de Ataque de las Fuerzas de Tarea de Lucha contra las Drogas del Crimen Organizado (OCDETF), que prevé el establecimiento de equipos de fuerza de tarea de múltiples agencias permanentes que trabajan codo con codo en el mismo lugar. 

   Este modelo de ubicación conjunta permite que agentes de diferentes agencias colaboren en operaciones multijurisdiccionales impulsadas por inteligencia para interrumpir y desmantelar a los narcotraficantes, lavadores de dinero, pandillas y organizaciones criminales transnacionales más importantes.



miércoles, 18 de noviembre de 2020

Amir Nassar Tayupe: Negocios gracias a las relaciones con el poder (II)

  Sus irregulares actuaciones en el ámbito judicial se llevan a cabo con el aval de altos personeros del chavismo.

Por Maibort Petit

    Entre las relaciones que Amir Nassar Tayupe estableció a raíz de la adjudicación del un contrato para la Gran Misión Vivienda Venezuela que el gobierno de Hugo Chávez Frías le otorgó a la empresa Fondo Global de la Construcción de Alex Saab, está la del gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro, para quien edificó un conjunto de obras de infraestructura en esa entidad[1].

   Igualmente, la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, denunció que Saab y sus abogados, entre quienes se cuenta Amir Nassar, llevaron a cabo múltiples operaciones de importación de alimentos por orden del entonces gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, a través del programa gubernamental de alimentación de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).

  Fuentes ligadas a la investigación del caso, refieren que, igualmente, Amir Nassar Tapuye entabló negociaciones particulares con estos mandatarios regionales. En el caso de García Carneiro, Nassar Tapuye logró acceder a él a través del exembajador de Venezuela en Colombia y expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, Iván Rincón Urdaneta, cuyo hijo, del mismo nombre, es pupilo de Amir Nassar en el bufete de abogados que dirige.

   Un reporte de una investigación en curso en nuestro poder,  sostiene que "Amir Nassar Tapuye es el abogado personal y privado en Venezuela" de la política y exsenadora colombiana, Piedad Córdova, ligada, según algunos entendidos, al Fondo Global de la Construcción en razón de sus vínculos con Álex Nain Saab y con las FARC. Según testimonios de la investigación, esta empresa "es el vehículo mediante el cual fluye el dinero del régimen venezolano a las FARC".

  A este abogado también se le vincula con supuestos fraudes cometidos en Ecuador donde logró liberar para el Fondo Global de la Construcción la cantidad de USD 54.000.000, los cuales se encontraban retenidos en ese país en la moneda creada por Hugo Chávez, a saber, el Sucre.

  La fiscalía ecuatoriana había apelado la orden de un tribunal para evitar que el dinero fuera devuelto a la empresa de Saab, pero el juez penal de Guayaquil, Galo Ramos Viteri negó la apelación. La fiscalía sostiene que los accionistas y representantes del Fondo Global de la Construcción supuestamente cometieron lavado de activos. Los acusados eran Álvaro Pulido Vargas, Luis Zúñiga Burneo, Luis Sánchez Yánez y Amir Nassar Tayupe. Tal acusación la hace en razón de que la empresa recibió USD 159,9 millones de Elm Import (de Venezuela) a través del sistema Sucre, pero la ecuatoriana solo envió mercadería por USD 3,1 millones. El Consejo de la Judicatura abrió una investigación administrativa en contra del juez[2].

Socio de Gonzalo Tirado

  Los Papeles de Panamá revelaron que Amir Nassar Tapuye supuestamente era socio, testaferro y defensor del ex-banquero, Gonzalo Tirado, señalado de cometer un fraude en el Stanford Bank.

  Y es que hasta 2007, Tirado fue presidente de Ema Business Inc., una empresa registrada en Panamá a través del bufete Mossack Fonseca con una capital de USD 10.000.

  Como socios de Tirado figuraban Pedro Paredes, Edgar Monserrat, Omar González, Daniel Vitrián, Sacha Ratti, Francisco Gadea, Eduardo Salturno y Amir Nassar Tapuye [3].

Abogado de Moris Beracha

  Amir Nassar Tapuye prestó sus servicios como abogado a Moris Beracha, uno de los denominados “bolichicos”, acusado de estafar al estado venezolano y hacerle perder a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) USD 20 millones a través de la empresa Fractal Fund Management LTD.

  Aprovechándose de la ausencia de domicilio en un contrato, la empresa de Beracha procuraba que una inversión hecha en dólares por PDVSA se resolviera en bolívares, una pretensión que se lograría con la anuencia de un juez vinculado a Nassar Tapuye[4].

Artífice de un despojo

  Del mismo modo, gracias a las supuestas irregulares actuaciones de Nassar Tapuye ante los tribunales, Williams Vílchez y Olaff Pérez, tomaron el control del concesionario Toyota-Toyo Oeste, despojando a su legítimo propietario, Carlos Nagel.

  Tal objetivo lo habría logrado Amir Nassar Tapuye gracias a su relación con Elvis Amoroso y Reinaldo Carvallo, la cual le permitió que los magistrados de la Sala de casación del Tribunal Supremo de Justicia, Iván Bastardo y Guillermo Blanco, maniobraran a su favor y ampararan el despojo. En tal acción, Nassar Tapuye supuestamente también habría contado con el respaldo y complicidad del general Armas López, presidente actual de CAVIM.

  Es decir, al Poder Judicial legitimando el fraude como lo denunció Juan Alberto Castro, Juez de Municipio de Caracas, quien acusó haber sido presionado a través de “múltiples llamadas y actos de amedrentamiento, tanto a mi persona como a mis familiares, a través de magistrados y en especial del General del Ejército, ciudadano Carlos José Armas López (hoy presidente de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares CAVIM), se me impuso ‘ayudar’ a los accionistas minoritarios de dicho concesionario, ciudadanos  Olaff Pérez  y William Vílchez siendo la principal instrucción lograr mediante actuaciones judiciales que éstos obtuvieran ‘un aval legal’ para el control (ROBO) del concesionario TOYOTA , TOYO OESTE, todo ello direccionado por la Presidencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia venezolano y bajo la Aprobación de Toyota de Venezuela”.

  Y agrega: “Por su parte, los abogados de Olaff Pérez y Williams Vilches , ciudadanos, Parra Saluzzo, Amir Nassar Tayupe y José Miguel Azocar, a sabiendas de que se estaba procediendo de forma contraria a derecho, interpusieron varios  juicios creando una falsa controversia entre accionistas de Toyo Oeste, para que en la sentencia de fondo, se estableciere que no había vicio alguno con las actas de asamblea fraudulentas, y de esa manera crear una sentencia que sirviera de precedente inmediato para eliminar los riesgos de eventuales juicios de nulidad por las asambleas ilegales”[5].



[1] YouTube. “Inauguración Coliseo Hugo Chávez”. 14 de julio de 2014. https://www.youtube.com/watch?v=lSEiOVty5yY


[2] El Universo. “Juez reafirma la devolución de $ 56,4 millones a Fondo Global”. 12 de marzo de 2016. https://www.eluniverso.com/noticias/2016/03/12/nota/5458020/juez-insiste-que-dinero-se-devuelva-fondo-global


[3] Panamapapers. “Gonzalo Tirado: un plan premeditado para proteger su herencia”. http://panamapapersvenezuela.com/gonzalo-tirado-un-plan-premeditado-para-proteger-su-herencia/


[4] Maibort Petit. “PDVSA podría perder 20 millones de dólares en tribunales venezolanos”. https://maibortpetit.wordpress.com/2018/04/10/maibort-petit-pdvsa-podria-perder-20-millones-de-dolares-en-tribunales-venezolanos/


[5] Noti Express. “¡Juego sucio! Juez denuncia presiones de mafias y altos funcionarios militares para validar judicialmente “robo” de concesionario Toyota en La Yaguara”. 7 de diciembre de 2017. http://www.notiexpresscolor.com/venezuela/2017/12/6567/juego-sucio-juez-denuncia-presiones-de-mafias-y-altos-funcionarios-militares-para-validar-judicialmente-robo-de-concesionario-toyota-en-la-yaguara/

sábado, 31 de octubre de 2020

Papeles de la corte: Así se vendió la mitad de Avior al Grupo Suárez

     La decisión judicial emitida por la corte respecto a la autoridad de la aerolínea, describe cómo se llevó a cabo el proceso de compra-venta del 50 por ciento del paquete accionario de la línea aérea.

Por Maibort Petit

   En esta entrega se detallan las distintas operaciones y transacciones que demuestran el proceso de compra por parte del Grupo Suárez del 50 por ciento del paquete accionario de Avior.

Los hechos

    Entre 2014 y febrero de 2019, la Junta Directiva de Avior se mantuvo sin cambios, habiendo estado constituido su directorio por Jorge Añez, Arnaldo Añez-Folla, Luis Suárez, Juan Bracamonte y José Sulbarán.

   Poco después de que tuviera lugar una disputa entre los accionistas con respecto a la administración de Avior, se conformaron dos grupos, el integrado por Jorge Añez, conocido como Grupo Añez, y el constituido por Suárez, Moisés Maionica y Carlos Kauffman, denominado Grupo Suárez. El 6 de febrero de 2019, Jorge Añez celebró una supuesta reunión de accionistas a la que solamente asistió él, pues no se notificó de la misma a Suárez ni al secretario de Avior, en razón de no reconocerlos como propietarios.

   En dicha asamblea de accionistas no autorizados, Jorge Añez, presentándose como el único accionista de Avior, destituyó a Suárez y a Sulbarán como directores y constituyó una nueva junta directiva conformada por él mismo, sus hijos, Arnaldo Añez-Folla y Jorge Luis Añez-Folla, su abogado por Erwin Genie y por Bracamonte, quienes en la decisión judicial del Tribunal del Undécimo Circuito del Condado de Miami-Dade en el estado de la Florida, se conoce como la “Junta Ilegítima de Añez”.

   Esta junta directiva de Añez, el 11 de febrero de 2019, se reunió —sin que se participara a Suárez y a Sulbarán— y emitió un poder a Añez y Añez-Folla, con el fin de autorizar la presentación de esta acción.

   Posteriormente, el 19 de febrero de 2019 se presentó una demanda ante el Tribunal del Undécimo Circuito del Condado de Miami-Dade por Avior Airlines C.A., Avior Airlines C.A. LLC y Avior Airlines Service LLC en contra de Shell Aerospace Supplies LLC y Shell Aerospace LLC, la cual ha derivado en la definición de la autoridad dentro de la empresa.

   En tal sentido y dado que Jorge Añez presentó una declaración jurada falsa alegando ser propietario del 100 por ciento de la aerolínea, el tribunal se abocó a determinar quién en Avior tenía la autoridad para presentar dicha demanda y si, efectivamente, Añez era el único accionista de la empresa. Una situación que, de no haberse presentado la referida declaración jurada, se hubiera podido solucionar a la luz de los Estatutos de la empresa Avior de 2017. El objetivo de Añez con su declaración era anular la moción de juicio sumario presentada por el Grupo Suárez.

Los estatutos de Avior

   El asunto de la autoridad dentro de Avior se define claramente en los estatutos de la empresa de 2017.

   En razón de que Avior es una corporación venezolana, correspondía aplicar la ley del país para determinar si Jorge Añez tenía la autoridad para en nombre de Avior Airlines C.A., Avior Airlines C.A. LLC y Avior Airlines Service LLC (las LLC son subsidiarias de propiedad absoluta de Avior), podían demandar a Shell Aerospace Supplies LLC y Shell Aerospace LLC.

   Al ser Avior Airlines C.A. una Compañía Anónima, figura que en la legislación de venezolana define a las sociedades con ánimo de lucro, cuyo capital se divide en acciones entre sus accionistas, los estatutos de la corporación proporcionan la fuente principal de reglas para su gobierno interno.

   Refiere la decisión del tribunal que los estatutos de Avior de 2017 definen claramente quién tiene la autoridad para presentar una demanda en su nombre, así como los procedimientos necesarios para ejercer adecuadamente esa autoridad. De conformidad con los mismos (los estatutos) dicha autoridad recae en los accionistas, la junta directiva y el representante legal (abogado interno) de Avior.

La autoridad en Avior

   En tal sentido, la autoridad para entablar y mantener demandas en Avior recae, en primer lugar, en los accionistas de la empresa, quienes cuando se convocan adecuadamente en una Junta General de Accionistas constituyen “el órgano supremo de la empresa y, como tales, [están] investidos con el más amplio de poderes para administrar y gestionar los asuntos comerciales".

   La referida Junta General de Accionistas se convoca mediante (a) notificación por escrito a todos los accionistas al menos cinco días antes de la junta, indicando el día, lugar y hora en que se realizará la junta, y (b) a quórum el cual es posible cuando los accionistas que representen el 70 por ciento del capital social de Avior deben estar presentes en dicha reunión. Las decisiones allí adoptadas se toman con base en el voto mayoritario de los accionistas presentes en la junta.

   En segundo lugar, la junta directiva de Avior, cuyos directores son nombrados y removidos por los accionistas que actúan en una asamblea general de accionistas también tienen la autoridad para aprobar la presentación de una demanda.

   Las reuniones de la junta directiva de Avior se convocan legalmente cuando cuatro de cada cinco de los directores están presentes en la reunión, y las decisiones de la junta requieren el voto favorable de cuatro de los directores presentes.

   En tercer lugar, el representante legal de Avior, designado por la junta directiva, también tiene autoridad plenaria para presentar y defender demandas en nombre de Avior.

    Dicho representante legal para el momento de haber sido presentada la demanda, era Guerra Penso, quien aun cuando era también el secretario, no fue notificado y no participó en la asamblea de accionistas no autorizados del 6 de febrero de 2019 ni en la reunión ilegítima de la junta directiva de Áñez el 11 de febrero de 2019.

    Dadas estas circunstancias, la Corte determinó que la asamblea de accionistas no autorizada del 6 de febrero de 2019 y las decisiones tomadas en la misma eran nulas bajo la ley venezolana, dado que la misma fue convocada por Añez sin notificar a Suárez y porque el requisito de quórum de tener el 70 por ciento de los accionistas presentes en la junta tampoco se cumplió.

   Por ello, el tribunal también consideró que la reunión del 11 de febrero de 2019, en la que la junta ilegítima de Jorge Añez decidió presentar la demanda en nombre de Avior, contra sus propietarios del 50 por ciento, es totalmente nula.

Lo que revela la evidencia

  La decisión judicial respecto a la autoridad de Avior, establece que la evidencia respalda la propiedad del Grupo Suárez en la aerolínea.

   Esto porque quedó demostrado que el Grupo Suárez compró el 50 por ciento de Avior en 2010. La transacción la comprueban la Carta de Intenciones ejecutada por los grupos propietarios; porque el 12 de noviembre de 2010, Jorge Añez y Mario Lamar, actuando en su calidad de agente del Grupo Suárez, firmaron una Carta de Intención confirmando que Añez actuaría como un conducto de Suárez ante Rafael Ciarcia, dueño del 50 por ciento de las acciones; Añez, por razones personales y debido a las circunstancias en Venezuela, quería un socio para disminuir su exposición accionaria; Añez acordó ejercer su derecho de preferencia para comprar las acciones de Ciarcia en Avior y las Entidades Extranjeras, como un conducto del Grupo Suárez.

   El precio de compra de Avior fue de Bs.F 4.000.000 y el precio de compra de las Entidades Extranjeras fue de USD 4.500.000.

   Jorge Añez acordó que vendería, cedería y transferiría a Mario Lamar o sus cesionarios una cantidad de acciones equivalente al 50 por ciento de Avior y no modificaría los estatutos de Avior sin el consentimiento del Grupo Suarez.

  Añez ejecutó un pagaré como garantía para la compra de la participación de Ciarcia en Avior.

   El 10 de noviembre de 2010, Añez firmó un Pagaré por Bs.F 4.000.000 a favor de Lamar, agente del Grupo Suárez. Estos fondos, que proporcionó el Grupo Suárez, se utilizarían para comprar la participación del 50 por ciento de Ciarcia en Avior. El pagaré de Avior era una garantía para asegurar que Añez transferiría esas acciones al Grupo Suárez después de la compra completa de las acciones de Ciarcia.

   El pagaré de Avior en sí mismo destaca que Jorge Añez fue un conducto para la compra de la participación del 50 por ciento de Avior.

  El 10 de diciembre de 2010, Jorge Añez refrendó una participación del 50 por ciento en Avior al Lamar como agente del Grupo Suárez como garantía y confirmación de que el primero estaba comprando la participación de Ciarcia para y en nombre del Grupo Suárez.

El acta de la junta y la compra

   Por otra parte, el ccta de la junta de accionistas de Avior del 10 de diciembre de 2010, confirma la compra del Grupo Suárez.

  En dicha fecha, Avior celebró una junta de accionistas en la que Jorge Añez y Rafael Ciarcia, como accionistas del 100 por ciento, registraron el ejercicio del derecho de preferencia de Añez para comprar la participación de Ciarcia.

   Las actas confirman que el precio por la compra de la participación de Ciarcia en Avior fue de Bs.F 4.000.000, como también comprueban que dos miembros del Grupo de Suárez, a saber Luis Suárez y Juan Bracamonte, serían designados para la junta directiva de Avior.

   La compra comprendió el Pagaré de Avior y los 4 millones de bolívares de diciembre, que se pagarían, primero con un cheque de caja por 500.000 bolívares a Rafael Ciarcia y un cheque de caja por 300.000 bolívares a Rafael Ciarcia. El saldo se pagaría más tarde.

   El Contrato de Compraventa de Acciones confirma que Áñez y Ciarcia designaron a Pedro Mezquita como Agente de Custodia del Libro de Registro de Acciones de Avior hasta que se efectuara el pago total.

   Luis Suárez obtuvo cheques de caja girados en bancos venezolanos por Bs.F 500.000 y Bs.F 300.000, los cuales se entregaron a Ciarcia en la ejecución del Contrato de Compra de Acciones.

   El saldo de la compra de la participación de Ciarcia en Avior se realizó mediante un cheque de la cuenta personal de Luis Suárez y se depositó directamente en la cuenta bancaria de Ciarcia y este manifestó que se había completado el pago de su interés en Avior.

  Cuando esto último ocurrió, Pedro Mezquita entregó el libro de registro de acciones y el Libro de actas de la junta de accionistas.

   El presidente de Avior, Juan Bracamonte, confirmó que el Grupo Suárez se convirtió en propietario de la aerolínea en 2010.

Compra de la Entidades Extranjeras

   Jorge Áñez y Rafael Ciarcia poseían cada uno el 50 por ciento de las Entidades Extranjeras.

   La evidencia demostró que la compra de la participación de Ciarcia en las Entidades Extranjeras por parte del Grupo Suárez fue una transacción separada y distinta de la compra de Avior.

  El precio de las Entidades Extranjeras fue inicialmente de USD 4.500.000.

  Jorge Añez firmó un pagaré separado para la compra de las Entidades Extranjeras y, al igual que el pagaré de Avior, este requería que Añez transfiriera las acciones al Grupo Suárez.

  La prueba confirma que el monto por la compra de las Entidades Extranjeras fue de USD 900.000 pagado en su totalidad sin cuestionamientos por parte de Añez.

  Añez y Ciarcia (y sus respectivos cónyuges) también celebraron un pagaré por USD 3.600.000 hacia el que el Grupo Suárez hizo un pago. Esto dejó un saldo de USD 2.700.000.

   Después del primer pago del pagaré de USD 3.600.000, el Grupo Suárez descubrió pasivos no revelados por los cuales Jorge Añez era responsable. Por ello, en 2011, acordaron dejar de pagar a Ciarcia para renegociar el saldo adeudado del pagaré de USD 3.600.000.

   En febrero de 2012, el matrimonio Ciarcia demandó al matrimonio Añez. Peter A. González fue seleccionado por Moisés Maionica con la aprobación de Añez, para defender la demanda. Maionica trabajó en estrecha colaboración con González durante toda la demanda para defender al matrimonio Añez.

   Avior pagó los honorarios legales para defender la demanda de Ciarcia y esta se resolvió el 10 de agosto de 2016 por USD 500.000 en efectivo pagados por Avior, y USD 1.000.000 en vales de boletos de la aerolínea para viajes. Esta liquidación puso fin a todas las cuestiones relativas a la compra de las Entidades Extranjeras.

Los libros

  De igual forma, la propiedad del Grupo Suárez en Avior está registrada en los Libros del Registro de Acciones de la empresa.

   Se presentaron como prueba tres libros de registro de acciones ante la corte.

   Estos revelan que el 16 de enero de 2014, Avior celebró una asamblea de accionistas para celebrar la aprobación y transferencia del 50 por ciento de las acciones de Avior a Córcega y a Suárez. Dichas actas fueron firmadas por Jorge Añez, Luis Suárez, Genie y Beatriz Folla, quien en ese momento era cónyuge de Añez.

  Posteriormente, en 2014, esa transferencia se registró en el Libro de registro de acciones de Avior.

   Para el tribunal no hubo duda de que el libro de registro de acciones de Avior fue firmado por Jorge Añez como "cedente" y por Folla como "esposa del cedente" y que, tanto Córcega como Suárez figuran como el "cesionario".

   El Tribunal encuentra el argumento del Demandante sobre la validez de las transferencias en el Libro de Registro de Acciones de Avior es irrelevante porque en 2018 las partes acordaron y, de hecho, registraron otra transferencia del 50 por ciento de las acciones de Avior directamente a Luis Suárez, individualmente, que reemplazó la transferencia de acciones que se había realizado con anterioridad a Córcega y a Suárez.

   Los libros de acciones también muestran dos transferencias del 50 por ciento de las acciones de Avior, una a Grupo Añez Folla C.A. (entidad de propiedad de la familia Añez) y uno a Luis Suárez como representante del Grupo Suárez. Ambos traspasos fueron fechados el 29 de enero de 2018 y ambos fueron firmados por Añez como “cedente” y por la señora Folla como “cónyuge del cedente”, y por los respectivos cesionarios.




sábado, 17 de octubre de 2020

Conozca las redes criminal-terroristas de Hezbollah en Venezuela

  A través de clanes que operan en distintas regiones del país, Hezbollah logra financiarse y, en contraprestación, apoya al régimen de Nicolás Maduro.

Por Maibort Petit
   La Organización de Seguridad Externa (ESO) de Hezbollah vio en las remesas de los grupos de inmigrantes libaneses establecidos en Venezuela y Colombia, una fuente de financiamiento para sus actividades criminales y terroristas y procedió, entonces, a conformar redes de apoyo que operan a través de estructuras de clanes familiares que se han integrado, igualmente, a la economía ilícita controlada por el régimen de Nicolás Maduro. Así lo revela un informe denominado “El nexo Maduro-Hezbollah: Cómo las redes respaldadas por Irán apuntalan al régimen venezolano”, suscrito por el experto en temas de seguridad, Joseph Humire, para el Adrienne Arsht Latin America Center del Atlantic Council.

  En esta entrega daremos a conocer a algunos de los clanes que integrados a la estructura criminal-terrorista que opera en el poder en Venezuela bajo el amparo del brazo armado del régimen iraní.



El clan Saleh

  El informe de Joseph Humire mención, en primer lugar, al clan Saleh y para describirlo refiere que la red criminal-terrorista de Hezbollah en Colombia y Venezuela se conoció en 2011, luego de una investigación resultante de una operación que involucró ciento treinta arrestos y la incautación de USD 23 millones de fondos ilícitos que se movían desde África Occidental al Líbano a través del Banco Libanés Canadiense.

   La investigación que duró dos años permitió conocer uno de los casos más significativos de lavado de dinero con sustento en el comercio conocida como Operación Titán sirvió para desmantelar una red transregional de tráfico de cocaína y lavado de dinero masivo dirigida por Hezbollah. Para ello, el grupo terrorista se servía de facilitadores locales en Colombia, comandados por Ayman Saied Joumaa. Este capo de la droga colombo-libanés fue acusado en Estados Unidos por traficar cocaína con Los Zetas en México. El Departamento del Tesoro sostiene que dirige una extensa red de transporte marítimo vinculada a Hezbollah.

   El reporte indica que la Operación Titán se inició en 2008 cuando autoridades de Colombia y los EE. UU. estaban tras los pasos de un cartel con sede en Medellín llamado La Oficina de Envigado, o "La Oficina". Las averiguaciones permitieron descubrir las conexiones que La Oficina tenía con la gran comunidad libanesa a lo largo de la costa del Caribe en Colombia. Los facilitadores de Hezbollah fortalecieron las conexiones del referido cartel y establecieron un complejo laberinto de comercio transfronterizo y mensajeros de grandes cantidades de efectivo entre Colombia y Venezuela.

  Joseph Humire cita, entonces, el caso de un empresario chiíta y agente de Hezbollah llamado, Ali Mohamad Saleh, quien dirigió la red transfronteriza de terrorismo y crimen en Colombia y Venezuela descubierta durante la Operación Titán. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó en 2012 a este hombre y su hermano, Kassem Mohamad Saleh, como financistas del terrorismo. Un año antes, Ali Mohamad Saleh también había sido designado como un capo de los narcóticos.

  El clan Saleh controló durante muchos años los mercados ilícitos de drogas, armas, contrabando, contrabando de efectivo a granel y lavado de dinero en Maicao, Colombia, en la frontera norte con Venezuela. Estos cárteles locales de la droga en el occidente venezolano —principalmente en el estado de Zulia— se benefician de este comercio transfronterizo ilícito que fue una vez administrado por el clan Saleh.

   Luego de la sanción de 2012, los hermanos Saleh huyeron durante la noche a Venezuela, de acuerdo versiones de los comerciantes de Maicao. En Maracaibo, donde se cree que se encuentran, trabajan con otro clan libanés prominente integrado en la burocracia del régimen de Maduro.

El clan Nassereddine

  En segundo lugar, Humire menciona en su reporte a Ghazi Nassereddine, quien fue sancionado por la OFAC en 2008 debido a sus vínculos con Hezbollah, catalogándosele como una persona de interés en 2015, por parte de la por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).

  Entretanto, Abdallah Nassereddine, hermano mayor del primero, es un prominente hombre de negocios en la isla de Margarita, propietario de varios bienes raíces, inmuebles y centros comerciales.

 El clan Nassereddine, de origen libanés, alcanzó prominencia política en Venezuela cuando Hugo Chávez asumió la presidencia de la república. Su figuración en la administración del difunto mandatario comenzó con su ingresó a la Cancillería, la cual le otorgó estatus diplomático oficia. Fue así como Abdallah Nassereddine —siempre de bajo perfil— pasó a ser una figura importante dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en el que funge como coordinador regional para el estado de Nueva Esparta.

  Por su parte, Ghazi Nassereddine, estuvo destinado en la embajada de Venezuela en Damasco, Siria, posición desde la cual contribuyó a organizar reuniones entre altos funcionarios venezolanos y operativos de alto rango de Hezbolá. Refiere Humire que informantes de la DEA, en 2009, Ghazi organizó una reunión en Siria entre Hezbollah y el entonces ministro del Interior de Venezuela, Tareck El Aissami, y el jefe de contrainteligencia militar venezolano, Hugo Carvajal Barrios.

  Dicho encuentro habría sido el origen de una operación de tráfico de cocaína que sirvió para financiar armas. Este esquema que involucró a las FARC y Hezbollah se materializó en 2014 cuando un avión libanés aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía en Caracas cargado de AK-103, lanzagranadas propulsadas por cohetes, etc. El cargamento de armas habría un pago parcial por la cocaína que las FARC proporcionaron al régimen de Maduro y fueron trasladadas a una base militar en Guárico.

  En la actualidad Ghazi Nassereddine aún colabora con el régimen de Maduro y dirige el think tank venezolano Global AZ. Ha realizado varios viajes a Francia, Alemania e Italia desde que dejó Siria en 2011.

  Se cree que otros miembros del clan Nassereddine están encargados del adoctrinamiento político, entrenamiento paramilitar y contrabando de armas y drogas en Venezuela. Otro miembro del clan dirige la seguridad del actual ministro de Petróleo de Venezuela y ex-vicepresidente, Tareck El Aissami.

  Advierte el informe de Humire que el clan Nassereddine es calificado como "reparador", o, en el caso de Ghazi, un "súper reparador", dado a que aun cuando no forman parte de la cadena de mando jerárquica de Hezbollah, son parte integral de la organización de las redes de apoyo en Venezuela que conectan a Hezbollah con el régimen de Maduro. “Estos arregladores brindan distancia y una medida de negación para que los líderes de Hezbollah oculten su conexión con el régimen de Maduro y establezcan caminos hacia la burocracia y el aparato político del régimen en Venezuela”.

El clan rada

  Desde el siglo XIX en Maicao, un centro comercial histórico en el departamento de La Guajira en Colombia, concentra una gran cantidad de inmigrantes libaneses.

  El reporte menciona que, en 2017, fue deportado un financiero de Hezbollah y con doble nacionalidad venezolano-libanesa, Abdala Rada Ramel, sospechoso de dirigir una red de tráfico de drogas y contrabando desde Maicao a Cartagena. Se trataría de un destacado miembro del clan Rada con estrechos vínculos con un líder de alto nivel de Hezbollah.

  Versiones de la prensa colombiana indican que, en su interrogatorio inicial, Abdala Rada Ramel reveló que sus actividades ilícitas en Colombia eran coordinadas con su “supervisor”, Salman Raouf Salman, “un sombrío líder de la ESO de Hezbollah que ha estado implicado en numerosos actos terroristas. en todo el mundo”. Salman, cuyo alias es Samuel Salman El Reda El Reda, dirige la red de crimen-terror de la ESO de Hezbollah en América Latina. Sobre él pesa una orden de arresto internacional emitida por Argentina en 2009, por la creencia de que se encuentra vinculado a los atentados con bombas en Buenos Aires en 1992 y 1994. También fue designado como terrorista por la OFAC en 2019 y se ofrece una recompensa de USD 7 millones por información que conduzca a su captura. Salman Raouf Salman y su hermano, José Salman El Reda El Reda, habrían creado las redes de apoyo a Hezbollah en América Latina.

  Los vínculos de Salman Raouf Salman con los eventos terroristas argentinos llevaron a las autoridades de ese país a creer que un venezolano-libanés llamado Amer Mohamed Akil Rada estuvo involucrado en el ataque de Hezbollah al edificio de la AMIA.

   Transcurridas varias décadas, Amer Mohamed Akil Rada, ahora de 53 años, estableció “pequeñas empresas de importación y exportación en Panamá, enviando textiles a Colombia y carbón vegetal al Líbano, con hasta el 80 por ciento de las ganancias utilizadas para apoyar a Hezbollah”.

   Joseph Humire dice en el informe que los familiares de Akil Rada continúan operando en Venezuela y están involucrados a la industria de las criptomonedas controlada por el régimen de Maduro. Al explicar este asunto, el reporte indica que Joselit de la Trinidad Ramírez Camacho, la jefa de criptografía del régimen de Nicolás Maduro responsable del petro, fue acusada recientemente por el Departamento de Justicia y habría obtenido USD 5 millones por ayudar a los funcionarios del régimen a evadir las sanciones de la OFAC. Ramírez Camacho tiene “profundos vínculos políticos, sociales y económicos con múltiples presuntos cabecillas de los narcóticos, incluido Tareck El Aissami”.

Red ilícita global

  El informe de Humire sostiene que los clanes Rada, Saleh y Nassereddine forman parte de una red ilícita global de mayor tamaño que integran reparadores, financieros y facilitadores de Hezbollah, quienes operan desde Venezuela con la protección del régimen de Maduro.

   A diferencia del clan Nassereddine, los integrantes de los clanes Rada y Saleh, no forman parte formalmente del régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, “cada uno de ellos maneja aspectos de las economías ilícitas de drogas, armas, contrabando, contrabando y lavado de dinero entre Venezuela, Líbano y Siria. Cada uno proporciona un servicio específico y una ventaja comparativa para conectar a Hezbollah con el régimen de Maduro, actuando como ‘puntos de convergencia’ con la economía ilícita controlada por el régimen y sectores específicos de su economía lícita, estableciendo un grado de negación plausible tanto para el régimen de Maduro como para el de Hezbollah, liderazgo, que ambos niegan cualquier cooperación directa”.
   Se refiere también en el reporte que la Operación Titán conjunta de Estados Unidos y Colombia, describió algunos de estos puntos de convergencia que establecieron puentes aéreos y marítimos entre Venezuela, Irán y Hezbollah.

   Finalmente, Joseph Humire advierte que en la medida en que se incrementa la campaña de "máxima presión" de Estados Unidos, adquieren más importancia estas redes de apoyo como estructuras fundamentales “para mantener una red de amenazas transregionales que permita a Irán y Hezbollah apuntalar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y al régimen de Bashar al-Assad en Siria”.

miércoles, 14 de octubre de 2020

Con Maduro, Hezbollah convirtió a Venezuela en eje central para la convergencia del terrorismo internacional

   La diáspora libanesa llegada a territorio venezolano, fue utilizada por Hezbollah para constituir redes de apoyo para el brazo armado del régimen iraní, con el auxilio de la dictadura de Maduro.

Por Maibort Petit

   Un informe suscrito por el experto en temas de seguridad, Joseph Humire, para el Adrienne Arsht Latin America Center del Atlantic Council, titulado “El nexo Maduro-Hezbollah: Cómo las redes respaldadas por Irán apuntalan al régimen venezolano”, advierte que la red terrorista del brazo armado del régimen iraní se mantiene activa en Latinoamérica en la actualidad mediante la cooptación de muchas familias libanesas en el Caribe y en Centro y Sur América. De este trabajo se ha encargado —desde el ataque de la AMIA Buenos Aires en 1994— la Organización de Seguridad Externa (ESO) de Hezbollah o “Unidad 910”, unidad que es responsable de sus operaciones extraterritoriales.

   Entretanto, en Venezuela, en su afán de mantenerse en poder a como dé lugar, Nicolás Maduro recurre a alianzas con el crimen organizado internacional y el terrorismo que le resultan estratégicas. ante este contexto, Estados Unidos ha desarrollado una política de máxima presión sobre el régimen venezolano con el objetivo de limitar el poder del mismo, que incluye, entre otras acciones las acusaciones formuladas por el Departamento de Estado contra Maduro y otros altos cargos y líderes oficialistas, señalados de conspirar junto a las FARC, carteles de la droga mexicanos, Irán Siria y el grupo terrorista Hezbollah. Este último, visto durante mucho tiempo en América Latina como un problema lejano y ajeno, ha convertido a Venezuela en un eje central para la convergencia de la criminalidad organizada transnacional y el terrorismo internacional.

  Advierte el informe que el ESO de Hezbollah pasó “de ser una mera red terrorista en América Latina a participar en la empresa ilícita más lucrativa de la región: los narcóticos. De las más de dos mil personas y entidades en todo el mundo designadas por el gobierno de los Estados Unidos como capos extranjeros de los narcóticos, casi doscientas están afiliadas o conectadas con Hezbollah”. De cualquier manera, se deja sentado que la participación de Hezbollah en el narcotráfico no es nueva.

  Del mismo modo, se refiere que las actividades delictivas Hezbollah fueron establecidas por el mismo fundador fallecido de la ESO, Imad Fayez Mughniyeh, dirigiendo en la actualidad la cartera de delitos transnacionales el primo del secretario general y enviado del grupo, Abdallah Safieddine, quien comparte esta responsabilidad con Adham Hussein Tabaja, quien posee su brazo de propaganda mediática ya ha establecido muchos mecanismos de inversión y negocios intensivos en efectivo y crédito para lavar las ganancias ilícitas de Hezbollah.

  Humire sostiene en su informe que Tabaja y Safieddine están vinculados a una vasta red delictiva transnacional que incluye una variedad de negocios. en América Latina que incluyen los textiles, carne de res, carbón vegetal, electrónica, turismo, bienes raíces y construcción, que le permiten el lavado de los fondos ilícitos de Hezbollah.

  Joseph Humire formula un llamado a Latinoamérica para que se percate de que en en la era actual, Hezbollah está a la altura de los cárteles en crimen organizado y terror.

Convergencia con alcance global

  Hace mención Humire en su informe a la evaluación de la convergencia del crimen organizado y el terrorismo realizada por la Universidad de Defensa Nacional (NDU), la cual en 2013 incluyó lo dicho por el ex Comandante Supremo Aliado de la OTAN y miembro de la junta del Atlantic Council, el almirante James Staviridis, quien la describe como una amenaza híbrida.

  “Las organizaciones [transnacionales] son una gran parte de la amenaza híbrida que forma el nexo del tráfico ilícito de drogas, incluidas las rutas, las ganancias y las influencias corruptas, y el terrorismo, tanto el terrorismo islámico nacional como el importado (...) Han alcanzado un grado de alcance globalizado y colaboración a través de redes, así como diversificación horizontal".

  Considera Joseph Humire que la descripción formulada por Staviridis es apta para Hezbollah, cuya estructura organizativa es un modelo multidimensional con relaciones exteriores y sectores de servicios sociales, un partido político y grupos de medios, actividades legítimas estas que combina con sus redes ilícitas clandestinas, tanto en el Líbano como en todo el mundo.

  Agrega que si bien la diáspora libanesa en todo el mundo no está involucrada en estas actividades criminales o terroristas, la significativa incidencia que las remesas de estas personas tienen en el producto interno bruto (PIB) del Líbano, ubicándose en 14 por ciento, el ESO de Hezbollah ha buscado infiltrar estas comunidades para construir redes de apoyo financiero en el extranjero. En este sentido, se indica que en América Latina, estas redes de apoyo anidadas principalmente en las comunidades árabes y libanesas, se encuentran principalmente en Brasil, Argentina, Colombia y Venezuela.

La red de apoyo de Hezbollah en Venezuela

  Seguidamente, el informe del especialista en seguridad recuerda que desde hace más de ciento cincuenta años, han arribado a venezuela olas libanesas de migración masiva, la primera de ellas  a finales del siglo XIX, durante la era otomana, otra a principios del siglo XX, una masiva llegada desde el Líbano, principalmente conformada por cristianos maronitas que se asentaron principalmente en la isla de Margarita, Puerto Cabello, Punto Fijo y La Guaira.

  Al comienzo de la guerra civil libanesa, en 1975, Venezuela se convirtió en un destino destacado para quienes buscaban escapar de las duras condiciones de la guerra.

  Para ese entonces, Venezuela exhibía una vibrante economía que ofrecía un nivel de vida relativamente alto que se erigió como un faro para muchos libaneses.

  Con la advertencia de que no toda la comunidad libanés-venezolana se ha sumado, de hecho, han hecho contribuciones significativas a la sociedad, la ruta de refugiados a Venezuela fue explotada por Hezbollah para construir redes de apoyo. Subraya que muchas veces la comunidad libanesa ignora  esta actividad clandestina, pero un “ejército” de profesionales de la logística —empresarios, abogados, contadores y otros— que formaba parte de la diáspora se constituyó “como una red de apoyo en Venezuela que ayuda a criar, ocultar, trasladar y blanquear fondos ilícitos para Hezbollah, algunos de los cuales se utilizan para promover sus operaciones terroristas en todo el mundo”.

  Finalmente, el informe de Joseph Humire indica que en Venezuela, “la red de apoyo de Hezbollah opera a través de estructuras de clanes familiares compartimentadas que se integran en la economía ilícita controlada por el régimen de Maduro y en el aparato político y la burocracia del régimen. Muchos de los clanes están asimilados dentro del estado y la sociedad venezolanos a través de las robustas comunidades libanesas y sirias que se extienden hasta la vecina Colombia”.