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viernes, 16 de octubre de 2020

Juez de NY declara "válidos, legales y ejecutables" los Bonos PDVSA 2020, la decisión podría repercutir en la pérdida de CITGO

  La decisión de la juez aceleraría la venta de acciones de CITGO, que actualmente está protegida por una Orden Ejecutiva del presidente Donald Trump hasta el 19 enero de 2021. Esto representa un duro revés para el gobierno del interino, Juan Guaidó, que a través de un comunicado informó que se apelaría la decisión que consideran injusta.

Por Maibort Petit



  La juez de Nueva York, Katherine Polk Failla negó la solicitud de juicio sumario solicitado por los representantes del gobierno interino de Juan Guaidó, en la demanda que solicitó al tribunal declarar la serie de Bonos PDVSA 2020 inválidos, ilegales y nulos.  La juez dejó claro que los instrumentos financieros "son válidos y ejecutables y que la República ha incurrido en un incumplimiento bajo los términos del contrato". Estas notas están garantizadas con las acciones de CITGO.

  En la orden de la juez Polk, se señala que los demandados pueden ejercitar los recursos en caso de incumplimiento de lo establecido en el contrato de emisión y el contrato de prenda.

  La empresa tenedora, MUFG Union Bank, por ser el fideicomisario tiene derecho a ordenar a GLAS  America LLC que venda la garantía que asegura los Bonos 2020 ( 50.1% de las acciones de CITGO) y  GLAS tiene derecho a venderlo para cumplir con las acreencias producto del incumplimiento del ente emisor.

  Con respecto a las reclamaciones por incumplimiento del contrato de los Demandados,  el Tribunal ordenó que MUFG tiene derecho a una sentencia por la cantidad de $ 1,683,764,500, así como todos los intereses devengados y no pagados, incluidos los intereses previos al juicio.

  Asimismo, la Corte concluyó que PDVSA y PDVSA Petróleo son responsables de las tarifas, los desembolsos y los gastos, incluidos los honorarios de abogados, en una cantidad por determinar por el mismo tribunal.

  La juez ordenó además que las reclamaciones de los Demandantes se desestimen sin prejuicio.

  El Tribunal falló a favor que los Demandados ( MUFG Y GLAS) se presenten a la corte dentro de los 45 días con una moción de honorarios y gastos, junto con documentación para dicha solicitud. 

  Igualmente, la juez decidió que los Demandados pueden presentar un juicio propuesto que proporcione un cálculo exacto de los intereses impagos, incluidos los intereses previos al juicio.

El caso 

  Los representantes del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reconocido por los Estados Unidos y más de 50 países como presidente Interino de Venezuela, presentaron en octubre de 2019, a la Corte del Distrito Sur de Nueva York una acción de alivio declaratorio y cautelar que buscaba que la corte declarara nulos, ilegales e inválidos los bonos de PDVSA 2020, que tienen como colateral el 50.1 % de los bienes de PDV Holding, que a su vez es la propietaria del 100 % de las acciones de CITGO Petroleum Company.

 La acción legal pedía que el mandato del tribunal sea de carácter permanente.

 En el recurso de 31 páginas, los representantes de Guaidó argumentaron que Petróleos de Venezuela es una empresa propiedad de la República Bolivariana de Venezuela y que es la responsable de manejar las operaciones de gas y petróleo venezolano.

  Asimismo, señalaban que PDV Holding es la propietaria de CITGO Petroleum Corp. 

 Sostuvieron que PDVSA es la primera fuente de la economía venezolana que en los actuales momentos se encuentra completamente colapsada por las desastrosas políticas de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que ha generado una crisis humanitaria de proporciones épicas.

“CITGO es críticamente importante para la recuperación de la economía del país y aliviar el sufrimiento de los venezolanos” dice el documento.

  Cuando los bonos 2020 fueron emitidos en 2016, PDVSA estaba controlada por Nicolás Maduro, quien se convirtió en presidente luego de la muerte de Chávez en 2013. Posteriormente, — sostienen — hubo unas elecciones en 2018 en las cuales Maduro reclamó al victoria ilegítimamente.

  Señalaron que a mediados de 2016, PDVSA no tenía el dinero para pagar las notas de PDVSA 2017, y para no declararse en default porque sería un desastre político de Maduro. El régimen, “de manera unilateral e ilegal orquestó una oferta de intercambio de las notas de PDVSA 2017 por notas 2020 que fueron emitidas en dólares”.

  PDV Holding no es parte del acuerdo que hizo el gobierno con los tenedores de los bonos 2020 y no tiene por tanto la obligación de pagarles a los titulares. PDV Holding es el principal activo CITGO y las notas que de manera ilegal emitió el régimen de Maduro están aseguradas con las acciones de CITGO.

  Argumentaron que los titulares de los bonos aceptaron la propuestas financiera de Maduro, quien políticamente tenía el tiempo contado. “Peor aún, los titulares sabían que el intercambio de los notas se hizo sin la autorización de la Asamblea Nacional”.

 Explicaron que cuando esa transacción fue anunciada y la Asamblea Nacional la declaró ilegal y llamó a una investigación de inmediato que fue desestimada por el Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que está controlado por Maduro.

  Según la constitución, las notas 2020 son instrumentos debens ser aprobados por la Asamblea Nacional por ser un asunto de interés nacional, asegura la demanda.

  En octubre 28 de 2019, PDVSA no pagó los $913 millones de dólares de capital principal más intereses conllevando a un default. En anticipación a ese evento, el Departamento de Tesoro emitió la Licencia General 5A que prohíbe a los tenedores de las notas ejecutar cualquier acción antes del 22 de enero de 2020.

   Debido a la decisión de la juez, CITGO se perderá ya que los fideicomisarios tienen la orden del juez para vender las acciones de la filial de PDVSA en Estados Unidos.

  Los demandados MUFG Union Bank N.A y GLAS Americas LLC. actuaron en la operación como colateral de los instrumentos Law Debenture Trust Company of New York, como agente de registro y transferencia, y el principal agente pagador es el Banque Internacional de Luxembourg, Sociedad Anonyme. PDV Holding no es parte del acuerdo y no está obligado a pagar las notas 2020.

  Los abogados que actuaron en esta acción son: Kurt W. Hansson, James Bliss y James Worthington del bufete: Paul Hastings LLP representando a PDVSA Petróleo y Petróleos de Venezuela S.A. Y, Tariq Mundiya y Jeffrey Korn de Willkie Farr & Gallagher LLP por PDV Holding.

Habla el gobierno interino

  A través de un comunicado, el gobierno interino informó que dicha decisión "es de carácter parcial e injusta" por lo que anunciaron el apoyo al equipo legal designado por la Junta Administradora ad hoc de PDVSA, en la realización de las evaluaciones necesarias para considerar todas las opciones legales, incluyendo la apelación.

  Reiteran que la emisión de los Bonos PDVSA 2020 –poniendo como colateral las acciones de PDVH, cuya única propiedad es CITGO– es absolutamente fraudulenta, tal como lo dictaminó la Asamblea Nacional el 27 de agosto de 2016, mediante la aprobación de un acuerdo que expresa de manera clara que esta condición del colateral es ilegal en vista de que no fue aprobada por el Parlamento Nacional, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

    Advierten que la demanda de nulidad ante la Corte de Distrito de Nueva York en contra de los Bonos PDVSA 2020, "fue el resultado de un proceso de evaluación complejo en el que se determinó que esta era la única opción con la cual contaba PDVSA para proteger los activos de CITGO, luego de que las negociaciones con los tenedores fracasaran pocos días antes del vencimiento de la cuota del principal e intereses por cerca de un millardo de dólares".

   Sostiene que "Desde que el Presidente (E) Juan Guaidó asumió la Presidencia Interina de Venezuela, en enero de 2019, hemos logrado la protección de CITGO en todos los frentes abiertos irresponsablemente por la dictadura. En ese sentido, y a pesar de la decisión en la Corte de Nueva York, CITGO sigue protegida ya que existe una Orden Ejecutiva (GL5) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que impide la ejecución de cualquier acreencia por parte de los tenedores del Bono PDVSA 2020".

  Según el comunicado, "la protección brindada por el Departamento del Tesoro de EEUU fue renovada a principios del mes de octubre de 2020 y se mantendrá al menos hasta el 19 de enero de 2021, otorgando así un margen de tiempo adecuado para seguir avanzando en la estrategia procesal de defensa de CITGO".





miércoles, 29 de julio de 2020

Venezuela deberá argumentar sus razones para exigir publicar la identidad de experto presentado por los bonistas PDVSA 2020

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  La jueza del Distrito Sur de Nueva York, Katherine Polk Failla, exigió a MUFG Union Bank N.A. y GLAS Americas LLC, demandados en el caso de los bonos PDVSA 2020, por Petróleos de Venezuela S.A.; PDVSA Petróleo S.A.; y PDV Holding, INC., a presentar ante ese tribunal, para una revisión a puerta cerrada, una carta que proporcione detalles más específicos sobre sus preocupaciones y negativa a que se divulgue públicamente la identidad del experto en derecho extranjero por ellos presentado en el juicio, ante la presunción de que tal conocimiento pondría en peligro esta persona y a su familia.

   El pasado 10 de julio, el despacho jurídico Latham & Watkins LLP, en representación de los demandados, solicitó al tribunal desentender el pedido de los demandantes del 7 de julio de 2020 de dar a conocer en expediente público la identidad del experto en la ley venezolana.

  Tal pedido lo hicieron a la luz de la inestable situación política y de seguridad que padece Venezuela, por lo que el experto tiene preocupaciones razonables de que la divulgación de su nombre lo haría correr el riesgo de sufrir represalias junto a su familia. “No hay interés público en revelar la identidad del experto, cuando las opiniones completas del experto están disponibles en el expediente público del Tribunal y la identidad del experto no está en cuestión”.

  Sostienen que el gobierno interino de Juan Guaidó mantiene una disputa y una “retórica inflamatoria”, no solamente contra el régimen de Nicolás Maduro sino también contra figuras de prestigio que han criticado sus políticas o acciones de administración.

“Como esta Corte sabe, la administración de Guaidó ha acusado públicamente que cualquier erudito legal venezolano que testifique para los Demandados estaría actuando "en contra de lo que ordena la Constitución" y estaría ‘tratando de justificar las acciones del régimen de Maduro’ (…) La administración de Guaidó ha acusado falsa e infundadamente a los titulares de las Notas 2020 de conspirar con el régimen de Maduro para entregarles el control de CITGO, aunque, como la Corte sabe por las presentaciones de juicio sumario, esa acusación no está respaldada por una pizca de evidencia”, refieren los abogados de Latham & Watkins LLP en su carta.

  Ejemplifican su argumentación con el caso del economista Francisco Rodríguez, quien por haber catalogado de legal la emisión de los bonos PDVSA 2020, ha sido acusado por “individuos asociados con la administración de Guaidó” de "traición a la patria" y de "jugar para ambos equipos".

  También citan el caso de Alejandro Grisanti, quien renunció a la junta administradora ad hoc de PDVSA, por el “‘menosprecio constante tanto público como privado’ por parte del entonces Fiscal General Especial ‘contra todo lo que considera contrario a él mismo’. En esa carta, Grisanti declaró que había expresado su oposición a esta demanda y calificó la estrategia de los Demandantes como ‘equivocada’. Que el entonces Fiscal General Especial continuó participando en una conducta tan hostil hacia los opositores de este litigio después de las advertencias de este Tribunal hace que el sellar la identidad del experto de los Demandados sea aún más razonable”.

  Estiman como inadmisibles los argumentos de los abogados estadounidenses para quienes no es creíble que el experto estaría bajo amenaza, pues que este y su familia viven y trabajan en Venezuela. “Si bien el experto recientemente pudo abandonar Venezuela temporalmente para ir a un país de Europa, los miembros de la familia del experto y los estudiantes y colegas del experto permanecen allí. El experto tiene todos los motivos para preocuparse por posibles represalias (incluso de la administración de Guaidó, en caso de que llegue al poder) si la identidad del experto se divulgara públicamente. De hecho, en las conversaciones con el abogado de los Demandados, el abogado de los Demandantes inicialmente estuvo de acuerdo con la propuesta de los Demandados de eliminar el nombre de su experto de cualquier presentación pública, solo que ahora revierte el curso (sin justificación) y alega que dicha divulgación pública es imprescindible”.

  Luego de citar jurisprudencia que respalda su solicitud, Latham & Watkins LLP aseguran que la identidad del experto debe mantenerse en la reserva pues esta no es relevante para el curso del proceso judicial. “Además, el abogado de los demandantes conoce la identidad del experto y ha tenido la oportunidad de impugnar sus declaraciones y opiniones, incluso a través de informes de refutación y declaraciones juradas.  Y, en contra de la nueva afirmación de los Demandantes de que impedir el acceso público a la identidad del experto de los Demandados requeriría ‘medidas extraordinarias’ durante la audiencia de juicio sumario (…) hay varios remedios estrechamente adaptados y mínimamente gravosos que podrían llevarse a cabo, como un acuerdo de no usar el nombre del experto en un tribunal abierto o el cierre de la sala del tribunal únicamente durante los momentos en que la identidad del experto se revelaría”.