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jueves, 1 de octubre de 2020

Continúan las audiencias en la corte del caso Rothwell vs. CITGO por incumplimiento de contrato

  La petrolera venezolana procuraba una orden de abatimiento en razón de las sanciones impuestas por Estados Unidos al régimen de Maduro.

Por Maibort Petit

  Desde que el 22 de marzo de 2019, Rothwell Energy Services LLC introdujera una demanda civil contra CITGO Petroleum Corporation ante la Corte del Condado de Harris, Texas, se han producido una serie de atrasos y contratiempos que llegaron a su fin. Estas últimas semanas altos ejecutivos de CITGO prestaron declaraciones ante el juez, que había ordenado a la filial de PDVSA en Estados Unidos entregar la información requerida por el demandante y realizar las deposiciones de la tesorera, Gina Coon, el ahora consultor contratado, Glenn Hilman, entre otros. 

  Rothwell Energy Services es una empresa propiedad del sobrino del fallecido CEO de CITGO, Nelson Martínez que alega ante la Corte de Harris  que CITGO no concluyó con los pagos por sus servicios.

  Se trata de una disputa que involucra  una deuda que no fue pagada en base a un contrato que fue otorgado gracias a la complicidad de ejecutivos de CITGO a quienes se les ha vinculado a otras irregularidades internas de la filial de PDVSA en Estados Unidos.

  El tribunal fijó las fechas de las deposiciones de varios empleados de CITGO en un calendario de obligatorio cumplimiento. Entre los funcionarios, como anunciamos están Rick Esser, Jennifer Moos, Gina Coon, Alejandro Sabatino, Glenn Hilman, entre otros.

  CITGO alegó para evitar que se produjeran las declaraciones de los ejecutivos incursos en el contrato con Rothwell y en los pagos varios alegatos, entre ellos lo relativo a la pandemia del coronavirus.

  Tal como lo señalan los documentos, varios empleados de CITGO, junto a corruptos venezolanos, dueños de empresas de maletín, y funcionarios del régimen de Nicolás Maduro y sus respectivos testaferros, tienen que ver con las irregularidades están involucrados en este caso que, igualmente, es investigado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

  Los hechos objeto de la demanda tuvieron lugar durante la gestión como CEO de CITGO Petroleum Corporation, de Nelson Martínez, fallecido mientras se encontraba bajo custodia del régimen de Nicolás Maduro y tiene que ver con un proyecto de USD 100 millones que Rothwell Energy Services LLC cobraría por una unas plantas desalinizadoras que instalaría en varios estados de Venezuela. La citada empresa es propiedad de Juan Carlos Hurtado Angarita, sobrino del finado Martínez.

 Funcionarios de CITGO, entre los cuales se citan José Luis Zambrano, Laymar Peña, Brian Paulson, Glenn Hilman, Gina Coon, José Pereira, Rick Esser, Gene Riccetti, Arnaldo Arcay, Alejandro Escarrá, Gustavo Cárdenas, José Luis De Jongh y Edoardo Orzoni, todos con posiciones de control dentro de la petrolera, presuntamente habrían violado los controles internos relativos a la revisión de proveedores y habrían facilitado así la aprobación de los contratos y los pagos ilegales emanados de los mismos, que comenzaron en el 2017 y siguieron en el 2018. El régimen de sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos al régimen venezolano, impidió que pudieran seguir las operaciones.

CITGO niega los cargos

 La demanda presentada por Rothwell ante la corte muestran una comunicación enviada por CITGO como respuesta a la solicitud de divulgación del demandante.

  La filial de PDVSA en EE. UU. negó los cargos y las alegaciones de la petición original de la demanda, de acuerdo a lo establecido en las disposiciones de la Regla 92 de las Reglas de Procedimiento Civil de Texas y exige una prueba estricta de las mismas.

  CITGO informó que PDVSA Petróleo S.A. tenía un interés en el contrato de servicio objeto de la demanda, dado que al término de cada una de las plantas desalinizadoras de agua que debía construir Rothwell, debía presentarse una Factura de Venta y Cesión se ejecutará entre esta última y PDVSA.

  De acuerdo a la cisión de CITGO, esta no debe dinero a Rothwell, aunque admitió que si el tribunal determina alguna cantidad ésta no correspondería a una cuenta jurada. CITGO sostiene que la deuda que se quiere cobrar la demandante es ilegal y que cualquier pago que se le hiciera violaría la Orden Ejecutiva del gobierno de los EE. UU. 13808 y 13850. La petrolera se refiere a la designación de PDVSA por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a PDVSA, empresa matriz indirecta de CITGO, el 28 de enero de 2019, lo que significa que la propiedad de PDVSA y CITGO se encuentran bloqueadas.

  Es que al ser PDVSA el usuario y el beneficiario de los sistemas de agua que son objeto del contrato, los pagos que busca Rothwell no se pueden realizar en razón de las sanciones, puesto que la participación de PDVSA podría someter a CITGO y Rothwell a sanciones penales y civiles según la ley de los Estados Unidos.

Defensa afirmativa del pago

  También CITGO cree que la disposición de fuerza mayor del contrato le impide adeudar o realizar pagos a Rothwell mientras las sanciones de EE. UU. se encuentren vigentes.

  Según las cuentas de la filial de PDVSA, ésta ya pagó a Rothwell USD 5.027.025 por los servicios prestados y el equipo provisto en virtud del Acuerdo. Del mismo modo refiere que Rothwell no ha entregado a CITGO ningún estado de cuenta que reflejen las compensaciones, pagos y créditos justos y legales.

  CITGO asegura que Rothwell no cumplió con todas las exigencias para que se emitieran los pagos de los montos que solicita el demandante. Rothwell tampoco habría certificado el pago a todos los subcontratistas, personal, proveedores y vendedores, y que se hayan liberado todos los enlaces, tal como lo plantea el acuerdo.

  La petrolera venezolana exigió exige un juicio con jurado y pide que el tribunal dicte sentencia en favor de la demandada y que la demandante pague los costos judiciales y otorgue a CITGO todas las reparaciones a las que tiene derecho.

Declaración de experto

  Brian Boudreaux, Gerente de Proyectos Senior y Consultor Técnico de RECON Management Services Inc. — agente y consultor de CITGO en proyectos relacionados con refinación, generación de energía, turbinas de gas y SWROS— presentó una declaración jurada ante la corte en la que subraya que durante 30 años fue empleado de CITGO durante más de tres décadas.

  Ahora con RECON trabaja en estrecha colaboración con CITGO en el Acuerdo de Contrato de Servicio objeto de la demanda y refirió PDVSA tiene el interés final en las plantas.

  Dijo que para que CITGO pague una factura, deben cumplirse una serie de que permitan la emisión del pago, siendo él la persona que revisa técnicamente las facturas y documentos relacionados que Rothwell envía para su pago. "En otras palabras, ayudó a determinar qué pagos vencen y si las cantidades que busca Rothwell son justas y verdaderas".

Suspensión del proceso

  El juez Roberto Schaffer, ordenó el 24 de mayo de 2019 la suspensión de la demanda hasta que se produzca el levantamiento de las órdenes ejecutivas que imponen sanciones, o hasta que Rothwell reciba una licencia de la OFAC que dé luz verde al proceso judicial.

  Después, las partes, de manera conjunta, presentaron conjuntamente una moción acordada pidiendo la continuación del juicio.

 Rothwell pidió una moción para obtener el descubrimiento de CITGO. Manifestó que en seis meses hizo esfuerzos infructuosos para trabajar junto a CITGO de buena fe para comprometerse de hecho descubrimiento.

  Por eso acudió a la Corte, por estimar que es necesario para hacer avanzar en el litigio.

  El 14 de enero de 2020, Rothwell Energy Services LLC envió a CITGO una carta solicitando un registro de privilegios modificado y luego de esto, ha reiterado la petición el 16 de enero, el 5 de febrero, el 7 de febrero, el 21 de febrero, el 27 de febrero, el 25 de marzo y el 2 de junio.

  Desde entonces, las partes han terciado por el asunto. Mientras la demandante exige detalles y documentos de las comunicaciones que involucró el acuerdo, CITGO aduce el privilegio abogado-cliente, el cual es inviolable.

Finalmente, el CITGO afirma la defensa afirmativa del pago.

Las deposiciones

  Otro asunto que ha ocupado a las partes, ha sido el desacuerdo respecto a la deposición, virtual o presencial, de los testigos ante el tribunal.

  En enero de 2020, Rothwell las fechas de deposición de Gina Coon (Tesorera) y Glenn Hilman (Consultor legal) y, finalmente, el 27 de febrero, CITGO respondió que la primera podía hacerlo el 9 de abril y el segundo el 16 de abril. 

  El 18 de marzo, Rothwell informó a CITGO que, en razón de la pandemia, podían seguir el proceso de manera virtual. CITGO respondió el 24 de marzo, que no estaría en condiciones de seguir adelante con las declaraciones. Rothwell acordó posponer las declaraciones.

  Finalmente, luego de una serie de evasivas, la Corte del Condado de Harris ordenó que la tesorera de CITGO, Gina Coon, presente su declaración sobre este caso. Su testimonio es vital, toda vez que ella ocupaba un puesto clave en el proceso de aprobación y pagos del contrato objeto de la demanda. Coon, finalmente se produjo en septiembre 2020.



 


 


 


 

martes, 29 de septiembre de 2020

Luisa Palacios anuncia que dejará la presidencia de la Junta Directiva de CITGO el 30 de octubre

 Por Maibort Petit

  La presidenta de la Junta Directiva de CITGO, Luisa Palacios anunció a través de una misiva que dejará su posición a partir del 30 de octubre pero que permanecerá como directora, y que dedicará más tiempo a la Fundación Simón Bolívar para apoyar "la aguda crisis humanitaria que vive Venezuela".

  Palacios envió la notificación hoy martes a las 5PM. No se indica en el anunció quién la reemplazará. 

  En los actuales momentos, CITGO es el centro de investigaciones por parte del Departamento de Justicia por haber violado las leyes federales de los Estados Unidos, en las últimas administraciones. A los problemas legales, se une el impacto del coronavirus en la industria petrolera y los resultados operacionales y financieros en los últimos tres meses, calificados de "desastrosos" por varias fuentes internas.

  En más de 30 años, en CITGO no se habían registrados resultados en rojo (déficit). Fuentes de la industria informaron a Venezuela Política que existen rumores del posible retiro del Vicepresidente de Finanzas y del contralor, "debido a los niveles de dificultades que los profesionales del área habían pronosticado".

    Durante la gestión de Luisa Palacios los empleados denunciaron acoso y persecución laboral por la filtración de información a la prensa de los hechos de corrupción denunciados que fueron amparados por la directiva designada por el presidente interino, Juan Guaidó desde febrero de 2019.

Ver detalles aquí.¿ Busca CITGO silenciar casos de corrupción para evitar conflictos mayores?

A continuación la misiva enviada por Luisa Palacios a los empleados de CITGO.

Carta de Luisa Palacios sobre la reorientación de las funciones de la junta


Estimada comunidad CITGO,

  Cuando acepté asumir el cargo de Presidenta de CITGO a principios de 2019, la situación nos obligó a centrar nuestra atención en tres objetivos fundamentales: dinamizar la gobernanza y la gestión de la empresa, fortalecer el balance y la resiliencia financiera, y ayudar a la empresa a avanzar. una serie de desafíos legales. Hemos logrado avances significativos en cada una de estas prioridades y, con la fase crucial de los procedimientos que involucran los activos de las entidades CITGO ahora concluida, este es un momento lógico para considerar una transición en mis funciones.

  He anunciado a la Junta Directiva de CITGO mi plan para dejar el cargo de Presidenta, a partir del 30 de octubre. Planeo permanecer en la Junta y continuaré comprometida con la compañía en ese rol. También tengo la intención de dedicar más tiempo a ayudar a la Fundación Simón Bolívar a aumentar su misión de apoyar la compleja crisis humanitaria de Venezuela.

  Liderar las entidades de CITGO durante los últimos 20 meses ha sido un verdadero honor, y agradezco al accionista y a los demás miembros de la junta por confiar en mí con tal responsabilidad. Soy consciente de que mi nombramiento tuvo un significado adicional a la luz de ser la primera mujer en ocupar este puesto en CITGO, y espero que a través de nuestras acciones haya estado a la altura de las expectativas que conlleva tal asignación.

  Estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado juntos y seguiré agradecido por todo lo que he aprendido de la comunidad CITGO.

 Sepan que siempre seré un firme defensor de la misión que comenzamos hace 20 meses para mejorar la estabilidad financiera y operativa de CITGO, proteger sus activos y fortalecer su gobierno corporativo. Mi puerta siempre está abierta para cualquiera que quiera contribuir a maximizar el valor de CITGO para todos sus grupos de interés, y eso incluye su impresionante y resistente fuerza laboral.

Luisa Palacios

viernes, 11 de septiembre de 2020

Rothwell Energy Services presiona a CITGO para que pague deudas pendiente [por contratos corruptos]

Por Maibort Petit

  Los abogados de empresa Rothwell Energy Services están ejerciendo presiones a CITGO para que paguen una deuda que según la entidad no le fue cancelada, y que llevó a que se interpusiera una demanda civil ante la Corte del Distrito Harris, ubicado al sur del estado de Texas. 

  De acuerdo a los nuevos documentos del caso, los abogados de Rothwell Energy Services expusieron en la corte que CITGO no cumplió con la entrega de información que se había solicitado en el proceso desde enero de 2020.

Ver detalles del caso en: Caso Rothwell Energy Services LLC. contra CITGO: Los oscuros manejos en la adjudicación de contratos

 El 22 de marzo de 2019, Rothwell Energy Services LLC demandó a CITGO por incumplimiento de una parte de los pagos acordados por la venta de unas plantas desalinizadoras de agua que supuestamente serían instaladas en Venezuela. La empresa demandante es del sobrino del expresidente de CITGO, Nelson Martínez, fallecido bajo custodia del estado venezolano en 2018. Los contratos de CITGO fueron entregados con sobreprecio y de manera fraudulenta. 


  Las nuevas piezas incluye una lista de correos electrónicos de los funcionarios vinculados al caso, que son: Pereira, Glenn Hillman, José Luis Zambrano, Boudreaux, Laymar Peña, Brian Paulson, Riccetti y Alejandro Escará del 14 de marzo de 2017, Riccetti, Hillman, Paulson, Peña, Boudreaux y Zambrano del 13 de marzo de 2017. Asimismo, los correos de José Pereira, Hillman y Zambrano correspondiente al 14 de marzo de 2017.

  El juez Robert Schaffer,  ordenó a a CITGO entregar los documentos relacionados con registro de privilegios modificado y, alternativamente ,producir los documentos del mismo para la inspección de la cámara en los próximos 30 días, empezando con los documentos fechados en 1 de octubre de 2018 hasta el 30 de noviembre de 2018.


  CITGO respondió por medio de su abogado Rey Flores que debido a que ellos estaban en desacuerdo con el argumento que  el registro entregado por CITGO no proveía suficiente información sobre las evidencias requeridas.

    Los documentos que se requieren pueden probar el esquema de corrupción que ha operado en CITGO por años, y que permitió que contratistas y funcionarios corruptos de la corporación consiguieran contratos de manera fraudulenta. Muchos de los ejecutivos y empleados de CITGO que participaron en la entrega de contrato siguen en sus puestos de trabajo, ratificados por la nueva junta directiva designada por la Asamblea Nacional y el presidente interino, Juan Guaidó.

  "Si hubiese voluntad de acción, el caso Rothwell permitiría que CITGO atacar la corrupción interna de la corporación", sostiene una fuente consultada por Venezuela Política.  "Una acción efectiva a favor de los intereses de CITGO en este caso, hubiese sido contrademandar a Rothwell por conspiración para lo cual tenían que responsabilizar a los funcionarios corruptos que permanecen en CITGO, y que debieron haber sido investigados y retirados de sus cargos desde febrero de 2019 por haber aprobado contratos fraudulentos a sabienda que eran ilegales y que atentaban contra los intereses de los venezolanos, cuando la directiva designada por Juan Guaidó tomó las riendas de la filial de PDVSA en Estados Unidos", agrega la fuente que declaró en condición de anonimato debido a la persecución que hay en la empresa contra los empleados que denuncian la corrupción.




miércoles, 9 de septiembre de 2020

Tesorera actual de CITGO obligada a declarar en una corte de Texas sobre transacciones a favor de una empresa del sobrino de ex CEO de la corporación, Nelson Martínez

Por Maibort Petit

  A pesar de las evasivas de la empresa, la actual tesorera de CITGO, Gina Coon fue solicitada a declarar esta semana ante la Corte del Condado de Harris, Texas por el caso de Rothwell Energy, Coon  ocupó un puesto clave de la corporación cuando se le otorgó un contrato millonario a la empresa propiedad del ex-presidente de CITGO, Nelson Martínez. Rothwell Energy Service forma parte de una larga lista de compañías que lograron obtener negocios de CITGO a cambio del pago de sobornos a los funcionarios involucrados en los procesos de adjudicación y procesamiento de las contrataciones.

  La demanda civil que se procesa en la Corte del Condado de Harris, fue interpuesta por Rothwell Energy Services LLC en contra de CITGO. 

  Según los registros de CITGO, en 2017, José Pereira, Glenn Hilman, José Luis Zambrano, José Luis De Jongh y Brian Paulson asignaron más de USD 16 millones en contratos de adquisiciones a Rothwell, como entidad intermediaria, para la adquisición de los siguientes bienes:

(1) enero de 2017: 170.000 monos de seguridad para PDVSA E&P Occidente por USD 4.139.500,00, 

(2) Abril de 2017: Plantas de agua por USD 6,3 millones y 

(3) Junio ​​de 2017: Cilindros y válvulas de gas por USD $ 5.692.500.

   En un documento del tribunal  dice que este miércoles 9 o jueves 10 de septiembre, Gina Coon, Tesorera de CITGO ratificada por la directiva de Luisa Palacios y Carlos Jordá, [quien fue designada en el cargo bajo las administraciones de Nelson Martínez, José Pereira y Asdrúbal Chávez], está solicitada para declarar y explicar los manejos que se dieron el CITGO en la entrega de contratos fraudulentos.

        Según los récords, durante el 2014 al 2018, bajo las administraciones de Nelson Martínez, José Pereira y Asdrúbal Chávez, Gina Coon, fungió como Asistente y posteriormente fue designada Tesorera de CITGO Petroleum Corporation por la Junta Directiva designada por el presidente interino, Juan Guaidó. En su gestión, Coon aprobó y procesó pagos por USD 10.6 millones por compras para PDVSA con significativos sobre precios a Rotwell Energy Services, LLC, una entidad registrada en Texas en Octubre 2013 por Juan Carlos Hurtado Angarita, director nominal de Rothwell Energy, y sobrino de Nelson Martínez, Presidente y CEO de CITGO del 2013 al 2016.[fallecido en 2018 bajo la custodia del régimen de Nicolás Maduro].


   Los récords de la corporación establecen que desde 2014 al 2018, el dinero fue transferido por Gina Coon desde Houston, TX directamente a la cuenta bancaria a nombre de Rothwell.  El 22 de marzo de 2019, Rothwell Energy Services LLC demandó a CITGO por incumplimiento de una parte de los pagos acordados por la venta de unas plantas desalinizadoras de agua que supuestamente serían instaladas en Venezuela. 

   Dos fuentes internas, consultadas por Venezuela Política en calidad de anonimato, dijeron que "la actual Tesorera de CITGO, Gina Coon, junto a Glenn Hilman y José Luis Zambrano, directores de compras, Rick Esser y Jennifer Moos, directores de cumplimiento, y Judith Colbert del departamento legal de CITGO facilitaron y aprobaron los procesos de licitación, contratos y transacciones de compras con Rothwell". 

   José Luis Zambrano, junto a otros 5 ex ejecutivos de CITGO, se encuentra actualmente bajo arresto en Venezuela acusado de delitos en CITGO que presuntamente le involucran en cargos de corrupción, fraude, malversación, sobornos, lavado de dinero, conspiración para delinquir y abuso de autoridad. Ver detalles aquí.

   Las fuentes de la corporación, consultadas para este caso, señalan que los mencionados "ejecutivos confrontan varias denuncias internas por formar parte del esquema de corrupción masiva en CITGO, por facilitar la aprobación ilícita de transacciones de compras fraudulentas, y evadir controles internos para la evaluación de proveedores (vendor due diligence) para asistir a dueños de compañías fantasma a obtener ganancias ilícitas y el posterior lavado del dinero". 

   Los ejecutivos de CITGO habrían violado las normas internas de la corporación, con pleno conocimiento, estos directores asistieron a proveedores como: José Manuel González Testino, Tulio Farías, Juan Carlos Hurtado Angarita, entre otros, en los procesos de licitaciones fraudulentos y en ocultar al beneficiario (ultimate beneficiary) final de sus cuentas bancarias. González Testino y Tulio Farías se encuentran a la espera de sentencia por un juez federal de Texas, ambos contratistas se declararon culpables de delitos de corrupción y lavado de dinero.

    Las fuentes consultadas confirman que los ejecutivos señalados de haber participado en procesos fraudulentos "fueron beneficiados con promociones injustificables, asignación de vehículos de lujo (ej.: Porsche, BMW, Mercedes, etc.), aumentos sueldos y bonos excesivos, que le permiten vivir un estilo de vida de lujo".

  Venezuela Política tuvo acceso a documentos que evidencia las operaciones que se hicieron desde CITGO a la cuenta de Rothwell Energy Services LLC. Desde 2014 al 2018, múltiples transferencias bancarias fueron procesadas por Gina Coon, [Tesorera] desde las oficinas de CITGO en Houston, Texas directamente a cuentas bancarias de Juan Carlos Hurtado Angarita (Rothwell Energy Services). "Como parte de esquema de corrupción, las transferencias se realizaron desestimando los controles internos de identificación de proveedores, y la debida evaluación de Rothwell como proveedor por los departamentos de crédito (Tesorería), legal y cumplimiento", sostuvo la fuente, que agregó que "Los directores de cumplimiento, intencionalmente desestimaron el evidente conflicto de interés y facilitaron la aprobación de contratos de compras por millones de dólares para beneficiar a un familiar de Nelson Martínez y sus cómplices en estas transacciones".

Evidencias de los pagos

  La imagen a continuación evidencia algunos de pagos detallados aprobados y procesados durante el 2018 por Gina Coon, Glenn Hilman y Asdrúbal Chávez:


  Las transacciones fraudulentas entre CITGO y Rothwell, son unas de múltiples transacciones comerciales con compañías fantasmas que sirvieron como vehículo para defraudar al accionista (Venezuela) y extraer el dinero de los bancos de CITGO, utilizando las ganancias ilegales provenientes de operaciones corruptas como fase inicial del blanqueo de capitales, que envolvió sobreprecios, colusión, conspiración con proveedores y el pago sobornos y beneficios laborales para directores de CITGO.  

  Otra fuente interna sostiene que los referidos directores "están envueltos en un número excesivo de casos y transacciones fraudulentas incluyendo el pago de USD 15 millones, realizado por Gina Coon y José Pereira a través de tres transferencias bancarias de $5 millones cada directamente a la cuenta del ex congresista republicano David Rivera utilizando como fachada pagos de consultoría a Interamerican Consulting Inc, una entidad de papel registrada por el congresista en Florida, USA; pagos por más de $70 millones de dólares bajo la administraciones de José Pereira y Asdrúbal Chávez a entidades fantasmas con fuertes lazos a oficiales del régimen de Nicolás Maduro donde también se violaron los controles internos, y muchas otras excepciones y casos fraudulentos que aún no han sido resueltos por la administración encabezada por Luisa Palacios, Carlos Jordá".  

  Importante destacar que las evidencias y testimonios en contra de los mencionados directores fueron presentadas a Palacios y a la nueva junta directiva desde Febrero 2019, cuando fue designada por el presidente interino Juan Guaidó y los partidos que conforman el G4, pero. a pesar de tener el conocimiento y las evidencias, decidieron ratificarlos en sus cargos, jubilarlos y contratarlos nuevamente".

Artículos relacionados: Caso Rothwell Energy Services LLC. contra CITGO: Los oscuros manejos en la adjudicación de contratos

CITGO pagó a David Rivera los $15 millones para cabildear a favor de PDVSA (Nicolás Maduro) en los EE. UU.


jueves, 3 de septiembre de 2020

CITGO anunció la jubilación (renuncia) de su controlador corporativo

Por Maibort Petit

 CITGO Petroleum Corporation anunció que Barry Treas, controlador corporativo, se jubilará y que Bob Shoemaker, actual Gerente de Presupuestos y Análisis de Desempeño, lo sustituirá a partir del 30 de septiembre de 2020. Desde 2018, tres funcionarios han ocupado ese cargo primordial para la transparencia de la gestión de la filial de PDVSA en Estados Unidos.

  Barry Treas fue designado en el puesto en 2019, para sustituir a Theresa Mitchells que ocupaba dicha posición desde 2018. Una fuente interna de CITGO advirtió a Venezuela Política que "Ninguno de los tres ejecutivos tiene la certificación requerida para el cargo que es "Certified Public Accountant" (CPA)". No obstante, otra fuente cercana a la directiva de corporación informó que "de acuerdo a la interpretación formal, esta certificación no es obligante, para ocupar el caso".

 Agrega la misma fuente que "El Señor Shoemaker posee una amplísima experiencia profesional y académica que lo respalda, lo cual puede verificarse en su perfil de LinkedIn".

Un cargo clave

  La posición de controlador corporativo es clave porque sus experticias permite descubrir los hechos de corrupción en la corporación, que a su vez pueden llevar al bloqueo de empresas proveedoras que no cumplan con los requisitos legale ni las normas internas de CITGO. El fiel cumplimiento de esta función por un profesional capaz, evita que se produzcan procesos ilícitos de licitaciones, facturaciones con sobreprecios, pagos duplicados, facturación de empresas fantasmas, uso de compañías de maletín o para firmas que buscan esconder a los beneficiarios reales.

  Un controlador corporativo profesional y apto para el cargo, está obligado a revisar y verificar los controles preventivos, incluyendo los controles para el proceso de identificacion y verificacion de proveedores (vendor due diligence) y bloqueo de entidades que pertenezcan a miembros de organizaciones criminales y que se otorguen contratos a delincuentes.

  Los controladores corporativos deberían detectar y reportar ante la junta directiva y el Departamento legal de CITGO, las transacciones fraudulentas, los pagos ilegales autorizados por funcionarios corruptos, incluyendo los de contratistas y abogados en EE. UU. y fuera del país que hayan violado las leyes de transparencia y las normas de la empresa.

  Igualmente, los profesionales preparados para cumplir con esta función pueden reportar falsos estados financieros, utilidades ficticias para lograr beneficios a los funcionarios de turno, y evitar que la corporación viole por esas vía las leyes federales de los Estados Unidos y que se efectúe un desfalco contra los accionistas  de CITGO, que es el pueblo de Venezuela.

  Theresa Mitchels, (empleada de confianza de Gustavo Cárdenas), fue removida del puesto en febrero de 2019, cuando asumió el control de CITGO la junta directiva designada por Juan Guaidó. Desde ese momento, se designó en el cargo a Barry Treas, "por recomendación de Rick Esser y Curtis Rowe", según informaron a Venezuela Política fuentes internas de la corporación.

  "Barry Treas trabajó por más de una década en Departamento de Informática de CITGO", y de acuerdo a varias fuentes internas "Treas no tenía la experiencia ni experticia técnica contable para ocupar la posición de controlador corporativo por lo cual renunció".

  De acuerdo a las mismas fuentes consultadas, "Bob Showmaker, no tiene un certificado (CPA) (Por sus siglas en inglés Certified Public Accountant).

  En un comunicado de CITGO, se señala que "Shoemaker se unió a CITGO en 1999 y ha ocupado varios puestos de creciente responsabilidad desde entonces, incluido el de Gerente de Arquitectura de Sistemas Financieros, Gerente de Análisis Financiero y Comercial, y su función actual como Gerente de Presupuestos y Análisis de Desempeño. Bob tiene una licenciatura en contabilidad de la University of Central Missouri y una maestría en administración de empresas de la Pennsylvania State University".




 


miércoles, 29 de julio de 2020

Conoce los detalles del refinanciamiento de CITGO por USD 1.125 millones con Jefferies LLC y J. P. Morgan

   La banca de inversión exigió firmar una carta compromiso que obliga a mantener a esa entidad como ente encargado del refinanciamiento del préstamo B con vencimiento en 2021, por una tarifa acordada del 1.0 por ciento del monto total del capital de dicha deuda.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Un informe elaborado por la firma Jones Day a petición de CITGO Petroleum Corporation, estableció que la escogencia de las empresas Jefferies LLC y Jefferies Capital Services, LLC como prestadoras de los servicios de banca de inversión en el proceso de refinanciamiento de la deuda de la filial de la Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en los Estados Unidos, era la única opción que esta tenía para reestructurar su deuda a corto plazo.
   El 9 de junio de 2020, el escritorio jurídico Jones Day remitió un memorando con carácter privilegiado y confidencial a CITGO Petroleum Corporation que contenía las recomendaciones con relación a las ofertas de deuda de alto rendimiento por parte de emisores corporativos en los Estados Unidos.

     Venezuela Política tuvo acceso al informe y a todos los anexos del mismo.

   Refiere que, en los Estados Unidos, generalmente, no se recurre al mecanismo de la licitación u otro proceso público, para considerar las ofertas de deuda de alto rendimiento por emisores corporativos. Esto se debe a la capacidad del emisor para controlar el tiempo y el proceso en torno a la oferta.
  Así ocurrió, por tanto, cuando recientemente CITGO Petroleum Corporation, bajo la Regla 144A emitió USD 1.125 millones de notas con garantías al 7.00 por ciento, con vencimiento en 2025.

   Explican los abogados que las leyes de mercado de capitales de los EE. UU. imponen limitaciones significativas a las empresas privadas sobre lo que pueden decir sobre una emisión o transacción en los mercados. En este contexto, los emisores que aspiran a un financiamiento, contactan a un pequeño grupo de bancos de inversión con los cuales mantienen una relación y que son capaces de ejecutar la transacción como resultado de la reputación y capacidades del mercado y la industria.
   Desde 2019, este tipo de operaciones se volvió más complicadas a raíz de las sanciones estadounidenses emitidas en enero de dicho año, a lo que se suma la situación política en Venezuela y los litigios que involucran a las entidades matrices de CITGO, así como por las incertidumbres sobre la propiedad y el control de la filial de PDVSA en los EE. UU. por parte de su junta directiva.

  Para dicha fecha, 2019, CITGO Petroleum Corporation y su matriz inmediata CITGO Holding, Inc., planeaban operaciones de su deuda a corto plazo.

   Observan los abogados de Jones Day que la gerencia de CITGO contactó a varias empresas de banca de inversión y otras instituciones financieras para evaluar el interés y su voluntad de involucrarse en estas transacciones de financiamiento, dadas las incertidumbres sobre la propiedad y el control de CITGO, así como los riesgos de hacer negocios con esta empresa.

   En medio de este panorama, Jefferies fue la única empresa de los Estados Unidos que estuvo dispuesta a realizar este refinanciamiento de CITGO.

Sobre el acuerdo con Jefferies

  Para aceptar actuar como la banca de inversión en marzo del 2019, Jefferies insistió en que se le emitiera una carta de compromiso. Esto por tratarse de un emisor de alto rendimiento con opciones de financiación limitadas.

  En razón a las pocas alternativas disponibles, CITGO firmó una carta de compromiso con Jefferies LLC y Jefferies Capital Services, LLC.

  Representantes de CITGO informaron a los abogados de Jones Day que el acuerdo con Jefferies representaba la acción más prudente y la mejor oportunidad de llevar a cabo el financiamiento de las próximas deudas.

   El contrato suscrito entre Jefferies y CITGO estableció el compromiso de esta última de retener a la primera como banca para el refinanciamiento del préstamo B con vencimiento en 2021, por una tarifa acordada del 1.0 por ciento del monto total del capital de dicha deuda.

   Los abogados consideraron que la tarifa negociada del 1.0 por ciento estaba dentro del rango de razonabilidad para la suscripción de deuda o fees de colocación pagados por emisores estadounidenses cuya deuda tiene una calificación inferior al grado de inversión.

“Sin embargo, CITGO podría nombrar un banco co-líder si dicho banco fuera razonablemente aceptable para Jefferies y Jefferies se le asignaría no menos del 50 por ciento de los fees que CITGO le correspondía pagar por la transacción”.

  El acuerdo también incluyó una disposición de “cola” bajo la cual Jefferies tendría derecho a la tarifa del 1.0 por ciento si CITGO hiciera cualquiera de las “Transacciones” enumeradas para el 29 de julio de 2021 o antes, incluso si CITGO terminara el acuerdo.

   En julio de 2019, Jefferies fungió como el administrador para el refinanciamiento de las notas garantizadas por USD 1.870 mil millones al 10.75 por ciento con vencimiento en 2020 de CITGO Holding. Este refinanciamiento consistió en una oferta de USD 1.370 millones en notas garantizadas de 9.250 por ciento de CITGO Holding con vencimiento en 2024 más un nuevo préstamo B, de préstamo a plazo de USD 500 millones.

La selección de suscriptores para las notas CITGO 2020

  El informe de Jones Day refiere que la gerencia de CITGO exploraba opciones de liquidez en medio de la crisis del Covid 19, entre ellas, el refinanciamiento de la deuda con vencimiento en 2021 del plazo del préstamo B que se propuso a la junta directiva en mayo de 2020.

   La junta directiva aprobó la refinanciación del préstamo B de CITGO mediante la emisión de pagarés garantizados de CITGO por USD 1.125 mil millones, un incremento que le proporcionaría a la filial de PDVSA flexibilidad financiera en estas difíciles circunstancias.

   Para evitar pagar la tarifa del 1.0 por ciento que hubiera tenido que cancelar por rescindir el contrato con Jefferies y dadas las circunstancias imperantes, CITGO y en virtud de la ejecución exitosa de las transacciones de 2019 y la buena reputación de la empresa con la que ya mantenía un acuerdo, CITGO decidió proceder con Jefferies como el principal gestor de libros para la Notas de oferta.

  Sin embargo, como el acuerdo con Jefferies contemplaba la incorporación de un banco co-líder que fuera aceptable para Jefferies y esta recibiera al menos el 50 por ciento de las tarifas pagaderas por CITGO en la transacción, la filial de PDVSA en los Estados Unidos consideró involucrar a J. P. Morgan.

  El objetivo que perseguía CITGO con esta decisión era expandir las relaciones bancarias de la compañía para restablecer una línea de crédito rotativa para financiar las necesidades de liquidez de la compañía, en lugar de la dependencia continua de la deuda a plazo.

  J.P. Morgan finalmente acordó entrar en el acuerdo como banco adicional, posicionado a la derecha de Jefferies en el memorándum de oferta.

Las conclusiones de Jones Day

  El despacho de abogados estimó que la selección Jefferies y J.P.Morgan como suscriptores de la oferta de pagarés es consistente con los procesos empleados por emisores corporativos de alto rendimiento en los mercados de capitales de EE.UU.

  Según los abogados, el incremento del refinanciamiento de USD 750 millones a USD 1.125 millones en razón de una sobre demanda significativa, valida el proceso que siguió CITGO en la elección de los bancos para suscribir la oferta. Asimismo, validaron la tasa de interés de las notas emitidas por Citgo de 7.00 por ciento, por debajo del precio indicativo de 7.75 por ciento-8.25 por ciento e involucrando concesiones mínimas, por ser esta una nueva emisión en comparación con las tasas de rendimiento indicativas de la deuda pendiente de CITGO.

  Para Jones Day el proceso de venta de notas de CITGO a un grupo amplio y diverso de inversionistas, fue consistente con colocaciones de otros corporativos en Estados Unidos.

“La gerencia de CITGO señaló una preferencia por los inversionistas de más largo plazo sobre los fondos de corto plazo (hedge funds), al tiempo que afirmó que obtener el mejor precio para las notas era el objetivo principal de la compañía. Se nos informó que los bonos se asignaron a más de 150 inversionistas, que es una colocación amplia para una oferta de este tipo, y tanto las agencias de rating como el equipo de gestión de CITGO expresaron su satisfacción con la cartera de pedidos iniciales de la oferta”.

Nota confidencial del CITGO

  Una nota confidencial de CITGO detalla la relación contractual que ésta filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en los Estados Unidos, mantiene con Jefferies Financial Group, la cual prestó servicios de banca de inversión en los procesos de refinanciamiento de su deuda en los años 2019 y 2020.

  El informe, con carácter privado y confidencial, dirigido al Luis A. Pacheco, presidente de la Junta Administradora ad hoc de PDVSA explica el papel de Jefferies como agente de colocación de los bonos emitidos por CITGO Petroleum Corporation en las fechas indicadas anteriormente.

  Se refiere que, en marzo de 2019, CITGO emitió un préstamo a plazo fijo por USD 1.200 millones con el objetivo de reemplazar su línea de crédito rotativa y la línea de crédito con titularización de sus cuentas por cobrar, las cuales tenían vencimiento en mayo y junio del citado año 2019.

  Se advierte que los bancos se negaron a renovar dichas líneas en razón de las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés), así como la preocupación existente sobre la reputación de CITGO.

  Se informa que Houlihan Lokey actuó como coordinador de la transacción de préstamo a plazo fijo indicada, dado que esta empresa mantenía un contrato vigente con CITGO en el momento de la transición a la nueva administración.

  El reporte advierte que, en el desarrollo de la transacción, uno de los mayores desafíos de CITGO fue encontrar bancos que fungiesen como agentes que hicieran el fronting, es decir fueran facilitadores, distribuidores y en ocasiones financistas de la operación y, además, llevaran a cabo las funciones administrativas y actuaran como garantes colaterales. Se informa que “Decenas de bancos declinaron, citando limitaciones por las sanciones impuestas por la OFAC y/o riesgos de percepción que adversarían la imagen de sus instituciones”.

Agrega la nota confidencial que Houlihan confirmó que se acercaron a BNP Paribas, Credit Agricole, Natixis, Societè Generale, ABN Amro, Deutsche Bank, Sumitomo y Mizuho, entidades que habían participado en las facilidades crediticias emitidas por CITGO Petroleum Corporation, pero ninguno estaba dispuesto a servir como banco que hiciera el fronting.

  Otros intentos se hicieron con Credit Suisse, Bank of America, Citi, Mizuho, JPMorganChase, Macquarie, PNC, 5th Third, Scotia, RBC, DNB, Wells Fargo y Bank of NY, los cuales también declararon participar, según dijo Houlihan.

  Fue ante estas circunstancias que CITGO Petroleum Corporation decidió acudir a Jefferies para que esta actuara como fronting y como agente administrativo.

  Para aceptar, Jefferies puso algunas condiciones, entre ellas, una tarifa del 1 por ciento y la exclusividad para trabajar como banco líder principal en la futura refinanciación del préstamo CITGO 2021 y el refinanciamiento de las transacciones de CITGO Holding 2019. Se acota que el citado 1 por ciento sería compartido a partes iguales si se incorporara al proceso a un co-líder.

  Se advierte que CITGO Petroleum Corporation no tiene compromisos adicionales con Jefferies al finalizar la transacción de los bonos 2025.

  Para finalizar, la nota confidencial agregaba un resumen de procesos de refinanciamiento de años anteriores:

miércoles, 24 de junio de 2020

Lo que hay detrás de los corruptos contratos de CITGO con el excontratista David Rivera

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   La demanda interpuesta por los abogados de CITGO y PDV USA contra el excongresista del estado de la Florida, David Rivera, por incumplimiento de un contrato a través de su firma, Interamerican Consulting INC, sigue dando de qué hablar. A partir del conocimiento del caso civil, han surgido una serie de actores que han ampliado el radio de acción de la investigación federal que incluye a varios personajes del régimen de Nicolás Maduro. En esta historia les contamos algunos detalles de este escándalo.
   Cuando se conoció la demanda en mayo de 2020, se constató que la directiva de CITGO, encabezada por Luisa Palacios y Carlos Jordá, asistidos por el abogado Michael Gottlieb, [quien ha representado a chavistas y opositores], presentaron la querella civil que busca rescatar los $15 millones de dólares que CITGO pagó a David Rivera en 2017, por sus servicios de cabildeo a favor de PDVSA, controlada en ese tiempo por Nicolás Maduro. 

   Según fuentes internas de CITGO, la demanda, más que tener la intención de recuperar los $15 millones [el costo de litigar en corte supera el monto del premio que se busca obtener] "es un mecanismo usado por la refinadora petrolera del estado venezolano, controlada por el gobierno interno de Juan Guaidó, [reconocido por el gobierno de Estados Unidos y más de 50 países], para cubrirse las espaldas, debido a que la investigación que se sigue el Departamento de Justicia norteamericano contra CITGO, que posiblemente concluya con severas penalidades a la empresa por no haber cumplido las leyes federales contra la corrupción y  el lavado de dinero".

   "La demanda sería una cortina de humo, para demostrar ante la justicia estadounidense que aunque tarde, actuaron contra los presuntos criminales que expoliaron dinero de CITGO y de PDVSA en los Estados Unidos", sostuvo la fuente consultada en calidad de anonimato. 

  En febrero de 2019, la junta directiva de Luisa Palacios tuvo conocimiento de primera mano de todos los casos de corrupción que se cometieron en CITGO durante las administraciones chavistas, incluyendo la del fallecido, Nelson Martínez  y la de Asdrúbal Chávez.

   "Se les informó sobre los ejecutivos que cometieron delito y las empresas que obtuvieron los contratos fraudulentos a lo largo de todos los años. Las auditorías internas y los reportes de empleados que denunciaron los hechos de corrupción y los intentos de sobornos que los contratistas ofrecieron para lograr expoliar el dinero de CITGO y PDVSA", dijo la fuente pero asegura "que no se tomaron acciones hasta finales de mayo de 2020".

     Cuando se interpuso la demanda en la corte del Distrito Sur de Nueva York, el presidente interino, Juan Guaidó dijo que la demanda es posterior a una auditoría hecha por su equipo directivo de CITGO.  

   En un tweet del Centro de Comunicaciones del gobierno interino, con fecha 15 de mayo de 2020, se activierte que la demanda contra Rivera surgió luego de una auditoría realizada por CITGO, tras haber sido recuperada para los venezolanos por el Gobierno legítimo.

  Se señala que: "tras la investigación realizada, tenemos los suficientes elementos para afirmar que, pese a no haber realizado ninguna labor justificable, la PDVSA de 2017 controlada por Maduro canceló al Sr. Rivera $15 millones de dólares, de un contrato de 50 millones de dólares".

   Documentos en nuestro poder muestran que la auditoría a la que se hace referencia, no fue hecha en 2019, sino que se realizó en  mayo de 2017 por el departamento Interno de CITGO. Tal como apuntamos, Luisa Palacios y su equipo, tenían esa información desde febrero de 2019, y no fue sino hasta mayo de 2020 que decidieron interponer una acción contra David Rivera y contra otro contratista corrupto que ya está en custodia de las autoridades estadounidenses, José Manuel González Testino. 

   "La conveniencia de interponer la querella civil en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, buscando recuperar los $15 millones no luce clara", dice la fuente interna de la corporación. 

  Un dato que llama la atención de Venezuela Política es el incremento significativo de gastos de asesoría legal de CITGO desde que se inició la gestión de la directiva designada por Juan Guaidó, llegando a superar los $102 millones de dólares

   Vale destacar que la cifra de $102 millones en gastos legales de CITGO, bajo la administración de Palacios, "se han usado para realizar investigaciones internas por más de un año, cuyos resultados aún están por verse", dijo la fuente consultada.

   Bajo el control de Guaidó, CITGO sigue usando abogados y los bufetes que usó la corporación cuando estaba bajo el control del régimen de Nicolás Maduro y que estuvieron al tanto de los fraudes y actos de corrupción y violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero.

   La fuente consultada sostiene que la mayoría de las firmas seleccionadas por la administración designada por Guaidó y que se mantienen en la nómina de CITGO "fueron coordinadas por la abogada de CITGO, Judith Colbert a pesar que hay información es pública y notoria, que los bufetes de abogados se han beneficiado al trabajar y defender al régimen de Maduro".

    La misma fuente sostiene que actualmente bufetes como Willkie Farr & Gallagher LLP Willkie y Sidley Austin LLP [Caso narcosobrinos] "siguen beneficiándose y llevando múltiples casos en CITGO bajo la administración de la junta directiva de Juan Guaidó".

  "Otras firmas como Hogan Lovells y Jones Day fueron seleccionadas por Judith Colbert para acosar a los empleados de la corporación que han denunciado fraude y corrupción interna en CITGO", sostuvo la fuente. 

 Denuncia que "Cristina Rodríguez (Hogan Lovells) en combinación con Judith Colbert y Glenn Hilman unieron fuerzas para retaliar y amedrentar a empleados y directores que denunciaron casos de fraude en CITGO y fueron despedidos bajo la administración de Nelson Martínez y José Pereira". 

   Explica la fuente que hay un informe interno de CITGO, con las denuncias de la exgerente de Recursos Humanos, Marisol Gómez sobre los contratos de PDV USA y CITGO, ordenados por el fallecido, Nelson Martínez con compañías intermediarias como GFC Consultores y Yakima Trading de Samark López Bello, quien fue acusado por el gobierno de los Estados Unidos de ser uno de los testaferro del actual ministro de Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami, quien pasó a ser uno de los hombres más buscados por la justicia de los Estados Unidos. 

  Señala la fuente que "durante la mediación legal del caso de Gómez, Judith Colbert, Glenn Hilman y Cristina Rodríguez defendieron la selección y los contratos de PDV USA/CITGO con GFC Consultores, Yakima y sus dueños y testaferros". 

  Agrega que "bajo la administración de Luisa Palacios y Carlos Jordá sigue la convivencia con profesionales internos y externos que ayudaron al desfalco de CITGO y PDVSA". 

   Sostiene que "los empleados de CITGO han visto por años que los abogados contratados por el régimen se han enriquecidos a cosas de los casos de CITGO, cobrando horarios inflados, y sin importar que los casos sean ganados en las cortes o no".

   Reportes en nuestro poder muestran que CITGO pagó en servicios de consultoría y gastos de defensa en 2016 más de $ 68 millones; en 2017, los gastos llegaron casi $81 millones y en 2018, se gastaron alrededor de $64 millones. En este período, el régimen de Nicolás Maduro controlaba la filial de PDVSA en Estados Unidos. Pero en febrero de 2019, CITGO pasó al control de Juan Guaidó, y en ese año, los gastos por servicios legales subieron a casi $89  millones y hasta el presente van más de $102 millones.  Las firmas que cobran en CITGO durante la gestión de Palacios y Jordá además de las mencionadas anteriormente, está Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP.


La acusación contra David Rivera

  Las fuentes insisten en que la acusación contra David Rivera responde a un interés político que busca desviar la atención, y se convierte "en una herramienta que convenientemente pretende dejar a PDV USA (CITGO) como una víctima". En este caso, las acciones del abogado Michael Gottlieb buscan evitar que se haga mención a la "responsabilidad individual" de los participantes que diseñaron y ejecutaron la transacción fraudulenta que la corporación hizo con el excongresista, y que violaron las leyes federales.

   La idea, dice la fuente, "es la intención de encajonar la demanda en un incumplimiento de contrato, cuando el caso envuelve una investigación más extensa de presunto lavado de dinero, financiamiento ilegal, malversación de fondos, soborno y fraude en CITGO".  

 Sostiene que "estos crímenes sólo fueron posibles con la participación de dos o más partes, PDVSA, PDV USA, CITGO y los empleados, directores, abogados y consultores que participaron en la transacción demandada y que tenían el deber y la obligación de salvaguardar a la empresa y controlar que ese tipo de fraudes no se hiciera en una empresa que se rige por leyes norteamericanas".

   Tal como hemos advertido, los casos de varios contratos fraudulentos de PDVSA, CITGO y PDV USA son investigados por el Departamento de Justicia desde el año 2017.  "Los elementos y la manera fraudulenta de cómo David Rivera y contratistas como José Manuel González Testino, Manuel Chinchilla y otros lograron obtener contratos de CITGO es un factor que penaliza a la corporación ante las autoridades judiciales estadounidenses", comenta la fuente.

Las repercusiones de la demanda contra David Rivera

    Como se señaló, el pliego de la demanda contra David Rivera no incluye todos los detalles de ese caso, sino la exposición de hechos selectivos que no permiten conocer la historia completa, que involucra a otros actores, que hasta ahora permanecen  ocultos.

   Cuando CITGO y PDV USA contrataron a David Rivera para cabildear a favor del régimen de Nicolás Maduro ante las instituciones gubernamentales de los Estados Unidos, no se hizo la debida due diligence, no se cumplió con los requerimientos de ley y no revisaron las credenciales de la empresa Interamerican Consulting Inc, a la que pagaron $15 millones de dólares, en tres transacciones de $5 millones cada una a través de la cuenta bancaria Interamerican Consulting, Incorporated en el banco JPMorgan Chase Bank NA, Routing #: 021000021 Cuenta # 633291682 y que tiene como dirección,  270 Park Avenue, New York, 10017. 

   Una vez que se dio a conocer la demanda, hubo muchas interrogantes que apuntaban a David Rivera, quien es investigado por presunta violación de la Ley FARA. 

   Fue el senador Bob Menéndez (D-N.J.) quien pidió a funcionarios del Departamento de Justicia que investigaran sí el ex representante Rivera violó la ley al no haberse registrado como agente del régimen de Nicolás Maduro ante el gobierno de Estados Unidos.


   En una carta enviada por Menéndez al Fiscal General Adjunto de Seguridad Nacional, John Demers, se señala que la demanda y los informes de prensa posteriores, mostraron que Rivera estaba trabajando en nombre de un agente extranjero, sin el debido registro bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA).

  "Por lo tanto, solicito que el Departamento de Justicia revise si Rivera cumplió con FARA, incluso si tiene la obligación de registrarse retroactivamente como agente extranjero que actúa en nombre del régimen de Maduro", escribió Menéndez, el principal demócrata en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

  "Cuando los agentes extranjeros no se registran bajo FARA, sus actividades en nombre de las potencias extranjeras se ocultan a la vista del público, lo que oculta las posibles amenazas a la seguridad nacional de los Estados Unidos", advirtió Menéndez (1).

Otros elementos que hablan de la corrupción en CITGO 

  Esta semana, la agencia Associated Press (AP) informó que el régimen venezolano intentó reclutar al ex-congresista Pete Sessions para negociar una reunión con el CEO de Exxon Mobil, al mismo tiempo que estaba pagando en secreto a  David Rivera $50 millones para evitar las sanciones de Estados Unidos.

   La nota de AP refiere que "un funcionario de PDVSA envió un correo electrónico a Sessions, el 8 de junio de 2017, en busca de su ayuda para organizar una reunión entre el ministro de petróleo de Venezuela y Darren Woods, entonces jefe de Exxon, con el propósito de atraer a la petrolera de regreso a Venezuela".

   AP dijo que había visto el correo electrónico, y que dicha evidencia estaba en manos de la policía federal de EE. UU. En  la misma nota, escrita por el periodista Joshua Goodman, se señala que se investiga al ex-congresista, David Rivera, "a la persona que supuestamente le dio instrucciones al funcionario de PDVSA para enviar el correo electrónico a Sessions".

     En la fecha que se alega que hubo un intento del régimen de Maduro de acercarse a Exxon, Rivera estaba trabajando para el chavismo, en base al contrato por $50 millones que se firmó entre PVD USA/CITGO con Interamerican Consulting Inc.  

      AP recalca que Sessions participó en esfuerzos de mediación en Venezuela durante los 15 meses siguientes. Viajó a Caracas en secreto en abril de 2018 para reunirse con Nicolás Maduro, en un viaje auspiciado por el ahora prófugo de la justicia de Estados Unidos por diversos crímenes financieros, corrupción masiva y lavado de dinero, Raúl Gorrín.

    Se confirma en la nota de AP que "David Rivera sirvió de traductor en la reunión de Sessions con Nicolás Maduro, a que asistió Gorrín". Meses más tarde, "Sessions habló con el abogado personal del presidente Donald Trump, Rudy Giuliani para ayudarle hacer las gestiones para que se produjera la reunión de Maduro con el presidente de EE. UU.".

  Las evidencias sobre esas gestiones son objeto de investigación por parte de fiscales federales que buscan todas las pesquisas relacionadas con los servicios de consultoría que Rivera hacía a Maduro, y por los cuales CITGO pago $15 millones.

CITGO entra en acción

  La nota de AP se refiere a un aspecto que ya había sido mencionado en los medios. CITGO aportó $500.000 al comité inaugural de Trump. 

    Otra fuente en CITGO sostiene que la donación del medio millón de dólares a la campaña del presidente norteamericano "se mantuvo en secreto, no se habló de esta transacción hasta que la información salió publicada en la prensa". Muchos se sorprendieron, incluyendo Rafael Gómez que era el encargado de las relaciones con el gobierno. 

    La fuente dijo a Venezuela Política que "con la donación de los $500 mil, pudieron asistir a la inauguración del presidente Donald Trump, José Pereira y Gustavo Cárdenas (presos en Caracas acusados de delitos de corrupción), Rick Esser, ratificado en su cargo por la directiva designada por Juan Guaidó".

    AP menciona que CITGO pagaba $70 mil mensuales "durante mucho tiempo", a dos grupos de presión establecidos, Cornerstone Government Affairs y Vantage Knight, por supuestos "trabajos de regulación". 

    Una segunda fuente interna de CITGO, que habló en condición de anonimato,  sostiene que las facturas en la contabilidad que presentó David Rivera para cobrar los $50 millones, de los cuales sólo logró el pago de $15 millones, carecían de sustentación legal "fueron unos recibo de cobro sin rigurosidad, y la entrega del informe de servicios tampoco reunía los requisitos para ser aceptados por  el Departamento de Finanzas de CITGO para ser cancelados. Nada se correspondía al pago de $50 millones a una empresa de lobby".

  Hasta el momento, las fuentes consultadas no tienen conocimiento sobre las razones por las cuáles la directiva de Luisa Palacios no ha demandando también a las otras empresas que cometieron delitos similares. 

Los gastos de lobby de CITGO, PDVSA

   En 2017, fecha en la que Maduro, a través de Delcy Rodríguez, contrató a David Rivera para hacer lobby ante el gobierno de Estados Unidos, PDVSA y CITGO paraba miles de dólares a las siguientes empresas a empresas de cabildeo:
  En 2018, PDVSA y CITGO contraron las siguientes compañías lobistas.
  En 2019, cuando el control de CITGO fue entregado a Guaidó, y fue designada Luisa Palacios como presidenta de la Junta Directiva, estas fueron las empresas contratadas por la corporación.
   En el primer semestre de 2020, continuaron los contratos a las mismas empresas:


Los perversos personajes de la trama


   Cuando David Rivera supo que PDV USA/CITGO lo había demandado, aseguró que parte del dinero que recibió estaba destinado a la oposición de Venezuela y pidió que le preguntaran a los 6 de CITGO, refiriéndose a los seis ejecutivos presos en Caracas por su participación en casos de corrupción durante sus gestiones en CITGO, Houston. Rivera no ha ofrecido evidencia o explicación para respaldar esa afirmación.

    A raíz de las revelaciones de Rivera, quien aseguró además que se había entendido con el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López y su esposa, Lilian Tintori, a quienes habría entregado parte del dinero, se supo que en el entramado denunciado por el demandado, habría participado también Raúl Gorrín, en prófugo de la justicia estadounidense que hizo una enorme fortuna por actividades fraudulentas que le permitieron robar miles de millones al erario público venezolano por su sociedad con el ex-tesorero Alejandro Andrade, Nicolás Maduro y otros funcionarios del régimen de Chávez y Maduro.

     Esta semana, Leopoldo López aseguró que iba a contrademandar a David Rivera por difamación. Hasta el cierre de esta nota no se había interpuesto ninguna querella contra el excongresista por parte del líder de Voluntad Popular y uno de los actores principales en el gobierno interino de Guaidó.  López continúa operando desde la residencia del embajador de España en Caracas, donde se encuentra en calidad de refugiado desde el 30 de abril de 2019.

  Gorrín participó junto a Rivera en la reunión con el excongresista Sessions en Caracas en 2018, y según la información dada a conocer por AP, pagó el viaje del congresista a Venezuela, aunque la misma agencia cita a una de las asistentes de Sessions que aseguró que era el parlamentario el que había pagado sus gastos. 

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CITAS

1) https://thehill.com/homenews/senate/498502-top-senate-democrat-asks-doj-to-investigate-former-representatives-venezuela

2) https://apnews.com/15ea6f405e859acadf969696d286b94a