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martes, 28 de julio de 2020

Luis Motta Domínguez y Eustiquio Lugo fueron designados públicamente ​​por EE. UU. por su participación en un esquema de soborno en Corpoelec

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   El gobierno de los Estados Unidos designó públicamente al ex Ministro de Energía Eléctrica de Venezuela y Presidente de Corpoelec, Luis Alfredo Motta Domínguez, y el ex Viceministro de Finanzas, Inversión y Alianzas Estratégicas de Venezuela para el Ministerio de Energía Eléctrica y Director de Adquisiciones de la empresa estatal, Eustiquio José Lugo Gómez por aceptar beneficios monetarios, incluidos sobornos y pagos irregulares, a cambio de adjudicar lucrativos contratos para el suministro de equipos a Corpoelec, y por la apropiación indebida de fondos púbicos para su enriquecimiento personal.
   En junio de 2019, el Departamento del Tesoro, en coordinación con el Departamento de Estado, sancionó a Lugo y a Motta por acciones en desmedro de la democracia en Venezuela, aplicando las facultades de la Orden Ejecutiva 13692.
  
  En un comunicado oficial, el Secretario de Estado Mike Pompeo informó que las designaciones anunciadas este martes se hicieron bajo la Sección 7031 (c) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados, 2020 (Div. G, P.L. 116-94).

  Según la Sección 7031 (c), una vez que el Secretario de Estado designa a funcionarios de gobiernos extranjeros, junto con sus familiares inmediatos, por su participación, directa o indirecta, en una corrupción significativa, esas personas no son elegibles indefinidamente para ingresar a los Estados Unidos. Además de Lugo y Motta, el Departamento designa públicamente a los siguientes miembros de la familia de la familia inmediata de Lugo: Karina Isabel Carpio Bejarano, Luis Alfredo Motto Carpio y Nakary Marialy Motto Carpio; y los siguientes miembros de la familia inmediata de Motta: Yomaira Isabela Lugo de Lugo, Virginia Del Valle Lugo Lugo, Víctor Jesús Lugo Lugo y José Lugo Lugo.

   Pompeo dijo en un comunicado que "esta designación reafirma el compromiso de EE. UU. de combatir la corrupción en Venezuela. Estados Unidos continúa apoyando al presidente interino, Juan Guaido, la Asamblea Nacional elegida democráticamente, y al pueblo de Venezuela en su lucha contra la corrupción y por la restauración pacífica de la democracia y la estabilidad económica".  

  Advirtió que "el Departamento continuará utilizando estas autoridades para promover la responsabilidad de los actores corruptos en esta región y en todo el mundo". 

El caso de Motta Domínguez y Eustiquio Lugo

  El ex-presidente de Corpoelec, Luis Alfredo Motta Domínguez, y el director de adquisiciones de Corpoelec, Eustiquio José Lugo Gómez, fueron acusados en 2019 de haber participado en un esquema de corrupción y lavado de dinero que involucra contratos con la estatal de energía de Venezuela y empresas registradas en el Sur de la Florida. 

    El ex ministro  venezolano y el ex funcionario de la compañía de electricidad estatal fueron acusados de haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Los dos exfuncionarios del régimen chavista habrían recibido sobornos a cambio de entregar contratos de Corpoelec a empresas con sede en los Estados Unidos. 

  La acusación contra Motta Domínguez y Eustiquio Lugo, se produjo luego que los dos contratistas que recibieron los contratos se declararon culpables, por conspirar para violar la FCPA en relación con el esquema de pago corrupto en Corpoelec.

  La acusación alega que a partir de enero de 2016 y alrededor de diciembre de 2018, Motta y Lugo conspiraron con otros para lavar el dinero proveniente de un esquema de soborno ilegal hacia y desde cuentas bancarias ubicadas en el sur de Florida. 

   Los fiscales federales alegan que Motta y Lugo otorgaron a tres empresas con sede en Florida más de $ 60 millones en contratos de adquisición con Corpoelec a cambio del pago de sobornos.

   La acusación sostiene además que la actividad ilegal y que el esquema de soborno violó la FCPA e implicó delitos de coimas contra Venezuela. 

  Según los cargos, una parte sustancial de los ingresos de los contratos corruptos se lavó a través de instituciones financieras de EE. UU., utilizando cuentas bancarias ubicadas en el Distrito Sur de Florida.

Los dos contratistas se declaran culpables

   El 24 de junio de 2019, Jesús Ramón Veroes, de 69 años, de Venezuela, y Luis Alberto Chacín Haddad, de 54 años, de Miami, Florida, se declararon culpables ante la juez federal de distrito  dur de la Florida, Cecilia M. Altonaga, de un cargo de conspiración para violar varias disposiciones de la FCPA. 

   Veroes y Chacín serán por la juez Altonaga el 4 de septiembre de 2020.

  Según lo confesado en sus declaraciones de culpabilidad, Veroes y Chacín acordaron entre sí y con otros co-conspiradores realizar pagos corruptos a funcionarios extranjeros en Corpoelec a cambio de la adjudicación de contratos de adquisición a empresas con sede en Florida. 

  Según los términos de sus acuerdos de declaración de culpabilidad, se requerirá que Veroes y Chacín pierdan al menos $ 5.5 millones en ganancias de los contratos obtenidos de forma corrupta, así como de bienes inmuebles en el área de Miami.

  Este caso fue investigado por DEA Miami con asistencia de la Oficina de Investigaciones Criminales del IRS de Miami y la Oficina de Campo del Miami del FBI. 

  El fiscal federal adjunto Michael B. Nadler del distrito sur de Florida, el abogado litigante John-Alex Romano de la sección de fraude de la división criminal y el abogado litigante Joseph Palazzo de la sección de lavado de dinero y recuperación de activos de la división criminal están procesando el caso.

  La Sección de Fraude es responsable de investigar y procesar todos los asuntos de la FCPA. Puede encontrar información adicional sobre los esfuerzos de cumplimiento de la FCPA del Departamento de Justicia en www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa.

jueves, 27 de junio de 2019

Luis Motta Domínguez fue acusado formalmente en EE. UU. por lavado de dinero

Ambos exfuncionarios del régimen de Nicolás Maduro fueron incluidos en la lista del Departamento del Tesoro de los EE. UU. (OFAC).

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El gobierno de Estados Unidos acusó formalmente este jueves a Luis Motta Domínguez, exministro de la Energía Eléctrica y presidente de la Corporación Eléctrica Nacional, SA.  y a Eustiquio José Lugo Gómez, (exdirector de adquisiciones de Corpoelec) de haber participado en un esquema de corrupción que involucró el cobro de sobornos a empresas ubicadas en el estado de la Florida para lograr negocios con el Estado venezolano.
Motta Domínguez y Eustiquio José Lugo Gómez se les señala de haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero tras recibir sobornos de dos contratistas a cambio de contratos millonarios de Corpoelec.

La acusación, dada a conocer por la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida, se produjo tras las declaraciones de culpabilidad de los contratistas, Jesús Ramón Veroes y Luis Alberto Chacín Haddad a principios de esta semana, por conspirar para violar la FCPA en relación con el esquema de corrupción en Corpoelec.

El fiscal general adjunto Brian A. Benczkowski de la División Criminal del Departamento de Justicia; Ariana Fajardo Orshan del Distrito Sur de Florida y el agente especial de la División de Campo de la Administración de Control de Drogas de Miami (DEA Miami), Adolphus P. Wright dieron a conocer un comunicado  donde se señala que los dos exfuncionarios del gobierno de Nicolás Maduro fueron acusados formalmente por corrupción y lavado de dinero.

La demanda contra Motta Domínguez y Lugo Gómez incluye ocho cargos, entre ellos el de conspiración para cometer lavado de dinero. 

La acusación formal alega que a partir de enero de 2016 (o alrededor de esa fecha) y hasta diciembre de 2018, Motta y Lugo conspiraron con otros para lavar las ganancias de un esquema de soborno ilegal hacia y desde cuentas bancarias ubicadas en el sur de la Florida. 

De acuerdo con la acusación, Motta y Lugo otorgaron a tres empresas con sede en la Florida más de $60 millones en contratos de compra con Corpoelec a cambio de sobornos que las empresas involucradas pagaron a sabiendas que era ilegal y que violaba las leyes estadounidenses.

La demanda alega que el plan de sobornos violó la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero  pues involucra delitos de soborno contra Venezuela. 

Según los cargos, una parte sustancial de los ingresos de los contratos corruptos se lavó a través de instituciones financieras de los Estados Unidos utilizando cuentas bancarias ubicadas en el Distrito Sur de Florida.

El 24 de junio de 2019, Jesús Ramón Veroes y Luis Alberto Chacín Haddad se declararon culpables ante la Jueza de Distrito de los Estados Unidos, Cecilia M. Altonaga, del Distrito Sur por un cargo de  conspiración para violar diversas disposiciones de la FCPA. Veroes y Chacín serán sentenciados el 4 de septiembre de 2019.

De acuerdo con las admisiones hechas en sus respectivos acuerdos de culpabilidad, Veroes y Chacín acordaron entre sí y con otros co-conspiradores hacer pagos corruptos a funcionarios extranjeros en Corpoelec a cambio de la adjudicación de contratos de adquisición a empresas con sede en Florida. Según los términos de sus acuerdos de declaración de culpabilidad, se exigirá a Veroes y Chacín que pierdan al menos $5.5 millones en ganancias de los contratos obtenidos de manera corrupta, así como también de bienes raíces en el área de Miami.

miércoles, 17 de abril de 2019

Inserven, la empresa beneficiada por Luis Motta Domínguez con un largo historial de irregularidades

Incumplimientos con los trabajadores y con las empresas contratantes son la constante en de esta compañía que a pesar de sus antecedentes, continúa suscribiendo negociaciones con el estado venezolano.

Por Maibort Petit
@maibortpetit
Al parecer la experiencia vale poco —sobre todo la que revela incumplimientos— para la Corporación Eléctrica Nacional, a la hora de suscribir nuevos contratos o establecer relaciones con empresas señaladas de poseer un historial de irregularidades. Tal es el caso de Instalaciones y Servicios de Venezuela C.A. (Inserven), una compañía supuestamente vinculada al expresidente de Corpoelec, Luis Motta Domínguez, la cual exhibe un largo expediente de faltas que no fueron óbice para ser nuevamente contratada en 2018, según se desprende de un reporte en nuestro poder.
Fuentes de información señalan que Inserven fue altamente beneficiada por el exministro de energía eléctrica y expresidente de la corporación eléctrica, a quien la Asamblea Nacional le emitió un voto de censura por considerarlo responsable de la crisis eléctrica que padece Venezuela y su profundización. Dicho voto de censura fue emitido el 15 de febrero de 2017[1]. Algunas fuentes consultadas para la elaboración de esta nota informaron, bajo condición de anonimato, que la empresa está vinculada a Motta y a otros militares cercanos al exjefe de Corpoelec.

La propuesta de Inserven

El 13 de diciembre de 2018, el director de Instalaciones y servicios de Venezuela C.A. (Inserven), Roberto Pérez, remitió a la gerencia de generación de Corpoelec, una propuesta comercial para el mantenimiento y rehabilitación de las unidades de generación TZ02, TZ03, TZ07 y TZ09:

La propuesta planteaba lo siguiente:

En primer lugar, por concepto de actividades asociadas a la rehabilitación de la unidad de generación TZ02 de la planta Termozulia se solicitaron Bs. 95.851.200,00.

Por concepto de servicios técnicos se solicitaron USD 391.111,00.
En segundo término, respecto a actividades asociadas a la rehabilitación de la unidad de generación TZ03 de la planta Termozulia se solicitaron Bs. 87.248.000,00.

Por concepto de servicios técnicos y repuestos se contemplaron USD 1.388.800,00.

En tercer lugar, se solicitaron Bs. 167.200.000,00 para actividades relacionadas al mantenimiento de la unidad de generación TZ07.

Por concepto de servicios técnicos y repuestos, se solicitaron USD 3.305.485,00.

En cuarto lugar, por actividades asociadas al mantenimiento de la unidad TZ08 de la Planta Termozulia se solicitaron Bs. 106.400.000,00.

Por concepto de servicio técnico y repuestos, se presupuestó la cantidad de USD 3.398.533,00.

En quinto lugar, por actividades relacionadas a la rehabilitación de la planta de agua y pozos de la planta Termozulia, se solicitaron Bs. 37.392.000,00.

Por concepto de servicios técnicos y repuestos se contemplaron USD 895.200,00.

Finalmente, la propuesta comercial estableció un total en moneda nacional de Bs. 494.091.200,00, mientras que el componente en moneda extranjera era de USD 9.379.018,00.

Estos precios no contemplaban el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

La propuesta presentada por Inserven a Corpoelec contemplaba un plazo de ejecución de los trabajos de 90 días para la entrega de la unidad de generación TZ02; de 110 días para la unidad de generación TZ03; de 75 días para la unidad de generación TZ07; también de 75 días para la unidad de generación TZ08; mientras que para la planta de agua y pozos de la planta Termozulia, el plazo era de 775 días.
Al describir los trabajos a realizar, Inserven detalló que para la rehabilitación de la unidad de generación TZ02 de la planta Termozulia, según se describe en el siguiente cuadro:
Del mismo modo, en lo atinente a la rehabilitación de la unidad de generación TZ03 de la planta Termozulia se contempló llevar a cabo las siguientes actividades:
Para los trabajos de mantenimiento de las partes calientes de la unidad de generación TZ07, Inserven contemplaba realizar estos trabajos:
Entretanto, para el mantenimiento de las partes calientes de la unidad de generación TZ08 de la planta Termozulia, se preveían las siguientes tareas:

En lo que respecta a la planta de agua y los pozos de la planta Termozulia, se contemplaron estas actividades:

Las condiciones de pago

La propuesta comercial que Instalaciones y servicios de Venezuela C.A. planteó a la Corporación Eléctrica Nacional que el componente en moneda nacional se llevara a cabo, primero, cancelando un anticipo de 70 por ciento y el 30 por ciento restante al finalizar los trabajos.

En lo que respecta al componente en moneda extranjera, Corpoelec debía cancelar a Inserven un anticipo del 70 por ciento y el restante 30 por ciento a la entrega de los trabajos que tenían que ver con los servicios técnicos.

En materia de repuestos, se contempló un 50 por ciento de anticipo y un 50 por ciento previo al embarque e inspección por parte de Corpoelec en el país de origen.

Los plazos referidos en el aparte anterior, comenzarían a correr a partir del pago de los anticipos.

Igualmente los repuestos se entregarían en la planta Termozulia, debiendo correr todos los costos de nacionalización por parte de la Corporación Eléctrica Nacional.

La oferta comercial de Inserven tenía una validez de 90 días.

La empresa

En su página web, Instalaciones y servicios de Venezuela C.A. (Inserven) se define como una “empresa fundada en el año 1975, especializada en el área de generación eléctrica. Les ofrecemos a nuestros clientes servicios de la más alta calidad en forma eficiente y confiable. Poseemos una amplia trayectoria en instalaciones, mantenimientos, operación y suministro de repuestos a plantas de generación de electricidad. Para ello contamos con equipos y herramientas propias, así como con un grupo de técnicos especialistas con amplia experiencia y trayectoria en el sector”[2].

Agrega que en lo que respecta a pro llave en mano, Inserven los ejecuta en el sector eléctrico incluyendo ingeniería, procura y construcción; los trabajos de operación tienen que ver con la elaboración y ejecución de planes de mantenimiento a plantas eléctricas.

Sobre montajes electromecánicos, Inserven se dedica a la “ejecución de proyectos de montajes electromecánicos en general. Entre los que podemos mencionar: construcción de plantas eléctricas, sub-estaciones eléctricas, transformadores, sistemas de iluminación, acometidas eléctricas, entre otros”.

En materia de mantenimiento, la empresa es especialista en mantenimientos mayores y menores a turbogeneradores incluyendo el suministro de repuestos.

En lo atinente a esto último, Inserven suministra “repuestos para repuestos para turbinas, reparación y mantenimiento de generadores, estatores y rotores, tales como: alabes, toberas, partes calientes, partes de combustión, cojinetes, bobinas de alta tensión para estatores hasta 23 Kv., cuñas, piezas polares, rellenos, kits de aislamiento y materiales de montaje, entre otros”.

La empresa también se dedica a la adecuación de los sistemas de control con tecnología de punta, lo cual contempla la modernización y automatización de controles de Turbinas.

Por último, Inserven ofrece “servicios de asesoría durante la instalación de turbogeneradores, mantenimientos y arranques de plantas”.

Instalaciones y servicios de Venezuela C.A. (Inserven) se encuentra ubicada en la avenida Libertador, Edificio Exa, PH 14 y 23, El Rosal, municipio Chacao, Estado Miranda. Venezuela.

El Registro de Información Fiscal (RIF) es J-00105511-8.

Por una sentencia del Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Nuevo Régimen y Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de Falcón (Extensión Punto Fijo), de fecha 21 de Enero de 2010, conocemos que el representante legal de Inserven es (o era) Julio César Camejo Briceño, venezolano, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad Nº V-9.985.606[3].

Otra sentencia emitida por el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia emitida el 9 de febrero de 2015, nos informa que Instalaciones y servicios de Venezuela C.A. (Inserven) está inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 28 de febrero de 1975, bajo el Nº 23, Tomo 8-A[4].

Historial de incumplimientos

El 24 de octubre de 2012, Argenis Chávez, en representación de Corpoelec, y Juan Roberto Pérez Hernández, por el consorcio Inserven-Distaca-CEP conformado por Consultores e Inversiones CEP C.A. de Venezuela, la sociedad mercantil colombiana Distaca S.A. E.S.P. e Instalaciones y Servicios Venezuela C.A. suscribieron un contrato para la ingeniería, procura y construcción (IPC) para la instalación y puesta en marcha de dos unidades de generación eléctrica con capacidad para 45 MW para Planta III, estado Lara. Los trabajos que inicialmente tuvieron un costo de Bs. 251.484.000 (Bs. 92.009.111 en moneda nacional y USD 39.380.000 del componente en moneda extranjera. La obra no se concluyó en 2014 como estaba previsto y se firmó un addendum o contrato complementario para extender la fecha de terminación de los trabajos[5].

En mayo de 2014, los trabajadores que se desempeñaban en las obras de cierre del Ciclo Combinado de Termozulia III, en la termoeléctrica Termozulia ubicada en La Cañada de Urdaneta, estado Zulia, paralizaron sus labores en protesta por las deudas que la Instalaciones y Servicios de Venezuela (Inserven), contratada por Corpoelec les mantenía en la ejecución del referido proyecto.

Los trabajadores —más de 150— denunciaron la falta de pago y el incumplimiento por parte de la contratista en lo atinente a los compromisos adquiridos con el personal, tales como sobretiempo, fines de semana y bonos por trabajos en las alturas y espacios confinados.

La paralización de los trabajadores afectó la ejecución del cierre del Ciclo Combinado de Termozulia III, conformada por dos turbinas que funcionan con combustible, cada una con una capacidad instalada de 150 megavatios (MW), para un total de 300 (MW)[6].
En 2016, el líder opositor Henrique Capriles denunció que el gobierno venezolano despilfarró USD 60.000 millones en plantas de generación eléctrica fallidas durante 17 años de gestión chavista. "¿Dónde está todo ese dinero que aparece en los registros como inversión del Estado?", se preguntó el exgobernador del estado Miranda y fundador de Primero Justicia.

Capriles hizo especial mención a la denuncia del sector sindical eléctrico que refirió que entre 2008 y 2015 el gobierno invirtió USD 32.800 millones en contratos que supuestamente generarían 16.354 megavatios, habiéndose incorporado al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) tan solo 3.044 megavatios. Indicó que Corpoelec y PDVSA contrataron obras de generación eléctrica financiadas con fondos internacionales como el Fondo Chino, la Corporación Andina de Fomento y al Banco Interamericano de Desarrollo y recursos propios.

Señaló que entre las empresas involucradas en la contratación de obras figuran la brasileña Odebrecht, Waller Marine, el Convenio Alba-Cuba y la cubana Alba Energía Solar, junto a numerosas otras empresas extranjeras, mientras que entre las contratistas venezolanas se encontraban G.T.M.E, Inserven, Mantesa, Pacific RIM, Pro Energy Services, Profit Corporation, Derwick Associates y Wellintong Turbines LLCSurandem[7].

Inserven fue subcontratista de GTMW y Vepica con Le Electricidad de Caracas en negociación suscrita el 1° de junio de 2008 para llevar a cabo trabajos en la Central ubicada en La Raisa, Valles del Tuy, estado Miranda, para la colocación de dos turbinas.

La Comisión Mixta de la Asamblea Nacional que emitió su informe final en enero de 2017 refirió que el precio del contrato fue de USD 199.54 millones.

El análisis técnico y económico llevado a cabo por el parlamento indicó respecto a la valoración de los activos contratados, que “El costo total del contrato (IPC y equipos mayores) a precios de 2005 es de USD 174 millones de acuerdo con el PDSEN 2005-2014 y el PMSPRSEN 2010-2030, el costo estimado de instalar 170 MW ISO en un sistema de generación USD 80,75 millones (USD 475/kWe, 2005). Se observa una diferencia entre el costo anunciado y el costo referencial del orden de USD 94 millones a precios de 2005 (116 por ciento) que debe ser justificado”[8].

Igualmente, Ineserven participó como subcontratista de Derwick Associates contratada por La Electricidad de Caracas el 29 de mayo de 2009 para trabajos en el Complejo Generador Josefa Joaquina Sánchez Bastidas, ubicado en el sector Picure, Tacoa, estado Varga, cuyo precio fue de USD 110,9 millones, la Asamblea Nacional determinó que una diferencia entre el costo anunciado y el costo referencial que debía ser justificado. En este proyecto se realizaron siete desembolsos, cuyo componente en dólares sobrepasaba el monto del contrato en 7 por ciento. Subrayaron los parlamentarios que el monto del contrato fue superado desde el tercer desembolso.
Inserven también fue subcontratista de Derwick Associates y Elencor en contrato suscrito el 2 de octubre de 2010 con La Electricidad de Caracas para la instalación de cuatro turbogeneradores en Charallave, estado Miranda.

La AN determinó que el costo total del contrato a precios de 2005 era de USD 222.3 millones. Se indica que de acuerdo con PDSEN 2005-2024 y el PMSPRSEN 2010-2030, el costo estimado a instalar 136 MW en un sistema de generación a ciclo abierto era de USD 64,60 millones (USD 475/kWe, precios de 2005), observándose por tanto una diferencia entre el costo anunciado y el costo referencial que debía ser justificado debidamente.

En contrato suscrito el 11 de agosto de 2008, Inserven participó como como contratista junto a GTME y Derwick Associates para realizar trabajos en la Planta Juan Bautista Arismendi, TermoIsla 2, ubicada en Guamache, Nueva Esparta. GTME subcontrató a Inserven en 2011 para instalar y poner en funcionamiento las turbinas y el balance BOP, adaptándolas gas como combustible principal.

El costo del proyecto era de USD 337 millones y la AN recomendó la revisión del mismo en razón de la diferencia entre los costos anunciados y los costos referenciales.

El 14 de noviembre de 2011, para trabajos en Planta II, Barquisimeto, estado Lara, se contrató a Energing Gas y Electricidad-Consorcio IDC conformado por Inserven, Distaca y CEP, para la instalación de turbinas a gas. Ante la AN el representante de Energing dijo en 2016 que el contrato no incluía el suministro de los equipos mayores.

El costo total del contrato sin equipos mayores era de USD 79.57 millones. Sobre el contrato inicial se suscribieron tres adenda o contratos complementarios.

La AN observó una diferencia de USD 41.6 millones entre el costo anunciado y el costo referencial que debía ser justificado debidamente.

Inserven participó en obras de Termobarrancas, estado Barinas, cuyo contrato fue de USD 95 millones de acuerdo a precios de 2005, pero la AN determinó una diferencia de USD 15 millones entre el costo anunciado y el costo referencial que debía ser justificado debidamente.


Citas usadas en esta nota



[1] El Estímulo. “Asamblea Nacional aprueba votar censura al ministro Motta Domínguez”. 15 de febrero de 2018. http://elestimulo.com/elinteres/asamblea-nacional-aprueba-voto-de-censura-al-ministro-motta-dominguez/

[3] V Lex Venezuela. Decisión nº PJ0032010000005 de Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Nuevo Régimen y Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 21 de Enero de 2010. https://vlexvenezuela.com/vid/demndante-demandadada-instalaciones-inserven-301207514

[5] Venezuela Política. “Las turbias negociaciones del hermano de Hugo Chávez al frente de Corpoelec (Parte II)”. 11 de julio de 2018. http://maibortpetit.blogspot.com/2018/07/las-turbias-negociaciones-del-hermano.html


[6] La Verdad. “Trabajadores paralizan construcción de Termozulia III por falta de pago”. 21 de Mayo de 2014. http://www.laverdad.com/economia/52682-trabajadores-paralizan-construccion-de-termozulia-iii-por-falta-de-pago.html

[7] Economía sin secretos. “ABC: Venezuela despilfarró 53.000 millones de euros en plantas eléctricas fallidas”. http://www.economiasinsecretos.com/noticias/abc-venezuela-despilfarro-53000-millones-de-euros-en-plantas-electricas-fallidas/

[8] Transparencia. Asamblea Nacional. Comisión Mixta para el estudio de la crisis eléctrica en el país. Informe final. https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2017/02/Informe-CMECEP.pdf

miércoles, 5 de diciembre de 2018

BID prorrogó desembolsos a Corpoelec a condición de ajustar el proyecto de modernización del Guri y pagar deuda a contratista

Las múltiples irregularidades de que adolece el proyecto, habrían llevado al organismo financiero a establecer condiciones para continuar con el financiamiento de la rehabilitación de las unidades 1 a 6 de casa de máquinas de la Central Hidroeléctrica “Simón Bolívar”.

Por Maibort Petit
@maibortpetit 


El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) prorrogó hasta finales de este año el programa de desembolsos del préstamo concedido a Venezuela a través de la Corporación Eléctrica Nacional para la modernización del Guri, sólo a cambio de que Corpoelec acometiera una serie de ajustes al proyecto y honrara una deuda que mantenía con una de las contratistas.

Ya en ocasión anterior, advertimos en estas páginas que el BID se negaba a hacer los desembolsos para este proyecto en razón de los múltiples vicios e irregularidades que presenta y que han contribuido a agravar la situación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN)[1].

Entre las irregularidades que se han advertido en el citado proyecto está el hecho de que, supuestamente, el contrato se habría suscrito con el interés de favorecer a una empresa china, a saber, Dongfang Electric Machinery Co. Ltd (DFEM)[2] [3].

Asimismo advertimos en esa oportunidad que, de acuerdo a nuestras fuentes, se procuraba incrementar el precio del contrato en dólares el cual, en principio, era USD 1.310 millones, un bajo monto con el que se buscaba amarrar la negociación para luego proceder a su aumento. Y es que, de acuerdo a los informantes, en esta obra presuntamente habían privado más los intereses económicos que la necesidad de solventar el grave problema eléctrico que enfrenta la sociedad venezolana.

Lo que reza el documento del BID

El 19 de diciembre de 2017, Marlene Zoraida Arguello, representante encargada en Venezuela del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dirigió la comunicación signada con la referencia CVE-351/2017 a Raquel Hernández, jefa de la Oficina Nacional de Crédito Público del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, en respuesta a una solicitud de prórroga formulada a la institución financiera por esta última en fecha 15 de diciembre de 2017 (comunicación N° 455). Desde el despacho gubernamental se procuraba extender el plazo de desembolsos del contrato de préstamo para la “Rehabilitación de las unidades 1 a 6 de casa de máquinas de la Central Hidroeléctrica ‘Simón Bolívar’ (Guri)-2429/OC-VE” que al momento del pedido se encontraba próximo a vencerse, a saber, el 30 de diciembre del citado año 2017.

Venezuela, a través de Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) recibió recursos del BID para financiar conjuntamente el costo del citado proyecto de rehabilitación de las unidades de la casa de máquinas del Guri bajo el contrato de préstamo N° 2429/OC-VE, como se apuntó arriba y la estatal eléctrica venezolana se proponía usar parte de los fondos recibidos para efectuar los pagos de gastos elegibles en virtud del contrato.
“El objetivo del proyecto es repotenciar las unidades generadoras 1 a 6 de la casa de máquinas I de la central, modernizando todo el equipamiento eléctrico y mecánico asociado a las unidades y aumentando la capacidad de generación de las unidades 1 a 3 de 185 MW a 270 MW, y de las unidades 4 a 6 de 220 MW a 370 MW, lo que representa 705 MW adicionales al Sistema Eléctrico Nacional. Así mismo, se modernizarán los sistemas auxiliares eléctricos y mecánicos comunes principales de toda la casa de máquinas I, y el sistema de control para las diez (10) unidades y el centralizado. El proyecto también incluye la modernización de los dos patios de 230 kV y 400kV de la subestación eléctrica Gurí A, asociada a la casa de máquinas I, pasando de tecnología convencional con aislamiento en aire a subestaciones encapsuladas con aislamiento en gas SF6; las mejoras arquitectónicas de la Casa de Máquinas I; y el manejo ambiental relacionado con el proyecto. Actualmente el proyecto se encuentra en su fase de implementación con la ejecución del contrato para la modernización de las unidades 1 a 6 y de los sistemas auxiliares eléctricos y mecánicos”[4].

Este proyecto de modernización del Guri conllevaba una serie de etapas o procesos por parte de Corpoelec[5].

En la comunicación en referencia, Arguello informó a Hernández, la concesión de la prórroga, la cual se extendía hasta el 30 de diciembre de 2018, plazo en el cual la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) debía llevar a cabo los ajustes que se encontraban pendiente para mejorar la ejecución del proyecto y asegurar el desarrollo del programa de fabricación e instalación.
Esta tarea encomendada por el BID a Corpoelec debía realizarse cumpliendo con los siguientes objetivos:
1) Firmar el Addendum o contrato complementario respectivo para ajustar el programa de ejecución y los aspectos financieros del contrato con la firma contratista.
2) Finalizar las pruebas de laboratorio del modelo 2 de turbina.
3) Cumplir con los siguientes hitos de avance de la obra: a) rehabilitación completa de la compuerta de la primera unidad; b) recepción en el sitio del proyecto de los equipos electromecánicos de la primera unidad; c) avance en el montaje de la primera unidad.
Se advierte que solamente cuando se hubieren cumplido estos objetivos a satisfacción del BID, se podían evaluar una nueva solicitud de prórroga que permitiera completar la rehabilitación de las seis unidades de generación.
Marlene Arguello, igualmente manifestó la preocupación del Banco Interamericano de Desarrollo por la falta de solución del pago pendiente al contratista relacionado con la factura por concepto de la fabricación de tres turbinas por el valor de USD 6.715.957.
Para el BID resultaba incomprensible como Corpoelec no había hecho dicho pago a pesar de contaba con los recursos desde febrero de 2016 y, a pesar de ello, el referido pago se encontraba pendiente desde mayo del mismo año (2016). En tal sentido, Arguello solicitó la intervención de Raquel Hernández para que dicha situación fuera solventada a la mayor brevedad.
Al respecto, habíamos dicho en la anterior entrega, que otras fuentes de información nos habían referido que el proyecto estaba paralizado debido a la deuda con la empresa china, dado que los recursos estaban represados en el Banco Central de Venezuela y al hecho de que el estado venezolano mantenía con el BID deudas que habían obligado a la institución financiera a detener el pago de los compromisos relacionados al contrato de modernización del Guri[6].


[1] Venezuela Política. “La corrupción en Corpoelec obstaculiza desembolsos del BID para atender crisis eléctrica”. 5 de octubre de 2018. https://maibortpetit.blogspot.com/2018/10/bid-cauteloso-para-otorgar-recursos.html

[2] Dongfang Electric Machinery Co. Ltd. http://spanish.dfem.com.cn/

[3] Corpoelec. “Proceso de licitación para la modernización de las unidades de Guri culminó satisfactoriamente”. 14 de agosto de 2014. http://www.corpoelec.gob.ve/noticias/proceso-de-licitaci%C3%B3n-para-la-modernizaci%C3%B3n-de-las-unidades-de-guri-culmin%C3%B3-satisfactoriame

[4] Ordem engenheiros. “Apoyo técnico para el proyecto de rehabilitación de las unidades 1 a 6 de la Casa de Máquinas I de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar (Guri)”. http://www.ordemengenheiros.pt/fotos/editor2/areainternacional/apoyo_tecnico_para_proyecto_rehabilitacion_central_hidroelectrica_simon_bolivar_venezuela.pdf

[5] Corpoelec. Modernización Guri del 1 a 6. http://www.corpoelec.gob.ve/modernizaci%C3%B3n-guri-del-1-6

[6] Venezuela Política. “Se necesitan 1.000 millones de euros en inversión para el mantenimiento del parque generador eléctrico venezolano”. 4 de octubre de 2018. https://maibortpetit.blogspot.com/2018/10/mantenimiento-del-parque-generador.html

sábado, 24 de noviembre de 2018

Desde 2009 se conocen los riesgos desbordamiento y colapso que amenazan a La Vueltosa

No es novedad lo que ocurre en las presas La Vueltosa y Borde Seco de la Central Hidroeléctrica Fabricio Ojeda, pues las advertencias se vienen formulando desde hace casi una década, convirtiendo el asunto en una tragedia anunciada frente a la que poco o nada se ha hecho efectivamente para evitarla.

 Por Maibort Petit
@maibortpetit

La grave situación de riesgo que se corre por el incremento de las fugas de agua existentes en los túneles de descarga de las presas La Vueltosa y Borde Seco de la Central Hidroeléctrica Fabricio Ojeda, se conocían desde el año 2009, cuando un informe técnico elaborado por ingenieros especialistas de la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, así lo advirtió, al tiempo que recomendó las acciones convenientes a seguir para evitar el colapso de la estructura y, sobre todo, que las poblaciones ubicadas aguas debajo de las citadas presas corrieran el peligro que a la fecha se mantiene latente y mantiene en vilo a los habitantes del lugar.
Ante el peligro de colapso, realizamos varias consultas e indagamos entre diversas fuentes y especialistas sobre el estado real que en la actualidad presentan las presas y las acciones que se requiere implementar para que no se materialice la tragedia que desde casi una década se viene anunciando.

Punto de cuenta informativo

Un Punto de Cuenta fechado el 4 de mayo de 2016 presentado por el gerente general de generación, Miguel Ángel Romero Fernández, al presidente de la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, Luis Motta Domínguez, da cuenta al alto cargo de la “crítica” situación por el aumento de las fugas de agua en las compuertas de los túneles de descarga de fondo de las presas La Vueltosa y Borde Seco de la Central Hidroeléctrica Fabricio Ojeda, que se desarrollaban a cabo mediante el contrato N° NCO-CAP10-0296/2012 suscrito con la empresa Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A. Industrial, Comercial y Financiera, ahora denominada IMPSA. La gravedad del problema está dada por el aumento de fugas de agua existentes en las compuertas de ambos túneles de descargas de fondo de las citadas presas.


Romero Fernández recomendó a Motta Domínguez someter a la consideración de la Consultoría Jurídica de Corpoelec, la posibilidad de rescindir el referido contrato por el cual ya se habían pagado anticipos y presentaba los plazos de ejecución vencidos, prórrogas sin aprobar y reclamos por costos adicionales ocasionados por la permanencia y cambio de condiciones por aumento de fugas, al tiempo de que carecía de fuente de recursos financieros asignados.

Del mismo modo, en razón del peligro que representa el experimentado incremento de las fugas de 1 m3/seg a 30 m3/seg de las compuertas del túnel de descarga de fondo de la Presa La Vueltosa, pudiendo llegar a no ser controlados por la compuerta colapsada, con el embalse a niveles de operación en el periodo de lluvias 2017 que se avecinaba, pidió someter a consulta especializada en la materia, sobre la factibilidad técnica y constructiva del tapón del sellado del túnel de la Vueltosa, para la inspección y reparación según propuesta inicial entregada por la empresa IPMSA bajo las nuevas condiciones de incremento de fugas.

También pidió definir y asignar la fuente financiera de recursos del contrato para la ejecución de la urgente obra de rehabilitación de los túneles de descargas de fondo La Vueltosa y Borde Seco para que se procediera a su cierre, según recomendara la Consultoría Jurídica.

La solicitud abarcaba evaluar la opción del vaciado y descenso controlado del embalse Camburito-Caparo hasta cotas por debajo de la estructura de toma del túnel de descarga de fondo y proceder a la inspección de los daños y reparación de la cámara de compuertas, lo cual garantizaba la preservación de todas la estructuras y la seguridad de la población aguas abajo del embalse, considerando los impactos de la suspensión de la generación de la central Fabricio Ojeda por todo el periodo de reparación y posterior llenado del embalse.

Se pedía, además, contar con la logística y recursos necesarios para que el personal de la División de Investigaciones Hidrogeológica continuara el monitoreo de instrumentos y de los caudales de fugas en las compuertas con la aplicación de las técnicas de trazadores, una decisión que implicaba trasladar la generación hacia la región Andes de las Unidades de Instrumentación y División de Investigaciones Hidrogeológicas

Por último, se pidió reimpulsar un nuevo proyecto de Rehabilitación las Descargas de Fondo de las Presa La Vueltosa y Borde Seco de la Central Hidroeléctrica Fabricio Ojeda.

Los hechos precedentes

El punto de cuenta refiere como antecedente de la situación, que las compuertas de los túneles de descarga de fondo de las presas fueron diseñadas para el llenado controlado del embalse Camburito-Caparo, por lo que su operación óptima de diseño se corresponde a un cierre total o apertura total de compuerta.

Ahora bien, desde 1985, por complejas y diversas razones estos túneles y sus cámaras de compuertas superaron los cronogramas inicialmente previstos de contratación, instalación y operación óptima de llenado controlado por lo que tuvieron muchos años en almacenaje en aduana y obra, antes de su instalación y, posteriormente, fueron sometidos a excesivos periodos de operación parcialmente abiertas bajo altas cargas hidráulicas mientras se terminaba de construir y financiaban otros contratos de obras de componentes igualmente importantes y necesarios que fueron diferidos en el tiempo hasta el primer llenado del embalse Camburito-Caparo en el periodo 2006-2013.

Otra razón fue la necesidad de mantener las cotas de operación 290-310 msnm, durante la construcción y puestas en servicio de las dos unidades 514 MW de la Central Fabricio Ojeda entre 2010 y 2015 con 30 años de operación de los túneles descargas de fondo.

Se refiere que para 2007 el túnel de descarga de fondo de la Presa La Vueltosa se encontraba en operación descargando un importante caudal con apertura de compuerta parcial, lo cual generaba fuertes vibraciones, situación que se repitió el 16 de julio de ese mismo año cuando se registró un fuerte movimiento sísmico de 5.5 en la zona.

En fecha 31 de julio del 2007, una inspección permitió detectar en la cámara de compuerta de la descarga de fondo de la Presa La Vueltosa, el colapso del blindaje, rotura del marco de compuerta, de válvula ecológica derecha, rotura del concreto de segunda etapa, de los sellos y pernos del vano derecho de dicha cámara, originado por la caída y cierre brusco de compuerta lo cual generó como consecuencia el grave fenómeno de golpe de ariete. También se destruyó todo el sistema auxiliar de control, operación e iluminación de la cámara de compuerta.

Para 2012 en razón del excesivo tiempo de operación de las compuertas en régimen parcialmente abiertas, largo periodo de construcción de la central La Vueltosa, la falta de recursos financieros y la falta de mantenimiento mecánico, ocasionaron el colapso de la única compuerta del túnel de descarga de fondo en la Presa Borde Seco.

La situación se logró controlar mínimamente y a la fecha de presentación del punto de cuenta (2016) el efecto erosivo de las fugas de agua y las respectivas variaciones del nivel de embalse Camburito-Caparo llevaron a que dichas fugas alcanzaran altos niveles, a saber, 30 m3/seg para los niveles de operación de embalse.

Para el momento del informe, ninguna de las dos descargas de fondo, Borde Seco y Vueltosa podían ser operadas y representaban un alto riesgo para el embalse Camburito-Caparo y una amenaza para la generación confiable de la Central Hidroeléctrica Fabricio Ojeda, debido al riesgo de inundación del área y perdida del embalse por una descarga de caudal incontrolada por estas compuertas.

Refiere el reporte para el momento en que fue presentado a Motta Domínguez, que las fugas en ambas compuertas de las descargas de fondo La Vueltosa y Borde Seco alcanzaban los 30 m3/seg, un caudal que dejaba de ser utilizado para generación eléctrica y representaba el volumen acumulado de un año. Igualmente, se perdía la generación de una unidad de 257 MW por dos meses continuos las 24 horas, mientras que el flujo de agua continuaba erosionando el material fallado y podía convertir las fugas en un flujo sin control por el colapso de las estructuras de la cámaras de compuertas en los túneles que tenían más de treinta años funcionado.

El contrato

Se informa en el punto de cuenta que el contrato se suscribió el 27 de diciembre de 2012 por USD 65.885.648,00 y Bs. 131.149.912,00, con anticipos de US 9.765.694,40 (75,9 por ciento) y Bs. 39.344.973,60 (100 por ciento).

El Acta de Inicio de la obra se firmó el 15 de agosto de 2013, estableciéndose un plazo de ejecución de 18 meses, contados a partir de la fecha de la firma de la misma, estimándose la conclusión de los trabajos para febrero de 2015. En tal sentido, se iniciaron los trabajos de levantamiento de las condiciones en el sitio y el desarrollo de la ingeniería necesaria de acuerdo al cronograma.

Adicionalmente la Comisionaduría Nacional de Generación y Dirección Nacional de Ingeniería de Proyectos mayores instruyó al contratista para la inmediata ejecución de obras adicionales al alcance original, con el fin de rehabilitar Grúa Pórtico de 60Tn, las estructuras Tomas 2 y 3 de la Torre Toma de la Central Fabricio Ojeda, Cierre de Compuertas abiertas en la Descarga de Fondo de la Presa Borde Seco considerando el eminente inicio de la operación comercial de la UG2. A la fecha de presentación del punto de cuenta estas obras adicionales de emergencia cumplieron su objetivo para la puesta en marcha de la UG2 y UG3 de la Central Hidroeléctrica Fabricio Ojeda, estando ambas operativas.

Se advierte que transcurrido el tiempo de ejecución estipulado más 29 meses no contractuales la obra se mantenía paralizada a pesar de haberse pagado los anticipos respectivos, con el agravante de que la situación de fuga de agua de las compuertas de 30 m3/s por 47 meses, representaba aproximadamente una pérdida de energía de 6 meses de generación por 24 horas continuas de una unidad generadora de 257 MW de la CHFO.

La situación imperante justificaba la urgente necesidad de controlar y reducir el alto riesgo para la seguridad estructural y funcional, tanto para las obras de regulación: embalse, presas Borde Seco y La Vueltosa, así como el grave impacto por perdida de bloque de energía de la obras de generación en la CHFO.

“En resguardo de toda la infraestructura vital de regulación y generación hidroeléctrica construida durante 33 años en el III Desarrollo Camburito-Caparo, y para proteger la vida de más de 25.000 habitantes aguas debajo de embalse Camburito-Caparo, es imperativo que una comisión de alto nivel técnico y financiero, evalúe conjuntamente los términos de referencia entregados por Corpoelec, la factibilidad técnica y capacidad de cumplir o no la propuesta entregada por la empresa IMPSA, para desarrollar y ejecutar la ingeniería conceptual y de detalle para el sellado mediante un tapón metálico en la estructura de toma del túnel de descarga de fondo de La Vueltosa y de la compuerta para el túnel de descarga de fondo de Borde Seco, bajo las condiciones actuales de incremento de velocidad de flujo y fuga, y con los altos niveles de embalse por recuperación durante el eminente inicio del periodo de lluvia 2017. Así mismo para que se le asigne definitivamente la fuente de financiamiento que requiere esta obra de emergencia”, reza el punto de cuenta.

Se advierte que la contratista ha manifestado e insistido en los requerimientos contractuales, alertado sobre los riesgos de obra mediante aproximadamente una decena de oficios luego de reiterar la inoperatividad de ambas descargas de fondos para regular y controlar el embalse, el incremento de fugas y filtraciones, el alto potencial de un grave incidente o colapso del túnel con la graves consecuencias de vaciado incontrolado y perdida de del embalse Camburito-Caparo, imposibilidad de generación de energía por varios años, inundación de la infraestructuras de la CHFO, perdida de presas y túneles, y potenciales pérdidas de vidas.

Por tales razones se recomendaba evaluar rescindir el contrato “en virtud [de] que no tiene sentido seguir incurriendo en costos y reclamaciones que no están prestando un servicio a la corporación ni a la empresa contratada, ni reduciendo el alto riesgo o sin dar garantías de beneficio y seguridad a la institución y población atendida por Corpoelec”.

Se indica que la empresa contratista reclamaba mayor tiempo de permanencia en el sitio de obra, actualizaciones de precios del contrato, cambios en la legislación vigente LOTTT, lo que totalizaba USD 7.051.639,00 más Bs. 185.657.060 por concepto de costos adicionales aun no oficiales y tramitados.

La advertencia de 2009

Ya previamente, en agosto de 2009, los ingenieros Emilio Martínez (Departamento de Hidráulica), Juan Carlos Fernández (Departamento de Estructuras) y Fabiola Padrón Casini (División de Ingeniería Básica), habían elaborado un análisis de riesgo y modos de fallo de la descarga de fondo de la presa La Vueltosa perteneciente al Complejo Hidroeléctrico Uribante-Caparo en el que luego de hacer una rigurosa evaluación técnica de la situación imperante para la época, se concluyó era necesario emprender acciones inmediatas para mitigar las posibles consecuencias que tendría la ocurrencia de un evento que pusiera en riesgo la estructura y a las poblaciones aledañas.

El estudio se llevó a cabo luego de un incidente ocurrido el 30 julio de 2007 con la Cámara de Compuertas de la Descarga de Fondo de La Vueltosa. Los especialistas procedieron a realizar una evaluación de los modos de fallo de la estructura para el caso de rehabilitación antes de la puesta en operación de la Central Fabricio Ojeda y sus implicaciones.

El análisis del modo de fallo se hizo previendo dos escenarios de descarga incontrolada por la Cámara de Compuertas, bien como consecuencia de un evento hidrológico o bien por un evento sísmico, determinándose que era factible el primero mientras que el segundo lo descartaron por el tiempo tan corto que existía antes de la entrada de operación de la central. Sin embargo advirtieron que en caso de presentarse atrasos en la puesta en marcha de las unidades de la central hidroeléctrica debía analizarse el modo de fallo del caso sísmico.

Los ingenieros indicaron que el riesgo asociado al hecho de no reparar la cámara de compuertas en La Vueltosa era muy alto y se consideraba como no aceptable para la presa a corto, mediano o largo plazo. Subrayaron la importancia de emprender acciones inmediatas para mitigar las posibles consecuencias del modo de fallo, siendo la rehabilitación inmediata de la Cámara lo consecuente.

Los especialistas estimaban que cualquiera que fuera la maniobra para la operación de la descarga o su rehabilitación que se escogiera, se debían seguir de la manera más estricta posible, procedimientos de operación seguros y coordinados para evitar cualquier incidente que ubicara la estructura o las poblaciones aguas abajo en una situación de peligro.

Se determinó que si la decisión final para la rehabilitación de la descarga de fondo era vaciar el embalse, esto iba a ser imposible utilizando solamente la descarga de fondo de Borde Seco, puesto que el aporte histórico promedio de la cuenca al embalse era de 180 m3/s y la capacidad de la descarga era 190 m3/s con el embalse a la elevación 310 m.s.n.m., y en caso de que fuera posible solo sería vaciado hasta la elevación 260 m.s.n.m. debido a la división de las cuencas de los ríos Caparo y Camburito. En tal sentido se recomendaba realizar la descarga de fondo de La Vueltosa por el vano izquierdo, con una capacidad aproximada de 230 ma/s, pudiendo ocasionar el modo de fallo objeto del análisis, lo que traería como consecuencia el vaciado del embalse de manera descontrolada, daños mayores a la estructura de la descarga y efectos progresivamente devastadores en las poblaciones aguas abajo.



Todos los estudios realizados habían llevado a los expertos a concluir que la Rehabilitación de la Descarga de Fondo de la Central Hidroeléctrica Fabricio Ojeda ubicada en La Vueltosa era la medida requerida en contra del modo fallo para restablecer la completa operatividad de la misma, la cual se iría perdiendo progresivamente con el desgaste de sus componentes al retardarse la rehabilitación total de la descarga.



Creían que los trabajos de rehabilitación debían llevarse a cabo en dos etapas, “la primera consistiría en obtener y evaluar toda la información de ingeniería requerida para el cierre seguro de la Descarga de Fondo”, mientras que la segunda comprendería la inspección en seco y los trabajos de rehabilitación civiles y electromecánicos que se requirieran.

Acciones requeridas en el corto plazo

Conocimos por diversas fuentes, que la vicepresidencia de Corpoelec en manos de Néstor Taborda estaba al tanto de la situación, pues se le habían detallado las acciones necesarias que se debían implementar en el corto plazo para estabilizar el sistema eléctrico en la Región Los Andes.


En este sentido, se le precisó que la presidencia de la república había aprobado un punto de cuenta en el que se solicitaban recursos para llevar a cabo el traslado e instalación de un turbocompresor a la Planta Don Luis Zambrano.

Se le indicó también que en la Planta de Generación José Antonio Páez se habían realizado labores de reactivación consistentes en la purga del embalse Santo Domingo-Aracay donde se descargaron los sedimentos acumulados en el sistema de enfriamiento. Igualmente se había gestionado la reparación de la válvula principal y de la válvula reguladora de presión, asociadas estas al sistema de enfriamiento y, por último, se realizó la presurización de la tubería de forma controlada para la puesta en servicio de las unidades 1 y 4. La referida unidad 1 entró en servicio el 22 de noviembre de 2017 y en la unidad 4 se debían terminar los trabajos para normalizar la condición de la torre N°3 de la línea asociada a la salida de los generadores 3 y 4 de la central.

Otro aspecto dado a conocer a la vicepresidencia de Corpoelec fue la solicitud de  asistencia técnica de ingeniería que se había formulado en septiembre de 2017 a la Gerencia General de Proyectos Mayores para elaborar un proyecto que fuera viable de ejecución después de la obra en la Central Hidroeléctrica Fabricio Ojeda. Querían de esta manera solucionar la situación crítica presente en la descarga de fondo de las presas Borde Seco y La Vueltos y canalizar la recuperación de la operatividad de las compuertas de obra de toma de la central.

Era fundamental y prioritario darle ejecución a estos planteamientos y acciones con el objetivo de asegurar la operación de la Central Fabricio Ojeda.

Situación actual de La Vueltosa

Diversas fuentes especialistas en la materia consultadas para la realización de este trabajo refieren que los descargadores de fondo de las presas La Vueltosa y de Borde Seco no ofrecen ningún tipo de operatividad y no existen posibilidades de regularizar la situación dado el panorama reinante en las mismas.

Explicaron que esta imposibilidad se debe a las dos presas presentan considerables pérdidas que se incrementan con el tiempo y erosionan la Infraestructura de manera permanente.



Consultados acerca de los riesgos que una situación de tal naturaleza representa, los especialistas consultados desde nuestra mesa de redacción y que, por obvias razones de seguridad exigieron mantenerse en el anonimato, explicaron que existe un peligro inminente de inundación con afectación de las poblaciones colindantes a las presas, especialmente aquellas que se encuentran aguas abajo.

Los daños que esto podría acarrear se harían sentir en la casa de máquinas, la cual es posible sufra severas averías que repercutan en la merma de la capacidad de generación eléctrica de la central hidroeléctrica.

Advirtieron que en caso de producirse una falla en alguna de las presas, sería prácticamente imposible llevar a cabo el drenado del embalse de manera controlada.

En tal sentido, los expertos estiman que lo que se impone es proceder a la instalación de un turbocompresor que permita la puesta en funcionamiento de la unidad DLZ2.

Igualmente consideran conveniente poner a tono la torre 3 de la línea asociada a la salida de los generadores 3 y 4 de Planta Páez, así como articular acciones para proceder a la brevedad a descarga de fondo de las presas La Vueltosa y Borde Seco.