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jueves, 18 de abril de 2019

Exfuncionario chavista será sentenciado en Houston en octubre por cargos de corrupción y lavado de dinero

Por Maibort Petit

@maibortpetit

El juez federal Kenneth M. Hoyt ordenó reprogramar la sentencia de Luis Carlos de León-Pérez para el 7 de octubre de 2019. En julio de 2018, De León -Pérez se declaró culpable se haber participado en un plan para sobornar a los funcionarios de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), y por su papel en un esquema internacional de lavado de dinero que involucraba las coimas pagadas por los propietarios de empresas con sede en Estados Unidos a funcionarios del gobierno venezolano para asegurar de forma corrupta los contratos de energía y la prioridad de pago de las facturas pendientes.

Luis Carlos De León Pérez, es un ciudadano de doble nacionalidad, venezolano-estadounidense, que residía en España, aceptó su culpabilidad en la Corte Federal de Houston por un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y por conspiración para cometer lavado de dinero. 

La sentencia de De León Pérez que estaba programada inicialmente para el 24 de septiembre de 2018 se ha cambiado en varias oportunidades.

De León Pérez fue arrestado en España en octubre de 2017 y posteriormente extraditado a los Estados Unidos, en base a una acusación por 20 cargos contra él y sus socios Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas; César David Rincón Godoy; Alejandro Isturiz Chiesa; y Rafael Ernesto Reiter Muñoz.

De León, entre 2011 y 2013 conspiró con Villalobos, César Rincón, Isturiz y otros, todos funcionarios de PDVSA y sus subsidiarias o ex funcionarios de otras agencias gubernamentales venezolanas, para solicitar a los proveedores de PDVSA sobornos a cambio de brindarles asistencia para hacer y mantener sus negocios con PDVSA. Específicamente, De León admitió que solicitó y dirigió sobornos de Roberto Enrique Rincón Fernández y de Abraham José Shiera Bastidas a funcionarios de PDVSA para ayudar a las empresas de Roberto Rincón y Shiera, incluidas sus empresas con sede en los Estados Unidos, a recibir la prioridad de pago y contratos adicionales de PDVSA. 

En su declaración de culpabilidad, se señala que De León Pérez admitió que conspiró con Roberto Rincón y Shiera para lavar y ocultar las ganancias del esquema de soborno a través de una serie de transacciones financieras, incluidas transferencias bancarias a cuentas en Suiza a nombre de personas o entidades distintas de De León y sus co-conspiradores.

Como parte de su acuerdo de culpabilidad, De León también admitió haber solicitado sobornos a otros propietarios de compañías de energía con sede en los Estados Unidos y otros lugares, y haber dirigido una parte de dichos sobornos a los funcionarios de PDVSA para ayudar a esas personas y sus empresas a ganar negocios con PDVSA y para obtener el pago de PDVSA en las facturas pendientes por delante de otros proveedores de PDVSA.

El juez ordenó que los reportes de la sentencia de De León Pérez sean entregados al acusado el 30 de agosto de 2019. Los abogados de la defensa tendrán hasta el 20 de septiembre para hacer objeciones. 

En el caso de De León Pérez están involucradas las siguientes personas: Roberto Enrique Rincón Fernández, Moisés Abraham Millan Escobar, Abraham José Shiera Bastidas, José Luis Ramos Castillo, Juan José Hernández Comerma, Christian Javier Maldonado Barillas, Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz, Charles Quintard Beech III, Karina Del Carmen Nuñez-Arias, Fernando Ardila-Rueda, César David Rincón Godoy, Nervis Gerardo Villalobos Cardenas, Rafael Ernesto Reiter Muñoz, Alejandro Isturiz-Chiesa, José Manuel González Testino y Juan Carlos Castillo, entre otros.

lunes, 4 de junio de 2018

Juez de Houston niega mociones solicitadas por la defensa de exfuncionario de Hugo Chávez juzgado por corrupción en Estados Unidos

Tras no haber llegado a un acuerdo con los fiscales, el acusado decidió ir a juicio rápido, el cual  fue fijado para el 23 de julio de 2018.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Un juez federal del Distrito Sur de Texas negó todas las mociones propuestas por la defensa de Luis Carlos De León-Pérez, un exfuncionario de la empresa estatal Electricidad de Caracas durante el gobierno del fallecido Hugo Chávez, acusado de haber participado directamente en la entrega de contratos con sobreprecio a cambio del pago de sobornos por parte de las contratistas que participaban en el esquema de corrupción.

De León Pérez fue arrestado junto a Nervis Villalobos, César David Rincón Godoy y Rafael Reiter Muñoz, por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de España en octubre de 2017, luego de recibir una orden internacional de arresto dictada por el gobierno de los Estados Unidos. 

De León Pérez fue acusado de delitos de conspiración para cometer lavado de dinero, en violación de 18 U.S.C. § 1956 (h) (ii); conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, en violación de 18 U.S.C. § 371 y cuatro cargos de lavado de dinero, en violación de 18 U.S.C. §§ 1956 (a) (1) (B) (i). 
De León Pérez es un hombre de confianza del expresidente de la Electricidad de Caracas, Javier Alvarado, quien es reclamado por las autoridades españolas por delitos de corrupción y blanqueo de capitales. Durante la gestión de Alvarado en la empresa eléctrica, los miembros de la comisión de licitaciones eran presionados para que otorgaran contratos a las empresas preferidas del entonces presidente, a cambio del pago de sobornos. 

En abril de 2018, De León Pérez firmó una forma para un juicio rápido al que tienen derecho todos los acusados en los Estados Unidos. El juicio fue fijado para el 23 de julio de 2018.

Negadas las mociones

El magistrado, Kenneth M. Hoyt, negó todas las mociones  relacionadas con la petición para que el tribunal permitiera al acusado inspeccionar y copiar todo el material correspondiente a las evidencias del caso, apelando al Tratado de Asistencia Legal Mutua (MLAT). 

De León Pérez argumentó que los materiales solicitados a través de la MLAT debían ser proporcionados "inmediatamente" para que el acusado pueda prepararse efectivamente para el juicio.

La defensa solicitó que la corte ordenase al gobierno que proporcionara las evidencias rápidamente o de manera alternativamente. Asimismo, pidió que se establezca una audiencia para determinar los problemas planteados en este caso.

La fiscalía de Houston negó todas las mociones argumentando que no se ajustaban a la norma y que los abogados defensores ya tenían parte de las evidencias que la ley establece para que sean entregadas a los acusados antes del juicio.

El juez Hoyt explicó en un documento que las mociones para la divulgación inmediata de la información de conformidad con Brady y Giglio y para petición para un Proyecto de Ley limitaciones sobre los cargos de  la acusación contra De León Pérez estaban negadas en su totalidad, puesto que las mismas son prematuras. 

Agregó que tanto las reglas locales como las Reglas Federales de Procedimiento Criminal establecen los deberes del gobierno con respecto a las divulgaciones requeridas. 

Afirmó que los cargos 1 y 2 acusan al demandado por los delitos de conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para utilizar el correo y otros medios, respectivamente, para llevar a cabo un supuesto plan para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Asimismo, los cargos 4 a 7 imputan actos sustantivos de lavado de dinero, ayuda y complicidad en violación de la ley federal.

Dijo el juez que el acusado recibe un nombre específico y la conducta alegada, y de llegar a demostrarse, constituye una violación de la ley federal. 

Comenta Hoyt que si el acusado es declarado culpable de algún delito por el jurado, los detalles de la presentación probatoria se pueden volver infundados y por ello no los aprueba. 

En magistrado acordó que la moción del acusado para la Ley de Limitaciones Particulares también debía ser negada, "ya que la Acusación de la fiscalía establece claramente los elementos de las ofensas pertenecientes al acusado y le informa suficientemente sobre los crímenes por el cual se le juzga".

Las solicitudes se niegan como prematuras y simuladas acotó el juez al final de su comunicación, concluyó el juez.
Brady v Estado de Maryland


Brady v. Maryland, 373 US 83 (1963) es una de las sentencias más importantes dictadas por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. El peticionario y su compañero (llamado Donald Boblit) fueron condenadas a muerte por cometer asesinato en primer grado. Aunque Brady admitió que estaba involucrado en el crimen, afirmó que el acto de matar hecho por Boblit. El consejo de Brady había solicitado acceso a todas las pruebas materiales, incluyendo las declaraciones de Boblit. Aunque se facilitó la mayoría de ellos, la acusación había alguna evidencia de que no se demostró que el abogado del peticionario. Ellos incluyen la declaración escrita de Boblit admitir que la matanza real hecho por sí mismo. El consejo de Brady apeló ante la Corte de Apelaciones de Maryland para el alivio posterior a la condena.


Durante los procedimientos posteriores a la condena, el abogado de Brady planteó la cuestión de la declaración escrita de Boblit que no fue revelada por la acusación durante el juicio. La corte de apelaciones sostuvo que la ocultación de pruebas por la acusación es violación de la cláusula del debido proceso. El tribunal ordenó un nuevo proceso para decidir la sentencia. Finalmente, el caso llegó a la Corte Suprema. El Tribunal Supremo confirmó la sentencia del Tribunal de Apelaciones de Maryland y dictaminó que la acción de la fiscalía violó los derechos al debido proceso de la peticionaria. Hoy en día, el fallo en el caso de Brady se aplica ampliamente; como de descargo a menudo se llama material de Brady.