PDV USA arremete contra el excongresista David Rivera, lo acusa de hacer declaraciones falsas sobre el uso de los fondos que dijo le habría 'entregado a la oposición venezolana'

 Por Maibort Petit

   El juez de Distrito, John G. Köeltl aprobó a los abogados de la consultora Interamerican Inc, propiedad del excongresista, David Rivera más tiempo para responder a la demanda enmendada por los abogados de PDV USA que busca la devolución de $15 millones pagados por CITGO en base a un contrato de servicios de consultoría a favor de PDVSA, controlada por el régimen de Nicolás Maduro, que  según los papeles de la corte no se cumplió.

  La solicitud hecha por los abogados de Rivera, del escritorio jurídico Hecht Partners LLC, fue aprobada por el juez de Nueva York, permitiendo que la defensa presente la respuesta a la demanda de  PD  USA del 4 al 18 de diciembre de 2020. 

  En el calendario se advierte que los acusadores pueden responder a la defensa hasta el 25 de enero de 2021 y a su vez los representantes de Rivera podrán dar respuesta hasta el 18 de febrero de 2021.

  Los abogados de PDV USA, Inc del bufete Willkie Farr & Gallagher LLP, decidieron introducir una demanda enmendada donde se alega que la empresa Interamerican Consulting Inc. no cumplió con lo establecido en el contrato fechado el 21 de marzo de 2017.

  De acuerdo a la demanda, PDV USA e Interamerican celebraron un acuerdo de consultoría en virtud del cual la firma de David Rivera recibiría $ 50 millones [en seis cuotas] durante un período de tres meses para proporcionar supuestos "servicios de consultoría estratégica" para la empresa matriz de PDV USA, Petróleos de Venezuela, SA. 

   PDVSA está controlada por el régimen de Nicolás Maduro. 

  PDV USA recibió instrucciones de PDVSA, a través de su empresa PDV Holding, Inc. para celebrar el contrato con el supuesto propósito de mejorar la "reputación y posición a largo plazo" de PDVSA en los Estados Unidos.

  En enero de 2019, el Gobierno de los Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, como presidente interino de ese país, y al mismo tiempo designó a PDVSA como “Nacional Especialmente Designado” con quien ninguna persona estadounidense puede hacer negocios sin una licencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. 

  El Gobierno de Guaidó, a su vez, nombró una Junta Directiva Ad Hoc de PDVSA para supervisar las operaciones estadounidenses de las subsidiarias de PDVSA con sede en Estados Unidos, incluida PDV USA. 

  En agosto de 2019, la Corte de Cancillería de Delaware dictaminó que, según la ley estadounidense, los nombramientos de Guaidó para la Junta Ad Hoc de PDVSA eran presuntamente válidos.

  En virtud del Acuerdo de 2017, se suponía que Interamerican desarrollaría e implementaría durante un período de tres meses un plan estratégico para mejorar la reputación de PDVSA y su posición entre los formuladores de políticas, los líderes de opinión, los funcionarios públicos y las partes interesadas específicas y establecer relaciones con ellos.

  Entre otras cosas, a cambio de $ 50 millones, el Acuerdo requería que Interamerican entregaría al menos siete informes quincenales detallando el trabajo realizado durante el período relevante y un informe final que incluiría recomendaciones para el seguimiento de las estrategias implementadas. En cambio, Interamerican proporcionó solo dos informes, con un total de no más de cinco páginas, muchas de las cuales están duplicadas. "Estos informes se refieren genéricamente a un “plan estratégico”, “reuniones” y “recomendaciones”, pero no describen un solo elemento del supuesto plan, no identifican a los participantes de la reunión o discusiones de la reunión, ni especifican qué recomendaciones se hicieron ni a quién".

   La demanda dice que Interamerican no prestó servicios en virtud del Acuerdo y, ciertamente, no prestó el nivel de servicios que se podría esperar razonablemente por una tarifa de aproximadamente $ 17 millones por mes. "Esto fue confirmado por el presidente de la firma, el excongresista estadounidense David Rivera, luego de que se presentó esta demanda". 

   El documento de la corte dice que según Rivera, en declaraciones que hizo a la prensa poco tiempo después de la presentación de esta demanda, Interamerican nunca tuvo la intención de brindar los servicios de consultoría estratégica que fueron objeto del Acuerdo, sino que los fondos que se pagaron “fueron a la oposición para protestas contra Maduro en el verano de 2017". 

   La afirmación de Rivera parece ser que el régimen de Maduro, que controlaba PDVSA en ese momento, acordó canalizar decenas de millones de dólares para financiar las protestas organizadas por sus adversarios políticos. "Esta afirmación desafía la credulidad y PDV USA no ha podido localizar ninguna evidencia, de ningún tipo, que la respalde", sostiene la demanda.

  La acusación sostiene que "las afirmaciones de Rivera en 2020 con respecto al propósito del Acuerdo son totalmente inconsistentes con los dos informes de progreso de Interamerican, que contienen numerosas declaraciones sobre un proyecto de consultoría para PDV USA en beneficio de PDVSA". 

 Dice la demanda que "los reclamos de 2020 dejan claro que Interamerican representó falsamente y garantizó en la Sección 7 del Acuerdo que ninguna parte de ningún pago a CONSULTOR por parte de PDV USA de conformidad con este Acuerdo se utilizará como soborno, comisión ilícita, reembolso, contribución política ilegal o en violación de las regulaciones aplicables de control de divisas, leyes o regulaciones fiscales u otras leyes o regulaciones de cualquier jurisdicción".

  La demanda advierte que de acuerdo a lo que dice Rivera se puede concluir que: "Interamerican no proporcionó, y nunca tuvo la intención de proporcionar, los servicios de consultoría que contrató con PDV USA en el Acuerdo".

  Asegura la demanda que "PDV USA resultó perjudicado por el incumplimiento del Acuerdo por parte del Demandado". 

  Asimismo, sostiene que PDV USA pagó las primeras tres facturas emitidas por Interamerican, "un total de $ 15 millones, pero no recibió los servicios requeridos y no ha recibido evidencia de que se haya prestado algún servicio en nombre de PDV USA o PDVSA".

  A pesar de su incumplimiento del Acuerdo, el Demandado insiste en que PDV USA le debe los $ 35 millones restantes contemplados en el contrato de $ 50 millones.

 Igualmente, Interamerican se comprometió explícitamente en la Sección 10 del contrato, a indemnizar a PDV USA por y contra cualquier incumplimiento del Acuerdo perpetrado por Interamerican, incluyendo el pago de cualquier gasto, costas judiciales y honorarios de abogados asociados con el cumplimiento de los derechos de PDV USA bajo el documento.

  Explica que PDV USA inició esta acción para recuperar los $ 15 millones (más intereses) que ya pagó a Rivera, por una declaración de que PDV USA no le debe a Interamerican los $ 35 millones restantes contemplados en el contrato, y para recuperar cualquier otro daño compensatorio. Además Rivera deberá pagar "una cantidad que se abordará en el juicio, así como todos los gastos, costas judiciales y honorarios de abogados asociados con el cumplimiento de sus derechos contractuales".

  Alternativamente, en la medida en que las declaraciones de  Rivera en 2020 a la prensa sean verdaderas y el dinero pagado a Interamerican haya sido pagado por orden de PDVSA para un propósito distinto a los servicios de consultoría que se establecen en el contrato, entonces no existe ningún contrato ejecutable y se debería exigir a Interamerican que devuelva los $ 15 millones que se le pagó bajo la doctrina del enriquecimiento injusto y PDV USA debería tener derecho a una declaración de que no le debe a Interamerican ningún pago adicional en relación con el Acuerdo.

   Interamerican es una empresa que funciona desde la casa de Rivera, ubicada en 10925 N.W. 43rd Lane, Miami, Florida, 33178. Interamerican y tiene dos empleados: Rivera, quien se desempeña como presidente y agente registrador; y (2) Diana Rivera McKenzie (hermana de Rivera), que es la vicepresidenta.

 La demanda incluye el contrato firmado entre PDV USA e Interamerican. 

 En los documentos presentados por los demandantes, aparece un acuerdo que fue firmado por Pío González, un empleado de PDVSA, fue identificado como el “representante autorizado” de PDV USA. González fue quien recibió  los dos informes de progreso que fueron producidos por Interamerican.

  El Anexo B del Acuerdo establece un calendario de pagos, según el cual PDV USA pagaría a Interamerican un total de $ 50 millones. 

  Según el calendario, PDV USA debía pagar a Interamerican una “Cuota de pago inicial” de $ 5 millones el 21 de marzo de 2017. A partir del 4 de abril de 2017, se pagarían otros 20 millones de dólares en "cuotas de pago consecutivas" de $ 5 millones cada dos semanas y que se cancelara una "cuota de pago final" de $ 25 millones antes del 15 de junio de 2017. 

 La demanda dice que, sin embargo, el contrato sólo requería que PDV USA pagara a Interamerican como compensación por la "finalización" de los servicios a "entera satisfacción" de PDV USA. 

 "Interamerican representó y garantizó a PDV USA que “ninguna parte de ningún pago a [Interamerican] por PDV USA de conformidad con este Acuerdo se utilizará como soborno, comisión ilícita, reembolso, contribución política ilegal o en violación de las divisas aplicables controlar las regulaciones, leyes o regulaciones tributarias u otras leyes o regulaciones de cualquier jurisdicción". 

 Finalmente, Interamerican representó y garantizó a PDV USA en el Acuerdo que "en relación con la prestación de los Servicios, [Interamerican] y su Personal [no violarían] ninguna ley o reglamento aplicable de ninguna jurisdicción". 

 Interamerican también prometió en el Acuerdo que "cumplirá con todas las leyes, reglamentos y ordenanzas federales, estatales y locales". 

"Interamerican no cumplió con el acuerdo", acota la demanda y sostiene que la consultora de David Rivera no proporcionó los servicios y entregables establecidos en el Acuerdo. En resumen, Interamerican no brindó servicios a PDV USA.

  "Interamerican no entregó los siete informes quincenales “detallando las actividades que ha realizado” durante el período de dos semanas aplicable y el informe final “integrando todo el producto de trabajo incluyendo recomendaciones para el monitoreo y seguimiento de las estrategias implementadas ”, como lo requiere el Anexo A. 

 En cambio, Rivera presentó solo dos informes en total: (1) un informe “quincenal” el 1 de mayo de 2017, casi un mes después de que el primer informe debía presentarse el 4 de abril de 2017; y (2) un informe "final" el 31 de diciembre de 2017, más de seis meses después de la fecha de terminación del Acuerdo el 21 de junio de 2017. Estos informes no fueron presentados a PDV USA, sino al Sr. Pío González, empleado de PDVSA.

  Los informes no totalizaron más de cinco páginas (en conjunto), muchas de las cuales fueron duplicadas y no describieron ningún trabajo significativo realizado en nombre de PDV USA o PDVSA ni proporcionaron evidencia de que el trabajo se realizó realmente. 

  La demanda sostiene que los reportes no muestran que Interamerican prestó los servicios para los cuales fue contratado, tampoco respaldan las afirmaciones de David Rivera en 2020 sobre el propósito del Acuerdo. "Nada en ningún informe afirma, o sugiere remotamente, que el dinero entregado a Interamerican se esté utilizando con el propósito de hacer contribuciones políticas a figuras o líderes de la oposición en Venezuela. PDV USA tampoco tiene conocimiento de ninguna comunicación enviada, enviada o copiada a algún representante de PDV USA que sugiera que los pagos a Interamerican fueron contemplados para tal fin".

  La demanda sostiene que Interamerican tampoco proporcionó “documentación de respaldo” y “detalles adecuados y completos de los Servicios prestados” con cada factura presentada a PDV USA, como lo requiere. De hecho, sostiene que, Interamerican no proporcionó documentación de respaldo ni detalle alguno con las facturas enviadas para el pago.

 "Como resultado de estas múltiples fallas, Interamerican no realizó ningún servicio" a la entera satisfacción de PDV USA". Agrega que  "PDV USA nunca expresó su satisfacción con los servicios brindados por Interamerican y no está satisfecho con los servicios de la consultora".

  Asegura que "Interamerican no prestó ninguno de los servicios que contrató para realizar, y mucho menos a satisfacción de PDV USA"

Por otro lado, la demanda sostiene que "El dinero que Interamerican recibió, en virtud del Acuerdo, se utilizó para otros fines, luego la consultora también violó sus declaraciones y garantías en virtud de la Sección 7 del contrato dice que que “ninguna parte de ningún pago a CONSULTOR por parte de PDV USA de conformidad con este Acuerdo se utilizará como soborno, , reembolso, contribución política ilegal o en violación de regulaciones de control de divisas, leyes o regulaciones tributarias u otras leyes o regulaciones de cualquier jurisdicción ".

PDV USA pagó a Interamerican por servicios que nunca se prestaron y por ello PDV USA se negó a pagar las tres últimas facturas interamericanas que presentó Rivera, que ascendieron a $ 35 millones.

A pesar de su incumplimiento del acuerdo, Interamerican insiste en que PDV USA debe el saldo del acuerdo y solicitó repetidamente el pago de las facturas pendientes en varios momentos hasta 2019, incluidos el 11 de septiembre de 2018, el 18 de diciembre de 2018 y el 4 de febrero de 2019.

  Hasta el momento, Interamerican continúa afirmando que PDV USA es responsable ante Interamerican por el saldo de $ 35 millones en virtud del Acuerdo. 

  PDV USA no ha asignado el acuerdo porque Interamerican se negó a dar su consentimiento para la asignación

  Sostiene que el 5 de octubre de 2017, a la luz del hecho de que la Demandada no había realizado, y no contemplaba realizar, ningún servicio en nombre de PDV USA y PDVSA solicitaron conjuntamente el consentimiento de la Demandada para ceder el Acuerdo de PDV USA a PDVSA. 

  Con ese fin, PDV USA y PDVSA firmaron un “Acuerdo de consentimiento de cesión y asunción del‘ Acuerdo de consultoría, con fecha del 21 de marzo de 2017. 

   Interamerican fue identificada como una tercera parte del Acuerdo de Consentimiento de Asignación y Asunción a los efectos de otorgar el consentimiento a sus términos, que las partes acordaron constituir una novación o liberación para PDV USA, y se proporcionó un bloque de firma para el consentimiento de Interamerican. Pero la consultora se negó aprobar al Acuerdo de Consentimiento de Asignación y Asunción y nunca lo firmó. 

  En consecuencia, el Acuerdo de consentimiento de cesión y asunción nunca se ejecutó en su totalidad. Se adjunta como Anexo 2 una copia fiel y correcta del Acuerdo de consentimiento de cesión y asunción.

   Hasta que se presentó esta demanda, la posición del Demandado también ha sido que nunca se efectuó ninguna cesión y ha seguido exigiendo el pago del Demandante. 

  Un correo electrónico del 4 de febrero de 2019 de David Rivera deja esto en claro:

"Como usted sabe, Interamerican Consulting nunca estuvo de acuerdo ni consintió en ninguna cesión del contrato de PDV USA a PDVSA. De hecho, cualquier sugerencia de reasignación del contrato fue rechazada específicamente en dos ocasiones. Nuestro asesor legal ha revisado este asunto en profundidad, incluido el papel documentado de los abogados y funcionarios corporativos de CITGO, y ha concluido de manera indiscutible y categórica que cualquier asignación de PDV USA a PDVSA fue una decisión unilateral arreglada entre PDV USA y PDVSA y, bajo el de la ley de contratos de Nueva York que rige el contrato de consultoría, de ninguna manera exime a PDV USA de sus obligaciones contractuales con Interamerican Consulting".

   "Después de que se presentó esta demanda, Interamerican admitió que nunca tuvo la intención de prestar servicios en virtud del acuerdo y afirma que el acuerdo es una farsa", dice el documento.

 Añade que luego de la presentación de esta demanda, el Presidente de Interamerican realizó varias declaraciones a la prensa sobre esta demanda y el Acuerdo de las partes.

   Rivera respondió, “pregunten a los chicos de CITGO 6”, una referencia a los ejecutivos de CITGO Petroleum Corporation detenidos por el régimen de Maduro. “Manejaron toda esa operación, incluido todo el dinero, en coordinación con la oposición venezolana. . . Eso es todo lo que sé."

    Rivera también le dijo al Miami Herald: "Todos esos fondos fueron a la oposición para protestas contra Maduro en el verano de 2017. Nunca vi un centavo". (MIAMI HERALD, 14 de mayo de 2020).

 Según información y creencia, estas declaraciones son falsas. PDV USA no pudo encontrar evidencia que respalde estas afirmaciones. La transferencia de fondos de PDV USA fue directamente a una cuenta bancaria controlada por Interamerican. Desafía la credulidad afirmar que PDVSA, que en obligaciones en virtud del Acuerdo".

 La demanda sostiene que el tiempo que PDVSA estuvo controlada por el régimen de Maduro, ordenó a sus subsidiarias estadounidenses que contrataran a Interamerican para canalizar millones de dólares a los adversarios políticos del régimen.

   En la medida en que Interamerican utilizó los fondos que recibió de PDV USA en virtud del Acuerdo "con el propósito de financiar la oposición política del Régimen de Maduro", eso probaría que Interamerican no hizo ni tuvo la intención de realizar los servicios de consultoría estratégica contemplados por el acuerdo.

  La demanda dice que los hechos descritos probarían que los dos informes de progreso presentados por Rivera a PDV USA contenían numerosas declaraciones materiales falsas sobre los supuestos servicios que Rivera afirmó que Interamerican había realizado. 

 "Por ejemplo, si los reclamos de Rivera en 2020 son verdaderos, entonces cada una de las siguientes declaraciones contenidas en los informes de progreso fueron deliberada e intencionalmente falsas cuando se hicieron a PDV USA para respaldar los reclamos de pago de Interamerican".

 Dicen los informes que el 18 de abril de 2017, “El Consultor organizó reuniones para el Cliente con importantes responsables políticos y líderes de opinión en los Estados Unidos como parte de la estrategia para construir relaciones a largo plazo entre las partes interesadas clave del sector público en los Estados Unidos. Estas reuniones permitieron al Cliente proporcionar los puntos de vista y perspectivas del Cliente sobre los eventos actuales en Venezuela y su interpretación en los Estados Unidos, enfocándose en las iniciativas y logros del Cliente ".

 Asimismo, dice que el 16 de mayo de 2017, "El Consultor ha tenido múltiples discusiones con importantes interlocutores asociados con las organizaciones objetivo del sector privado y ha informado a estos interlocutores sobre el deseo y la voluntad del Cliente de buscar la reconciliación y resolución de los problemas pendientes".

  "Sin embargo, desde el principio, Interamerican recibió pagos a los que no tenía derecho legalmente y se enriquecería injustamente si se le permitiera beneficiarse de ellos. Interamerican acordó indemnizar a PDV USA por incumplimiento del acuerdo", dice la demanda.

Continúan las audiencias en la corte del caso Rothwell vs. CITGO por incumplimiento de contrato

  La petrolera venezolana procuraba una orden de abatimiento en razón de las sanciones impuestas por Estados Unidos al régimen de Maduro.

Por Maibort Petit

  Desde que el 22 de marzo de 2019, Rothwell Energy Services LLC introdujera una demanda civil contra CITGO Petroleum Corporation ante la Corte del Condado de Harris, Texas, se han producido una serie de atrasos y contratiempos que llegaron a su fin. Estas últimas semanas altos ejecutivos de CITGO prestaron declaraciones ante el juez, que había ordenado a la filial de PDVSA en Estados Unidos entregar la información requerida por el demandante y realizar las deposiciones de la tesorera, Gina Coon, el ahora consultor contratado, Glenn Hilman, entre otros. 

  Rothwell Energy Services es una empresa propiedad del sobrino del fallecido CEO de CITGO, Nelson Martínez que alega ante la Corte de Harris  que CITGO no concluyó con los pagos por sus servicios.

  Se trata de una disputa que involucra  una deuda que no fue pagada en base a un contrato que fue otorgado gracias a la complicidad de ejecutivos de CITGO a quienes se les ha vinculado a otras irregularidades internas de la filial de PDVSA en Estados Unidos.

  El tribunal fijó las fechas de las deposiciones de varios empleados de CITGO en un calendario de obligatorio cumplimiento. Entre los funcionarios, como anunciamos están Rick Esser, Jennifer Moos, Gina Coon, Alejandro Sabatino, Glenn Hilman, entre otros.

  CITGO alegó para evitar que se produjeran las declaraciones de los ejecutivos incursos en el contrato con Rothwell y en los pagos varios alegatos, entre ellos lo relativo a la pandemia del coronavirus.

  Tal como lo señalan los documentos, varios empleados de CITGO, junto a corruptos venezolanos, dueños de empresas de maletín, y funcionarios del régimen de Nicolás Maduro y sus respectivos testaferros, tienen que ver con las irregularidades están involucrados en este caso que, igualmente, es investigado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

  Los hechos objeto de la demanda tuvieron lugar durante la gestión como CEO de CITGO Petroleum Corporation, de Nelson Martínez, fallecido mientras se encontraba bajo custodia del régimen de Nicolás Maduro y tiene que ver con un proyecto de USD 100 millones que Rothwell Energy Services LLC cobraría por una unas plantas desalinizadoras que instalaría en varios estados de Venezuela. La citada empresa es propiedad de Juan Carlos Hurtado Angarita, sobrino del finado Martínez.

 Funcionarios de CITGO, entre los cuales se citan José Luis Zambrano, Laymar Peña, Brian Paulson, Glenn Hilman, Gina Coon, José Pereira, Rick Esser, Gene Riccetti, Arnaldo Arcay, Alejandro Escarrá, Gustavo Cárdenas, José Luis De Jongh y Edoardo Orzoni, todos con posiciones de control dentro de la petrolera, presuntamente habrían violado los controles internos relativos a la revisión de proveedores y habrían facilitado así la aprobación de los contratos y los pagos ilegales emanados de los mismos, que comenzaron en el 2017 y siguieron en el 2018. El régimen de sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos al régimen venezolano, impidió que pudieran seguir las operaciones.

CITGO niega los cargos

 La demanda presentada por Rothwell ante la corte muestran una comunicación enviada por CITGO como respuesta a la solicitud de divulgación del demandante.

  La filial de PDVSA en EE. UU. negó los cargos y las alegaciones de la petición original de la demanda, de acuerdo a lo establecido en las disposiciones de la Regla 92 de las Reglas de Procedimiento Civil de Texas y exige una prueba estricta de las mismas.

  CITGO informó que PDVSA Petróleo S.A. tenía un interés en el contrato de servicio objeto de la demanda, dado que al término de cada una de las plantas desalinizadoras de agua que debía construir Rothwell, debía presentarse una Factura de Venta y Cesión se ejecutará entre esta última y PDVSA.

  De acuerdo a la cisión de CITGO, esta no debe dinero a Rothwell, aunque admitió que si el tribunal determina alguna cantidad ésta no correspondería a una cuenta jurada. CITGO sostiene que la deuda que se quiere cobrar la demandante es ilegal y que cualquier pago que se le hiciera violaría la Orden Ejecutiva del gobierno de los EE. UU. 13808 y 13850. La petrolera se refiere a la designación de PDVSA por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a PDVSA, empresa matriz indirecta de CITGO, el 28 de enero de 2019, lo que significa que la propiedad de PDVSA y CITGO se encuentran bloqueadas.

  Es que al ser PDVSA el usuario y el beneficiario de los sistemas de agua que son objeto del contrato, los pagos que busca Rothwell no se pueden realizar en razón de las sanciones, puesto que la participación de PDVSA podría someter a CITGO y Rothwell a sanciones penales y civiles según la ley de los Estados Unidos.

Defensa afirmativa del pago

  También CITGO cree que la disposición de fuerza mayor del contrato le impide adeudar o realizar pagos a Rothwell mientras las sanciones de EE. UU. se encuentren vigentes.

  Según las cuentas de la filial de PDVSA, ésta ya pagó a Rothwell USD 5.027.025 por los servicios prestados y el equipo provisto en virtud del Acuerdo. Del mismo modo refiere que Rothwell no ha entregado a CITGO ningún estado de cuenta que reflejen las compensaciones, pagos y créditos justos y legales.

  CITGO asegura que Rothwell no cumplió con todas las exigencias para que se emitieran los pagos de los montos que solicita el demandante. Rothwell tampoco habría certificado el pago a todos los subcontratistas, personal, proveedores y vendedores, y que se hayan liberado todos los enlaces, tal como lo plantea el acuerdo.

  La petrolera venezolana exigió exige un juicio con jurado y pide que el tribunal dicte sentencia en favor de la demandada y que la demandante pague los costos judiciales y otorgue a CITGO todas las reparaciones a las que tiene derecho.

Declaración de experto

  Brian Boudreaux, Gerente de Proyectos Senior y Consultor Técnico de RECON Management Services Inc. — agente y consultor de CITGO en proyectos relacionados con refinación, generación de energía, turbinas de gas y SWROS— presentó una declaración jurada ante la corte en la que subraya que durante 30 años fue empleado de CITGO durante más de tres décadas.

  Ahora con RECON trabaja en estrecha colaboración con CITGO en el Acuerdo de Contrato de Servicio objeto de la demanda y refirió PDVSA tiene el interés final en las plantas.

  Dijo que para que CITGO pague una factura, deben cumplirse una serie de que permitan la emisión del pago, siendo él la persona que revisa técnicamente las facturas y documentos relacionados que Rothwell envía para su pago. "En otras palabras, ayudó a determinar qué pagos vencen y si las cantidades que busca Rothwell son justas y verdaderas".

Suspensión del proceso

  El juez Roberto Schaffer, ordenó el 24 de mayo de 2019 la suspensión de la demanda hasta que se produzca el levantamiento de las órdenes ejecutivas que imponen sanciones, o hasta que Rothwell reciba una licencia de la OFAC que dé luz verde al proceso judicial.

  Después, las partes, de manera conjunta, presentaron conjuntamente una moción acordada pidiendo la continuación del juicio.

 Rothwell pidió una moción para obtener el descubrimiento de CITGO. Manifestó que en seis meses hizo esfuerzos infructuosos para trabajar junto a CITGO de buena fe para comprometerse de hecho descubrimiento.

  Por eso acudió a la Corte, por estimar que es necesario para hacer avanzar en el litigio.

  El 14 de enero de 2020, Rothwell Energy Services LLC envió a CITGO una carta solicitando un registro de privilegios modificado y luego de esto, ha reiterado la petición el 16 de enero, el 5 de febrero, el 7 de febrero, el 21 de febrero, el 27 de febrero, el 25 de marzo y el 2 de junio.

  Desde entonces, las partes han terciado por el asunto. Mientras la demandante exige detalles y documentos de las comunicaciones que involucró el acuerdo, CITGO aduce el privilegio abogado-cliente, el cual es inviolable.

Finalmente, el CITGO afirma la defensa afirmativa del pago.

Las deposiciones

  Otro asunto que ha ocupado a las partes, ha sido el desacuerdo respecto a la deposición, virtual o presencial, de los testigos ante el tribunal.

  En enero de 2020, Rothwell las fechas de deposición de Gina Coon (Tesorera) y Glenn Hilman (Consultor legal) y, finalmente, el 27 de febrero, CITGO respondió que la primera podía hacerlo el 9 de abril y el segundo el 16 de abril. 

  El 18 de marzo, Rothwell informó a CITGO que, en razón de la pandemia, podían seguir el proceso de manera virtual. CITGO respondió el 24 de marzo, que no estaría en condiciones de seguir adelante con las declaraciones. Rothwell acordó posponer las declaraciones.

  Finalmente, luego de una serie de evasivas, la Corte del Condado de Harris ordenó que la tesorera de CITGO, Gina Coon, presente su declaración sobre este caso. Su testimonio es vital, toda vez que ella ocupaba un puesto clave en el proceso de aprobación y pagos del contrato objeto de la demanda. Coon, finalmente se produjo en septiembre 2020.

 

 

 

 

Conoce los detalles del refinanciamiento de CITGO por USD 1.125 millones con Jefferies LLC y J. P. Morgan

   La banca de inversión exigió firmar una carta compromiso que obliga a mantener a esa entidad como ente encargado del refinanciamiento del préstamo B con vencimiento en 2021, por una tarifa acordada del 1.0 por ciento del monto total del capital de dicha deuda.

Por Maibort Petit

@maibortpetit

   Un informe elaborado por la firma Jones Day a petición de CITGO Petroleum Corporation, estableció que la escogencia de las empresas Jefferies LLC y Jefferies Capital Services, LLC como prestadoras de los servicios de banca de inversión en el proceso de refinanciamiento de la deuda de la filial de la Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en los Estados Unidos, era la única opción que esta tenía para reestructurar su deuda a corto plazo.

   El 9 de junio de 2020, el escritorio jurídico Jones Day remitió un memorando con carácter privilegiado y confidencial a CITGO Petroleum Corporation que contenía las recomendaciones con relación a las ofertas de deuda de alto rendimiento por parte de emisores corporativos en los Estados Unidos.

     Venezuela Política tuvo acceso al informe y a todos los anexos del mismo.

   Refiere que, en los Estados Unidos, generalmente, no se recurre al mecanismo de la licitación u otro proceso público, para considerar las ofertas de deuda de alto rendimiento por emisores corporativos. Esto se debe a la capacidad del emisor para controlar el tiempo y el proceso en torno a la oferta.

  Así ocurrió, por tanto, cuando recientemente CITGO Petroleum Corporation, bajo la Regla 144A emitió USD 1.125 millones de notas con garantías al 7.00 por ciento, con vencimiento en 2025.

   Explican los abogados que las leyes de mercado de capitales de los EE. UU. imponen limitaciones significativas a las empresas privadas sobre lo que pueden decir sobre una emisión o transacción en los mercados. En este contexto, los emisores que aspiran a un financiamiento, contactan a un pequeño grupo de bancos de inversión con los cuales mantienen una relación y que son capaces de ejecutar la transacción como resultado de la reputación y capacidades del mercado y la industria.

   Desde 2019, este tipo de operaciones se volvió más complicadas a raíz de las sanciones estadounidenses emitidas en enero de dicho año, a lo que se suma la situación política en Venezuela y los litigios que involucran a las entidades matrices de CITGO, así como por las incertidumbres sobre la propiedad y el control de la filial de PDVSA en los EE. UU. por parte de su junta directiva.

  Para dicha fecha, 2019, CITGO Petroleum Corporation y su matriz inmediata CITGO Holding, Inc., planeaban operaciones de su deuda a corto plazo.

   Observan los abogados de Jones Day que la gerencia de CITGO contactó a varias empresas de banca de inversión y otras instituciones financieras para evaluar el interés y su voluntad de involucrarse en estas transacciones de financiamiento, dadas las incertidumbres sobre la propiedad y el control de CITGO, así como los riesgos de hacer negocios con esta empresa.

   En medio de este panorama, Jefferies fue la única empresa de los Estados Unidos que estuvo dispuesta a realizar este refinanciamiento de CITGO.

Sobre el acuerdo con Jefferies

  Para aceptar actuar como la banca de inversión en marzo del 2019, Jefferies insistió en que se le emitiera una carta de compromiso. Esto por tratarse de un emisor de alto rendimiento con opciones de financiación limitadas.

  En razón a las pocas alternativas disponibles, CITGO firmó una carta de compromiso con Jefferies LLC y Jefferies Capital Services, LLC.

  Representantes de CITGO informaron a los abogados de Jones Day que el acuerdo con Jefferies representaba la acción más prudente y la mejor oportunidad de llevar a cabo el financiamiento de las próximas deudas.

   El contrato suscrito entre Jefferies y CITGO estableció el compromiso de esta última de retener a la primera como banca para el refinanciamiento del préstamo B con vencimiento en 2021, por una tarifa acordada del 1.0 por ciento del monto total del capital de dicha deuda.

   Los abogados consideraron que la tarifa negociada del 1.0 por ciento estaba dentro del rango de razonabilidad para la suscripción de deuda o fees de colocación pagados por emisores estadounidenses cuya deuda tiene una calificación inferior al grado de inversión.

“Sin embargo, CITGO podría nombrar un banco co-líder si dicho banco fuera razonablemente aceptable para Jefferies y Jefferies se le asignaría no menos del 50 por ciento de los fees que CITGO le correspondía pagar por la transacción”.

  El acuerdo también incluyó una disposición de “cola” bajo la cual Jefferies tendría derecho a la tarifa del 1.0 por ciento si CITGO hiciera cualquiera de las “Transacciones” enumeradas para el 29 de julio de 2021 o antes, incluso si CITGO terminara el acuerdo.

   En julio de 2019, Jefferies fungió como el administrador para el refinanciamiento de las notas garantizadas por USD 1.870 mil millones al 10.75 por ciento con vencimiento en 2020 de CITGO Holding. Este refinanciamiento consistió en una oferta de USD 1.370 millones en notas garantizadas de 9.250 por ciento de CITGO Holding con vencimiento en 2024 más un nuevo préstamo B, de préstamo a plazo de USD 500 millones.

La selección de suscriptores para las notas CITGO 2020

  El informe de Jones Day refiere que la gerencia de CITGO exploraba opciones de liquidez en medio de la crisis del Covid 19, entre ellas, el refinanciamiento de la deuda con vencimiento en 2021 del plazo del préstamo B que se propuso a la junta directiva en mayo de 2020.

   La junta directiva aprobó la refinanciación del préstamo B de CITGO mediante la emisión de pagarés garantizados de CITGO por USD 1.125 mil millones, un incremento que le proporcionaría a la filial de PDVSA flexibilidad financiera en estas difíciles circunstancias.

   Para evitar pagar la tarifa del 1.0 por ciento que hubiera tenido que cancelar por rescindir el contrato con Jefferies y dadas las circunstancias imperantes, CITGO y en virtud de la ejecución exitosa de las transacciones de 2019 y la buena reputación de la empresa con la que ya mantenía un acuerdo, CITGO decidió proceder con Jefferies como el principal gestor de libros para la Notas de oferta.

  Sin embargo, como el acuerdo con Jefferies contemplaba la incorporación de un banco co-líder que fuera aceptable para Jefferies y esta recibiera al menos el 50 por ciento de las tarifas pagaderas por CITGO en la transacción, la filial de PDVSA en los Estados Unidos consideró involucrar a J. P. Morgan.

  El objetivo que perseguía CITGO con esta decisión era expandir las relaciones bancarias de la compañía para restablecer una línea de crédito rotativa para financiar las necesidades de liquidez de la compañía, en lugar de la dependencia continua de la deuda a plazo.

  J.P. Morgan finalmente acordó entrar en el acuerdo como banco adicional, posicionado a la derecha de Jefferies en el memorándum de oferta.

Las conclusiones de Jones Day

  El despacho de abogados estimó que la selección Jefferies y J.P.Morgan como suscriptores de la oferta de pagarés es consistente con los procesos empleados por emisores corporativos de alto rendimiento en los mercados de capitales de EE.UU.

  Según los abogados, el incremento del refinanciamiento de USD 750 millones a USD 1.125 millones en razón de una sobre demanda significativa, valida el proceso que siguió CITGO en la elección de los bancos para suscribir la oferta. Asimismo, validaron la tasa de interés de las notas emitidas por Citgo de 7.00 por ciento, por debajo del precio indicativo de 7.75 por ciento-8.25 por ciento e involucrando concesiones mínimas, por ser esta una nueva emisión en comparación con las tasas de rendimiento indicativas de la deuda pendiente de CITGO.

  Para Jones Day el proceso de venta de notas de CITGO a un grupo amplio y diverso de inversionistas, fue consistente con colocaciones de otros corporativos en Estados Unidos.

“La gerencia de CITGO señaló una preferencia por los inversionistas de más largo plazo sobre los fondos de corto plazo (hedge funds), al tiempo que afirmó que obtener el mejor precio para las notas era el objetivo principal de la compañía. Se nos informó que los bonos se asignaron a más de 150 inversionistas, que es una colocación amplia para una oferta de este tipo, y tanto las agencias de rating como el equipo de gestión de CITGO expresaron su satisfacción con la cartera de pedidos iniciales de la oferta”.

Nota confidencial del CITGO

  Una nota confidencial de CITGO detalla la relación contractual que ésta filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en los Estados Unidos, mantiene con Jefferies Financial Group, la cual prestó servicios de banca de inversión en los procesos de refinanciamiento de su deuda en los años 2019 y 2020.

  El informe, con carácter privado y confidencial, dirigido al Luis A. Pacheco, presidente de la Junta Administradora ad hoc de PDVSA explica el papel de Jefferies como agente de colocación de los bonos emitidos por CITGO Petroleum Corporation en las fechas indicadas anteriormente.

  Se refiere que, en marzo de 2019, CITGO emitió un préstamo a plazo fijo por USD 1.200 millones con el objetivo de reemplazar su línea de crédito rotativa y la línea de crédito con titularización de sus cuentas por cobrar, las cuales tenían vencimiento en mayo y junio del citado año 2019.

  Se advierte que los bancos se negaron a renovar dichas líneas en razón de las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés), así como la preocupación existente sobre la reputación de CITGO.

  Se informa que Houlihan Lokey actuó como coordinador de la transacción de préstamo a plazo fijo indicada, dado que esta empresa mantenía un contrato vigente con CITGO en el momento de la transición a la nueva administración.

  El reporte advierte que, en el desarrollo de la transacción, uno de los mayores desafíos de CITGO fue encontrar bancos que fungiesen como agentes que hicieran el fronting, es decir fueran facilitadores, distribuidores y en ocasiones financistas de la operación y, además, llevaran a cabo las funciones administrativas y actuaran como garantes colaterales. Se informa que “Decenas de bancos declinaron, citando limitaciones por las sanciones impuestas por la OFAC y/o riesgos de percepción que adversarían la imagen de sus instituciones”.

Agrega la nota confidencial que Houlihan confirmó que se acercaron a BNP Paribas, Credit Agricole, Natixis, Societè Generale, ABN Amro, Deutsche Bank, Sumitomo y Mizuho, entidades que habían participado en las facilidades crediticias emitidas por CITGO Petroleum Corporation, pero ninguno estaba dispuesto a servir como banco que hiciera el fronting.

  Otros intentos se hicieron con Credit Suisse, Bank of America, Citi, Mizuho, JPMorganChase, Macquarie, PNC, 5th Third, Scotia, RBC, DNB, Wells Fargo y Bank of NY, los cuales también declararon participar, según dijo Houlihan.

  Fue ante estas circunstancias que CITGO Petroleum Corporation decidió acudir a Jefferies para que esta actuara como fronting y como agente administrativo.

  Para aceptar, Jefferies puso algunas condiciones, entre ellas, una tarifa del 1 por ciento y la exclusividad para trabajar como banco líder principal en la futura refinanciación del préstamo CITGO 2021 y el refinanciamiento de las transacciones de CITGO Holding 2019. Se acota que el citado 1 por ciento sería compartido a partes iguales si se incorporara al proceso a un co-líder.

  Se advierte que CITGO Petroleum Corporation no tiene compromisos adicionales con Jefferies al finalizar la transacción de los bonos 2025.

  Para finalizar, la nota confidencial agregaba un resumen de procesos de refinanciamiento de años anteriores:

WSJ: Leopoldo López: El gurú de la oposición venezolana que lideró el plan para tumbar a Maduro

 El siguiente texto es una traducción al español hecha por nuestro portal, Venezuela Política, al artículo original publicado en inglés por el diario estadounidense The Wall Street Journal. 

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Leopoldo López y sus aliados compraron mercenarios antes del intento fallido de derrocar al régimen.

Después de abandonar el arresto domiciliario, la figura de la oposición venezolana Leopoldo López, a la derecha, se unió al líder opositor Juan Guaidó para saludar a los partidarios en Caracas el 30 de abril de 2019. CRISTIAN HERNANDEZ / AGENCE FRANCE-PRESSE / GETTY IMAGES

Por Kejal Vyas y Juan Forero para The Wall Street Journal.

Fechado 26 de junio de 2020 12:34 pm ET - Enlace original del artículo en inglés aquí.

BOGOTÁ, Colombia - El mentor políticamente influyente del líder de la oposición venezolana respaldado por Estados Unidos, Juan Guaidó, estuvo detrás de un esfuerzo de meses para contratar mercenarios para derrocar al presidente Nicolás Maduro, según varias personas involucradas en la planificación.

Leopoldo López, fundador del ex partido político del Sr. Guaidó, y otros aliados consideraron al menos seis propuestas de contratistas de seguridad privada para llevar a cabo incursiones militares para provocar una rebelión en las fuerzas armadas de Venezuela y derrocar al presidente autoritario, dijeron estas personas al Wall Street Journal. .

Uno de los contratistas finalmente estuvo involucrado en un intento de incursión armada en mayo que terminó casi antes de que comenzara, terminando con ocho de los mercenarios asesinados y casi 50 detenidos, incluidos dos ex soldados estadounidenses, todos los cuales todavía están detenidos en una prisión de Caracas.

La figura de la oposición venezolana Leopoldo López habló con los medios el 2 de mayo de 2019, en la puerta de la residencia del embajador español en Caracas, donde ha permanecido desde su liberación del arresto domiciliario. FOTO: GETTY IMAGES/GETTY IMAGES.

Maduro salió triunfante y sus adversarios políticos quedaron fracturados, desmoralizados y sin una estrategia clara. Algunos aliados extranjeros de la oposición dicen que Guaidó y sus asociados deberían haberse apegado a las negociaciones con el régimen de Maduro y ahora están cuestionando su apoyo al líder de la oposición.

"Guaidó ha dañado sus credenciales democráticas", dijo un diplomático europeo de alto rango que trabajó en la política de Venezuela. "Da la impresión de que está tratando de montar dos caballos, uno en la pista de negociación y otro más en la pista del golpe de estado".

El Sr. Guaidó y los asociados del Sr. [Leopoldo] López han dicho que la incursión [Operación Gedeón] de mayo fue obra del régimen de Maduro y que cortaron el contacto el año pasado con el grupo que lo llevó a cabo.

La mayoría de los venezolanos critican a Maduro por la devastadora crisis económica del país, con solo el 13% que lo apoya según una encuesta realizada en mayo por la firma Datanálisis de Caracas.

Pero el Sr. Guaidó no ha podido capitalizar. Su apoyo se ha erosionado constantemente del 61% que disfrutó en enero de 2019, cuando la oposición lo proclamó presidente en un desafío directo al Sr. Maduro. Estados Unidos y más de 50 países reconocieron a Guaidó como el líder legítimo de Venezuela.

Según la encuesta de Datanálisis, el Sr. Guaidó vio caer en mayo su aprobación al 25%, su punto más bajo hasta el momento. Los venezolanos ahora son abrumadoramente pesimistas de que se realizará una transición.

"Comenzó como una especie de versión venezolana de Obama", dijo sobre Guaidó el director de Datanálisis, Luis Vicente León. "Ahora la gente simplemente no le cree. Cuando pierdes la esperanza de un cambio, también pierdes tu capacidad de pedirle sacrificios a la gente”.

Nicolás Maduro muestra lo que las autoridades venezolanas dijeron que eran documentos de identificación pertenecientes a ex soldados estadounidenses capturados durante una incursión fallida en mayo. FOTO: AP/Associated Press

Dentro de la díscola coalición de partidos opositores, gran parte de la culpa se dirige ahora al Sr. [Leopoldo] López, un político educado en Harvard de 49 años y ex prisionero político de una de las familias más prominentes de Venezuela.

Durante años, ha abogado por la acción directa para eliminar a Maduro, desde una serie de protestas en 2014 que se tornaron violentas hasta un intento de estimular un levantamiento en las filas militares el año pasado, a menudo chocando en la estrategia con otros enemigos prominentes del régimen.

En 2018, después de que Maduro fue reelegido en una votación ampliamente considerada fraudulenta, López expresó la opinión de que las negociaciones y la ruta electoral tomarían demasiado tiempo, dijo una persona que habló con él sobre la estrategia.

"Estaba muy preocupado de que, a menos que se hiciera algo pronto, el pueblo venezolano terminaría como el pueblo cubano, absolutamente pasivo y quebrado e incapaz de defenderse", dijo la persona, que está familiarizada con la dinámica de la oposición y la política estadounidense.

López no pudo hacer comentarios para este artículo porque no puede hablar públicamente como parte de un acuerdo con España. Ahora que vive en la residencia del embajador español en Caracas, donde está protegido contra el arresto, sigue siendo una poderosa fuerza política con influencia sobre Guaidó, proporcionando liderazgo en asuntos que van desde el cambio de régimen hasta la reforma de la industria petrolera, dijeron activistas de la oposición.

"Uno de los errores más grandes que ha cometido la oposición es respaldar a Leopoldo López", dijo Humberto Calderón-Berti, quien se desempeñó como enviado de Guaidó a Colombia hasta una disputa pública con López el año pasado. “Al final, solo está dañando a Guaidó. Tiene que haber una rectificación de la estrategia, el liderazgo”.

El líder de la oposición, Juan Guaidó, se dirigió a una conferencia de prensa en Caracas la semana pasada.

FOTO: QUINTERO MANAURE / REUTERS

Calderón-Berti dijo que aconsejó a los partidos de la oposición el año pasado que evitaran involucrar a los desertores militares venezolanos para tratar de expulsar a Maduro, por temor a que la violencia enajene las alianzas internacionales de la oposición. El Sr. Calderón-Berti no es miembro de Voluntad Popular, el partido que fue fundado por el Sr. [Leopoldo] López y que fue el camino hacia el liderazgo del Sr. Guaidó.

El Sr. Guaidó dijo que el Sr. López no toma las decisiones, que él lo hace.

Varios miembros prominentes de Voluntad Popular han renunciado al partido este mes, diciendo en privado que ya no podían lidiar con la mano dura de Leopoldo López y las políticas del partido, las cuales vieron como perjudiciales para la oposición. Pero algunos dijeron que todavía ven a López como una víctima, atraído a medidas extremas por un régimen autoritario que lo mantuvo encerrado y cerró las esperanzas de una transición democrática.

Guaidó dijo que algunos de sus asesores se reunieron con los organizadores de la incursión fallida a principios del año pasado para evaluar las estrategias para una incursión. Sin embargo, dijo que sus asesores cortaron el contacto casi seis meses antes de que esta ocurriera por lo que dijo eran desacuerdos sobre la estrategia.

Los líderes del partido dijeron que para octubre de 2019, la planificación de la operación había sido infiltrada por agentes de inteligencia venezolanos. Algunos en el partido informaron detalles de la infiltración a funcionarios estadounidenses y colombianos ese mes.

"No solo se infiltró, sino que fue una operación financiada por la dictadura", dijo Guaidó en una videoconferencia el mes pasado. "El único al que sirvió esa operación fue al régimen de Maduro”.

Las fuerzas especiales venezolanas patrullaron en mayo en el lugar de la incursión. [Operación Gedeón] FOTO: QUINTERO MANAURE / REUTERS

Los miembros de Voluntad Popular dicen que su partido ha favorecido las negociaciones e inició conversaciones supervisadas por Noruega en 2019 que luego fracasaron. Guaidó ha dicho con frecuencia que el problema es el régimen, que según él negocia de mala fe.

Funcionarios de la administración Trump dijeron que la operación [Gedeón] en mayo no ha dañado a Guaidó ni a la oposición, y que podría haber sido una falsa bandera organizada por el régimen de Maduro para ganar puntos de propaganda. Los funcionarios de la administración han negado cualquier participación o conocimiento de la incursión.

La incursión armada "fue una gran noticia durante un par de días y luego se desvaneció, y no ha tenido un impacto duradero en la política estadounidense ni en la oposición democrática venezolana", dijo Elliott Abrams, representante especial de los Estados Unidos para Venezuela. "Esto se debe principalmente a que hay muchas preguntas sin respuesta sobre la participación del régimen en la concepción, el financiamiento y el avance de toda la operación".

En su nuevo libro sobre la Casa Blanca de Trump, el ex asesor de seguridad nacional John Bolton dijo que el presidente dudaba abiertamente de que Guaidó tuviera el peso para desafiar a Maduro. Para la primavera de 2019, escribió: "Trump estaba llamando a Guaidó el ‘Beto O’Rourke de Venezuela’, difícilmente el tipo de cumplido que un aliado de los Estados Unidos debería esperar".

Trump pensó que invadir Venezuela sería "genial" y le ordenó buscar opciones militares, escribió Bolton. Bolton y otros dijeron que una opción militar no era un punto de inicio y lo disuadieron con éxito, escribió.

Trump dijo al Journal en una entrevista que Bolton "es un mentiroso”.

El 12 de mayo, el ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, acusó al líder opositor Juan Guaidó de planear la invasión fallida. El señor Guaidó negó la responsabilidad.

FOTO: JHONN ZERPA / AGENCE FRANCE-PRESSE / GETTY IMAGES

En 2019, mientras algunos líderes de la oposición y diplomáticos venezolanos prosiguieron las negociaciones con Maduro para ganar el derecho a elecciones libres y justas, López y sus colaboradores más cercanos buscaron una empresa de seguridad sin haber alertado a los otros partidos políticos anti-Maduro, dijeron personas involucradas en la planificación y otros líderes de la oposición. Aunque escucharon los discursos de varios contratistas, figuras de la oposición cercanas a los señores Guaidó y López dijeron que las reuniones rara vez iban más allá de las conversaciones informales.

"Si una de estas propuestas hubiera sido viable, habríamos tomado esa opción de inmediato", dijo una figura de la oposición cercana a los dos hombres. "No tenemos ningún problema ético para deshacernos de Nicolás Maduro”.

A fines de la primavera del año pasado, varios amigos cercanos del Sr. López y miembros de su partido estaban conspirando con Jordan Goudreau, un veterano de guerra del Ejército de Estados Unidos y propietario de la firma de seguridad SilverCorp USA en Florida, y un ex general venezolano que se había mudado a Colombia, Clíver Alcalá. Estaban entrenando a una fuerza andrajosa de venezolanos que habían abandonado las fuerzas armadas en campamentos en el noreste de Colombia, no lejos de Venezuela.

En octubre, un alto funcionario de Guaidó y un funcionario de Voluntad Popular firmaron un contrato con Goudreau para destituir a Maduro y reemplazarlo con Guaidó, bajo cuyo gobierno el mercenario estadounidense trabajaría como asesor de defensa, de acuerdo con el contrato.

Los asociados del señor Leopoldo López presentaron a los señores Clíver Alcalá y Jordan Goudreau a otros líderes de la oposición en varias reuniones en Bogotá, donde buscaron entre 2 y 7 millones de dólares estadounidenses de los líderes de la oposición para financiar una incursión armada, según personas familiarizadas con las conversaciones.

Hacia el final del año, según cifras de la oposición, quedó claro que el plan no era viable porque subestimaba las defensas militares del régimen y había muy pocos combatientes voluntarios. La oposición no le pagó a Goudreau los cientos de miles de dólares que dijo que quería, dándole solo $50,000 por gastos antes de cortar todos los lazos a fines de 2019.

El Sr. Goudreau, que estaba en Florida en el momento de la operación, no ha dicho por qué ordenó que la misión avanzara a principios de mayo, como ha reconocido públicamente. No respondió a las solicitudes de comentarios para este artículo.

Los líderes de la oposición ahora dicen que fue un error para los miembros de Voluntad Popular sentarse con mercenarios.

"Ellos fueron los que legitimaron a Goudreau y la idea de toda esta operación", dijo uno que había estado siguiendo la planificación de la misión en Bogotá. "Esperemos que no haya otras acciones deshonestas en el futuro”.

—Jessica Donati en Washington contribuyó a este artículo.

[Fin del artículo] 

Enlace original del artículo en inglés aquí.