WSJ: Leopoldo López: El gurú de la oposición venezolana que lideró el plan para tumbar a Maduro

 El siguiente texto es una traducción al español hecha por nuestro portal, Venezuela Política, al artículo original publicado en inglés por el diario estadounidense The Wall Street Journal. 

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Leopoldo López y sus aliados compraron mercenarios antes del intento fallido de derrocar al régimen.

Después de abandonar el arresto domiciliario, la figura de la oposición venezolana Leopoldo López, a la derecha, se unió al líder opositor Juan Guaidó para saludar a los partidarios en Caracas el 30 de abril de 2019. CRISTIAN HERNANDEZ / AGENCE FRANCE-PRESSE / GETTY IMAGES

Por Kejal Vyas y Juan Forero para The Wall Street Journal.

Fechado 26 de junio de 2020 12:34 pm ET - Enlace original del artículo en inglés aquí.

BOGOTÁ, Colombia - El mentor políticamente influyente del líder de la oposición venezolana respaldado por Estados Unidos, Juan Guaidó, estuvo detrás de un esfuerzo de meses para contratar mercenarios para derrocar al presidente Nicolás Maduro, según varias personas involucradas en la planificación.

Leopoldo López, fundador del ex partido político del Sr. Guaidó, y otros aliados consideraron al menos seis propuestas de contratistas de seguridad privada para llevar a cabo incursiones militares para provocar una rebelión en las fuerzas armadas de Venezuela y derrocar al presidente autoritario, dijeron estas personas al Wall Street Journal. .

Uno de los contratistas finalmente estuvo involucrado en un intento de incursión armada en mayo que terminó casi antes de que comenzara, terminando con ocho de los mercenarios asesinados y casi 50 detenidos, incluidos dos ex soldados estadounidenses, todos los cuales todavía están detenidos en una prisión de Caracas.

La figura de la oposición venezolana Leopoldo López habló con los medios el 2 de mayo de 2019, en la puerta de la residencia del embajador español en Caracas, donde ha permanecido desde su liberación del arresto domiciliario. FOTO: GETTY IMAGES/GETTY IMAGES.

Maduro salió triunfante y sus adversarios políticos quedaron fracturados, desmoralizados y sin una estrategia clara. Algunos aliados extranjeros de la oposición dicen que Guaidó y sus asociados deberían haberse apegado a las negociaciones con el régimen de Maduro y ahora están cuestionando su apoyo al líder de la oposición.

"Guaidó ha dañado sus credenciales democráticas", dijo un diplomático europeo de alto rango que trabajó en la política de Venezuela. "Da la impresión de que está tratando de montar dos caballos, uno en la pista de negociación y otro más en la pista del golpe de estado".

El Sr. Guaidó y los asociados del Sr. [Leopoldo] López han dicho que la incursión [Operación Gedeón] de mayo fue obra del régimen de Maduro y que cortaron el contacto el año pasado con el grupo que lo llevó a cabo.

La mayoría de los venezolanos critican a Maduro por la devastadora crisis económica del país, con solo el 13% que lo apoya según una encuesta realizada en mayo por la firma Datanálisis de Caracas.

Pero el Sr. Guaidó no ha podido capitalizar. Su apoyo se ha erosionado constantemente del 61% que disfrutó en enero de 2019, cuando la oposición lo proclamó presidente en un desafío directo al Sr. Maduro. Estados Unidos y más de 50 países reconocieron a Guaidó como el líder legítimo de Venezuela.

Según la encuesta de Datanálisis, el Sr. Guaidó vio caer en mayo su aprobación al 25%, su punto más bajo hasta el momento. Los venezolanos ahora son abrumadoramente pesimistas de que se realizará una transición.

"Comenzó como una especie de versión venezolana de Obama", dijo sobre Guaidó el director de Datanálisis, Luis Vicente León. "Ahora la gente simplemente no le cree. Cuando pierdes la esperanza de un cambio, también pierdes tu capacidad de pedirle sacrificios a la gente”.

Nicolás Maduro muestra lo que las autoridades venezolanas dijeron que eran documentos de identificación pertenecientes a ex soldados estadounidenses capturados durante una incursión fallida en mayo. FOTO: AP/Associated Press

Dentro de la díscola coalición de partidos opositores, gran parte de la culpa se dirige ahora al Sr. [Leopoldo] López, un político educado en Harvard de 49 años y ex prisionero político de una de las familias más prominentes de Venezuela.

Durante años, ha abogado por la acción directa para eliminar a Maduro, desde una serie de protestas en 2014 que se tornaron violentas hasta un intento de estimular un levantamiento en las filas militares el año pasado, a menudo chocando en la estrategia con otros enemigos prominentes del régimen.

En 2018, después de que Maduro fue reelegido en una votación ampliamente considerada fraudulenta, López expresó la opinión de que las negociaciones y la ruta electoral tomarían demasiado tiempo, dijo una persona que habló con él sobre la estrategia.

"Estaba muy preocupado de que, a menos que se hiciera algo pronto, el pueblo venezolano terminaría como el pueblo cubano, absolutamente pasivo y quebrado e incapaz de defenderse", dijo la persona, que está familiarizada con la dinámica de la oposición y la política estadounidense.

López no pudo hacer comentarios para este artículo porque no puede hablar públicamente como parte de un acuerdo con España. Ahora que vive en la residencia del embajador español en Caracas, donde está protegido contra el arresto, sigue siendo una poderosa fuerza política con influencia sobre Guaidó, proporcionando liderazgo en asuntos que van desde el cambio de régimen hasta la reforma de la industria petrolera, dijeron activistas de la oposición.

"Uno de los errores más grandes que ha cometido la oposición es respaldar a Leopoldo López", dijo Humberto Calderón-Berti, quien se desempeñó como enviado de Guaidó a Colombia hasta una disputa pública con López el año pasado. “Al final, solo está dañando a Guaidó. Tiene que haber una rectificación de la estrategia, el liderazgo”.

El líder de la oposición, Juan Guaidó, se dirigió a una conferencia de prensa en Caracas la semana pasada.

FOTO: QUINTERO MANAURE / REUTERS

Calderón-Berti dijo que aconsejó a los partidos de la oposición el año pasado que evitaran involucrar a los desertores militares venezolanos para tratar de expulsar a Maduro, por temor a que la violencia enajene las alianzas internacionales de la oposición. El Sr. Calderón-Berti no es miembro de Voluntad Popular, el partido que fue fundado por el Sr. [Leopoldo] López y que fue el camino hacia el liderazgo del Sr. Guaidó.

El Sr. Guaidó dijo que el Sr. López no toma las decisiones, que él lo hace.

Varios miembros prominentes de Voluntad Popular han renunciado al partido este mes, diciendo en privado que ya no podían lidiar con la mano dura de Leopoldo López y las políticas del partido, las cuales vieron como perjudiciales para la oposición. Pero algunos dijeron que todavía ven a López como una víctima, atraído a medidas extremas por un régimen autoritario que lo mantuvo encerrado y cerró las esperanzas de una transición democrática.

Guaidó dijo que algunos de sus asesores se reunieron con los organizadores de la incursión fallida a principios del año pasado para evaluar las estrategias para una incursión. Sin embargo, dijo que sus asesores cortaron el contacto casi seis meses antes de que esta ocurriera por lo que dijo eran desacuerdos sobre la estrategia.

Los líderes del partido dijeron que para octubre de 2019, la planificación de la operación había sido infiltrada por agentes de inteligencia venezolanos. Algunos en el partido informaron detalles de la infiltración a funcionarios estadounidenses y colombianos ese mes.

"No solo se infiltró, sino que fue una operación financiada por la dictadura", dijo Guaidó en una videoconferencia el mes pasado. "El único al que sirvió esa operación fue al régimen de Maduro”.

Las fuerzas especiales venezolanas patrullaron en mayo en el lugar de la incursión. [Operación Gedeón] FOTO: QUINTERO MANAURE / REUTERS

Los miembros de Voluntad Popular dicen que su partido ha favorecido las negociaciones e inició conversaciones supervisadas por Noruega en 2019 que luego fracasaron. Guaidó ha dicho con frecuencia que el problema es el régimen, que según él negocia de mala fe.

Funcionarios de la administración Trump dijeron que la operación [Gedeón] en mayo no ha dañado a Guaidó ni a la oposición, y que podría haber sido una falsa bandera organizada por el régimen de Maduro para ganar puntos de propaganda. Los funcionarios de la administración han negado cualquier participación o conocimiento de la incursión.

La incursión armada "fue una gran noticia durante un par de días y luego se desvaneció, y no ha tenido un impacto duradero en la política estadounidense ni en la oposición democrática venezolana", dijo Elliott Abrams, representante especial de los Estados Unidos para Venezuela. "Esto se debe principalmente a que hay muchas preguntas sin respuesta sobre la participación del régimen en la concepción, el financiamiento y el avance de toda la operación".

En su nuevo libro sobre la Casa Blanca de Trump, el ex asesor de seguridad nacional John Bolton dijo que el presidente dudaba abiertamente de que Guaidó tuviera el peso para desafiar a Maduro. Para la primavera de 2019, escribió: "Trump estaba llamando a Guaidó el ‘Beto O’Rourke de Venezuela’, difícilmente el tipo de cumplido que un aliado de los Estados Unidos debería esperar".

Trump pensó que invadir Venezuela sería "genial" y le ordenó buscar opciones militares, escribió Bolton. Bolton y otros dijeron que una opción militar no era un punto de inicio y lo disuadieron con éxito, escribió.

Trump dijo al Journal en una entrevista que Bolton "es un mentiroso”.

El 12 de mayo, el ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, acusó al líder opositor Juan Guaidó de planear la invasión fallida. El señor Guaidó negó la responsabilidad.

FOTO: JHONN ZERPA / AGENCE FRANCE-PRESSE / GETTY IMAGES

En 2019, mientras algunos líderes de la oposición y diplomáticos venezolanos prosiguieron las negociaciones con Maduro para ganar el derecho a elecciones libres y justas, López y sus colaboradores más cercanos buscaron una empresa de seguridad sin haber alertado a los otros partidos políticos anti-Maduro, dijeron personas involucradas en la planificación y otros líderes de la oposición. Aunque escucharon los discursos de varios contratistas, figuras de la oposición cercanas a los señores Guaidó y López dijeron que las reuniones rara vez iban más allá de las conversaciones informales.

"Si una de estas propuestas hubiera sido viable, habríamos tomado esa opción de inmediato", dijo una figura de la oposición cercana a los dos hombres. "No tenemos ningún problema ético para deshacernos de Nicolás Maduro”.

A fines de la primavera del año pasado, varios amigos cercanos del Sr. López y miembros de su partido estaban conspirando con Jordan Goudreau, un veterano de guerra del Ejército de Estados Unidos y propietario de la firma de seguridad SilverCorp USA en Florida, y un ex general venezolano que se había mudado a Colombia, Clíver Alcalá. Estaban entrenando a una fuerza andrajosa de venezolanos que habían abandonado las fuerzas armadas en campamentos en el noreste de Colombia, no lejos de Venezuela.

En octubre, un alto funcionario de Guaidó y un funcionario de Voluntad Popular firmaron un contrato con Goudreau para destituir a Maduro y reemplazarlo con Guaidó, bajo cuyo gobierno el mercenario estadounidense trabajaría como asesor de defensa, de acuerdo con el contrato.

Los asociados del señor Leopoldo López presentaron a los señores Clíver Alcalá y Jordan Goudreau a otros líderes de la oposición en varias reuniones en Bogotá, donde buscaron entre 2 y 7 millones de dólares estadounidenses de los líderes de la oposición para financiar una incursión armada, según personas familiarizadas con las conversaciones.

Hacia el final del año, según cifras de la oposición, quedó claro que el plan no era viable porque subestimaba las defensas militares del régimen y había muy pocos combatientes voluntarios. La oposición no le pagó a Goudreau los cientos de miles de dólares que dijo que quería, dándole solo $50,000 por gastos antes de cortar todos los lazos a fines de 2019.

El Sr. Goudreau, que estaba en Florida en el momento de la operación, no ha dicho por qué ordenó que la misión avanzara a principios de mayo, como ha reconocido públicamente. No respondió a las solicitudes de comentarios para este artículo.

Los líderes de la oposición ahora dicen que fue un error para los miembros de Voluntad Popular sentarse con mercenarios.

"Ellos fueron los que legitimaron a Goudreau y la idea de toda esta operación", dijo uno que había estado siguiendo la planificación de la misión en Bogotá. "Esperemos que no haya otras acciones deshonestas en el futuro”.

—Jessica Donati en Washington contribuyó a este artículo.

[Fin del artículo] 

Enlace original del artículo en inglés aquí.

Lo que hay detrás de los corruptos contratos de CITGO con el excontratista David Rivera

Por Maibort Petit

@maibortpetit

   La demanda interpuesta por los abogados de CITGO y PDV USA contra el excongresista del estado de la Florida, David Rivera, por incumplimiento de un contrato a través de su firma, Interamerican Consulting INC, sigue dando de qué hablar. A partir del conocimiento del caso civil, han surgido una serie de actores que han ampliado el radio de acción de la investigación federal que incluye a varios personajes del régimen de Nicolás Maduro. En esta historia les contamos algunos detalles de este escándalo.

   Cuando se conoció la demanda en mayo de 2020, se constató que la directiva de CITGO, encabezada por Luisa Palacios y Carlos Jordá, asistidos por el abogado Michael Gottlieb, [quien ha representado a chavistas y opositores], presentaron la querella civil que busca rescatar los $15 millones de dólares que CITGO pagó a David Rivera en 2017, por sus servicios de cabildeo a favor de PDVSA, controlada en ese tiempo por Nicolás Maduro. 

   Según fuentes internas de CITGO, la demanda, más que tener la intención de recuperar los $15 millones [el costo de litigar en corte supera el monto del premio que se busca obtener] "es un mecanismo usado por la refinadora petrolera del estado venezolano, controlada por el gobierno interno de Juan Guaidó, [reconocido por el gobierno de Estados Unidos y más de 50 países], para cubrirse las espaldas, debido a que la investigación que se sigue el Departamento de Justicia norteamericano contra CITGO, que posiblemente concluya con severas penalidades a la empresa por no haber cumplido las leyes federales contra la corrupción y  el lavado de dinero".

   "La demanda sería una cortina de humo, para demostrar ante la justicia estadounidense que aunque tarde, actuaron contra los presuntos criminales que expoliaron dinero de CITGO y de PDVSA en los Estados Unidos", sostuvo la fuente consultada en calidad de anonimato. 

  En febrero de 2019, la junta directiva de Luisa Palacios tuvo conocimiento de primera mano de todos los casos de corrupción que se cometieron en CITGO durante las administraciones chavistas, incluyendo la del fallecido, Nelson Martínez  y la de Asdrúbal Chávez.

   "Se les informó sobre los ejecutivos que cometieron delito y las empresas que obtuvieron los contratos fraudulentos a lo largo de todos los años. Las auditorías internas y los reportes de empleados que denunciaron los hechos de corrupción y los intentos de sobornos que los contratistas ofrecieron para lograr expoliar el dinero de CITGO y PDVSA", dijo la fuente pero asegura "que no se tomaron acciones hasta finales de mayo de 2020".

     Cuando se interpuso la demanda en la corte del Distrito Sur de Nueva York, el presidente interino, Juan Guaidó dijo que la demanda es posterior a una auditoría hecha por su equipo directivo de CITGO.  

   En un tweet del Centro de Comunicaciones del gobierno interino, con fecha 15 de mayo de 2020, se activierte que la demanda contra Rivera surgió luego de una auditoría realizada por CITGO, tras haber sido recuperada para los venezolanos por el Gobierno legítimo.

  Se señala que: "tras la investigación realizada, tenemos los suficientes elementos para afirmar que, pese a no haber realizado ninguna labor justificable, la PDVSA de 2017 controlada por Maduro canceló al Sr. Rivera $15 millones de dólares, de un contrato de 50 millones de dólares".

   Documentos en nuestro poder muestran que la auditoría a la que se hace referencia, no fue hecha en 2019, sino que se realizó en  mayo de 2017 por el departamento Interno de CITGO. Tal como apuntamos, Luisa Palacios y su equipo, tenían esa información desde febrero de 2019, y no fue sino hasta mayo de 2020 que decidieron interponer una acción contra David Rivera y contra otro contratista corrupto que ya está en custodia de las autoridades estadounidenses, José Manuel González Testino. 

   "La conveniencia de interponer la querella civil en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, buscando recuperar los $15 millones no luce clara", dice la fuente interna de la corporación. 

  Un dato que llama la atención de Venezuela Política es el incremento significativo de gastos de asesoría legal de CITGO desde que se inició la gestión de la directiva designada por Juan Guaidó, llegando a superar los $102 millones de dólares. 

   Vale destacar que la cifra de $102 millones en gastos legales de CITGO, bajo la administración de Palacios, "se han usado para realizar investigaciones internas por más de un año, cuyos resultados aún están por verse", dijo la fuente consultada.

   Bajo el control de Guaidó, CITGO sigue usando abogados y los bufetes que usó la corporación cuando estaba bajo el control del régimen de Nicolás Maduro y que estuvieron al tanto de los fraudes y actos de corrupción y violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero.

   La fuente consultada sostiene que la mayoría de las firmas seleccionadas por la administración designada por Guaidó y que se mantienen en la nómina de CITGO "fueron coordinadas por la abogada de CITGO, Judith Colbert a pesar que hay información es pública y notoria, que los bufetes de abogados se han beneficiado al trabajar y defender al régimen de Maduro".

    La misma fuente sostiene que actualmente bufetes como Willkie Farr & Gallagher LLP Willkie y Sidley Austin LLP [Caso narcosobrinos] "siguen beneficiándose y llevando múltiples casos en CITGO bajo la administración de la junta directiva de Juan Guaidó".

  "Otras firmas como Hogan Lovells y Jones Day fueron seleccionadas por Judith Colbert para acosar a los empleados de la corporación que han denunciado fraude y corrupción interna en CITGO", sostuvo la fuente. 

 Denuncia que "Cristina Rodríguez (Hogan Lovells) en combinación con Judith Colbert y Glenn Hilman unieron fuerzas para retaliar y amedrentar a empleados y directores que denunciaron casos de fraude en CITGO y fueron despedidos bajo la administración de Nelson Martínez y José Pereira". 

   Explica la fuente que hay un informe interno de CITGO, con las denuncias de la exgerente de Recursos Humanos, Marisol Gómez sobre los contratos de PDV USA y CITGO, ordenados por el fallecido, Nelson Martínez con compañías intermediarias como GFC Consultores y Yakima Trading de Samark López Bello, quien fue acusado por el gobierno de los Estados Unidos de ser uno de los testaferro del actual ministro de Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami, quien pasó a ser uno de los hombres más buscados por la justicia de los Estados Unidos. 

  Señala la fuente que "durante la mediación legal del caso de Gómez, Judith Colbert, Glenn Hilman y Cristina Rodríguez defendieron la selección y los contratos de PDV USA/CITGO con GFC Consultores, Yakima y sus dueños y testaferros". 

  Agrega que "bajo la administración de Luisa Palacios y Carlos Jordá sigue la convivencia con profesionales internos y externos que ayudaron al desfalco de CITGO y PDVSA". 

   Sostiene que "los empleados de CITGO han visto por años que los abogados contratados por el régimen se han enriquecidos a cosas de los casos de CITGO, cobrando horarios inflados, y sin importar que los casos sean ganados en las cortes o no".

   Reportes en nuestro poder muestran que CITGO pagó en servicios de consultoría y gastos de defensa en 2016 más de $ 68 millones; en 2017, los gastos llegaron casi $81 millones y en 2018, se gastaron alrededor de $64 millones. En este período, el régimen de Nicolás Maduro controlaba la filial de PDVSA en Estados Unidos. Pero en febrero de 2019, CITGO pasó al control de Juan Guaidó, y en ese año, los gastos por servicios legales subieron a casi $89  millones y hasta el presente van más de $102 millones.  Las firmas que cobran en CITGO durante la gestión de Palacios y Jordá además de las mencionadas anteriormente, está Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP.

La acusación contra David Rivera

  Las fuentes insisten en que la acusación contra David Rivera responde a un interés político que busca desviar la atención, y se convierte "en una herramienta que convenientemente pretende dejar a PDV USA (CITGO) como una víctima". En este caso, las acciones del abogado Michael Gottlieb buscan evitar que se haga mención a la "responsabilidad individual" de los participantes que diseñaron y ejecutaron la transacción fraudulenta que la corporación hizo con el excongresista, y que violaron las leyes federales.

   La idea, dice la fuente, "es la intención de encajonar la demanda en un incumplimiento de contrato, cuando el caso envuelve una investigación más extensa de presunto lavado de dinero, financiamiento ilegal, malversación de fondos, soborno y fraude en CITGO".  

 Sostiene que "estos crímenes sólo fueron posibles con la participación de dos o más partes, PDVSA, PDV USA, CITGO y los empleados, directores, abogados y consultores que participaron en la transacción demandada y que tenían el deber y la obligación de salvaguardar a la empresa y controlar que ese tipo de fraudes no se hiciera en una empresa que se rige por leyes norteamericanas".

   Tal como hemos advertido, los casos de varios contratos fraudulentos de PDVSA, CITGO y PDV USA son investigados por el Departamento de Justicia desde el año 2017.  "Los elementos y la manera fraudulenta de cómo David Rivera y contratistas como José Manuel González Testino, Manuel Chinchilla y otros lograron obtener contratos de CITGO es un factor que penaliza a la corporación ante las autoridades judiciales estadounidenses", comenta la fuente.

Las repercusiones de la demanda contra David Rivera

    Como se señaló, el pliego de la demanda contra David Rivera no incluye todos los detalles de ese caso, sino la exposición de hechos selectivos que no permiten conocer la historia completa, que involucra a otros actores, que hasta ahora permanecen  ocultos.

   Cuando CITGO y PDV USA contrataron a David Rivera para cabildear a favor del régimen de Nicolás Maduro ante las instituciones gubernamentales de los Estados Unidos, no se hizo la debida due diligence, no se cumplió con los requerimientos de ley y no revisaron las credenciales de la empresa Interamerican Consulting Inc, a la que pagaron $15 millones de dólares, en tres transacciones de $5 millones cada una a través de la cuenta bancaria Interamerican Consulting, Incorporated en el banco JPMorgan Chase Bank NA, Routing #: 021000021 Cuenta # 633291682 y que tiene como dirección,  270 Park Avenue, New York, 10017. 

   Una vez que se dio a conocer la demanda, hubo muchas interrogantes que apuntaban a David Rivera, quien es investigado por presunta violación de la Ley FARA. 

   Fue el senador Bob Menéndez (D-N.J.) quien pidió a funcionarios del Departamento de Justicia que investigaran sí el ex representante Rivera violó la ley al no haberse registrado como agente del régimen de Nicolás Maduro ante el gobierno de Estados Unidos.

   En una carta enviada por Menéndez al Fiscal General Adjunto de Seguridad Nacional, John Demers, se señala que la demanda y los informes de prensa posteriores, mostraron que Rivera estaba trabajando en nombre de un agente extranjero, sin el debido registro bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA).

  "Por lo tanto, solicito que el Departamento de Justicia revise si Rivera cumplió con FARA, incluso si tiene la obligación de registrarse retroactivamente como agente extranjero que actúa en nombre del régimen de Maduro", escribió Menéndez, el principal demócrata en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

  "Cuando los agentes extranjeros no se registran bajo FARA, sus actividades en nombre de las potencias extranjeras se ocultan a la vista del público, lo que oculta las posibles amenazas a la seguridad nacional de los Estados Unidos", advirtió Menéndez (1).

Otros elementos que hablan de la corrupción en CITGO 

  Esta semana, la agencia Associated Press (AP) informó que el régimen venezolano intentó reclutar al ex-congresista Pete Sessions para negociar una reunión con el CEO de Exxon Mobil, al mismo tiempo que estaba pagando en secreto a  David Rivera $50 millones para evitar las sanciones de Estados Unidos.

   La nota de AP refiere que "un funcionario de PDVSA envió un correo electrónico a Sessions, el 8 de junio de 2017, en busca de su ayuda para organizar una reunión entre el ministro de petróleo de Venezuela y Darren Woods, entonces jefe de Exxon, con el propósito de atraer a la petrolera de regreso a Venezuela".

   AP dijo que había visto el correo electrónico, y que dicha evidencia estaba en manos de la policía federal de EE. UU. En  la misma nota, escrita por el periodista Joshua Goodman, se señala que se investiga al ex-congresista, David Rivera, "a la persona que supuestamente le dio instrucciones al funcionario de PDVSA para enviar el correo electrónico a Sessions".

     En la fecha que se alega que hubo un intento del régimen de Maduro de acercarse a Exxon, Rivera estaba trabajando para el chavismo, en base al contrato por $50 millones que se firmó entre PVD USA/CITGO con Interamerican Consulting Inc.  

      AP recalca que Sessions participó en esfuerzos de mediación en Venezuela durante los 15 meses siguientes. Viajó a Caracas en secreto en abril de 2018 para reunirse con Nicolás Maduro, en un viaje auspiciado por el ahora prófugo de la justicia de Estados Unidos por diversos crímenes financieros, corrupción masiva y lavado de dinero, Raúl Gorrín.

    Se confirma en la nota de AP que "David Rivera sirvió de traductor en la reunión de Sessions con Nicolás Maduro, a que asistió Gorrín". Meses más tarde, "Sessions habló con el abogado personal del presidente Donald Trump, Rudy Giuliani para ayudarle hacer las gestiones para que se produjera la reunión de Maduro con el presidente de EE. UU.".

  Las evidencias sobre esas gestiones son objeto de investigación por parte de fiscales federales que buscan todas las pesquisas relacionadas con los servicios de consultoría que Rivera hacía a Maduro, y por los cuales CITGO pago $15 millones.

CITGO entra en acción

  La nota de AP se refiere a un aspecto que ya había sido mencionado en los medios. CITGO aportó $500.000 al comité inaugural de Trump. 

    Otra fuente en CITGO sostiene que la donación del medio millón de dólares a la campaña del presidente norteamericano "se mantuvo en secreto, no se habló de esta transacción hasta que la información salió publicada en la prensa". Muchos se sorprendieron, incluyendo Rafael Gómez que era el encargado de las relaciones con el gobierno. 

    La fuente dijo a Venezuela Política que "con la donación de los $500 mil, pudieron asistir a la inauguración del presidente Donald Trump, José Pereira y Gustavo Cárdenas (presos en Caracas acusados de delitos de corrupción), Rick Esser, ratificado en su cargo por la directiva designada por Juan Guaidó".

    AP menciona que CITGO pagaba $70 mil mensuales "durante mucho tiempo", a dos grupos de presión establecidos, Cornerstone Government Affairs y Vantage Knight, por supuestos "trabajos de regulación". 

    Una segunda fuente interna de CITGO, que habló en condición de anonimato,  sostiene que las facturas en la contabilidad que presentó David Rivera para cobrar los $50 millones, de los cuales sólo logró el pago de $15 millones, carecían de sustentación legal "fueron unos recibo de cobro sin rigurosidad, y la entrega del informe de servicios tampoco reunía los requisitos para ser aceptados por  el Departamento de Finanzas de CITGO para ser cancelados. Nada se correspondía al pago de $50 millones a una empresa de lobby".

  Hasta el momento, las fuentes consultadas no tienen conocimiento sobre las razones por las cuáles la directiva de Luisa Palacios no ha demandando también a las otras empresas que cometieron delitos similares. 

Los gastos de lobby de CITGO, PDVSA

   En 2017, fecha en la que Maduro, a través de Delcy Rodríguez, contrató a David Rivera para hacer lobby ante el gobierno de Estados Unidos, PDVSA y CITGO paraba miles de dólares a las siguientes empresas a empresas de cabildeo:

  En 2018, PDVSA y CITGO contraron las siguientes compañías lobistas.

  En 2019, cuando el control de CITGO fue entregado a Guaidó, y fue designada Luisa Palacios como presidenta de la Junta Directiva, estas fueron las empresas contratadas por la corporación.

   En el primer semestre de 2020, continuaron los contratos a las mismas empresas:

Los perversos personajes de la trama

   Cuando David Rivera supo que PDV USA/CITGO lo había demandado, aseguró que parte del dinero que recibió estaba destinado a la oposición de Venezuela y pidió que le preguntaran a los 6 de CITGO, refiriéndose a los seis ejecutivos presos en Caracas por su participación en casos de corrupción durante sus gestiones en CITGO, Houston. Rivera no ha ofrecido evidencia o explicación para respaldar esa afirmación.

    A raíz de las revelaciones de Rivera, quien aseguró además que se había entendido con el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López y su esposa, Lilian Tintori, a quienes habría entregado parte del dinero, se supo que en el entramado denunciado por el demandado, habría participado también Raúl Gorrín, en prófugo de la justicia estadounidense que hizo una enorme fortuna por actividades fraudulentas que le permitieron robar miles de millones al erario público venezolano por su sociedad con el ex-tesorero Alejandro Andrade, Nicolás Maduro y otros funcionarios del régimen de Chávez y Maduro.

     Esta semana, Leopoldo López aseguró que iba a contrademandar a David Rivera por difamación. Hasta el cierre de esta nota no se había interpuesto ninguna querella contra el excongresista por parte del líder de Voluntad Popular y uno de los actores principales en el gobierno interino de Guaidó.  López continúa operando desde la residencia del embajador de España en Caracas, donde se encuentra en calidad de refugiado desde el 30 de abril de 2019.

  Gorrín participó junto a Rivera en la reunión con el excongresista Sessions en Caracas en 2018, y según la información dada a conocer por AP, pagó el viaje del congresista a Venezuela, aunque la misma agencia cita a una de las asistentes de Sessions que aseguró que era el parlamentario el que había pagado sus gastos. 

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CITAS

1) https://thehill.com/homenews/senate/498502-top-senate-democrat-asks-doj-to-investigate-former-representatives-venezuela

2) https://apnews.com/15ea6f405e859acadf969696d286b94a

Sindicatos de El Salvador denuncian a opositores venezolanos por irrespeto a los derechos laborales y maltrato al personal de salud pública

 Pidieron al mandatario salvadoreño que desvincule del área de Salud Pública a las siguientes personas: Sara Hanna Georges, Miguel Arvelo y Miguel Antonio Sabal.

Por Maibort Petit

@maibortpetit

   La Unidad de Sindicatos y Asociaciones de Trabajadores de Salud Pública de El Salvador, (USTRASPES), denunció este jueves ante el presidente de la República, Nayib Bukele, a un grupo de venezolanos opositores por abusar en sus funciones, irrespetar  los derechos laborales y maltratar verbal y psicológicamente al personal que labora en los laboratorios e instancias de sanidad de ese país.

    Los denunciantes pidieron una reunión de emergencia con el presidente salvadoreño para exponer los casos de abuso que son violatorios a las normas, presuntamente cometidos por los siguientes venezolanos: Sara Hanna Georges, Miguel Arvelo y Miguel Antonio Sabal, quienes se presentan como asesores de la presidencia.

   En el comunicado de la asociación de sindicatos se señala que los trabajadores de Salud, afiliados en las diferentes organizaciones, "rechazan las instrucciones de los venezolanos" y piden una respuesta inmediata del jefe de Estado para resolver el conflicto que se ha generado con los opositores que actúan como agentes del gobierno.

   Destacan que a pesar de existir una autorización del Ministerio de Salud, Francisco Alabi, para tomar pruebas de COVID a los trabajadores de salud con sintomatología, el venezolano, "Miguel Arvelo, de quien se desconocen las funciones que ejercen dentro del Ministerio de Salud, se opone a estar medida tan importante para los trabajadores".

  Asimismo, denuncian que hay preocupación  que Miguel Arvelo, veterinario de profesión, se hace acompañar por Miguel Antonio Sabal. Ambos "se presentan constantemente a las instalaciones de los laboratorios especializados Max Bloch, y Laboratorios de San MIguel, haciendo llamar asesores el presidente. Acosan y maltratan a los trabajadores de los laboratorios que forman parte de la primera línea de la batalla contra el COVID-19. No es posible que este tipo de personas abusen del poder maltratando, hasta con palabras soeces, a los trabajadores de salud".

  Los representantes de los sindicatos, solicitaron al Ministro de Salud, Francisco Alabi, que establezca una mesa donde se busque una solución en conjunto de las diferentes problemas que afectan a los trabajadores de salud.

   Hacen un llamado al presidente Nayib Bukele "para que no se deje engañar por este tipo de personas que forman parte de un equipo de venezolanos con un récord oscuro como el de Miguel Sabal, quien ha sido señalado en varios países por aprovecharse de las emergencias nacionales y robarse las ayudas y fondos destinados a las mismas".

   Denuncian que este grupo de personas "es más amplio, y es liderado por una odontólogo de nombre Sara Hanna Georges, quien está asesorando mal al presidente. Las decisiones de Sara Hanna Georges y del veterinario Miguel Arvelo han estado afectando a la población y a los trabajadores de salud de El Salvador".

  Solicitaron al presidente Bukele y al Ministro de Salud, "una reunión de carácter de urgencia" y que las personas mencionadas "sean desligadas de la rama de salud" ya que están afectando la gestión de los trabajadores de salud de ese país.

  Aseguran en el comunicado que si no existe una respuesta lo más pronto posible, "los señalados serán responsabilizados del cierre de los laboratorios en donde se están realizando las pruebas de COVID-19, porque no van a tolerar el irrespeto a los derechos laborales, la integridad y daño psicológico que están sufriendo los trabajadores del sector".

Señalan a dos opositores venezolanos, Sara Hanna Georges y Miguel Arvelo [delegados del presidente Nayib Bukele], de dictar órdenes fraudulentas al personal de salud de El Salvador para manipular datos del COVID-19

Por Maibort Petit

@maibortpetit

   Un grupo de profesionales de salud de El Salvador levantaron su voz de alerta y su preocupación ante la injerencia de dos venezolanos, [vinculados al líder del partido Voluntad Popular, Leopoldo López] quienes, actuando en calidad de delegados de la Casa Presidencial y miembros de la Mesa de Crisis para atender la pandemia del COVID-19, instruyeron a varias dependencias de salud para que sólo procesaran diariamente un pequeño número de pruebas para detectar los casos de coronavirus, dejando de lado más de 1674 muestras que se habían recibido en los laboratorios antes del 27 de mayo de 2020. Las denuncias señalan que las instrucciones dadas por los dos delegados del presidente Nayib Bukele, Sara Hanna Georges y Miguel Arvelo obligan al personal de varias dependencias de salud salvadoreñas a violar la ley y a guardar silencio sobre los casos reales de COVID-19 en ese país.  

  Sara Hanna Georges, fue consultora comunicacional de la campaña presidencial de Bukele en 2019. La comunicadora ha participado como asesora de varios opositores venezolanos, incluyendo al líder de Voluntad Popular, Leopoldo López. Por su parte,  Miguel Arvelo es un veterinario, que se presenta en las redes sociales como trabajador de la organización sin fines de lucro PROVITA, con sede en Caracas. Ambos están siendo señalados por haber dictado órdenes presuntamente fraudulentas a profesionales de la salud pública para manipular datos del COVID-19 en El Salvador. También se  ha mencionado a Juan Carlos Gutiérrez, abogado defensor de Leopoldo López, preso del régimen de Nicolás Maduro desde 2014.

Molestias por violaciones a las leyes

   Los profesionales afectados han señalado que las órdenes dadas por Sara Hanna Georges y Miguel Arvelo, quienes no son funcionarios públicos salvadoreños, sino extranjeros, tienen como objetivo manipular la data de los casos positivos de coronavirus en ese país 

  

La evidencia es un memorándum de instrucciones   

  La denuncia señala que Hanna Georges y Miguel Arvelo actúan en su carácter de encargados presidenciales de la Mesa de Crisis de la Pandemia de Coronavirus en El Salvador y que, desde ese órgano, emitieron indicaciones que van en contra del derecho que otorgan las leyes de ese país a los salvadoreños. 

  De acuerdo a la comunicación, Sara Hanna Georges y Miguel Arvelo, cuando enviaron indicaciones a las autoridades de salud  de El Salvador, ejercieron funciones que sólo competen al Ministerio de Salud.

  Se advierte que el gobierno de Nayib Bukele delegó funciones para el manejo de las pruebas del COVID-19 a dos extranjeros, lo cual viola la ley del país centroamericano.

  Sara Hanna Georges y Miguel Arvelo ordenaron, como delegados de la mesa de crisis para atender la emergencia del coronavirus ,que se sólo se procesaran una parte de las pruebas de laboratorios hechas a pacientes de coronavirus, a la vez que emitieron la orden de no dar a conocer los resultados de aquellos pacientes que lo solicitan.

   El memorándum, clasificado bajo el número 2020-9200-200, con fecha de envío de 1 de junio de 2020, está dirigido a la subdirectora del Instituto Nacional de Salud. La comunicación está firmada por la coordinadora de Virología, Delmy Lisseth Recinos de Valdez; la jefa de Laboratorio de Vigilancia en Salud Pública, Ruth Carolina Vasquez Cordova, y la jefa de Departamento de Laboratorios de Salud Pública, Mónica Jeannette Barahona. 

  En esa comunicación se informa que el objetivo del mismo son las indicaciones recibidas en las dependencias de salud pública para dar respuesta ante emergencia del COVID-19.

  El documento destaca un correo electrónico de fecha 27 de mayo que envió Mónica Barahona para hacer referencia a las indicaciones recibidas por parte de los delegados de la Casa Presidencial, Miguel Arévalo y Sara Hanna, "mediante llamadas telefónicas y mensajes vía Whatsapp, concernientes al procesamiento de muestras para diagnóstico de COVID-19 como respuesta del laboratorio ante dicha emergencia".

Más adelante el documento refleja lo siguiente:

1) El 23 de mayo de 2020 se recibieron indicaciones por parte de Sara Hanna Georges, delegada de CAPRES, para que la sección de Virología, [perteneciente al laboratorio de vigilancia en Salud Pública], procesaran con prioridad las muestras recibidas ese día y el día posterior, dejando pendientes alrededor de 1674 muestras recibidas previamente.

2) El 24 de mayo de 2020 se recibió la indicación que establece que la sección de Virología, únicamente debe recibir y procesar muestras programadas en cronograma elaborado por la Mesa de Crisis de la Casa Presidencial, a cargo de los delegados Hanna Georges y Arvelo, quienes ordenan dejar de recibir las muestras de COVID-19 provenientes de hospitales y unidades de salud (Vigilancia centinela de paciente) que no estuvieran descritas en dicho cronograma.

3) El 26 de mayo se recibió una nueva indicación, por parte de los delegados de Casa presidencial, en que se ordena no recibir muestras de vigilancia de centinelas (pacientes), recibiendo solamente un máximo 25 muestras de pacientes provenientes de dicha vigilancia de hospitales y unidades de salud, [fuera del cronograma de dicha vigilancia de hospitales y unidades de salud]. 

  La orden de no recibir más de 25 muestras diarias se debió a un llamado de atención a los profesionales de salud de las dependencias DLNSP/LVSP/Virología por haberse procesado y reportado muestras de pacientes no incluidas en el cronograma. 

4) Se informa que en indicaciones anteriores emitidas vía mensajes de Whatsapp, el señor Miguel Arévalo manifiesta que las muestras de pacientes de hospitales y unidades de salud, podían ser recibidas y procesadas por el DLNSP ya que constituían muestras de pacientes sintomáticos, por lo que en el DLNSP estaba siguiendo la siguiente dirección.

5) Los profesionales del DLNSP informaron que consideran importante procesar las muestras de los pacientes de las vigilancias centinelas provenientes de hospitales y unidades de salud en general, ya que esos pacientes forman parte de la vigilancia centinela de la influenza y otros virus respiratorios, los cuales no debe descuidarse, ya que el reporte de esos casos es de carácter obligatorio ante la Organización Panamericana de la Salud, como parte del Centro Nacional de Influenza (NIC).

  Los profesionales de los entes de salud sostienen que aunque no se dieron indicaciones acerca de las muestras pendientes por procesar, que se recibieron días previos al 22 de mayo y que el 23 de mayo cuando se prohibió su procesamiento. 

  Debido a la irregularidad se elevó la voz de preocupación, ya que es ilegal que las muestras recibidas en el DLNSP, provenientes de los centros de contención y hospitalización no sean procesadas, tal como lo establece la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de Servicio de Salud de El Salvador. 

   En la comunicación se alega que están obligados a procesar las pruebas de todos los pacientes en concordancia a los siguientes capítulos de la ley:

1) El Capítulo de los Derechos y Deberes de los pacientes, Sección 1, de los derechos de los pacientes del artículo 13, relativo al derecho a la información y

2) Capítulo V, sección 1 relacionada con los Deberes de los prestadores de los servicios de salud, artículo 34, referente al deber de informar.

  En ambos capítulos de la ley se hace mención que todo prestador de servicios de salud debe brindar, en forma oportuna, los resultados de los exámenes de laboratorio. Los pacientes tienenel derecho de conocer dichos resultados. 

  Asimismo, se alega que esta actividad está descrita en el Reglamento Técnico salvadoreño de Buenas Prácticas de Laboratorios Clínico, por lo cual el DLNSP considera que es de suma importancia procesar las muestras de todos los pacientes para poder brindar resultados oportunos a la población .