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jueves, 31 de mayo de 2018

Piden abrir cargos por lavado de dinero contra directivos del Consorcio venezolano KCT en un tribunal de Nueva York

El juez Pauley III leerá la sentencia de los dos hombres el 8 de junio de 2018.

Por Maibort Petit
@maibortpetit


Los dos hombres hallados culpables de lavar más de USD 100 millones a funcionarios y exfuncionarios del régimen venezolano, a través de una empresa de venta de materiales de construcción ubicada en el sur de la Florida, pidieron a la corte del Distrito Sur de Nueva York considerar acusar a los directivos principales del Consorcio KCT Cumaná Internacional III,  clientes de Miami Equipment & Export Company, la compañía usada por Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz, padre e hijo, para blanquear el dinero proveniente de contratos públicos del estado venezolano.
En un documento entregado por la defensa de los Díaz, dirigido al juez federal William H. Pauley III, donde se le exige al tribunal condenar a Luis Javier Díaz a libertad probatoria de por vida, se argumenta que la necesidad de evitar "disparidades injustificadas en la sentencia entre los acusados con registros similares que han sido declarados culpables de conducta similar". Los abogados sostienen que aunque no se ha condenado a otros acusados en este caso que les ocupa, la corte debería contemplar encauzar a quienes no están ante el tribunal: los principales directivos de KCT.

La acusación del gobierno de los Estados Unidos contra los Díaz, asegura que los dos hombres usaron la empresa Miami Equipment & Export como un banco sin licencia, violando las leyes federales que regulan los negocios de transferencia de dinero y, además, se les acusa de haber lavado cientos de millones de dólares cuyos beneficiarios eran funcionarios o empleados de entes gubernamentales de Venezuela (PDVSA y Cadafe).

Los abogados de los Díaz argumentaron que ninguno de los directivos de KCT ha sido acusado de un solo delito, a pesar de haber sido los dueños del mencionado consorcio venezolano quienes iniciaron las transferencias electrónicas a Miami Equipment & Export Company, se beneficiaron de las operaciones y los que prepararon la documentación falsa para sus propios fines en Venezuela.

Asegura la defensa que Luis Javier Díaz y su padre, Luis Díaz Jr. que sus clientes son dos hombres de negocios que trabajan duro para mantener su empresa y ahora tendrán que pagar todas las consecuencias de las transacciones que forman parte de la conspiración por la que fueron juzgados.

KCT, consorcio conformado por Cielemca, Trimeca y KBT, es una contratista del Estado venezolano que fue denunciada por haber logrado contratos millonarios del régimen del fallecido Hugo Chávez a cambio del pago de sobornos a funcionarios que —para esa época— ocupaban cargos claves en el gobierno venezolano.
En un documento de la defensa se señala que encarcelar al Luis Díaz o su hijo Luis Javier crearía una disparidad injustificada entre ellos y, por ejemplo, Blas Herrera, quien se presentó como el director principal del consorcio KCT. 
De acuerdo con una solicitud de orden de cateo del gobierno, Blas Herrera fue interrogado por agentes del gobierno norteamericano en noviembre de 2015, y al hablar con esos agentes "con la esperanza de recibir indulgencia", admitió que haber usado  Miami Equipment para mover ilícitamente dinero a los Estados Unidos. "Ni el Sr. Herrera ni ninguno de los otros directores de KCT ha sido procesados. Debido a que esos perpetradores viven en el extranjero, tampoco es probable que sean castigados", acotan.

Durante el juicio de los Díaz fueron mencionados los siguientes nombres del Consorcio KCT:

—Enrique Padrella (KCT)
—Antonio Padrin  (KCT)
—Blas Herrera (KCT)
—Antonio Herrera (hermano de Blas Herrera KCT)
—Ariano Martín (KCT)
—Elisbert Becerra Guzmán (secretaria de Blas Herrera)
—José Miguel García (KCT)
—César Cardozo (Cielemca CA)
—José Garantón (Cielemca CA)
—Rodolfo Somani (EMA CA)

La defensa sostiene que Luis Díaz no ha negado que sabía que las facturas enviadas por KCT eran falsas "Según lo que le contaron sus clientes, creía que se estaban realizando servicios como consultoría para sus empresas, pero que sus clientes necesitaban representar lo contrario, para poder enviar dólares estadounidenses a los Estados Unidos, a través de Miami Equipment, para pagar para esos servicios, dadas las restricciones de divisas en Venezuela".

Asegura que Luis Díaz Jr. creyó que en la palabra de Blas Herrera y sus otros clientes relacionados con KCT en lugar de sospechar que estaban cometiendo un delito, "no fue por mala intención, sino porque confió erróneamente en ellos y en su palabra".

Dice que si alguien cometió delito, esos fueron Blas Herrera y los demás interesados ​​en KCT, Antonio Padrín y Enrique Pradella, quienes conocían la ventaja de usar un negocio de "mamá y papá" como medio para realizar grandes transferencias electrónicas, y no un banco o agente de transferencia bancaria.

Comenta la defensa que el hermano de Herrera, Mario, y los demás, habían sido clientes de Miami Equipment durante casi dos décadas cuando presentaron a Luis Díaz a Blas Herrera y fue este último quien solicitó la ayuda de Díaz, incluso para pagar los pedidos de compra y las facturas en cuestión en este caso.

Aseveran que los tratos del Consorcio KCT en Venezuela, incluso con el gigante estatal de petróleo y gas PDVSA, también tuvieron un valor lo suficientemente grande como para que las cantidades que Herrera y sus empresas afirmaban que facturaban fueran creíbles.

Díaz estaba predispuesto, además, a ayudar a sus clientes (a quienes también consideraba amigos en ese momento), debido a la experiencia de su propia familia de haber confiscado todas sus propiedades en Cuba. Al ver a Venezuela convertirse en un régimen cada vez más autoritario, acelerando hacia la caída libre económica, Díaz simpatizó con lo que pensaba que eran los esfuerzos de sus clientes por retener y continuar utilizando el valor de sus fondos, en lugar de que esos fondos se vuelvan inútiles o inutilizables.

Aquellos que conocen tanto a Díaz como el negocio de exportar equipos a las mismas regiones atendidas por Miami Equipment, han intentado explicar cómo alguien de la integridad de Díaz podría haber incurrido en una conducta delictiva.

Con una serie de cartas de indulgencia escritas por amigos y familiares de Luis Díaz, la defensa destaca que las personas que lo conocen dan fe de que el demandado nunca rompería la ley o perjudicaría a su familia, y que Blas Herrera y sus asociados de KCT explotaron a Díaz.

Los abogados reconocieron que "Díaz cometió errores devastadores en el juicio, es indiscutible que desconocía la naturaleza ilegal o incluso ilícita de sus actos. Él no tenía la intención de dañar a nadie. Trágicamente, aceptó ayudar a clientes y amigos sin saber que no podía hacerlo, de conformidad con la ley".

La circunstancia de que fue el consorcio KCT, no Díaz, quien generó documentos falsos y creó y controló las compañías que solicitan las transferencias, también hace que sea inapropiado aplicar una condena por "medios sofisticados" de lavado de dinero, dicen los defensores.

Consorcio KCT

En los documentos dados a conocer por la fiscalía durante el juicio de Luis Díaz y Luis Javier Díaz se asegura que el 12 de julio de 2010, KCT compró una turbina (generador) para la Refinería Bajo Grande por USD 20.609.824,74. Para esa misma fecha, se denunció en Venezuela que KCT vendió a Bariven una unidad GE LMS 100 en USD 95,6 millones, cuando el precio referenciado es de USD 35,6 millones. De ser la misma pieza, se calcula un sobreprecio por el orden de 74 millones 990 mil 176 bolívares.

Según la defensa, la Oficina de Libertad Condicional, tras realizar entrevistas y diligencias recomendó una condena de cinco años de prisión para Luis Díaz Jr. de 76 años de edad. Sin embargo, la defensa considera que debido a que su cliente "no ha cometido ni cometerá ningún otro delito. De hecho, nunca habría cometido los crímenes de los que fue condenado, si hubiera tenido alguna idea de que estaba violando la ley o poniendo en peligro a su familia y debido a que el público no necesita estar protegido del Sr. Díaz, y sería un desperdicio de recursos para este hombre de 76 años ser encarcelado".

Afirman que el gobierno presentó pruebas documentales en el juicio de que Blas Herrera y el consorcio KCT controlado por él y sus asociados, entre ellas facturas a Díaz que representaban falsamente que se estaban realizando servicios para Miami Equipment o que representaban falsamente los servicios prestados.

Refieren que Díaz siempre sentirá dolor y pesar por no haber hecho más preguntas a sus antiguos clientes o por no haber buscado el consejo de abogados o contadores. Sin embargo, argumentan que ha aprendido la lección de la manera más difícil que se pueda imaginar, por lo que no haber actuado con más cuidado no debería ser el punto de inflexión para el encarcelamiento, por varias razones.

El otro acusado en este caso, Luis Javier Díaz pidió una sentencia probatoria de por vida al juez, alegando que el demandado no tiene récord criminal y una conducta incuestionable.

El juez Pauley III leerá la sentencia de los dos hombres el 8 de junio de 2018 a las 3:30 p m.








miércoles, 8 de noviembre de 2017

Nervis Villalobos cobró millones dedólares triangulados por el Consorcio KCT a través de una empresa de Miami

En el segundo día del juicio del caso Díaz, que se celebra en la Corte de Distrito Sur de Nueva York, salieron a relucir una serie de facturas firmadas por el exviceministro de Energía Eléctrica del gobierno del fallecido, Hugo Chávez, a través de las cuales logró cobrar millones de dólares pagados por el Consorcio KCT, que eran presentadas ante la empresa Miami Equipment & Export, que era usada para pagar comisiones y sobornos a sus propios empleados y a trabajadores claves de Cadafe, Corpoelec y Pdvsa.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

En el juicio que se le sigue a los empresarios cubanos-americanos, Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz, —acusados por el gobierno de los Estados Unidos de haber usado una empresa de venta de equipos de construcción como un banco sin licencia y, además, de haber lavado millones de dólares a funcionarios y exfuncionarios del gobierno venezolano, a cambio de un porcentaje por cada transacción— los fiscales federales presentaron una serie de evidencias que el juez aceptó y que dejan claro que varias empresas venezolanos triangularon por la compañía de Miami los pagos de comisiones y sobornos a personas ligadas a entes gubernamentales de Venezuela.

La sesión que duró más de 6 horas, se inició con la exposición del experto de la agencia del Departamento del Tesoro estadounidense, encargada de supervisar los delitos financieros (FinCen), John V.
El testigo llamado por la fiscalía dijo que el FinCen se dedica a almacenar y analizar información sobre transacciones financieras con el  objetivo de luchar contra los delitos como el lavado de dinero.

Dijo que la  misión del FinCEN es salvaguardar al sistema financiero de la utilización ilícita y el blanqueo de dinero y a la vez promover la seguridad nacional a través de la recopilación, análisis y diseminación de inteligencia financiera y la utilización estratégica de las autoridades de ese sector.

Explicó que el 1° de enero de 2016 hicieron una supervisión en la sede de Miami Equipment & Export Co. y contactaron que los dueños de esa empresa no tenían registrado su negocio en el FinCen como la ley ordena.

Comentó que no hay ningún registro que pruebe que la referida empresa estuviese en los registros oficiales, o que llevara récords de las transferencias que hacía o que hubiese presentado algún reporte para advertir sobre las irregularidades.

El segundo testigo en el estrado este martes fue un agente de la Unidad de Aduanas y Protección de Fronteras del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, T. Castaña, cuyo trabajo está relacionado al chequeo de los contenedores de los bienes que se exportan desde los Estados Unidos al mundo entero.

Castaña explicó que diariamente se hacen reportes de los contenedores que salen de los puertos y se genera una data que incluye los problemas que se presenten con los exportadores. Afirmó que los responsables de las exportaciones deben llenar unas formas que deben remitir al gobierno federal para cumplir con las exigencias de la ley.

Los fiscales presentaron una copia de un reporte equivalente a las exportaciones hechas por Miami Equipment & Export Co. desde 01-08-2008 hasta 09-02-2016, donde aparecen todas los envíos hechos por la empresa, los costos y los montos que totalizan esas exportaciones, entre otros renglones. La totalidad en moneda de las exportaciones hecha por la mencionada empresa en ese período del 2010-2016 fue de 42 millones de dólares. Otra lamina mostraba que en el mismo período se exportaron unos 5 millones 410 mil 821 dólares a través de las siguientes empresas: KCT (Caracas y Valencia), KBT, Cielemca, entre otras.

La defensa intervino en este punto para aclarar que esos montos no reflejaban las exportaciones que se hacían con órdenes de compra directa con las empresas que manufacturaban los productos y que los clientes decidían hacer los envíos directos desde el lugar de la fábrica hasta el destino final. George Vila preguntó al testigo qué ocurre en las circunstancias excepcionales en que los montos no aparecen en las formas a las que se referían los fiscales, que muestra la data exclusivamente de las que se hacen rutinariamente por la empresa intermediaria, en este caso Miami Equipment & Export. El testigo dijo que en algunos casos eso era posible pero también se tenía que reflejar en la forma del gobierno que se había usado ese mecanismo.

Posteriormente, subió al estrado un agente encargado de realizar investigaciones federales relacionadas con lavado de dinero, quien fue el encargado de realizar la investigación sobre la empresa propiedad de los dos acusados. M D. R fue el agente que revisó las cuentas de Miami Equipment & Export y descubrió que los movimientos que se hacían desde las cuentas bancarias de dicha empresa no se correspondían con la naturaleza del negocio.

Explicó el agente que inició su averiguación con una revisión de la página web de la empresa, luego pasó a las cuentas bancarias, donde  encontró transferencias bancarias detalladas y estados bancarios de los años 2010 hasta 2015. Se enfocó en mostrar algunas evidencias correspondientes a la cuenta de los acusados en el banco BB&T, y Colonial Bank, cuyas firmas autorizadas son Luis Díaz, Luis Javier Díaz y Annette M. Díaz Rojas.

Dijo que en esas cuentas se recibía dinero y luego se pasaba a otros bancos. Buena parte de las transferencias venían del Consorcio KCT. También revisó los correos electrónicos de los dos acusados y fue cuando supo que estos recibían instrucciones de la empresa venezolana para hacer las transferencias pero que, además, era ese cliente el que se encargaba de enviar las facturas de los supuestos servicios que prestaba Miami Equipment & Export a los que KCT enviaba el dinero.

Los fiscales expusieron ante el jurado fotos de las oficinas y de las cajas con documentos que el gobierno de los Estados Unidos tomó en la empresa con sede en Miami, y que luego se convirtieron en evidencias contra los dos acusados.

Seguidamente los fiscales empezaron a mostrar al jurado una serie de facturas, que habían sido pagadas por los acusados, conforme a las instrucciones que recibían de los dueños de KCT y otras empresas. El agente explicó que tras la evaluación de la documentación descubrió que una parte de las personas beneficiadas por las transferencias eran los mismos dueños del Consorcio KCT y otras empresas similares.

Mostraron unas hojas de apertura de cuenta en el banco HSBC a nombre del Consorcio  KCT Cumaná Internacional, donde firmaban las siguientes personas: Antonio Martín, Antonio Padrín, Enrique Pradera, José Miguel García y Blas Herrera. La dirección que aparece es las islas Británicas y la dirección postal era la de la empresa de los acusados 7788 NW 71 St. Miami Fl. 33166.  En esa misma hoja aparecían los nombres de Ariano Martín, Blas Herrera y Enrique Pradera con la información de sus teléfonos celulares.

Asimismo presentaron documentos de la empresa Cielemca, aunado a un correo electrónico enviado al acusado Luis Díaz Jr. por César Cardozo, con copia a Mario Herrera y José Garantón, donde daban instrucciones sobre envíos.

En una de las comunicaciones firmada por la secretaria de Blas Herrera, Elisbert Becerra Guzmán (KCT), informaban a Luis Díaz de un pago a favor de Miami Equipment por 4 millones 360 mil 912,50 dólares.

El 3 de marzo de 2012, había un balance en la cuenta de Miami Equipment a favor de KCT de 904 mil 417,73 y el 27 de marzo de 2012 transfirieron 4 millones 773 mil 694,24 dólares. De ese monto se ordenó el pago a dos empresas: Kingsway LDA por 1 millón 451 mil 763,93 dólares, cuyo beneficiario fue el exviceministro de Energía Eléctrica del gobierno de Hugo Chávez, Nervis Villalobos Cárdenas, y la segunda empresa fue Adimar, a la que le transfirieron 2 millones 546 mil  dólares para un total de 4 millones 763,93 dólares.

Nervis Villalobos Cárdenas envió una factura a Miami Equipment identificada con el número #000208 por pago parcial de consejos de prueba previa y la puesta en marcha de San Lorenzo-Zulia Venezuela por 1 millón 454 mil 763,93. El pago fue hecho desde la cuenta de banco de la empresa de los acusados a una cuenta en el Banco de Madrid, España.

 La fiscalía sostuvo que Miami Equipment pagó ese supuesto servicio sin haberlo recibido.

Los acusados también pagaron una factura a Adinar Internacional Limited por supuesto desarrollo de concepto de ingeniería por 546 mil dólares. No hubo ninguna relación entre la empresa de los Díaz y las empresas que recibieron los pagos, solo las instrucciones de KCT y las facturas que ellos mismos enviaban para justificar el pago a los beneficiarios. Adinar recibió los pagos a través del Banco New York Mellon.

La fiscalía informó al jurado que los dueños de la empresa Adinar son Blas Herrera, Enrique Pradella, Antonio Padrín, Mario Herrera, es decir, los mismos propietarios del Consorcio KCT, lo que indica que se enviaban dinero de una empresa a otra por intermedio de Miami Equipment, usando facturas de servicio que no se prestaban a la empresa ubicada en Miami.

Igualmente dijeron que Kingsway y Miami Equipment firmaron un acuerdo el 7 de noviembre de 2010. Por Kingsway firmó el exfuncionario del gobierno de Hugo Chávez, Nervis Geraldo Villalobos Cárdenas y por ME, Luis Díaz.

Kingsway tiene sede en la Zona Franca Madeira de Portugal.

Desde las cuentas de los acusados también se pagó otra factura esta misma empresa por 873 mil  120 dólares.

La fiscalía también destacó que KCT no aparece en ninguna de las facturas que se investigaron en ese período.

Otra empresa a la que Miami Equipment transfirió dinero por orden de KCT es Levack Limited LTD con dirección en las Islas Británicas. La empresa de los acusados transfirió 1 millón 12 mil 500 dólares por una factura de supuestos servicios de consejería y asesoría profesional. Los envíos se hicieron a través del JP Morgan. El director de Levack es Antonio Padrín, el mismo director de KCT.

Otra de las empresas que participó el esquema de lavado de dinero es Posner International Inc con sede en Panamá. KCT instruyó a los acusados para que transfiriera más de un millón de dólares a la cuenta de la empresa a través de una cuenta del HSBC.

Cuando la fiscalía presentó los documentos de la empresa y de los firmantes en las cuentas aparecieron nuevamente Enrique Padrella y José Miguel García.

La fiscalía también mostró un pago hecho por KCT mediante Miami Eqhipment a favor de Cielemca por 350 mil dólares por consulta en proyecto de Planta Bajo Grande.

Esta historia apenas comienza, seguiremos informando....








lunes, 6 de noviembre de 2017

En juicio de empresarios que lavaron dinero a chavistas se revela que contratista del Estado venezolano habría comprado un apartamento en Miami del para asesor de Jesse Chacón

En 2015, el consorcio venezolano que recibió contratos para construir plantas eléctricas en Venezuela, giró instrucciones para pagar por un condominio en Miami a nombre del asesor del entonces Ministro de Energía Eléctrica del gobierno de Venezuela, usando como intermediario la empresa Miami Equipment, cuyos dueños están siendo juzgados por lavado de dinero internacional.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

En el primer día del juicio contra los empresarios cubano-americanos, Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz, padre e hijo acusados de lavar más de 100 millones de dólares a funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Venezuela, a través de una empresa de venta de equipos de construcción, los fiscales federales presentaron al jurado una factura de una compañía de títulos inmobiliarios que evidenciaba que la compañía de los acusados habría desembolsado 294 mil 897,50 dólares por asesoría de ingeniería para plantas eléctricas, cuando en realidad se habría tratado del pago de un apartamento en Miami a nombre de Eduardo Rafael Cid Montes, quien fuera ex asesor del entonces Ministro de Energía Eléctrica venezolano, Jesse Chacón.
La acusación del gobierno de los Estados Unidos contra los Díaz, asegura que los dos hombres usaron una empresa Miami Equipment & Export como un banco sin licencia, violando las leyes federales que regulan los negocios de transferencia de dinero, y además se les acusa de haber lavado cientos de millones de dólares cuyos beneficiarios eran funcionarios o empleados de entes gubernamentales de Venezuela (Pdvsa y Cadafe).

KCT un cliente muy importante

Una de las empresas que habría usado la compañía de los acusados para lavar dinero es el consorcio KCT, una contratista del Estado venezolano que ganó multimillonarios contratos públicos.  

Se inició el juicio

El juez de Distrito, William H. Pauley III, abrió el juicio este lunes seleccionando el jurado que quedó conformado por 12 mujeres y 3 hombres, en su gran mayoría simpatizantes del partido demócrata y admiradores del expresidente, Barack Obama.

Fiscalía logra su cometido

A primera hora de la mañana los fiscales del caso pidieron al juez Pauley III que permitiera  que el jurado conociera e identificara a los funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Venezuela que se beneficiaron de las transferencias ilegales hechas desde la cuenta bancaria de la empresa de los acusados. El fiscal auxiliar del caso dijo que es muy importante descubrir la identidad de los funcionarios públicos para que se entienda la razón por la cual las transacciones hechas por los Díaz eran suspicaces.

Es necesario que el jurado comprenda por qué esas transferencias de dinero que venían de Venezuela y eran depositadas en cuentas de funcionarios del gobierno, eran sospechosas, y por qué le hicieron un severo daño al sistema financiero de los Estados Unidos.

La fiscalía sostuvo que el dinero envuelto en el caso Díaz debió haber sido regulado porque la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCen) tiene reglas específicas sobre las transacciones que se hacen desde Venezuela, al igual que Corea del Norte o Irán, que forman parte de la lista de países de alto riesgo para el lavado de dinero.

Los fiscales señalaron que el consorcio venezolano KCT tiene cuentas bancarias en todo el mundo, pero las transacciones se dirigían exclusivamente hacia las Islas Británicas, España y Panamá.

Cuando el juez Pauley III aprobó la petición de los fiscales para identificar a los funcionarios del gobierno venezolano que recibieron el dinero, la defensa se quejó y dijo que el caso trataba de la violación de la ley en los Estados Unidos y el hecho de mezclar a funcionarios de un gobierno como el que existe en Venezuela, donde existe una dictadura, le haría mucho daño a los acusados porque, según los abogados, sus clientes no sabían quiénes eran esos individuos a quienes ellos hacían las transferencias de dinero.

La defensa sostuvo que la evidencia relacionada con la identificación de los funcionarios del gobierno no es importante, porque lo que el jurado tiene que saber es que la compañía KCT hacía proyectos importantes para el gobierno, pero que los dos acusados no sabían que había corrupción en Venezuela. "Mis clientes no han estado vinculados en corrupción, tocar el tema de Venezuela podría crear confusión en el jurado", acotó la defensa.

La fiscalía respondió que se necesita mostrar que las transacciones que se hicieron a lo largo de la conspiración —que va desde 2010 hasta 2016— eran para personas vinculadas al gobierno de Venezuela. "Necesitamos informar quiénes eran y qué posiciones ocupaban en las agencias gubernamentales", argumentaron.

Los fiscales aclararon además que no tenían la intención de focalizar la presentación de evidencias a lo que ocurre en Venezuela, sólo se debe informar al jurado que los acusados sabían lo que estaban haciendo y acordaron hacerlo cobrando para ello un porcentaje por cada transferencia. Para soportar cada envío de dinero, los acusados utilizaron facturas falsas de servicios profesionales que nunca se prestaron o consultorías que no existían y, obviamente, los demandados sabían que sus clientes eran del gobierno venezolano y que las transferencias de dinero era producto de la corrupción.

El juez Pauley III aprobó la petición del gobierno y decidió instruir al jurado sobre el tema, mencionado los nombres de los funcionarios que se habrían beneficiado, entre quienes destacó el nombre del actual embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas y expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez Carreño, y el de su hermano, Fidel Ramírez Carreño, así como el de Rafael Cid Montes, entre otros. Nombraron además varias empresas, entre las cuales destacó Cuba Petróleo y Materiales Manzanillo C.A.

Pauley III aclaró a los miembros del jurado que el caso era de lavado de dinero internacional y operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia, y en ningún momento era sobre sobornos. "Los acusados no pagaron coimas a funcionarios del gobierno y el soborno como delito no está siendo tratado en este caso", afirmó el juez.

Un juicio de dos semanas de duración

El juez abrió el juicio señalando que el proceso durará dos semanas en las cuales el jurado conocerá las evidencias que presentará la fiscalía para probar, más allá de la duda razonable, que Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz, son culpables de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y de haber lavado más de 100 millones de dólares a funcionarios del gobierno de Venezuela.

El fiscal asistente, Benet Kearney, expuso en sus palabras de apertura que el delito de que se les acusa es la violación de las leyes federales relacionadas con el manejo de un bancos sin licencia y de lavado de dinero.

Comentó que los acusados movieron más de 100 millones de dólares a través de las cuentas de su empresa Miami Equipment a cuentas bancarias de sus clientes o de empresas offshore ubicadas en Panamá, Islas Británicas y España, a cambio de un porcentaje de esas transacciones, sin importarles de dónde venía el dinero. 

Kearney explicó que los acusados debieron haber llevado un reporte sobre las actividades de transferencia de dinero ilegal, también tuvieron que hacer las preguntas de rigor en esos casos, pero no les interesó saber quiénes eran los clientes y de dónde venía el dinero, haciéndole un enorme daño al sistema financiero de los Estados Unidos.

Dijo que los acusados usaron una empresa de venta de equipos de construcción como una máquina para lavar dinero, porque ellos no tenían licencia para operar este tipo de negocios y violaron los controles que hay sobre ese sector. En lugar de prender las alarmas para que el gobierno aplicara la ley -ya que las transferencias involucraban un país de alto riesgo como Venezuela- los demandados disfrazaron esa actividad ilegal con facturas falsas de consultorías que no existieron y permitieron que sus clientes se transfirieran dinero a ellos mismos, o lo usaran para comprar apartamentos, pagar hoteles o viajes.

Explicó Kearney que el consorcio KCT envió 10 millones de dólares a empresas offshore de funcionarios del gobierno de Venezuela, a la vez KCT le daba a los acusados facturas falsas para camuflar esas transacciones.

Kearney argumentó que entre 2010 y 2016 Miami Equipment facturó 150 millones de dólares, de los cuales, apenas 50 millones de dólares, se correspondían a venta de equipos, que era su actividad natural. En los récords en poder de la fiscalía hay una enorme cantidad de facturas falsas de servicios que nada tienen que ver con el negocio de los acusados.

Miami Equipment es un negocio familiar

El abogado de Luis Díaz Jr., George Vila, negó que la empresa de su cliente fuera una máquina de lavar dinero y de transferencia, sino que es una compañía pequeña, familiar, que su cliente de 65 años, creó gracias a tu trabajo y conocimiento del mercado latinoamericano en materia de equipos de construcción.

Vila aseguró que su cliente mantiene una relación comercial y de amistad con el dueño de una de las empresas más grandes de construcción en Venezuela, Enrique Pradera. Dicha relación surgió a raíz de una orden de compra que Pradera le otorgó a Miami Equipment, que implicó que su cliente consiguiera los mejores precios del mercado para los equipos requeridos, y por lo cual cobró un porcentaje.

El defensor mencionó a otro empresario de la construcción con quien su cliente habría establecido negocios en Venezuela de nombre Antonio Padrino. Ellos no transferían dinero para sus clientes, sino que prestaban servicios. Vila contó que en 2008, Antonio Padrino, Enrique Pradera y Blass Herrera, decidieron unirse para conformar el Consorcio KCT para pujar por contratos de proyectos más grandes.

Vila dijo Luis Díaz Jr. viajó a Venezuela siguiendo una invitación de sus clientes de KCT y fue entonces cuando ese consorcio le entregó dos órdenes de compra para un proyecto de un país que no es como los Estados Unidos, sino que se caracteriza por la inestabilidad, incluyendo en materia de cambio monetario, ya que la moneda local (el bolívar) se deprecia frente al dólar. Díaz acordó un porcentaje por esos servicios que incluía la compra de los equipos, la instalación y los ingenieros que participaron en esa operación. "Esos fueron los pagos que se hicieron, por los trabajos realizados y la Miami Equipment quería mantener a su cliente en un ambiente muy competitivo".

Por su parte, José Quiñon, abogado de Luis Javier Díaz, aseguró que su cliente había trabajado toda la vida en la empresa de su padre que es un negocio familiar que se ha mantenido por años en uno de los lugares de los EE. UU. donde hay mayor competencia.

Aunado a ello, afirmó que Miami Equipment estaba lidiando con un cliente en un país como Venezuela, donde hay un dictador y donde la moneda local es inestable. Sin embargo ellos lograron hacer negocios en un ambiente difícil con un cliente que es KCT que son tres grandes empresas que se juntaron para hacer proyectos, uno de los cuales superó los 267 millones de dólares, acotó el abogado.

Comentó que Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz tenían 23 años de relaciones comerciales con los empresarios venezolanos y fue con base a esa relación que les encargó la construcción de plantas eléctricas. Esos proyectos requerían de la compra de equipos sofisticados, transformadores, que debían encargarse con detalle y que “requerían de la experticia de mis clientes”, acotó Quiñon.

Reiteró que sus clientes tienen un negocio legítimo y que KCT les dio un negocio muy grande que requirió que Miami Equipment trabajara directamente con Siemens para comprar las plantas eléctricas que el gobierno de Venezuela necesitaba.

Argumentó que los correos electrónicos de KCT y otros clientes llegaban directamente a la computadora de Luis Javier Díaz, porque su padre es un hombre mayor que no sabe manejar la tecnología, a la vez que aclaró que no existen evidencias que prueben que los acusados manejaban un negocio ilegal de transferencia de dinero porque lo que ellos tienen es una empresa que funciona legalmente y que vende equipos.

Testigos del gobierno

El primer testigo del gobierno fue un abogado jefe de reclamos de la empresa de títulos Stewart, Mark Borst quien evalúo una factura con datos falsos presentada como evidencia por la fiscalía donde aparece el membrete de la  compañía de títulos con una dirección en Miami que no se corresponde a la real, y donde se factura a Miami Equipment $294,897,50 por concepto de diseño de ingeniería básica para planta de generación a favor de Rafael Cid Montes, y que en realidad correspondía a la compra de un apartamento en Miami para el mencionado exfuncionario que fungía como asesor del entonces Ministro de Energía Eléctrica del gobierno venezolano, Jesse Chacón.

El dinero habría correspondido al pago de la compra de un inmueble, un condominio en Miami, a nombre de Rafael Cid Montes, según documentos federales.

Borst aseguró frente al juez que nunca había visto una factura con esas características tras haber trabajado 11 años en la empresa Stewart, y confirmó que la dirección era diferente.

El abogado de Luis Javier Díaz, Quiñon se levantó para preguntarle sobre un número de fax que aparece en la factura que sirvió de evidencia al gobierno norteamericano.

El segundo testigo del gobierno fue un agente  de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCen), John V. quien explicó al jurado los mecanismos de control que utiliza el gobierno de los Estados Unidos para evitar el lavado de dinero.

Destacó que los negocios de transferencia de dinero deben regirse por una serie de normas que conllevan a levantar informes de alerta cuando se está al frente de una transacciones financieras sospechosas.

Reiteró que existen países considerados por el FinCen como de alto riesgo entre los cuales se encuentra Venezuela, junto a Corea del Norte, Irán, Afganistán, entre otros, por lo que el gobierno federal tiene una serie de requerimientos cuando se trata de transacciones de dinero provenientes de esos países o de nacionales de los mismos.

A las 5PM el juez Pauley III levantó la sesión y convocó para este martes a las 9:30 AM para continuar con el testimonio del agente del FinCen.

Vale destacar que los dos acusados en este caso, Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz disfrutan de libertad bajo fianza, por lo que ambos salieron del tribunal acompañados de sus familiares y abogados. Los dos se veían confiados a lo largo de toda la jornada, sonrieron a los asistentes aunque se negaron hacer comentarios sobre el caso con la prensa.

Los abogados defensores también transmitieron con confianza en su estrategia. La fiscalía por su parte estuvo representada por tres jóvenes fiscales asistentes: Edward B. Diskant, Daniel M. Tracer y Benet J. Kearney que aseguraron que tienen todas las evidencias que se requieren para probar la culpabilidad de los acusados frente al jurado.