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martes, 30 de marzo de 2021

EE. UU. condenó a cadena perpetua al hermano del presidente de Honduras por delitos de narcotráfico

  Juan Antonio 'Tony' Hernández fue sentenciado en un tribunal federal de Manhattan y se le ordenó el decomiso de 138 millones de dólares.

Por Maibort Petit

   Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue condenado por  la Corte del Distrito Sur de Nueva York a cadena perpetua, tras ser sentenciado por lo que los fiscales describieron como “tráfico de drogas patrocinado por el estado”. 

  El juez Kevin Castel,  también le ordenó sentencia de dinero de 138,5 millones de dólares por distribuir 185 toneladas de cocaína,  y armas de fuego relacionadas y delitos de declaraciones falsas

  Hernández fue hallado culpable por un jurado en octubre de 2019 por cargos que conllevaban una sentencia mínima obligatoria de 40 años de prisión.

  El fiscal federal adjunto Matthew Laroche le dijo al juez que Hernández durante 15 años alimentó una avalancha de envíos de cocaína a los Estados Unidos al pagar millones de dólares a altos funcionarios hondureños como su hermano, el presidente de la República.

  Hernández participó en la importación de al menos 185.000 kilogramos de cocaína; pagó millones de dólares en sobornos a funcionarios hondureños; Seguridad fuertemente armada, incluidos miembros de la Policía Nacional y Militar de Honduras.

  La fiscal federal de Manhattan, Audrey Strauss, dijo que “El excongresista hondureño Juan Antonio Hernández Alvarado estuvo involucrado en todas las etapas del tráfico a través de Honduras de cargas de varias toneladas de cocaína destinadas a los Estados Unidos, seguridad para los envíos de cocaína, y negoció grandes sobornos de los principales narcotraficantes a poderosas figuras políticas, incluidos los presidentes anteriores y actuales de Honduras. Hernández fue cómplice de al menos dos asesinatos. Hoy Tony Hernández fue sentenciado con razón a cadena perpetua ”.

   Por su parte, el agente especial del FBI que estuvo a cargo del caso, Wendy C. Woolcock sostuvo que “Explotar una posición de alto rango en el gobierno para ejercer el poder del estado para apoyar el tráfico de drogas es tan nefasto como parece. La condena y sentencia de Tony Hernández es un recordatorio de que no existe una posición lo suficientemente poderosa como para protegerse de enfrentar a la justicia cuando violas las leyes de drogas de Estados Unidos al enviar toneladas de cocaína a nuestro país. Tan importante como es esta convicción para el pueblo de los Estados Unidos, también es importante para los ciudadanos de Honduras a quienes Hernández intencionalmente puso en peligro para su propio beneficio personal. La sentencia de hoy es una victoria para el estado de derecho y estamos agradecidos a nuestros socios federales e internacionales que lo hicieron posible ".

   El fiscal Laroche sostuvo ante el juez que “Tony Hernández" conspiró con su hermano, el presidente de Honduras. Provocó brutales actos de violencia. Canalizó el dinero de la droga hacia campañas del Partido Nacional a cambio de promesas de protección ... esto es tráfico de drogas patrocinado por el estado”.

  El abogado de Hernández, Peter Brill, había abogado por la indulgencia, diciendo que Estados Unidos debería centrar los esfuerzos contra el tráfico de drogas en el apetito voraz de sus ciudadanos por las drogas.

  En los documentos judiciales, los fiscales habían abogado por una cadena perpetua, citando los antecedentes penales de Tony Hernández.

  Su hermano se desempeñó como líder del Congreso de Honduras antes de asumir la presidencia en enero de 2014.

  “El acusado era un congresista hondureño que, junto con su hermano Juan Orlando Hernández, desempeñó un papel de liderazgo en una violenta conspiración de tráfico de drogas patrocinada por el estado”, escribieron los fiscales en documentos judiciales.

  “Durante un período de 15 años, el acusado corrompió las instituciones democráticas de Honduras para enriquecerse transportando al menos 185.000 kg de cocaína, una cantidad asombrosa de veneno que ayudó a importar a Estados Unidos”, escribieron los fiscales. Dicen que también vendió ametralladoras y municiones a narcotraficantes, algunos de los cuales provenían del ejército de Honduras, y de laboratorios de drogas controlados en Colombia y Honduras.

  "Entre 2004 y 2019, el acusado consiguió y distribuyó millones de dólares en sobornos derivados de las drogas a [su hermano] Juan Orlando Hernández, el ex presidente hondureño Porfirio Lobo Sosa y otros políticos asociados con el Partido Nacional de Honduras", dijeron los fiscales.

   Alegaron que entre esos sobornos había un millón de dólares del notorio capo mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán a Juan Orlando Hernández.

  Juan Orlando Hernández ha negado en repetidas ocasiones cualquier vínculo con narcotraficantes, al igual que Lobo, cuyo hijo actualmente cumple una condena de 24 años por narcotráfico en Estados Unidos.

  En la corte el martes, Tony Hernández se veía pálido y abatido. Cuando se le dio al acusado la oportunidad de hablar, trató de convencer al juez de que se le había negado un juicio justo debido a un equipo de defensa inadecuado que apenas respondió a sus correos electrónicos.

“Siento que me han mentido”, dijo a través de un traductor.

El caso

  Como se refleja en la acusación sustitutiva, otras presentaciones en la corte federal de Manhattan, la evidencia en el juicio y declaraciones hechas en procedimientos judiciales señalan lo siguiente:

1) Hernández jugó un papel de liderazgo en una violenta conspiración de narcotráfico patrocinada por el estado. Durante un período de 15 años, Hernández  fabricó y distribuyó al menos 185.000 kilogramos de cocaína que se importó a Estados Unidos. 

2) Hernández estaba al mando de miembros fuertemente armados del ejército hondureño y de la Policía Nacional de Honduras; vendió ametralladoras y municiones a narcotraficantes, algunas de las cuales obtuvo del ejército hondureño; controló laboratorios de cocaína en Colombia y Honduras; aseguró millones de dólares en ingresos provenientes de la droga para las campañas del Partido Nacional de Honduras en relación con las elecciones presidenciales de 2009, 2013 y 2017; y ayudó a causar al menos dos asesinatos.

3)  Hernández ganó al menos $ 138.5 millones a través de sus actividades de tráfico de drogas, dinero que se le ordenó perder en relación con la sentencia dictada por el juez Castel.

Conducta del narcotráfico de Hernández

   Según la fiscalía, la carrera de narcotraficante de Hernández comenzó alrededor de 2004 cuando comenzó a brindar información confidencial sobre las fuerzas del orden y el ejército a los principales narcotraficantes hondureños Víctor Hugo Díaz Morales, alias "El Rojo", y Héctor Emilio Fernández Rosa, alias "Don H.” 

   Los fiscales sostienen que Hernández  proporcionó a Víctor Hugo Díaz Morales información sobre, entre otras cosas, las operaciones de la Armada de Honduras; los esfuerzos de los Estados Unidos para capacitar a los pilotos de la Fuerza Aérea Hondureña para que vuelen de noche para realizar operaciones antinarcóticos; capacidades de radar militar para que los envíos de aviones de cocaína pudieran evitar ser detectados; y esfuerzos de interdicción por parte de algunos oficiales de la Policía Nacional de Honduras. A lo largo de su relación, Hernández ayudó a Fernández Rosa y Díaz Morales a distribuir aproximadamente 140.000 kilogramos de cocaína.

   Para 2008, el narcotráfico de Hernández se había expandido y también estaba fabricando su propia cocaína en un laboratorio que controlaba cerca de El Aceitico, Colombia. Hernández les dijo a sus co-conspiradores que parte de la cocaína fabricada en su laboratorio estaba sellada con sus iniciales “TH” y una fotografía de un kilogramo de cocaína sellada con “TH” fue interceptada durante el curso de la investigación. Hernández suministró a sus co-conspiradores toneladas de cocaína que se producía en su laboratorio.

  A partir de 2008, Hernández se asoció con Amilcar Alexander Ardon Soriano, ex narcotraficante y alcalde hondureño, bajo la protección de miembros de la dirección del Partido Nacional. El testimonio en el juicio estableció que Hernández y Ardon Soriano obtuvieron protección contra la investigación, el arresto y la extradición a través de sobornos masivos pagados a políticos de alto rango, incluidos, entre otros, Porfirio “Pepe” Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández. 

  En relación con las elecciones nacionales de 2009, los sobornos contra el tráfico de drogas pagados a cambio de protección incluyeron: (i) Ardon Soriano pagó $ 2 millones para apoyar la campaña presidencial de Lobo Sosa y la campaña de reelección de Juan Orlando Hernández para un puesto en el Congreso de Honduras; (ii) Díaz Morales pagó $ 100,000 a Hernández para apoyar las campañas del Partido Nacional; y (iii) Ardón Soriano sobornó a tres congresistas bajo la dirección de Juan Orlando Hernández para que los congresistas apoyaran los esfuerzos de Juan Orlando Hernández para convertirse en presidente del Congreso.

  Juan Orlando Hernández fue nombrado presidente del congreso a principios de 2010. Su hermano, Tony Hernández, Ardón Soriano y sus co-conspiradores, incluido el coacusado Mario José Calix Hernández, teniente de alcalde hondureño, y el coacusado Mauricio Hernández Pineda, entonces miembro de la La Policía Nacional de Honduras y primo de Hernández, aprovecharon la protección del Partido Nacional para seguir transportando enormes cantidades de cocaína. Una o dos veces al mes en 2010, HERNÁNDEZ envió cargamentos de cocaína a Ardón Soriano de aproximadamente 300 kilogramos; y una vez al mes en 2011 y 2012, HERNÁNDEZ envió cargamentos de cocaína marítima a Ardón Soriano de entre 700 y 1.600 kilogramos.

   En 2013, Hernández estaba haciendo campaña para convertirse en congresista y Juan Orlando Hernández estaba haciendo campaña para convertirse en presidente. Alrededor de este tiempo, según el testimonio en el juicio, Juan Orlando Hernández solicitó $ 1.6 millones en ganancias de la droga de Ardón Soriano para mantenerse a sí mismo y a las campañas del Partido Nacional. También durante la campaña de 2013, Hernández aceptó $ 1 millón del exlíder del Cártel de Sinaloa Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias "Chapo", para apoyar la campaña presidencial de Juan Orlando Hernández. 

   Durante las reuniones con el Chapo en Honduras, Hernández prometió brindar protección a los miembros de su conspiración y sus envíos de cocaína a través del territorio hondureño si Juan Orlando Hernández era elegido presidente.

  En noviembre de 2013, Hernández fue elegido para el congreso hondureño y Juan Orlando Hernández fue elegido presidente. Entre 2015 y 2017, según el testimonio del juicio, Tony Hernández y Juan Orlando Hernández continuaron obteniendo grandes sumas de las ganancias de las drogas para las campañas del Partido Nacional a cambio de proteger a los narcotraficantes. Por ejemplo, hubo testimonio en el juicio de que aproximadamente seis meses antes de las elecciones nacionales de noviembre de 2017, Tony Hernández  y Juan Orlando Hernández se reunieron con Ardon Soriano en Copán, Honduras. Durante esa reunión, Hernández y Juan Orlando Hernández solicitaron $ 500,000 y 1.6 millones de Lempira en ganancias de la droga de Ardón Soriano para "financiar" la campaña del Partido Nacional en los departamentos de Copán y Lempira.

   En 2018, Hernández continuó participando en grandes cargamentos de cocaína con Nery López Sanabria, otro importante narcotraficante hondureño. Las autoridades hondureñas arrestaron y detuvieron a López Sanabria en relación con un incidente de tránsito y recuperaron, entre otras cosas, varios libros de contabilidad de drogas en un compartimiento secreto de su automóvil. Uno de los libros de contabilidad tenía la etiqueta “Trabajo duro” 2018 y reflejaba un envío de cocaína de 650 kilogramos con Hernández . Al menos uno de los otros libros de contabilidad incautados por la policía hondureña en 2018 contenía referencias a "JOH", iniciales utilizadas por Juan Orlando Hernández. López Sanabria fue asesinado en una prisión hondureña, como se describe a continuación, poco después de que se presentaran sus libros de contabilidad de drogas en el juicio de Hernández.

Posesión de armas y actos de violencia de Hernández

   Hernández  utilizó armas de fuego en todo su tráfico de drogas. Las armas personales de Hernández  incluían un AR-15 modificado, una Uzi inscrita con el nombre de Juan Orlando Hernández, "Presidente de la República", y una ametralladora de cinta M60.

  Tony Hernández  también vendió ametralladoras y municiones a narcotraficantes. En 2010, Díaz Morales obtuvo entre 4.000 y 6.000 cartuchos de munición de rifle de asalto de un miembro de la Policía Nacional de Honduras que le dijo a Díaz Morales que obtuvo las municiones de Tony. En 2012, Hernández  entregó 40 M16 a otro narcotraficante.

  El sentenciado también coordinó al menos dos asesinatos relacionados con las drogas. En 2011, Hernández y Ardon Soriano provocaron el asesinato de un narcotraficante rival llamado Franklin Arita en el departamento de Copán. 

   Hernández ordenó a Juan Carlos “Tigre” Bonilla Valladares, el jefe regional de la Policía Nacional Hondureña responsable del departamento de Copán en ese momento, que dispusiera el asesinato de Arita, que fue ejecutado por sicarios utilizando dos lanzagranadas de 40 milímetros, M16 y de fabricación israelí. Rifles de asalto Galil. En 2013, Tony Hernández  trabajó con otros narcotraficantes, incluido Ardon Soriano, para asesinar a un narcotraficante llamado Chino porque a Hernández le preocupaba que Chino pudiera cooperar con la policía.

La obstrucción de Hernández y otros esfuerzos para influir en la investigación

  Asimismo, los fiscales dijeron que Hernández  realizó declaraciones falsas a las fuerzas del orden y la Corte durante el curso de esta investigación y procesamiento, y obstruyó la justicia. Hernández (i) viajó a Estados Unidos en 2016 e hizo declaraciones falsas a las fuerzas del orden sobre sus actividades de tráfico de drogas; (ii) hizo declaraciones falsas sobre sus activos durante una audiencia de fianza en enero de 2019; (iii) hizo que se divulgara información confidencial de testigos en Honduras en violación de una orden de protección en octubre de 2019; y (iv) hizo declaraciones falsas sobre sus activos durante una solicitud de abogado designado en febrero de 2020.

  Ocho días después de que el jurado declarara culpable a Hernández  el 26 de octubre de 2019, López Sanabria --el narcotraficante a quien se confiscaron los libros de contabilidad con el nombre de Hernández y las iniciales de Juan Orlando Hernández-- fue asesinado en una prisión de máxima seguridad en Honduras. 

   Los abogados de López Sanabria confirmaron a los medios de comunicación que: uno de los familiares de Hernández  y un investigador contratado por la familia de Hernández habían realizado visitas no autorizadas a López Sanabria antes del juicio de Hernández; López Sanabria había rechazado sus esfuerzos por obtener información sobre si estaba cooperando con la DEA; y López Sanabria había planeado cooperar con la DEA contra Juan Orlando Hernández y Hernández. El video de vigilancia filtrado del asesinato muestra a López Sanabria hablando con el director de la instalación, Pedro Ildefonso Armas, mientras un hombre enmascarado pasa y abre una puerta cercana. Varios individuos que se cree que son prisioneros luego asaltan la puerta y disparan y apuñalan a López Sanabria hasta la muerte. El 9 de diciembre de 2019, un grupo de desconocidos asesinó a José Luis Pinto, abogado que representaba a López Sanabria. Tres días después, el 12 de diciembre de 2019, un grupo de pistoleros desconocidos en motocicletas asesinó a Ildefonso Armas, el alcaide de la instalación en la que fue asesinado López Sanabria, en Tegucigalpa. 

Co-conspiradores de Hernández

  El 8 de agosto de 2019 Fernández Rosa fue condenado en este Distrito a cadena perpetua por, entre otras cosas, su participación en la conspiración de importación de cocaína de Hernández  y por la comisión de 18 asesinatos. Varios de los otros co-conspiradores de Hernández, incluidos, entre otros, Hernández Pineda, Calix Hernández, Bonilla Valladares, Arnaldo Urbina Soto, Carlos Fernando Urbina Soto y Miguel Angel Urbina Soto, también están imputados en este Distrito por delitos de armas de fuego y narcotráfico con base en sobre, entre otras cosas, su participación en la conspiración de importación de cocaína de Tony Hernández. 

   El 12 de febrero de 2020 Hernández Pineda se rindió en este Distrito y se encuentra a la espera de juicio. El 22 de marzo de 2021, el coacusado y cómplice de Hernández, Geovanny Fuentes Ramírez, fue condenado en juicio en este Distrito por delitos de tráfico de drogas y armas. La sentencia de Fuentes Ramírez está programada para el 22 de junio de 2021.

  Además de la pena de prisión, Hernández, de 42 años, fue condenado a cinco años de libertad supervisada.



La justicia de Estados Unidos condenó a 12 años de prisión al ex-policía hondureño, Juan Manuel Ávila Meza, por delitos de narcotráfico.

Por Maibort Petit

  Juan Manuel Ávila Meza, ex miembro de la Policía Nacional de Honduras, fue sentenciado a 12 años de prisión por conspirar para importar cocaína a Estados Unidos. Ávila Meza se declaró culpable anteriormente ante la jueza de distrito de los Estados Unidos Lorna G. Schofield en 2018.



   La agente especial a cargo de la División de Operaciones Especiales de la DEA, Wendy C. Woolcock y la Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York Audrey Strauss hicieron el anuncio en conjunto en Nueva York.

“Juan Manuel Ávila Meza aprovechó su posición en la aplicación de la ley y como abogado para intentar elevarse por encima de la ley, beneficiándose de las actividades criminales reprensibles que ayudó a facilitar”, dijo el agente especial a cargo Woolcock. 

Sostuvo la funcionaria que “La sentencia de hoy reafirma que Estados Unidos nunca dejará de controlar la corrupción en la aplicación de la ley. La Administración de Control de Drogas, junto con nuestros socios nacionales e internacionales, continuará trabajando incansablemente para llevar ante la justicia a todos aquellos que participan en el tráfico de drogas ”.

“Juan Manuel Ávila Meza conspiró para transportar grandes cargamentos de cocaína hacia, dentro y fuera de Honduras, incluidos envíos con destino a los Estados Unidos”, dijo el Fiscal Federal Strauss. 

“Brindó información confidencial sobre las fuerzas del orden a los miembros de Los Cachiros para permitirles sus operaciones de tráfico, y negoció reuniones con otros funcionarios corruptos para facilitar el lavado de dinero y el tráfico de cocaína. Juan Manuel Ávila Meza empañó la insignia que llevaba protegiendo a los narcotraficantes en lugar de a aquellos a quienes juró proteger y servir ”.

Según la acusación, otros documentos judiciales y declaraciones realizadas durante los procesos judiciales, entre al menos aproximadamente 2004 y 2014, Ávila Meza trabajó con miembros de una organización de narcotráfico conocida como Los Cachiros, que era un sindicato criminal prolífico y violento que dependía de conexiones con políticos, personal militar y fuerzas del orden para transportar cocaína hacia, dentro y desde Honduras. Durante ese tiempo, y mientras Ávila Meza presuntamente hacía cumplir la ley como oficial de policía y, más tarde, como abogado, Ávila Meza participó en la empresa criminal de Los Cachiros al involucrarse en el tráfico de drogas, lavado de dinero, evasión de sanciones y cobro de deudas.

A partir de 2004, Ávila Meza proporcionó a los Cachiros información confidencial de las fuerzas del orden público para facilitar el transporte de cocaína. 

Ávila Meza también ayudó a los Cachiros con el lavado de dinero y la evasión de las sanciones estadounidenses. En mayo de 2013, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. Identificó públicamente a Los Cachiros como un grupo importante de narcóticos extranjeros de conformidad con la Ley de designación de cabecillas de narcóticos extranjeros. 

A partir de agosto de 2013, el acusado, como miembro activo tanto de la Policía Nacional de Honduras como de los Cachiros, ayudó a los Cachiros con una transacción de lavado de dinero basada en activos relacionada con una gran propiedad inmobiliaria en San Pedro Sula, Honduras.

En febrero de 2014, Ávila Meza ayudó a organizar y asistió a una reunión entre uno de los líderes de Los Cachiros y Juan Antonio Hernández Alvarado, [también conocido como "Tony Hernández", otro importante narcotraficante condenado que es hermano del actual presidente hondureño Juan Orlando Hernández], para discutir transacciones de lavado de dinero entre una empresa fachada de Cachiros y el gobierno hondureño.

 En junio de 2014, Ávila Meza se reunió con otros seis miembros de la Policía Nacional de Honduras, Fabio Lobo Sosa, el ahora condenado hijo de Porfirio Lobo Sosa, el presidente hondureño que precedió a Juan Orlando Hernández, y dos fuentes confidenciales de la DEA que supuestamente eran miembros de el Cartel de Sinaloa. Durante la reunión, Ávila Meza dirigió una discusión sobre la mejor manera de confiar en la Policía Nacional de Honduras para asegurar el paso seguro de un gran cargamento de cocaína.

Otros seis ex miembros de la Policía Nacional Hondureña, entre ellos, Víctor Oswaldo López Flores, Ludwig Criss Zelaya Romero, Carlos José Zavala Velásquez y Carlos Alberto Valladares García, fueron condenados en este caso por delitos de tráfico de armas y / o drogas por conspirando para importar cocaína a los Estados Unidos. Cada uno de esos individuos se ha declarado culpable en un tribunal federal, junto con el co-conspirador Fabio Lobo. El 5 de septiembre de 2017 Lobo fue condenado a 24 años de prisión; el 6 de febrero de 2018 Flores fue condenado a cinco años de prisión; el 27 de junio de 2018 Velásquez fue sentenciado a 12 años de prisión; y el 27 de septiembre de 2018 García fue condenado a 14 años de prisión. Zelaya Romero espera sentencia del juez Schofield.

 El 18 de octubre de 2019, Hernández Alvarado fue condenado en un juicio ante el juez P. Kevin Castel por delitos de importación de cocaína, armas y declaraciones falsas.

Además de la pena de prisión, Ávila Meza, de 50 años, fue condenado a cuatro años de r supervisado


lunes, 22 de marzo de 2021

Las relaciones con el poder y la policía garantizaron el éxito de los negocios de narcotráfico de Geovanny Fuentes Ramírez

  Su ascendente con altos funcionarios gubernamentales y policiales se convirtió en el atractivo de sus operaciones de narcotráfico.

Por Maibort Petit

   Uno de los aportes más significativos del testimonio que Devis Leonel Rivera Maradiaga rindió ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York durante el juicio de Geovanny Fuentes Ramírez, fue que el éxito y la prosperidad del negocio de narcotráfico de este último se debía a sus conexiones con la policía, el poder militar y político en Honduras, lo cual incluía presidentes, alcaldes, representantes del Congreso, generales militares y jefes de policía.

  Rivera Maradiaga, exlíder del cártel de “Los Cachiros” quien mantuvo una sociedad con Fuentes Rivera que se extendió entre 2011 y 2013, dijo en el tribunal que la ascendencia que este último tenía en la policía era tal que, con una llamada a sus contactos, lograba que se retiraran los puestos de control a lo largo de la carretera por donde él planeaba transportar sus cargamentos de droga.

   Narró que él se reunió con Melvin Sanders, alias “Metro” en el taller mecánico "Torres Servicio", ubicado en San Pedro Sula, para discutir los contactos de Geovanny Fuentes Rivera con la policía hondureña. Rivera Maradiaga había conocido de las relaciones del hoy acusado con la Policía Nacional de San Pedro Sula, los cuales “trabajaban”, tanto para Fuentes Ramírez, como para un narcotraficante conocido como "Paico".

  Rivera Maradiaga precisó que entre los nombres de metro le refirió como contactos de Fuentes Ramírez en la policía, estaban el coronel Motiño; el Comisionado Martínez, quien fue un alto oficial de la Policía Nacional de Honduras; el oficial Nuila; el oficial Roja. Todos estos policías trabajarían con Rivera Maradiaga, Metro y Geovanny Fuentes Ramírez, escoltando los envíos de cocaína, resolviendo cualquier inconveniente, o haciendo cualquier otra cosa que fuera necesaria para garantizar el éxito de las operaciones.Los contactos policiales utilizados por los narcotraficantes estaban ubicados en todas partes de Honduras.

  Apuntó Rivera Maradiaga que, durante uno de los envíos de drogas, uno de sus trabajadores fue arrestado en la carretera mientras estaba fuertemente armado en el traslado de un cargamento. De inmediato, Fuentes Ramírez llamó al Comisionado de Policía Martínez para pedirle que llamara al oficial responsable del arresto y ordenara la liberación, pero este no respondió. Entonces, Fuentes llamó al actual alcalde de Choloma y precandidato al Congreso por el Partido Liberal, Leopoldo Crivelli, conocido como “Polo” Crivelli, para pedirle la liberación del hombre y este fue puesto en libertad y le devolvieron su arma.

  Refirió Rivera Maradiaga que Leopoldo Crivelli también informaba a Geovanny Fuentes Rivera sobre las fechas en que la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) de Tegucigalpa o San Pedro Sula, planificaba realizar operaciones en Choloma. Esta información le permitía a Fuentes sacar cualquier arma de su casa para no tener problemas si la allanaban.

El laboratorio de drogas

  Geovanny Fuentes Rivera le pidió a Devis Rivera Maradiaga que invirtiera entre USD 300.000 y USD 500.000 para ayudar a traer la base de cocaína de Colombia al laboratorio de drogas. Rivera Maradiaga respondió que lo pensaría, pero dejó sentado que no estaba interesado porque era un riesgo adicional llevar la base de cocaína al país, pues podía ser incautada. Para él no tenía sentido la inversión, pues solamente importaba cocaína terminada.

  Durante esa reunión sobre la inversión del laboratorio de drogas, Rivera Maradiaga compró dos autos a Fuentes Ramírez para "ayudarlo". Se trataba de dos vehículos valorados en USD 20.000 cada uno, pero por los cuales pagó USD 70.000 en billetes de 20.

   Pero esa no fue la única conversación sostenida en torno a establecer una sociedad en el laboratorio de drogas, pues Geovanny Fuentes Rivera, “Metro” y Devis Rivera Maradiaga sostuvieron otras reuniones para discutir el asunto.

  Las citas tenían lugar en un taller mecánico llamado “Torres Servicio”, lugar donde se acondicionaban los vehículos utilizados para transportar drogas.

Policía investiga el laboratorio

   Durante su declaración ante el Tribunal del distrito Sur de Nueva York, Devis Rivera Maradiaga dijo que, en fecha no especificada, “Metro” concertó otra reunión con él para discutir sobre el laboratorio de drogas ubicado en los cerros del departamento de Cortés.

  Fuentes Ramírez le manifestó a Rivera Maradiaga su preocupación por el hecho de que la policía de San Pedro Sula estuviera investigando el laboratorio, el cual operaba en una propiedad de un comerciante local llamado Fuad Jarufe.

  A través del hijo del alcalde de Choloma, “Polito Crivelli”, Fuentes Ramírez se había enterado de la investigación. Supo que José Miguel Handal Pérez (a) “Chepe” Handal, le dijo a Crivelli del asunto a objeto de que procediera a manejar a la policía para evitarlo. Advertía Handal que cualquier investigación establecería la relación del laboratorio con Geovanny Fuentes Ramírez.

  Por ello, Fuentes le pidió a Rivera que a través de sus contactos averiguara sobre la posible investigación del laboratorio. Rivera Maradiaga contactó a Carlos Valladares, de la policía de investigaciones, quien se encargaría de la averiguación.    

Los envíos de droga

  El testimonio de Devis Rivera Maradiaga también versó sobre los envíos de droga que, según dijo, se recibieron cargamentos en varias partes del país, los cuales arribaron a los departamentos de Cortés, Gracias a Dios, Yoro, áreas en Santa Rosa de Copán, incluyendo El Espíritu, Copán; San Esteban, Olancho; entre otros.

 Durante el testimonio se habló en especificó de tres envíos de droga en los que Fuentes Ramírez estuvo involucrado.

  En primer término, dijo que, en 2011, él se comunicó con Geovanny Fuentes Ramírez a través de “Metro” para informarle que la cocaína procedía de Venezuela y para que escoltara la carga. Se trataba del primer trabajo de Fuentes y Rivera juntos.

  Refirió que el avión transportaba entre 425 y 530 kilos de cocaína que fueron desembarcados en el Valle de Sico y luego llevados a una finca en la vereda El Tigre, ambas localidades del departamento de Colón. Luego la carga se llevó a El Espíritu, Copán.

  Todos los hombres iban armados, Fuentes Rivera con AR-15, Glock verde con selector; Metro con lanzagranadas y pistola dorada; Rivera Maradiaga con AR15 y 93R. El resto del equipo también estaba armado. Acotó que Geovanny también llevaba un pequeño lanzagranadas conocido como "El Moñito" o "El Mono" para ayudar a proteger las drogas.

  Narró que “Metro” llevó un carro con compartimentos secretos que estaban llenos de armas para brindar seguridad al cargamento de drogas. La cocaína se contaba en la finca y se colocaba en compartimentos secretos dentro del NPR (tipo de camión que suele tener aproximadamente 12 pies de largo). Geovanny Fuentes Ramírez tenía tres o cuatro vehículos adicionales por seguridad y dijo que viajaría detrás del camión. La previsión era que, si se encontraba con un puesto de control policial, llamaría a sus contactos, específicamente al comisionado de policía Martínez para que la policía retirara el puesto de control.

  Rivera Maradiaga dijo al tribunal que el cargamento fue entregado a los hermanos Luis y Arnulfo Valle Valle, en El Espíritu (Copán) en su finca. Rivera Maradiaga pagó a Metro y a Fuentes Ramírez entre USD 60.000 y  USD 70.000 en persona para este envío.

  Seguidamente, a instancia de los fiscales, Devis Rivera Maradiaga hizo referencia a otro envío de cocaína, el cual tuvo lugar 3 o 4 meses después del segundo envío. Dijo que se comunicó con Fuentes Ramírez a través de “Metro” pidiéndole que se trasladara a Tocoa a recibir otro envío.

  El avión de la droga transportaba entre 500 y 700 kilos de cocaína y llegó a San Esteban, Olancho, a una pista de aterrizaje clandestina controlada por Fredy Nájera (un exrepresentante del Congreso que se declaró culpable en Estados Unidos con quien Riviera traficaba).

  Se trataba de una cocaína que a Rivera le había vendido Rafael Sierra, uno de los líderes del cartel de Rentería, la cual vendieron luego a los hermanos Valle Valle y entregada en El Espíritu, Copán.

  A su arribo a destino, la cocaína fue llevada a un rancho en Zamoro, Colón donde se encontraban Geovanny Fuentes Ramírez, “Metro”, el camionero y el colombiano de Rentería (“Yuca”).

 Por este cargamento, Rivera Maradiaga pagó Geovanny Fuentes Ramírez en efectivo y en persona.

 El tercer envío a que se hizo referencia en el juicio durante el testimonio de Rivera Maradiaga, el cual ocurrió en 2012, el cual se hizo en otro avión cargado de cocaína procedente de Colombia, el cual quería que Fuentes Ramírez lo recibiera.

  El avión llevaba entre 425 y 500 kilos de cocaína y aterrizó en una pista clandestina junto al río en Baracoa, en el departamento de Cortés, en una zona conocida como “Tapón de los Ojos”, la cual estaba bajo el control de Geovanny Fuentes Ramírez. La droga la recibió “Jack”, un narcotraficante guatemalteco que luego la iba a vender a mexicanos que, a su vez, la venderían en Estados Unidos.

   El avión aterrizó en la franja y Fuentes Ramírez transportó la carga en camión a los hermanos Valle en El Espíritu, Copán, quienes luego se lo entregaron a “Jack”, quien pagó a Rivera Maradiaga el 10 por ciento de la cocaína. Rivera usó después la cocaína para pagar Fuentes y a Metro.





viernes, 19 de marzo de 2021

Fiscales de Nueva York aseguran que el presidente de Honduras recibió sobornos de narcotraficantes y quería acceso a la cocaína de Fuentes Ramírez

   Este viernes la fiscalía y la defensa dieron sus argumentos finales, el juez Kevin Castel instruyó al jurado y se iniciaron las deliberaciones. La próxima semana se conocerá el veredicto.

Por Maibort Petit

   En el juicio contra Geovanny Fuentes Ramírez, que duró dos semanas y donde salieron a relucir acusaciones contra los presidentes de Honduras del siglo XXI, el fiscal federal Michael Lockard dijo ante el jurado en sus argumentos de cierre que  el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, aceptó sobornos de un narcotraficante entre los años 2013 hasta 2019.

   Según Lockard, Geovanny Fuentes Ramírez sostuvo reuniones con Juan Orlando Hernández en dos ocasiones en 2019 y en esos encuentros el acusado le pagó sobornos para lograr seguridad para él , sus asociados y la mercancía (droga) que transportaban desde Honduras a los Estados Unidos.

   A lo largo del juicio se escucharon a varios testigos que señalaron que el presidente hondureño recibió coimas de varios narcotraficantes, incluyendo al acusado, Fuentes Ramírez.

   Juan Orlando Hernández llegó al poder en 2014, luego de haber ejercido como presidente del Congreso de la República. En 2017 se reeligió y su nombre vinculado a narcotraficantes, empezó a salir a la luz pública cuando su hermano, Tony Hernández, fue juzgado y hallado culpable de delitos de narcotráfico en Nueva York donde enfrenta una condena máxima de cadena perpetua.

   Hasta esta fecha, Juan Orlando Hernández no ha sido acusado formalmente por los fiscales, aunque aparece en la acusación de Fuentes Ramírez como co-cooperador #04. El presidente ha negado de manera reiterado las acusaciones en su contra.

   De acuerdo a la investigación de la Fiscalía de Nueva York, el acusado sostuvo reuniones con Juan Orlando Hernández hasta 2019, y continúo pagando sobornos para mantener sus privilegios en Honduras. Esta información fue lograda por las autoridades debido a dos reuniones que tuvo Fuentes Ramírez con Devis Leonel Rivera Maradiaga, exlíder del cártel de los Cachiros en la cárcel donde ambos se encuentran arrestados en Manhattan.

   La fiscalía hizo énfasis en el hecho que el presidente de Honduras recibía coimas de Fuentes y otros y que además quería tener parte de la cocaína propiedad del acusado.

  Recordó Lockard que Fuentes Ramírez tenía un laboratorio de drogas ubicado en Cerro Negro cerca de Puerto Cortés, y que el mandatario Juan Orlando había expresado al acusado que quería cocaína para exportarla a través del puerto. El fiscal dijo que "El acceso al laboratorio del acusado valdría millones ".

   Pero el acusado no tenía relaciones exclusivamente con el presidente de Honduras, sino con varios miembros del Ejército que formaban parte de los funcionarios con quienes aspiraba realizar operaciones de blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico.

Juan Orlando Hernández no se escapa 

    En documentos presentados esta semana por los fiscales en el caso de  Juan Antonio "Tony" Hernández, un ex-congresista hondureño, juzgado por su participación en negocios de narcotráfico, la Fiscalía estadounidense sostiene que Juan Orlando Hernández, hermano mayor de Tony, tenía participación en operaciones de drogas desde hace mucho tiempo, y sostienen que su ascenso al poder político del mandatario fue financiado por narcotraficantes a cambio de protección para sus actividades criminales.

   Los fiscales sostuvieron que Tony Hernández era un congresista hondureño que, junto con su hermano Juan Orlando Hernández, desempeñó un papel de liderazgo en una violenta conspiración de narcotráfico patrocinada por el estado”.

   Los alegatos contra el presidente de Honduras, dado a conocer en el caso de Tony Hernández se reforzaron en el proceso contra Geovanny Fuentes Ramírez cuando uno de los testigos sostuvo que  Juan Orlando Hernández dijo que metería drogas en las narices de los gringos, al tiempo que recibía sobornos de los narcos como condición para no ser extraditados.

   El fiscal insistió que Fuentes Ramírez traficaba toneladas de cocaína a los Estados Unidos, que tuvo su laboratorio de drogas, custodiado por hombres armados y que solía ​​comprar y pagar a policías y políticos de su país para mantener su negocio de drogas rentable.

"De hecho, sostuvo el fiscal,  Fuentes Ramírez entregó  dinero en efectivo en un trato corrupto con el futuro presidente de Honduras, traficó kilos de cocaína a Miami, se asoció con cárteles, compró policías y asesinó gente".

  El fiscal dijo que Fuentes empezó trabajando con Metro, primo de los hermanos Javier y Leonel Rivera, ambos del cártel de los Cachiros. 

  Acotó que "cuando el trabajo en Miami fracasó, abrieron un laboratorio de drogas en Cerro Negro. En Honduras un kilo de cocaína vale unos $ 9000 dólares,  que se puntiplica en los Estados Unidos"

  Agregó que Fuentes Ramírez le contó a Leonel Rivera sobre su laboratorio, en la gasolinera de Rivera. Asimismo, le dijo sobre la redada en su laboratorio. "Pero debido a los contactos del acusado con policías corruptos, sacó las drogas y además,  asesinó al policía".

   Refirió el fiscal el testimonio del contador, cuyo nombre ficticio es José Sánchez, quien aseguró frente al jurado que sabía sobre el laboratorio. "Jarufe lo envió allí con dinero en efectivo. En ambas ocasiones lo detuvo la seguridad armada. No los caficultores".

   También hizo mención al testimonio de Jorge Medina, el ingeniero agrónomo de Ganaderos que testificó que  Fuentes Ramírez había pagado para que no no investigarán en dos oportunidades y le dio un soborno a a Barahona para callarlo.

  Según el testimonio, Sánchez dijo que en 2013 Juan Orlando Hernández había designado a Barahona y se postuló para la presidencia. 

    Para la época de la postulación de Hernández, Los Cachiros pagaron enormes sumas de dinero a Juan Orlando Hernández, a Pepe Lobo y a Manuel Zelaya para que les ofrecieran protección y no los extraditaran a los Estados Unidos.

 Igualmente, sostuvo que Ricardo Álvarez, quien sería el vicepresidente de Honduras, también recibió sobornos.

   Sánchez vio a Juan Jarufe, al acusado y Juan Orlando Hernández reunirse, Juan Orlando Hernández  se llevó $ 15,000 en efectivo y de paso quería tener acceso a la cocaína del acusado. 

   El fiscal federal comentó que  Juan Orlando Hernández dijo que le daría al imputado el número de celular de su hermano Tony Hernández, quien  estampó los kilos (de cocaína) con sus propias iniciales.

  Agregó que debido a que los Cachiros no invirtieron en el laboratorio de drogas de Fuentes, éste se asoció con Juan Orlando Hernández y su hermano, Tony Hernandez.

  Entre otros aspectos, el fiscal señaló que Fuentes Ramírez mató a un mecánico de botes, para congraciarse con los Cachiros a quienes el mecánico se jactaba de robar. Entonces el imputado comenzó a trabajar con Leonel Rivera: un cargamento de 500 kilos del colombiano Vargas R. También participó en un envío aéreo a las pistas de aterrizaje de Freddy Najara. El acusado lo transportó, armado con lanzagranadas.

  Frente al jurado, el fiscal advirtió que además de haber estado relacionado con los Cachiros, Fuentes Ramírez trabajó con el cártel de Sinaloa bajo el mando del Chapo Guzmán en un envío de unas tres toneladas de cocaína. 

  Para esa época, Fuentes y Metro se convirtieron e rivales de Los Cachiros y fue entonces cuando el acusado intentó matar a Devis Leonel Rivera.

  Fue entonces cuando Devis Leonel Rivera se convirtió en cooperador del gobierno de Estados Unidos,.

  El fiscal sostuvo además que en teléfono celular del acusado, aparecen los números del presidente y el del vicepresidente de Honduras. Tiene decenas de oficiales policiales y militares. 

   Acotó que "la evidencia muestra que el acusado conspiró para traficar drogas a los Estados Unidos, con armas de fuego. Él es culpable".



 









El juicio por narcotráfico contra Geovanny Fuentes Ramírez desnudo a los últimos tres presidentes de Honduras

   Las conexiones de Geovanny Fuentes Ramírez con presidentes y altos funcionarios de Honduras fueron expuestas en un proceso judicial que tiene lugar en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. 


Por Maibort Petit


  De acuerdo al exlíder del cártel de Los Cachiros, el narcotraficante siempre ha procurado y conseguido amparo a sus actividades delictivas de varias administraciones de gobierno hondureño. Ante el juez y 12 jurados, aislados en un  cubículo  de madera debido a la pandemia, Devis Leonel Rivera Maradiaga describió los encuentros y momentos en que entregaron a los últimos tres mandatarios de Honduras, Manuel Zelaya, Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández  miles de dólares para garantizar que el poder político estuviera del lado de la gran industria del narcotráfico y protegiera a sus principales figuras y la valiosa mercancía.

   Durante su largo testimonio ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el exlíder del cártel de “Los Cachiros”, Devis Leonel Rivera Maradiaga, testigo de la fiscalía en el juicio que en esa instancia judicial se le sigue a Geovanny Fuentes Ramírez, dio a conocer detalles de las relaciones que este último ha mantenido con presidentes y altos funcionarios de Honduras, a objeto de lograr la protección a sus actividades de narcotráfico.


  En este sentido, Rivera Maradiaga dijo que Fuentes Rivera coordinaba el envío de drogas con el tesorero del gobierno hondureño durante el régimen de Roberto Micheletti.


   Explicó que, en 2013, Geovanny Fuentes Rivera le pidió prestado USD un millón para un cargamento de 2.000 kilogramos de cocaína proveniente de Colombia.


   Aseguró que él y su hermano, Melvin Sanders (a) “Metro” y Geovanny Fuentes Rivera se reunieron en persona con Javier Hernández Mejía, también conocido como “Javier Choloma”, tesorero del gobierno hondureño en la administración de Micheletti, administrador de “Los Cachiros”, acusado de lavado de dinero en Honduras y preso desde 2018.


   Sobre el préstamo de dinero que le solicitó Fuentes Ramírez, Devis Rivera Maradiaga refirió que le respondió que lo pensaría y, posteriormente, conversó con Javier Hernández Mejía quien le informó que el hoy acusado había arreglado con el empresario Fuad Jarufe, los detalles sobre la recepción de las drogas provenientes de Colombia en Puerto Cortés. El secretario de gobierno le haría desaconsejado hacer negocios con Fuentes Ramírez.

  Del mismo modo, Rivera Ramírez informó que Javier Hernández Mejía le dijo que “Metro” estaba considerando transferirle los derechos de propiedad del club de fútbol Atlético Choloma, debido a los problemas que estaban teniendo con el laboratorio de drogas. Esto habría ocurrido luego del asesinato del policía involucrado en la investigación, por lo que la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) —oficina hondureña encargada de combatir el narcotráfico— decidió ir tras “Metro”.


  Rivera Maradiaga le apuntó ante la corte que, para ese entonces, las relaciones de él y Geovanny Fuentes Ramírez no eran muy buenas, pues este último estaba disgustado porque no le había querido prestar el millón de dólares.


  Los sobornos a Juan Orlando Hernández, Manuel Zelaya y Ricardo Álvarez


  En su testimonio ante la Corte de Nueva York, Devis Rivera Maradiaga aseguró que el cartel de “Los Cachiros” sobornó al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández en 2012 con USD 250.000.


  El objeto de la coima era la protección del gobierno, la garantía de que los integrantes de Los Cachiros no serían extraditados, así como seguir recibiendo contratos del gobierno con fines de blanqueo de capitales.


   La entrega del dinero en efectivo se hizo a través de la hermana del mandatario, Hilda Hernández —muerta en 2017 en un sospechoso accidente de helicóptero— involucrada en varios casos de corrupción.


   Se conoció que los hermanos Rivera Hernández se reunieron en 2014 con Tony Hernández, hermano del presidente Hernández quien prometió pagar varios contratos de los primeros. A cambio de este favor, Tony Hernández recibió USD 50.000 en efectivo en el restaurante Denny's de Tegucigalpa.


  Las coimas de “Los Cachiros” también alcanzaron Juan Manuel Zelaya Rosales en 2006, a quien le pagaron USD 500.000, a cambio de nombrar a un primo de Rivera Maradiaga como ministro de Seguridad, pero esto no sucedió cuando Zelaya asumió el cargo.


   Entre otras revelaciones a la corte, Devis Rivera dijo que, en 2012, “Los Cachiros” pagaron USD 500.000 al actual vicepresidente, miembro del Partido Nacional, Ricardo Álvarez. Este prometió que no extraditaría a Los Cachiros a Estados Unidos y también seguir otorgándoles contratos a sus empresas fachada. Otro compromiso fue eliminar la ley de extradición entre Honduras y Estados Unidos. Sin embargo, Álvarez, quien aspiraba a la presidencia hondureña, no ganó las elecciones.




miércoles, 17 de marzo de 2021

Las mil y una fechorías de Geovanny Fuentes Ramírez, según el narcotraficante, Devis Leonel Rivera Maradiaga

  Asesinatos, torturas, secuestros, sobornos al presidente y expresidente, serían algunos de los delitos cometidos por quien hoy se siente en el banquillo de los acusados de la corte de Manhattan.

Por Maibort Petit 

  Durante el juicio que en la Corte del distrito Sur de Nueva York se le sigue a Geovanny Fuentes Ramírez, el exlíder del cártel “Los Cachiros”, Devis Leonel Rivera Maradiaga, presentó testimonio —convocado por la fiscalía— y dio a conocer su relación con el acusado, así como los múltiples crímenes en que participó y que tuvieron que ver con asesinatos a rivales y sobornos a presidentes hondureños, a cambio de protección por sus actividades delictivas.



   Rivera Maradiaga aseguró que Geovanny Fuentes Ramírez en complicidad con otros, secuestró y torturó brutalmente al oficial de policía responsable de la investigación y allanamiento del laboratorio propiedad del imputado, el cual estaba ubicado en el departamento de Cortés. Refirió que el narcotraficante José Miguel Handal Pérez, alias “'Chepe Handal” le informó previamente a Fuentes Ramírez acerca del allanamiento.

   Sobre este hecho, Rivera dijo que aproximadamente 3 o 4 meses después del allanamiento del laboratorio de drogas, Melvin Sanders (a) “Metro”, organizó una reunión con Fuentes Ramírez en un negocio de San Pedro Sula.

  De acuerdo al testimonio rendido ante la Corte, Fuentes Rivera cuando fue informado por Handal del allanamiento que planeaba la policía, sacó toda la droga del laboratorio y fue así como en la operación las autoridades no encontraron nada que inculpara a Fuentes Rivera. Según dijo Rivera, con estas confesiones Fuentes Ramírez sólo buscaba ganarse su confianza.

  Rivera Maradiaga indicó que Geovanny Fuentes Ramírez le informó que había atrapado al policía que lo investigaba cuando este se encontraba en la discoteca Metro en Choloma.

  Fuentes Rivera y otros habrían llevado al policía a Ticamaya, —sostiene Rivera Maradiaga— un pueblo entre San Pedro Sula y Choloma, a un lugar baldío cerca de la laguna de la localidad, y allí lo torturaron, lo golpearon, le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza a modo de capucha. Contó que el policía lloró y les pidió que no lo mataran porque tenía una hija pequeña, pero Fuentes ni los otros se conmovieron y le clavaron alfileres en los dedos, lo golpearon en la cabeza con un rifle. Finalmente lo mataron de tres disparos en la cabeza.

  Detalló que mientras el policía era torturado, confesó que estaba investigando a Fuentes Ramírez, a “Metro” y a los dueños de la propiedad donde se ubicaba el laboratorio, habiéndose determinado que el empresario no estaba involucrado en el laboratorio y que acababa de alquilar el terreno.

Los negocios con los del gobierno y el Chapo

  Del mismo modo, dio a conocer que un extesorero del gobierno hondureño de la administración de Roberto Micheletti, de nombre Javier Hernández Mejía y conocido como “Javier Choloma”, acusado en Honduras por lavado de dinero, tuvo que ver con un cargamento de drogas enviado desde Colombia junto con “Los Cachiros” y Geovanny Fuentes Ramírez.

   Igualmente, informó que Fuentes Ramírez mantuvo un encuentro con el narcotraficante Juan Guzmán, primo “El Chapo” Guzmán en San Pedro Sula. Precisó que Melvin Sanders, alias “Metro” y Fuentes vendieron por lo menos tres cargamentos de cocaína a Guzmán.

  Entre las revelaciones de Devis Rivera Maradiaga destacó el hecho de que habría pagado a los pandilleros para asesinar a rivales de la droga, entre ellos, el socio comercial de Geovanny Fuentes Ramírez, "Metro". El acusado proporcionó a los pandilleros y asesinos uniformes de policía y policías militares para asesinar a sus enemigos. Destacó que muchas de las armas que utilizó Fuentes Ramírez eran suministradas por un miembro activo del ejército de Honduras.

   Rivera Maradiaga también testificó que, en 2012, “Los Cachiros” sobornaron al presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, con USD 250.000 dólares en aprox. 2012. El dinero fue entregado a la hermana del mandatario, Hilda Hernández.

 Pero según el testimonio de Rivera Maradiaga, también el expresidente, Manuel Zelaya, recibió de Los Cachiros en 2016, USD 500.000 pidiéndole que nombre a su primo como Ministro de Seguridad. Otros USD 500.000 de los Cachiros habrían ido a dar a manos del actual vicepresidente, Ricardo Álvarez, durante la campaña electoral. El hermano del mandatario, Tony Hernández, supuestamente recibió USD 50.000.

  En un encuentro casual de Rivera Maradiaga con Geovanny Fuentes Ramírez en una cárcel de Estados Unidos, este último le dijo al primero que poco antes de su arresto, Juan Orlando Hernández había intentado comprar la compañía de Fuentes por USD 13 millones. Por su parte, Geovanny Fuentes Ramírez le refirió a Rivera Maradiaga, que en otra ocasión se había reunido con Hernández y el empresario Fuad Jarufe en una casa en Choloma, donde el hoy acusado intentó sobornar al actual presidente hondureño con USD 18.000 a cambio de evitar ser arrestado.

El otro asesinato

  Melvin Sanders alias “Metro”, le pidió en 2012 a Geovanny Fuentes Ramírez,

   En 2012, Metro le pidió a Devis Rivera Maradiaga que lo ayudara a investigar el asesinato de su hermano, quien habría sido dado de baja por haber tomado cocaína en consignación y no la pagó.

  “Metro” quería valerse de los contactos de Fuentes Ramírez en la policía para investigar. Rivera Maradiaga también intentó averiguar a través de sus fuentes policiales en San Pedro Sula, pero no tuvo éxito.

  Entre tres y cinco meses después, Geovanny Fuentes Ramírez, “Metro”, Devis Rivera Maradiaga, la seguridad de Metro y un oficial de policía de nombre, Juan Manuel Ávila Meza —expolicía hondureño que espera por sentencia por cargos de narcotráfico en Estados Unidos— mantuvieron un encuentro para discutir sobre los asesinos que habían matado al hermano de Metro.

  Tiempo después Melvin Sanders encontró a los asesinos de su hermano a quienes atraparon Fuentes Ramírez, el propio “Metro” y el ex policía Ávila Meza. Los llevaron a la región de Naco, en el departamento de Cortés, donde los torturaron y asesinaron. Rivera Maradiaga precisó que Geovanny Fuentes Ramírez los roció con gasolina y les prendió fuego.

  De acuerdo al testimonio de Devis Leonel Rivera Maradiaga, Geovanny Fuentes Ramírez le habría pedido USD 20 mil para el pago de los asesinatos.

El barco y los aviones

   En otra parte de su testimonio ante la corte, Rivera Maradiaga hizo mención a algunos de los medios de transporte utilizados por Geovanny Fuentes Ramírez para llevar a cabo los envíos de droga.

   Dijo que el acusado transportó base de cocaína a Honduras en uno de sus barcos, el cual estaba estacionado en el “Encantilado Marine” en el departamento de Cortés, cuando Metro, las mujeres invitadas por este último, Fuentes Ramírez, los hermanos Rivera Maradiaga y su seguridad, se reunieron.

   Fuentes le mostró el compartimiento secreto del barco utilizado para ocultar la droga. Se trataba de una embarcación que había pertenecido a Rivera y había pasado de mano en mano.

   También se conoció que los aviones usados para el narcotráfico por Fuentes Ramírez y un narcotraficante de Guatemala conocido como “Jack”, estaban registrados en Estados Unidos.

viernes, 18 de octubre de 2019

El hermano del presidente de Honduras es declarado culpable por delitos de narcotráfico por un jurado en NY

Por Maibort Petit
@Maibort Petit 

Un jurado de nueve mujeres y tres hombres emitió este viernes un veredicto de culpabilidad contra Juan Antonio "Tony" Hernández, ex-diputado hondureño y el hermano del presidente de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández, acusado por el gobierno de Estados Unidos  por delitos de tráfico de drogas, posesión de armas de fuego para operar sus negocios de narcotráfico y por haber mentido a las autoridades estadounidenses.

  Juan Antonio 'Tony' Hernández escuchó el veredicto, que lo llevará a permanecer tras las rejas por décadas, sin mostrar grandes emociones. Cerró los ojos rápidamente, se acomodó su traje negro, luego le dió la mano a su abogado Michael Tein. De inmediato se volteó y miró a su madre que estaba sentada en la segunda banca de la sala, le sonrió y luego miró intensamente al juez Kevin Castel quien -desde lo alto -observaba al jurado y al resto de los presentes en la sala 11D del tribunal del bajo Manhattan.

   Hernández será sentenciado el 17 de enero de 2020. Enfrenta una sentencia mínima obligatoria de 30 años de cárcel y una condena máxima de cadena perpetua.

  Después de haber culminado la audiencia, un nutrido grupo de ciudadanos hondureños se apostaron a las afueras de la corte federal ubicada en el 500 Pearl Street de Nueva York. Estaban exaltados, portaban pancartas y gritaban que querían la extradición y enjuiciamiento del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. 

   El abogado defensor de Hernández, Michael Tein dijo que aunque respetaban el juez y el veredicto del jurado, consideraba que el resultado del mismo no era consistente con los hechos. Ratificó que su cliente es inocente y que las evidencias no fueron contundentes. Anunció que luego de la sentencia seguirán la batalla legal con un recurso de apelación.

    El otro defensor, Omar Malone, confirmó que el veredicto sería llevado apelación en nombre de Hernández y anunció que la batalla legal "continuaría". 

   El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández salió a relucir como co conspirador en este caso de narcotráfico. Los fiscales sostienen que Tony Hernández y el mandatario hondureño recibieron dinero del narcotráfico para ampliar su poder político y que convirtieron a Honduras en un Estado patrocinado por los carteles de la droga.

  El presidente Hernández ha negado todos los señalamientos hechos en su contra señalando que es víctima de una venganza de los narcotraficantes hondureños a quienes su gobierno buscaba extraditar. 

    Los fiscales estadounidenses aclararon que ninguno de los cinco  testigos cooperantes que testificaron en el juicio fueron extraditados por el mandatario, ya que  tres de ellos se había entregado voluntariamente a la justicia y dos fueron extraditados por las autoridades de Guatemala.

  Una vez se conoció el veredicto, el jefe de Estado hondureño colgó un tweet en su cuenta en el que asegura: "En nombre de mi familia, y personalmente, recibo con gran tristeza las noticias del fallo en Nueva York". 

    El mandatario rechazó "en nombre del Gobierno de Honduras y de sus instituciones se rechaza cualquier falsa e irresponsable versión que busca manchar el nombre de Honduras a raíz de este fallo".

   Asimismo señaló: "¿Qué se puede decir sobre una condena basada en testimonios de asesinos confesos, y argumentos que varios de estos testigos no fueron extraditados por Honduras si Estados Unidos nunca los pidió en extradición?.

  Hernández también dijo a través de su cuenta Twitter que respetaría el debido proceso en los tribunales de justicia de Estados Unidos. "Nadie puede estar por encima de la ley, caiga quien caiga" haciendo referencia al caso de su hermano Tony Hernández.
      
     El mandatario dijo que el veredicto de su hermano no es un contra el Estado de Honduras y que es increíble la capacidad de los criminales que fueron a testificar en el juicio mintieran descaradamente. "En lugar de armas y proyectiles ahora intentan usar sus mentiras contra los que tomaron acciones en contra de los narcotraficantes".

   Los fiscales del gobierno norteamericano basaron el caso de Hernández en 5 evidencias duras y cinco testimonios de testigos cooperantes, entre los cuales se destacó el de narcotraficante Leonel David Rivera Maradiaga, ex líder del cártel de los Cachiros quien se entregó a las autoridades norteamericanas y colaboró con la DEA registrando reuniones en audio y video de los investigados, entre quienes se encontraba el convicto Tony Hernández. 

   La fiscalía sostuvo que Tony Hernández y sus asociados traficaron desde Honduras a los Estados Unidos más de 200 mil kilos de cocaína que fueron enviadas desde Colombia, vía Venezuela, hasta Honduras para luego pasarlas con ayuda de la policía y los militares hondureños a la frontera de Guatemala, de allí a México para luego ser introducida al territorio norteamericano.

   La fiscalía sostuvo que Tony Hernández y su hermano presidente, junto a otros conspiradores voltearon el gobierno de Honduras contra el pueblo y lo utilizaron para el tráfico de drogas patrocinado por el Estado. Este argumento del fiscal Emil Bove durante el cierre del juicio generó que el gobierno de Honduras emitiera una nota  una nota diplomática al gobierno estadounidense donde se quejó de que la Fiscalía neoyorquina se refiera a ese país centroamericano como un narcoestado.