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martes, 26 de enero de 2021

CITGO demanda a aseguradoras que se niegan a pagar por pérdida de crudo

 Los hechos se enmarcan en el forcejeo entre Maduro y Guaidó por el control de la filial de Petróleos de Venezuela.

Por Maibort Petit

   Por incumplimiento de contrato CITGO Petroleum Corporation demandó a las aseguradoras que se niegan a pagar por la pérdida de 939.000 barriles de crudo diluido y 22.000 barriles de crudo Pedernales de su propiedad que estaban cargados a bordo del petrolero M/T Gerd Knutsen, cuando este fue atacado el 9 de octubre de 2020 durante un movimiento insurreccional contra la presidencia interina de Venezuela, ejercida por Juan Guaidó. La demanda fue presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York el pasado 15 de enero de 2021.

  Las empresas aseguradoras demandadas son Ascot Underwriting Limited, Pioneer Underwriting, MS Amlin Underwriting Limited, Travelers Syndicate Management Limited, Brit Syndicates Limited, Sompo International Insurance, Chaucer Syndicates Limited, Markel Syndicate Management Limited, Neon Underwriting Limited y Starstone Insurance SE, con las cuales CITGO suscribió la Póliza de Reaseguro de Carga Marítima Nº B1263EG0466118.

El caso

   Los hechos ocurrieron el 9 de febrero de 2020, cuando el Gerd estaba anclado frente a las costas de Venezuela en espera de permiso para zarpar hacia su puerto de destino en Aruba. Ese mismo día, actores venezolanos que buscaban desplazar al gobierno interino de Juan Guaidó, se acercaron al buque petrolero en armas y le ordenaron navegar a un puerto venezolano.

   Refiere la demanda que el capitán del buque protestó, pero obedeció y cuando llegaron a puerto, la carga fue incautada, transferida a otro barco, perdiéndose por completo.

  Ante los hechos, CITGO entregó rápidamente a las aseguradoras un aviso de pérdida real bajo la póliza, pero las empresas rechazaron el reclamo en una carta fechada el 18 de marzo de 2020.

  Se explica que CITGO se encontraba asegurada por Illuminant Insurance Company y ésta reaseguró el 100 por ciento del riesgo asegurado con otra aseguradora cautiva de CITGO, Trimark Insurance Company, Ltd, la cual, a su vez, cedió el 100 por ciento del riesgo reasegurado a los aseguradores demandados.

   La demanda la presenta CITGO directamente y no las aseguradoras por ser el destinatario final de cualquier producto bajo la póliza y, de acuerdo a una cláusula del contrato, puede hacer las reclamaciones sin la participación de Illuminant y Trimark.

  La cobertura de la póliza incluye el riesgo de daño o pérdida de "Bienes y/o Mercancía de cualquier descripción", con un límite de responsabilidad de "USD 100,000,000 por cualquier Buque y/o Aeronave y/o Transporte y/o cualquier pérdida en cualquier ubicación".

  Esta cobertura se aplica a la carga “desde el momento en que la [carga] pasa a ser por cuenta y riesgo del Asegurado (...) y continúa mientras el objeto está en tránsito y/o almacenado, incluso durante demoras dentro o fuera del control del Asegurado, (...) hasta que finalmente se entregue en [el] destino final previsto (...)".

  Apunta la demanda presentada por CITGO que la póliza incluye establece entre los riesgos cubiertos, uno denominado "Cláusulas de Guerra del Instituto (Carga)", en la que se estipula que el seguro cubre la pérdida o daño del objeto asegurado causado por: 1) guerra, guerra civil, revolución, rebelión, insurrección o contienda civil que surja de ella, o cualquier acto hostil por o contra una potencia beligerante; 2) captura, incautación, arresto, restricción o detención, que surja de los riesgos cubiertos en el primer caso, así como las consecuencias de los mismos o cualquier intento al respecto.

  Aparte de hacer mención a varias estipulaciones de la póliza relativas a las formas de evitar o minimizar la pérdida; garantías de los transportistas, depositarios o terceros; gastos de envío en caso de viaje frustrado; entre otras, prevé que el contrato se rige por pautado en la ley de Nueva York, por lo que las partes se someten a la jurisdicción exclusiva de los tribunales del Estado de Nueva York.

Los hechos

  CITGO fletó el Gerd de Knutsen Shuttletanker Pool AS para transportar el crudo que recibió gratis de su casa matriz PDVSA, iniciándose la carga el 20 de enero de 2019, completándose el 27 de enero del citado año. La demandante ordenó el 30 de enero de 2019 al capitán del buque salir de aguas venezolana rumbo a Aruba donde se entregaría el DCO.

  Antes de zarpar, el Gerd requería una serie de autorizaciones que organismos dependientes del gobierno ilegítimo de Maduro se negaron a otorgar y, por ello, el buque petrolero permaneció durante más de doce meses anclado frente a las costas venezolanas en procura de las referidas autorizaciones.

  La falta de respuesta de las autoridades venezolanas y la incautación del Gerd, ocurrieron como consecuencia de una insurrección contra su presidente legítimo y gobierno reconocido internacionalmente, Juan Guaidó, sostiene la demanda.  

  La demanda hace una larga y detallada exposición de estos acontecimientos que conforman el panorama en el cual se desarrollaron los hechos que motivan la demanda de CITGO a las aseguradoras.

   Fue así como fuerzas leales a Nicolás Maduro retuvieron al Gerd e impidieron que zarpara durante más de un año. El crudo se cargó entre el 20 y 27 de enero de 2019, en cuyo lapso Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, fue juramentado como presidente interino de Venezuela.

  Un día después de completada la carga, el 28 de enero de 2019, Estados Unidos impuso sanciones a PDVSA que le prohibieron recibir los ingresos de las ventas de petróleo tanto en territorio estadunidense como en otros lugares, congelando efectivamente las cuentas por pagar a la estatal petrolera venezolana. Se buscaba que el régimen de Maduro siguiera “saqueando los activos del pueblo venezolano”.

  El 30 de enero de 2019, apenas dos días después de la implementación de las sanciones contra PDVSA, que el Gerd solicitó por primera vez las autorizaciones necesarias para salir de aguas venezolanas. Refiere la demanda que cuando las autoridades venezolanas no respondieron, CITGO ordenó a la embarcación que zarpara hacia Aruba, pero el capitán rechazó la instrucción y dijo que el barco no partiría sin las autorizaciones necesarias.

  El 1 de febrero, representantes de PDVSA solicitaron que el Gerd entregara su carga a la custodia de la petrolera, pero el capitán del buque se negó con el argumento de que su fletamento con CITGO no le permitía acceder a las demandas de Petróleos de Venezuela.

  El 8 de febrero de 2019, Juan Guaidó nombró una nueva Junta Directiva ad hoc de PDVSA, la cual designó una nueva directiva de PDV Holding, propietaria de las acciones de CITGO. PDV Holding igualmente nombró los nuevos directivos de CITGO Petroleum Corporation, la empresa demandante.

   La Corte de Cancillería de Delaware dictaminó que la junta recién nombrada por Guaidó era la legítima y única Junta autorizada para actuar en nombre de CITGO. También el Procurador Especial de Venezuela estableció que la carga pertenecía a CITGO y no a PDVSA y, no obstante, el capitán de puerto venezolano, SENIAT y la Guardia Costera Bolivariana ignoraron las solicitudes de autorización para navegar del Gerd.

   Una serie de eventos prosiguieron hasta que el 22 de diciembre de 2019, un supuesto representante de PDVSA abordó el barco junto con dos miembros de la Guardia Nacional y entregó al capitán una orden presuntamente emitida por un tribunal venezolano —no un tribunal marítimo— para que el Gerd se dirigiera hasta la Terminal de Puerto José y descargar el crudo. CITGO, a su vez, ordenó al capitán no cumplir la orden del tribunal.

  El 9 de febrero de 2020, una embarcación venezolana armada se acercó al Gerd y obligaron al capitán llevar la nave al puerto de Jose, lo cual realizó bajo protesta para proteger la vida y la seguridad de su barco y tripulación.

  De este modo, el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro se apoderó del crudo cargado en el Gerd.

  Estos hechos los notificó CITGO a las aseguradoras el 22 de julio de 2019 y se inició el proceso para declarar la pérdida de la carga y proceder al cobro bajo la póliza, pero estas se niegan a pagar.

  Ante tal circunstancia, presentó la demanda por incumplimiento de contrato y sentencia sobre dos aspectos del contrato, declarando la incautación de la carga como surgida de una guerra, guerra civil, revolución, rebelión, insurrección o conflicto civil enmarcados en las Cláusulas de Guerra del contrato.

  También se pide al tribunal declarar los costos en que incurrió CITGO al intentar evitar la pérdida o recuperación de la carga; otorgar a CITGO los honorarios razonables de sus abogados y los costos incurridos para llevar a cabo la demanda; y otorgar cualquier otra reparación que la Corte considere justa y apropiada.

miércoles, 15 de julio de 2020

Piden a un juez de Delaware que ordene a funcionarios del gobierno de Juan Guaidó informar sobre su relación con Crystallex, ExxonMobil, Conoco-Phillips y Owens-Illinois

  En una entrevista con esta periodista, Jorge Alejandro Rodríguez-Moreno, del partido Avanzada Progresista no fue capaz de explicar quién o cómo había financiado la acción legal del Amici, ni la razón real que le llevó a tomar la decisión de participar en un caso que tiene gran importancia para la República. 

Por Maibort Petit
@maibortpetit  

   En un documento introducido ante el juez de la Corte de Delaware, Leonard Stark se solicita que ordene al exprocurador, José Ignacio Hernández, al embajador de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, a Luis Pacheco y a la presidente de la JD de CITGO, Luisa Palacios proporcionar una descripción detallada y el descubrimiento de todos documentos relacionados con su relación con Crystallex, Owens-Illinois, Conoco-Phillips y Exxon Mobil, así como cualquier reunión mantenida con ejecutivos de Crystallex, ExxonMobil, Conoco-Phillips y Owens-Illinois, desde el 1 de enero de 2019.
  En el documento firmado por Jorge Alejandro Rodríguez-Moreno, del partido Avanzada Progresista, este pide ser admitido para participar en los casos contra la República Bolivariana de Venezuela en calidad de Amicus.

  En el documento hay una propuesta de orden, en la cual se pide al juez Stark que exija las evidencias que prueben la relación que tiene el ex- procurador del gobierno Interino, José Ignacio Hernández y al embajador de Venezuela ante Estados Unidos, Carlos Vecchio con Crystallex y las otras empresas demandantes.

   Igualmente, se le pide al tribunal que solicite al Departamento de Justicia que informe sobre la situación actual de la supuesta solicitud de investigación realizada en agosto de 2019 por el Amici, de un posible incumplimiento de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero por parte de José Ignacio Hernández y Crystallex. 

  Se le pide a la corte que ordene a PDVSA, PDVSA Ad Hoc y CITGO que se abstengan de emitir cualquier tipo de deuda sin el permiso de la corte, a fin de evitar cualquier sustancial cambio en su patrimonio, emisión irrazonable de deuda o cualquier otro evento que pueda dañar a sus propietarios finales, el pueblo de Venezuela.

   Se pide que se ordene a PDVSA, PDVSA Ad Hoc y CITGO que hagan pública la divulgación de todos los compromisos de deuda contraída desde el 1 de junio de 2014, incluidos los términos de emisión, el titular y todos los información pertinente a la misma. 

  Igualmente se pide que ordene a PDVSA, PDVSA Ad Hoc y CITGO que hagan pública la divulgación de todos compras de crudo el 1 de junio de 2014, incluidos los términos del contrato, los vendedores y todo lo relevante información financiera que le pertenece. 

  Se solicita que el juez ordene a  José Ignacio Hernández y a Luis Pacheco que proporcionen este Tribunal de Justicia con audio completo, transcripción y traducción jurada del 3 de junio de 2020, que tuvo lugar en la audiencia de la Asamblea Nacional de Venezuela en la cual participaron Hernández y Pacheco.

   Se pide que se ordene a José Ignacio Hernández, Carlos Vecchio, Luis Pacheco y  Luisa Palacios proporcionar a la corte una descripción detallada y el descubrimiento de todos documentos relacionados con su relación con Crystallex, Owens-Illinois, Conoco-Phillips y Exxon Mobil, así como cualquier reunión mantenida con ejecutivos de Crystallex, ExxonMobil, Conoco-Phillips y Owens-Illinois, desde el 1 de enero de 2019


EL RECURSO

  El Secretario Político del partido Avanzada Progresista, Jorge Alejandro Rodríguez-Moreno, [autorizado por el presidente del partido, Henri Falcón], introdujo a la Corte de Delaware un recurso Amici donde explica que existen conflictos de intereses con el [ex-] procurador del gobierno Interino de Juan Guaidó, José Ignacio Hernández, que representa a la República Bolivariana de Venezuela en ese tribunal. Sostiene que Hernández, debe explicar su relación con algunas de las empresas demandantes, entre las que se destaca Crystallex, Owens-Illinois, los tenedores de los bonos PDVSA 2020 y Trafigura, entre otras. 

  En el documento se señala que "la intención es informar al tribunal de varios hechos que podrían mover a la corte a un alivio u otra acción".
   
   El ingeniero Rodríguez explica que en febrero y marzo de 2019, "de forma privada o en grupos limitados, presentó información a varios congresistas venezolanos incluidos José Guerra y Rafael Guzmán, miembros del Comité de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional de Venezuela en la que desaconseja la conveniencia de realizar los pagos correspondientes a los bonos PDVSA 2020, tal como lo recomendaba del Procurador Especial de Venezuela, José Ignacio Hernández".

   Dijo que el 5 de junio de 2019, solicitó a la Comisión de Petróleo y Energía de la Asamblea Nacional, que informara oficialmente al parlamento sobre los graves conflictos de intereses relacionados con el Procurador Especial, Hernández en varios casos bajo su supervisión, incluidos Crystallex vs. República de Venezuela, y otros relacionados con los Bonos PDVSA 2020, el supuesto saqueo de PDVSA por parte de comerciantes de petróleo en complicidad con funcionarios de PDVSA.

  Refirió que su propuesta fue votada y se acordó en dicha audiencia de junio de 2019, realizar una investigación al  procurador Hernández. 

  "Los congresistas Jorge Millán (Primero Justicia), Oscar Ronderos (Acción Democrática) y el presidente de la Comisión Elías Matta (UNT) declararon específicamente que no tenían conocimiento de ningún tipo de participación, relación profesional, compromiso profesional o similar, de José Ignacio Hernández con cualquiera de las compañías que la República de Venezuela tiene litigios en curso o pendientes". 

  También fue propuesto en la audiencia, por el congresista Luis Stefanelli (Voluntad Popular) un voto de confianza sobre el nombramiento de Hernández, "este voto de confianza fue denegado y contando sólo con el voto solitario del congresista Stefanelli". 

  Rodríguez-Moreno refirió que personalmente ofreció y cumplió una no divulgación de 90 días sobre los temas tratados en la audiencia.

   El 6 de enero de 2020, Rodríguez Moreno solicitó públicamente la remoción de Carlos Vecchio, José Ignacio Hernández, Alejandro Grisanti, Luisa Palacios y Ricardo Hausmann de todas las actividades relacionadas con CITGO, PDVSA y cualquier oficina pública relacionada con estas empresas. o sus valores.

  Asegura que hasta el día de hoy, "ha estado promoviendo activamente en un foro público las diferentes alternativas para que la República proteja sus intereses y cumpla con sus deudas".

     Sostiene el Amici que puede haberse perpetrado un posible fraude contra la República de Venezuela con el nombramiento de Hernández como Procurador Especial del gobierno interino de Juan Guaidó.

Los intereses del Amici Curiae

  Explica que el recurso de Amici Curiae tiene como objetivo "una clara participación y compromiso en la búsqueda del bienestar del pueblo venezolano, en una transición pacífica y democrática a la democracia bajo la Regla de la Ley".

  Señala que varios economistas, bien conocidos, han expresado su opinión sobre la importancia de CITGO para la recuperación futura de Venezuela, "ya sea mañana o dentro de uno o cinco años".

  "La enorme cantidad de deuda venezolana por un lado, y los vastos recursos naturales en Venezuela por el otro, muestran que bajo un gobierno adecuado, un país que durante siete décadas en el siglo XX mantuvo todo tipo de registros positivos de crecimiento económico, paz y estabilidad, puede volver al camino de la paz y la prosperidad entre las naciones".

   Explica que "la experiencia y la evidencia académica muestran hasta qué punto las actividades criminales de oficiales bien conectados han encontrado terreno fértil en países que regresan a la democracia, dejan atrás una tiranía o no tienen un control real dentro del territorio de una nación. Los casos de antiguos países comunistas proporcionan evidencia clara al respecto".

  El Amici tiene el interés de presentar ante este tribunal hechos nuevos para el caso y que las partes no presentarán.

   Tales hechos, explica, "no son del interés del Demandante y, a pesar de que están en el mejor interés legítimo del Demandado [Venezuela], el abogado del Demandado [Hernández] no los ha señalado a la atención del tribunal". 

   El recurso Amici tiene una base adecuada para determinar que la información y puntos de vista que lo acompañan, no sólo no fueron presentados por el procurador [Hernández] sino que incluso los ocultó al tribunal, "ya que estos hechos son contrarios al interés de quienes representan actualmente a la República de Venezuela y, por lo tanto, al pueblo de Venezuela". 

  El Amici incluye "un testimonio jurado ante la Asamblea Nacional de Venezuela de los conflictos de intereses de José Ignacio Hernández y otros involucrados de un posible fraude perpetrado contra la República de Venezuela con en el nombramiento de Hernández como Procurador Especial Ad Hoc, en una audiencia formal realizada el 5 de junio de 2019, donde Jorge Alejandro Rodríguez-Moreno [Amicus] dio una conferencia detallada al Comisión Permanente de Petróleo y Energía de la Asamblea Nacional sobre el particular.

  El documento [Amici] presentado en la corte se acompañado por evidencias. 

  Esta información incluye, pero no se limita a lo siguiente: 
1) Declaraciones oficiales del actual gobierno de los EE. UU., reconocidos congresistas venezolanos que niegan cualquier conocimiento de los conflictos de intereses de José Ignacio Hernández, actual Procurador Especial Ad Hoc para Venezuela en los EE. UU., y otras jurisdicciones. 

2)Declaraciones del actual gobierno de los Estados Unidos que reconocieron a congresistas venezolanos sobre lo negativo de la actuación de José Ignacio Hernández para proporcionar evidencia de su separación de este caso; 

3)La decisión de la Comisión de Petróleo y Energía de la Asamblea Venezolana de investigar la posibilidad y el alcance de un conflicto de intereses de Hernández en relación con este caso y como agravante, a varios otros casos similares; 

4)La solicitud presentada por Amici al Departamento de Justicia, unidad de Fraude de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) para investigar la relación entre Crystallex y José Ignacio Hernández; 

5)Las respuestas incriminatorias dadas por Hernández a la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Venezolana en una audiencia reciente del 3 de junio 2020; 

6) Las declaraciones incriminatorias expresadas por el Sr. Hernández el 18 de junio de 2020 que declaran una "traición" realizada por la Comisión de Petróleo y Energía de la Asamblea Venezolana en su contra.

  Aclara que "el interés de Amici en este caso es asegurar que la corte y el pueblo venezolano no sean defraudados por medio de esquemas sofisticados, extremadamente difíciles de detectar para el profano, especialmente cuando los realizan individuos con una amplia educación de manera coordinada".

  Además, la disposición de este caso es de vital importancia para establecer un precedente que proteja o ponga en peligro las posibilidades de recuperación del venezolano en el futuro.

  Sostiene que el Amici debe ofrecer perspectivas únicas y valiosas sobre las cuestiones legales ante la Corte en este caso. "Como profesionales calificados y defensores de los derechos de los venezolanos, el Amici se basa en la visión única obtenida a través de la observación cuidadosa de este caso, de los políticos y los partidos involucrados y la situación venezolana". 

  El informe de Amici tiene una visión amplia del tema, con una visión y hechos que no se encuentran en los informes de las partes y existen fuertes razones para creer que no serán proporcionadas por las partes como están representadas actualmente, presentando así un contexto más amplio a la controversia.

 Por lo tanto, agrega, "ayudará a los jueces presentando ideas, argumentos, teorías, ideas, hechos o datos que no se encuentran en los informes de las partes". 

   "Los conflictos de intereses obvios del lado de los representantes de la República de Venezuela podrían haber prevalecido y haber causado un daño quizás irreversible a los derechos del pueblo venezolano. Por tales razones, solicitamos respetuosamente que el Tribunal otorgue esta moción de permiso para presentar el Currículum Amici Curiae adjunto que se adjunta como Anexo A y, si se otorga, un Amicus de ahora para participar en futuros argumentos que puedan surgir a discreción del Tribunal".



martes, 19 de noviembre de 2019

Representantes de Guaidó y tenedores de bonos acuerda ampliar cronograma del litigio de los Bonos PDVSA 2020 en tribunal de Nueva York

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La jueza estadounidense Katherine Polk Failla aceptó el acuerdo de indulgencia que se logró entre los representantes del presidente de la Asamblea Nacional y reconocido por 50 países como presidente Interino de Venezuela, Juan Guaidó y los titulares de los bonos PDVSA 2020 para que el cronograma del proceso de descubrimiento y las mociones del caso sean presentadas en el marco de los próximos seis meses.

  Los abogados de los demandados, Glas America y MUFG Union Bank habían pedido al tribunal que interviniera para que los demandantes aceptarán ampliar el calendario que originalmente los representantes de Guaidó habían fijado para desarrollarse en dos meses.

  La querella interpuesta por Petróleos de Venezuela y PDV Holding exige a la corte que declarare la emisión de los bonos PDVSA 2020 nulos e ilegales por no haber sido aprobados por la Asamblea Nacional, lo cual según los demandantes los hace inconstitucionales.

 Las dos empresas que ejercen custodia de los titulares de las notas que están garantizados por el 50.1 por ciento de las acciones de CITGO Petroleum Corp., reaccionaron en contra y descalificaron los argumentos de los demandantes al señalar que los instrumentos financieros fueron emitidos bajo las leyes del estado de Nueva York.

El acuerdo entre las partes permitió que se aprobara el siguiente cronograma que fue dado a conocer por la corte.


    Las entidades demandadas, MUFG Union Bank y GLAS Americas LLC informaron al tribunal la disposición de los titulares de los bonos 2020 de ir a un juicio y aclararon que estaban en desacuerdo con el cronograma "irracional" propuesto los representantes de Guaidó (quienes sugirieron que en dos meses para que se inicie el procedimiento), ya que el mismo perjudica la capacidad de los acusados a prepararse para la defensa.

   Sostuvieron que dos meses  no eran suficientes para procesar todo el descubrimiento de hechos, intercambio de informes periciales, declaraciones de expertos, resúmenes y argumentos sobre movimientos cruzados para juicio sumario. 

   Los defensores propusieron que el litigio se lleve a cabo mediante descubrimiento y juicio sumario dentro de aproximadamente seis meses "suponiendo esfuerzos de buena fe de ambas partes para realizar el descubrimiento de manera eficiente".

    La querella se relaciona con los Bonos 2020 emitidos en octubre de 2016 por el demandante Petróleos de Venezuela, S.A por un capital aproximadamente $ 1,68 mil millones. 

  Las Notas PDVSA 2020 fueron aseguradas por una promesa hecha por PDV Holding, Inc., que es una subsidiaria de propiedad total de PDVSA, del 50.1% del capital social de la empresa CITGO Petroleum Corp. 

   Aseguran que "PDVSA emitió las Notas 2020 en una oferta de canje en 2016 a través de la cual los inversores ofrecieron —aproximadamente— $ 2.8 mil millones de otras notas que estaban programadas para vencer durante 2017, a cambio de $ 3.367 mil millones  de monto principal agregado de la emisión del 2020. A través del intercambio, PDVSA extendió así vencimiento de $2.8 mil millones en deuda inminente por aproximadamente tres años". 

   Para el momento de la oferta de intercambio de las notas en 2016, la administración del presidente Nicolás Maduro era reconocida universalmente como Gobierno legítimo de Venezuela. Los nombrados por esa administración controlaban PDVSA y sus filiales. El 28 de octubre de 2019, el gobierno incumplió con el pago del capital e intereses de las Notas 2020 que sumaban un total de $ 913.5 millones.

  Los activos de PDVSA en Estados Unidos y los otros demandantes ahora están controlados por la oposición política a la administración de Maduro, dirigida por Juan Guaidó, quien a través de sus representantes solicitaron al Tribunal que declare nulas todas las obligaciones adquiridas por la república bajo las Notas 2020, incluida la obligación fundamental de pagarlos.

El acuerdo entre las partes ahora le da a la oposición más tiempo para buscar una estrategia que le permita salvar a CITGO que está comprometida como garantía de las notas.

martes, 12 de noviembre de 2019

Tenedores de bonos PDVSA 2020 aseguran que la Asamblea Nacional de Venezuela reconoció validez de las notas cuando pagó los intereses en abril de 2019

   La demanda de los representantes de Juan Guaidó ante un tribunal de  NY para que declare la nulidad e ilegalidad de las polémicos instrumentos financieros es considerada por los acusados como un argumento irrelevante porque hay hechos relevantes que prueban todo lo contrario.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

    Los titulares de los Bonos PDVSA 2020 afirmaron —en una comunicación dirigida a la Corte del Distrito Sur de Nueva York —que los representantes del presidente de la Asamblea Nacional y reconocido por 50 países como presidente Interino de Venezuela, Juan Guaidó no pueden argumentar que las notas son ilegales y nulas porque "ellos mismos fueron quienes reconocieron repetidamente la validez y aplicabilidad de esos instrumentos financieros, cuando, entre otras acciones, realizaron los pagos de intereses que vencieron en abril de 2019". 
   La querella interpuesta por los representantes del presidente de la Asamblea Nacional en la cual solicitó a la Corte del Distrito Sur de Nueva York declarar los bonos PDVSA nulos e ilegales ha generado una abierta oposición por parte de las dos empresas que ejercen custodia de los titulares de los bonos PDVSA 2020 que están garantizados por el 50.1 por ciento de las acciones de CITGO Petroleum Corp., el activo más grande del Estado venezolano en el exterior.

    En una comunicación —enviada al jueza Katherine Polk Failla por los abogados de las entidades demandadas, MUFG Union Bank y GLAS Americas LLC— se informa la disposición de los titulares de los bonos 2020 de ir a un juicio pero aclaran que están en desacuerdo con el cronograma "irracional" propuesto los representantes de Guaidó quienes sugirieron que en dos meses para que se inicie el procedimiento, ya que el mismo perjudica la capacidad de los acusados a prepararse para la defensa.

   Sostienen que no son suficientes dos meses para procesar todo el descubrimiento de hechos, intercambio de informes periciales, declaraciones de expertos, resúmenes y argumentos sobre movimientos cruzados para juicio sumario. 

   Los defensores propusieron que el litigio se lleve a cabo mediante descubrimiento y juicio sumario dentro de aproximadamente seis meses "suponiendo esfuerzos de buena fe de ambas partes para realizar el descubrimiento de manera eficiente".

    La querella se relaciona con los Bonos 2020 emitidos en octubre de 2016 por el demandante Petróleos de Venezuela, S.A por un capital aproximadamente $ 1,68 mil millones. Los representantes de Guaidó pidieron declarar nulos e inválidos los referidos instrumentos financieros.

  Las Notas PDVSA 2020 fueron aseguradas por una promesa hecha por PDV Holding, Inc., que es una subsidiaria de propiedad total de PDVSA, del 50.1% del capital social de la empresa CITGO Petroleum Corp. 


   Aseguran que "PDVSA emitió las Notas 2020 en una oferta de canje en 2016 a través de la cual los inversores ofrecieron —aproximadamente— $ 2.8 mil millones de otras notas que estaban programadas para vencer durante 2017, a cambio de $ 3.367 mil millones  de monto principal agregado de la emisión del 2020. A través del intercambio, PDVSA extendió así vencimiento de $2.8 mil millones en deuda inminente por aproximadamente tres años". 

   Para el momento de la oferta de intercambio de las notas en 2016, la administración del presidente Nicolás Maduro era reconocida universalmente como Gobierno legítimo de Venezuela. Los nombrados por esa administración controlaban PDVSA y sus filiales. El 28 de octubre de 2019, el gobierno incumplió con el pago del capital e intereses de las Notas 2020 que sumaban un total de $ 913.5 millones.

  Los activos de PDVSA en Estados Unidos y los otros demandantes ahora están controlados por la oposición política a la administración de Maduro, dirigida por Juan Guaidó, quien a través de sus representantes solicitaron al Tribunal que declare nulas todas las obligaciones adquiridas por la república bajo las Notas 2020, incluida la obligación fundamental de pagarlos.

    Los abogados sostienen que los demandantes buscan impedir que los acusados hagan cumplir cualquiera de los derechos de los Titulares de Bonos, incluyendo sus derechos bajo el Acuerdo de Compromiso que aseguró las Notas 2020, al argumentar que los bonos 2020 deben declararse ilegales, nulas e inválidos ab initio "según la ley venezolana aplicable".

   Aseguran que "es muy poco probable que los demandantes tengan los méritos para sus reclamos y que no podrían demostrar que tienen derecho a una orden judicial preliminar".

La legalidad de los Bonos 2020

     La defensa argumenta que la legalidad de las Notas 2020 se basa en en la Ley Sustantiva de Nueva York y no en la ley venezolana, por lo cual el argumento de los representantes de Guaidó de apelar a la ilegalidad bajo las leyes de Venezuela es irrelevante.
   Manifiestan que la negociación de las notas 2020 fue construida en base a un acuerdo gobernado por las leyes del estado de Nueva York, sin ninguna disposición de conflicto de otras leyes, exceptuando la sección 5-1401 de la Ley General de Obligaciones Generales  de NY.

  Afirman que "los contratos que rigen las notas 2020 son exclusivos del estado de Nueva York y tiene conexiones con las leyes de los Estados Unidos y dichos bonos están denominados en dólares estadounidenses, fueron comercializados en EE. UU. y garantizados por una prenda de acciones otorgadas por PDV Holding que es una sociedad registrada en Delaware".

   Las acciones que aseguran las Notas 2020 son acciones de CITGO Holding, una corporación de Delaware que es la empresa matriz de CITGO registrada también de Delaware con sede en Texas y con operaciones en muchos estados, incluyendo Nueva York. Todos los pagos de intereses y el capital principal de las Notas 2020 debe hacerse ante un Agente en Nueva York.

  Asimismo, señalan que "el Contrato y el Acuerdo de Compromiso  incluyeron representaciones expresas de PDVSA y de los otros entes demandantes que comprobaron que las Notas 2020 y los otros documentos de transacción fueron debidamente autorizados y representaban obligaciones válidas de los ahora demandantes".

Los demandantes reconocieron la validez de los bonos

  La defensa afirma que los representes de Juan Guaidó reconocieron repetidamente la validez y aplicabilidad de las Notas 2020, cuando, entre otras acciones, realizaron los pagos de intereses que vencieron en abril de 2019 (que ciertos miembros del gobierno venezolano alineados con Guaidó declararon que se estaba haciendo "bajo protesta").

   En el documento entregado a la corte, los abogados de los titulares de los bonos sostienen que las acusaciones de los representantes de Guaidó de que las Notas 2020 y la promesa asociada a las mismas fueron impropias bajo La ley venezolana, ya que no cuentan con la aprobación de la Asamblea Nacional de Venezuela pero "este argumento  es contrario a la coherencia práctica histórica y actual", acotan. 

A nuestro entender, PDVSA ha incurrido reiteradamente en deudas a lo largo de muchos años sin buscar u obtener la aprobación de la Asamblea Nacional, incluso, al emitir las notas anteriores con vencimiento en 2017 por las cuales se intercambiaron las Notas 2020. También entendemos que Las subsidiarias de PDVSA tienen activos comprometidos de manera similar (incluidos los activos de CITGO) sin dicha aprobación.

  Argumentan que no se debe permitir que los demandantes impidan a los acusados ​​obtener un descubrimiento sobre estos y otros asuntos relevantes. 

  Explica que los representantes de Guaidó ​​no creen que el descubrimiento para el juicio deba ser extenso y que debe basarse exclusivamente en la información que actualmente tienen disponible. No obstante, los acusados ​​creen que el descubrimiento debe ser apropiado sobre, entre otros temas: 

(a) las circunstancias del intercambio de Notas de 2016
(b) las emisiones anteriores de deuda y otras transacciones por PDVSA, incluidas las promesas de activos de CITGO y las acciones de sus empresas madres, y si al entrar en esas transacciones los demandantes buscaron o recibieron Aprobación de la Asamblea Nacional; y, 
(c) conexiones entre los Bonos 2020 y las transacciones de intercambio en Nueva York (u otras jurisdicciones de EE. UU.). 

  "Creemos que este descubrimiento puede completarse (asumiendo una cooperación razonable y de buena fe por todas las partes) dentro de aproximadamente tres meses", añaden.

   La defensa considera que con un cronograma de seis meses para el descubrimiento de hechos, exposiciones de expertos y argumentos sobre mociones de juicio sumario, "el litigio no estaría completado para el 22 de enero de 2020", que es la fecha de vigencia de la Licencia General 5A emitida por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos donde se protege las acciones de CITGO. 

  Manifiestan su rechazo a la decisión de los demandantes de retrasar el inicio de la querella hasta finales de octubre de 2019 —después de que ya se había producido un impago predeterminado de aproximadamente $ 913.5 millones—porque los demandantes no pueden afirmar que fue sólo ahora se dieron cuenta de sus afirmaciones.

  En este punto traen a colación que los demandantes, han alegado que han estado al tanto de sus reclamos por años. De hecho —advierten "el mismo asesor de la administración de Juan Guaidó admitió que los querellantes decidieron no iniciar un litigio cuando PDVSA realizó el pago de intereses más reciente en abril 2019 porque creían que era una ventaja esperar".
Tweet del Dr. Ricardo Hausman(15 de octubre de 2019, 8:13 a.m.)

   Los abogados de los titulares de los bonos afirman que "las limitaciones de tiempo impuestas por la decisión de los demandantes de esperar para llevar este caso hasta finales de octubre, no puede justificar la privación de los acusados ​​de una oportunidad plena y justa para litigar la querella".

   En este caso, Petróleos de Venezuela S.A y PDVSA Petróleos S.A están representados por los abogados James Robert Bliss, James B. Worthington y Kurt Wayne Hansson; PDV Holding Inc. por Jeffrey B. Korn y Tariq Mundiya.

  Los representantes legales de los acusados son: Luke Sobota, Kimberly Larkin, Jonathan H. Hurwitz y Walter Rieman. 

martes, 29 de octubre de 2019

Representantes de Guaidó piden a la Corte de Nueva York declarar nulos los bonos PDVSA 2020

El recurso legal es contra MUFG Union Bank N.A y Glas Americas LLC. 

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Los representantes del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reconocido por los Estados Unidos y más de 50 países como presidente Interino de Venezuela, presentaron este martes a la Corte del Distrito Sur de Nueva York una acción de alivio declaratorio  y cautelar que busca  que la corte declare nulos, ilegales e inválidos los bonos de PDVSA 2020, que tienen como colateral el 50.1 % de los bienes de PDV Holding, que a su vez es la propietaria del 100 % de las acciones de CITGO Petroleum Company.  

      La acción legal pide que la corte declare el acuerdo de los bonos 2020 inválido, ilegal, nulo y nulo y que el mandato del tribunal sea  de carácter permanente.

   Explican —en el recurso de 31 páginas que Petróleos de Venezuela es una empresa propiedad de la República Bolivariana de Venezuela y que es la responsable de manejar las operaciones de gas y petróleo venezolano.
 
     Asimismo, señalan que PDV Holding es la propietaria de CITGO Petroleum Corp. Sostienen que PDVSA es la primera fuente de la economía venezolana que en los actuales momentos se encuentra completamente colapsada  por las desastrosas políticas de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que ha generado una crisis humanitaria de proporciones épicas. 

"CITGO es críticamente importante para la recuperación de la economía del país y aliviar el sufrimiento de los venezolanos" dice el documento.

   Cuando los bonos 2020 fueron emitidos en 2016, PDVSA estaba controlada por Nicolás Maduro, quien se convirtió en presidente luego de la muerte de Chávez en 2013. Posteriormente, —sostienen— hubo unas elecciones en 2018 en las cuales Maduro reclamó al victoria ilegítimamente. 
     Señalan que a mediados de 2016, PDVSA no tenía el dinero para pagar las notas de PDVSA 2017, y para no declararse en default porque sería un desastre político de Maduro. El régimen, "de manera unilateral e ilegal orquestó una oferta de intercambio de las notas de PDVSA 2017 por notas 2020 que fueron emitidas en dólares". 

     PDV Holding no es parte del acuerdo que hizo el gobierno con los tenedores de los bonos 2020 y no tiene por tanto la obligación de pagarles a los titulares. PDV Holding es el principal activo CITGO  y las notas que de manera ilegal emitió el régimen de Maduro están aseguradas con las acciones de CITGO.

   Argumentan que los titulares de los bonos aceptaron la propuestas  financiera de Maduro, quien políticamente tenía el tiempo contado. "Peor aún, los titulares sabían que el intercambio de los notas se hizo sin la autorización de la Asamblea Nacional".

   Explican que cuando esa transacción fue anunciada y la Asamblea Nacional la declaró ilegal y llamó a una investigación de inmediato que fue desestimada por el Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que está controlado por Maduro.

      Según la constitución, las notas 2020 son instrumentos  debens ser aprobados por la Asamblea Nacional por ser un asunto de interés nacional, asegura la demanda.

     En octubre 28 de 2019, PDVSA no pagó los $913 millones de dólares de capital principal más intereses conllevando a un default. En anticipación a ese evento, el Departamento de Tesoro emitió la Licencia General 5A que prohíbe a los tenedores de las notas ejecutar cualquier acción antes del 22 de enero de 2020. 

     Al menos que la corte apruebe el alivio de lo buscado en esta acción a tiempo, CITGO se perderá, así como también los esfuerzos del gobierno de Guaidó de restaurar la democracia y el Estado de derecho, de reconstruir la economía, y de aminorar la crisis humanitaria que causa devastación en el pueblo venezolano.


      Los demandados son MUFG Union Bank N.A y GLAS Americas LLC. Actuaron en la operación como colateral de los instrumentos Law Debenture Trust Company of New York como agente de registro y transferencia, y el principal agente pagador es el Banque Internacional de Luxembourg, Sociedad Anonyme. PDV Holding no es parte del acuerdo y no está obligado a pagar las notas 2020.

    Los abogados que actuaron en esta acción son: Kurt W. Hansson, James Bliss y James Worthington del bufete: Paul Hastings LLP representando a PDVSA Petróleo y Petróleos de Venezuela S.A. Y, Tariq Mundiya y Jeffrey Korn de Willkie Farr & Gallagher LLP por PDV Holding.