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miércoles, 27 de mayo de 2020

Trinidad y Tobago niega haber violado el TIAR tras visita de Delcy Rodríguez a la isla, reafirma que el gobierno sigue apoyando a Maduro


   De acuerdo a una nota publicada por el portal Trinidad Express, el Ministro de Asuntos Exteriores de Trinidad y Tobago y de la CARICOM, Dennis Moses, respondió a los Estados Unidos que su país reconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela y no a Juan Guaidó, y que no está obligado a cumplir con la resolución de restricción de viaje contra el vicepresidente venezolano Delcy Rodríguez que impone el Tratado de Río.
Dennis Moses




 El portal reseña que el 18 de mayo, el embajador de los Estados Unidos en Trinidad y Tobago, Joseph Mondello, emitió una declaración sin precedentes que revela que, en una conversación el 6 de mayo con el ministro de Seguridad Nacional, Stuart Young, se expresó su preocupación ante el ministro sobre la coherencia de la visita de Rodríguez a Puerto España, debido a las obligaciones que el Tratado de Río impone a los países miembros, entre los cuales está Trinidad y Tobago. 

  El Embajador señaló que el Artículo 20 del Tratado de Río deja en claro "inequívocamente" que todas las medidas impuestas por el Órgano de Consulta, como las restricciones de viaje a la Sra. Rodríguez, son vinculantes para todas las partes del tratado, independientemente de si votaron a favor o no por tales medidas

  Después de esta declaración, el miércoles pasado un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores informó que el primer ministro, el Dr. Keith Rowley, el ministro de Seguridad Nacional, Stuart Young y Moses, tuvieron una discusión con Mondello.

 El portal Trinidad Express fue informado de que fue una teleconferencia. 

  Asimismo reseña que en la sesión del Senado de este martes, la senadora de la oposición, Anita Haynes, presentó una moción que exige al Gobierno responder las preguntas por su incumplimiento del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de 73 años, también conocido como el Tratado de Río, teniendo como base la declaración del embajador estadounidense.

  Moses dijo que Trinidad y Tobago no está obligado por el Tratado de Río y cuestionó aún más la "distorsión" del Tratado.

 "Señora Presidenta, la distorsión del Tratado de Río, un pacto colectivo de autodefensa para tratar los asuntos internos de Venezuela sin preocupación o solicitud de ese país es cuestionable y no se ajusta bien a los propósitos previstos con el Tratado. De hecho, el Tratado de Río no informa, explícitamente, que ninguna de sus disposiciones que se interpretarán como un menoscabo de los derechos y obligaciones de las altas partes contratantes en virtud de la Carta de las Naciones Unidas. Trinidad y Tobago toma la posición de que no está obligado, por estas decisiones recientes del TIAR que incluye las restricciones de viaje impuestas por el Vicepresidente de Venezuela ", dijo Moses.

  Dijo que Trinidad y Tobago dejó en claro su posición ante la Organización de Estados Americanos (OEA) desde junio de 2019 en la 49a sesión de la asamblea general de la OEA en Columbia.

  "Trinidad y Tobago se reservó su derecho a no estar obligado por la resolución AG / CG / document7 / 17, adoptada en la reunión sobre la situación de Venezuela y por cualquier decisión tomada por la OEA, que se basa principalmente en un cierre o de cualquier otra manera implica la participación de los representantes del señor Juan Guaidó supuestamente sentados como representantes permanentes de la República Bolivariana de Venezuela ", dijo.

  Moses sostuvo que el Ministro de Relaciones Exteriores representó a Trinidad y Tobago en la reunión del Tratado de Río el 23 de septiembre de 2019.

  En esa reunión se adoptó la resolución que fue revisada posteriormente para incluir la reserva de Trinidad y Tobago.

   El alto funcionario comentó que durante la votación sobre la resolución que Trinidad y Tobago se abstuvo, Uruguay votó en contra y Cuba estuvo ausente.

  Moses señaló que 16 Estados miembros votaron a favor de la resolución que invoca las disposiciones del Tratado de Río y sentó las bases para tomar medidas punitivas contra Venezuela.

   Estos 16 Estados miembros incluyen Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña y las naciones europeas.

"Una vez más, Trinidad y Tobago reafirmó que se reserva el derecho de no estar obligado por ninguna decisión adoptada en esta resolución en la 30ª reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores que actúan como órgano consultivo en aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que implica la participación de los representantes de la Asamblea Nacional de Venezuela supuestamente sentados como representantes permanentes de la República Bolivariana de Venezuela, o reconocer esta resolución como no válida o considerarse obligada por las disposiciones aprobadas en dicha fecha del 23 de septiembre de 2019, "dijo Moses.

  Moses acotó que Trinidad y Tobago fue invitado a participar en otra reunión del Tratado de Río en Colombia el 3 de diciembre de 2019, pero optó por no asistir.

 "El propósito de la reunión era tomar medidas punitivas contra Venezuela. Trinidad y Tobago decidió no participar en la reunión", dijo.

  "Las decisiones del Tratado de Río en esa reunión incluyeron restricciones de viaje impuestas contra el vicepresidente de Venezuela, Delcy Rodríguez", agregó.

 Moses agregó que, a pesar de las dificultades dentro de Venezuela, Trinidad y Tobago se encuentra en "terreno firme" para estar en armonía con la posición de las Naciones Unidas y la posición declarada de Caricom al reconocer al Gobierno liderado por Maduro como el Gobierno legítimo de Venezuela.

"Dada nuestra comprensión de la Carta de las Naciones Unidas, Trinidad y Tobago no reconoce a Juan Guaidó como el Presidente de Venezuela. Por el contrario, irá en contra de las posiciones declaradas de Caricom y las Naciones Unidas", dijo.

  Moses afirmó que el Primer Ministro Dr. Keith Rowley, como parte de una delegación de Caricom de Primeros Ministros, visitó los Estados Unidos y participó en conversaciones con el secretario general de las Naciones Unidas el 28 de enero de 2019.

"El secretario general confirmó que el Gobierno dirigido por el presidente Nicolás Maduro sigue siendo el único gobierno legítimo reconocido y asentado en las Naciones Unidas", añadió.

  Dijo que Rowley también participó en otra reunión en Uruguay en febrero de 2019, que se convocó para tratar los problemas internos de Venezuela.

   Moses afirmó que estas iniciativas eran parte de la respuesta de Caricom frente a la realidad entonces aumentada de que "se estaban intentando intervenir militarmente en Venezuela e instalar un nuevo Gobierno".

  Manifestó que la posición declarada de Trinidad y Tobago y Caricom era y sigue siendo que la situación dentro de Venezuela debe resolverse mediante el diálogo entre las partes contendientes y no mediante la intervención externa de terceros.

  Aseguró que Caricom también ofreció sus oficinas para reunir a las partes para tratar el problema.

"Los estados de Trinidad y Tobago y Caricom tienen interés en mantener el Caricom como una zona de paz dadas las consecuencias potencialmente catastróficas del conflicto armado en la vecina Venezuela", dijo.

Críticas de Haynes:

Por su parte, la senadora de la oposición, Anita Haynes, presentó la moción pidiendo al Gobierno que explicara su desprecio por el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de 73 años, también conocido como el "Tratado de Río", cuando facilitó la visita de Rodríguez.

"Esta Administración, por sus acciones voluntarias e imprudentes, ha puesto en peligro las relaciones exteriores y diplomáticas de Trinidad y Tobago con aliados clave", dijo.

 Haynes también hizo referencia a una nota diplomática enviada por la Embajada de los Estados Unidos al Ministerio de Asuntos Exteriores de Trinidad y Tobago el 16 de diciembre de 2019.

  La senadora comentó que la nota decía: "La embajada de los Estados Unidos de América tiene el honor de informar al Gobierno de la República de Trinidad y Tobago sobre la resolución adoptada por el órgano de consulta en la reunión del  TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca), que impone restricciones de viaje a 29 personas asociadas con el antiguo régimen de Maduro.

  La Embajada de los Estados Unidos de América tiene el honor de destacar que según el artículo 20 del Tratado Interamericano de Asistencia recíproca, la resolución es vinculante para todas las partes en dicho Tratado ".

  Haynes dijo "simple y llanamente" al permitir que Delcy Rodríguez ingrese a T&T el 27 de marzo, tres meses completos después de la votación para prohibir su viaje y después de que la Embajada de los Estados Unidos le recordó al gobierno que estaba prohibida, -T & T violó el artículo 20 del TIAR.

  Haynes dijo que aún está por verse cómo los miembros del Tratado de Río responderán a las acciones groseras de T&T la próxima vez que se reúnan.

"Esta es una sorprendente omisión de nuestras obligaciones internacionales, o es un fracaso monumental del Gobierno. De cualquier manera, alguien debe ser responsable de poner en peligro la seguridad y la estabilidad del pueblo de Trinidad y Tobago de esta manera impactante", dijo.

  Haynes señaló además que la Embajada de los Estados Unidos confirmó que Rodríguez está sujeto a sanciones de viaje que son vinculantes para todas las partes del Tratado de Río.

  La senadora dijo que Trinidad y Tobago es parte del tratado, por lo tanto, las acciones de la Administración Rowley el 27 de marzo de 2020, para otorgar una exención para que Rodríguez no solo aterrice en Trinidad, sino también para facilitar una reunión con el Primer Ministro y los miembros principales del Gabinete , "es una grave violación de nuestras obligaciones internacionales".

 "El Gobierno debe ser consciente de que, a pesar de su defensa rutinaria de que la ONU reconoce al régimen de Maduro, esto no anula ningún tratado que tengamos con nuestros aliados internacionales ni niega ninguna acción que viole estos tratados", dijo.

Esta nota fue publicada por Trinidad Express, haga click para leer  el artículo original.

viernes, 22 de mayo de 2020

La carta que le envió Tarek William Saab a Nancy Pelosi donde pide una investigación "exhaustiva y transparente" de la Operación Gedeón

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   El fiscal general del régimen de Nicolás Maduro envió una carta a la presidente de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, Nancy Pelosi para solicitarle que realice una investigación transparente sobre los eventos ocurridos con la llamada Operación Gedeón. Tarek William Saab aseguró el jueves que la misiva fue recibida por la líder demócrata.

  La intención de la comunicación es denunciar que el gobierno del presidente Donald Trump y el de Colombia estuvieron involucrados en el evento que el régimen venezolano insiste en llamar "invasión marítima fallida".

  La carta firmada por Saab dice  proporcionar "información al Congreso estadounidense sobre los hechos de la llamada Operación Gedeón".

La comunicación dice lo siguiente:

  Tarek William Saab dice a Nancy Pelosi que el interés del Ministerio Público venezolano de solicitar resultados de la propuesta presentada por el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, Elío Engel, el 12 de mayo de 2020,  sobre los sucesos ocurridos en Venezuela el 3 de mayo de este año, donde hubo "una incursión armada en violación de la soberanía nacional", en la cual estuvieron involucrados ciudadanos norteamericanos, políticos, exmilitares y contratistas que se presume tienen vínculos con el presidente Donald Trump.

  Seguidamente, explica los detalles de la "incursión armada" y "las evidencias basadas en los testimonios logrados de manera directa por los participantes de el evento del 3 de mayo, y que prueban la verdad que envuelven serios crímenes como tráfico de armas, terrorismo y narcotráfico".

Hace mención a lo siguiente detalles:

1) El domingo 3 de mayo, hubo "una incursión armada" en la costa norte de Venezuela en Macuto, estado La Guaira, a 19 minutos de la capital Caracas. En una localidad cercana, la investigación consiguió escondidas un lote de armas de guerra.

2) Uno de los detenidos en la operación confesó que había un segundo bote que transportaba entre 47 y 50 mercenarios que no habían podido llegar a la Guaira. Al día siguiente, 8  de esos pasajeros fueron capturados en un pueblo cercano, Chuao, en las costas del estado Aragua.

3) El 4 de mayo, dos ciudadanos estadounidenses fueron detenidos. Los nombres de los individuos son: Luke Alexander Denman (34) y Airan Seth Barry (41), ambos ex miembros de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos (boinas verdes), quienes confesaron que estaban trabajando para la empresa de seguridad privada, Silvercorp USA Inc, localizada en 4150 DW Road, Melbourne, Florida 32934, propiedad de Jordan Goudreau, también ciudadano norteamericano, quien habría firmado un contrato con personas del entorno del diputado Juan Guaidó (Sergio Vergara y Juan José Rendón). Se menciona además a Iván Simonovis,  "fugitivo de la justicia venezolana".

  Saab argumentó a Pelosi que no hay precedente en la historia de Venezuela donde se haya presentado un contrato de esta naturaleza, "con el propósito inmoral e ilícito de actuar contra el más básico principio de derechos humanos que contradice los principios de la democracia. Nosotros, como ustedes, estamos buscando respuestas a nuestras preguntas".

* ¿El marco legal de los Estados Unidos permite que contratistas de servicios de seguridad privado puedan ejecutar acciones donde el resultado sea el desmembramiento del estado, la violación de la soberanía de otros países y asesinar al presidente legítimo y las autoridades constitucionales de una nación?

*¿Es legal, de acuerdo a las leyes de los Estados Unidos, que se contrate a una firma privada para traficar armas que son usadas contra la población civil para acabar con la paz de una nación?

*¿ Permite su Constitución que los objetivos de política exterior sean financiados por recursos provenientes del narcotráfico y del crimen organizado?

 Saad sostiene su gobierno considera que es del su interés y preocupación de la representante Pelosi, que las  evidencias sobre  evento refiere que hubo una participación de organizaciones criminales de Colombia, en especial de tres narcotraficantes y colaboradores. 

Seguidamente asegura que de acuerdo al testimonio voluntario dado por los mercenarios, la DEA no solo sabía de la actividad criminal, sino de la participación en dicha actividad de criminales, como Elkin Javier López Torres (alias "La Silla" o "Doble Rueda") responsable de la logística del hospedaje y entrenamiento de los mercenarios vinculados en la operación, en Riohacha, Colombia. Este criminal notorio tiene una orden de arresto de la DEA desde 2019, y su extradición fue solicitada. Ha sido capturado dos veces por cargos de narcotráfico y homicidio.

Cliver Alcalá Cordones fue capturado en Colombia y extraditado por la DEA, de acuerdo a los récords oficiales.

José Alberto Socorro Fernández acusado en por los servicios de Inteligencia de Venezuela y las autoridades del país de ser el responsable de las bandas criminales que participaron en la sedición. estaba a cargo de blindaje de camiones civiles en Venezuela que iban a ser usados por  los invasores, además de proveer armas y logísticas a los mercenarios.

José Charaima Muguerza estaba encargado de la logística para reclutar a los  mercenarios en Venezuela.Muguerza está actualmente en prisión en el Cárcel de Puente Ayala (Anzoátegui-Venezuela) por crímenes de narcotráfico.

  Saad dice a Pelosi que "toda la información suministrada con la misiva forma parte de la acusación y está apoyada con testimonios voluntarios certificados de las confesiones de los protagonistas del hecho". 

  Asegura que la carta está acompañada por anexos de investigaciones científicas realizadas por los organismos de inteligencia, "en conjunto con las quejas formuladas por las autoridades de nuestro país en conjunto con investigaciones publicadas por periodistas independientes basadas en declaraciones dadas a la prensa por todos los involucrados en los eventos".

Apelando a los altos valores del mundo libre y el supremo respeto a la Constitución, históricamente profesada por el pueblo de los Estados Unidos, "ideales que compartimos  y practicamos por nuestro pueblo", esperamos que haya  por una investigación exhaustiva y transparente por el interés de las dos naciones, y por la firme coherencia con las leyes internacionales.




viernes, 15 de mayo de 2020

CITGO pagó a David Rivera los $15 millones para cabildear a favor de PDVSA (Nicolás Maduro) en los EE. UU.

    La demanda contra Interamerican Consulting Inc, empresa de maletín del excongresista David Rivera, ocultaría hechos irregulares, en los que ejecutivos de CITGO de la antigua administración y, que han sido premiados por la junta directiva nombrada por Juan Guaidó tienen amplia responsabilidad. La querella estaría plagada de imprecisiones que tienen como fondo "encubrir lo que realmente ocurrió en el seno de CITGO".  El caso, que involucra al político de la Florida se presentó hace 3 años ante las gerencias de CITGO, y desde Febrero 2019 a la directiva que preside Luisa Palacios, pero hasta la fecha no se habían tomado acciones. Muchos se preguntan ¿Por qué ahora?.
A continuación les contamos parte de esta historia de corrupción variopinta.

Por Maibort Petit
@maibortpetit
  Una demanda por incumplimiento de contrato  interpuesta ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York por el escritorio jurídico de CITGO, Willkie Farr & Gallagher LLP, [encabezado por los abogados Jeffrey B. Korn y  Michael Gottlieb] fue publicada por primera vez por el New York Times el 13 de mayo de 2020 (1).  En la querella,  PDV USA busca que Interamerican Consulting Inc, una empresa de maletín propiedad del excongresista cubano-americano, David Rivera devuelva al menos $15 millones (más intereses) por servicios 'de cabildeo' que no prestó y que estaban especificados en un contrato firmado por empresa registrada en la Florida con el régimen de Nicolás Maduro en 2017.  Rivera, quien ha sido investigado por el FBI por otras situaciones irregulares, dijo luego al Miami Herald que: “Todos esos fondos fueron a la oposición para protestas contra Maduro en el verano de 2017. Nunca vi un centavo de eso. Eso es todo lo que sé"(2). 

  Rivera agregó al Nuevo Herald que la administración Trump, incluido el Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado, "estaban al tanto de todo".

  No está claro cómo el gobierno liderado por Maduro eligió a Rivera para ayudar a apuntalar la imagen de su filial petrolera en los Estados Unidos. 

¿Quién pagó los $15 millones a David Rivera?

   La demanda fue interpuesta por uno de abogados de CITGO, que ha trabajado para las administraciones del régimen chavista, y quien fue contratado nuevamente por la presidente de la Junta Directiva de CITGO, designada por el presidente interino, Juan Guaidó en 2019, Luisa Palacio. Michael Gottlieb quien también estuvo asociado al bufete que defendió a los narcosobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro ha jugado un rol crucial en las decisiones de Palacios. En Venezuela Política hemos escrito sobre la relación Palacios- Gottlieb y el acoso que ambos mantienen al personal de CITGO que ha denunciado las irregularidades dentro la corporación. (3).


El pago corrupto

  Una fuente interna, conocedora del caso, destaca lo siguiente: "la explicación de los hechos dada por el bufete de abogados no es del todo cierta". En marzo de 2017, ocurrió un acontecimiento en la sede de CITGO en Houston, que generó reacciones de varios de los que velaban por el acatamiento y cumplimiento de las normas de Compliance o cumplimiento de la corporación y que tenían la obligación [imprescindible] de garantizar que CITGO cumplieran todas las obligaciones legales.

  Por aquel entonces, se presentaron unas facturas para justificar un pago un total de $15 millones (tres facturas de $5 millones cada una) a favor de Interamerican Consulting Inc. Lo primero que llamó la atención fue la calidad de las 'facturas', que a decir de muchos eran simples papeles, sin los requerimientos mínimos esenciales para poder pagarlas".  A todas luces se veía que "era una operación de la lavado de dinero", sostuvieron  dos fuentes internas de CITGO, consultadas en condición de anonimato debido a la persecución a la que está sometido el personal de la filial de PDVSA en Estados Unidos.

   Las tres facturas "por servicios profesionales" eran por el monto de $5 millones cada una, para un total de $15 millones, y "se pagó por una orden de arriba". Para ese momento, José Pereira (actualmente bajo arresto en Venezuela, acusado por delitos de corrupción) era el vicepresidente de Finanzas y fue quien ordenó a Gina Coon (actual Tesorera) que pagara la cuenta porque era una orden del CEO de CITGO, Nelson  Martínez (fallecido en custodia del Estado venezolano en diciembre de 2018). El jefe de Servicio de Compliance era Rick Esser. 

  CITGO pagó las facturas a la empresa del excongresista David Rivera, y "todos aquellos que se quejaron fueron removidos de sus puestos de trabajo". La aprobación de los pagos de $15 millones violó todas las reglas de la empresa y es una razón suficiente para que haya sanciones legales. 

  Los récords muestran que CITGO emitió 3 pagos de $5 millones cada uno; las transferencias bancarias se hicieron a la cuenta de David Rivera (Interamerican Consulting) se enviaron en 3/24/2017; 04/10/2017 y 04/19/2017. Es decir se pagaron $15 millones en menos de cuatro semanas (27 días),  "por lo que se evidenció que había una intención corrupta de sacar $50 millones de CITGO de una manera expedita", comentó una fuente vinculada al caso, quien agregó que con la aprobación de dichas operaciones por parte de CITGO, "José Pereira y Gina Coon violaron todos los controles de revisión y autorización con este contrato y sus facturas relacionadas".

   El Departamento de Justicia de los Estados Unidos investiga esta operación entre otras que se cometieron durante la presidencia de Nelson Martínez para favorecer al régimen de Nicolás Maduro.

Febrero de 2019

   Cuando asumió la nueva junta directiva de CITGO, encabezada por Luisa Palacios, se les informó sobre las múltiples irregularidades cometidas por las anteriores administraciones de CITGO, y les entregaron informes sobre los ejecutivos que presuntamente habían cometido los delitos, tanto los venezolanos como los norteamericanos. Pero, contrario a lo que muchos esperaban, los nuevos directivos no tomaron ninguna acción, sino que se dedicaron a evitar que la información trascendiera las paredes del edificio sede ubicado en 1293 Eldridge Pkwy, Houston, TX 77077. 

  La explicación de las fuentes consultadas para este reporte, refleja que detrás de la demanda hecha por el bufete Willkie Farr & Gallagher LLP "hay muchos hechos sin contar". Una de ellas señala: "Esto no es ni el 10% de la historia", a la vez que aseguró  que: "mucho de los hechos reportados por ambas partes no son ciertos". 

   Otra fuente de PDVSA, Caracas, confirmó a Venezuela Política que "los pagos a la empresa Interamerican Consulting Inc fueron hechos en un cien por ciento por el personal de CITGO, por orden de la junta directiva de PDVSA. Las operaciones fueron procesadas y ejecutadas por José Pereira ( bajo arresto en Venezuela) y Gina Coon (actual tesorera de CITGO) violando todos los controles y procedimientos internos de revisión". 

   Un elemento importante, que vale la pena destacar, es que los registros constitutivos de PDV USA muestran que la empresa demandante es un ente de la misma CITGO. "Para el momento que se realizaron los pagos corruptos a la empresa de maletín del excongresista David Rivera, CITGO estaba manejada, controlada y administrada por José Pereira, Gustavo Cárdenas, y Nelson Martínez", acota la fuente consultada en PDVSA, Casa Matriz .

  En la demanda se pretende establecer que PDV USA es una unidad de PDVSA, "pero dicho argumento es sólo para encubrir a CITGO", dijo una fuente interna familiarizada con el caso.

  PDV USA es fondeada por las compras de petróleo y pagos que hace CITGO a PDVSA. "En vez de pagar a PDVSA, parte de ese dinero es/era transferido a las cuentas de PDV USA en Estados Unidos, para pagos [principalmente] a proveedores, que en realidad no eran tales, por ejemplo: 1) Proveedores usados en CITGO Aruba; 2) Gastos de propaganda política del régimen venezolano en los Estados Unidos; 3) Gastos de viaje de personajes del régimen, 
[Delsy Rodríguez y otros]; 4) Gastos de los consulados, fiestas en misiones de la ONU en NYC, [como fue el caso de Rafael Ramírez y María Gabriela Chávez, hija de Hugo Chávez]; y 5) muchas otros pagos como donaciones no controladas. 

   Los reportes internos muestran que las cuentas bancarias de PDV USA son/eran manejadas por Gina Coon (Tesorera) bajo la dirección de José Pereira, Gustavo Cárdenas y Nelson Martínez.

   El entramado de corrupción que se manejó desde CITGO envuelve muchos otros casos como el del ex congresista, David Rivera. "Hay operaciones fraudulentas vinculadas a abogados, congresistas, consultores, contratistas y empleados de CITGO que  colaboraron con las transacciones corruptas y apoyaron al régimen de Nicolás Maduro desde los Estados Unidos", aseguró la fuente. 

  Contrario a lo que dice la demanda del bufete Willkie Farr & Gallagher LLP, "los detalles y hechos de este caso son varios y envuelven varias acciones ilegales que afectan principalmente a CITGO, comenzando por violaciones de políticas y procedimientos internos, así como posibles violaciones de leyes de lavado de dinero, fraude, soporte a un régimen comunista, fraude postal, fraude electrónico, entre otros hechos ilegales incluidos en la ley RICO y otras leyes federales de los Estados Unidos", acotó.

  Una de las fuentes consultadas señaló que la demanda "es una presunta estrategia de la actual junta directiva de CITGO que busca cubrirse las espaldas ante la investigación que realiza el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en CITGO". 

  Otro informante sostiene que "el abogado Michael Gottlieb, Luisa Palacio, Carlos Jordá y el resto de los actuales directivos saben que no va a recuperar los $15 millones de la demanda y que la única razón por la cual se interpuso la querella fue por la presión que existe por la investigación del DoJ". Se preguntan: ¿Por qué CITGO no demandó a Ernesto Guevara que supuestamente defraudó a CITGO por más de $300 millones?.

  Además de los ejecutivos mencionados, en los reportes internos de CITGO sobre este caso, aparecen señalados [por ser presuntamente cómplices o encubridores] Gina Coon, Rick Esser, Jennifer Moos (recientemente jubilada sin ser investigada) y Judith Colbert(4).

    Hasta la fecha, la junta directiva designada por Juan Guaidó y sus abogados, no habían tomado acciones significativas en contra de los proveedores y empleados que defraudaron a CITGO, "por el contrario, han soportado la retaliación en contra de los empleados/directores que reportaron casos de fraude internamente (incluyendo el de David Rivera), y han encubierto a empleados que presuntamente son cómplices en operaciones de lavado de dinero en CITGO", acotan. 

  Este caso fue reportado a Rick Esser y Jennifer Moos, porque estos dos ejecutivos de CITGO eran quienes manejaban el Comité de Cumplimiento "y no cumplieron con su deber de revisar y aplicar las leyes federales, que obligan a las empresas a investigar todas las demandas internas de empleados y asegurarse de actuar adecuadamente, tomar acciones correctivas, implementar controles necesarios, entre otras acciones".

La demanda describe hechos que nunca ocurrieron en CITGO

 En la demanda se señala que PDV USA se negó a pagar las facturas correspondientes a los meses siguientes, que sumaban $35 millones.  No obstante, dos fuentes internas de CITGO confirmaron a Venezuela Política que "durante el 2017 o el 2018, PDV USA (CITGO) no "se negó a pagar" las facturas de Interamerican Consulting, lo que ocurrió fue que dichas facturas y el contrato como tal no se canceló más por la intervención de tres directores que, al detectar que el contrato y los pagos eran ilegales se enfrentaron a José Pereira y a Nelson Martínez y detuvieron el esquema fraudulento, por lo que los pagos adicionales y cualquier relación futura entre CITGO/PDV USA y David Rivera quedaron al descubierto". 

  El directorio de PDVSA, conformado para aquel entonces por Guillermo Blanco, Eulogio Del Pino, Maribel Parra, Nelson Ferrer, Ysmel Serrano, Delcy Rodríguez, Simón Zerpa, José Pereira, y Edoardo Orsoni representado a CITGO aprobaron los servicios de consultoría legal internacional para “Asuntos estratégicos”. Y ordenaron la contratación de David Rivera y otros abogados

Corrupción generalizada

  Una de las fuentes internas de CITGO, consultadas para este reporte,  nos confirmó que a finales de abril 2017, en contra de la gerencia senior de CITGO (José Pereira y Nelson Martínez) y de las órdenes de los miembros de las juntas directivas de PDVSA y CITGO bajo un ambiente de corrupción y complicidad generalizada— tres directores de CITGO detectaron la transacción ilegal y lograron parar el contrato y pagos adicionales por $ 35 millones a Interamerican Consulting. Estos directores arriesgaron sus puestos de trabajo y se enfrentaron a retaliaciones posteriores por parte de José Pereira, Nelson Martínez, Gustavo Cárdenas, Rick Esser, Judith Colbert y otros directores cómplices, que todavía siguen en CITGO bajo la nueva administración.

La excusa del contrato de David Rivera 

  La excusa del contrato con Rivera para  realizar una Consultoría de Servicios Estratégicos (Strategic Consulting Services) "fue algo totalmente ilógico", sostiene la fuente. "Las transacciones fueron mantenidas en secreto por los directores de CITGO / PDVSA y los consultores y abogados estadounidenses que respaldaron este y otros acuerdos relacionados". 

  Agrega que "los directores de CITGO / PDVSA utilizaron a Interamerican Consulting, Inc./David Rivera y (su cuenta bancaria) como agente o intermediario para ocultar las transacciones, vínculos y objetivos trazados en los Estados Unidos con el régimen comunista de Nicolás Maduro". 
  

    Hasta ahora se desconoce el uso final de los 15 millones que consiguieron extraer de CITGO. Las investigaciones del DOJ/FBI están tras la pista de las transacciones bancarias para determinar el destino de los fondos robados al pueblo venezolano. Es necesario aclarar quién se beneficio o qué tipo de actividades ilegales se financiaron con este esquema.


Lo que dice la demanda

  La querella por incumplimiento de contrato interpuesta en la Corte del Distrito Sur de Nueva York establece lo siguiente:


1.  El 21 de marzo de 2017, PDV USA e Interamerican Consulting Inc firmaron un acuerdo de consultoría según el cual la empresa recibiría $ 50 millones en seis cuotas durante un período de tres meses para proporcionar supuestos "servicios de consultoría estratégica" para PDV USA empresa matriz, Petróleos de Venezuela, SA. 

2. PDVSA es la compañía estatal de petróleo y gas natural de la República Bolivariana de Venezuela y, en ese momento, estaba controlada por el régimen de Nicolás Maduro. PDV USA recibió instrucciones de la empresa matriz (PDVSA) de su empresa matriz (PDV Holding, Inc.) para celebrar el Acuerdo con el propósito de mejorar la "reputación a largo plazo" de PDVSA en los Estados Unidos. (No se menciona a CITGO)

3. En enero de 2019, el gobierno de los Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, como presidente interino de Venezuela, desconociendo el régimen de Maduro y sancionó a PDVSA a través de la OFAC. Desde ese momento se requiere una licencia del Departamento del Tesoro de EE. UU. para hacer negocios con la petrolera.

4. El Gobierno de Guaidó nombró una Junta de Directores Ad Hoc de PDVSA para supervisar las operaciones estadounidenses de las filiales de PDVSA en Estados Unidos, incluida PDV USA (No se nombra CITGO). En agosto de 2019, el Tribunal de Cancillería de Delaware dictaminó que, según la ley estadounidense, los nombramientos de Guaidó a la Junta Ad Hoc de PDVSA eran presuntamente válidos.

5. Según el Acuerdo de 2017, se suponía que Interamerican desarrollaría e implementaría durante un período de tres meses un plan estratégico para mejorar la reputación y posición de PDVSA, y construir relaciones con los formuladores de políticas, líderes de opinión, funcionarios públicos y partes interesadas específicas.

6. Entre otras cosas, a cambio de $ 50 millones, el Acuerdo requería que Interamerican proporcionara, al menos,  siete informes quincenales que detallen el trabajo realizado durante el período relevante y un informe final que incluiría recomendaciones para monitorear las estrategias implementadas. En cambio, el Demandado proporcionó solo dos informes, con un total de no más de cinco páginas, muchas de las cuales están duplicadas. Estos informes se refieren genéricamente a un "plan estratégico", "reuniones" y "recomendaciones", pero no describen un solo elemento del plan alegado, identifican a los participantes de la reunión o las discusiones de la reunión, ni especifican qué recomendaciones se hicieron ni a quién.

7. El Demandado no realizó servicios significativos según el Acuerdo, y ciertamente no realizó el nivel de servicios que razonablemente podría esperarse por una tarifa de aproximadamente $ 17 millones por mes.

8. PDV USA resultó lesionada por el incumplimiento del Acuerdo por parte del Demandado. PDV USA pagó las primeras tres facturas emitidas por el Demandado, un total de $ 15 millones, pero no recibió evidencia de que algún servicio se haya realizado alguna vez en nombre de PDV USA o PDVSA.

9. Además, Interamerican Consulting Inc se comprometió explícitamente en el Acuerdo a indemnizar a PDV USA por y contra cualquier incumplimiento del contrato perpetrado por la empresa, incluido el pago de los gastos, costas judiciales y honorarios de abogados asociados con la aplicación de los derechos de PDV USA.

10. En consecuencia, PDV USA interpone la acción para recuperar los $ 15 millones (más intereses) que ya le ha pagado al Demandado, liberar a PDV USA de cualquier pago adicional en virtud del Acuerdo y recuperar cualquier otro daño compensatorio por un monto que se abonará en juicio, así como todos los gastos, costas judiciales y honorarios de abogados asociados con el cumplimiento de sus derechos contractuales.


 La demanda señala que Interamerican Consulting Inc es una compañía incorporada en el estado de Florida por el ex congresista estadounidense David Rivera. La dirección de la empresa es el hogar de Rivera, ubicado en 10925 N.W. 43rd Lane, Miami, Florida, 33178. En su descripción, Interamerican  Consulting Inc dice que proporciona "servicios de consultoría estratégica". Según la información disponible públicamente, la referida empresa tiene solo dos empleados: (1) David Rivera, quien se desempeña como Presidente y agente registrado; y (2) Diana Rivera McKenzie (hermana de Rivera), quien se desempeña como Vicepresidenta.

  La demanda sostiene que el objetivo principal del contrato era que el Demandado brindara servicios para PDVSA. El representante autorizado y el principal punto de contacto era Pio González, un empleado de PDVSA. 

  Lo único que se recibió fueron dos breves informes de progreso proporcionados por Interamerican que aclaran que los servicios de consultoría se estaban prestando a PDVSA. Dichos informes describieron que Interamerican había organizado reuniones que "permitían al Cliente proporcionar sus puntos de vista y perspectivas sobre los eventos actuales en Venezuela y su interpretación en los Estados Unidos".  Aunque "Cliente" se define en el informe de progreso como PDV USA, la referencia a eventos actuales en Venezuela deja en claro que los intereses de PDVSA eran el tema de los servicios de consultoría estratégica.

  Aseguran que Interamerican acordó desarrollar las siguientes estrategias :

1) Informarían a los responsables políticos y líderes de opinión sobre las iniciativas y logros de PDVSA;

2) Reforzar la posición de PDVSA entre importantes funcionarios públicos y líderes de opinión"; y 

3) Mejorar la "reputación a largo plazo" de PDVSA y su "prestigio" con las "partes interesadas". 

  La empresa contratada acordó además "identificar oportunidades para construir relaciones a largo plazo entre terceros clave, líderes de opinión y funcionarios públicos". 

  El contrato establece que Interamerican debía proporcionar: 

(1) actualizaciones con respecto a sus servicios de consultoría estratégica con detalles adecuados y completos de los servicios prestados; 

(2) documentación de respaldo para todas las facturas presentadas; 

(3) informes quincenales que detallan sus actividades en virtud del Acuerdo; y 

(4) un informe final que integra todos los productos de trabajo desarrollados de conformidad con el contrato.

  El Acuerdo tenía un plazo de tres meses, comenzando en la fecha de ejecución, 21 de marzo de 2017, y terminando el 21 de junio de 2017.

  La querella sostiene que durante ese período, "Interamerican estaba obligada por contrato a proporcionar al menos siete informes quincenales que detallaban las actividades que había llevado a cabo durante el período de dos semanas aplicable y un informe final que resume todo el trabajo realizado en virtud del Acuerdo y proporciona recomendaciones para monitorear las estrategias implementadas".

  En lugar de proporcionar estos informes consistentes, Rivera presentó solo dos informes en total: un informe "quincenal" y un informe final. Los informes totalizaron no más de cinco páginas (colectivamente), gran parte de las cuales se duplicaron, y no pudieron describir ningún trabajo significativo realizado en nombre de PDV USA o PDVSA ni proporcionar ninguna evidencia de que el trabajo se haya realizado realmente.

  Los informes se refieren, dice la querella, genéricamente a reuniones y discusiones con "importantes formuladores de políticas y líderes de opinión en los Estados Unidos", "funcionarios públicos clave", "partes interesadas objetivo", "partes interesadas del sector público" y "partes interesadas del sector privado", pero no describen el propósito de esas reuniones, quién asistió, qué se discutió o qué hace que cualquiera de estos líderes, funcionarios o partes interesadas sea importante para el "plan estratégico" de Interamerican.

  Del mismo modo, el supuesto informe final se refiere a recomendaciones, pero no explica cuáles son esas recomendaciones.

  El contrato requería además que Interamerican proporcionara "documentación de respaldo" y "detalles adecuados y completos de los Servicios prestados" con cada factura presentada a PDV USA.

  Sostiene que Interamerican no proporcionó documentación ni detalles de respaldo con las facturas enviadas para el pago.

  Alegan que Interamerican tenía que completar los servicios "para satisfacción exclusiva de PDV USA", pero el cliente nunca expresó satisfacción y no está satisfecho con los servicios de Interamerican.

  Asegura que PDV USA pagó a Interamerican por servicios que nunca se realizaron, a pesar de que la empresa no brindó los servicios contratados $ 15 millones.

   El Acuerdo estableció un cronograma de pagos, según el cual PDV USA debía pagar a Interamerican una "cuota de pago inicial" de $ 5 millones el 21 de marzo de 2017.

  PDV USA pagó a Interamerican $ 5 millones el 21 de marzo de 2017, según lo establecido en el Acuerdo.

  El cronograma de pagos también indicó que, a partir del 4 de abril de 2017, se pagarán otros $ 20 millones en "Plazos de pago consecutivos" de $ 5 millones cada dos semanas y que se pagará un "Plazo de pago final" de $ 25 millones antes del 15 de junio de 2017 .

   PDV USA pagó a Interamerican $ 5 millones en cada uno de los días 4 de abril de 2017 y 18 de abril de 2017. Junto con el pago inicial realizado el 21 de marzo de 2017, PDV USA pagó un total de $ 15 millones.

  PDV USA se negó a pagar las últimas tres facturas que presentó David Rivera, que totalizaron $ 35 millones. "A pesar de que Interamerican no brindó los servicios requeridos por el contrato, y a pesar de la participación del régimen de Maduro y la extrema desproporción entre el precio del contrato y los servicios que se prestarían,  el demandado solicitó en repetidas ocasiones el pago de las facturas pendientes de PDV USA" .

   En vista del hecho de que el Demandado no había realizado y no contemplaba realizar ningún servicio en nombre de PDV USA y PDVSA, las empresas contratantes solicitaron conjuntamente el consentimiento del Demandado para concluir el acuerdo, pero el acusado se negó a dar su consentimiento. En cambio, Rivera continuó exigiendo que PDV USA pagara los $ 35 millones supuestamente adeudados.

   Según el contrato, Interamerican acordó "indemnizar"  a PDV USA y PDVSA contra cualquier incumplimiento, incluidos todos esos gastos, costes judiciales y honorarios de abogados en la aplicación de los derechos de PDV USA.

  Sostiene la demanda que el demandante tiene derecho a recuperar los $ 15 millones (más intereses) que pagó al Demandado y a ser liberado de cualquier pago adicional en virtud del Acuerdo que fui violado por David Rivera.

CITAS

1)https://www.nytimes.com/2016/03/12/us/marco-rubio-david-rivera.html

2) https://www.miamiherald.com/news/local/article242707216.html

3) https://www.maibortpetit.info/search/label/abogados%20narcosbrinos?m=0

4)https://www.maibortpetit.info/2020/01/busca-citgo-silenciar-casos-de.html

5)https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-13/venezuela-s-pdvsa-paid-ex-congressman-15-million-suit-says



viernes, 8 de mayo de 2020

Primero Justicia a Juan Guaidó: La legitimidad, el liderazgo y la confianza, solo se construyen con la verdad y la transparencia.



La Junta de Dirección Nacional de Primero Justicia, teniendo en cuenta la grave crisis que vive el país, se dirige al pueblo de Venezuela para hacer de conocimiento público sus principales preocupaciones sobre la situación actual y las propuestas que orientan su lucha en esta coyuntura:

 1.Si la coalición política no hace de su razón de ser el salir de la dictadura, pone en riesgo la unidad y su legitimidad frente a Venezuela y el mundo.

 Nuestro fin supremo es la salvación del pueblo venezolano. Para ello, Primero Justicia siempre ha sido garante de la Unidad. Nunca dejaremos de apostar por mejores formas de Unidad en el seno del pueblo de Venezuela. Una Unidad que, en las actuales circunstancias, nos impulsa a cuidarla no callando nuestros puntos de vista y a exigir con firmeza renovados mecanismos de consenso en la toma de decisiones entre los partidos, dentro y fuera de la Asamblea Nacional.

El Parlamento venezolano está en el centro de la lucha por democratizar al país. Sin la Asamblea Nacional no existe la legitimidad de la Presidencia (e) de la República ni respaldo internacional.

   Primero Justicia ha apoyado la Presidencia (e) de la República y el proceso de cambio político iniciado en enero de 2019. En este sentido, seguiremos siendo fieles creyentes de que la razón de ser de la Presidencia (e) de la República es, más que el ejercicio de un gobierno en sentido estricto o la creación de una burocracia volcada sobre sí misma, lograr una transición democrática a través de elecciones presidenciales libres y transparentes.

2.La legitimidad, el liderazgo y la confianza, solo se construyen con la verdad y la transparencia.

 Primero Justicia rechaza y condena públicamente los recientes sucesos acontecidos en varios lugares del litoral venezolano. Son acciones, como lo sucedido el 30 de abril de 2019, que terminan frustrando a nuestro pueblo y destrozando la confianza entre quienes luchamos por el cambio político.

 Pensamos que las armas de la República solo pueden ser empuñadas por los soldados de la República, bajo la Constitución y la ley. Tenemos años rechazando de modo total la injerencia cubana en nuestro país, e igualmente rechazamos radicalmente la contratación de grupos ilegales.

  Como venezolanos demandamos la verdad de lo ocurrido y Pedimos al Presidente (e) Juan Guaidó que adopte las siguientes medidas:

* Destituir inmediatamente a los funcionarios que -en nombre de la Presidencia (e) de la República- se vincularon con estos actores de grupos ilegales.

* Replantear los mecanismos de toma de decisiones en la oposición y replantear el rol del Centro de Gobierno, para que se respete verdaderamente la Unidad y se vuelva a colocar el foco de la lucha política en la salida de Maduro del poder. Nos preocupa que las energías se coloquen en la creación de una casta burocrática y no en el cambio político.

*Adelantar una investigación independiente por parte de la Asamblea Nacional para que sea posible establecer responsabilidades. No es suficiente señalar que la operación de grupos ilegales estaba infiltrada por los servicios de inteligencia del régimen de Maduro.

Finalmente, expresamos que seguiremos velando por el respeto de los derechos humanos, en especial de los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

3.A los ciudadanos en uniforme, que también anhelan una Venezuela digna y soberana.

 A los soldados de la República, hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a sus familias, les reiteramos que los acompañamos en sus sufrimientos. Somos conscientes de que, como venezolanos, padecen hambre y dolor de patria. Somos conscientes de que hay cientos de soldados presos y torturados por ser leales a la Constitución. Valoramos el rol insustituible que debe jugar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el proceso de democratización de Venezuela. Soñamos con una Fuerza Armada que tenga como único norte las funciones establecidas en el artículo 328 de la Constitución.

 4. El mundo libre nos acompaña, no perdamos ese apoyo por acciones sin sentido.

5. Nuestro pueblo espera cada momento por un futuro mejor

 La naturaleza gangsteril del régimen de Maduro y la profundidad de la crisis humanitaria hacen que hoy Venezuela sea una amenaza mundial contra la paz entre las naciones libres. La lucha por la democratización de Venezuela es primariamente una responsabilidad de los venezolanos, pero debe ser necesariamente acompañada por el mundo libre. Por eso, en Primero Justicia agradecemos la solidaridad de los aliados internacionales, especialmente del Grupo de Lima, los Estados Unidos y de la Unión Europea.

  Venezuela es el país peor preparado de América Latina y uno de los peores del mundo como ha sido señalado por el índice Global de Seguridad en la Salud para enfrentar la Pandemia del CORONAVIRUS, y así lo corroboramos los venezolanos en el día a día: escasez de gasolina, destrucción de los servicios públicos, salarios y pensiones de hambre, carestía de medicinas y alimentos, etc. Maduro ha hecho más vulnerable a la familia venezolana ante la doble amenaza de salud pública y de destrucción económica que representa el virus. Por eso, en Primero Justicia seguimos trabajando por aliviar el sufrimiento de los venezolanos con propuestas como los 100$ al 100% de las familias durante la Pandemia del CORONAVIRUS y el Fondo Por la Vida para fortalecer nuestro sistema de salud, el comercio informal y a la pequeña empresa. Pero siempre apuntando a la raíz última del problema: el ejercicio del poder por parte de la dictadura.

 6. Maduro, el cambio es irreversible. No hay modo de sostener el caos que ha creado, así como decenas de conflictos diarios producto de la escasez de gasolina, la destrucción de los servicios públicos y los salarios y pensiones de hambre, se harán lamentablemente cada vez mas frecuentes y, sumadas a la terrible situación económica y a los efectos de la Pandemia del Coronavirus, hundirán a Venezuela en más caos y anarquía. Lo hacemos responsable ante Dios y las naciones del mundo de la muerte, destrucción y pobreza que sufren los venezolanos.

7. A los venezolanos, la libertad y la justicia vencerán.

 Al dictador Maduro, Primero Justicia le advierte que, si su régimen insiste bloquear los caminos para una transición democrática que conlleve a la celebración de elecciones presidenciales libres, las
 manifestaciones de violencia ,
  
A todos los venezolanos de todos los rincones de la patria y del mundo entero: les reiteramos que ustedes son nuestra razón de lucha. Continuaremos trabajando incansablemente al servicio de la Unidad hasta alcanzar la democracia en Venezuela y superar el sufrimiento de las penurias económicas que nos aquejan. Sacrificios como la muerte de Fernando Albán, la prisión de Juan Requesens así como de todos los presos políticos, el exilio y la persecución no serán en vano. Vemos el futuro con optimismo. Maduro y sus delincuentes no lograrán salirse con la suya por mucho tiempo más.  

  Unidos en torno a la justicia y a la Constitución, alcanzaremos la libertad.

En Caracas, a los ocho (08) días del mes de mayo de 2020.

martes, 31 de marzo de 2020

Ni Maduro ni Guaidó: Un Consejo de Estado para servir a la transición que conlleve a elecciones libres y justas

  El representante de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams escribió un artículo en el Wall Street Journal donde propone la creación de un Consejo de Estado para hacerle frente a la crisis humanitaria que tiende agravarse como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Ver original aquí.

Acá les dejo el artículo de Abrams:

  A medida que el coronavirus se propaga por todo el mundo, es fácil olvidar el sufrimiento del pueblo venezolano a manos del régimen de Nicolás Maduro. La administración Trump no lo ha hecho. Hoy anunciamos un Marco de Transición Democrática para ayudar a los venezolanos a escapar de la crisis nacional que la caída de los precios del petróleo y el coronavirus han profundizado.

  Presentamos este marco como un camino para que Venezuela emerja de años de represión y conflicto político. Propone que tanto Maduro, el ex presidente que se ha aferrado al poder, como Juan Guaidó, el presidente interino, se hagan a un lado para que los miembros electos de la Asamblea Nacional de ambos lados puedan crear un Consejo de Estado para servir como la transición de gobierno que celebraría elecciones presidenciales libres y justas. En las negociaciones del año pasado, el equipo que representaba al Sr. Guaidó y la Asamblea Nacional propusieron este camino hacia la restauración de la democracia.

La democracia no se trata solo de elecciones. Un Consejo Nacional Electoral nuevo, equilibrado e independiente también es crítico, y una Corte Suprema independiente debe reemplazar al actual, que no es más que un brazo del régimen de Maduro. Una democracia vibrante también exige medios libres e independientes con el fin de la censura generalizada del régimen.

Estados Unidos no apoya a ningún partido político en particular en Venezuela. Apoyamos el retorno a la democracia y creemos que todos los partidos, incluido el partido del régimen, el PSUV, deberían poder competir en igualdad de condiciones en elecciones libres y justas. Esto significa el fin de los enjuiciamientos injustos que han dejado a decenas de miembros del Parlamento en el exilio, cuatro en prisión y muchos más excluidos de postularse para un cargo, incluido el Sr. Guaidó, que continuaría como presidente de la Asamblea Nacional hasta nuevo parlamentario y elecciones presidenciales. Estados Unidos reconocerá los resultados de una elección libre y justa, sin importar qué partido gane; a lo que nos oponemos es al abuso del poder del estado que le permite a una de las partes gobernar indefinidamente.

Para el régimen de Maduro, los profundos recortes en los ingresos debido a la caída de los precios del petróleo agravan la crisis de un sistema médico que llevó al colapso lento durante dos décadas. La presión de Estados Unidos no ha impedido que los alimentos o las medicinas lleguen a los venezolanos. El propósito de las sanciones es privar al régimen de los ingresos que utiliza para la represión, o robar a través de la gran corrupción, y obligar al régimen a aceptar las elecciones presidenciales. Maduro nunca ha negociado de buena fe sobre ese tema central. Las elecciones a la Asamblea Nacional por sí solas no constituyen una solución política.

Los militares desempeñarán un papel esencial para lograr un cambio pacífico y dar forma al futuro de Venezuela. Los soldados venezolanos, junto con los agentes de policía, sufren como los civiles; apenas pueden permitirse alimentar a sus familias y no pueden pagar la atención médica o los medicamentos. Venezuela enfrenta un gran desafío de seguridad por parte de narcotraficantes, grupos terroristas y bandas criminales, y necesita fuerzas de seguridad mejor pagadas, capacitadas y equipadas para asegurar las fronteras de la nación y mantener la paz. Los militares y la policía deben abandonar el papel que el régimen de Maduro les ha forjado: llevar a cabo la represión del pueblo venezolano. Los militares también deben unirse para expulsar a los agentes de inteligencia cubanos que los espían a ellos y a todos los ciudadanos y sirven como el verdadero escudo del régimen. El apoyo de las fuerzas armadas al Marco de Transición Democrática sería un paso clave en esta dirección.

Las elecciones presidenciales libres y justas son el camino para salir de la crisis de Venezuela. Debido a que no se puede confiar en el Sr. Maduro para organizarlos, establecer el Consejo de Estado es un paso esencial. Estamos preparados para trabajar con todos los venezolanos y con otras naciones y levantar las sanciones cuando se cumplan las condiciones necesarias. El Marco de Transición Democrática allana el mejor camino hacia la restauración de la democracia a través de la participación justa de todas las partes y el fin de la brutalidad, la represión y la agitación política que han marcado el pasado reciente de Venezuela.

Hasta que se logre ese objetivo, nuestra presión se fortalecerá. Esperamos con ansias el día en que se celebren elecciones, se establezca un nuevo gobierno democrático y se puedan levantar las sanciones. Esperamos restaurar las que alguna vez fueron relaciones cercanas entre Venezuela y los Estados Unidos, para ayudar a los migrantes y refugiados venezolanos desplazados por la crisis a regresar a su querido país, y para ver a los niños de Venezuela compartir nuevamente la generosidad natural de su país.

* Elliot Abrams es representante especial para Venezuela en el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

martes, 3 de marzo de 2020

Así explicó Freddy Guevara la decisión de la Comisión de Contraloría de cerrar la denuncia de corrupción contra Mauro Libi

  El expresidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional asegura que la investigación sobre el caso Libi se ajustó a la ley y el empresario acusado denuncia una campaña en su contra.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   La documentación que sobre la averiguación parlamentaria se conoció, hace presumir que esa instancia del ente legislativo obvió su obligación de actuar como organismo de control y se limitó a redactar un informe conforme a los datos suministrados por el investigado, sin que se produjera un cotejo y verificación de la autenticidad de los mismos. Al parecer, tampoco se llevó a cabo ninguna otra actividad indagatoria para establecer la comisión o no de irregularidades. Freddy Guevara niega que haya ocurrido así y nos ofrece su versión de los hechos, mientras Mauro Libi asegura que la investigación demostró la falsedad de las denuncias en su contra.
  El informe que la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional en torno a la investigación que llevó a cabo sobre Mauro Libi Crestani, se habría limitado, según todo deja ver, a publicar los documentos que este le entregó y la exposición que le formuló, sin que se produjera por parte del ente parlamentario el cotejo de la documentación recibida con los datos de las fuentes oficiales, ni tampoco se llevaran a cabo otras indagatorias o averiguaciones que permitieran establecer con certeza si el empresario hizo uso indebido o no de los divisas entregadas por la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) —después Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) y hoy extinto— para la compra de alimentos. Esta presunción es negada por el diputado Freddy Guevara, ex-vicepresidente de la Asamblea Nacional y presidente de la referida comisión para la fecha en que la investigación tuvo lugar. Entretanto, el empresario Libi sostiene que quedó fehacientemente demostrada la falsedad de las acusaciones y denunció una campaña de desprestigio en su contra.
  Sin embargo, al revisar el expediente elaborado por la comisión legislativa se observa que el mismo consta, en efecto, de algunos de documentos y solvencias, pero no se hace mención en ninguna parte de que tales datos hubieran sido cotejados con las fuentes oficiales para comprobar su autenticidad y veracidad. La revisión de los papeles no ofrece información sobre algún procedimiento o metodología —salvo la comparecencia de Libi— que dejara constancia de diligencias emprendidas para constatar si los señalamientos formulados sobre supuestas irregularidades cometidas por el empresario en desmedro del patrimonio público, eran ciertas o no.

   Tal circunstancia toma especial relevancia a raíz de un trabajo de investigación publicado por el portal Armando.info el 1° de diciembre de 2019, en el que se denunció que, supuestamente, “desde comienzos de 2018 se venía tejiendo una trama para otorgar indulgencias a los responsables de los negociados para suministro de importaciones para los combos CLAP. El esquema incluye a varios diputados de oposición, algunos de ellos integrantes de la Comisión de Contraloría del parlamento nacional, en la práctica, la única instancia anticorrupción que opera en Venezuela con autonomía respecto al chavismo gobernante”.

  Además, la nota de Armando.Info refiere que algunos diputados diputados opositores a quienes, por cierto, se les expulsó de sus partidos, “conformaron una comisión oficiosa para hacer gestiones informales ante organismos como la Fiscalía de Colombia o el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Como parte de esas gestiones, emitían cartas de buena conducta a favor de los responsables de los negociados en torno a las importaciones para los combos CLAP”[1], desatando esto una ola de acusaciones entre los adversarios del gobierno de Nicolás Maduro.

  El anuncio formulado por el presidente de la Asamblea Nacional reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, Juan Guaidó, de aplicar medidas disciplinarias a los parlamentarios implicados y la conformación de una Comisión Especial que investigara los hechos, desencadenó el contrapunteo de inculpaciones. “El primer vicepresidente del Parlamento Edgar Zambrano informó que los miembros de la Comisión Permanente de Contraloría estarán compareciendo de manera voluntaria o a través de citatorios (…) Asimismo, reiteró que la orden del presidente encargado Juan Guaidó es que sea intervenida la Comisión, al tiempo, que aseguró que ‘mientras no se presente el informe de la investigación, la Comisión estará inhabilitada’”[2], se lee en una nota del Diario Las Américas publicada el 4 de diciembre de 2019.
   José Brito, uno de los diputados presuntamente implicados en la denuncia del portal informativo y sancionado por Guaidó, acusó a este último de encubrir a Mauro Libi y sus empresas, a los cuales se señalaba de estafar el patrimonio público mediante el uso irregular de las divisas preferenciales otorgadas por el gobierno nacional para la adquisición de alimentos. “El diputado a la Asamblea Nacional, José Brito aseguró este lunes que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó encubrió al empresario, Mauro Libi, propietario de la empresa Avelina y señalado de presunta estafa en el Cencoex. Con documento en mano, Brito mostró la carta que aseguró es ‘parecida’ a la entregada a Alex Saab, donde se cierra la investigación contra el empresario Libi”. 

   La pesquisa periodística refirió que Brito y otros ocho diputados hicieron giras para lavar la reputación del empresario vinculado a Alex Saab, colombiano afiliado al oficialismo, que habría obtenido grandes ganancias a expensas de los recursos del programa alimentario. Agregó que “70 diputados firmaron una carta dirigida a Guaidó en la que piden explicación sobre los recursos manejados este año por la Asamblea Nacional”[3].

  Brito también aseguró en una entrevista en el programa “Vladimir a la 1” que transmite Globovisión y que reseñó El Nacional el 3 de diciembre de 2019, “acusó al ex presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, de ser el origen de las denuncias en su contra, las cuales están relacionadas con la corrupción. Indicó que es él quien financia al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y a Voluntad Popular”. La nota agrega que “Guaidó emitió una carta en la que pidió la detención de las investigaciones contra el empresario Mauro Libi”[4].
  Ante estos hechos, desde las filas del gobierno no se perdió la oportunidad de atacar con todas las baterías a la oposición y el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, se sumó a las acusaciones y aseguró que Juan Guaidó, supuestamente, al señalar al parlamentario de VP “de extorsionar a empresarios venezolanos desde la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional”, recoge en la misma fecha (3 de diciembre de 2019) otra nota de El Nacional donde el alto funcionario gubernamental refiere que para tal acción Guaidó se habría valido de la que catalogó como “carta de buena conducta” emitida en 2016 en favor de Libi. Se refería Rodríguez a la comunicación que José Brito mostró recientemente cuando se vio señalado en escándalo por el CLAP.

  Rodríguez explicó lo que, según él, sería el modus operandi de la operación, indicando que cuando “Guaidó era presidente de la Comisión de Contraloría. Él enviaba a Roberto Marrero o a alguno de sus lugartenientes a hablar con los empresarios venezolanos y les decía: o me das tanto o te investigamos. Recibía la plata y entonces tapaba cualquier investigación”, refiere la publicación señalada[5].

  A la comparsa de acusadores se sumó también el diputado por Primero Justicia, Luis Parra —expulsado de su partido y ahora proclamado presidente del parlamento por el oficialismo y un grupo de disidentes de la oposición—, quien “retó al presidente del parlamento, Juan Guaidó a mostrar las ‘pruebas’’ que lo incriminan con estos hechos” de corrupción. “¿Qué dinero manejo yo para que tú digas que yo soy corrupto? (…) Están actuando con premeditación y alevosía para aniquilarnos políticamente”. Instó al presidente del parlamento nacional a hablarle claro al país acerca del curso de la lucha contra el régimen de Nicolás Maduro. “Están en el derecho de señalarme, pero siempre que se me respete el derecho a la defensa y la presunción de inocencia (…) Estoy presto a que se realice la investigación. Tampoco tengo problemas para pedir disculpas. Todos en la vida a veces cometemos excesos”[6], manifestó el parlamentario en reseña del portal Punto de Corte, el 4 de diciembre de 2019.

   Desde la Asamblea Nacional se remitió el expediente identificado con el número 1651 correspondiente a la investigación que la Comisión Permanente de Contraloría desarrolló con relación a las denuncias formuladas contra el empresario Mauro Libi y sus empresas, acusadas de supuestamente manejar irregularmente divisas otorgadas por Cadivi, Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) para el momento de la investigación, hoy extinto.

  La pieza suministrada por el ente parlamentario incluye documentos varios, tales como comunicaciones del investigado y sus representantes legales con la comisión legislativa y viceversa, así como los documentos con los que Libi daba respuesta a las interrogantes de los diputados investigadores, los cuales sirvieron para llegar a las conclusiones vertidas en el informe final emitido por la subcomisión sectorial encargada de la averiguación.
    En dicho informe no se advierte ningún documento con el cual la instancia de la AN haya cotejado la información suministrada por el acusado que permitiera comprobar la veracidad de los datos entregados. Tampoco se da a conocer algún procedimiento de control (entrevistas, interpelaciones, revisión de fuentes y documentos, comparación y confrontación de pruebas) adelantado por la comisión legislativa. Por el contrario, los documentos oficiales presentados por el denunciante fueron rebatidos con los papeles aportados por el denunciado. En pocas palabras, no se habría producido un cruce de información para certificar la autenticidad de la información para llegar a las conclusiones a las que derivó la investigación parlamentaria. Sin embargo, el diputado Guevara sostiene que estos documentos fueron verificados por el equipo de investigación.

   Cabe destacar que en marzo del presente año 2019, el gobierno de los Estados Unidos canceló la visa de Mauro Libi, una medida adoptada por la administración norteamericana contra de personas a quienes relaciona con el régimen de Nicolás Maduro. La revocatoria de la visa del empresario estaría enmarcada dentro de la medida gubernamental por la que se le retiró el visado a “77 personas alineadas con el presidente Nicolás Maduro de Venezuela en su campaña continua contra un líder que ha frustrado las entregas de ayuda humanitaria y los agresivos esfuerzos liderados por Estados Unidos para instalar su reemplazo”, según lo refiere una información de The New York Times difundida el 7 de marzo de 2019 que agregó que, "‘En total, se han revocado más de 250 visas’, escribió Kimberly Breier, subsecretaria de Estado, en Twitter, confirmando lo que el vicepresidente Mike Pence había insinuado esta semana. ‘Continuaremos responsabilizando a todo el régimen de Maduro hasta que la democracia y la libertad se restablezcan por completo en #Venezuela’".



  Sobre esto también había hablado el representante de la administración de Donald Trump para asuntos de Venezuela, Elliot Abrams, quien en declaraciones que recoge la agencia Reuters el 1º de marzo de 2019, dijo que “Estados Unidos había revocado las visas de ‘docenas más’ de venezolanos, aunque declinó dar más detalles, diciendo que las leyes estadounidenses le impedían discutir detalles sobre visas.‘Continuamos buscando socios cercanos de Maduro, quienes con sus familias tienen visas para los Estados Unidos’"[7].

La visa revocada de Libi

  Mauro Libi era portador de una Visa E-2 de inversionista[8] la cual se enteró había perdido el 7 de marzo de 2019 cuando a bordo del avión N154FV (SCEL-MPTO-KOPF) intentaba viajar a Miami, ciudad en la que residía por periodos que alternaba con estadías en Caracas.

   Por ello, su itinerario original Chile-Panamá-Estados Unidos se vio alterado y hubo de retornar a Venezuela desde Ciudad de Panamá en un vuelo de Copa Airlines.
   Posterior a ese evento, el empresario contrató los servicios de lobby de la empresa Holland & Knight LLP, para hacer las gestiones ante las autoridades estadounidenses la reposición de la visa. El portal ProPublica da cuenta de las gestiones de cabildeo realizadas por la empresa ante la Cámara de Representantes y la Casa Blanca[9].

Por este trabajo Libi pagó USD 80.000.



Freddy Guevara responde

  Sobre todo este asunto consultamos al diputado, Freddy Guevara Cortez, quien presidió la Comisión Permanente de Contraloría para la fecha en que se llevó a cabo la investigación del caso y quien en la actualidad se encuentra asilado en la embajada de Chile en Venezuela.

  La comunicación entre Venezuela Política y el diputado Guevara se llevó a cabo a través de un cuestionario que se le remitió en el mes de diciembre de 2019, vía correo electrónico y del cual respondió 8 de las 20 preguntas formuladas, en febrero de 2020, no sin dejar de hacer la advertencia de que por su carácter de asilado se ve imposibilitado de otorgar entrevistas, habiendo resultado este un caso excepcional en el que se le autorizó en aras de aclarar la polémica que ha surgido en torno a la investigación que el ente parlamentario realizó sobre el Grupo Libi, “por la naturaleza del caso y porque era un deber mío directo e ineludible”.

— ¿Qué metodología se siguió en el caso de la investigación del empresario Mauro Libi por presuntas irregularidades cometidas a través de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), hoy Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), al otorgar divisas preferenciales?

— El Reglamento de funcionamiento de la Comisión Permanente de Contraloría, vigente para el año 2016 establece en sus artículos 75, 76, 77, 78 y 79, el método y procedimiento a aplicar para el desarrollo de una investigación:

“Inicio del procedimiento.

“Artículo 75. El procedimiento podrá ser iniciado de oficio, por denuncia, o a solicitud de cualquier organismo, funcionario público o particular, siempre que en la misma se acompañen los elementos de prueba o indicios que permitan presumir fundadamente la comisión de un hecho irregular, acto u omisión que comprometa la responsabilidad de un funcionario público.

“Recepción de la documentación.

“Artículo 76. La documentación será recibida por la Unidad de Correspondencia y será remitida a la Coordinación Técnica para su evaluación.

“Evaluación de la Pertinencia de la Denuncia.

“Artículo 77. La Coordinación Técnica deberá pronunciarse sobre la pertinencia o no de la denuncia, mediante informe preliminar con las recomendaciones de rigor, que será remitido a la Secretaría de la Comisión, a efectos de ser considerado por la plenaria en la sesión correspondiente. De resultar pertinente la denuncia o solicitud, en el mismo acto se procederá a designar una subcomisión que se avoque al estudio del caso. De no ser pertinente la denuncia o solicitud, se procederá a notificar al denunciante o solicitante de las resultas de la decisión mediante escrito motivado, con base en el informe emanado de la Coordinación Técnica y aprobado por la plenaria.

“Apertura de la investigación.

“Artículo 78. Una vez aprobada la pertinencia de la denuncia por la plenaria de la comisión y designada la subcomisión que deberá encargarse del estudio del caso, se procederá en un lapso no mayor de quince (15) días hábiles, contados a partir de la asignación de la investigación a la Subcomisión competente, a abrir la averiguación respectiva, se formará un expediente debidamente foliado y mediante auto de apertura motivado, se describirán los hechos imputados, se identificarán los sujetos presuntamente responsables y se indicarán los elementos probatorios y las razones que comprometen presumiblemente su responsabilidad. De dicha apertura se notificará al investigado.

“Sustanciación del expediente.

“Artículo 79. Dentro de un lapso no mayor de sesenta (60) días hábiles, la subcomisión que conozca el caso, procederá a sustanciar el expediente respectivo y a tal fin podrá interpelar al investigado, constituirse en el lugar de la ocurrencia de los hechos, realizar auditorías y fiscalización de documentos, así como tomar declaración al investigado, a los testigos si los hubiere, de considerarse preciso, podrá interrogar al denunciante y en definitiva promoverá y evacuará todas las pruebas inherentes al caso. Este lapso podrá ser prorrogado hasta por igual término, por una sola vez si fuere necesario”.

— ¿Se cotejó la información suministrada por el empresario Mauro Libi con los datos oficiales para verificar la veracidad y autenticidad de la misma?

— La Comisión Permanente de Contraloría, durante la comparecencia del denunciado, solicitó el Registro de Información Fiscal de cada una de las empresas, así como también las solvencias del seguro social, SUNDDE, ministerio del trabajo y otras, comprobantes de liquidación de divisas preferenciales, listados de los proveedores y clientes del Grupo Libi, los cuales fueron recibidos posteriormente en la sede de la Comisión y que pudieron ser verificados por el equipo de investigación.

— ¿Se interpeló a voceros de Cadivi o se solicitó información oficial sobre las divisas preferenciales otorgadas a Mauro Libi?

— Se solicitó y consultó la información oficial pertinente en los registros públicos de Cadivi, Cencoex, SUNDDE, Seguro Social y el registro de información fiscal. La interpelación de funcionarios no se pudo realizar debido a la negativa de comparecencia de los mismos. Sin embargo, los registros públicos oficiales brindaron la información requerida, para constatar los documentos entregados y sustanciar la investigación.

— Con certeza, ¿cuál fue en realidad el monto de dólares preferenciales otorgados a las empresas de Mauro Libi?

— En cuanto a la denuncia sobre el monto de 581 millones de dólares preferenciales asignados al Grupo Libi entre 2004 y 2012 a través de CADIVI y CENCOEX, las pruebas recabadas y evaluadas por la Comisión pudieron determinar que solo se había otorgado 50.410.788,86 dólares para alimentos en el periodo antes señalado.

— ¿Qué diligencias realizó la Comisión de Contraloría —aparte de la interpelación a Mauro Libi— para investigar las presuntas irregularidades cometidas a través de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), hoy Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), al otorgar divisas preferenciales al empresario Mauro Libi?

— Además de la interpelación al ciudadano Libi, la Comisión Permanente de Contraloría recurrió a registros públicos de los entes de administración y otorgamiento de divisas, Seguro Social, Servicio Nacional Integral de Administración Tributaria, y se solicitó información al denunciante y a la Federación de Cámaras Empresariales de Venezuela. (FEDECAMARAS). Todo ello puede ser constatado en los documentos que han sido facilitados al público.

— ¿Qué elementos arrojó esa interpelación a Mauro Libi? No hay mención a las preguntas formuladas al empresario ni a sus respuestas.

— La extensa comparecencia del Sr. Mauro Libi, así como las intervenciones de cada diputado e incluso del denunciante, constan en una grabación íntegra que se encuentra en el expediente.

— ¿A qué razón se debe que el expediente 1651 solo refleje la información suministrada por el empresario Mauro Libi de manera casi literal y no conste en él sobre diligencia alguna llevada a cabo por la Comisión de Contraloría tanto para verificar la veracidad y autenticidad de los datos suministrado por éste, como de cualquier otra iniciativa de investigación que el ente parlamentario haya emprendido para esclarecer los hechos?

— El expediente 1651 de la Comisión no solamente consta de la denuncia en contra del Grupo Libi hecha por el Dip. Julio Montoya, sino también por una denuncia realizada por el Dip. Ismael García y otra por la Dip. Karin Salanova, todas con presuntos hechos relacionados con el otorgamiento de divisas preferenciales por CADIVI/CENCOEX, en ese sentido la Comisión decidió hacer un solo expediente que compilara las denuncias relacionadas con esos hechos, igualmente se hicieron las solicitudes de información para sustanciar el expediente en su conjunto, las cuales no fueron atendidas por las instituciones del Estado en su momento.

— Se acusa a las compañías del grupo Libi de ser empresas de fachada o maletín. ¿Se constató la veracidad o no de estas denuncias? ¿Se verificó que se trate de empresas realmente productivas?

— En cuanto a la denuncia de las empresas de maletín o fantasmas pertenecientes al Grupo Libi, estuvieron señaladas las siguientes empresas: 1. Inversiones 4528; 2. Importadora Millecose; 3. Pro-Imagen de Venezuela C.A.; 4. Distribuidora Pasta Granoro C.A.; 5. Industria y Procesadora de Cereales INPROCECA CA.; 6. Representaciones Orval C.A.

  De las cuales, la Comisión pudo verificar que, tal como se refleja en el informe de la subcomisión sectorial, las empresas Inversiones 4528 e Importadora Millecose no forman parte del Grupo Libi como mencionó el denunciante. Por otra parte, las empresas: Pro-Imagen de Venezuela C.A., Distribuidora Pasta Granoro C.A., Industria y Procesadora de Cereales INPROCECA C.A. y Representaciones Orval C.A., efectivamente son parte del Grupo Libi y se pudo constatar, que para el año 2016 poseían domicilio fiscal y solvencias laborales actualizadas.

Por último, el diputado Guevara manifestó su “disposición para responder a cualquier pregunta que surja en el marco de esta investigación, tomando en consideración las limitaciones que tengo por estar bajo protección en la residencia de la embajada de Chile en Caracas para rendir declaraciones públicas”.

Mauro Libi fija su posición

   En una carta enviada a esta periodista a través de sus abogados de Holland & Knight, LLP, Mauro Libi Crestani dió a conocer su versión de los hechos en este asunto. La exposición del empresario es respuesta a las preguntas que desde estas páginas se formularon a los miembros de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional y que fueron publicadas en la cuenta personal de red social Twitter de quien estas líneas suscribe.

  Advierte Libi que, aunque el cuestionario no estaba dirigido a su persona, estimó conveniente dar a conocer su posición respecto a los puntos en que las preguntas lo aluden. Las razones de lo llevaron a tomar esta determinación, según refiere, fueron: “Por haberme sometido a ella [a la investigación], por haber comparecido en su día a la plenaria de la Comisión Permanente de Contraloría donde me sometí a todas las cuestiones que los diputados quisieron formularme y por haber presentado todos los elementos de prueba que demostraron la falta de sustento de la denuncia contra mi persona presentada por el diputado Julio Montoya”.

  En primer término, Mauro Libi advierte que la Comisión de Contraloría no le expidió una simple “carta de buena conducta”, sino que fue objeto de una investigación.

  En tal sentido refiere que al enterarse de la averiguación por presuntas irregularidades en el manejo de divisas preferenciales que en su contra se llevaba a cabo en el seno del citado ente parlamentario a partir de la denuncia presentada por el diputado Montoya el 10 de agosto de 2016, quiso prestar su colaboración en la investigación para aclarar la situación.

  Montoya había solicitado que se investigara la “asignación de dólares a empresas fantasmas para la compra de alimentos que no terminan de llegar nunca al país” y al tener conocimiento de ello en fecha 18 de agosto de 2016, remitió una comunicación ante la comisión parlamentaria su voluntad de presentarse ante dicha entidad para someterse a “cualquier escrutinio o investigación en relación con los hechos divulgados, además de poner a la disposición de la Comisión toda la documentación que estimasen pertinente para esclarecer de manera definitiva la verdad de los hechos”. Libi explica que también remitió una copia de esta esta comunicación al diputado Julio Montoya para que estuviera informado de su comparecencia “y para tener la oportunidad de demostrar en presencia del denunciante los hechos y argumentos que probaban la falsedad de su denuncia”.

  Precisa que fue citado por la Comisión de Contraloría para el día 5 de octubre de 2016 y advierte que Julio Montoya se presentó en el lugar varias horas después cuando ya se había desarrollado toda la sesión, “en la cual presenté todos los elementos que desvirtuaban su denuncia”.

   Indica que la denuncia de Montoya y “la prueba y argumentos” presentados por él (por Libi) fueron remitidos a la Subcomisión Nº 1, para el Control del Gasto Público e Inversión del Ejecutivo Nacional que presidía para ese entonces el diputado Carlos Berrizbeitia, a objeto de que investigara la veracidad de los hechos denunciados. Agrega que en fecha 8 de diciembre de 2016, la Comisión Permanente de Contraloría aprobó el informe de la referida Subcomisión Nº 1 en el cual se recomendaba “cerrar la investigación, por cuanto no se verificó algún acto, hecho u omisión que menoscabe el patrimonio público”.

  Manifiesta que en virtud de que para el 7 de agosto de 2017 cuando ya habían transcurrido varios meses, se seguía insistiendo en que aún se le investigaba y pretendían atribuirle “falsamente actividades comerciales relacionadas con el programa CLAP, con el cual no tengo ni he tenido jamás vínculo alguno”, Libi solicitó ante la Comisión Permanente de Contraloría una certificación del estatus de su caso, dado que el expediente Nº 1651 contiene un cúmulo de investigaciones de diversos casos y personas.

  Fue por esto —continúa Mauro Libi— que en respuesta a su “legítimo derecho” en fecha 22 de agosto de 2017, la secretaría del mencionado ente parlamentario le expidió una “certificación de lo que constaba fehacientemente en el expediente respectivo, que no era otra cosa que el resultado del procedimiento que en su momento llevó a cabo esa dependencia, esto es, el cierre del caso por cuanto no se verificó algún acto, hecho u omisión que menoscabe el patrimonio público”.

   Por otra parte, Mauro Libi asegura que demostró con pruebas y elementos de convicción que ninguna de la empresas a las que el diputado Julio Montoya había hecho referencia en su denuncia, pueden catalogarse como “de maletín”, toda vez que “su existencia es real”, así como por “las cantidades (toneladas) de alimentos efectivamente ingresadas al país” [por dichas empresas], “por el listado de clientes (con plena identificación y RIF, dentro de los cuales se encontraban las principales cadenas de supermercados en todo el territorio nacional) que adquirieron dichos alimentos en su momento (período 2004-2012) y, hasta las últimas inspecciones a las empresas ‘fantasmas’ por parte del SUNDEE, realizadas en fechas muy cercanas a la de la investigación llevada a cabo por la Asamblea Nacional”.

  Igualmente, respecto a la denuncia de Montoya, el empresario Mauro Libi subraya que la investigación demostró que el monto de las divisas liquidado efectivamente a sus empresas “no alcanzaron ni el 0,1% de las divisas aprobadas por el estado venezolano (lista web CADIVI) entre 2004 y 2012”. Refiere que al revisar dichos listados se puede comprobar que más de cien empresas recibieron montos en divisas muy superiores a los otorgados a las compañías de su propiedad, “pero estas otras empresas no parecen ser objeto de atención”.

  De manera enfática, Mauro Libi asegura que su actividad es netamente empresarial y negó la especie que sugiere su supuesta participación en los eventos ocurridos en el país el 30 de abril de 2019.

“Soy empresario, no político”, sentencia y agrega: “Jamás he estado ni estaré involucrado en actividades que difieren completamente de lo que considero mi mejor desempeño y aporte al país que son el esfuerzo por mantener e incrementar la producción nacional de nuestros productos y la generación de empleo y fuentes de empleo (sic)”.

  Mauro Libi acusa ser objeto de una “deplorable campaña de opinión proveniente de personajes vinculados con prácticas intimidatorias” mediante la insistencia de asegurar que aún es objeto de investigaciones por parte de la Comisión de Contraloría de la AN. Ello, alerta, con el objetivo de tergiversar lo ocurrido en dicha instancia legislativa, “lo cual consta fehacientemente tanto en el expediente de la investigación como en las actas y en las grabaciones de las sesiones de la Comisión en las que se trató el caso, todo lo cual se hizo público en su oportunidad”.

   Finalmente, Libi Crestani advierte que ha tomado “la decisión irrevocable de no ceder ante las extorsiones y enfrentar las prácticas inescrupulosas de algunos de ocultar —a sabiendas y de mala fe—la verdad de lo ocurrido”.

El comunicado oficial de la AN

   Con fecha 4 de diciembre de 2019, Freddy Guevara y el diputado Carlos Berrizbeitia, presidente de la Subcomisión Sectorial para el Control del Gasto Público e Inversión del Ejecutivo Nacional, Entes Descentralizados, Institutos Autónomos y Empresas del Estado para el año 2016, de la Asamblea Nacional, emitieron un comunicado donde con relación a la actuaciones de esa instancia del Poder Legislativo Nacional a raíz de unas investigaciones periodísticas que involucran a la Comisión Permanente de Contraloría de la AN.



  Subrayaron Guevara y Berrizbeitia la respuesta inmediata del “gobierno legítimo y la Asamblea Nacional” ante la denuncia formulada que derivó en la separación de los cargos de los diputados involucrados, así como la intervención de la Comisión de Contraloría y la apertura de una investigación con participación de la sociedad civil y de los periodistas involucrados en la publicación original.

  Remiten los diputados, anexo al comunicado, la Resolución número 34 del año 2016 que legal y reglamentariamente emitió la Comisión de Contraloría de ese año, la cual cerró el caso del expediente Nº 1651 que versaba sobre las empresas propiedad de Mauro Libi, tras haber concluido una investigación abierta por denuncias sobre el supuesto manejo irregular de divisas preferenciales entre los años 2004 y 2012, por parte del referido ciudadano.

  Recuerdan que dicha investigación se llevó a cabo de “puertas abiertas” y con participación de la sociedad civil, medios de comunicación y aportando la debida documentación, los resultados de la misma reposan en el citado expediente Nº 1651 el cual es de acceso público. Agregan que en razón de los últimos acontecimientos, la Asamblea Nacional ha decidido la difusión de los documentos de la investigación.

  El comunicado, tal como lo refirió también Guevara en la entrevista, explica la metodología y procedimientos que se siguen en el desarrollo de las investigaciones desarrolladas por la Comisión de Contraloría de acuerdo la norma y, en específico, la relacionada con el citado caso de Mauro Libi y sus empresas. Se refiere que luego de llevar a cabo una evaluación y verificación de los hechos denunciados, se procede a la apertura del correspondiente expediente y se notifica a las partes involucradas. De no haber elementos suficientes, la subcomisión encargada de la investigación informa a la plenaria de la comisión sus conclusiones. En caso contrario, se deberá presentar un informe que exponga que existen elementos que sustentan la denuncia y que comprueban el daño al patrimonio público. Luego de aprobarlo, la comisión deberá enviar dicho informe al pleno de la Asamblea Nacional.

  Se indica que “el caso de la denuncia contra las empresas importadoras de alimentos representadas por el ciudadano Mauro Libi, que reposa en el expediente Nº 1651 de la Comisión Permanente de Contraloría, si inició por una denuncia del diputado Julio Montoya en la Sesión Ordinaria Nº 18 de la Comisión, el día 10 de agosto de 2016”, sobre las “presuntas irregularidades cometidas a través de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) hoy Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX) al otorgar divisas preferenciales a las empresas importadoras de alimentos representadas por el ciudadano Mauro Libi (…)”.
   El comunicado recuerda que Julio Montoya consideró como elementos para abrir la investigación: 1) Empresas fantasmas que constituyen o forman parte del Grupo Libi; 2) Adquisición y/o uso indebido de divisas preferenciales a un grupo de seis empresas; 3) La entrega por parte del gobierno de USD 581 millones entre 2004 y 2012; 4) la  no  cotización  de  Seguro  Social  por  parte  de  las  empresas en razón de que no tienen trabajadores.

  El comunicado informa que el 18 de agosto de 2016 Mauro Libi Crestani manifestó por escrito su deseo de comparecer ante la comisión con el objeto de conocer el caso y someterse a la investigación.

   El 5 de octubre se llevó a cabo dicha comparecencia y Libi Crestani, ante la Comisión Permanente de Contraloría, expuso su posición contra los hechos que se le atribuían y se comprometió a consignar todos los  documentos que servían  de  sustento a sus afirmaciones, los cuales efectivamente presentó posteriormente a través de su representante judicial.

  “Seguidamente la subcomisión mencionada procedió a resolver sobre todos y cada uno de los supuestos denunciados, realizando un análisis comparativo y valorativo entre los hechos denunciados, las defensas efectuadas y los soportes o medios probatorios acreditados como sustento a los alegatos presentados. Con base a ello, en noviembre de 2016, presentó su ‘Informe Final’ ante la plenaria de la comisión, con las conclusiones y recomendaciones respectivas, el cual fue votado y aprobado por unanimidad por los diputados presentes”, se lee en el comunicado.

  El 7 diciembre de  2016,  la Comisión Permanente  de  Contraloría, luego de analizar el expediente con los actos de investigación desarrollados por la subcomisión, “resolvió que no existían elementos probatorios que determinaran la existencia de irregularidades en el manejo de fondos públicos por parte del investigado durante el periodo 2004-2012 referido en la denuncia. En ese sentido y cumpliendo con el mandato reglamentario, y con la votación unánime de los presentes, se procedió a cerrar la investigación y continuar el curso de las demás averiguaciones que reposan  en el expediente, como quedó plasmado en la Resolución Nº 34”.

  Advierte el comunicado que dado que toda investigación se circunscribe a unos hechos y tiempos determinados, sus conclusiones sólo pueden referirse a los mismos, y no pueden extenderse ni proyectarse a otros hechos o tiempos pasados o futuros al período 2004-2012, tiempo señalado en la denuncia”.
   Agrega que la Comisión Permanente de Contraloría declaró en 2016 la responsabilidad política —máxima sanción del parlamento venezolano— a más de 12 funcionarios del régimen implicados en hechos de corrupción y también remitió una serie de informes en los que estuvieron involucrados particulares y funcionarios del Estado al Ministerio Público, a objeto de que este continuara con la investigación de responsabilidad penal, de acuerdo con sus competencias.

Libi pide a la AN ser escuchado

  El 18 de agosto de 2016, Mauro Libi dirigió una comunicación a la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional a objeto de solicitar ser recibido por ese ente parlamentario y allí exponer su caso y someterse a cualquier escrutinio respecto de la denuncia del diputado Julio Montoya en su contra.
La certificación de la comisión sobre Mauro Libi

  El 22 de agosto de 2017, la secretaria de la Comisión Permanente de Contraloría, Claudia Malena Tirado Mudara, emitió en nombre del presidente de esa instancia legislativa, Juan Gerardo Guaidó Márquez, una comunicación identificada con el número P/17/08/171 dirigida a los abogados Beatriz Di Totto Blanco y Domingo Salerno, apoderados de Mauro Libi Crestani, en la que se certificaba la conclusión de la investigación en la cual se reseñaba a este último.
  Di Totto y Salerno habían solicitado el 7 de agosto de 2017 a la Comisión Permanente de Contraloría la referida certificación, por lo que se hizo constar que el citado ente parlamentario emitió la “resolución número 34, mediante la cual acordó ‘Cerrar la investigación contra el ciudadano Mauro Libi Crestani (…) por cuanto de la documentación que reposa en el expediente no se verificó lesión del Patrimonio Público’”.

   En tal sentido, a través de la comunicación se estableció que Libi Cresanti “no forma parte de la investigación seguida con ocasión a la denuncia ‘(…) por presuntas irregularidades cometidas a través de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), hoy Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), al otorgar divisas preferenciales (…)’, contenida en el expediente signado con el Nº 1651”.

La resolución Nº 34 de la Comisión de Contraloría

  La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional emitió la resolución Nº 34 con base a una serie de considerandos entre los que refirió, primero, que al haber denunciado el diputado Julio Montoya en fecha 10 de agosto de 2016, durante un derecho de palabra, las “presuntas irregularidades cometidas a través de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), hoy Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), al otorgar divisas preferenciales a las empresas importadoras de alimentos” de Mauro Libi Crestani.

   Segundo, en razón de que la “plenaria de la Comisión Permanente de Contraloría, aprobó abrir la investigación sobre la denuncia, y acumularla al expediente que cursa por irregularidades administrativas en la asignación de divisas por parte del estado, signada con el Nº de expediente 1651, y remitirla a la Subcomisión Sectorial para el Control del Gasto Público e Inversión del Ejecutivo Nacional, Entes Descentralizados, Institutos Autónomos y Empresas del Estado”.

  Tercero, dado que en la reunión ordinaria de la Comisión Permanente de Contraloría del 7 de diciembre de 2016, “se aprobó por unanimidad el informe presentado por el diputado Carlos Berrizbeitia, el cual recomienda cerrar la denuncia contra Mauro Libi Crestani (…) por cuanto de la documentación que reposa en el expediente Nº 1651 no se verificó acto, hecho u omisión que menoscabe el patrimonio público por parte de las empresas importadoras de alimentos de Mauro Libi, según consta en el acta Nº 26”.

  Resolvió “cerrar la investigación contra el ciudadano Mauro Libi Crestani (…)  y continuar el curso de las demás averiguaciones que reposan en el expediente (…) por cuanto (…) no se verificó la afectación del patrimonio público, por lo que los miembros de la subcomisión Sectorial para el Control del Gasto Público e Inversión del Ejecutivo Nacional, Entes Descentralizados, Institutos Autónomos y Empresas del Estado, acordó suscribir el informe” (artículo 1).

  Asimismo, “notificar la resolución al Centro de Documentación e Información Técnico Administrativa (UAGE) de la Comisión Permanente de Contraloría, a los fines de dar cumplimiento al resuelto” (artículo 2).

El Expediente 1651

  El Expediente número 1651 de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional fue abierto por una denuncia formulada por el diputado Ismael García sobre Cadivi, Cencoex, PDVSA, Sitme, Corpoelec, la CVG y otros.
  La pieza Nº 3 del expediente estaba referida, en específico, a las “presuntas irregularidades cometidas a través de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), hoy Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) al otorgar divisas preferenciales a las empresas importadoras de alimentos representadas por el ciudadano Mauro Libi Crestani titular de la cédula de identidad Nº 9.879.190”.
  El denunciante, diputado Julio Montoya solicitó investigar a las supuestas empresas fantasmas que constituyen el Grupo Libi, a saber, Inversiones Pro-Imagen de Venezuela C.A., Distribuidora Pasta Granoro C.A., Importaciones Millecose C.A., Industria Procesadora de Cereales Improceca y Representaciones Orval C.A., relacionadas en forma directa con Mauro Libi, director principal de Banplus.
   Igualmente, sobre la adquisición y/o uso indebido de divisas preferenciales a las empresas anteriormente citadas, así como a Inversiones 4528 C.A., la cual era investigada por el Ministerio Público.

  Señaló Montoya que las empresas recibieron USD 581 millones a tasa preferencial entre 2004 y 2012. También refirió que estas empresas no pagaban al Seguro Social en razón de no tenían trabajadores.

  Se advirtió que Inversiones 4528 e Importadora Millecose no forman parte del Grupo Libi y que el único accionista de la misma es Jhonny Cilli.
   Sobre Inversiones 4528 C.A. se determinó que Jhonny Cilli la adquirió de los hermanos González Peña en 2002, quien además es dueño del 100 por ciento de las acciones de Importadora Millecose desde 2005.
  Se estableció que Cadivi otorgó entre 2004 y 2012 a las empresas del Grupo Libi USD  180.567.919.538 que al compararla con la cantidad de divisas adquiridas para la compra de alimentos por parte de tres empresas del Grupo Libi que alcanzaron en conjunto USD 50.410.788,86, se advirtió que dicha cantidad alcanzaba al 0,0279 por ciento del presupuesto de divisas aprobado.

  Concluyeron los parlamentarios que la cifra denunciada de USD 581 millones, por tanto, no era correcto.

  Se indicó que con los USD 50 millones efectivamente otorgados, se adquirieron 93.191,62 toneladas de alimentos por parte de Distribuidora Pasta Granoro C.A., Industria Procesadora de Cereales Improceca y Representaciones Orval C.A., puesto que Pro-Imagen de Venezuela no recibió divisas para adquirir alimentos.
   En resumen, en el lapso de 2004 a 2012, Industria Procesadora de Cereales Improceca C.A. recibió USD 3.480.010 para comprar alimentos y USD 3.053.856,23 para adquirir maquinarias; Inversiones Pro-Imagen de Venezuela C.A. recibió USD 89.529.986,63 para comprar electrodomésticos y equipos de sonido; Representaciones Orval C.A. recibió USD 25.996.394,91 para comprar alimentos; Distribuidora Pasta Granoro C.A. recibió USD 20.934.383,95 para adquirir alimentos.
   Con relación a la denuncia sobre la no cancelación del seguro Social por parte de las empresas del Grupo Libi por no tener trabajadores, se determinó que estas se encontraban solventes, de acuerdo a la información que ofreció la página web del Ministerio del Poder Popular para al Proceso Social del Trabajo al año 2016.
   Se concluyó que las divisas otorgadas a Mauro Libi “fueron destinadas adecuadamente al objeto para el cual fueron requeridas, que efectivamente las empresas del Grupo Libi tienen domicilio legal y solvencia laboral, tal como se comprobó en el recorrido del presente informe. Por tal motivo, en este caso en particular se pudo evidenciar que la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) a la fecha de la investigación denominado Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), cumplió con las funciones establecidas dentro del ámbito de sus competencias con sometimiento a la ley y al derecho, tal como lo dispone la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 141”.
   Se recomendó cerrar la investigación al no haberse verificado algún acto, hecho u omisión que menoscabe el patrimonio público y se ordenó remitir los resultados del informe a la Unidad de Archivo de Gestión Especial (UAGE) para ser agregado a los expedientes analizados e investigados y a su vez fuera retirado del registro de investigaciones.

   Suscribieron el informe de la Subcomisión Sectorial para el Control del Gasto Público e Inversión del Ejecutivo Nacional, Entes Descentralizados, Institutos Autónomos y Empresas del Estado de la Comisión Permanente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, Carlos Berrizbeitia (presidente), Robert Alcalá, Ismael García y Adolfo Superlano. Pedro Carreño, del PSUV no firmó.

Más sobre Inversiones 4528 C.A.

  Pero la información anterior contrasta con la que recogen otras publicaciones luego de haber realizado trabajos de investigación, entre ellas una aparecida en el portal oficialista Aporrea, el 1º de junio de 2016, en la que entre otros hechos irregulares que han significado el desfalco de las arcas de la nación, se hace mención a la empresa Inversiones 4528 C.A., indicándose que entre el “7 y el 16 agosto de 2014 el Ministerio Público y CENCOEX (organismo que suplantó al extinto CADIVI) publicaron listas con empresas de ‘maletín’ y otras por las divisas preferenciales obtenidas. La fotografía en este punto, nos muestra, una vez limpiados los errores de la información, 212 empresas con irregularidades. Tomamos de entre ellas a Inversiones 4528 como ejemplo para develar la ruta del Desfalco. La elegimos porque con $101.515.959.- es una de las dos empresas de esa lista que más divisas recibió en el año investigado”.

  Al alegato citado líneas arriba de que esta empresa es propiedad de Jhonny Cilli y no de Mauro Libi, en Aporrea establecen la conexión entre ambos al referir que Cilli “era también Director General de Importaciones Millecose, que según surge de una sentencia judicial tenía como avalista y pagador principal al empresario Mauro Libi Crestani. Por otro hilo, el del domicilio, se llega a Inversiones Pro Image de Venezuela, cuyos dos únicos accionistas resultaron ser: Libi Crestani en un 90% de las acciones mientras que nuestro conocido Jhonny Cilli era el tenedor del 10% restante. La empresa fija sede en el mismo predio que Inversiones 4528”.

  Se apunta el hecho de que “seis de las empresas del Grupo Libi, con diferentes nombre pero el mismo objeto: importar o exportar alimentos y electrodomésticos, y cinco de ellas con el mismo domicilio, aparecen entre 2004 y 2012 aparecen en los registros de CADIVI como receptoras de dólares preferenciales para importación por un total de USD 616.201.163”.

  Más adelante, la publicación indica que en Estados Unidos Jhonny Cilli en la Florida “figura como accionista y director de Jhoma Distributor Corp. Entretanto otras 41 empresas más, registradas en el mismo domicilio que la anterior, cuyos nombres sería demasiado extenso enumerar, de las que sin embargo se puede afirmar, luego de revisar los registros correspondientes, que sus Directores Principales tienen alguna relación con Mauro Libi, o bien son familiares directos, hermana o cuñada, padre o hermano, por ejemplo, o bien se cruzan con él como accionistas en esas mismas empresas”.

  Como hecho significativo, la publicación destaca que Mauro Libi “era para la época de los hechos que relatamos, Director Principal de Banplus y que en ese banco tenía la función de distribuir el cupo de dólares que el Banco Central de Venezuela le asignaba a la institución para atender a sus clientes y facilitar los negocios”[10].

Lo que dice la ley

  La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en el ordinal 3 del artículo 187 que a la Asamblea Nacional le corresponde “Ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional, en los términos consagrados en esta Constitución y la ley. Los elementos comprobatorios obtenidos (subrayado nuestro) en el ejercicio de esta función tendrán valor probatorio, en las condiciones que la ley establezca”.

   Entretanto el artículo 222 de la CRBV estipula que “La Asamblea Nacional podrá ejercer su función de control mediante los siguientes mecanismos: las interpelaciones, las investigaciones, las preguntas, las autorizaciones y las aprobaciones parlamentarias previstas en esta Constitución y en la ley (subrayado nuestro), y mediante cualquier otro mecanismo que establezcan las leyes y su reglamento. En el ejercicio del control parlamentario, podrán declarar la responsabilidad política de los funcionarios públicos o funcionarias públicas y solicitar al Poder Ciudadano que intente las acciones a que haya lugar para hacer efectiva tal responsabilidad”.

  Por su parte el artículo 223 dice que “La Asamblea Nacional o sus comisiones podrán realizar las investigaciones que juzguen convenientes (subrayado nuestro) en las materias de su competencia, de conformidad con el reglamento.

  “Todos los funcionarios públicos o funcionarias públicas están obligados u obligadas, bajo las sanciones que establezcan las leyes, a comparecer ante dichas comisiones y  a suministrarles las informaciones y documentos que requieran para el cumplimiento de sus funciones.

  “Esta obligación comprende también a los particulares (subrayado nuestro), a quienes se les respetarán los derechos y garantías que esta Constitución reconoce”.

   El ordinal 3 del artículo 39 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional referido a las comisiones permanentes de la AN define que la “Comisión Permanente de Contraloría: tendrá a su cargo la vigilancia sobre la inversión y utilización de los fondos públicos en todos los sectores y niveles de la Administración Pública, así como sobre la transparencia a que están obligados los entes financieros y públicos con las solas limitaciones que establece la Constitución de la República y la ley”.

   El artículo 113 de este mismo instrumento refiere que “La interpelación y la invitación a comparecer tienen por objeto que el pueblo soberano, la Asamblea Nacional o sus comisiones conozcan la opinión, actuaciones e informaciones de un funcionario o funcionaria pública del Poder Nacional, Estadal o Municipal, o de un particular sobre la política de una dependencia en determinada materia, o sobre una cuestión específica. Igualmente podrá referirse a su versión sobre un hecho determinado. La interpelación solamente se referirá a cuestiones relativas al ejercicio de las funciones propias del interpelado o interpelada”.

CITAS

[1] Armando.info. “¿Necesita lavar su reputación? Se alquilan diputados para tal fin”. 1º de diciembre de 2019. https://armando.info/Reportajes/Details/2614

[2] Diario Las Américas. “Asamblea Nacional inicia auditoría para investigar supuesta corrupción”. 4 de diciembre de 2019. https://www.diariolasamericas.com/america-latina/asamblea-nacional-inicia-auditoria-investigar-presunta-corrupcion-n4188786

[3] NTN24. “Diputado José Brito asegura que Guaidó encubrió presunta estafa del empresario Mauro Libi”. 2 de diciembre de 2019. https://www.ntn24.com/america-latina/venezuela/eres-un-personaje-corrupto-diputado-jose-brito-arremete-contra-guaido

[4] El Nacional. “José Brito: Rafael Ramírez es quien financia a Juan Guaidó”. 3 de diciembre de 2019. https://www.elnacional.com/venezuela/jose-brito-rafael-ramirez-es-quien-financia-a-juan-guaido/

[5] El Nacional. “El régimen acusó a Guaidó de extorsionar a empresarios desde la Comisión de Contraloría”. 3 de diciembre de 2019. https://www.elnacional.com/venezuela/regimen-acuso-a-guaido-de-extorsionar-a-empresarios-desde-la-comision-de-contraloria/

[6] Punto de Corte. “Dip. Luis Parra se resiste a cambiar su franela de PJ: ‘Yo voy a luchar por mi partido’”. 4 de diciembre de 2019. https://puntodecorte.com/dip-luis-parra-se-resiste-a-cambiar-su-franela-de-pj-yo-voy-a-luchar-por-mi-partido/

[7] Reuters. “U.S. increases pressure on Maduro with new sanctions, revokes visas of associates”. 1 de marzo de 2019. https://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics-usa-idUSKCN1QI4QJ

[8] ProPublica. Lobbying Arrangements Results for 'Mauro Libi'. https://projects.propublica.org/represent/lobbying/search?search=mauro+AND+libi

[9] ProPublica. Lobbying by Mauro Libi. https://projects.propublica.org/represent/lobbying/r/301020745

[10] Aporrea. “Ruta del Desfalco: La ‘Cuenta Inolvidable’”. 1 de junio de 2016. https://www.aporrea.org/imprime/a228802.html