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sábado, 27 de febrero de 2021

¿Por qué David Rivera sostiene que PDVSA no puede demandarlo ni la corte de Nueva York tiene jurisdicción para llevar el caso?

Por Maibort Petit 

  A través de un Memorando de respuesta, la empresa del excongresista de los Estados Unidos David Rivera, Interamerican Consulting, Inc. respalda sus mociones para desestimar la queja enmendada en su contra y reitera que la Corte del Distrito Sur de Nueva York carece de jurisdicción para llevar el caso y sostiene que PDV USA Inc. no tiene nada que reclamarle.

  Asegura Interamerican que PDV USA cedió sus derechos de ejecución a su matriz, la estatal petrolera Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), la cual es la “verdadera” beneficiaria y parte del contrato, a pesar de que no era signatario ni mencionado en el acuerdo del 21 de marzo de 2017.

  PDV USA, refiere la demandada, no ha presentado nada que cambie ese hecho ni tampoco aborda el problema obvio de la situación y se limita a decir que la cesión de obligaciones requiere un acuerdo expreso.

  Agrega que PDV USA asignó sus derechos —incluido el derecho a hacer cumplir el contrato— y no sus obligaciones, pues si esa hubiera sido la intención —ceder derechos y obligaciones— la Cesión habría sido una "novación".

  En tal sentido, a criterio de Interamerican Consulting, el demandante sigue estando obligado a cumplir con el Acuerdo, pero no tiene derecho a hacerlo cumplir. Subraya que PDV USA tampoco tenía ese derecho cuando comenzó la demanda.

  Precisa que las afirmaciones post hoc de PDV USA de que no hubo cesión operativa, quedan desmentidas por la conducta de las partes, pues después de la Cesión, PDVSA hizo un pago no solicitado de USD 5.000.000 a Interamerican el 27 de octubre de 2017, en razón del acuerdo, lo que demuestra que la cesión tuvo lugar.

  Además, tres semanas antes de su Oposición — años después de la vigencia del Acuerdo— PDV USA se registró bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) señalando que en 2017 “devolvió a PDVSA” USD 35 millones (el monto exacto adeudado a Interamerican).

   Igualmente sostiene que este registro demuestra que fue PDV USA con quien David Rivera contrató y que el pago restante devuelto a PDVSA también demuestra el reconocimiento de la Cesión por parte del demandante y PDVSA.

PDV USA se equivoca

  A juicio de Interamerican Consulting, la regla 17 no rescata la falta de legitimación del demandante y, por tanto, PDV USA se equivoca en su interpretación de la ley.

  Refiere que PDV USA al manifestar que "[la cesión] puede afectar a quién posee el derecho a entablar una demanda" hace un mal enfoque de la ley, pues no tener derecho a presentar una demanda es un problema y la Regla 17 no proporciona remedio a esta situación porque requiere que al menos algunos demandantes tengan algún valor del Artículo III al comienzo de una demanda y si esto no ocurre la Regla 17 no puede aplicarse.

  También, agrega, malinterpreta la jurisprudencia que utiliza en sus alegatos.

Presidente ad hoc de PDVSA actuó sin autoridad

  Asegura Interamerican Consulting que PDV USA afirma falsamente que la demandada "no impugna la validez de la Rescisión", cuando, por el contrario, señaló que PDVSA es signatario de dicha Rescisión.

   Asevera que Luis A. Pacheco, quien firmó como presidente “ad hoc” de PDVSA, actuó sin autoridad, pues el estatuto venezolano que crea la junta ad hoc de PDVSA, promulgada por la legislatura de Juan Guaidó, reconocida por Estados Unidos, no otorga autoridad para rescindir la Cesión y solamente otorga a la junta el poder de ejercer derechos como accionista de CITGO y no actúa en esa capacidad frente a la Rescisión.

Las sanciones impiden la adjudicación

  Manifiesta la demandada que la citación del demandante a las directrices de la OFAC es inadecuada y confirma que elude directamente las sanciones OFAC FAQ 808 referidas al inicio de una demanda por una entidad no bloqueada contra entidades bloqueadas o activos bloqueados.

  Interamerican sostiene que eso es lo contrario de este caso que comenzó por una subsidiaria de una entidad sujeta a sanciones contra una entidad estadounidense no sancionada.

Lo político

   Refiere la demandada que el demandante intenta agitar la doctrina de la cuestión política reiterando su interpretación errónea del régimen de sanciones.

  Apunta que la decisión del Poder Ejecutivo de impedir que PDVSA reciba algún beneficio monetario de una entidad estadounidense ha sido tomada y el tribunal no puede cuestionarla.

Alegatos insuficientes

  A criterio de Interamerican Consulting, el demandante no alega incumplimiento de contrato y no alegar insatisfacción implica que PDV USA no niega que no notó oportunamente su supuesta insatisfacción, pero en cambio, afirma que la responsabilidad de satisfacer al demandante recaía en Interamerican, lo cual es absurdo.

 Estima contradictorio que, por un lado PDV USA alegue incumplimiento por parte de Interamerican y, al mismo tiempo, declare que la demandada sí entregó unos informes.

  Del mismo modo, Interamerican refiere que el demandante no defiende su cumplimiento, pues afirma que dejó de hacer pagos debido al supuesto desempeño inadecuado de la demandada, pero no alega causalidad entre informes supuestamente "perdidos" y la falta de pago.

  Igualmente, PDV USA omite la referencia al pago no solicitado de USD 5 millones de PDVSA después de la Cesión, del cual nunca informó al tribunal.

  Interamerican Consulting destaca que PDV USA no alega daños y reconoce el incumplimiento de las condiciones precedentes. El demandante admite tácitamente que no alegó el cumplimiento de las condiciones precedentes. Tampoco PDV USA no alega la indemnización y se limita a manifestar su disposición a buscar daños y perjuicios que no están disponibles bajo una teoría de incumplimiento del contrato, a saber, 'gastos, costas judiciales y honorarios de abogados'”.

  Remata Interamerican diciendo que PDV USA no alega enriquecimiento injusto ni un reclamo de sentencia declaratoria.

   Por todo esto, Interamerican Consulting considera que sus mociones para desestimar la denuncia deben aceptarse.

lunes, 30 de noviembre de 2020

PDV USA arremete contra el excongresista David Rivera, lo acusa de hacer declaraciones falsas sobre el uso de los fondos que dijo le habría 'entregado a la oposición venezolana'

 Por Maibort Petit

   El juez de Distrito, John G. Köeltl aprobó a los abogados de la consultora Interamerican Inc, propiedad del excongresista, David Rivera más tiempo para responder a la demanda enmendada por los abogados de PDV USA que busca la devolución de $15 millones pagados por CITGO en base a un contrato de servicios de consultoría a favor de PDVSA, controlada por el régimen de Nicolás Maduro, que  según los papeles de la corte no se cumplió.

  La solicitud hecha por los abogados de Rivera, del escritorio jurídico Hecht Partners LLC, fue aprobada por el juez de Nueva York, permitiendo que la defensa presente la respuesta a la demanda de  PD  USA del 4 al 18 de diciembre de 2020. 

  En el calendario se advierte que los acusadores pueden responder a la defensa hasta el 25 de enero de 2021 y a su vez los representantes de Rivera podrán dar respuesta hasta el 18 de febrero de 2021.

  Los abogados de PDV USA, Inc del bufete Willkie Farr & Gallagher LLP, decidieron introducir una demanda enmendada donde se alega que la empresa Interamerican Consulting Inc. no cumplió con lo establecido en el contrato fechado el 21 de marzo de 2017.

  De acuerdo a la demanda, PDV USA e Interamerican celebraron un acuerdo de consultoría en virtud del cual la firma de David Rivera recibiría $ 50 millones [en seis cuotas] durante un período de tres meses para proporcionar supuestos "servicios de consultoría estratégica" para la empresa matriz de PDV USA, Petróleos de Venezuela, SA. 

   PDVSA está controlada por el régimen de Nicolás Maduro. 

  PDV USA recibió instrucciones de PDVSA, a través de su empresa PDV Holding, Inc. para celebrar el contrato con el supuesto propósito de mejorar la "reputación y posición a largo plazo" de PDVSA en los Estados Unidos.

  En enero de 2019, el Gobierno de los Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, como presidente interino de ese país, y al mismo tiempo designó a PDVSA como “Nacional Especialmente Designado” con quien ninguna persona estadounidense puede hacer negocios sin una licencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. 

  El Gobierno de Guaidó, a su vez, nombró una Junta Directiva Ad Hoc de PDVSA para supervisar las operaciones estadounidenses de las subsidiarias de PDVSA con sede en Estados Unidos, incluida PDV USA. 

  En agosto de 2019, la Corte de Cancillería de Delaware dictaminó que, según la ley estadounidense, los nombramientos de Guaidó para la Junta Ad Hoc de PDVSA eran presuntamente válidos.

  En virtud del Acuerdo de 2017, se suponía que Interamerican desarrollaría e implementaría durante un período de tres meses un plan estratégico para mejorar la reputación de PDVSA y su posición entre los formuladores de políticas, los líderes de opinión, los funcionarios públicos y las partes interesadas específicas y establecer relaciones con ellos.

  Entre otras cosas, a cambio de $ 50 millones, el Acuerdo requería que Interamerican entregaría al menos siete informes quincenales detallando el trabajo realizado durante el período relevante y un informe final que incluiría recomendaciones para el seguimiento de las estrategias implementadas. En cambio, Interamerican proporcionó solo dos informes, con un total de no más de cinco páginas, muchas de las cuales están duplicadas. "Estos informes se refieren genéricamente a un “plan estratégico”, “reuniones” y “recomendaciones”, pero no describen un solo elemento del supuesto plan, no identifican a los participantes de la reunión o discusiones de la reunión, ni especifican qué recomendaciones se hicieron ni a quién".

   La demanda dice que Interamerican no prestó servicios en virtud del Acuerdo y, ciertamente, no prestó el nivel de servicios que se podría esperar razonablemente por una tarifa de aproximadamente $ 17 millones por mes. "Esto fue confirmado por el presidente de la firma, el excongresista estadounidense David Rivera, luego de que se presentó esta demanda". 

   El documento de la corte dice que según Rivera, en declaraciones que hizo a la prensa poco tiempo después de la presentación de esta demanda, Interamerican nunca tuvo la intención de brindar los servicios de consultoría estratégica que fueron objeto del Acuerdo, sino que los fondos que se pagaron “fueron a la oposición para protestas contra Maduro en el verano de 2017". 

   La afirmación de Rivera parece ser que el régimen de Maduro, que controlaba PDVSA en ese momento, acordó canalizar decenas de millones de dólares para financiar las protestas organizadas por sus adversarios políticos. "Esta afirmación desafía la credulidad y PDV USA no ha podido localizar ninguna evidencia, de ningún tipo, que la respalde", sostiene la demanda.

  La acusación sostiene que "las afirmaciones de Rivera en 2020 con respecto al propósito del Acuerdo son totalmente inconsistentes con los dos informes de progreso de Interamerican, que contienen numerosas declaraciones sobre un proyecto de consultoría para PDV USA en beneficio de PDVSA". 

 Dice la demanda que "los reclamos de 2020 dejan claro que Interamerican representó falsamente y garantizó en la Sección 7 del Acuerdo que ninguna parte de ningún pago a CONSULTOR por parte de PDV USA de conformidad con este Acuerdo se utilizará como soborno, comisión ilícita, reembolso, contribución política ilegal o en violación de las regulaciones aplicables de control de divisas, leyes o regulaciones fiscales u otras leyes o regulaciones de cualquier jurisdicción".

  La demanda advierte que de acuerdo a lo que dice Rivera se puede concluir que: "Interamerican no proporcionó, y nunca tuvo la intención de proporcionar, los servicios de consultoría que contrató con PDV USA en el Acuerdo".

  Asegura la demanda que "PDV USA resultó perjudicado por el incumplimiento del Acuerdo por parte del Demandado". 

  Asimismo, sostiene que PDV USA pagó las primeras tres facturas emitidas por Interamerican, "un total de $ 15 millones, pero no recibió los servicios requeridos y no ha recibido evidencia de que se haya prestado algún servicio en nombre de PDV USA o PDVSA".

  A pesar de su incumplimiento del Acuerdo, el Demandado insiste en que PDV USA le debe los $ 35 millones restantes contemplados en el contrato de $ 50 millones.

 Igualmente, Interamerican se comprometió explícitamente en la Sección 10 del contrato, a indemnizar a PDV USA por y contra cualquier incumplimiento del Acuerdo perpetrado por Interamerican, incluyendo el pago de cualquier gasto, costas judiciales y honorarios de abogados asociados con el cumplimiento de los derechos de PDV USA bajo el documento.

  Explica que PDV USA inició esta acción para recuperar los $ 15 millones (más intereses) que ya pagó a Rivera, por una declaración de que PDV USA no le debe a Interamerican los $ 35 millones restantes contemplados en el contrato, y para recuperar cualquier otro daño compensatorio. Además Rivera deberá pagar "una cantidad que se abordará en el juicio, así como todos los gastos, costas judiciales y honorarios de abogados asociados con el cumplimiento de sus derechos contractuales".

  Alternativamente, en la medida en que las declaraciones de  Rivera en 2020 a la prensa sean verdaderas y el dinero pagado a Interamerican haya sido pagado por orden de PDVSA para un propósito distinto a los servicios de consultoría que se establecen en el contrato, entonces no existe ningún contrato ejecutable y se debería exigir a Interamerican que devuelva los $ 15 millones que se le pagó bajo la doctrina del enriquecimiento injusto y PDV USA debería tener derecho a una declaración de que no le debe a Interamerican ningún pago adicional en relación con el Acuerdo.

   Interamerican es una empresa que funciona desde la casa de Rivera, ubicada en 10925 N.W. 43rd Lane, Miami, Florida, 33178. Interamerican y tiene dos empleados: Rivera, quien se desempeña como presidente y agente registrador; y (2) Diana Rivera McKenzie (hermana de Rivera), que es la vicepresidenta.

 La demanda incluye el contrato firmado entre PDV USA e Interamerican. 

 En los documentos presentados por los demandantes, aparece un acuerdo que fue firmado por Pío González, un empleado de PDVSA, fue identificado como el “representante autorizado” de PDV USA. González fue quien recibió  los dos informes de progreso que fueron producidos por Interamerican.

  El Anexo B del Acuerdo establece un calendario de pagos, según el cual PDV USA pagaría a Interamerican un total de $ 50 millones. 

  Según el calendario, PDV USA debía pagar a Interamerican una “Cuota de pago inicial” de $ 5 millones el 21 de marzo de 2017. A partir del 4 de abril de 2017, se pagarían otros 20 millones de dólares en "cuotas de pago consecutivas" de $ 5 millones cada dos semanas y que se cancelara una "cuota de pago final" de $ 25 millones antes del 15 de junio de 2017. 

 La demanda dice que, sin embargo, el contrato sólo requería que PDV USA pagara a Interamerican como compensación por la "finalización" de los servicios a "entera satisfacción" de PDV USA. 

 "Interamerican representó y garantizó a PDV USA que “ninguna parte de ningún pago a [Interamerican] por PDV USA de conformidad con este Acuerdo se utilizará como soborno, comisión ilícita, reembolso, contribución política ilegal o en violación de las divisas aplicables controlar las regulaciones, leyes o regulaciones tributarias u otras leyes o regulaciones de cualquier jurisdicción". 

 Finalmente, Interamerican representó y garantizó a PDV USA en el Acuerdo que "en relación con la prestación de los Servicios, [Interamerican] y su Personal [no violarían] ninguna ley o reglamento aplicable de ninguna jurisdicción". 

 Interamerican también prometió en el Acuerdo que "cumplirá con todas las leyes, reglamentos y ordenanzas federales, estatales y locales". 

"Interamerican no cumplió con el acuerdo", acota la demanda y sostiene que la consultora de David Rivera no proporcionó los servicios y entregables establecidos en el Acuerdo. En resumen, Interamerican no brindó servicios a PDV USA.

  "Interamerican no entregó los siete informes quincenales “detallando las actividades que ha realizado” durante el período de dos semanas aplicable y el informe final “integrando todo el producto de trabajo incluyendo recomendaciones para el monitoreo y seguimiento de las estrategias implementadas ”, como lo requiere el Anexo A. 

 En cambio, Rivera presentó solo dos informes en total: (1) un informe “quincenal” el 1 de mayo de 2017, casi un mes después de que el primer informe debía presentarse el 4 de abril de 2017; y (2) un informe "final" el 31 de diciembre de 2017, más de seis meses después de la fecha de terminación del Acuerdo el 21 de junio de 2017. Estos informes no fueron presentados a PDV USA, sino al Sr. Pío González, empleado de PDVSA.

  Los informes no totalizaron más de cinco páginas (en conjunto), muchas de las cuales fueron duplicadas y no describieron ningún trabajo significativo realizado en nombre de PDV USA o PDVSA ni proporcionaron evidencia de que el trabajo se realizó realmente. 

  La demanda sostiene que los reportes no muestran que Interamerican prestó los servicios para los cuales fue contratado, tampoco respaldan las afirmaciones de David Rivera en 2020 sobre el propósito del Acuerdo. "Nada en ningún informe afirma, o sugiere remotamente, que el dinero entregado a Interamerican se esté utilizando con el propósito de hacer contribuciones políticas a figuras o líderes de la oposición en Venezuela. PDV USA tampoco tiene conocimiento de ninguna comunicación enviada, enviada o copiada a algún representante de PDV USA que sugiera que los pagos a Interamerican fueron contemplados para tal fin".

  La demanda sostiene que Interamerican tampoco proporcionó “documentación de respaldo” y “detalles adecuados y completos de los Servicios prestados” con cada factura presentada a PDV USA, como lo requiere. De hecho, sostiene que, Interamerican no proporcionó documentación de respaldo ni detalle alguno con las facturas enviadas para el pago.

 "Como resultado de estas múltiples fallas, Interamerican no realizó ningún servicio" a la entera satisfacción de PDV USA". Agrega que  "PDV USA nunca expresó su satisfacción con los servicios brindados por Interamerican y no está satisfecho con los servicios de la consultora".

  Asegura que "Interamerican no prestó ninguno de los servicios que contrató para realizar, y mucho menos a satisfacción de PDV USA"

Por otro lado, la demanda sostiene que "El dinero que Interamerican recibió, en virtud del Acuerdo, se utilizó para otros fines, luego la consultora también violó sus declaraciones y garantías en virtud de la Sección 7 del contrato dice que que “ninguna parte de ningún pago a CONSULTOR por parte de PDV USA de conformidad con este Acuerdo se utilizará como soborno, , reembolso, contribución política ilegal o en violación de regulaciones de control de divisas, leyes o regulaciones tributarias u otras leyes o regulaciones de cualquier jurisdicción ".

PDV USA pagó a Interamerican por servicios que nunca se prestaron y por ello PDV USA se negó a pagar las tres últimas facturas interamericanas que presentó Rivera, que ascendieron a $ 35 millones.

A pesar de su incumplimiento del acuerdo, Interamerican insiste en que PDV USA debe el saldo del acuerdo y solicitó repetidamente el pago de las facturas pendientes en varios momentos hasta 2019, incluidos el 11 de septiembre de 2018, el 18 de diciembre de 2018 y el 4 de febrero de 2019.

  Hasta el momento, Interamerican continúa afirmando que PDV USA es responsable ante Interamerican por el saldo de $ 35 millones en virtud del Acuerdo. 

  PDV USA no ha asignado el acuerdo porque Interamerican se negó a dar su consentimiento para la asignación

  Sostiene que el 5 de octubre de 2017, a la luz del hecho de que la Demandada no había realizado, y no contemplaba realizar, ningún servicio en nombre de PDV USA y PDVSA solicitaron conjuntamente el consentimiento de la Demandada para ceder el Acuerdo de PDV USA a PDVSA. 

  Con ese fin, PDV USA y PDVSA firmaron un “Acuerdo de consentimiento de cesión y asunción del‘ Acuerdo de consultoría, con fecha del 21 de marzo de 2017. 

   Interamerican fue identificada como una tercera parte del Acuerdo de Consentimiento de Asignación y Asunción a los efectos de otorgar el consentimiento a sus términos, que las partes acordaron constituir una novación o liberación para PDV USA, y se proporcionó un bloque de firma para el consentimiento de Interamerican. Pero la consultora se negó aprobar al Acuerdo de Consentimiento de Asignación y Asunción y nunca lo firmó. 

  En consecuencia, el Acuerdo de consentimiento de cesión y asunción nunca se ejecutó en su totalidad. Se adjunta como Anexo 2 una copia fiel y correcta del Acuerdo de consentimiento de cesión y asunción.

   Hasta que se presentó esta demanda, la posición del Demandado también ha sido que nunca se efectuó ninguna cesión y ha seguido exigiendo el pago del Demandante. 

  Un correo electrónico del 4 de febrero de 2019 de David Rivera deja esto en claro:

"Como usted sabe, Interamerican Consulting nunca estuvo de acuerdo ni consintió en ninguna cesión del contrato de PDV USA a PDVSA. De hecho, cualquier sugerencia de reasignación del contrato fue rechazada específicamente en dos ocasiones. Nuestro asesor legal ha revisado este asunto en profundidad, incluido el papel documentado de los abogados y funcionarios corporativos de CITGO, y ha concluido de manera indiscutible y categórica que cualquier asignación de PDV USA a PDVSA fue una decisión unilateral arreglada entre PDV USA y PDVSA y, bajo el de la ley de contratos de Nueva York que rige el contrato de consultoría, de ninguna manera exime a PDV USA de sus obligaciones contractuales con Interamerican Consulting".

   "Después de que se presentó esta demanda, Interamerican admitió que nunca tuvo la intención de prestar servicios en virtud del acuerdo y afirma que el acuerdo es una farsa", dice el documento.

 Añade que luego de la presentación de esta demanda, el Presidente de Interamerican realizó varias declaraciones a la prensa sobre esta demanda y el Acuerdo de las partes.

   Rivera respondió, “pregunten a los chicos de CITGO 6”, una referencia a los ejecutivos de CITGO Petroleum Corporation detenidos por el régimen de Maduro. “Manejaron toda esa operación, incluido todo el dinero, en coordinación con la oposición venezolana. . . Eso es todo lo que sé."

    Rivera también le dijo al Miami Herald: "Todos esos fondos fueron a la oposición para protestas contra Maduro en el verano de 2017. Nunca vi un centavo". (MIAMI HERALD, 14 de mayo de 2020).

 Según información y creencia, estas declaraciones son falsas. PDV USA no pudo encontrar evidencia que respalde estas afirmaciones. La transferencia de fondos de PDV USA fue directamente a una cuenta bancaria controlada por Interamerican. Desafía la credulidad afirmar que PDVSA, que en obligaciones en virtud del Acuerdo".

 La demanda sostiene que el tiempo que PDVSA estuvo controlada por el régimen de Maduro, ordenó a sus subsidiarias estadounidenses que contrataran a Interamerican para canalizar millones de dólares a los adversarios políticos del régimen.

   En la medida en que Interamerican utilizó los fondos que recibió de PDV USA en virtud del Acuerdo "con el propósito de financiar la oposición política del Régimen de Maduro", eso probaría que Interamerican no hizo ni tuvo la intención de realizar los servicios de consultoría estratégica contemplados por el acuerdo.

  La demanda dice que los hechos descritos probarían que los dos informes de progreso presentados por Rivera a PDV USA contenían numerosas declaraciones materiales falsas sobre los supuestos servicios que Rivera afirmó que Interamerican había realizado. 

 "Por ejemplo, si los reclamos de Rivera en 2020 son verdaderos, entonces cada una de las siguientes declaraciones contenidas en los informes de progreso fueron deliberada e intencionalmente falsas cuando se hicieron a PDV USA para respaldar los reclamos de pago de Interamerican".

 Dicen los informes que el 18 de abril de 2017, “El Consultor organizó reuniones para el Cliente con importantes responsables políticos y líderes de opinión en los Estados Unidos como parte de la estrategia para construir relaciones a largo plazo entre las partes interesadas clave del sector público en los Estados Unidos. Estas reuniones permitieron al Cliente proporcionar los puntos de vista y perspectivas del Cliente sobre los eventos actuales en Venezuela y su interpretación en los Estados Unidos, enfocándose en las iniciativas y logros del Cliente ".

 Asimismo, dice que el 16 de mayo de 2017, "El Consultor ha tenido múltiples discusiones con importantes interlocutores asociados con las organizaciones objetivo del sector privado y ha informado a estos interlocutores sobre el deseo y la voluntad del Cliente de buscar la reconciliación y resolución de los problemas pendientes".

  "Sin embargo, desde el principio, Interamerican recibió pagos a los que no tenía derecho legalmente y se enriquecería injustamente si se le permitiera beneficiarse de ellos. Interamerican acordó indemnizar a PDV USA por incumplimiento del acuerdo", dice la demanda.













miércoles, 7 de octubre de 2020

Encuesta entre el sector militar refleja baja aceptación de Juan Guaidó como Comandante en Jefe

  Los militares recomiendan a  Guaidó "desmarcarse de cualquier evento que contraríe la ética y el honor del Comandante en Jefe de la FAN".
 
Por Maibort Petit

   En una encuesta hecha a militares venezolanos de la Reserva Activa, que incluyó  70 efectivos del Ejército; 19 de la Armada; 22 de la Aviación; 81 de la Guardia Nacional que sostuvo un encuentro con el presidente interino, Juan Guaidó refleja que el líder opositor no cuenta con el mayor porcentaje de aceptación entre los militares como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales, alcanzando un 23%. 
   Los resultados de la encuesta de aceptación y rechazo se incluyen en un informe elaborado luego de un  Encuentro que sostuvo el presidente Interino, Guaidó con la Reserva Activa, con fecha 11 de septiembre de 2020.
   
   En dicho informe se formulan una serie de recomendaciones a Guaidó, a objeto de que tome decisiones acertadas en la actual coyuntura con el respaldo de la Fuerza Armada Nacional.

Estamos en guerra


 "Estamos en guerra. Y en la guerra, lo fundamental para un comandante es tomar decisiones, principalmente para un Comandante en Jefe”, fue la gran recomendación del informe que recoge una serie de consideraciones destinadas a que la presidencia interina de Venezuela tome las decisiones respecto al destino del país.
  Se advierte que la actual coyuntura venezolana indica que los errores del liderazgo opositor, cometidos a lo largo de veintidós años de revolución bolivariana, son una consecuencia de la pretensión de querer adaptar la realidad a los planes personales y políticos, cuando la lógica indica que es, al contrario: los planes deben adaptarse a la realidad.
  Llaman la atención al hecho de que después de tanto tiempo en revolución no se conoce al régimen y se lo subestima, “y lo peor, nos sobreestimamos”, advierten.

  El informe refiere que siendo Juan Guaidó el principal líder de la oposición y quien encabeza el gobierno provisional, sin haber cesado hasta ahora la usurpación, este debe mejorar su relación con la Fuerza Armada Nacional y con el grupo militar que lo reconoce oficialmente de modo que pueda garantizarse las condiciones de gobernabilidad y estabilidad en el ejercicio de sus funciones, condiciones indispensables para conducir al país a unas elecciones libres.

  Se explica que, para ello, Guaidó “debe establecer una línea de trabajo política y estratégica para construir, establecer y consolidar en un corto plazo, un apoyo sólido del sector militar en esta especial coyuntura en Venezuela”.

  El reporte advierte que en las fuerzas armadas nacionales es común la aplicación de encuestas, pues es un instrumento que permite medir la opinión del cuerpo castrense respecto a la política, lo económico, lo social y lo militar. Se afirma que el DGCIM suela hacerlas, como también es práctica rutinaria de las agencias de inteligencia de los componentes, el estado mayor conjunto y en general en toda la institución. Se precisa que, en toda repartición militar, los comandantes utilizan este instrumento como un perfecto mecanismo para sacar conclusiones, presentar recomendaciones y tomar decisiones.

  En la encuesta participaron 321 militares de los cuales efectivamente participaron 235, de los cuales 14 eran generales y almirantes; 77 eran oficiales superiores; 67 eran oficiales subalternos; 34 pertenecían a la tropa profesional; 9 forman parte de cuerpos de policía; 7 eran familiares directos de activos; y 6 eran de la marina mercante.
 
    Cuando se les preguntó que evaluaran la exposición de Guaidó en la teleconferencia, apenas el 14% la calificó de excelente, 24% buena, 35% regular y un 27% deficiente. Estos números son altamente preocupantes.

Guaidó no conoce los temas de Seguridad y Defensa

 Los resultados a esta pregunta son aún más alarmantes. Sólo un 6 % cree que tiene conocimiento excelente sobre Seguridad y Defensa, 23% bueno, 42% regular y 29 % deficiente.

Sobre seguridad y defensa

  Se insta a que Juan Guaidó designe un Coordinador General de Seguridad y Defensa, lo cual es una exigencia colectiva del sector militar. Se indica que esta decisión permitiría disponer de un vocero del gobierno interino hacia la FAN, quien sería un enlace viable y con autoridad entre los miembros de la institución armada y la sociedad civil.

  Del mismo se conmina a Guaidó a incluir el tema de seguridad y defensa en el Plan País, una decisión que podría en las manos de la FAN las tareas de recuperación de la democracia, la vigencia del estado de derecho y la constitución nacional en Venezuela, al tiempo que se le otorgaría la importancia debida al tema en las etapas de antes, el durante y el después del cese de la usurpación.

  Aunado a esto, la Asamblea Nacional debe reformar la Ley Orgánica de la FAN, especialmente en el título correspondiente a la Milicia Nacional Bolivariana (Artículos 74 al 86), en virtud de que este componente de hecho es el principal soporte armado del régimen, aparte que, de derecho, es inconstitucional.

  Se subraya que la consideración de la FAN en el pacto unitario al que se invoca, debe hacerse atendiendo lo establecido en artículo 328 de la Constitución Nacional, especialmente en “...en el cumplimiento de sus funciones (La FAN) está al servicio exclusivo de la nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna”.

Comunicación permanente

  El informe llama a mantener un canal de comunicación permanente con los militares a través de los integrantes de la Reserva Activa. Se recuerda que en el ejercicio del liderazgo dentro de la Fuerza Armada Nacional es fundamental comunicarse e informar a los integrantes de la institución.

 Se alerta que para que Juan Guaidó pueda desarrollar la condición constitucional de Comandante en Jefe de la FAN e influir en la institución que tendrá un nivel protagónico en el desenlace de la actual coyuntura política, el mandatario debe establecer una comunicación constante y oportuna sobre la actual realidad política y militar.

“La FAN es el principal sector que le garantizará gobernabilidad y estabilidad durante el gobierno provisorio”, se sentencia.

Dejar de lado los compromisos políticos

  Se le recomienda a Guaidó tomar todas “estas decisiones, independientemente y aisladas de los compromisos políticos con las organizaciones e individualidades que respaldan su gestión como presidente interino”.

  Este consejo se emite en razón de que, de acuerdo a los códigos del ejercicio del comando dentro de la institución armada, establecen que solamente el comandante es responsable de lo que se haga y deje de hacer en los cuarteles, “eso se constituye en la aceptación o el rechazo al ejercicio del mando. Esta particularidad se extiende también a la condición constitucional del Comandante en Jefe de la FAN en el tenor del artículo 328 al expresar ‘La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y con la ley’”.

Autoridad moral

  De manera categórica se advierte que el presidente Juan Guaidó debe desmarcarse de cualquier evento que contraríe la ética y el honor.

  Tala alerta se formula de acuerdo a la visión que sobre la figura del presidente de la república se manejaba en la Fuerza Armada Nacional hasta 1998, cuando se promovía al presidente íntegro e identificado con los valores y principios que hicieron de la FAN una de las instituciones más sólidas del estado venezolano.

  Guaidó, dicen, debe reforzarse en la autoridad moral de un verdadero Comandante en Jefe tomando decisiones en el contexto de la realidad política económica, social y militar que vive la nación venezolana.

No a la ambigüedad

  El informe hace mención a la existencia de una visión generalizada entre los oficiales generales y almirantes, oficiales superiores y oficiales subalternos, y la tropa profesional consultada, acerca de la ambigüedad que Juan Guaidó ha exteriorizado en temas como la operación militar ejecutada el 30 de abril de 2019 y la denominada operación Gedeón.

  La mayoría de los encuestados tradujo tal circunstancia como una ausencia de compromiso al final y como el abandono de un Comandante en Jefe a sus subalternos ante resultados adversos.

No a la amnistía de violadores de DDHH

  El informe de la encuesta recoge la opinión que considera la ley de amnistía y el llamado a la deserción formulados por el presidente interino, Juan Guaidó, como pésimas decisiones del Comandante en Jefe durante los eventos desarrollados en la frontera con Colombia el año 2019.

  Estimó la reserva activa que amnistiar a violadores de derechos humanos entraña un mensaje contradictorio hacia el seno de la institución armada.

  Del mismo modo, rechazaron la deserción dado que históricamente ésta en combate ha sido un estigma casi en contigüidad con la traición a la patria.

  Ambos temas —amnistía y deserción— convertidos en un mensaje positivo hacia el sector militar como audiencia objetivo, tuvieron un impacto contradictorio y contrapuesto a los objetivos previstos.

De cara a las elecciones

  La reserva activa llama al presidente Guaidó a incorporar estas recomendaciones, junto a otras de carácter operativo y reservadas, a la estrategia prevista a enfrentar las elecciones parlamentarias convocadas por el régimen usurpador para el 6 de diciembre de 2020.

  Estiman que tal acción constituiría un fuerte mensaje del presidente interino Juan Guaidó hacia la institución armada, en su condición constitucional de Comandante en Jefe de la FAN.

Fijar posición respecto a los presos militares

  Al sector castrense le inquieta y preocupa el hecho de que el Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional no le haya dado el protagonismo que se merecen los presos militares en el discurso del mandatario interino.

   Es decepcionante para la reserva activa que en el discurso opositor y especialmente en el Comandante en Jefe, los centenares de presos militares en las cárceles del régimen hayan sido ignorados.

  Consideran que las graves violaciones a los derechos humanos y el especial ensañamiento manifestado por el régimen usurpador contra los presos militares, deben formar parte prioritaria del discurso del Comandante en Jefe de la Fuerza Armada.

  En tal sentido, se recomienda visibilizar en el discurso del liderazgo opositor, los nombres y apellidos de los presos militares, tal es el caso del capitán (GN), Juan Carlos Caguaripano; el Capitán de Navío, Luis de La Sotta; el Teniente Coronel (EJ.), Igber Marín Chaparro; el Capitán de Corbeta, Carlos Mac Sotay Rausseo; el general de división (Av.), Oswaldo Hernández; el Coronel (Av), Ruperto Molina Sánchez; entre otros, quienes son preocupación permanente de sus compañeros de armas.

  Asimismo, expresan la necesidad de mantener enarbolada la bandera de la protesta por las muertes como las del Capitán de Corbeta, Carlos Acosta Arévalo y del Inspector, Oscar Pérez. “Especial mención se hace a la indiferencia con los policías metropolitanos, presos desde hace 17 años. No son militares pero la crueldad del régimen es un claro mensaje hacia los militares”.

Claridad

  La reserva activa hace referencia al hecho de que el actual periodo constitucional finaliza el venidero 5 de enero de 2021 y ante tal circunstancia no se le ha aclarado lo suficientemente a la opinión pública, cuál será el panorama político y constitucional del ejercicio de la presidencia interina luego de esa fecha.

  Se refiere que el presidente, Juan Guaidó, en su condición de Comandante en Jefe de la FAN, no ha definido y precisado la línea conceptual actual y su posición ante el apoyo de la comunidad internacional, encabezado por Estados Unidos y el presidente Donald Trump.

  Alertan que temas como el llamado a las elecciones por parte de la revolución y un grupo de la oposición para el venidero 6 de diciembre de 2020, la intervención militar como mecanismo viable de la solución al problema venezolano, los alcances del convenio con la DEA y la fragmentación del liderazgo de la oposición, contribuyen a la indeterminación que se proyecta hacia la FAN y su posibilidad de aportar eficientemente hacia el desenlace de la crisis venezolana. Igual consideración se hace la consulta popular anunciada por el Comandante en Jefe.

  Finalmente, el informe de la encuesta expresa que estas indefiniciones le otorgan al régimen usurpador más márgenes de maniobra política y militar para su permanencia en el poder.

viernes, 18 de septiembre de 2020

La Comisión de Resolución de Conflictos (CRC) de Voluntad Popular renunció en pleno por las trabas de la cúpula para evitar la expulsión de Freddy Superlano

  Cuando Freddy Superlano era presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, esa instancia entregó cartas de buena conducta al testaferro de Nicolás Maduro, Álex Saab y a Alejandro Ceballos, señalado por diversos casos de corrupción y lavado de dinero internacional vinculado al régimen venezolano. Una denuncia del diputado, Ismael León, asegura que Superlano se habría llevado el sello y el cuaderno de correspondencias de la oficina parlamentaria cuando renunció a la presidencia del ente.

Por Maibort Petit

   La totalidad de los miembros de la Comisión de Resolución de Conflictos (CRC) de Voluntad Popular renunció a sus puesto por estar en desacuerdo con la conducta de una parte de la cúpula de la tolda naranja que viola en principio de “entender la actividad política, y el ejercicio del poder, como un acto de compromiso con el país y como un compromiso moral y ético”. Mariana Campos Villalba Marcos R. Carrillo P. Eduardo Noguera, José Alberto Perdomo  y Gustavo Luis Velásquez B. renunciaron el 16 de septiembre de 2020. 

  Fuentes informaron que la razón es porque la CRC expulsó al diputado Freddy Superlano por sus vinculaciones con la corrupción en el caso de Álex Saab desde hace 11 meses y los miembros de la ENA, controlado por Leopoldo López no permitieron que se materializara dicha expulsión.

  Según la fuente "en la presión contra la CRC influyeron 5 miembros de la ENA [Equipo Nacional de Activistas]: Leopoldo López, la Dip. Olivia Lozano, el Coordinador Política Nacional; Emilio Graterón, el Coordinador Operativo Nacional, Ronald Carreño y el dip. Freddy Guevara".

    Entre los escándalos relacionados con el diputado Freddy Superlano destacan las cartas de buena conducta al testaferro de Nicolás Maduro, Álex Saab y a Alejandro Ceballos, señalado por diversos casos de corrupción y lavado de dinero internacional vinculado al régimen venezolano, durante su gestión como presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional,  lo ocurrido en Cúcuta durante el concierto por la libertad, de llevarse el sello y el cuaderno de correspondencia de la Comisión parlamentaria cuando abandonó el cargo por las denuncias de corrupción.

  Una fuente consultada por Venezuela Política informó que en una reunión a la que se presentó Freddy Superlano. En ese encuentro le preguntaron por las denuncias en su contra relacionadas con Álex Saab.

A continuación publicamos la carta íntegra de renuncia de los miembros de la CRC de Voluntad Popular.

Estimados Señores,

Asunto: Renuncia de los miembros de la CRC

  Nos dirigimos a ustedes en ocasión de presentar nuestra renuncia como miembros de la Comisión de Resolución de Conflictos (CRC), lo cual hacemos por las siguientes razones:

1. Desde su fundación la CRC se ha dedicado con escrupuloso esmero al cumplimiento de la normativa vigente del partido, así como a las funciones que estatutariamente se le han asignado. En este sentido, nos hemos apegado estrictamente a los valores que orientan a nuestra organización, tales como “entender la actividad política, y el ejercicio del poder, como un acto de compromiso con el país y como un compromiso moral y ético”, así como la “permanencia inalterable de los principios de la democracia y la solidez de las instituciones democráticas del Estado”, tal y como lo establecen los principios 4 y 5 del preámbulo de los Estatutos del partido (en lo adelante los Estatutos).

2. En el ejercicio de nuestras competencias hemos cumplido, entre otras funciones, con dirimir las disputas que en el partido se presenten y “garantizar que la conducta de los activistas no atente en ningún caso contra la armonía, gobernabilidad interna y el alcance de los objetivos estratégicos de la organización”, según lo dispone el artículo 8, literales a) y g) del Reglamento de la CRC.

3. La CRC ha respondido inequívocamente a los principios de eficiencia, eficacia, respeto a los Derechos Humanos, gratuidad, imparcialidad, transparencia, proporcionalidad e impulsó en todo momento la resolución amistosa de los conflictos sometidos a su consideración, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de los Estatutos. Igualmente, se ha tenido el más escrupuloso apego al debido proceso, al derecho a la defensa y a los derechos conexos a estos principios.

4. Toda la actuación de la CRC durante los últimos dos años ha sido orientada por los criterios de la defensa de la gobernabilidad del partido, la armonía entre los activistas y la resolución de fondo de los conflictos, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 76 de los Estatutos.

5. En este sentido, la CRC ha velado por el cumplimiento de la normativa del partido y, en especial, por el de los deberes que, de conformidad con el artículo 7 de los Estatutos, tienen todos los activistas, entre los que se encuentra el deber de “actuar siempre con base a los valores en los que se sustenta el partido, en cumplimento con estos estatutos, los reglamentos, principios y con las decisiones tomadas por las distintas instancias de la organización.”

6. A pesar de las diferencias propias de una organización política activa y luchadora, las decisiones de esta instancia se vinieron cumpliendo sistemáticamente en el tiempo con la cooperación de los órganos y militantes del partido, tal y como lo exige la norma antes transcrita, lo que fortaleció grandemente la institucionalidad del partido.

7. No obstante, durante este año importantes decisiones tomadas por esta CRC mediante las cuales se procuró restablecer el orden institucional y, por otra parte, se sancionó a miembros de nuestra organización, por conductas violatorias de normas con contenido ético establecidas en los estatutos, no han sido cumplidas a cabalidad, ni tuvieron el acompañamiento necesario, a pesar de las sistemáticas gestiones que esta instancia ha hecho para que tales decisiones fueran acatadas, lo cual debilita la institucionalidad del partido.

8. De conformidad con el literal h) del artículo 31 de los Estatutos, es competencia del ENA “Promover, cumplir y hacer cumplir los principios y valores de la organización, así ́ como los estatutos, los reglamentos y las decisiones emanadas de los órganos de dirección de Voluntad Popular Activistas”. Como se ha dicho, esto no ha sucedido en varios casos a pesar de la insistencia de esta CRC, asunto del que hemos dejado constancia ante esta dirección nacional pues consideramos que el cabal cumplimiento de una decisión en apego a la normativa y principios del partido es indispensable para la construcción de la Mejor Venezuela.

9. Por las razones expuestas, hemos tomado la decisión que anunciamos por medio de esta carta.

10. Agradecemos la confianza que se depositó en nosotros para ejercer tan alta función en el partido y reiteramos nuestro compromiso ético con la organización y sus instituciones, así como con seguir luchando por los ideales y principios que sustentan a Voluntad Popular.

Quedamos de ustedes, 

Atentamente, 

Mariana Campos Villalba Marcos R. Carrillo P. Eduardo Noguera

José Alberto Perdomo Gustavo Luis Velásquez B.




miércoles, 9 de septiembre de 2020

Tesorera actual de CITGO obligada a declarar en una corte de Texas sobre transacciones a favor de una empresa del sobrino de ex CEO de la corporación, Nelson Martínez

Por Maibort Petit

  A pesar de las evasivas de la empresa, la actual tesorera de CITGO, Gina Coon fue solicitada a declarar esta semana ante la Corte del Condado de Harris, Texas por el caso de Rothwell Energy, Coon  ocupó un puesto clave de la corporación cuando se le otorgó un contrato millonario a la empresa propiedad del ex-presidente de CITGO, Nelson Martínez. Rothwell Energy Service forma parte de una larga lista de compañías que lograron obtener negocios de CITGO a cambio del pago de sobornos a los funcionarios involucrados en los procesos de adjudicación y procesamiento de las contrataciones.

  La demanda civil que se procesa en la Corte del Condado de Harris, fue interpuesta por Rothwell Energy Services LLC en contra de CITGO. 

  Según los registros de CITGO, en 2017, José Pereira, Glenn Hilman, José Luis Zambrano, José Luis De Jongh y Brian Paulson asignaron más de USD 16 millones en contratos de adquisiciones a Rothwell, como entidad intermediaria, para la adquisición de los siguientes bienes:

(1) enero de 2017: 170.000 monos de seguridad para PDVSA E&P Occidente por USD 4.139.500,00, 

(2) Abril de 2017: Plantas de agua por USD 6,3 millones y 

(3) Junio ​​de 2017: Cilindros y válvulas de gas por USD $ 5.692.500.

   En un documento del tribunal  dice que este miércoles 9 o jueves 10 de septiembre, Gina Coon, Tesorera de CITGO ratificada por la directiva de Luisa Palacios y Carlos Jordá, [quien fue designada en el cargo bajo las administraciones de Nelson Martínez, José Pereira y Asdrúbal Chávez], está solicitada para declarar y explicar los manejos que se dieron el CITGO en la entrega de contratos fraudulentos.

        Según los récords, durante el 2014 al 2018, bajo las administraciones de Nelson Martínez, José Pereira y Asdrúbal Chávez, Gina Coon, fungió como Asistente y posteriormente fue designada Tesorera de CITGO Petroleum Corporation por la Junta Directiva designada por el presidente interino, Juan Guaidó. En su gestión, Coon aprobó y procesó pagos por USD 10.6 millones por compras para PDVSA con significativos sobre precios a Rotwell Energy Services, LLC, una entidad registrada en Texas en Octubre 2013 por Juan Carlos Hurtado Angarita, director nominal de Rothwell Energy, y sobrino de Nelson Martínez, Presidente y CEO de CITGO del 2013 al 2016.[fallecido en 2018 bajo la custodia del régimen de Nicolás Maduro].


   Los récords de la corporación establecen que desde 2014 al 2018, el dinero fue transferido por Gina Coon desde Houston, TX directamente a la cuenta bancaria a nombre de Rothwell.  El 22 de marzo de 2019, Rothwell Energy Services LLC demandó a CITGO por incumplimiento de una parte de los pagos acordados por la venta de unas plantas desalinizadoras de agua que supuestamente serían instaladas en Venezuela. 

   Dos fuentes internas, consultadas por Venezuela Política en calidad de anonimato, dijeron que "la actual Tesorera de CITGO, Gina Coon, junto a Glenn Hilman y José Luis Zambrano, directores de compras, Rick Esser y Jennifer Moos, directores de cumplimiento, y Judith Colbert del departamento legal de CITGO facilitaron y aprobaron los procesos de licitación, contratos y transacciones de compras con Rothwell". 

   José Luis Zambrano, junto a otros 5 ex ejecutivos de CITGO, se encuentra actualmente bajo arresto en Venezuela acusado de delitos en CITGO que presuntamente le involucran en cargos de corrupción, fraude, malversación, sobornos, lavado de dinero, conspiración para delinquir y abuso de autoridad. Ver detalles aquí.

   Las fuentes de la corporación, consultadas para este caso, señalan que los mencionados "ejecutivos confrontan varias denuncias internas por formar parte del esquema de corrupción masiva en CITGO, por facilitar la aprobación ilícita de transacciones de compras fraudulentas, y evadir controles internos para la evaluación de proveedores (vendor due diligence) para asistir a dueños de compañías fantasma a obtener ganancias ilícitas y el posterior lavado del dinero". 

   Los ejecutivos de CITGO habrían violado las normas internas de la corporación, con pleno conocimiento, estos directores asistieron a proveedores como: José Manuel González Testino, Tulio Farías, Juan Carlos Hurtado Angarita, entre otros, en los procesos de licitaciones fraudulentos y en ocultar al beneficiario (ultimate beneficiary) final de sus cuentas bancarias. González Testino y Tulio Farías se encuentran a la espera de sentencia por un juez federal de Texas, ambos contratistas se declararon culpables de delitos de corrupción y lavado de dinero.

    Las fuentes consultadas confirman que los ejecutivos señalados de haber participado en procesos fraudulentos "fueron beneficiados con promociones injustificables, asignación de vehículos de lujo (ej.: Porsche, BMW, Mercedes, etc.), aumentos sueldos y bonos excesivos, que le permiten vivir un estilo de vida de lujo".

  Venezuela Política tuvo acceso a documentos que evidencia las operaciones que se hicieron desde CITGO a la cuenta de Rothwell Energy Services LLC. Desde 2014 al 2018, múltiples transferencias bancarias fueron procesadas por Gina Coon, [Tesorera] desde las oficinas de CITGO en Houston, Texas directamente a cuentas bancarias de Juan Carlos Hurtado Angarita (Rothwell Energy Services). "Como parte de esquema de corrupción, las transferencias se realizaron desestimando los controles internos de identificación de proveedores, y la debida evaluación de Rothwell como proveedor por los departamentos de crédito (Tesorería), legal y cumplimiento", sostuvo la fuente, que agregó que "Los directores de cumplimiento, intencionalmente desestimaron el evidente conflicto de interés y facilitaron la aprobación de contratos de compras por millones de dólares para beneficiar a un familiar de Nelson Martínez y sus cómplices en estas transacciones".

Evidencias de los pagos

  La imagen a continuación evidencia algunos de pagos detallados aprobados y procesados durante el 2018 por Gina Coon, Glenn Hilman y Asdrúbal Chávez:


  Las transacciones fraudulentas entre CITGO y Rothwell, son unas de múltiples transacciones comerciales con compañías fantasmas que sirvieron como vehículo para defraudar al accionista (Venezuela) y extraer el dinero de los bancos de CITGO, utilizando las ganancias ilegales provenientes de operaciones corruptas como fase inicial del blanqueo de capitales, que envolvió sobreprecios, colusión, conspiración con proveedores y el pago sobornos y beneficios laborales para directores de CITGO.  

  Otra fuente interna sostiene que los referidos directores "están envueltos en un número excesivo de casos y transacciones fraudulentas incluyendo el pago de USD 15 millones, realizado por Gina Coon y José Pereira a través de tres transferencias bancarias de $5 millones cada directamente a la cuenta del ex congresista republicano David Rivera utilizando como fachada pagos de consultoría a Interamerican Consulting Inc, una entidad de papel registrada por el congresista en Florida, USA; pagos por más de $70 millones de dólares bajo la administraciones de José Pereira y Asdrúbal Chávez a entidades fantasmas con fuertes lazos a oficiales del régimen de Nicolás Maduro donde también se violaron los controles internos, y muchas otras excepciones y casos fraudulentos que aún no han sido resueltos por la administración encabezada por Luisa Palacios, Carlos Jordá".  

  Importante destacar que las evidencias y testimonios en contra de los mencionados directores fueron presentadas a Palacios y a la nueva junta directiva desde Febrero 2019, cuando fue designada por el presidente interino Juan Guaidó y los partidos que conforman el G4, pero. a pesar de tener el conocimiento y las evidencias, decidieron ratificarlos en sus cargos, jubilarlos y contratarlos nuevamente".

Artículos relacionados: Caso Rothwell Energy Services LLC. contra CITGO: Los oscuros manejos en la adjudicación de contratos

CITGO pagó a David Rivera los $15 millones para cabildear a favor de PDVSA (Nicolás Maduro) en los EE. UU.


miércoles, 29 de julio de 2020

Conoce los detalles del refinanciamiento de CITGO por USD 1.125 millones con Jefferies LLC y J. P. Morgan

   La banca de inversión exigió firmar una carta compromiso que obliga a mantener a esa entidad como ente encargado del refinanciamiento del préstamo B con vencimiento en 2021, por una tarifa acordada del 1.0 por ciento del monto total del capital de dicha deuda.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Un informe elaborado por la firma Jones Day a petición de CITGO Petroleum Corporation, estableció que la escogencia de las empresas Jefferies LLC y Jefferies Capital Services, LLC como prestadoras de los servicios de banca de inversión en el proceso de refinanciamiento de la deuda de la filial de la Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en los Estados Unidos, era la única opción que esta tenía para reestructurar su deuda a corto plazo.
   El 9 de junio de 2020, el escritorio jurídico Jones Day remitió un memorando con carácter privilegiado y confidencial a CITGO Petroleum Corporation que contenía las recomendaciones con relación a las ofertas de deuda de alto rendimiento por parte de emisores corporativos en los Estados Unidos.

     Venezuela Política tuvo acceso al informe y a todos los anexos del mismo.

   Refiere que, en los Estados Unidos, generalmente, no se recurre al mecanismo de la licitación u otro proceso público, para considerar las ofertas de deuda de alto rendimiento por emisores corporativos. Esto se debe a la capacidad del emisor para controlar el tiempo y el proceso en torno a la oferta.
  Así ocurrió, por tanto, cuando recientemente CITGO Petroleum Corporation, bajo la Regla 144A emitió USD 1.125 millones de notas con garantías al 7.00 por ciento, con vencimiento en 2025.

   Explican los abogados que las leyes de mercado de capitales de los EE. UU. imponen limitaciones significativas a las empresas privadas sobre lo que pueden decir sobre una emisión o transacción en los mercados. En este contexto, los emisores que aspiran a un financiamiento, contactan a un pequeño grupo de bancos de inversión con los cuales mantienen una relación y que son capaces de ejecutar la transacción como resultado de la reputación y capacidades del mercado y la industria.
   Desde 2019, este tipo de operaciones se volvió más complicadas a raíz de las sanciones estadounidenses emitidas en enero de dicho año, a lo que se suma la situación política en Venezuela y los litigios que involucran a las entidades matrices de CITGO, así como por las incertidumbres sobre la propiedad y el control de la filial de PDVSA en los EE. UU. por parte de su junta directiva.

  Para dicha fecha, 2019, CITGO Petroleum Corporation y su matriz inmediata CITGO Holding, Inc., planeaban operaciones de su deuda a corto plazo.

   Observan los abogados de Jones Day que la gerencia de CITGO contactó a varias empresas de banca de inversión y otras instituciones financieras para evaluar el interés y su voluntad de involucrarse en estas transacciones de financiamiento, dadas las incertidumbres sobre la propiedad y el control de CITGO, así como los riesgos de hacer negocios con esta empresa.

   En medio de este panorama, Jefferies fue la única empresa de los Estados Unidos que estuvo dispuesta a realizar este refinanciamiento de CITGO.

Sobre el acuerdo con Jefferies

  Para aceptar actuar como la banca de inversión en marzo del 2019, Jefferies insistió en que se le emitiera una carta de compromiso. Esto por tratarse de un emisor de alto rendimiento con opciones de financiación limitadas.

  En razón a las pocas alternativas disponibles, CITGO firmó una carta de compromiso con Jefferies LLC y Jefferies Capital Services, LLC.

  Representantes de CITGO informaron a los abogados de Jones Day que el acuerdo con Jefferies representaba la acción más prudente y la mejor oportunidad de llevar a cabo el financiamiento de las próximas deudas.

   El contrato suscrito entre Jefferies y CITGO estableció el compromiso de esta última de retener a la primera como banca para el refinanciamiento del préstamo B con vencimiento en 2021, por una tarifa acordada del 1.0 por ciento del monto total del capital de dicha deuda.

   Los abogados consideraron que la tarifa negociada del 1.0 por ciento estaba dentro del rango de razonabilidad para la suscripción de deuda o fees de colocación pagados por emisores estadounidenses cuya deuda tiene una calificación inferior al grado de inversión.

“Sin embargo, CITGO podría nombrar un banco co-líder si dicho banco fuera razonablemente aceptable para Jefferies y Jefferies se le asignaría no menos del 50 por ciento de los fees que CITGO le correspondía pagar por la transacción”.

  El acuerdo también incluyó una disposición de “cola” bajo la cual Jefferies tendría derecho a la tarifa del 1.0 por ciento si CITGO hiciera cualquiera de las “Transacciones” enumeradas para el 29 de julio de 2021 o antes, incluso si CITGO terminara el acuerdo.

   En julio de 2019, Jefferies fungió como el administrador para el refinanciamiento de las notas garantizadas por USD 1.870 mil millones al 10.75 por ciento con vencimiento en 2020 de CITGO Holding. Este refinanciamiento consistió en una oferta de USD 1.370 millones en notas garantizadas de 9.250 por ciento de CITGO Holding con vencimiento en 2024 más un nuevo préstamo B, de préstamo a plazo de USD 500 millones.

La selección de suscriptores para las notas CITGO 2020

  El informe de Jones Day refiere que la gerencia de CITGO exploraba opciones de liquidez en medio de la crisis del Covid 19, entre ellas, el refinanciamiento de la deuda con vencimiento en 2021 del plazo del préstamo B que se propuso a la junta directiva en mayo de 2020.

   La junta directiva aprobó la refinanciación del préstamo B de CITGO mediante la emisión de pagarés garantizados de CITGO por USD 1.125 mil millones, un incremento que le proporcionaría a la filial de PDVSA flexibilidad financiera en estas difíciles circunstancias.

   Para evitar pagar la tarifa del 1.0 por ciento que hubiera tenido que cancelar por rescindir el contrato con Jefferies y dadas las circunstancias imperantes, CITGO y en virtud de la ejecución exitosa de las transacciones de 2019 y la buena reputación de la empresa con la que ya mantenía un acuerdo, CITGO decidió proceder con Jefferies como el principal gestor de libros para la Notas de oferta.

  Sin embargo, como el acuerdo con Jefferies contemplaba la incorporación de un banco co-líder que fuera aceptable para Jefferies y esta recibiera al menos el 50 por ciento de las tarifas pagaderas por CITGO en la transacción, la filial de PDVSA en los Estados Unidos consideró involucrar a J. P. Morgan.

  El objetivo que perseguía CITGO con esta decisión era expandir las relaciones bancarias de la compañía para restablecer una línea de crédito rotativa para financiar las necesidades de liquidez de la compañía, en lugar de la dependencia continua de la deuda a plazo.

  J.P. Morgan finalmente acordó entrar en el acuerdo como banco adicional, posicionado a la derecha de Jefferies en el memorándum de oferta.

Las conclusiones de Jones Day

  El despacho de abogados estimó que la selección Jefferies y J.P.Morgan como suscriptores de la oferta de pagarés es consistente con los procesos empleados por emisores corporativos de alto rendimiento en los mercados de capitales de EE.UU.

  Según los abogados, el incremento del refinanciamiento de USD 750 millones a USD 1.125 millones en razón de una sobre demanda significativa, valida el proceso que siguió CITGO en la elección de los bancos para suscribir la oferta. Asimismo, validaron la tasa de interés de las notas emitidas por Citgo de 7.00 por ciento, por debajo del precio indicativo de 7.75 por ciento-8.25 por ciento e involucrando concesiones mínimas, por ser esta una nueva emisión en comparación con las tasas de rendimiento indicativas de la deuda pendiente de CITGO.

  Para Jones Day el proceso de venta de notas de CITGO a un grupo amplio y diverso de inversionistas, fue consistente con colocaciones de otros corporativos en Estados Unidos.

“La gerencia de CITGO señaló una preferencia por los inversionistas de más largo plazo sobre los fondos de corto plazo (hedge funds), al tiempo que afirmó que obtener el mejor precio para las notas era el objetivo principal de la compañía. Se nos informó que los bonos se asignaron a más de 150 inversionistas, que es una colocación amplia para una oferta de este tipo, y tanto las agencias de rating como el equipo de gestión de CITGO expresaron su satisfacción con la cartera de pedidos iniciales de la oferta”.

Nota confidencial del CITGO

  Una nota confidencial de CITGO detalla la relación contractual que ésta filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en los Estados Unidos, mantiene con Jefferies Financial Group, la cual prestó servicios de banca de inversión en los procesos de refinanciamiento de su deuda en los años 2019 y 2020.

  El informe, con carácter privado y confidencial, dirigido al Luis A. Pacheco, presidente de la Junta Administradora ad hoc de PDVSA explica el papel de Jefferies como agente de colocación de los bonos emitidos por CITGO Petroleum Corporation en las fechas indicadas anteriormente.

  Se refiere que, en marzo de 2019, CITGO emitió un préstamo a plazo fijo por USD 1.200 millones con el objetivo de reemplazar su línea de crédito rotativa y la línea de crédito con titularización de sus cuentas por cobrar, las cuales tenían vencimiento en mayo y junio del citado año 2019.

  Se advierte que los bancos se negaron a renovar dichas líneas en razón de las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés), así como la preocupación existente sobre la reputación de CITGO.

  Se informa que Houlihan Lokey actuó como coordinador de la transacción de préstamo a plazo fijo indicada, dado que esta empresa mantenía un contrato vigente con CITGO en el momento de la transición a la nueva administración.

  El reporte advierte que, en el desarrollo de la transacción, uno de los mayores desafíos de CITGO fue encontrar bancos que fungiesen como agentes que hicieran el fronting, es decir fueran facilitadores, distribuidores y en ocasiones financistas de la operación y, además, llevaran a cabo las funciones administrativas y actuaran como garantes colaterales. Se informa que “Decenas de bancos declinaron, citando limitaciones por las sanciones impuestas por la OFAC y/o riesgos de percepción que adversarían la imagen de sus instituciones”.

Agrega la nota confidencial que Houlihan confirmó que se acercaron a BNP Paribas, Credit Agricole, Natixis, Societè Generale, ABN Amro, Deutsche Bank, Sumitomo y Mizuho, entidades que habían participado en las facilidades crediticias emitidas por CITGO Petroleum Corporation, pero ninguno estaba dispuesto a servir como banco que hiciera el fronting.

  Otros intentos se hicieron con Credit Suisse, Bank of America, Citi, Mizuho, JPMorganChase, Macquarie, PNC, 5th Third, Scotia, RBC, DNB, Wells Fargo y Bank of NY, los cuales también declararon participar, según dijo Houlihan.

  Fue ante estas circunstancias que CITGO Petroleum Corporation decidió acudir a Jefferies para que esta actuara como fronting y como agente administrativo.

  Para aceptar, Jefferies puso algunas condiciones, entre ellas, una tarifa del 1 por ciento y la exclusividad para trabajar como banco líder principal en la futura refinanciación del préstamo CITGO 2021 y el refinanciamiento de las transacciones de CITGO Holding 2019. Se acota que el citado 1 por ciento sería compartido a partes iguales si se incorporara al proceso a un co-líder.

  Se advierte que CITGO Petroleum Corporation no tiene compromisos adicionales con Jefferies al finalizar la transacción de los bonos 2025.

  Para finalizar, la nota confidencial agregaba un resumen de procesos de refinanciamiento de años anteriores: