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miércoles, 29 de julio de 2020

Conoce los detalles del refinanciamiento de CITGO por USD 1.125 millones con Jefferies LLC y J. P. Morgan

   La banca de inversión exigió firmar una carta compromiso que obliga a mantener a esa entidad como ente encargado del refinanciamiento del préstamo B con vencimiento en 2021, por una tarifa acordada del 1.0 por ciento del monto total del capital de dicha deuda.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Un informe elaborado por la firma Jones Day a petición de CITGO Petroleum Corporation, estableció que la escogencia de las empresas Jefferies LLC y Jefferies Capital Services, LLC como prestadoras de los servicios de banca de inversión en el proceso de refinanciamiento de la deuda de la filial de la Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en los Estados Unidos, era la única opción que esta tenía para reestructurar su deuda a corto plazo.
   El 9 de junio de 2020, el escritorio jurídico Jones Day remitió un memorando con carácter privilegiado y confidencial a CITGO Petroleum Corporation que contenía las recomendaciones con relación a las ofertas de deuda de alto rendimiento por parte de emisores corporativos en los Estados Unidos.

     Venezuela Política tuvo acceso al informe y a todos los anexos del mismo.

   Refiere que, en los Estados Unidos, generalmente, no se recurre al mecanismo de la licitación u otro proceso público, para considerar las ofertas de deuda de alto rendimiento por emisores corporativos. Esto se debe a la capacidad del emisor para controlar el tiempo y el proceso en torno a la oferta.
  Así ocurrió, por tanto, cuando recientemente CITGO Petroleum Corporation, bajo la Regla 144A emitió USD 1.125 millones de notas con garantías al 7.00 por ciento, con vencimiento en 2025.

   Explican los abogados que las leyes de mercado de capitales de los EE. UU. imponen limitaciones significativas a las empresas privadas sobre lo que pueden decir sobre una emisión o transacción en los mercados. En este contexto, los emisores que aspiran a un financiamiento, contactan a un pequeño grupo de bancos de inversión con los cuales mantienen una relación y que son capaces de ejecutar la transacción como resultado de la reputación y capacidades del mercado y la industria.
   Desde 2019, este tipo de operaciones se volvió más complicadas a raíz de las sanciones estadounidenses emitidas en enero de dicho año, a lo que se suma la situación política en Venezuela y los litigios que involucran a las entidades matrices de CITGO, así como por las incertidumbres sobre la propiedad y el control de la filial de PDVSA en los EE. UU. por parte de su junta directiva.

  Para dicha fecha, 2019, CITGO Petroleum Corporation y su matriz inmediata CITGO Holding, Inc., planeaban operaciones de su deuda a corto plazo.

   Observan los abogados de Jones Day que la gerencia de CITGO contactó a varias empresas de banca de inversión y otras instituciones financieras para evaluar el interés y su voluntad de involucrarse en estas transacciones de financiamiento, dadas las incertidumbres sobre la propiedad y el control de CITGO, así como los riesgos de hacer negocios con esta empresa.

   En medio de este panorama, Jefferies fue la única empresa de los Estados Unidos que estuvo dispuesta a realizar este refinanciamiento de CITGO.

Sobre el acuerdo con Jefferies

  Para aceptar actuar como la banca de inversión en marzo del 2019, Jefferies insistió en que se le emitiera una carta de compromiso. Esto por tratarse de un emisor de alto rendimiento con opciones de financiación limitadas.

  En razón a las pocas alternativas disponibles, CITGO firmó una carta de compromiso con Jefferies LLC y Jefferies Capital Services, LLC.

  Representantes de CITGO informaron a los abogados de Jones Day que el acuerdo con Jefferies representaba la acción más prudente y la mejor oportunidad de llevar a cabo el financiamiento de las próximas deudas.

   El contrato suscrito entre Jefferies y CITGO estableció el compromiso de esta última de retener a la primera como banca para el refinanciamiento del préstamo B con vencimiento en 2021, por una tarifa acordada del 1.0 por ciento del monto total del capital de dicha deuda.

   Los abogados consideraron que la tarifa negociada del 1.0 por ciento estaba dentro del rango de razonabilidad para la suscripción de deuda o fees de colocación pagados por emisores estadounidenses cuya deuda tiene una calificación inferior al grado de inversión.

“Sin embargo, CITGO podría nombrar un banco co-líder si dicho banco fuera razonablemente aceptable para Jefferies y Jefferies se le asignaría no menos del 50 por ciento de los fees que CITGO le correspondía pagar por la transacción”.

  El acuerdo también incluyó una disposición de “cola” bajo la cual Jefferies tendría derecho a la tarifa del 1.0 por ciento si CITGO hiciera cualquiera de las “Transacciones” enumeradas para el 29 de julio de 2021 o antes, incluso si CITGO terminara el acuerdo.

   En julio de 2019, Jefferies fungió como el administrador para el refinanciamiento de las notas garantizadas por USD 1.870 mil millones al 10.75 por ciento con vencimiento en 2020 de CITGO Holding. Este refinanciamiento consistió en una oferta de USD 1.370 millones en notas garantizadas de 9.250 por ciento de CITGO Holding con vencimiento en 2024 más un nuevo préstamo B, de préstamo a plazo de USD 500 millones.

La selección de suscriptores para las notas CITGO 2020

  El informe de Jones Day refiere que la gerencia de CITGO exploraba opciones de liquidez en medio de la crisis del Covid 19, entre ellas, el refinanciamiento de la deuda con vencimiento en 2021 del plazo del préstamo B que se propuso a la junta directiva en mayo de 2020.

   La junta directiva aprobó la refinanciación del préstamo B de CITGO mediante la emisión de pagarés garantizados de CITGO por USD 1.125 mil millones, un incremento que le proporcionaría a la filial de PDVSA flexibilidad financiera en estas difíciles circunstancias.

   Para evitar pagar la tarifa del 1.0 por ciento que hubiera tenido que cancelar por rescindir el contrato con Jefferies y dadas las circunstancias imperantes, CITGO y en virtud de la ejecución exitosa de las transacciones de 2019 y la buena reputación de la empresa con la que ya mantenía un acuerdo, CITGO decidió proceder con Jefferies como el principal gestor de libros para la Notas de oferta.

  Sin embargo, como el acuerdo con Jefferies contemplaba la incorporación de un banco co-líder que fuera aceptable para Jefferies y esta recibiera al menos el 50 por ciento de las tarifas pagaderas por CITGO en la transacción, la filial de PDVSA en los Estados Unidos consideró involucrar a J. P. Morgan.

  El objetivo que perseguía CITGO con esta decisión era expandir las relaciones bancarias de la compañía para restablecer una línea de crédito rotativa para financiar las necesidades de liquidez de la compañía, en lugar de la dependencia continua de la deuda a plazo.

  J.P. Morgan finalmente acordó entrar en el acuerdo como banco adicional, posicionado a la derecha de Jefferies en el memorándum de oferta.

Las conclusiones de Jones Day

  El despacho de abogados estimó que la selección Jefferies y J.P.Morgan como suscriptores de la oferta de pagarés es consistente con los procesos empleados por emisores corporativos de alto rendimiento en los mercados de capitales de EE.UU.

  Según los abogados, el incremento del refinanciamiento de USD 750 millones a USD 1.125 millones en razón de una sobre demanda significativa, valida el proceso que siguió CITGO en la elección de los bancos para suscribir la oferta. Asimismo, validaron la tasa de interés de las notas emitidas por Citgo de 7.00 por ciento, por debajo del precio indicativo de 7.75 por ciento-8.25 por ciento e involucrando concesiones mínimas, por ser esta una nueva emisión en comparación con las tasas de rendimiento indicativas de la deuda pendiente de CITGO.

  Para Jones Day el proceso de venta de notas de CITGO a un grupo amplio y diverso de inversionistas, fue consistente con colocaciones de otros corporativos en Estados Unidos.

“La gerencia de CITGO señaló una preferencia por los inversionistas de más largo plazo sobre los fondos de corto plazo (hedge funds), al tiempo que afirmó que obtener el mejor precio para las notas era el objetivo principal de la compañía. Se nos informó que los bonos se asignaron a más de 150 inversionistas, que es una colocación amplia para una oferta de este tipo, y tanto las agencias de rating como el equipo de gestión de CITGO expresaron su satisfacción con la cartera de pedidos iniciales de la oferta”.

Nota confidencial del CITGO

  Una nota confidencial de CITGO detalla la relación contractual que ésta filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en los Estados Unidos, mantiene con Jefferies Financial Group, la cual prestó servicios de banca de inversión en los procesos de refinanciamiento de su deuda en los años 2019 y 2020.

  El informe, con carácter privado y confidencial, dirigido al Luis A. Pacheco, presidente de la Junta Administradora ad hoc de PDVSA explica el papel de Jefferies como agente de colocación de los bonos emitidos por CITGO Petroleum Corporation en las fechas indicadas anteriormente.

  Se refiere que, en marzo de 2019, CITGO emitió un préstamo a plazo fijo por USD 1.200 millones con el objetivo de reemplazar su línea de crédito rotativa y la línea de crédito con titularización de sus cuentas por cobrar, las cuales tenían vencimiento en mayo y junio del citado año 2019.

  Se advierte que los bancos se negaron a renovar dichas líneas en razón de las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés), así como la preocupación existente sobre la reputación de CITGO.

  Se informa que Houlihan Lokey actuó como coordinador de la transacción de préstamo a plazo fijo indicada, dado que esta empresa mantenía un contrato vigente con CITGO en el momento de la transición a la nueva administración.

  El reporte advierte que, en el desarrollo de la transacción, uno de los mayores desafíos de CITGO fue encontrar bancos que fungiesen como agentes que hicieran el fronting, es decir fueran facilitadores, distribuidores y en ocasiones financistas de la operación y, además, llevaran a cabo las funciones administrativas y actuaran como garantes colaterales. Se informa que “Decenas de bancos declinaron, citando limitaciones por las sanciones impuestas por la OFAC y/o riesgos de percepción que adversarían la imagen de sus instituciones”.

Agrega la nota confidencial que Houlihan confirmó que se acercaron a BNP Paribas, Credit Agricole, Natixis, Societè Generale, ABN Amro, Deutsche Bank, Sumitomo y Mizuho, entidades que habían participado en las facilidades crediticias emitidas por CITGO Petroleum Corporation, pero ninguno estaba dispuesto a servir como banco que hiciera el fronting.

  Otros intentos se hicieron con Credit Suisse, Bank of America, Citi, Mizuho, JPMorganChase, Macquarie, PNC, 5th Third, Scotia, RBC, DNB, Wells Fargo y Bank of NY, los cuales también declararon participar, según dijo Houlihan.

  Fue ante estas circunstancias que CITGO Petroleum Corporation decidió acudir a Jefferies para que esta actuara como fronting y como agente administrativo.

  Para aceptar, Jefferies puso algunas condiciones, entre ellas, una tarifa del 1 por ciento y la exclusividad para trabajar como banco líder principal en la futura refinanciación del préstamo CITGO 2021 y el refinanciamiento de las transacciones de CITGO Holding 2019. Se acota que el citado 1 por ciento sería compartido a partes iguales si se incorporara al proceso a un co-líder.

  Se advierte que CITGO Petroleum Corporation no tiene compromisos adicionales con Jefferies al finalizar la transacción de los bonos 2025.

  Para finalizar, la nota confidencial agregaba un resumen de procesos de refinanciamiento de años anteriores:

lunes, 27 de julio de 2020

PDVSA ad hoc justificó el incremento de nuevo endeudamiento de CITGO por la alta oferta presentada en el mercado

   En una comunicación PDVSA ad hoc informó que el proceso de refinanciamiento de la deuda CITGO 2021 pasó de USD 750 millones a USD 1.125 millones.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  El 15 de junio de 2020, Luis Augusto Pacheco Rodríguez, presidente de la Junta Administradora ad hoc de PDVSA, le remitió una counicación al diputado, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, para infornar acerca del refinanciamiento de la deuda que se conoce como CITGO 2021, la cual inicialmente se estableció en USD 750 millones, pero que se incrementó a USD 1.125 millones, supuestamente para aprovechar la gran oferta que se presentó.
  En primer lugar, Pacheco refiere que hasta el momento de la remisión de la carta, habían mantenido contactos para tratar el tema com la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, el 3 y el 10 de junio de 2020; con el diputado Óscar Ronderos, el 9 de junio de 2020; y con el grupo político del centro de Gobierno, el 8 de junio de 2020. Igualmente, el Procurador Especial mantuvo contacto con el parlamento para responder las inquietudes de índole legal.

El proceso

 Pacheco procede a realizar un recuento de los hechos que precedieron el endeudamiento, citando primeramente, una comunicación confidencial enviada el 8 de mayo de 2020, en la que se informó que la junta directiva de CITGO Petroleum Corporation siguió la recomendación de la gerencia y, por tanto, auorizó adelantar el proceso de refinanciamiento del OPCO TLB (CITGO 2021).

   Luego, el 21 de mayo de 2020, durante una reunión de rendición de cuentas de CITGO a la Junta Administradora ad hoc de PDVSA, la gerencia mostró su perfil de liquidez y deuda y concluyó la necesidad de considerar el refinanciamiento del OPCO TLB (CITGO 2021), antes de que pasara a ser considerada como pasivo corriente.

  Se estimó que se debía aprovechar la reapertura del mercado financiero, cerrado desde marzo por la pandemia del Covid-19.

   El 2 de junio de 2020, CITGO anunció el comienzo del proceso de colocación de notas por un valor de USD 750 millones.

   En la misma fecha, CITGO informó que había obtenido un monto de capital agregado de USD 1.125 millones al 7.00 por ciento, con bonos garantizados con vencimiento en 2025, en una oferta privada exenta de los requisitos de registro de la Ley de Valores de 1933. El monto inicial de la oferta se había incrementado con respecto a lo anunciado previamente y se esperaba para el 9 de junio, cuando tuviera lugar el cierre de la transacción.

   Finalmente,  el 9 de junio de 2020, CITGO informó que se había completado el proceso de refinaciamiento exitosamente anunciado para cancelación del préstamo a plazo B con vencimiento en 2021 (CITGO 2021).

  La oferta privada fue de USD 1.125 millones de monto principal agregado de pagarés senior garantizados con vencimiento en 2025 al 7 por ciento.

El financiamiento

  Pacheco Rodríguez le explicó a Guaidó, que en Estados Unidos hay dos tipos de ofertas de bonos/notas, a saber, las ofertas públicas y las ofertas privadas. Las primeras, requiere del registro en la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), lo cual es un proceso que puede demorarse

 Las ofertas públicas obligan a la presentación de informes periódicos ante la SEC de forma pública, un proceso que resultaría muy oneroso para CITGO.

 Entretanto, las ofertas privadas están exentas del proceso de registro y revisión de la SEC y solo pueden dirigirse a ciertos grupos de inversores más sofisticados, generalmente inversores acreditados.

  Refirió que las ofertas de la Regla 144A como la de CITGO están dirigidas a un subconjunto de inversores calificados llamados Compradores Institucionales Calificados. “Las ofertas como las de CITGO generalmente están estructuradas como ofertas de la Regla 144A, porque el mercado secundario para el comercio entre inversores que son elegibles para participar en las ofertas de la Regla 144A es más eficiente”.

lunes, 20 de julio de 2020

La recuperación de los activos de Venezuela en el exterior corresponderá al gobierno de transición y no al gobierno interino

  Deben inventariarse los bienes de los que se conoce su ubicación y están a buen resguardo para evitar pagar comisiones por trámites que, en casos como este, no requerirían de esfuerzo alguno para recuperarlos.

Por Maibort Petit
@maibortpetit
   Con la previa advertencia de que el Estatuto que rige la Transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que la tarea de recuperación de los activos de la nación corresponderá al gobierno de transición y no al actual gobierno interino, el jefe de la fracción parlamentaria 16 de Julio, Omar González, alertó que carece de sentido pagar la “prima de éxito” o “pago por resultados” a los despachos de abogados que se contraten para recuperar los activos de Venezuela en el extranjero, en los casos en que se conozca de antemano su ubicación, monto y se tenga la certeza de que se encuentran a buen resguardo, pues se trata de recursos que se deben aprovechar al máximo en el proceso de recuperación del país.

  El pasado 9 de julio, la Asamblea Nacional sancionó la “Ley especial de contrataciones públicas asociadas a la defensa, recuperación, aseguramiento y resguardo de los activos, bienes e intereses del estado venezolanos en el extranjero”, luego de una discusión en la que la fracción 16 de Julio salvó su voto.

  El diputado Omar González conversó con Venezuela Política para explicar las razones que los llevaron a asumir esta posición, tanto respecto a el referido instrumento legislativo, como de otras decisiones del poder legislativo nacional a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y su filial en Estados Unidos, CITGO Petroleum Corporation.

  Le consultamos a González acerca de uno de los puntos de la ley que más genera polémica, qué es el relativo a la contratación de los equipos de abogados que van a liderar la recuperación de los activos venezolanos en el extranjero.

¿Quiénes son, cuánto van a cobrar? Se advierte que muchos de los activos están ubicados, se sabe dónde están, pero esa ley aparentemente contempla pagar para que los ubiquen. ¿Qué sucedió con esa ley?

— Nosotros estuvimos en desacuerdo con la aprobación de esta “Ley especial de contrataciones públicas asociadas a la defensa, recuperación, aseguramiento y resguardo de los activos, bienes e intereses del estado venezolanos en el extranjero”. En este caso, la Fracción 16 de Julio asumió una posición frontal, firme, de no aprobar esta ley. La razón, es que había elementos de forma y otros de fondo para oponernos a esta decisión. En primer lugar, quisieron hacer todo esto, es decir, el manejo de contrataciones para la recuperación de activos en el extranjero, que es lo que se conoce como caza rentas, que es un negocio muy lucrativo a nivel internacional, lícito y sumamente lucrativo, a través de un acuerdo parlamentario. Es decir, un instrumento sub-legal para algo tan delicado como es la recuperación de cientos de miles de millones de dólares que están regados por el mundo, producto del robo, del saqueo por parte del chavo-madurismo y sus testaferros. Entonces podría ser muy atractivo eso de recuperar el dinero que se robaron de Venezuela, pero esto tiene que tener un control. Sobre ese acuerdo, dijimos, que es una materia muy delicada que no puede ser despachada por un acuerdo parlamentario, sino que se necesitaba una ley bien estudiada y bien protegida. Por otro lado, hay una ley en Venezuela que es la ley del Estatuto de la Transición, que decía que esa recuperación de activos era una disposición para el gobierno de transición, no para el gobierno interino. Bueno, en todo caso, ese aspecto formal fue corregido, hicieron una ley y debatieron en primera y en segunda discusión este proyecto de ley. Nosotros estuvimos en desacuerdo, en primer lugar, porque en el acuerdo se planteaba el 15 por ciento del dinero que se recuperara para los bufetes. Eso lo rebajaron al 9 por ciento. Pero nosotros dijimos por qué se va a pagar 9 por ciento, por ejemplo, por la recuperación de dinero que está a buen resguardo en Estados Unidos, o en Portugal donde hay USD 2.000 millones que una corte decidió que no los podía manejar Maduro y su camarilla, sino la república de Venezuela cuando esté el gobierno de transición como dice la ley del estatuto. Así mismo sucede en Gran Bretaña donde una corte decidió que más de USD 2.000 millones no podían ser manejados por Nicolás Maduro. Así ocurre en Andorra, en Luxemburgo. Es decir, ese dinero está a buen resguardo. A ese dinero no le puede echar mano Maduro. Entonces, ¿por qué se le va a pagar hasta 9 por ciento a un bufete de abogados, por ejemplo, en el caso de Portugal serían USD 200 millones, cuando el dinero está resguardado? Eso es dinero que necesita Venezuela para su recuperación cuando esta tragedia pase. Como esas, hay muchas observaciones que le hicimos a esta iniciativa legislativa, pero lamentablemente no fueron oídas y la semana pasada fue aprobada en segunda discusión, es decir, esto ya está aprobado por el parlamento, con el voto salvado de la fracción 16 de julio.

¿Quién presentó ese proyecto?

— Primero fue un acuerdo que fue echado para atrás después de las razones que expusimos en las reuniones de jefes de fracción con la directiva de la Asamblea Nacional. Luego cambiaron a un proyecto de ley y teníamos como dos o tres meses haciéndole observaciones y se había detenido, no se habían atrevido a llevarlo a la plenaria. ¿Quiénes aprobaron? Bueno, los diputados del llamado G4, es decir, Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia y Un nuevo Tiempo.

  Recuerda que la presentación del proyecto finalmente estuvo en manos del subjefe de la Comisión Permanente de Finanzas, Luis Silva, diputado por el estado Bolívar, aunque no fue elaborado por él.

  Del mismo modo, González refiere que el proyecto recibió observaciones de carácter formal de parte del Contralor General y del Procurador General —el anterior y el actual— como también lo hicieron expertos, incluso del gobierno interino, quienes advirtieron acerca de lo riesgoso que resultaba aprobar y ejecutar esta ley “hasta para el propio objeto de la ley que es preservar los activos de la república que están en el extranjero”. Esto debido a que al pasar los activos a manos de la administración de la presidencia interina de Juan Guaidó, “los acreedores, que hay por montones, como en el caso de CITGO en que hay empresas como Rosneft o como Crystallex, etc., o como los bonistas, inmediatamente van a ir por esos depósitos, van a demandar el pago de sus acreencias, muchas de  las cuales han puesto como garantías los activos de Venezuela de manera irresponsable como lo hizo Hugo Chávez y como lo ha hecho Nicolás Maduro”.

  Recuerda, que muchos de estos activos se están bien resguardados por decisiones de tribunales de varios países en los que se encuentran, los cuales se han negado a entregarlos al gobierno de Nicolás Maduro, por considerarlo ilegítimo.  

  Omar González se remite, entonces, al caso del resto de los activos de Venezuela en el extranjero que es preciso ubicar y cuantificar. Tal es el caso y que se encuentran depositados en diversos países del mundo.  “Por lo menos, son 49 fondos”, advierte.

   Se trata de un dinero que, en muchos casos, ni el propio gobierno sabe dónde está y a cuánto asciende su monto. Para la ubicación de estos activos si considera pertinente contratar los servicios de los expertos en realizar estas pesquisas. “Si hay personas expertas en hacer pesquisas, no al dinero que está a buen resguardo y que se sabe dónde está y cuánto es, sino para ubicar esos fondos que están depositados en cualquier cantidad de bancos regados por el mundo, bueno, que se les pague, que haya una compensación por ese trabajo, pues está bien, es lícito. Pero agarrar lo que ya está ubicado, lo que ya se sabe dónde está, incluso que están a buen resguardo, eso es lo que está mal”.

Lo que dice la ley

  El artículo 17 de la “Ley especial de contrataciones públicas asociadas a la defensa, recuperación, aseguramiento y resguardo de los activos, bienes e intereses del estado venezolanos en el extranjero” prevé la “contratación de servicios profesionales, legales o de inteligencia financiera, a los fines de adelantar actividades y gestiones encaminadas a la recuperación de activos de la República y sus entes descentralizados consistentes en depósitos bancarios, cuentas por cobrar y otros productos financieros similares, en el extranjero, bajo un esquema de pago con base en ‘primas a éxito’ o ‘pago por resultados obtenidos’, es decir mediante el pago de honorarios estipulado con base en el monto total de activos  efectivamente recuperados”.

   En su aparte “a”, el referido artículo establece que dicha “prima de éxito” o “pago por resultados” obtenidos “en ningún caso, podrá ser superior al 9% del total recuperado” y agrega que “El monto dependerá de la complejidad del caso, los costos y riesgos asociados a la recuperación y tomando como base el tabulador de primas elaborado por el Poder Ejecutivo”.

Inventariar los bienes

  En tal sentido, el jefe de la fracción parlamentaria 16 de Julio considera que lo prudente habría sido, primero, primero hacer un inventario de los fondos que ya están a buen resguardo en extranjero, de modo que no entrarán a formar parte del objetivo de la ley, lo cual habría permitido un gran ahorro para la nación.

“No se nos hizo caso y se aprobó”, por lo que los bufetes de abogados que se contraten, los que se dedican a este negocio de caza rentas, procederán en primer lugar a cobrar estos fondos de los que ya se conoce su ubicación y están a buen resguardo gracias a decisiones judiciales, para recuperarlo y cobrar las primas con tan sólo realizar un mínimo trámite y de poca monta, para cobrar la comisión de la factura. “Eso no está bien”.

  Por otra parte, Omar González estima que cuando se haya recuperado la institucionalidad en Venezuela y se restaure el estado de derecho e impere la separación de poderes, debe procederse a una investigación “donde la fiscalía actúe como debe ser y los tribunales actúen como les corresponde”, para determinar las responsabilidades en caso de que se haya cometido algún delito en lo que al establecimientos de estos fondos se refiere, así como al manejo de los activos venezolanos en el extranjero. “Para eso se necesita que Venezuela vuelva a tener soberanía, que no la tiene en este momento. Venezuela es un país invadido por fuerzas extranjeras, por crimen organizado, por organismos paramilitares que se están distribuyendo el territorio. Para ese entonces, los responsables de todas estas irregularidades que se cometieron en estos 21 años se van a conocer. Yo creo que todo se va a saber”, advierte.

La deuda de CITGO

   Entre otras materias, Omar González, también hizo referencia a un nuevo endeudamiento de CITGO Petroleum Corporation por USD 1.125 millones aprobado por la Asamblea Nacional con el voto salvado de la fracción parlamentaria 16 de Julio.

   Al tiempo de destacar la importancia de CITGO como el activo más importante de Venezuela en el extranjero, recordó que esta empresa, como el resto de las propiedades estatales, “ha sido saqueada en los últimos 21 años” con la consecuencia de un país que “está padeciendo hambre, donde hay muerte y buena parte de esta tragedia se debe a la corrupción, el venezolano en estos momentos exige una administración más transparente sin la opacidad que ha caracterizado la gestión de los activos de Venezuela en los últimos 20 años”.

  Recordó que durante una de las reuniones que semanales entre la junta directiva de la AN y los jefes de las fracciones parlamentarias, el jefe de la. Bancada de Acción Democrática, Piero Maroun, comentó que CITGO había emitido unos bonos de la deuda pública por USD 750 millones, “también comentó que conocía que se estaban dando ayudas para combatir el Covid 19, a fundaciones y a organismos no gubernamentales, las cuales desconocíamos, su monto y criterios de selección”, lo cual les pareció un hecho sumamente grave.

  “De inmediato comenzamos una investigación para saber si la información era cierta y, efectivamente, pudimos conocer de manera extraoficial —porque los directivos de CITGO y de PDVSA que es la empresa matriz, todavía no nos han respondido un cuestionario que les enviamos—, que se habían emitido bonos de deuda con garantías colaterales de tres refinerías del conjunto de activos de CITGO. Recordemos que CITGO llegó a tener hasta 8 refinerías, actualmente tiene 4 refinerías. Llegó a tener más de 50 terminales de embarque y de almacenamientos; tres fábricas de lubricantes, es decir, es una empresa de dimensiones colosales para la economía de Venezuela, que surte de combustible a buena parte de la costa este de los Estados Unidos. Entonces nos parecía insólito que los accionistas de esta empresa que a final de cuentas somos los ciudadanos venezolanos, no conociéramos de este empréstito. Posteriormente pudimos conocer que no fue por USD 750 millones, sino que al final fue por USD 1.125 millones”.

  Refiere que, ante este hecho, procedieron a solicitar a Luis Torrealba, presidente de PDVSA ad hoc, responder una serie de interrogantes, tales como el criterio utilizado para endeudar de nuevo a CITGO, “cuando ya bastante teníamos con los Bonos 2020, con la empresa rusa Rosneft, con la cual habían puesto a CITGO de garantía. Entonces, qué criterios usaron para emitir estos bonos; qué agente financiero colocó estos bonos. Todas estas preguntas fueron parte de las interrogantes que le hicimos al presidente de la junta directiva ad hoc de PDVSA”.

  A tal solicitud, Torrealba no contestó sino de manera indirecta, cuando, le envió una carta al presidente de la Comisión de Energía y Petróleo, Elías Mata, “pero no se dignó a respondernos a nosotros, violando expresos compromisos constitucionales que nos dan la atribución para investigar, para controlar, para solicitar información”.

  Hace mención a que, posteriormente, se produjeron una serie de renuncias que les llamaron poderosamente la atención. “Comenzaron a renunciar miembros de la junta directiva de Petróleos de Venezuela S.A. ad hoc, igualmente renunciaron directivos de CITGO. Así fuimos investigando qué era lo que estaba sucediendo. Incluso supimos que una agencia gubernamental del Departamento de Justicia de EE. UU. había abierto una investigación a CITGO. Entonces, todas estas cosas nos llaman poderosamente la atención y estamos en este momento en ese proceso de investigación en la Fracción 16 de julio. En todo caso, en la última sesión que tuvimos, incluso, en la sesión de la designación de los directivos de PDVSA nosotros salvamos el voto razonadamente. Por cierto, se nombró un directivo que renunció a la semana. Luego en CITGO, nombraron a tres miembros y a un nuevo presidente. Todo esto es señal de que algo está pasando”.

Cuando ustedes entendieron que algo extraño estaba pasando en CITGO y en PDVSA ad hoc, ¿tuvieron, por ejemplo, oportunidad de conversar con el diputado Elías Mata o con el mismo presidente Guaidó quien preside la Asamblea Nacional?

— Bueno, en la reunión de las fracciones parlamentarias nosotros hicimos estas preguntas verbalmente. Preguntamos el por qué de la emisión de nueva deuda, la ausencia de mecanismos de control, la opacidad con que se ha manejado todo. Él mismo [Juan Guaidó] sugirió que le escribiéramos al presidente de PDVSA, quien seguramente iba a responder. Así hicimos, pero el presidente de PDVSA no nos respondió. La semana pasada cuando nos preguntaban por qué íbamos a salvar el voto, que por qué estábamos en desacuerdo, yo les dije al presidente que ni ellos ni el presidente de PDVSA había respondido a nuestras preguntas. Nos respondieron indirectamente a través de una comunicación dirigida a otro dirigente importante que recibió las respuestas, bueno, no todas, porque no todas las interrogantes fueron respondidas. Sólo tuvimos una respuesta indirecta. Estamos preparando un documento para hacérselo llegar. Ese documento se sustenta en todos los artículos de la Constitución Nacional y de la Ley de Administración Pública de Venezuela, que nos dan las facultades para controlar, para supervisar y para pedir una rendición de cuentas frente a lo que está sucediendo.

   Requerimos a Omar González acerca de la posición de su fracción parlamentaria respecto a aspectos claves de este nuevo endeudamiento, tales como la escogencia de la empresa que emitió la nueva deuda y los criterios que imperaron para ello; sobre la falta de explicaciones de CITGO sobre sus manejos y el hecho de que, a pesar de estar en una nueva administración, persisten las irregularidades y vicios que dominaron la gestión chavista de esta empresa. Incluso, le comentamos que funcionarios ligados a los chavistas Asdrúbal Chávez y Nelson Martínez, se mantienen en funciones, sin que se haya explicado. Citamos el caso del nombramiento de Carlos Jordá en la junta directiva en sustitución de Rick Esser, quien se mantiene en la vicepresidencia.

— Informaciones como las que usted comenta, también ha llegado a oídos de los miembros de la Fracción parlamentaria 16 de Julio. Recordemos que, de los últimos presidentes de esta empresa, seis están presos por delitos de corrupción. Sabemos que CITGO tiene en la actualidad unos 4 mil empleados, muchos de los cuales permanecen en sus cargos directivos, al frente de gerencias claves, como la de distribución, integrando la plantilla de ejecutivos fundamentales de la administración del chavismo. Muchos de esos 4 mil empleados son ciudadanos estadounidenses, otros son venezolanos, son corresponsables, o por lo menos están enterados de esta situación irregular, contratos con sobreprecios. Conocimos, por ejemplo, el caso de una persona que tenía 200 empresas registradas, entonces se presentaban muchos presupuestos a CITGO, pero todos provenían de la misma persona. De manera que hay en CITGO cosas que no se han aclarado y es necesario aclarar. Opacidad en el manejo de la selección del agente financiero, si hubo una licitación para hacer esta colocación de deuda por USD 1.125 millones, las tasas de rendimiento, los cupones que generan este endeudamiento.

    Refiere que sobre el endeudamiento se les dijo que se trataba de un refinanciamiento de algunas deudas que dejó la administración anterior, “una deuda, primero, de USD 614 millones que vence en el año 2021, pero de USD 614 millones a USD 1.125 millones, hay una buena diferencia que es necesario aclarar para qué se va a usar. Al principio dijeron que eran USD 750 millones y que iban a dejar USD 100 millones para gastos operativos, pero como hubo ofertas por USD 1.125 millones, endeudaron a CITGO por esa cantidad. Eso no es usual, nadie se endeuda porque el banco quiera prestar mucho dinero, se endeuda por un proyecto en específico. Nosotros queremos saber para qué se va a usar ese dinero. Por qué se endeuda a CITGO por esa cantidad superior a los compromisos que dicen que tenía la empresa para el año 2021. Esas son las interrogantes sanas, correctas, que deben ser despejadas y no tratar de mantener en la opacidad una negociación de este calibre”.

   Apunta que estas designaciones se llevaron a cabo sin informar debidamente a los diputados de la AN quiénes eran los postulados, cuáles criterios se tomaron en cuenta para su escogencia y cuál era el currículo y experiencia de los candidatos. “A la plenaria de diputados solamente se le informó que se procedería a la designación de nuevos miembros de la junta directiva ad hoc, unos minutos antes de iniciar la sesión. Sin conocer la hoja de vida, la experiencia, sin conocer ni siquiera los nombres. Entonces frente a este irrespetuoso tratamiento, la fracción 16 de Julio negó el voto, porque no estamos para dar un cheque en blanco a nadie, eso no es correcto, eso no es decente, eso no es lógico, y en consecuencia nuestro desacuerdo lo expresamos por escrito en documentos que estoy seguro que cuando en Venezuela se revisen los hechos como debe ser, la gente comprenderá nuestro proceder”.

 — ¿Tiene usted alguna idea de quién seleccionó a estas personas, así como de los anteriores miembros de las juntas directivas de PDVSA y de CITGO, de los cuales algunos renunciaron y otros que, aunque permanecieron, no prestaron ningún tipo de colaboración a las autoridades que los designaron?

— En verdad no lo sé, pero uno intuye que allí hubo, suena un poco duro lo que voy a decir, una especie de repartición de cargos. Esa es la impresión que tenemos muchos en la Asamblea Nacional. Es decir, que algunas fracciones o partidos políticos son como cuotas de responsabilidad. Es como lo que se estaba haciendo para nombrar el Consejo Nacional Electoral, donde en noviembre del año pasado se nombró una comisión para analizar las postulaciones de quienes iban a ser los rectores. La Constitución es muy clara, tiene que ser gente con probada honestidad, experiencia, sin militancia política, una serie de característica que el baremo lo da la propia Constitución, nos invitaron a formar parte de esa comisión, pero cuando nos dimos cuenta que estaban incorporando a ex-diputados del PSUV, dijimos que no perteneceríamos a ella. Después esa misma comisión dijo que se estaban repartiendo los cargos, dos rectores para el gobierno, dos rectores para la oposición, un rector neutral. ¿Qué es eso? Eso es violar la Constitución, eso es una repartición burocrática de la que la gente ya está harta y no acepta que se siga administrando de esa manera. Mucho menos acepta que esto suceda en empresas tan importantes, como en este caso, PDVSA y CITGO. Eso no es lo correcto, Así fue que se destruyó la industria petrolera, por entregarla a gente sin experiencia, sin probidad.

   Se niega a hacer señalamientos específicos de personas, porque sería irresponsable hacerlo sin tener elementos probatorios de esas afirmaciones. “Reitero que es una percepción que uno tiene frente a votaciones en plenos, pero sería irresponsable de mi parte hacer señalamientos de alguna persona en particular. Lo que sí es cierto es que dejó mucho que pensar que el presidente de PDVSA haya declarado que lo que se maneja en CITGO es secreto, eso no puede ser. Su argumento para no revelar algunas informaciones que el pueblo venezolano, repito, exige y necesita, de que es información secreta, no creo que haya sido una respuesta adecuada. En todo caso, nosotros vamos a insistir en que se conozca la verdad de las cosas. Aquí ha habido sustituciones, no sabemos por qué renuncian, por qué se van, ni por qué entran. Como le digo, en PDVSA se rompió un récord, uno de los miembros de la junta directiva que se designó hace 15 días, un ingeniero de apellido Vílchez, apenas duró una semana en el cargo y a la siguiente semana, tampoco lo votamos, pero tuvieron que elegir a otro. Eso no puede ser, eso se tiene que acabar, la gente está exigiendo un cambio en la administración de las empresas del estado”.

Alerta sobre Fundación Simón Bolívar

  Finalmente, Omar González fue consultado con relación al manejo de la Fundación “Simón Bolívar” de CITGO, cuyos lineamientos fueron cambiados por el chavismo y actualmente opera sin control.

— Ahora nos han informado que a raíz de la pandemia del Covid 19 se ha entregado a varias ONG muchísimo dinero para atender a venezolanos de la diáspora, pero nadie sabe cómo se seleccionan esas ONG, cómo se entrega el dinero, cuáles son los programas y proyectos, etc.  Dicen que no hay transparencia en el manejo de estos recursos. ¿Cómo se le pone el cascabel al gato en este caso?

— Bueno, esa fue una de las preguntas que le hicimos a la junta directivas y que no nos contestó, porque también de manera extraoficial hemos conocido de donaciones a ONG que, por lo menos, el pleno de la Asamblea Nacional no conoce. Estamos solicitando este tipo de información, creo que es lo mas sano, porque, repito, la gente está demandando transparencia, pero no sabemos, ni cantidades, ni ninguna información al respecto. Es lo que puedo decir, porque no nos fueron respondidas las preguntas. Sabemos, por ejemplo, algunos diputados se han enterado, de pacientes que en clínicas del oriente del país han sido operados y las cuentas se le cargan a CITGO. No estamos en desacuerdo con las ayudas sociales que son importantes y a veces vitales, pero esto debe tener algún control. Incluso, hay bufetes de abogados que estuvieron relacionados con las administraciones de presidentes que se encuentran presos por corrupción y siguen operando y asesorando a CITGO. Estos mismos abogados han intervenido en casos como el de los sobrinos de la esposa de Nicolás Maduro. Esas son las versiones que nos llegan desde Estados Unidos. Ahora, ¿esto es cierto? No lo sé. Estas son respuestas que debe dar la junta directiva.

viernes, 17 de julio de 2020

Está es la ley con la que el gobierno interino busca recuperar activos de Venezuela en el extranjero

   La ley fue sancionada por la Asamblea Nacional con el voto salvado de la fracción parlamentaria 16 de Julio.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  La Asamblea Nacional sancionó el pasado 9 de julio la Ley especial de contrataciones públicas asociadas a la defensa, recuperación, aseguramiento y resguardo de los activos, bienes e intereses del estado venezolanos en el extranjero.
  La nueva ley fue publicada en la Gaceta Legislativa de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela Nº 26, del 10 de julio de 2020.

   El proyecto legislativo había sido presentado ante la plenaria del Poder Legislativo por el vicepresidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, Luis Silva, diputado por el estado Bolívar, quien destacó la “importancia estratégica cortar toda fuente de financiamiento a los enemigos del pueblo venezolano, el régimen de Maduro y su combo, que han destruido el país”.

  El instrumento legislativo no contó con el apoyo de la fracción parlamentaria 16 de Julio que salvó el voto al estimar como un grave error político apartar a la Asamblea Nacional del camino de la reinstitucionalización del país. Además, sostienen que, legalmente, la tarea de rescatar los activos venezolanos en el extranjero corresponderá al gobierno de transición que se instituya en Venezuela y no al gobierno interino.

La ley

  En su exposición de motivos, la “Ley especial de contrataciones públicas asociadas a la defensa, recuperación, aseguramiento y resguardo de los activos, bienes e intereses del estado venezolanos en el extranjero”, se advierte que esta regulación especial no tiene como objetivo sustituir legislación actual, sino establecer las reglas especiales acorde con la situación extraordinaria que vive el país en estos momentos.

  Se alerta que es necesario la administración financiera pública del estado venezolano a las particularidades impuestas por “la tiranía usurpadora de Nicolás Maduro”, circunstancia esta que ha “obligado al gobierno interino y a la Asamblea Nacional a proponer regulaciones especiales que instruyan, organicen y desarrollen estructuras y procedimientos que permitan el funcionamiento del gobierno y la administración, en ese ámbito, mientras persista la usurpación y se restituya el orden constitucional” en Venezuela.

  Ajustándose a lo establecido en el Estatuto que Rige la Transición a la Democracia para Restablecer la Vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en materia de gestión financiera ya se han sancionado varios instrumentos legislativos con sus reglamentos, los cuales son esenciales “para la autorización y ejecución de gastos públicos y para el control de esa ejecución, en condiciones que aseguran el respeto de los principios de transparencia y responsabilidad, como lo exige, expresamente, nuestra Constitución, en el Capítulo II del Título VI”.

  Se explica que la “Ley  Especial de Contrataciones Públicas Asociadas a la Defensa, Recuperación, Aseguramiento y Resguardo de los Activos, Bienes e Intereses del Estado Venezolano  en  el  Extranjero”  establece “el  régimen  jurídico especial de los contratos públicos celebrados por los órganos y entes del Poder Público previstos en los artículos 14 y 15 del Estatuto que Rige la Transición a la Democracia para Restablecer la Vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para la adquisición de bienes y servicios, en el marco de la Ley Especial del Fondo Para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital, y de los Acuerdos dictados por la Asamblea Nacional para la contratación de servicios profesionales para la defensa de los  derechos del Estado venezolano ante la comunidad internacional y la recuperación, aseguramiento y resguardo de sus activos, bienes e intereses en el extranjero”.

   Queda establecido que una vez sea rescatada la democracia en Venezuela y rija a cabalidad la constitución de la república, serán las instituciones y procedimientos previstos en la legalidad ordinaria relativa a las contrataciones públicas, las que habrán de aplicarse para asegurar la responsabilidad y la transparencia en esta materia.

Objeto de la ley

   El primer artículo define el objeto de la ley, el cual es objeto “establecer el régimen jurídico especial de los contratos públicos celebrados por los órganos y entes del Poder Público previstos en los artículos 14 y 15 del Estatuto que Rige la Transición a la Democracia para Restablecer la Vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para la adquisición de bienes y servicios, en el marco de la Ley Especial del Fondo Para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital y de los acuerdos dictados por la Asamblea Nacional para la contratación de servicios profesionales y legales para la defensa de los derechos del estado venezolano ante la comunidad internacional, y la identificación, ubicación, recuperación, aseguramiento y resguardo de sus activos, bienes e intereses en el extranjero”.

  Agrega que las contrataciones públicas regidas por la ley, deberán cumplir, estrictamente, los principios de legalidad, transparencia, eficiencia y eficacia.

  Estas contrataciones se regirán, preferentemente, por lo aquí dispuesto y de manera supletoria, por la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento.

Ámbito de la ley

  El artículo 2 está referido expone el ámbito subjetivo de aplicación de la ley, al cual estarán sometidos: 1) la presidencia encargada de la República Bolivariana de Venezuela; 2) los comisionados presidenciales que conforman el Centro de Gobierno creado mediante Decreto N° 13 del 28 de agosto de 2019, o por sus modificaciones posteriores; 3) la Asamblea Nacional; 4) las organizaciones administrativas que actualmente sirven de soporte a la Oficina del  Contralor Especial y a la oficina del Procurador Especial designados por la Asamblea Nacional; y 5) los entes descentralizados de la república en el extranjero en los cuales se han designado juntas administradoras ad hoc, por parte del  del presidente encargado; 6) todos aquellos órganos creados y los que teniendo actividad reguladas por esta ley puedan crearse por la Asamblea Nacional y que tengan competencia en el ámbito de esta ley. 

  El artículo 3 excluye de la aplicación de la ley, la adquisición de bienes y servicios que se encuentren en el marco del cumplimiento de obligaciones asumidas, en acuerdos o convenios, por Venezuela con otros estados u organismos internacionales; los servicios laborales; y el arrendamiento de bienes inmuebles.

Procedimientos para las contrataciones

  El capítulo II de la ley versa sobre los procedimientos comunes para las contrataciones, estableciendo el artículo 4 la necesidad de adquirir bienes o contratar servicios se hará constar en un acto interno motivado, dictado por la máxima autoridad ordenadora de compromisos del respectivo órgano o ente contratante, en el cual se describirán las características esenciales de la contratación en proyecto.

  Entretanto el artículo 5 ordena que los órganos del Poder Público Nacional creado en el contexto de la transición a la democracia y que tengan asignados recursos financieros, deberán desagregarlos por objeto de gastos e informar obligatoriamente a la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico para que ejerza su función de control parlamentario del gasto.

  El artículo 6, por su parte, refiere que cada órgano ente ordenador de compromisos y pagos mencionados en la Ley Especial del Fondo Para la Liberación de Venezuela y la atención de casos de riesgo vital y su Reglamento, constituirá una Comisión de Contrataciones ad-hoc que velará porque los procedimientos de contratación se realicen de manera transparente y de acuerdo con lo previsto en la ley.

La selección del proveedor de bienes o servicios

  En el artículo 7 se establece el procedimiento de selección de contratistas, par lo cual la comisión de contratación ad-hoc preparará las invitaciones y recibirá las propuestas.

  Esto se hará de la siguiente manera: a) Dictado el acto interno motivado se consultarán los precios y las empresas de servicios, debiéndose invitar por lo menos de tres empresas, salvo razones excepcionales que justifiquen incluir un número menor. Este acto deberá publicitarse ampliamente para cumplir con el principio de transparencia y permitir que cualquier interesado pueda participar.

b) El órgano o ente contratante evaluará de forma integral la capacidad, idoneidad y eventualidad de conflicto de intereses de la persona natural o jurídica con quien pretende contratar, de acuerdo con la naturaleza del bien o el servicio requerido.

c) La comisión de contrataciones podrá requerir cualquier información que considere necesaria, siempre que esta guarde estricta relación con el bien o servicio requerido, pudiendo esta ser comprobada.

d)  Luego, la comisión de contrataciones ad-hoc presentará un informe escrito con los resultados de la evaluación que realice sobre la capacidad e idoneidad de la persona natural o jurídica con quien pretende contratar. El informe debe mencionar a todas las personas naturales o jurídicas que participaron en el proceso, incluyendo las que no fueron seleccionadas.

e) La valoración de las ofertas que reciba el órgano o ente contratante como respuesta a su solicitud, deberá optar por la que mejor responda a las necesidades del órgano o ente contratante.

  Podrán hacerse ajustes al presupuesto base para la aprobación de la oferta, atendiendo a la disponibilidad presupuestaria, sin vulnerar el principio de eficiencia ni transparencia presupuestaria.

  La adjudicación de los contratos se prevé en el artículo 8 que estipula que la máxima autoridad del órgano o ente contratante, o Junta Ad hoc, adjudicará el contrato atendiendo a la recomendación de la Comisión de Contrataciones.

  El artículo 9 indica que la contratación de bienes o servicios deberá hacerse constar en forma expresa, clara y precisa, en un documento signado por el contratista y la máxima autoridad del órgano o ente contratante, bien sea de forma física o digital.

  Los contratos suscritos serán remitidos al Consejo de Contraloría (artículo 10) que procederá al control fiscal, sin perjuicio de las facultades de control de la Asamblea Nacional. Asimismo, la contratación será difundida en medios de comunicación, salvo razones justificadas de confidencialidad.

  El artículo 11 refiere que el órgano o ente contratante gestionará el pago estipulado en el contrato de conformidad con las normas presupuestarias y de control fiscal.

Procedimiento de contratación de servicios profesionales

  El tercer capítulo de la ley contempla el procedimiento para la contratación, estableciendo el artículo 12 que se consideran servicios profesionales, aquellos prestados por personas naturales o jurídicas, en virtud de actividades de carácter científico, técnico, financiero, intelectual, creativo, docente o en el ejercicio de su profesión, realizados en nombre propio o por personal bajo su dependencia.

 El artículo 13 dice que las contrataciones responderán a las necesidades del órgano o ente contratante; debiendo el acto interno motivado incluir la descripción de las características de la contratación y parámetros de evaluación aplicables.

  Se contempla que la contratación de servicios legales (artículo 15) será coordinado con la Oficina del Procurador Especial.

  La selección de contratistas de servicios profesionales se prevé en el artículo 16 que estipula que luego del respectivo acto interno motivado se iniciará un procedimiento de consulta de profesionales; la evaluación contemplará la formación académica, técnica y la no existencia de conflicto de intereses por parte del posible contratista; la valoración de la experiencia y los proyectos previamente desarrollados por el posible contratista; y el cumplimiento de sus cargas fiscales y parafiscales; para la valoración se podrá requerir cualquier información que considere necesaria, siempre que esta guarde estricta relación con el servicio profesional que se requiere y se mantenga la confidencialidad de los datos personales o industriales; un informe escrito los resultados de la evaluación; la valoración de las ofertas deberá partir del principio de eficiencia presupuestaria y el presupuesto base destinado al servicio profesional que se requiera contratar; para evitar un conflicto de intereses por parte del posible contratista, la Procuraduría Especial de la República dispondrá los lineamientos o parámetros de ello;

  El parágrafo primero contempla la contratación de servicios legales al amparo del Acuerdo del 19 de noviembre de 2019 y, en este sentido, indica que la oficina del Procurador Especial coordinará los procedimientos para asegurar el cumplimiento de los objetivos mencionados el Estatuto que Rige la Transición a la Democracia para Restablecer la Vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, estipula que la Comisión de contratación Ad-hoc sustanciará el procedimiento de y rendirá su informe. En todos los casos, la contratación de las firmas de abogados será previamente autorizada por el Consejo Nacional de Defensa Judicial.

  Entretanto, el parágrafo segundo reza que luego de la selección y contratación de la firma de abogados, la asignación de casos corresponderá a la Procuraduría o a ésta en coordinación con la respectiva Junta Administradora Ad-hoc.

  El artículo 17 establece que toda contratación de servicios profesionales, legales o de inteligencia financiera a los fines de la recuperación de activos, bajo un esquema de pago con base en “primas a éxito” o “pago por resultados obtenidos”, advierte que: a) la “prima de éxito” o “pago por resultados” obtenidos no será superior al 9 por ciento del total recuperado. El monto dependerá de la complejidad del caso, los costos y riesgos asociados a la recuperación y tomando como base el tabulador de primas elaborado por el Poder Ejecutivo; b) la remuneración será exigible cuando se recuperen efectivamente activos; c) el contrato será pactado por un tiempo máximo de doce meses, sin perjuicio de las prórrogas que puedan otorgarse cuando existan razones justificadas que lo aconsejen; d) toda la información suministrada o recabada será de carácter confidencial y no podrá ser develada a terceros; e) el ente contratante llevará el control y dirección del contrato y podrá girar las instrucciones necesarias para su mejor cumplimiento, debiendo rendir cuenta de la gestión del contrato.

Consejo Nacional de Defensa Judicial

   El artículo 18 crea el Consejo Nacional de Defensa Judicial como órgano de la Presidencia Interina de la República, con competencia para recomendar estrategias de defensa judicial de la República y sus entes descentralizados, el cual estará integrado por cinco juristas de reconocido prestigio personal, profesional y académico, electos por la Asamblea Nacional.

  Este consejo funcionará de acuerdo al reglamento que dicte el Presidente Encargado de la República (artículo 19).









lunes, 29 de junio de 2020

WSJ: Leopoldo López: El gurú de la oposición venezolana que lideró el plan para tumbar a Maduro

 El siguiente texto es una traducción al español hecha por nuestro portal, Venezuela Política, al artículo original publicado en inglés por el diario estadounidense The Wall Street Journal. 
— 
Leopoldo López y sus aliados compraron mercenarios antes del intento fallido de derrocar al régimen.


Después de abandonar el arresto domiciliario, la figura de la oposición venezolana Leopoldo López, a la derecha, se unió al líder opositor Juan Guaidó para saludar a los partidarios en Caracas el 30 de abril de 2019. CRISTIAN HERNANDEZ / AGENCE FRANCE-PRESSE / GETTY IMAGES

Por Kejal Vyas y Juan Forero para The Wall Street Journal.
Fechado 26 de junio de 2020 12:34 pm ET - Enlace original del artículo en inglés aquí.

BOGOTÁ, Colombia - El mentor políticamente influyente del líder de la oposición venezolana respaldado por Estados Unidos, Juan Guaidó, estuvo detrás de un esfuerzo de meses para contratar mercenarios para derrocar al presidente Nicolás Maduro, según varias personas involucradas en la planificación.

Leopoldo López, fundador del ex partido político del Sr. Guaidó, y otros aliados consideraron al menos seis propuestas de contratistas de seguridad privada para llevar a cabo incursiones militares para provocar una rebelión en las fuerzas armadas de Venezuela y derrocar al presidente autoritario, dijeron estas personas al Wall Street Journal. .

Uno de los contratistas finalmente estuvo involucrado en un intento de incursión armada en mayo que terminó casi antes de que comenzara, terminando con ocho de los mercenarios asesinados y casi 50 detenidos, incluidos dos ex soldados estadounidenses, todos los cuales todavía están detenidos en una prisión de Caracas.


La figura de la oposición venezolana Leopoldo López habló con los medios el 2 de mayo de 2019, en la puerta de la residencia del embajador español en Caracas, donde ha permanecido desde su liberación del arresto domiciliario. FOTO: GETTY IMAGES/GETTY IMAGES.

Maduro salió triunfante y sus adversarios políticos quedaron fracturados, desmoralizados y sin una estrategia clara. Algunos aliados extranjeros de la oposición dicen que Guaidó y sus asociados deberían haberse apegado a las negociaciones con el régimen de Maduro y ahora están cuestionando su apoyo al líder de la oposición.

"Guaidó ha dañado sus credenciales democráticas", dijo un diplomático europeo de alto rango que trabajó en la política de Venezuela. "Da la impresión de que está tratando de montar dos caballos, uno en la pista de negociación y otro más en la pista del golpe de estado".

El Sr. Guaidó y los asociados del Sr. [Leopoldo] López han dicho que la incursión [Operación Gedeón] de mayo fue obra del régimen de Maduro y que cortaron el contacto el año pasado con el grupo que lo llevó a cabo.

La mayoría de los venezolanos critican a Maduro por la devastadora crisis económica del país, con solo el 13% que lo apoya según una encuesta realizada en mayo por la firma Datanálisis de Caracas.

Pero el Sr. Guaidó no ha podido capitalizar. Su apoyo se ha erosionado constantemente del 61% que disfrutó en enero de 2019, cuando la oposición lo proclamó presidente en un desafío directo al Sr. Maduro. Estados Unidos y más de 50 países reconocieron a Guaidó como el líder legítimo de Venezuela.

Según la encuesta de Datanálisis, el Sr. Guaidó vio caer en mayo su aprobación al 25%, su punto más bajo hasta el momento. Los venezolanos ahora son abrumadoramente pesimistas de que se realizará una transición.

"Comenzó como una especie de versión venezolana de Obama", dijo sobre Guaidó el director de Datanálisis, Luis Vicente León. "Ahora la gente simplemente no le cree. Cuando pierdes la esperanza de un cambio, también pierdes tu capacidad de pedirle sacrificios a la gente”.


Nicolás Maduro muestra lo que las autoridades venezolanas dijeron que eran documentos de identificación pertenecientes a ex soldados estadounidenses capturados durante una incursión fallida en mayo. FOTO: AP/Associated Press

Dentro de la díscola coalición de partidos opositores, gran parte de la culpa se dirige ahora al Sr. [Leopoldo] López, un político educado en Harvard de 49 años y ex prisionero político de una de las familias más prominentes de Venezuela.

Durante años, ha abogado por la acción directa para eliminar a Maduro, desde una serie de protestas en 2014 que se tornaron violentas hasta un intento de estimular un levantamiento en las filas militares el año pasado, a menudo chocando en la estrategia con otros enemigos prominentes del régimen.

En 2018, después de que Maduro fue reelegido en una votación ampliamente considerada fraudulenta, López expresó la opinión de que las negociaciones y la ruta electoral tomarían demasiado tiempo, dijo una persona que habló con él sobre la estrategia.

"Estaba muy preocupado de que, a menos que se hiciera algo pronto, el pueblo venezolano terminaría como el pueblo cubano, absolutamente pasivo y quebrado e incapaz de defenderse", dijo la persona, que está familiarizada con la dinámica de la oposición y la política estadounidense.

López no pudo hacer comentarios para este artículo porque no puede hablar públicamente como parte de un acuerdo con España. Ahora que vive en la residencia del embajador español en Caracas, donde está protegido contra el arresto, sigue siendo una poderosa fuerza política con influencia sobre Guaidó, proporcionando liderazgo en asuntos que van desde el cambio de régimen hasta la reforma de la industria petrolera, dijeron activistas de la oposición.

"Uno de los errores más grandes que ha cometido la oposición es respaldar a Leopoldo López", dijo Humberto Calderón-Berti, quien se desempeñó como enviado de Guaidó a Colombia hasta una disputa pública con López el año pasado. “Al final, solo está dañando a Guaidó. Tiene que haber una rectificación de la estrategia, el liderazgo”.


El líder de la oposición, Juan Guaidó, se dirigió a una conferencia de prensa en Caracas la semana pasada.
FOTO: QUINTERO MANAURE / REUTERS

Calderón-Berti dijo que aconsejó a los partidos de la oposición el año pasado que evitaran involucrar a los desertores militares venezolanos para tratar de expulsar a Maduro, por temor a que la violencia enajene las alianzas internacionales de la oposición. El Sr. Calderón-Berti no es miembro de Voluntad Popular, el partido que fue fundado por el Sr. [Leopoldo] López y que fue el camino hacia el liderazgo del Sr. Guaidó.

El Sr. Guaidó dijo que el Sr. López no toma las decisiones, que él lo hace.

Varios miembros prominentes de Voluntad Popular han renunciado al partido este mes, diciendo en privado que ya no podían lidiar con la mano dura de Leopoldo López y las políticas del partido, las cuales vieron como perjudiciales para la oposición. Pero algunos dijeron que todavía ven a López como una víctima, atraído a medidas extremas por un régimen autoritario que lo mantuvo encerrado y cerró las esperanzas de una transición democrática.

Guaidó dijo que algunos de sus asesores se reunieron con los organizadores de la incursión fallida a principios del año pasado para evaluar las estrategias para una incursión. Sin embargo, dijo que sus asesores cortaron el contacto casi seis meses antes de que esta ocurriera por lo que dijo eran desacuerdos sobre la estrategia.

Los líderes del partido dijeron que para octubre de 2019, la planificación de la operación había sido infiltrada por agentes de inteligencia venezolanos. Algunos en el partido informaron detalles de la infiltración a funcionarios estadounidenses y colombianos ese mes.

"No solo se infiltró, sino que fue una operación financiada por la dictadura", dijo Guaidó en una videoconferencia el mes pasado. "El único al que sirvió esa operación fue al régimen de Maduro”.


Las fuerzas especiales venezolanas patrullaron en mayo en el lugar de la incursión. [Operación Gedeón] FOTO: QUINTERO MANAURE / REUTERS

Los miembros de Voluntad Popular dicen que su partido ha favorecido las negociaciones e inició conversaciones supervisadas por Noruega en 2019 que luego fracasaron. Guaidó ha dicho con frecuencia que el problema es el régimen, que según él negocia de mala fe.

Funcionarios de la administración Trump dijeron que la operación [Gedeón] en mayo no ha dañado a Guaidó ni a la oposición, y que podría haber sido una falsa bandera organizada por el régimen de Maduro para ganar puntos de propaganda. Los funcionarios de la administración han negado cualquier participación o conocimiento de la incursión.

La incursión armada "fue una gran noticia durante un par de días y luego se desvaneció, y no ha tenido un impacto duradero en la política estadounidense ni en la oposición democrática venezolana", dijo Elliott Abrams, representante especial de los Estados Unidos para Venezuela. "Esto se debe principalmente a que hay muchas preguntas sin respuesta sobre la participación del régimen en la concepción, el financiamiento y el avance de toda la operación".

En su nuevo libro sobre la Casa Blanca de Trump, el ex asesor de seguridad nacional John Bolton dijo que el presidente dudaba abiertamente de que Guaidó tuviera el peso para desafiar a Maduro. Para la primavera de 2019, escribió: "Trump estaba llamando a Guaidó el ‘Beto O’Rourke de Venezuela’, difícilmente el tipo de cumplido que un aliado de los Estados Unidos debería esperar".

Trump pensó que invadir Venezuela sería "genial" y le ordenó buscar opciones militares, escribió Bolton. Bolton y otros dijeron que una opción militar no era un punto de inicio y lo disuadieron con éxito, escribió.

Trump dijo al Journal en una entrevista que Bolton "es un mentiroso”.


El 12 de mayo, el ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, acusó al líder opositor Juan Guaidó de planear la invasión fallida. El señor Guaidó negó la responsabilidad.
FOTO: JHONN ZERPA / AGENCE FRANCE-PRESSE / GETTY IMAGES

En 2019, mientras algunos líderes de la oposición y diplomáticos venezolanos prosiguieron las negociaciones con Maduro para ganar el derecho a elecciones libres y justas, López y sus colaboradores más cercanos buscaron una empresa de seguridad sin haber alertado a los otros partidos políticos anti-Maduro, dijeron personas involucradas en la planificación y otros líderes de la oposición. Aunque escucharon los discursos de varios contratistas, figuras de la oposición cercanas a los señores Guaidó y López dijeron que las reuniones rara vez iban más allá de las conversaciones informales.

"Si una de estas propuestas hubiera sido viable, habríamos tomado esa opción de inmediato", dijo una figura de la oposición cercana a los dos hombres. "No tenemos ningún problema ético para deshacernos de Nicolás Maduro”.
A fines de la primavera del año pasado, varios amigos cercanos del Sr. López y miembros de su partido estaban conspirando con Jordan Goudreau, un veterano de guerra del Ejército de Estados Unidos y propietario de la firma de seguridad SilverCorp USA en Florida, y un ex general venezolano que se había mudado a Colombia, Clíver Alcalá. Estaban entrenando a una fuerza andrajosa de venezolanos que habían abandonado las fuerzas armadas en campamentos en el noreste de Colombia, no lejos de Venezuela.

En octubre, un alto funcionario de Guaidó y un funcionario de Voluntad Popular firmaron un contrato con Goudreau para destituir a Maduro y reemplazarlo con Guaidó, bajo cuyo gobierno el mercenario estadounidense trabajaría como asesor de defensa, de acuerdo con el contrato.

Los asociados del señor Leopoldo López presentaron a los señores Clíver Alcalá y Jordan Goudreau a otros líderes de la oposición en varias reuniones en Bogotá, donde buscaron entre 2 y 7 millones de dólares estadounidenses de los líderes de la oposición para financiar una incursión armada, según personas familiarizadas con las conversaciones.

Hacia el final del año, según cifras de la oposición, quedó claro que el plan no era viable porque subestimaba las defensas militares del régimen y había muy pocos combatientes voluntarios. La oposición no le pagó a Goudreau los cientos de miles de dólares que dijo que quería, dándole solo $50,000 por gastos antes de cortar todos los lazos a fines de 2019.

El Sr. Goudreau, que estaba en Florida en el momento de la operación, no ha dicho por qué ordenó que la misión avanzara a principios de mayo, como ha reconocido públicamente. No respondió a las solicitudes de comentarios para este artículo.

Los líderes de la oposición ahora dicen que fue un error para los miembros de Voluntad Popular sentarse con mercenarios.

"Ellos fueron los que legitimaron a Goudreau y la idea de toda esta operación", dijo uno que había estado siguiendo la planificación de la misión en Bogotá. "Esperemos que no haya otras acciones deshonestas en el futuro”.

—Jessica Donati en Washington contribuyó a este artículo.

[Fin del artículo]