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miércoles, 7 de octubre de 2020

Encuesta entre el sector militar refleja baja aceptación de Juan Guaidó como Comandante en Jefe

  Los militares recomiendan a  Guaidó "desmarcarse de cualquier evento que contraríe la ética y el honor del Comandante en Jefe de la FAN".
 
Por Maibort Petit

   En una encuesta hecha a militares venezolanos de la Reserva Activa, que incluyó  70 efectivos del Ejército; 19 de la Armada; 22 de la Aviación; 81 de la Guardia Nacional que sostuvo un encuentro con el presidente interino, Juan Guaidó refleja que el líder opositor no cuenta con el mayor porcentaje de aceptación entre los militares como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales, alcanzando un 23%. 
   Los resultados de la encuesta de aceptación y rechazo se incluyen en un informe elaborado luego de un  Encuentro que sostuvo el presidente Interino, Guaidó con la Reserva Activa, con fecha 11 de septiembre de 2020.
   
   En dicho informe se formulan una serie de recomendaciones a Guaidó, a objeto de que tome decisiones acertadas en la actual coyuntura con el respaldo de la Fuerza Armada Nacional.

Estamos en guerra


 "Estamos en guerra. Y en la guerra, lo fundamental para un comandante es tomar decisiones, principalmente para un Comandante en Jefe”, fue la gran recomendación del informe que recoge una serie de consideraciones destinadas a que la presidencia interina de Venezuela tome las decisiones respecto al destino del país.
  Se advierte que la actual coyuntura venezolana indica que los errores del liderazgo opositor, cometidos a lo largo de veintidós años de revolución bolivariana, son una consecuencia de la pretensión de querer adaptar la realidad a los planes personales y políticos, cuando la lógica indica que es, al contrario: los planes deben adaptarse a la realidad.
  Llaman la atención al hecho de que después de tanto tiempo en revolución no se conoce al régimen y se lo subestima, “y lo peor, nos sobreestimamos”, advierten.

  El informe refiere que siendo Juan Guaidó el principal líder de la oposición y quien encabeza el gobierno provisional, sin haber cesado hasta ahora la usurpación, este debe mejorar su relación con la Fuerza Armada Nacional y con el grupo militar que lo reconoce oficialmente de modo que pueda garantizarse las condiciones de gobernabilidad y estabilidad en el ejercicio de sus funciones, condiciones indispensables para conducir al país a unas elecciones libres.

  Se explica que, para ello, Guaidó “debe establecer una línea de trabajo política y estratégica para construir, establecer y consolidar en un corto plazo, un apoyo sólido del sector militar en esta especial coyuntura en Venezuela”.

  El reporte advierte que en las fuerzas armadas nacionales es común la aplicación de encuestas, pues es un instrumento que permite medir la opinión del cuerpo castrense respecto a la política, lo económico, lo social y lo militar. Se afirma que el DGCIM suela hacerlas, como también es práctica rutinaria de las agencias de inteligencia de los componentes, el estado mayor conjunto y en general en toda la institución. Se precisa que, en toda repartición militar, los comandantes utilizan este instrumento como un perfecto mecanismo para sacar conclusiones, presentar recomendaciones y tomar decisiones.

  En la encuesta participaron 321 militares de los cuales efectivamente participaron 235, de los cuales 14 eran generales y almirantes; 77 eran oficiales superiores; 67 eran oficiales subalternos; 34 pertenecían a la tropa profesional; 9 forman parte de cuerpos de policía; 7 eran familiares directos de activos; y 6 eran de la marina mercante.
 
    Cuando se les preguntó que evaluaran la exposición de Guaidó en la teleconferencia, apenas el 14% la calificó de excelente, 24% buena, 35% regular y un 27% deficiente. Estos números son altamente preocupantes.

Guaidó no conoce los temas de Seguridad y Defensa

 Los resultados a esta pregunta son aún más alarmantes. Sólo un 6 % cree que tiene conocimiento excelente sobre Seguridad y Defensa, 23% bueno, 42% regular y 29 % deficiente.

Sobre seguridad y defensa

  Se insta a que Juan Guaidó designe un Coordinador General de Seguridad y Defensa, lo cual es una exigencia colectiva del sector militar. Se indica que esta decisión permitiría disponer de un vocero del gobierno interino hacia la FAN, quien sería un enlace viable y con autoridad entre los miembros de la institución armada y la sociedad civil.

  Del mismo se conmina a Guaidó a incluir el tema de seguridad y defensa en el Plan País, una decisión que podría en las manos de la FAN las tareas de recuperación de la democracia, la vigencia del estado de derecho y la constitución nacional en Venezuela, al tiempo que se le otorgaría la importancia debida al tema en las etapas de antes, el durante y el después del cese de la usurpación.

  Aunado a esto, la Asamblea Nacional debe reformar la Ley Orgánica de la FAN, especialmente en el título correspondiente a la Milicia Nacional Bolivariana (Artículos 74 al 86), en virtud de que este componente de hecho es el principal soporte armado del régimen, aparte que, de derecho, es inconstitucional.

  Se subraya que la consideración de la FAN en el pacto unitario al que se invoca, debe hacerse atendiendo lo establecido en artículo 328 de la Constitución Nacional, especialmente en “...en el cumplimiento de sus funciones (La FAN) está al servicio exclusivo de la nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna”.

Comunicación permanente

  El informe llama a mantener un canal de comunicación permanente con los militares a través de los integrantes de la Reserva Activa. Se recuerda que en el ejercicio del liderazgo dentro de la Fuerza Armada Nacional es fundamental comunicarse e informar a los integrantes de la institución.

 Se alerta que para que Juan Guaidó pueda desarrollar la condición constitucional de Comandante en Jefe de la FAN e influir en la institución que tendrá un nivel protagónico en el desenlace de la actual coyuntura política, el mandatario debe establecer una comunicación constante y oportuna sobre la actual realidad política y militar.

“La FAN es el principal sector que le garantizará gobernabilidad y estabilidad durante el gobierno provisorio”, se sentencia.

Dejar de lado los compromisos políticos

  Se le recomienda a Guaidó tomar todas “estas decisiones, independientemente y aisladas de los compromisos políticos con las organizaciones e individualidades que respaldan su gestión como presidente interino”.

  Este consejo se emite en razón de que, de acuerdo a los códigos del ejercicio del comando dentro de la institución armada, establecen que solamente el comandante es responsable de lo que se haga y deje de hacer en los cuarteles, “eso se constituye en la aceptación o el rechazo al ejercicio del mando. Esta particularidad se extiende también a la condición constitucional del Comandante en Jefe de la FAN en el tenor del artículo 328 al expresar ‘La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y con la ley’”.

Autoridad moral

  De manera categórica se advierte que el presidente Juan Guaidó debe desmarcarse de cualquier evento que contraríe la ética y el honor.

  Tala alerta se formula de acuerdo a la visión que sobre la figura del presidente de la república se manejaba en la Fuerza Armada Nacional hasta 1998, cuando se promovía al presidente íntegro e identificado con los valores y principios que hicieron de la FAN una de las instituciones más sólidas del estado venezolano.

  Guaidó, dicen, debe reforzarse en la autoridad moral de un verdadero Comandante en Jefe tomando decisiones en el contexto de la realidad política económica, social y militar que vive la nación venezolana.

No a la ambigüedad

  El informe hace mención a la existencia de una visión generalizada entre los oficiales generales y almirantes, oficiales superiores y oficiales subalternos, y la tropa profesional consultada, acerca de la ambigüedad que Juan Guaidó ha exteriorizado en temas como la operación militar ejecutada el 30 de abril de 2019 y la denominada operación Gedeón.

  La mayoría de los encuestados tradujo tal circunstancia como una ausencia de compromiso al final y como el abandono de un Comandante en Jefe a sus subalternos ante resultados adversos.

No a la amnistía de violadores de DDHH

  El informe de la encuesta recoge la opinión que considera la ley de amnistía y el llamado a la deserción formulados por el presidente interino, Juan Guaidó, como pésimas decisiones del Comandante en Jefe durante los eventos desarrollados en la frontera con Colombia el año 2019.

  Estimó la reserva activa que amnistiar a violadores de derechos humanos entraña un mensaje contradictorio hacia el seno de la institución armada.

  Del mismo modo, rechazaron la deserción dado que históricamente ésta en combate ha sido un estigma casi en contigüidad con la traición a la patria.

  Ambos temas —amnistía y deserción— convertidos en un mensaje positivo hacia el sector militar como audiencia objetivo, tuvieron un impacto contradictorio y contrapuesto a los objetivos previstos.

De cara a las elecciones

  La reserva activa llama al presidente Guaidó a incorporar estas recomendaciones, junto a otras de carácter operativo y reservadas, a la estrategia prevista a enfrentar las elecciones parlamentarias convocadas por el régimen usurpador para el 6 de diciembre de 2020.

  Estiman que tal acción constituiría un fuerte mensaje del presidente interino Juan Guaidó hacia la institución armada, en su condición constitucional de Comandante en Jefe de la FAN.

Fijar posición respecto a los presos militares

  Al sector castrense le inquieta y preocupa el hecho de que el Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional no le haya dado el protagonismo que se merecen los presos militares en el discurso del mandatario interino.

   Es decepcionante para la reserva activa que en el discurso opositor y especialmente en el Comandante en Jefe, los centenares de presos militares en las cárceles del régimen hayan sido ignorados.

  Consideran que las graves violaciones a los derechos humanos y el especial ensañamiento manifestado por el régimen usurpador contra los presos militares, deben formar parte prioritaria del discurso del Comandante en Jefe de la Fuerza Armada.

  En tal sentido, se recomienda visibilizar en el discurso del liderazgo opositor, los nombres y apellidos de los presos militares, tal es el caso del capitán (GN), Juan Carlos Caguaripano; el Capitán de Navío, Luis de La Sotta; el Teniente Coronel (EJ.), Igber Marín Chaparro; el Capitán de Corbeta, Carlos Mac Sotay Rausseo; el general de división (Av.), Oswaldo Hernández; el Coronel (Av), Ruperto Molina Sánchez; entre otros, quienes son preocupación permanente de sus compañeros de armas.

  Asimismo, expresan la necesidad de mantener enarbolada la bandera de la protesta por las muertes como las del Capitán de Corbeta, Carlos Acosta Arévalo y del Inspector, Oscar Pérez. “Especial mención se hace a la indiferencia con los policías metropolitanos, presos desde hace 17 años. No son militares pero la crueldad del régimen es un claro mensaje hacia los militares”.

Claridad

  La reserva activa hace referencia al hecho de que el actual periodo constitucional finaliza el venidero 5 de enero de 2021 y ante tal circunstancia no se le ha aclarado lo suficientemente a la opinión pública, cuál será el panorama político y constitucional del ejercicio de la presidencia interina luego de esa fecha.

  Se refiere que el presidente, Juan Guaidó, en su condición de Comandante en Jefe de la FAN, no ha definido y precisado la línea conceptual actual y su posición ante el apoyo de la comunidad internacional, encabezado por Estados Unidos y el presidente Donald Trump.

  Alertan que temas como el llamado a las elecciones por parte de la revolución y un grupo de la oposición para el venidero 6 de diciembre de 2020, la intervención militar como mecanismo viable de la solución al problema venezolano, los alcances del convenio con la DEA y la fragmentación del liderazgo de la oposición, contribuyen a la indeterminación que se proyecta hacia la FAN y su posibilidad de aportar eficientemente hacia el desenlace de la crisis venezolana. Igual consideración se hace la consulta popular anunciada por el Comandante en Jefe.

  Finalmente, el informe de la encuesta expresa que estas indefiniciones le otorgan al régimen usurpador más márgenes de maniobra política y militar para su permanencia en el poder.

viernes, 18 de septiembre de 2020

La Comisión de Resolución de Conflictos (CRC) de Voluntad Popular renunció en pleno por las trabas de la cúpula para evitar la expulsión de Freddy Superlano

  Cuando Freddy Superlano era presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, esa instancia entregó cartas de buena conducta al testaferro de Nicolás Maduro, Álex Saab y a Alejandro Ceballos, señalado por diversos casos de corrupción y lavado de dinero internacional vinculado al régimen venezolano. Una denuncia del diputado, Ismael León, asegura que Superlano se habría llevado el sello y el cuaderno de correspondencias de la oficina parlamentaria cuando renunció a la presidencia del ente.

Por Maibort Petit

   La totalidad de los miembros de la Comisión de Resolución de Conflictos (CRC) de Voluntad Popular renunció a sus puesto por estar en desacuerdo con la conducta de una parte de la cúpula de la tolda naranja que viola en principio de “entender la actividad política, y el ejercicio del poder, como un acto de compromiso con el país y como un compromiso moral y ético”. Mariana Campos Villalba Marcos R. Carrillo P. Eduardo Noguera, José Alberto Perdomo  y Gustavo Luis Velásquez B. renunciaron el 16 de septiembre de 2020. 

  Fuentes informaron que la razón es porque la CRC expulsó al diputado Freddy Superlano por sus vinculaciones con la corrupción en el caso de Álex Saab desde hace 11 meses y los miembros de la ENA, controlado por Leopoldo López no permitieron que se materializara dicha expulsión.

  Según la fuente "en la presión contra la CRC influyeron 5 miembros de la ENA [Equipo Nacional de Activistas]: Leopoldo López, la Dip. Olivia Lozano, el Coordinador Política Nacional; Emilio Graterón, el Coordinador Operativo Nacional, Ronald Carreño y el dip. Freddy Guevara".

    Entre los escándalos relacionados con el diputado Freddy Superlano destacan las cartas de buena conducta al testaferro de Nicolás Maduro, Álex Saab y a Alejandro Ceballos, señalado por diversos casos de corrupción y lavado de dinero internacional vinculado al régimen venezolano, durante su gestión como presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional,  lo ocurrido en Cúcuta durante el concierto por la libertad, de llevarse el sello y el cuaderno de correspondencia de la Comisión parlamentaria cuando abandonó el cargo por las denuncias de corrupción.

  Una fuente consultada por Venezuela Política informó que en una reunión a la que se presentó Freddy Superlano. En ese encuentro le preguntaron por las denuncias en su contra relacionadas con Álex Saab.

A continuación publicamos la carta íntegra de renuncia de los miembros de la CRC de Voluntad Popular.

Estimados Señores,

Asunto: Renuncia de los miembros de la CRC

  Nos dirigimos a ustedes en ocasión de presentar nuestra renuncia como miembros de la Comisión de Resolución de Conflictos (CRC), lo cual hacemos por las siguientes razones:

1. Desde su fundación la CRC se ha dedicado con escrupuloso esmero al cumplimiento de la normativa vigente del partido, así como a las funciones que estatutariamente se le han asignado. En este sentido, nos hemos apegado estrictamente a los valores que orientan a nuestra organización, tales como “entender la actividad política, y el ejercicio del poder, como un acto de compromiso con el país y como un compromiso moral y ético”, así como la “permanencia inalterable de los principios de la democracia y la solidez de las instituciones democráticas del Estado”, tal y como lo establecen los principios 4 y 5 del preámbulo de los Estatutos del partido (en lo adelante los Estatutos).

2. En el ejercicio de nuestras competencias hemos cumplido, entre otras funciones, con dirimir las disputas que en el partido se presenten y “garantizar que la conducta de los activistas no atente en ningún caso contra la armonía, gobernabilidad interna y el alcance de los objetivos estratégicos de la organización”, según lo dispone el artículo 8, literales a) y g) del Reglamento de la CRC.

3. La CRC ha respondido inequívocamente a los principios de eficiencia, eficacia, respeto a los Derechos Humanos, gratuidad, imparcialidad, transparencia, proporcionalidad e impulsó en todo momento la resolución amistosa de los conflictos sometidos a su consideración, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de los Estatutos. Igualmente, se ha tenido el más escrupuloso apego al debido proceso, al derecho a la defensa y a los derechos conexos a estos principios.

4. Toda la actuación de la CRC durante los últimos dos años ha sido orientada por los criterios de la defensa de la gobernabilidad del partido, la armonía entre los activistas y la resolución de fondo de los conflictos, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 76 de los Estatutos.

5. En este sentido, la CRC ha velado por el cumplimiento de la normativa del partido y, en especial, por el de los deberes que, de conformidad con el artículo 7 de los Estatutos, tienen todos los activistas, entre los que se encuentra el deber de “actuar siempre con base a los valores en los que se sustenta el partido, en cumplimento con estos estatutos, los reglamentos, principios y con las decisiones tomadas por las distintas instancias de la organización.”

6. A pesar de las diferencias propias de una organización política activa y luchadora, las decisiones de esta instancia se vinieron cumpliendo sistemáticamente en el tiempo con la cooperación de los órganos y militantes del partido, tal y como lo exige la norma antes transcrita, lo que fortaleció grandemente la institucionalidad del partido.

7. No obstante, durante este año importantes decisiones tomadas por esta CRC mediante las cuales se procuró restablecer el orden institucional y, por otra parte, se sancionó a miembros de nuestra organización, por conductas violatorias de normas con contenido ético establecidas en los estatutos, no han sido cumplidas a cabalidad, ni tuvieron el acompañamiento necesario, a pesar de las sistemáticas gestiones que esta instancia ha hecho para que tales decisiones fueran acatadas, lo cual debilita la institucionalidad del partido.

8. De conformidad con el literal h) del artículo 31 de los Estatutos, es competencia del ENA “Promover, cumplir y hacer cumplir los principios y valores de la organización, así ́ como los estatutos, los reglamentos y las decisiones emanadas de los órganos de dirección de Voluntad Popular Activistas”. Como se ha dicho, esto no ha sucedido en varios casos a pesar de la insistencia de esta CRC, asunto del que hemos dejado constancia ante esta dirección nacional pues consideramos que el cabal cumplimiento de una decisión en apego a la normativa y principios del partido es indispensable para la construcción de la Mejor Venezuela.

9. Por las razones expuestas, hemos tomado la decisión que anunciamos por medio de esta carta.

10. Agradecemos la confianza que se depositó en nosotros para ejercer tan alta función en el partido y reiteramos nuestro compromiso ético con la organización y sus instituciones, así como con seguir luchando por los ideales y principios que sustentan a Voluntad Popular.

Quedamos de ustedes, 

Atentamente, 

Mariana Campos Villalba Marcos R. Carrillo P. Eduardo Noguera

José Alberto Perdomo Gustavo Luis Velásquez B.




miércoles, 9 de septiembre de 2020

Tesorera actual de CITGO obligada a declarar en una corte de Texas sobre transacciones a favor de una empresa del sobrino de ex CEO de la corporación, Nelson Martínez

Por Maibort Petit

  A pesar de las evasivas de la empresa, la actual tesorera de CITGO, Gina Coon fue solicitada a declarar esta semana ante la Corte del Condado de Harris, Texas por el caso de Rothwell Energy, Coon  ocupó un puesto clave de la corporación cuando se le otorgó un contrato millonario a la empresa propiedad del ex-presidente de CITGO, Nelson Martínez. Rothwell Energy Service forma parte de una larga lista de compañías que lograron obtener negocios de CITGO a cambio del pago de sobornos a los funcionarios involucrados en los procesos de adjudicación y procesamiento de las contrataciones.

  La demanda civil que se procesa en la Corte del Condado de Harris, fue interpuesta por Rothwell Energy Services LLC en contra de CITGO. 

  Según los registros de CITGO, en 2017, José Pereira, Glenn Hilman, José Luis Zambrano, José Luis De Jongh y Brian Paulson asignaron más de USD 16 millones en contratos de adquisiciones a Rothwell, como entidad intermediaria, para la adquisición de los siguientes bienes:

(1) enero de 2017: 170.000 monos de seguridad para PDVSA E&P Occidente por USD 4.139.500,00, 

(2) Abril de 2017: Plantas de agua por USD 6,3 millones y 

(3) Junio ​​de 2017: Cilindros y válvulas de gas por USD $ 5.692.500.

   En un documento del tribunal  dice que este miércoles 9 o jueves 10 de septiembre, Gina Coon, Tesorera de CITGO ratificada por la directiva de Luisa Palacios y Carlos Jordá, [quien fue designada en el cargo bajo las administraciones de Nelson Martínez, José Pereira y Asdrúbal Chávez], está solicitada para declarar y explicar los manejos que se dieron el CITGO en la entrega de contratos fraudulentos.

        Según los récords, durante el 2014 al 2018, bajo las administraciones de Nelson Martínez, José Pereira y Asdrúbal Chávez, Gina Coon, fungió como Asistente y posteriormente fue designada Tesorera de CITGO Petroleum Corporation por la Junta Directiva designada por el presidente interino, Juan Guaidó. En su gestión, Coon aprobó y procesó pagos por USD 10.6 millones por compras para PDVSA con significativos sobre precios a Rotwell Energy Services, LLC, una entidad registrada en Texas en Octubre 2013 por Juan Carlos Hurtado Angarita, director nominal de Rothwell Energy, y sobrino de Nelson Martínez, Presidente y CEO de CITGO del 2013 al 2016.[fallecido en 2018 bajo la custodia del régimen de Nicolás Maduro].


   Los récords de la corporación establecen que desde 2014 al 2018, el dinero fue transferido por Gina Coon desde Houston, TX directamente a la cuenta bancaria a nombre de Rothwell.  El 22 de marzo de 2019, Rothwell Energy Services LLC demandó a CITGO por incumplimiento de una parte de los pagos acordados por la venta de unas plantas desalinizadoras de agua que supuestamente serían instaladas en Venezuela. 

   Dos fuentes internas, consultadas por Venezuela Política en calidad de anonimato, dijeron que "la actual Tesorera de CITGO, Gina Coon, junto a Glenn Hilman y José Luis Zambrano, directores de compras, Rick Esser y Jennifer Moos, directores de cumplimiento, y Judith Colbert del departamento legal de CITGO facilitaron y aprobaron los procesos de licitación, contratos y transacciones de compras con Rothwell". 

   José Luis Zambrano, junto a otros 5 ex ejecutivos de CITGO, se encuentra actualmente bajo arresto en Venezuela acusado de delitos en CITGO que presuntamente le involucran en cargos de corrupción, fraude, malversación, sobornos, lavado de dinero, conspiración para delinquir y abuso de autoridad. Ver detalles aquí.

   Las fuentes de la corporación, consultadas para este caso, señalan que los mencionados "ejecutivos confrontan varias denuncias internas por formar parte del esquema de corrupción masiva en CITGO, por facilitar la aprobación ilícita de transacciones de compras fraudulentas, y evadir controles internos para la evaluación de proveedores (vendor due diligence) para asistir a dueños de compañías fantasma a obtener ganancias ilícitas y el posterior lavado del dinero". 

   Los ejecutivos de CITGO habrían violado las normas internas de la corporación, con pleno conocimiento, estos directores asistieron a proveedores como: José Manuel González Testino, Tulio Farías, Juan Carlos Hurtado Angarita, entre otros, en los procesos de licitaciones fraudulentos y en ocultar al beneficiario (ultimate beneficiary) final de sus cuentas bancarias. González Testino y Tulio Farías se encuentran a la espera de sentencia por un juez federal de Texas, ambos contratistas se declararon culpables de delitos de corrupción y lavado de dinero.

    Las fuentes consultadas confirman que los ejecutivos señalados de haber participado en procesos fraudulentos "fueron beneficiados con promociones injustificables, asignación de vehículos de lujo (ej.: Porsche, BMW, Mercedes, etc.), aumentos sueldos y bonos excesivos, que le permiten vivir un estilo de vida de lujo".

  Venezuela Política tuvo acceso a documentos que evidencia las operaciones que se hicieron desde CITGO a la cuenta de Rothwell Energy Services LLC. Desde 2014 al 2018, múltiples transferencias bancarias fueron procesadas por Gina Coon, [Tesorera] desde las oficinas de CITGO en Houston, Texas directamente a cuentas bancarias de Juan Carlos Hurtado Angarita (Rothwell Energy Services). "Como parte de esquema de corrupción, las transferencias se realizaron desestimando los controles internos de identificación de proveedores, y la debida evaluación de Rothwell como proveedor por los departamentos de crédito (Tesorería), legal y cumplimiento", sostuvo la fuente, que agregó que "Los directores de cumplimiento, intencionalmente desestimaron el evidente conflicto de interés y facilitaron la aprobación de contratos de compras por millones de dólares para beneficiar a un familiar de Nelson Martínez y sus cómplices en estas transacciones".

Evidencias de los pagos

  La imagen a continuación evidencia algunos de pagos detallados aprobados y procesados durante el 2018 por Gina Coon, Glenn Hilman y Asdrúbal Chávez:


  Las transacciones fraudulentas entre CITGO y Rothwell, son unas de múltiples transacciones comerciales con compañías fantasmas que sirvieron como vehículo para defraudar al accionista (Venezuela) y extraer el dinero de los bancos de CITGO, utilizando las ganancias ilegales provenientes de operaciones corruptas como fase inicial del blanqueo de capitales, que envolvió sobreprecios, colusión, conspiración con proveedores y el pago sobornos y beneficios laborales para directores de CITGO.  

  Otra fuente interna sostiene que los referidos directores "están envueltos en un número excesivo de casos y transacciones fraudulentas incluyendo el pago de USD 15 millones, realizado por Gina Coon y José Pereira a través de tres transferencias bancarias de $5 millones cada directamente a la cuenta del ex congresista republicano David Rivera utilizando como fachada pagos de consultoría a Interamerican Consulting Inc, una entidad de papel registrada por el congresista en Florida, USA; pagos por más de $70 millones de dólares bajo la administraciones de José Pereira y Asdrúbal Chávez a entidades fantasmas con fuertes lazos a oficiales del régimen de Nicolás Maduro donde también se violaron los controles internos, y muchas otras excepciones y casos fraudulentos que aún no han sido resueltos por la administración encabezada por Luisa Palacios, Carlos Jordá".  

  Importante destacar que las evidencias y testimonios en contra de los mencionados directores fueron presentadas a Palacios y a la nueva junta directiva desde Febrero 2019, cuando fue designada por el presidente interino Juan Guaidó y los partidos que conforman el G4, pero. a pesar de tener el conocimiento y las evidencias, decidieron ratificarlos en sus cargos, jubilarlos y contratarlos nuevamente".

Artículos relacionados: Caso Rothwell Energy Services LLC. contra CITGO: Los oscuros manejos en la adjudicación de contratos

CITGO pagó a David Rivera los $15 millones para cabildear a favor de PDVSA (Nicolás Maduro) en los EE. UU.


miércoles, 29 de julio de 2020

Conoce los detalles del refinanciamiento de CITGO por USD 1.125 millones con Jefferies LLC y J. P. Morgan

   La banca de inversión exigió firmar una carta compromiso que obliga a mantener a esa entidad como ente encargado del refinanciamiento del préstamo B con vencimiento en 2021, por una tarifa acordada del 1.0 por ciento del monto total del capital de dicha deuda.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Un informe elaborado por la firma Jones Day a petición de CITGO Petroleum Corporation, estableció que la escogencia de las empresas Jefferies LLC y Jefferies Capital Services, LLC como prestadoras de los servicios de banca de inversión en el proceso de refinanciamiento de la deuda de la filial de la Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en los Estados Unidos, era la única opción que esta tenía para reestructurar su deuda a corto plazo.
   El 9 de junio de 2020, el escritorio jurídico Jones Day remitió un memorando con carácter privilegiado y confidencial a CITGO Petroleum Corporation que contenía las recomendaciones con relación a las ofertas de deuda de alto rendimiento por parte de emisores corporativos en los Estados Unidos.

     Venezuela Política tuvo acceso al informe y a todos los anexos del mismo.

   Refiere que, en los Estados Unidos, generalmente, no se recurre al mecanismo de la licitación u otro proceso público, para considerar las ofertas de deuda de alto rendimiento por emisores corporativos. Esto se debe a la capacidad del emisor para controlar el tiempo y el proceso en torno a la oferta.
  Así ocurrió, por tanto, cuando recientemente CITGO Petroleum Corporation, bajo la Regla 144A emitió USD 1.125 millones de notas con garantías al 7.00 por ciento, con vencimiento en 2025.

   Explican los abogados que las leyes de mercado de capitales de los EE. UU. imponen limitaciones significativas a las empresas privadas sobre lo que pueden decir sobre una emisión o transacción en los mercados. En este contexto, los emisores que aspiran a un financiamiento, contactan a un pequeño grupo de bancos de inversión con los cuales mantienen una relación y que son capaces de ejecutar la transacción como resultado de la reputación y capacidades del mercado y la industria.
   Desde 2019, este tipo de operaciones se volvió más complicadas a raíz de las sanciones estadounidenses emitidas en enero de dicho año, a lo que se suma la situación política en Venezuela y los litigios que involucran a las entidades matrices de CITGO, así como por las incertidumbres sobre la propiedad y el control de la filial de PDVSA en los EE. UU. por parte de su junta directiva.

  Para dicha fecha, 2019, CITGO Petroleum Corporation y su matriz inmediata CITGO Holding, Inc., planeaban operaciones de su deuda a corto plazo.

   Observan los abogados de Jones Day que la gerencia de CITGO contactó a varias empresas de banca de inversión y otras instituciones financieras para evaluar el interés y su voluntad de involucrarse en estas transacciones de financiamiento, dadas las incertidumbres sobre la propiedad y el control de CITGO, así como los riesgos de hacer negocios con esta empresa.

   En medio de este panorama, Jefferies fue la única empresa de los Estados Unidos que estuvo dispuesta a realizar este refinanciamiento de CITGO.

Sobre el acuerdo con Jefferies

  Para aceptar actuar como la banca de inversión en marzo del 2019, Jefferies insistió en que se le emitiera una carta de compromiso. Esto por tratarse de un emisor de alto rendimiento con opciones de financiación limitadas.

  En razón a las pocas alternativas disponibles, CITGO firmó una carta de compromiso con Jefferies LLC y Jefferies Capital Services, LLC.

  Representantes de CITGO informaron a los abogados de Jones Day que el acuerdo con Jefferies representaba la acción más prudente y la mejor oportunidad de llevar a cabo el financiamiento de las próximas deudas.

   El contrato suscrito entre Jefferies y CITGO estableció el compromiso de esta última de retener a la primera como banca para el refinanciamiento del préstamo B con vencimiento en 2021, por una tarifa acordada del 1.0 por ciento del monto total del capital de dicha deuda.

   Los abogados consideraron que la tarifa negociada del 1.0 por ciento estaba dentro del rango de razonabilidad para la suscripción de deuda o fees de colocación pagados por emisores estadounidenses cuya deuda tiene una calificación inferior al grado de inversión.

“Sin embargo, CITGO podría nombrar un banco co-líder si dicho banco fuera razonablemente aceptable para Jefferies y Jefferies se le asignaría no menos del 50 por ciento de los fees que CITGO le correspondía pagar por la transacción”.

  El acuerdo también incluyó una disposición de “cola” bajo la cual Jefferies tendría derecho a la tarifa del 1.0 por ciento si CITGO hiciera cualquiera de las “Transacciones” enumeradas para el 29 de julio de 2021 o antes, incluso si CITGO terminara el acuerdo.

   En julio de 2019, Jefferies fungió como el administrador para el refinanciamiento de las notas garantizadas por USD 1.870 mil millones al 10.75 por ciento con vencimiento en 2020 de CITGO Holding. Este refinanciamiento consistió en una oferta de USD 1.370 millones en notas garantizadas de 9.250 por ciento de CITGO Holding con vencimiento en 2024 más un nuevo préstamo B, de préstamo a plazo de USD 500 millones.

La selección de suscriptores para las notas CITGO 2020

  El informe de Jones Day refiere que la gerencia de CITGO exploraba opciones de liquidez en medio de la crisis del Covid 19, entre ellas, el refinanciamiento de la deuda con vencimiento en 2021 del plazo del préstamo B que se propuso a la junta directiva en mayo de 2020.

   La junta directiva aprobó la refinanciación del préstamo B de CITGO mediante la emisión de pagarés garantizados de CITGO por USD 1.125 mil millones, un incremento que le proporcionaría a la filial de PDVSA flexibilidad financiera en estas difíciles circunstancias.

   Para evitar pagar la tarifa del 1.0 por ciento que hubiera tenido que cancelar por rescindir el contrato con Jefferies y dadas las circunstancias imperantes, CITGO y en virtud de la ejecución exitosa de las transacciones de 2019 y la buena reputación de la empresa con la que ya mantenía un acuerdo, CITGO decidió proceder con Jefferies como el principal gestor de libros para la Notas de oferta.

  Sin embargo, como el acuerdo con Jefferies contemplaba la incorporación de un banco co-líder que fuera aceptable para Jefferies y esta recibiera al menos el 50 por ciento de las tarifas pagaderas por CITGO en la transacción, la filial de PDVSA en los Estados Unidos consideró involucrar a J. P. Morgan.

  El objetivo que perseguía CITGO con esta decisión era expandir las relaciones bancarias de la compañía para restablecer una línea de crédito rotativa para financiar las necesidades de liquidez de la compañía, en lugar de la dependencia continua de la deuda a plazo.

  J.P. Morgan finalmente acordó entrar en el acuerdo como banco adicional, posicionado a la derecha de Jefferies en el memorándum de oferta.

Las conclusiones de Jones Day

  El despacho de abogados estimó que la selección Jefferies y J.P.Morgan como suscriptores de la oferta de pagarés es consistente con los procesos empleados por emisores corporativos de alto rendimiento en los mercados de capitales de EE.UU.

  Según los abogados, el incremento del refinanciamiento de USD 750 millones a USD 1.125 millones en razón de una sobre demanda significativa, valida el proceso que siguió CITGO en la elección de los bancos para suscribir la oferta. Asimismo, validaron la tasa de interés de las notas emitidas por Citgo de 7.00 por ciento, por debajo del precio indicativo de 7.75 por ciento-8.25 por ciento e involucrando concesiones mínimas, por ser esta una nueva emisión en comparación con las tasas de rendimiento indicativas de la deuda pendiente de CITGO.

  Para Jones Day el proceso de venta de notas de CITGO a un grupo amplio y diverso de inversionistas, fue consistente con colocaciones de otros corporativos en Estados Unidos.

“La gerencia de CITGO señaló una preferencia por los inversionistas de más largo plazo sobre los fondos de corto plazo (hedge funds), al tiempo que afirmó que obtener el mejor precio para las notas era el objetivo principal de la compañía. Se nos informó que los bonos se asignaron a más de 150 inversionistas, que es una colocación amplia para una oferta de este tipo, y tanto las agencias de rating como el equipo de gestión de CITGO expresaron su satisfacción con la cartera de pedidos iniciales de la oferta”.

Nota confidencial del CITGO

  Una nota confidencial de CITGO detalla la relación contractual que ésta filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en los Estados Unidos, mantiene con Jefferies Financial Group, la cual prestó servicios de banca de inversión en los procesos de refinanciamiento de su deuda en los años 2019 y 2020.

  El informe, con carácter privado y confidencial, dirigido al Luis A. Pacheco, presidente de la Junta Administradora ad hoc de PDVSA explica el papel de Jefferies como agente de colocación de los bonos emitidos por CITGO Petroleum Corporation en las fechas indicadas anteriormente.

  Se refiere que, en marzo de 2019, CITGO emitió un préstamo a plazo fijo por USD 1.200 millones con el objetivo de reemplazar su línea de crédito rotativa y la línea de crédito con titularización de sus cuentas por cobrar, las cuales tenían vencimiento en mayo y junio del citado año 2019.

  Se advierte que los bancos se negaron a renovar dichas líneas en razón de las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés), así como la preocupación existente sobre la reputación de CITGO.

  Se informa que Houlihan Lokey actuó como coordinador de la transacción de préstamo a plazo fijo indicada, dado que esta empresa mantenía un contrato vigente con CITGO en el momento de la transición a la nueva administración.

  El reporte advierte que, en el desarrollo de la transacción, uno de los mayores desafíos de CITGO fue encontrar bancos que fungiesen como agentes que hicieran el fronting, es decir fueran facilitadores, distribuidores y en ocasiones financistas de la operación y, además, llevaran a cabo las funciones administrativas y actuaran como garantes colaterales. Se informa que “Decenas de bancos declinaron, citando limitaciones por las sanciones impuestas por la OFAC y/o riesgos de percepción que adversarían la imagen de sus instituciones”.

Agrega la nota confidencial que Houlihan confirmó que se acercaron a BNP Paribas, Credit Agricole, Natixis, Societè Generale, ABN Amro, Deutsche Bank, Sumitomo y Mizuho, entidades que habían participado en las facilidades crediticias emitidas por CITGO Petroleum Corporation, pero ninguno estaba dispuesto a servir como banco que hiciera el fronting.

  Otros intentos se hicieron con Credit Suisse, Bank of America, Citi, Mizuho, JPMorganChase, Macquarie, PNC, 5th Third, Scotia, RBC, DNB, Wells Fargo y Bank of NY, los cuales también declararon participar, según dijo Houlihan.

  Fue ante estas circunstancias que CITGO Petroleum Corporation decidió acudir a Jefferies para que esta actuara como fronting y como agente administrativo.

  Para aceptar, Jefferies puso algunas condiciones, entre ellas, una tarifa del 1 por ciento y la exclusividad para trabajar como banco líder principal en la futura refinanciación del préstamo CITGO 2021 y el refinanciamiento de las transacciones de CITGO Holding 2019. Se acota que el citado 1 por ciento sería compartido a partes iguales si se incorporara al proceso a un co-líder.

  Se advierte que CITGO Petroleum Corporation no tiene compromisos adicionales con Jefferies al finalizar la transacción de los bonos 2025.

  Para finalizar, la nota confidencial agregaba un resumen de procesos de refinanciamiento de años anteriores:

lunes, 27 de julio de 2020

PDVSA ad hoc justificó el incremento de nuevo endeudamiento de CITGO por la alta oferta presentada en el mercado

   En una comunicación PDVSA ad hoc informó que el proceso de refinanciamiento de la deuda CITGO 2021 pasó de USD 750 millones a USD 1.125 millones.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  El 15 de junio de 2020, Luis Augusto Pacheco Rodríguez, presidente de la Junta Administradora ad hoc de PDVSA, le remitió una counicación al diputado, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, para infornar acerca del refinanciamiento de la deuda que se conoce como CITGO 2021, la cual inicialmente se estableció en USD 750 millones, pero que se incrementó a USD 1.125 millones, supuestamente para aprovechar la gran oferta que se presentó.
  En primer lugar, Pacheco refiere que hasta el momento de la remisión de la carta, habían mantenido contactos para tratar el tema com la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, el 3 y el 10 de junio de 2020; con el diputado Óscar Ronderos, el 9 de junio de 2020; y con el grupo político del centro de Gobierno, el 8 de junio de 2020. Igualmente, el Procurador Especial mantuvo contacto con el parlamento para responder las inquietudes de índole legal.

El proceso

 Pacheco procede a realizar un recuento de los hechos que precedieron el endeudamiento, citando primeramente, una comunicación confidencial enviada el 8 de mayo de 2020, en la que se informó que la junta directiva de CITGO Petroleum Corporation siguió la recomendación de la gerencia y, por tanto, auorizó adelantar el proceso de refinanciamiento del OPCO TLB (CITGO 2021).

   Luego, el 21 de mayo de 2020, durante una reunión de rendición de cuentas de CITGO a la Junta Administradora ad hoc de PDVSA, la gerencia mostró su perfil de liquidez y deuda y concluyó la necesidad de considerar el refinanciamiento del OPCO TLB (CITGO 2021), antes de que pasara a ser considerada como pasivo corriente.

  Se estimó que se debía aprovechar la reapertura del mercado financiero, cerrado desde marzo por la pandemia del Covid-19.

   El 2 de junio de 2020, CITGO anunció el comienzo del proceso de colocación de notas por un valor de USD 750 millones.

   En la misma fecha, CITGO informó que había obtenido un monto de capital agregado de USD 1.125 millones al 7.00 por ciento, con bonos garantizados con vencimiento en 2025, en una oferta privada exenta de los requisitos de registro de la Ley de Valores de 1933. El monto inicial de la oferta se había incrementado con respecto a lo anunciado previamente y se esperaba para el 9 de junio, cuando tuviera lugar el cierre de la transacción.

   Finalmente,  el 9 de junio de 2020, CITGO informó que se había completado el proceso de refinaciamiento exitosamente anunciado para cancelación del préstamo a plazo B con vencimiento en 2021 (CITGO 2021).

  La oferta privada fue de USD 1.125 millones de monto principal agregado de pagarés senior garantizados con vencimiento en 2025 al 7 por ciento.

El financiamiento

  Pacheco Rodríguez le explicó a Guaidó, que en Estados Unidos hay dos tipos de ofertas de bonos/notas, a saber, las ofertas públicas y las ofertas privadas. Las primeras, requiere del registro en la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), lo cual es un proceso que puede demorarse

 Las ofertas públicas obligan a la presentación de informes periódicos ante la SEC de forma pública, un proceso que resultaría muy oneroso para CITGO.

 Entretanto, las ofertas privadas están exentas del proceso de registro y revisión de la SEC y solo pueden dirigirse a ciertos grupos de inversores más sofisticados, generalmente inversores acreditados.

  Refirió que las ofertas de la Regla 144A como la de CITGO están dirigidas a un subconjunto de inversores calificados llamados Compradores Institucionales Calificados. “Las ofertas como las de CITGO generalmente están estructuradas como ofertas de la Regla 144A, porque el mercado secundario para el comercio entre inversores que son elegibles para participar en las ofertas de la Regla 144A es más eficiente”.

lunes, 20 de julio de 2020

La recuperación de los activos de Venezuela en el exterior corresponderá al gobierno de transición y no al gobierno interino

  Deben inventariarse los bienes de los que se conoce su ubicación y están a buen resguardo para evitar pagar comisiones por trámites que, en casos como este, no requerirían de esfuerzo alguno para recuperarlos.

Por Maibort Petit
@maibortpetit
   Con la previa advertencia de que el Estatuto que rige la Transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que la tarea de recuperación de los activos de la nación corresponderá al gobierno de transición y no al actual gobierno interino, el jefe de la fracción parlamentaria 16 de Julio, Omar González, alertó que carece de sentido pagar la “prima de éxito” o “pago por resultados” a los despachos de abogados que se contraten para recuperar los activos de Venezuela en el extranjero, en los casos en que se conozca de antemano su ubicación, monto y se tenga la certeza de que se encuentran a buen resguardo, pues se trata de recursos que se deben aprovechar al máximo en el proceso de recuperación del país.

  El pasado 9 de julio, la Asamblea Nacional sancionó la “Ley especial de contrataciones públicas asociadas a la defensa, recuperación, aseguramiento y resguardo de los activos, bienes e intereses del estado venezolanos en el extranjero”, luego de una discusión en la que la fracción 16 de Julio salvó su voto.

  El diputado Omar González conversó con Venezuela Política para explicar las razones que los llevaron a asumir esta posición, tanto respecto a el referido instrumento legislativo, como de otras decisiones del poder legislativo nacional a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y su filial en Estados Unidos, CITGO Petroleum Corporation.

  Le consultamos a González acerca de uno de los puntos de la ley que más genera polémica, qué es el relativo a la contratación de los equipos de abogados que van a liderar la recuperación de los activos venezolanos en el extranjero.

¿Quiénes son, cuánto van a cobrar? Se advierte que muchos de los activos están ubicados, se sabe dónde están, pero esa ley aparentemente contempla pagar para que los ubiquen. ¿Qué sucedió con esa ley?

— Nosotros estuvimos en desacuerdo con la aprobación de esta “Ley especial de contrataciones públicas asociadas a la defensa, recuperación, aseguramiento y resguardo de los activos, bienes e intereses del estado venezolanos en el extranjero”. En este caso, la Fracción 16 de Julio asumió una posición frontal, firme, de no aprobar esta ley. La razón, es que había elementos de forma y otros de fondo para oponernos a esta decisión. En primer lugar, quisieron hacer todo esto, es decir, el manejo de contrataciones para la recuperación de activos en el extranjero, que es lo que se conoce como caza rentas, que es un negocio muy lucrativo a nivel internacional, lícito y sumamente lucrativo, a través de un acuerdo parlamentario. Es decir, un instrumento sub-legal para algo tan delicado como es la recuperación de cientos de miles de millones de dólares que están regados por el mundo, producto del robo, del saqueo por parte del chavo-madurismo y sus testaferros. Entonces podría ser muy atractivo eso de recuperar el dinero que se robaron de Venezuela, pero esto tiene que tener un control. Sobre ese acuerdo, dijimos, que es una materia muy delicada que no puede ser despachada por un acuerdo parlamentario, sino que se necesitaba una ley bien estudiada y bien protegida. Por otro lado, hay una ley en Venezuela que es la ley del Estatuto de la Transición, que decía que esa recuperación de activos era una disposición para el gobierno de transición, no para el gobierno interino. Bueno, en todo caso, ese aspecto formal fue corregido, hicieron una ley y debatieron en primera y en segunda discusión este proyecto de ley. Nosotros estuvimos en desacuerdo, en primer lugar, porque en el acuerdo se planteaba el 15 por ciento del dinero que se recuperara para los bufetes. Eso lo rebajaron al 9 por ciento. Pero nosotros dijimos por qué se va a pagar 9 por ciento, por ejemplo, por la recuperación de dinero que está a buen resguardo en Estados Unidos, o en Portugal donde hay USD 2.000 millones que una corte decidió que no los podía manejar Maduro y su camarilla, sino la república de Venezuela cuando esté el gobierno de transición como dice la ley del estatuto. Así mismo sucede en Gran Bretaña donde una corte decidió que más de USD 2.000 millones no podían ser manejados por Nicolás Maduro. Así ocurre en Andorra, en Luxemburgo. Es decir, ese dinero está a buen resguardo. A ese dinero no le puede echar mano Maduro. Entonces, ¿por qué se le va a pagar hasta 9 por ciento a un bufete de abogados, por ejemplo, en el caso de Portugal serían USD 200 millones, cuando el dinero está resguardado? Eso es dinero que necesita Venezuela para su recuperación cuando esta tragedia pase. Como esas, hay muchas observaciones que le hicimos a esta iniciativa legislativa, pero lamentablemente no fueron oídas y la semana pasada fue aprobada en segunda discusión, es decir, esto ya está aprobado por el parlamento, con el voto salvado de la fracción 16 de julio.

¿Quién presentó ese proyecto?

— Primero fue un acuerdo que fue echado para atrás después de las razones que expusimos en las reuniones de jefes de fracción con la directiva de la Asamblea Nacional. Luego cambiaron a un proyecto de ley y teníamos como dos o tres meses haciéndole observaciones y se había detenido, no se habían atrevido a llevarlo a la plenaria. ¿Quiénes aprobaron? Bueno, los diputados del llamado G4, es decir, Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia y Un nuevo Tiempo.

  Recuerda que la presentación del proyecto finalmente estuvo en manos del subjefe de la Comisión Permanente de Finanzas, Luis Silva, diputado por el estado Bolívar, aunque no fue elaborado por él.

  Del mismo modo, González refiere que el proyecto recibió observaciones de carácter formal de parte del Contralor General y del Procurador General —el anterior y el actual— como también lo hicieron expertos, incluso del gobierno interino, quienes advirtieron acerca de lo riesgoso que resultaba aprobar y ejecutar esta ley “hasta para el propio objeto de la ley que es preservar los activos de la república que están en el extranjero”. Esto debido a que al pasar los activos a manos de la administración de la presidencia interina de Juan Guaidó, “los acreedores, que hay por montones, como en el caso de CITGO en que hay empresas como Rosneft o como Crystallex, etc., o como los bonistas, inmediatamente van a ir por esos depósitos, van a demandar el pago de sus acreencias, muchas de  las cuales han puesto como garantías los activos de Venezuela de manera irresponsable como lo hizo Hugo Chávez y como lo ha hecho Nicolás Maduro”.

  Recuerda, que muchos de estos activos se están bien resguardados por decisiones de tribunales de varios países en los que se encuentran, los cuales se han negado a entregarlos al gobierno de Nicolás Maduro, por considerarlo ilegítimo.  

  Omar González se remite, entonces, al caso del resto de los activos de Venezuela en el extranjero que es preciso ubicar y cuantificar. Tal es el caso y que se encuentran depositados en diversos países del mundo.  “Por lo menos, son 49 fondos”, advierte.

   Se trata de un dinero que, en muchos casos, ni el propio gobierno sabe dónde está y a cuánto asciende su monto. Para la ubicación de estos activos si considera pertinente contratar los servicios de los expertos en realizar estas pesquisas. “Si hay personas expertas en hacer pesquisas, no al dinero que está a buen resguardo y que se sabe dónde está y cuánto es, sino para ubicar esos fondos que están depositados en cualquier cantidad de bancos regados por el mundo, bueno, que se les pague, que haya una compensación por ese trabajo, pues está bien, es lícito. Pero agarrar lo que ya está ubicado, lo que ya se sabe dónde está, incluso que están a buen resguardo, eso es lo que está mal”.

Lo que dice la ley

  El artículo 17 de la “Ley especial de contrataciones públicas asociadas a la defensa, recuperación, aseguramiento y resguardo de los activos, bienes e intereses del estado venezolanos en el extranjero” prevé la “contratación de servicios profesionales, legales o de inteligencia financiera, a los fines de adelantar actividades y gestiones encaminadas a la recuperación de activos de la República y sus entes descentralizados consistentes en depósitos bancarios, cuentas por cobrar y otros productos financieros similares, en el extranjero, bajo un esquema de pago con base en ‘primas a éxito’ o ‘pago por resultados obtenidos’, es decir mediante el pago de honorarios estipulado con base en el monto total de activos  efectivamente recuperados”.

   En su aparte “a”, el referido artículo establece que dicha “prima de éxito” o “pago por resultados” obtenidos “en ningún caso, podrá ser superior al 9% del total recuperado” y agrega que “El monto dependerá de la complejidad del caso, los costos y riesgos asociados a la recuperación y tomando como base el tabulador de primas elaborado por el Poder Ejecutivo”.

Inventariar los bienes

  En tal sentido, el jefe de la fracción parlamentaria 16 de Julio considera que lo prudente habría sido, primero, primero hacer un inventario de los fondos que ya están a buen resguardo en extranjero, de modo que no entrarán a formar parte del objetivo de la ley, lo cual habría permitido un gran ahorro para la nación.

“No se nos hizo caso y se aprobó”, por lo que los bufetes de abogados que se contraten, los que se dedican a este negocio de caza rentas, procederán en primer lugar a cobrar estos fondos de los que ya se conoce su ubicación y están a buen resguardo gracias a decisiones judiciales, para recuperarlo y cobrar las primas con tan sólo realizar un mínimo trámite y de poca monta, para cobrar la comisión de la factura. “Eso no está bien”.

  Por otra parte, Omar González estima que cuando se haya recuperado la institucionalidad en Venezuela y se restaure el estado de derecho e impere la separación de poderes, debe procederse a una investigación “donde la fiscalía actúe como debe ser y los tribunales actúen como les corresponde”, para determinar las responsabilidades en caso de que se haya cometido algún delito en lo que al establecimientos de estos fondos se refiere, así como al manejo de los activos venezolanos en el extranjero. “Para eso se necesita que Venezuela vuelva a tener soberanía, que no la tiene en este momento. Venezuela es un país invadido por fuerzas extranjeras, por crimen organizado, por organismos paramilitares que se están distribuyendo el territorio. Para ese entonces, los responsables de todas estas irregularidades que se cometieron en estos 21 años se van a conocer. Yo creo que todo se va a saber”, advierte.

La deuda de CITGO

   Entre otras materias, Omar González, también hizo referencia a un nuevo endeudamiento de CITGO Petroleum Corporation por USD 1.125 millones aprobado por la Asamblea Nacional con el voto salvado de la fracción parlamentaria 16 de Julio.

   Al tiempo de destacar la importancia de CITGO como el activo más importante de Venezuela en el extranjero, recordó que esta empresa, como el resto de las propiedades estatales, “ha sido saqueada en los últimos 21 años” con la consecuencia de un país que “está padeciendo hambre, donde hay muerte y buena parte de esta tragedia se debe a la corrupción, el venezolano en estos momentos exige una administración más transparente sin la opacidad que ha caracterizado la gestión de los activos de Venezuela en los últimos 20 años”.

  Recordó que durante una de las reuniones que semanales entre la junta directiva de la AN y los jefes de las fracciones parlamentarias, el jefe de la. Bancada de Acción Democrática, Piero Maroun, comentó que CITGO había emitido unos bonos de la deuda pública por USD 750 millones, “también comentó que conocía que se estaban dando ayudas para combatir el Covid 19, a fundaciones y a organismos no gubernamentales, las cuales desconocíamos, su monto y criterios de selección”, lo cual les pareció un hecho sumamente grave.

  “De inmediato comenzamos una investigación para saber si la información era cierta y, efectivamente, pudimos conocer de manera extraoficial —porque los directivos de CITGO y de PDVSA que es la empresa matriz, todavía no nos han respondido un cuestionario que les enviamos—, que se habían emitido bonos de deuda con garantías colaterales de tres refinerías del conjunto de activos de CITGO. Recordemos que CITGO llegó a tener hasta 8 refinerías, actualmente tiene 4 refinerías. Llegó a tener más de 50 terminales de embarque y de almacenamientos; tres fábricas de lubricantes, es decir, es una empresa de dimensiones colosales para la economía de Venezuela, que surte de combustible a buena parte de la costa este de los Estados Unidos. Entonces nos parecía insólito que los accionistas de esta empresa que a final de cuentas somos los ciudadanos venezolanos, no conociéramos de este empréstito. Posteriormente pudimos conocer que no fue por USD 750 millones, sino que al final fue por USD 1.125 millones”.

  Refiere que, ante este hecho, procedieron a solicitar a Luis Torrealba, presidente de PDVSA ad hoc, responder una serie de interrogantes, tales como el criterio utilizado para endeudar de nuevo a CITGO, “cuando ya bastante teníamos con los Bonos 2020, con la empresa rusa Rosneft, con la cual habían puesto a CITGO de garantía. Entonces, qué criterios usaron para emitir estos bonos; qué agente financiero colocó estos bonos. Todas estas preguntas fueron parte de las interrogantes que le hicimos al presidente de la junta directiva ad hoc de PDVSA”.

  A tal solicitud, Torrealba no contestó sino de manera indirecta, cuando, le envió una carta al presidente de la Comisión de Energía y Petróleo, Elías Mata, “pero no se dignó a respondernos a nosotros, violando expresos compromisos constitucionales que nos dan la atribución para investigar, para controlar, para solicitar información”.

  Hace mención a que, posteriormente, se produjeron una serie de renuncias que les llamaron poderosamente la atención. “Comenzaron a renunciar miembros de la junta directiva de Petróleos de Venezuela S.A. ad hoc, igualmente renunciaron directivos de CITGO. Así fuimos investigando qué era lo que estaba sucediendo. Incluso supimos que una agencia gubernamental del Departamento de Justicia de EE. UU. había abierto una investigación a CITGO. Entonces, todas estas cosas nos llaman poderosamente la atención y estamos en este momento en ese proceso de investigación en la Fracción 16 de julio. En todo caso, en la última sesión que tuvimos, incluso, en la sesión de la designación de los directivos de PDVSA nosotros salvamos el voto razonadamente. Por cierto, se nombró un directivo que renunció a la semana. Luego en CITGO, nombraron a tres miembros y a un nuevo presidente. Todo esto es señal de que algo está pasando”.

Cuando ustedes entendieron que algo extraño estaba pasando en CITGO y en PDVSA ad hoc, ¿tuvieron, por ejemplo, oportunidad de conversar con el diputado Elías Mata o con el mismo presidente Guaidó quien preside la Asamblea Nacional?

— Bueno, en la reunión de las fracciones parlamentarias nosotros hicimos estas preguntas verbalmente. Preguntamos el por qué de la emisión de nueva deuda, la ausencia de mecanismos de control, la opacidad con que se ha manejado todo. Él mismo [Juan Guaidó] sugirió que le escribiéramos al presidente de PDVSA, quien seguramente iba a responder. Así hicimos, pero el presidente de PDVSA no nos respondió. La semana pasada cuando nos preguntaban por qué íbamos a salvar el voto, que por qué estábamos en desacuerdo, yo les dije al presidente que ni ellos ni el presidente de PDVSA había respondido a nuestras preguntas. Nos respondieron indirectamente a través de una comunicación dirigida a otro dirigente importante que recibió las respuestas, bueno, no todas, porque no todas las interrogantes fueron respondidas. Sólo tuvimos una respuesta indirecta. Estamos preparando un documento para hacérselo llegar. Ese documento se sustenta en todos los artículos de la Constitución Nacional y de la Ley de Administración Pública de Venezuela, que nos dan las facultades para controlar, para supervisar y para pedir una rendición de cuentas frente a lo que está sucediendo.

   Requerimos a Omar González acerca de la posición de su fracción parlamentaria respecto a aspectos claves de este nuevo endeudamiento, tales como la escogencia de la empresa que emitió la nueva deuda y los criterios que imperaron para ello; sobre la falta de explicaciones de CITGO sobre sus manejos y el hecho de que, a pesar de estar en una nueva administración, persisten las irregularidades y vicios que dominaron la gestión chavista de esta empresa. Incluso, le comentamos que funcionarios ligados a los chavistas Asdrúbal Chávez y Nelson Martínez, se mantienen en funciones, sin que se haya explicado. Citamos el caso del nombramiento de Carlos Jordá en la junta directiva en sustitución de Rick Esser, quien se mantiene en la vicepresidencia.

— Informaciones como las que usted comenta, también ha llegado a oídos de los miembros de la Fracción parlamentaria 16 de Julio. Recordemos que, de los últimos presidentes de esta empresa, seis están presos por delitos de corrupción. Sabemos que CITGO tiene en la actualidad unos 4 mil empleados, muchos de los cuales permanecen en sus cargos directivos, al frente de gerencias claves, como la de distribución, integrando la plantilla de ejecutivos fundamentales de la administración del chavismo. Muchos de esos 4 mil empleados son ciudadanos estadounidenses, otros son venezolanos, son corresponsables, o por lo menos están enterados de esta situación irregular, contratos con sobreprecios. Conocimos, por ejemplo, el caso de una persona que tenía 200 empresas registradas, entonces se presentaban muchos presupuestos a CITGO, pero todos provenían de la misma persona. De manera que hay en CITGO cosas que no se han aclarado y es necesario aclarar. Opacidad en el manejo de la selección del agente financiero, si hubo una licitación para hacer esta colocación de deuda por USD 1.125 millones, las tasas de rendimiento, los cupones que generan este endeudamiento.

    Refiere que sobre el endeudamiento se les dijo que se trataba de un refinanciamiento de algunas deudas que dejó la administración anterior, “una deuda, primero, de USD 614 millones que vence en el año 2021, pero de USD 614 millones a USD 1.125 millones, hay una buena diferencia que es necesario aclarar para qué se va a usar. Al principio dijeron que eran USD 750 millones y que iban a dejar USD 100 millones para gastos operativos, pero como hubo ofertas por USD 1.125 millones, endeudaron a CITGO por esa cantidad. Eso no es usual, nadie se endeuda porque el banco quiera prestar mucho dinero, se endeuda por un proyecto en específico. Nosotros queremos saber para qué se va a usar ese dinero. Por qué se endeuda a CITGO por esa cantidad superior a los compromisos que dicen que tenía la empresa para el año 2021. Esas son las interrogantes sanas, correctas, que deben ser despejadas y no tratar de mantener en la opacidad una negociación de este calibre”.

   Apunta que estas designaciones se llevaron a cabo sin informar debidamente a los diputados de la AN quiénes eran los postulados, cuáles criterios se tomaron en cuenta para su escogencia y cuál era el currículo y experiencia de los candidatos. “A la plenaria de diputados solamente se le informó que se procedería a la designación de nuevos miembros de la junta directiva ad hoc, unos minutos antes de iniciar la sesión. Sin conocer la hoja de vida, la experiencia, sin conocer ni siquiera los nombres. Entonces frente a este irrespetuoso tratamiento, la fracción 16 de Julio negó el voto, porque no estamos para dar un cheque en blanco a nadie, eso no es correcto, eso no es decente, eso no es lógico, y en consecuencia nuestro desacuerdo lo expresamos por escrito en documentos que estoy seguro que cuando en Venezuela se revisen los hechos como debe ser, la gente comprenderá nuestro proceder”.

 — ¿Tiene usted alguna idea de quién seleccionó a estas personas, así como de los anteriores miembros de las juntas directivas de PDVSA y de CITGO, de los cuales algunos renunciaron y otros que, aunque permanecieron, no prestaron ningún tipo de colaboración a las autoridades que los designaron?

— En verdad no lo sé, pero uno intuye que allí hubo, suena un poco duro lo que voy a decir, una especie de repartición de cargos. Esa es la impresión que tenemos muchos en la Asamblea Nacional. Es decir, que algunas fracciones o partidos políticos son como cuotas de responsabilidad. Es como lo que se estaba haciendo para nombrar el Consejo Nacional Electoral, donde en noviembre del año pasado se nombró una comisión para analizar las postulaciones de quienes iban a ser los rectores. La Constitución es muy clara, tiene que ser gente con probada honestidad, experiencia, sin militancia política, una serie de característica que el baremo lo da la propia Constitución, nos invitaron a formar parte de esa comisión, pero cuando nos dimos cuenta que estaban incorporando a ex-diputados del PSUV, dijimos que no perteneceríamos a ella. Después esa misma comisión dijo que se estaban repartiendo los cargos, dos rectores para el gobierno, dos rectores para la oposición, un rector neutral. ¿Qué es eso? Eso es violar la Constitución, eso es una repartición burocrática de la que la gente ya está harta y no acepta que se siga administrando de esa manera. Mucho menos acepta que esto suceda en empresas tan importantes, como en este caso, PDVSA y CITGO. Eso no es lo correcto, Así fue que se destruyó la industria petrolera, por entregarla a gente sin experiencia, sin probidad.

   Se niega a hacer señalamientos específicos de personas, porque sería irresponsable hacerlo sin tener elementos probatorios de esas afirmaciones. “Reitero que es una percepción que uno tiene frente a votaciones en plenos, pero sería irresponsable de mi parte hacer señalamientos de alguna persona en particular. Lo que sí es cierto es que dejó mucho que pensar que el presidente de PDVSA haya declarado que lo que se maneja en CITGO es secreto, eso no puede ser. Su argumento para no revelar algunas informaciones que el pueblo venezolano, repito, exige y necesita, de que es información secreta, no creo que haya sido una respuesta adecuada. En todo caso, nosotros vamos a insistir en que se conozca la verdad de las cosas. Aquí ha habido sustituciones, no sabemos por qué renuncian, por qué se van, ni por qué entran. Como le digo, en PDVSA se rompió un récord, uno de los miembros de la junta directiva que se designó hace 15 días, un ingeniero de apellido Vílchez, apenas duró una semana en el cargo y a la siguiente semana, tampoco lo votamos, pero tuvieron que elegir a otro. Eso no puede ser, eso se tiene que acabar, la gente está exigiendo un cambio en la administración de las empresas del estado”.

Alerta sobre Fundación Simón Bolívar

  Finalmente, Omar González fue consultado con relación al manejo de la Fundación “Simón Bolívar” de CITGO, cuyos lineamientos fueron cambiados por el chavismo y actualmente opera sin control.

— Ahora nos han informado que a raíz de la pandemia del Covid 19 se ha entregado a varias ONG muchísimo dinero para atender a venezolanos de la diáspora, pero nadie sabe cómo se seleccionan esas ONG, cómo se entrega el dinero, cuáles son los programas y proyectos, etc.  Dicen que no hay transparencia en el manejo de estos recursos. ¿Cómo se le pone el cascabel al gato en este caso?

— Bueno, esa fue una de las preguntas que le hicimos a la junta directivas y que no nos contestó, porque también de manera extraoficial hemos conocido de donaciones a ONG que, por lo menos, el pleno de la Asamblea Nacional no conoce. Estamos solicitando este tipo de información, creo que es lo mas sano, porque, repito, la gente está demandando transparencia, pero no sabemos, ni cantidades, ni ninguna información al respecto. Es lo que puedo decir, porque no nos fueron respondidas las preguntas. Sabemos, por ejemplo, algunos diputados se han enterado, de pacientes que en clínicas del oriente del país han sido operados y las cuentas se le cargan a CITGO. No estamos en desacuerdo con las ayudas sociales que son importantes y a veces vitales, pero esto debe tener algún control. Incluso, hay bufetes de abogados que estuvieron relacionados con las administraciones de presidentes que se encuentran presos por corrupción y siguen operando y asesorando a CITGO. Estos mismos abogados han intervenido en casos como el de los sobrinos de la esposa de Nicolás Maduro. Esas son las versiones que nos llegan desde Estados Unidos. Ahora, ¿esto es cierto? No lo sé. Estas son respuestas que debe dar la junta directiva.