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miércoles, 11 de mayo de 2022

El Tigre Bonilla, exjefe de la Policía Nacional de Honduras fue presentado ante un juez en NY, el acusado se declarará no culpable de delitos de narcotráfico

   El tribunal le asignó un abogado público. La próxima audiencia será el 10 de junio de 2022.

Por Maibort Petit

   El exjefe de la Policía Nacional de Honduras, Juan Carlos Bonilla Valladares, alias "El Tigre" fue presentado este miércoles ante un juez de Nueva York para la lectura de cargos en una acusación federal en su contra que lo señala de haber abusado de su cargo oficial para proteger cargamentos de cocaína y asesinar a un narcotraficante rival como parte de una conspiración que involucra a políticos hondureños de alto rango y miembros de las instituciones de aplicación de la ley. 

   Bonillas Valladares fue extraditado de Honduras a Estados Unidos el martes 10 de mayo, llegó al aeropuerto de White Plane en las cercanías de la ciudad de Nueva York a las 8:40 PM en un vuelo del Departamento de Justicia de Estados Unidos. El exjefe de Policía hondureño fue trasladado al Centro Metropolitanos de Detención de Brooklyn (MDC) donde estará hasta que concluya su proceso.

   El expolicía fue presentado hoy ante la juez federal Katharine H. Parker para la audiencia de arraigo. En el marco de la audiencia se le asignó un abogado público, luego que el acusado firmó un declaración jurada de incapacidad financiera para pagar su propia defensa.

    En el marco de la audiencia, la magistrada Parker le dijo a Bonilla que tenía derecho a la asistencia de los representantes diplomáticos de su país. La próxima audiencia de Bonilla será el 10 de junio de 2022.

  Damian Williams, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y Anne Milgram, Administradora de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), anunciaron hoy en un comunicado la extradición de Bonilla Valladares, alias "El Tigre”, por cargos de conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas que involucran el uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. 

   Williams dijo: “En lugar de usar su posición de alto poder como Jefe de la Policía de Honduras para combatir el narcotráfico, Juan Carlos Bonilla Valladares, alias 'El Tigre', explotó corruptamente su posición para proteger y ayudar a los organizaciones narcotraficantes que estaba obligado a desbaratar. Con su apoyo y protección, los asociados de Bonilla Valladares se convirtieron en un conducto crítico para el tráfico de drogas de Centroamérica a los Estados Unidos:. 

    El fiscal aseguró que la extradición  de Bonilla Valladares demuestra que nadie está exento "en virtud de su título o posición de autoridad, incluso los presidentes y jefes de policía extranjeros, de un proceso penal por contribuir a la avalancha de narcóticos ilegales en este país que causa tanto daño”.

En un comunicado de prensa de la fiscalía, la administradora de la DEA, Anne Milgram, aseguró que “El expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández no habría llegado al poder y no se habría beneficiado con éxito de las ganancias masivas de las drogas si no hubiera sido por su amplia red de asociados corruptos. Estos asociados, incluido Bonilla Valladares, también explotaron sus posiciones para traficar cocaína a los Estados Unidos y proteger violentamente a otros traficantes de drogas con conexiones políticas, todo para su propio beneficio personal". 

   Milgram afirmó que Bonilla Valladares "traicionó aún más al pueblo hondureño al usar su placa de policía para encubrir sus crímenes". 

  Agregó que "la extradición de Bonilla Valladares demuestra una vez más al mundo que los funcionarios corruptos no pueden esconderse detrás de sus cargos". 

  "La DEA, en coordinación con nuestros socios estadounidenses e internacionales, no se detendrá ante nada para llevar ante la justicia a cualquiera que amenace la seguridad y la salud de los estadounidenses”, dijo la jefe de la Unidad en Nueva York.


Según las alegaciones contenidas en la Demanda contra BONILLA VALLADARES, las pruebas presentadas en el juicio de octubre de 2019 de Juan Antonio Hernández Alvarado (“Hernández Alvarado”) en el Distrito Sur de Nueva York, y las declaraciones en audiencia pública durante el enjuiciamiento de Hernández Alvarado[ 1]:

Los cargos

  Según la acusación federal, aproximadamente entre 2003 y 2020, múltiples organizaciones de narcotraficantes en Honduras y en otros lugares trabajaron juntas, y con el apoyo de ciertas personas públicas y privadas, incluidos políticos hondureños y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, para recibir cargas de varias toneladas de cocaína enviadas desde Honduras a Estados Unidos.

   El documento de la corte dice que la cocaína venía entre otros lugares, de Colombia y Venezuela a través de rutas aéreas y marítimas. Los narcotraficantes con la ayuda de políticos y policías,  transportaban la droga desde el oeste en Honduras hacia la frontera con Guatemala y eventualmente a los Estados Unidos. 

  "Para protegerse de la interferencia de las fuerzas del orden y para facilitar el paso seguro a través de Honduras de cargamentos de varias toneladas de cocaína, los narcotraficantes pagaron sobornos a funcionarios públicos, incluidos ciertos presidentes, miembros del Congreso Nacional de Honduras y personal del Gobierno hondureño, de la Policía Nacional, incluido Bonilla Valladares".

   La demanda dice que Bonilla Valladares fue miembro de la Policía Nacional de Honduras entre aproximadamente 1998 y aproximadamente 2016. Durante su mandato, ocupó cargos de alto rango, incluido el de Jefe de Policía Regional con autoridad sobre ubicaciones en el occidente de Honduras que eran estratégicamente importantes para los narcotraficantes, y Jefe de Policía la Policía Nacional de Honduras para todo Honduras entre aproximadamente 2012 y aproximadamente 2013. 

  Asegura la acusación que Bonilla Valladares explotó de manera corrupta estos cargos oficiales para facilitar el tráfico de cocaína y usó la violencia, incluido el asesinato, para proteger a la célula particular de narcotraficantes políticamente conectados con los que se alineaba, incluidos ex el congresista hondureño Tony Hernández Alvarado y el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, a quien se hace referencia en la Demanda acusando a Bonilla Valladares como “CC-4”.

  Agrega que "a cambio de sobornos pagados con ganancias de drogas, Bonilla Valladares ordenó a miembros de la Policía Nacional de Honduras, que estaban armados con ametralladoras, que dejaran pasar cargamentos de cocaína a través de retenes policiales sin ser inspeccionados ni incautados. 

  Igualmente sostienen los fiscales que Bonilla Valladares, en coordinación con Hernández Alvarado y otros, también proporcionó a los miembros de su conspiración información confidencial de las fuerzas del orden público para facilitar los envíos de cocaína, incluyendo información sobre operaciones de interdicción aérea y marítima.

  Alrededor de 2010, Tony Hernández Alvarado le dijo a un testigo colaborador (CW-1) que los hermanos Hernández Alvarado ayudaron a Bonilla Valladares a avanzar en su posición dentro de la Policía Nacional de Honduras, y que alias El Tigre, protegió sus actividades de tráfico de drogas a cambio de sus privilegios. 

  Hernández Alvarado también le dijo a CW-1 que Bonilla Valladares era un hombre muy violento, y que los Hernández Alvarado le confiaron a Bonilla tareas especiales, incluido el asesinato. 

 Por ejemplo, en o alrededor de julio de 2011, Bonilla Valladares participó en el asesinato de un narcotraficante rival a pedido de Hernández Alvarado y otros porque el traficante rival había intentado evitar que Hernández Alvarado y otros miembros de la conspiración transportaran cocaína a través de una región del occidente de Honduras cerca de la frontera con Guatemala.

  El acusado ha negado todos los cargos y ha señalado que irá a juicio en Nueva York para demostrar que las acusaciones de los fiscales están basadas en los testimonios de narcotraficantes que fueron supuestamente perseguidos y arrestados por el mismo Bonilla.

   La Demanda acusa a Bonilla Valladares, de 62 años, de los siguientes cargos: 

(1) conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, 

(2) usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover, la conspiración de importación de cocaína; y 

(3) conspirar para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína. 

 Si es declarado culpable, Bonilla Valladares enfrenta una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua por el primer cargo, una sentencia mínima obligatoria de 30 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua por el segundo cargo, y una término máximo de cadena perpetua en el Cargo Tres.

  La fiscalía informó que el enjuiciamiento de Bonilla Valladares es parte de una operación de las Fuerzas de Tareas de Control de Drogas contra el Crimen Organizado (OCDETF). OCDETF identifica, interrumpe y desmantela las organizaciones criminales de más alto nivel que amenazan a los Estados Unidos utilizando un enfoque de múltiples agencias dirigido por fiscales e impulsado por inteligencia. 

  Este caso está a cargo de la Unidad de Seguridad Nacional y Narcóticos Internacionales de la Fiscalía y la representación del gobierno está en manos de los fiscales federales adjuntos Jacob H. Gutwillig, Michael D. Lockard, Jason A. Richman y Elinor L. Tarlow.

miércoles, 17 de marzo de 2021

La defensa de Geovanny Fuentes Ramírez no pudo evitar que la fiscalía presentara evidencias que involucran al presidente de Honduras en un caso de narcotráfico

   El abogado del Geovanny Fuentes Ramírez trató de evitar que el gobierno presentará pruebas en el juicio que lleva 7 días. que comprometan, aún más, a su defendido.

Por Maibort Petit

  La defensa de Geovanny Fuentes Ramírez hizo todo lo posible para que la fiscalía no presentará una serie de evidencias en el juicio que se le sigue en la Corte del Distrito Sur de Nueva York y en el que, hasta la fecha, dos testigos aseguraron que el actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, mantuvo encuentros con el narcotraficante.
   El ex-contador de la empresa arrocera Graneros Nacional de Honduras, que ahora actúa como testigo protegido y que, durante el proceso, aparece identificado con el nombre ficticio de “José Sánchez”, aseguró que vio y estuvo presente cuando el mandatario centroamericano cobrara sobornos mensuales por un monto de unos USD 10 mil, equivalentes a la moneda local de 250 mil lempiras.

  Precisó el testigo que las conversaciones entre Geovanny Fuentes Ramírez y Juan Orlando Hernández, giraban en torno a operaciones con drogas y la protección de los cargamentos de cocaína. En pocas palabras, en el juicio habría salido a relucir que el presidente hondureño supuestamente cobraba sobornos por permitir el narcotráfico en el territorio del país bajo su jurisdicción.

   Pero esta no sería la única alusión que Hernández se hace en este proceso, pues en la acusación contra Fuentes Ramírez, se hace mención al mandatario centroamericano como co-conspirador 04[1]. También Devis Leonel Rivera Maradiaga, exlíder del cártel 'Los Cachiros', aseguró que el presidente recibía los cargamentos sin que la DEA se enterara[2].

Juez ordena entrega de pruebas

   El 3 de marzo de 2021, el juez del Distrito Sur de Nueva York, P. Kevin Castel, ordenó que la fiscalía entregara de inmediato, en caso de no haberlo hecho, todas las comunicaciones, incluidos textos, correos electrónicos, fotos, grabaciones de voz o video, a la defensa de Geovanny Fuentes Ramírez. Esto en alusión a la carta del gobierno remitida el 2 de marzo de 2021 y/o la carta de la defensa del 3 de marzo de 2021.

  Igualmente, el magistrado determinó la fiscalía debía proporcionar a la defensa cualquier traducción del material, sea o no completa u oficial y, asimismo, identificar a la defensa y al Tribunal todo aquello que pretenda presentar como prueba en el juicio.

   El tribunal autorizó a la defensa a contratar los servicios de hasta cuatro intérpretes de español para escuchar, transcribir y traducir el material entregado por el gobierno, a una tasa que no exceda los USD 105 por hora.

  El juez reiteró en su decisión que el juicio contra Fuentes Ramírez, seguía sigue programado para el 8 de marzo de 2021.

Fiscalía responde al juez

  El 4 de marzo de 2021, la fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Audrey Strauss, le remitió una comunicación al juez P. Kevin Castel, en respuesta a la orden emitida por el magistrado de entregar a la defensa de Geovanny Fuentes Ramírez, el material que vaya a ser usado como evidencia durante el juicio de este último.

   La fiscalía le acotó al tribunal que el Material al que se hace referencia en la carta del gobierno del 2 de marzo de 2021, relacionado con registros relacionados con una cuenta de iCloud y una cuenta de Instagram, había sido presentado al abogado defensor de Fuentes Ramírez antes de la presentación de dicha carta, incluidos los anexos propuestos y traducciones.

  Del mismo modo, Audrey Strauss le refirió al juez Castel, que la fiscalía produjo en la misma fecha de la comunicación (4-3-2021), borradores de traducciones de un número limitado de chats y una imagen de la cuenta de iCloud que no introduciría en el juicio, con lo que se completaba la producción de traducciones relacionadas con la citada cuenta (o cualquier otro material).

  Reiteró lo señalado en carta del 3 de marzo, de que el gobierno no ofrecía ninguno de los materiales mencionados en la carta del abogado defensor del 3 de marzo, consistente en correos electrónicos de la prisión y llamadas del acusado.

   Finalizó informando al juez que ese día también entregarían copias de todas las evidencias propuestas por el gobierno.

Gobierno pidió rechazar pedido de la defensa

  En la misma fecha, 4 de marzo de 2021, la fiscal Audrey Strauss le solicitó al juez P. Kevin Castel, rechazar el pedido de la defensa de Geovanny Fuente Ramírez de excluir del juicio el testimonio del Testigo-2.

   Para sustentar su solicitud, la fiscalía esgrimió, en primer término, que la defensa disponía de tiempo suficiente para prepararse para el testimonio del referido Testigo-2. Esto en virtud de que el material de 3500 de Testigo-2, que el gobierno estaba produciendo en esa misma fecha (4-3-2021) constaba apenas de 12 páginas de notas informativas, además de que los temas de su testimonio, como se describía en la carta sellada, eran limitados. Del mismo modo, precisó que la intención de la fiscalía era llamar al Testigo-2 cerca del final del caso, por lo que el abogado defensor tendría tiempo adicional para prepararse.

  En segundo lugar, la fiscal Strauss le manifestó al juez Castel que, incluso antes de la presentación de ese día, el acusado y su abogado conocían al Testigo-2 y, por lo tanto, no se trataba de un "testigo civil previamente no revelado".

   Recordó el gobierno que los días 21 y 26 de enero de 2021, presentaron notas de un interrogatorio de Javier Rivera Maradiaga en el que se discutió sobre el Testigo-2, incluidas algunas áreas de su potencial testimonio. Posteriormente a esto, la defensa solicitó comunicaciones que involucraban, entre otros, al Testigo-2, y el Gobierno presentó esas comunicaciones tan pronto como las obtuvo el 1 de febrero de 2021. Además, subrayó la fiscal, el acusado conoce personalmente al Testigo-2 desde hace años.

   En tercer lugar, la fiscalía advirtió que sus divulgaciones no fueron "tardías”, pues el Tribunal no fijó una fecha límite para la producción del material 3500. No obstante, recordó que el gobierno comenzó a producir el material 3500 para otros testigos en noviembre de 2020 y produjo sustancialmente todo el material para testigos de juicio a principios de enero de 2021. “La producción de 12 páginas adicionales de notas para un testigo adicional días antes del juicio y más de una semana antes de que el testigo testifique no es una base para la exclusión o el aplazamiento”.

Tribunal advierte que no está permitido grabar el juicio

  El 12 de marzo de 2021, el juez P. Kevin Castel, ordenó, sujeto al castigo por desacato al tribunal, que no se realizara ninguna grabación de audio o video o la difusión de una grabación de ninguna parte del juicio contra Geovanny Fuentes Ramírez.

  En tal sentido, el magistrado recordó que la Regla Civil Local 1.8 establece que “nadie más que los funcionarios de la Corte involucrados en la conducción de asuntos de la Corte lo hará (…) (b) hacer una grabación de audio o video de cualquier procedimiento o cualquier comunicación con el Tribunal, empleado del Tribunal o cualquier persona que actúe bajo la dirección del Tribunal (…)".

   Del mismo modo, el juez determinó que el público que desee ver el juicio contra Geovanny Fuentes Ramírez puede asistir a la sala de audiencias 23B y si esta estuviere llena, puede presenciarlo en la sala de audiencias 11D. De estar esta última también llena, se debe dar aviso a la Corte, a objeto de que se habilite una segunda sala adicional.

 Finalizó recordando que no se pueden establecer comunicaciones telefónicas en la corte.
















[1] Venezuela Política. “El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández fue nombrado en la apertura del juicio del narcotráfico Geovanny Fuentes Ramírez en NYC”. 9 de marzo de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/03/el-presidente-de-honduras-juan-orlando.html



[2] Venezuela Política. “Testigo de la fiscalía asegura que vio reuniones entre narcotraficantes y el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández”. 16 de marzo de 2021. https://www.maibortpetit.info/search/label/Geovanny%20Fuentes%20Ram%C3%ADrez



martes, 16 de marzo de 2021

Testigo de la fiscalía asegura que vio reuniones entre narcotraficantes y el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández

Por Maibort Petit

  Un contador que trabajó para la empresa arrocera Graneros Nacional de Honduras aseguró ante un jurado de Nueva York que vio y estuvo presente en reuniones en las que se encontraba el acusado de delitos de narcotráfico, Geovanny Fuentes Ramírez, y el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, que cobrara sobornos mensuales por un monto de unos 10 mil dólares o 250 mil lempiras.

   El testigo, que usó el nombre ficticio de José Sánchez testificó ante la justicia de Estados Unidos luego de escapar de Honduras alegando que su vida estaba en peligro debido al conocimientos de hechos que involucraban al actual mandatario de Honduras.

  El contador afirmó que presenció dos reuniones entre el presidente del país centroamericano, Juan Orlando Hernández, y un supuesto narcotraficante  Fuentes Ramírez quien le pagó sobornos al jefe de Estado. 

  El testigo dijo que en los encuentros entre el presidente Juan Orlando Hernández y el acusado Fuentes Rincón se habló de negociaciones de drogas, incluyendo la protección de los cargamentos de cocaína y la recepción de los envíos en el país centroamericano. 

 Geovanny Fuentes Ramírez está acusado por el gobierno de los Estados Unidos de haber traficado toneladas de cocaína desde Honduras a Norteamérica.  

  De acuerdo al testimonio, el acusado le habría dado dinero al mandatario en varias oportunidades. Sostuvo que mensualmente, el mandatario, que para la época era candidato a la presidencia por el año 2013, iba a la oficina principal de Graneros Nacionales para recoger el dinero, y que solía llevar dólares para que la empresa se los cambiara en lempiras y así blanquear el dinero proveniente de la venta de las drogas.

  Durante su testimonio, Sánchez informó al jurado que huyó de Honduras en 2015. Trabajó por 15 años como contador de Graneros Nacionales. Aseguró que la empresa de arroz servía para blanquear dinero proveniente del proveniente del narcotráfico. 

  El presidente Juan Orlando Hernández aparece en la acusación contra Geovanny Fuentes Ramírez, como co-conspirador- 04. Según los fiscales del distrito sur de Nueva York hicieron mención del nombre del mandatario en repetidas ocasiones, durante el interrogatorio de Sánchez, así como también durante la testificación de Devis Leonel Rivera Maradiaga, ex líder del cartel 'Los Cachiros', quien aseguró el el presidente recibía los cargamentos sin que la agencia antidrogas estadunidense (DEA) se enterara. 

  Rivera Maradiaga se entregó a las autoridades estadounidenses en 2015. Tenía dos años colaborando con la DEA como agente encubierto y las evidencias aportadas fueron usadas en el caso del hermano del actual presidente, Tony Hernández, juzgado en Nueva York por delitos de narcotráfico y a la espera de sentencia prevista para el 23 de marzo de 2021. 

  El acusado, Fuentes Ramírez fue arrestado en Miami en 2020 y en su caso realza la figura de Juan Orlando Hernández como acusado. El mandatario ha negado repetidamente las acusaciones y ha dicho que es objeto de una campaña en su contra creada por narcotraficantes que se vieron perjudicados por su política de lucha contra las drogas. Por ahora el mandatario no ha sido acusado formalmente.

  Según los fiscales federales, Hernández aceptó sobornos por parte de narcotraficantes como Rivera Maradiaga y Fuentes Ramírez para financiar su campaña electoral a la presidencia.  

  Los sobornos habrían sido pagados a cambio de permitir el tráfico de drogas en Honduras y proteger a los narcos del arresto y la extradición. 


jueves, 30 de abril de 2020

EE. UU. acusa al ex jefe de la Policía Nacional de Honduras por narcotráfico, en un caso donde está involucrado el presidente de ese país, Juan Orlando Hernández

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  El gobierno de los Estados Unidos acusó al ex jefe de la Policía Nacional hondureña, Juan Carlos Bonilla Valladares, de haber abusado de su posición oficial para proteger los envíos de cocaína y de presuntamente asesinar a un narcotraficante rival como parte de una conspiración que involucra al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado y a su hermano Tony Hernández (convicto por delitos de narcotráfico) y miembros de la policía nacional de ese país.
   El fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Geoffrey S. Berman informó en un comunicado que Juan Carlos Bonilla Valladares, alias "El Tigre" fue acusado en la corte federal de Manhattan de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, y delitos relacionados con armas relacionadas con el uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

    Berman hizo el anuncio en conjunto con Wendy Woolcock, Agente Especial a cargo de la División de Operaciones Especiales de los Estados Unidos. Drug Enforcement Administration (DEA).

     Bonilla Valladares abusó de sus cargos en la policía hondureña para ignorar la ley y desempeñar un papel clave en una violenta conspiración internacional de narcotráfico donde está involucrado el ex congresista hondureño convicto Tony Hernández y su hermano el presidente de ese país, Juan Orlando Hernández. 
   La acusación sostiene que "Bonilla Valladares supervisó el transbordo de cargas de cocaína de varias toneladas con destino a los Estados Unidos, utilizó ametralladoras y otras armas para lograrlo, y participó en violencia extrema, incluido el asesinato de un traficante rival, para promover la conspiración. Ahora Bonilla Valladares ha sido marcado como un forajido y acusado de delitos que podrían enviarlo a Estados Unidos. prisión de por vida".

    En el comunicado de la Fiscalía, el agente especial a cargo de la DEA, Wendy Woolcock declara que “Juan Carlos Bonilla-Valladares supuestamente usó su posición de alto rango para influir en aquellos que trabajaban para él y "proteger violentamente a los narcotraficantes políticamente conectados que contrabandeaban cocaína con destino a los Estados Unidos". 

   La acusación alega, Bonilla Valladares violó flagrante y horriblemente el juramento hecho por expolicía para proteger a los ciudadanos de Honduras. 

  "La presentación de estos cargos es otra acción positiva tomada por los Estados Unidos para llevar a los funcionarios corruptos ante la justicia", dice la comunicación.

  Según la demanda la evidencia contra Bonilla Valladares fue presentada en el juicio de Juan Antonio Hernández Alvarado que se realizó en el Distrito Sur de Nueva York en octubre de 2019, y las declaraciones en audiencia pública durante el enjuiciamiento de Hernández Alvarado.
  Entre aproximadamente 2003 y 2020, varias organizaciones de narcotráfico en Honduras y en otros lugares trabajaron juntas y con el apoyo de ciertos individuos prominentes, públicos y privados, incluidos políticos hondureños y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, para recibir cargas de cocaína de varias toneladas enviadas a Honduras desde, entre otros lugares, Colombia y Venezuela a través de rutas aéreas y marítimas, y para transportar las drogas desde el oeste en Honduras hacia la frontera con Guatemala y, eventualmente,  a los Estados Unidos.

   Para protegerse de la interferencia de las fuerzas del orden público y para facilitar el paso seguro de la carga de varias toneladas de cocaína a través de Honduras, los narcotraficantes pagaron sobornos a funcionarios públicos, incluidos ciertos presidentes de la República, miembros del Congreso Nacional de Honduras y otros funcionarios de Honduras. Policía Nacional, incluyendo Bonilla Valladares. 

   Refiere que, después de un juicio en octubre de 2019 en el Distrito Sur de Nueva York, el ex congresista hondureño Juan Antonio Hernández Alvarado fue condenado por cargos de tráfico de drogas, armas y declaraciones falsas relacionadas con su papel en la conspiración descrita en los cargos contra Bonilla Valladares.

  Hernández Alvarado será sentenciado por el juez P. Kevin Castel el 29 de junio de 2020.

  Bonilla Valladares fue miembro de la Policía Nacional de Honduras entre aproximadamente 1985 y aproximadamente 2016. Durante su mandato, ocupó cargos de alto rango, incluido el Jefe de Policía Regional con autoridad en el oeste de Honduras, que eran ubicaciones estratégicamente importantes para los narcotraficantes. También fue Jefe de la Policía Nacional de Honduras para todo país entre 2012 y 2013. 

   La acusación dice que Bonilla Valladares explotó corruptamente las posiciones oficiales que ocupó para facilitar el tráfico de cocaína, usó la violencia, incluido el asesinato, para proteger una célula de narcotraficantes políticamente conectados a quienes se alineó, entre los narcos se menciona a Tony Hernández Alvarado, a  su hermano[Juan Orlando Hernández Alvarado], ex congresista hondureño y actual presidente de Honduras al que se hace referencia en la demanda contra Bonilla Valladares como "CC-4". 

  A cambio de los sobornos pagados con dinero proveniente de la droga, Bonilla Valladares ordenó a los miembros de la Policía Nacional de Honduras, que estaban armados con ametralladoras, que permitieran que los envíos de cocaína pasaran por los puestos de control de la policía sin ser inspeccionados o incautados. Bonilla Valladares, en coordinación con Hernández Alvarado y otros, también proporcionó a los miembros de su conspiración información confidencial de las fuerzas del orden para facilitar el tráfico de cocaína.