Mostrando entradas con la etiqueta Juan Antonio Hernández Alvarado narcotráfico. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Juan Antonio Hernández Alvarado narcotráfico. Mostrar todas las entradas

martes, 30 de marzo de 2021

EE. UU. condenó a cadena perpetua al hermano del presidente de Honduras por delitos de narcotráfico

  Juan Antonio 'Tony' Hernández fue sentenciado en un tribunal federal de Manhattan y se le ordenó el decomiso de 138 millones de dólares.

Por Maibort Petit

   Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue condenado por  la Corte del Distrito Sur de Nueva York a cadena perpetua, tras ser sentenciado por lo que los fiscales describieron como “tráfico de drogas patrocinado por el estado”. 

  El juez Kevin Castel,  también le ordenó sentencia de dinero de 138,5 millones de dólares por distribuir 185 toneladas de cocaína,  y armas de fuego relacionadas y delitos de declaraciones falsas

  Hernández fue hallado culpable por un jurado en octubre de 2019 por cargos que conllevaban una sentencia mínima obligatoria de 40 años de prisión.

  El fiscal federal adjunto Matthew Laroche le dijo al juez que Hernández durante 15 años alimentó una avalancha de envíos de cocaína a los Estados Unidos al pagar millones de dólares a altos funcionarios hondureños como su hermano, el presidente de la República.

  Hernández participó en la importación de al menos 185.000 kilogramos de cocaína; pagó millones de dólares en sobornos a funcionarios hondureños; Seguridad fuertemente armada, incluidos miembros de la Policía Nacional y Militar de Honduras.

  La fiscal federal de Manhattan, Audrey Strauss, dijo que “El excongresista hondureño Juan Antonio Hernández Alvarado estuvo involucrado en todas las etapas del tráfico a través de Honduras de cargas de varias toneladas de cocaína destinadas a los Estados Unidos, seguridad para los envíos de cocaína, y negoció grandes sobornos de los principales narcotraficantes a poderosas figuras políticas, incluidos los presidentes anteriores y actuales de Honduras. Hernández fue cómplice de al menos dos asesinatos. Hoy Tony Hernández fue sentenciado con razón a cadena perpetua ”.

   Por su parte, el agente especial del FBI que estuvo a cargo del caso, Wendy C. Woolcock sostuvo que “Explotar una posición de alto rango en el gobierno para ejercer el poder del estado para apoyar el tráfico de drogas es tan nefasto como parece. La condena y sentencia de Tony Hernández es un recordatorio de que no existe una posición lo suficientemente poderosa como para protegerse de enfrentar a la justicia cuando violas las leyes de drogas de Estados Unidos al enviar toneladas de cocaína a nuestro país. Tan importante como es esta convicción para el pueblo de los Estados Unidos, también es importante para los ciudadanos de Honduras a quienes Hernández intencionalmente puso en peligro para su propio beneficio personal. La sentencia de hoy es una victoria para el estado de derecho y estamos agradecidos a nuestros socios federales e internacionales que lo hicieron posible ".

   El fiscal Laroche sostuvo ante el juez que “Tony Hernández" conspiró con su hermano, el presidente de Honduras. Provocó brutales actos de violencia. Canalizó el dinero de la droga hacia campañas del Partido Nacional a cambio de promesas de protección ... esto es tráfico de drogas patrocinado por el estado”.

  El abogado de Hernández, Peter Brill, había abogado por la indulgencia, diciendo que Estados Unidos debería centrar los esfuerzos contra el tráfico de drogas en el apetito voraz de sus ciudadanos por las drogas.

  En los documentos judiciales, los fiscales habían abogado por una cadena perpetua, citando los antecedentes penales de Tony Hernández.

  Su hermano se desempeñó como líder del Congreso de Honduras antes de asumir la presidencia en enero de 2014.

  “El acusado era un congresista hondureño que, junto con su hermano Juan Orlando Hernández, desempeñó un papel de liderazgo en una violenta conspiración de tráfico de drogas patrocinada por el estado”, escribieron los fiscales en documentos judiciales.

  “Durante un período de 15 años, el acusado corrompió las instituciones democráticas de Honduras para enriquecerse transportando al menos 185.000 kg de cocaína, una cantidad asombrosa de veneno que ayudó a importar a Estados Unidos”, escribieron los fiscales. Dicen que también vendió ametralladoras y municiones a narcotraficantes, algunos de los cuales provenían del ejército de Honduras, y de laboratorios de drogas controlados en Colombia y Honduras.

  "Entre 2004 y 2019, el acusado consiguió y distribuyó millones de dólares en sobornos derivados de las drogas a [su hermano] Juan Orlando Hernández, el ex presidente hondureño Porfirio Lobo Sosa y otros políticos asociados con el Partido Nacional de Honduras", dijeron los fiscales.

   Alegaron que entre esos sobornos había un millón de dólares del notorio capo mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán a Juan Orlando Hernández.

  Juan Orlando Hernández ha negado en repetidas ocasiones cualquier vínculo con narcotraficantes, al igual que Lobo, cuyo hijo actualmente cumple una condena de 24 años por narcotráfico en Estados Unidos.

  En la corte el martes, Tony Hernández se veía pálido y abatido. Cuando se le dio al acusado la oportunidad de hablar, trató de convencer al juez de que se le había negado un juicio justo debido a un equipo de defensa inadecuado que apenas respondió a sus correos electrónicos.

“Siento que me han mentido”, dijo a través de un traductor.

El caso

  Como se refleja en la acusación sustitutiva, otras presentaciones en la corte federal de Manhattan, la evidencia en el juicio y declaraciones hechas en procedimientos judiciales señalan lo siguiente:

1) Hernández jugó un papel de liderazgo en una violenta conspiración de narcotráfico patrocinada por el estado. Durante un período de 15 años, Hernández  fabricó y distribuyó al menos 185.000 kilogramos de cocaína que se importó a Estados Unidos. 

2) Hernández estaba al mando de miembros fuertemente armados del ejército hondureño y de la Policía Nacional de Honduras; vendió ametralladoras y municiones a narcotraficantes, algunas de las cuales obtuvo del ejército hondureño; controló laboratorios de cocaína en Colombia y Honduras; aseguró millones de dólares en ingresos provenientes de la droga para las campañas del Partido Nacional de Honduras en relación con las elecciones presidenciales de 2009, 2013 y 2017; y ayudó a causar al menos dos asesinatos.

3)  Hernández ganó al menos $ 138.5 millones a través de sus actividades de tráfico de drogas, dinero que se le ordenó perder en relación con la sentencia dictada por el juez Castel.

Conducta del narcotráfico de Hernández

   Según la fiscalía, la carrera de narcotraficante de Hernández comenzó alrededor de 2004 cuando comenzó a brindar información confidencial sobre las fuerzas del orden y el ejército a los principales narcotraficantes hondureños Víctor Hugo Díaz Morales, alias "El Rojo", y Héctor Emilio Fernández Rosa, alias "Don H.” 

   Los fiscales sostienen que Hernández  proporcionó a Víctor Hugo Díaz Morales información sobre, entre otras cosas, las operaciones de la Armada de Honduras; los esfuerzos de los Estados Unidos para capacitar a los pilotos de la Fuerza Aérea Hondureña para que vuelen de noche para realizar operaciones antinarcóticos; capacidades de radar militar para que los envíos de aviones de cocaína pudieran evitar ser detectados; y esfuerzos de interdicción por parte de algunos oficiales de la Policía Nacional de Honduras. A lo largo de su relación, Hernández ayudó a Fernández Rosa y Díaz Morales a distribuir aproximadamente 140.000 kilogramos de cocaína.

   Para 2008, el narcotráfico de Hernández se había expandido y también estaba fabricando su propia cocaína en un laboratorio que controlaba cerca de El Aceitico, Colombia. Hernández les dijo a sus co-conspiradores que parte de la cocaína fabricada en su laboratorio estaba sellada con sus iniciales “TH” y una fotografía de un kilogramo de cocaína sellada con “TH” fue interceptada durante el curso de la investigación. Hernández suministró a sus co-conspiradores toneladas de cocaína que se producía en su laboratorio.

  A partir de 2008, Hernández se asoció con Amilcar Alexander Ardon Soriano, ex narcotraficante y alcalde hondureño, bajo la protección de miembros de la dirección del Partido Nacional. El testimonio en el juicio estableció que Hernández y Ardon Soriano obtuvieron protección contra la investigación, el arresto y la extradición a través de sobornos masivos pagados a políticos de alto rango, incluidos, entre otros, Porfirio “Pepe” Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández. 

  En relación con las elecciones nacionales de 2009, los sobornos contra el tráfico de drogas pagados a cambio de protección incluyeron: (i) Ardon Soriano pagó $ 2 millones para apoyar la campaña presidencial de Lobo Sosa y la campaña de reelección de Juan Orlando Hernández para un puesto en el Congreso de Honduras; (ii) Díaz Morales pagó $ 100,000 a Hernández para apoyar las campañas del Partido Nacional; y (iii) Ardón Soriano sobornó a tres congresistas bajo la dirección de Juan Orlando Hernández para que los congresistas apoyaran los esfuerzos de Juan Orlando Hernández para convertirse en presidente del Congreso.

  Juan Orlando Hernández fue nombrado presidente del congreso a principios de 2010. Su hermano, Tony Hernández, Ardón Soriano y sus co-conspiradores, incluido el coacusado Mario José Calix Hernández, teniente de alcalde hondureño, y el coacusado Mauricio Hernández Pineda, entonces miembro de la La Policía Nacional de Honduras y primo de Hernández, aprovecharon la protección del Partido Nacional para seguir transportando enormes cantidades de cocaína. Una o dos veces al mes en 2010, HERNÁNDEZ envió cargamentos de cocaína a Ardón Soriano de aproximadamente 300 kilogramos; y una vez al mes en 2011 y 2012, HERNÁNDEZ envió cargamentos de cocaína marítima a Ardón Soriano de entre 700 y 1.600 kilogramos.

   En 2013, Hernández estaba haciendo campaña para convertirse en congresista y Juan Orlando Hernández estaba haciendo campaña para convertirse en presidente. Alrededor de este tiempo, según el testimonio en el juicio, Juan Orlando Hernández solicitó $ 1.6 millones en ganancias de la droga de Ardón Soriano para mantenerse a sí mismo y a las campañas del Partido Nacional. También durante la campaña de 2013, Hernández aceptó $ 1 millón del exlíder del Cártel de Sinaloa Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias "Chapo", para apoyar la campaña presidencial de Juan Orlando Hernández. 

   Durante las reuniones con el Chapo en Honduras, Hernández prometió brindar protección a los miembros de su conspiración y sus envíos de cocaína a través del territorio hondureño si Juan Orlando Hernández era elegido presidente.

  En noviembre de 2013, Hernández fue elegido para el congreso hondureño y Juan Orlando Hernández fue elegido presidente. Entre 2015 y 2017, según el testimonio del juicio, Tony Hernández y Juan Orlando Hernández continuaron obteniendo grandes sumas de las ganancias de las drogas para las campañas del Partido Nacional a cambio de proteger a los narcotraficantes. Por ejemplo, hubo testimonio en el juicio de que aproximadamente seis meses antes de las elecciones nacionales de noviembre de 2017, Tony Hernández  y Juan Orlando Hernández se reunieron con Ardon Soriano en Copán, Honduras. Durante esa reunión, Hernández y Juan Orlando Hernández solicitaron $ 500,000 y 1.6 millones de Lempira en ganancias de la droga de Ardón Soriano para "financiar" la campaña del Partido Nacional en los departamentos de Copán y Lempira.

   En 2018, Hernández continuó participando en grandes cargamentos de cocaína con Nery López Sanabria, otro importante narcotraficante hondureño. Las autoridades hondureñas arrestaron y detuvieron a López Sanabria en relación con un incidente de tránsito y recuperaron, entre otras cosas, varios libros de contabilidad de drogas en un compartimiento secreto de su automóvil. Uno de los libros de contabilidad tenía la etiqueta “Trabajo duro” 2018 y reflejaba un envío de cocaína de 650 kilogramos con Hernández . Al menos uno de los otros libros de contabilidad incautados por la policía hondureña en 2018 contenía referencias a "JOH", iniciales utilizadas por Juan Orlando Hernández. López Sanabria fue asesinado en una prisión hondureña, como se describe a continuación, poco después de que se presentaran sus libros de contabilidad de drogas en el juicio de Hernández.

Posesión de armas y actos de violencia de Hernández

   Hernández  utilizó armas de fuego en todo su tráfico de drogas. Las armas personales de Hernández  incluían un AR-15 modificado, una Uzi inscrita con el nombre de Juan Orlando Hernández, "Presidente de la República", y una ametralladora de cinta M60.

  Tony Hernández  también vendió ametralladoras y municiones a narcotraficantes. En 2010, Díaz Morales obtuvo entre 4.000 y 6.000 cartuchos de munición de rifle de asalto de un miembro de la Policía Nacional de Honduras que le dijo a Díaz Morales que obtuvo las municiones de Tony. En 2012, Hernández  entregó 40 M16 a otro narcotraficante.

  El sentenciado también coordinó al menos dos asesinatos relacionados con las drogas. En 2011, Hernández y Ardon Soriano provocaron el asesinato de un narcotraficante rival llamado Franklin Arita en el departamento de Copán. 

   Hernández ordenó a Juan Carlos “Tigre” Bonilla Valladares, el jefe regional de la Policía Nacional Hondureña responsable del departamento de Copán en ese momento, que dispusiera el asesinato de Arita, que fue ejecutado por sicarios utilizando dos lanzagranadas de 40 milímetros, M16 y de fabricación israelí. Rifles de asalto Galil. En 2013, Tony Hernández  trabajó con otros narcotraficantes, incluido Ardon Soriano, para asesinar a un narcotraficante llamado Chino porque a Hernández le preocupaba que Chino pudiera cooperar con la policía.

La obstrucción de Hernández y otros esfuerzos para influir en la investigación

  Asimismo, los fiscales dijeron que Hernández  realizó declaraciones falsas a las fuerzas del orden y la Corte durante el curso de esta investigación y procesamiento, y obstruyó la justicia. Hernández (i) viajó a Estados Unidos en 2016 e hizo declaraciones falsas a las fuerzas del orden sobre sus actividades de tráfico de drogas; (ii) hizo declaraciones falsas sobre sus activos durante una audiencia de fianza en enero de 2019; (iii) hizo que se divulgara información confidencial de testigos en Honduras en violación de una orden de protección en octubre de 2019; y (iv) hizo declaraciones falsas sobre sus activos durante una solicitud de abogado designado en febrero de 2020.

  Ocho días después de que el jurado declarara culpable a Hernández  el 26 de octubre de 2019, López Sanabria --el narcotraficante a quien se confiscaron los libros de contabilidad con el nombre de Hernández y las iniciales de Juan Orlando Hernández-- fue asesinado en una prisión de máxima seguridad en Honduras. 

   Los abogados de López Sanabria confirmaron a los medios de comunicación que: uno de los familiares de Hernández  y un investigador contratado por la familia de Hernández habían realizado visitas no autorizadas a López Sanabria antes del juicio de Hernández; López Sanabria había rechazado sus esfuerzos por obtener información sobre si estaba cooperando con la DEA; y López Sanabria había planeado cooperar con la DEA contra Juan Orlando Hernández y Hernández. El video de vigilancia filtrado del asesinato muestra a López Sanabria hablando con el director de la instalación, Pedro Ildefonso Armas, mientras un hombre enmascarado pasa y abre una puerta cercana. Varios individuos que se cree que son prisioneros luego asaltan la puerta y disparan y apuñalan a López Sanabria hasta la muerte. El 9 de diciembre de 2019, un grupo de desconocidos asesinó a José Luis Pinto, abogado que representaba a López Sanabria. Tres días después, el 12 de diciembre de 2019, un grupo de pistoleros desconocidos en motocicletas asesinó a Ildefonso Armas, el alcaide de la instalación en la que fue asesinado López Sanabria, en Tegucigalpa. 

Co-conspiradores de Hernández

  El 8 de agosto de 2019 Fernández Rosa fue condenado en este Distrito a cadena perpetua por, entre otras cosas, su participación en la conspiración de importación de cocaína de Hernández  y por la comisión de 18 asesinatos. Varios de los otros co-conspiradores de Hernández, incluidos, entre otros, Hernández Pineda, Calix Hernández, Bonilla Valladares, Arnaldo Urbina Soto, Carlos Fernando Urbina Soto y Miguel Angel Urbina Soto, también están imputados en este Distrito por delitos de armas de fuego y narcotráfico con base en sobre, entre otras cosas, su participación en la conspiración de importación de cocaína de Tony Hernández. 

   El 12 de febrero de 2020 Hernández Pineda se rindió en este Distrito y se encuentra a la espera de juicio. El 22 de marzo de 2021, el coacusado y cómplice de Hernández, Geovanny Fuentes Ramírez, fue condenado en juicio en este Distrito por delitos de tráfico de drogas y armas. La sentencia de Fuentes Ramírez está programada para el 22 de junio de 2021.

  Además de la pena de prisión, Hernández, de 42 años, fue condenado a cinco años de libertad supervisada.



miércoles, 17 de marzo de 2021

La defensa de Geovanny Fuentes Ramírez no pudo evitar que la fiscalía presentara evidencias que involucran al presidente de Honduras en un caso de narcotráfico

   El abogado del Geovanny Fuentes Ramírez trató de evitar que el gobierno presentará pruebas en el juicio que lleva 7 días. que comprometan, aún más, a su defendido.

Por Maibort Petit

  La defensa de Geovanny Fuentes Ramírez hizo todo lo posible para que la fiscalía no presentará una serie de evidencias en el juicio que se le sigue en la Corte del Distrito Sur de Nueva York y en el que, hasta la fecha, dos testigos aseguraron que el actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, mantuvo encuentros con el narcotraficante.
   El ex-contador de la empresa arrocera Graneros Nacional de Honduras, que ahora actúa como testigo protegido y que, durante el proceso, aparece identificado con el nombre ficticio de “José Sánchez”, aseguró que vio y estuvo presente cuando el mandatario centroamericano cobrara sobornos mensuales por un monto de unos USD 10 mil, equivalentes a la moneda local de 250 mil lempiras.

  Precisó el testigo que las conversaciones entre Geovanny Fuentes Ramírez y Juan Orlando Hernández, giraban en torno a operaciones con drogas y la protección de los cargamentos de cocaína. En pocas palabras, en el juicio habría salido a relucir que el presidente hondureño supuestamente cobraba sobornos por permitir el narcotráfico en el territorio del país bajo su jurisdicción.

   Pero esta no sería la única alusión que Hernández se hace en este proceso, pues en la acusación contra Fuentes Ramírez, se hace mención al mandatario centroamericano como co-conspirador 04[1]. También Devis Leonel Rivera Maradiaga, exlíder del cártel 'Los Cachiros', aseguró que el presidente recibía los cargamentos sin que la DEA se enterara[2].

Juez ordena entrega de pruebas

   El 3 de marzo de 2021, el juez del Distrito Sur de Nueva York, P. Kevin Castel, ordenó que la fiscalía entregara de inmediato, en caso de no haberlo hecho, todas las comunicaciones, incluidos textos, correos electrónicos, fotos, grabaciones de voz o video, a la defensa de Geovanny Fuentes Ramírez. Esto en alusión a la carta del gobierno remitida el 2 de marzo de 2021 y/o la carta de la defensa del 3 de marzo de 2021.

  Igualmente, el magistrado determinó la fiscalía debía proporcionar a la defensa cualquier traducción del material, sea o no completa u oficial y, asimismo, identificar a la defensa y al Tribunal todo aquello que pretenda presentar como prueba en el juicio.

   El tribunal autorizó a la defensa a contratar los servicios de hasta cuatro intérpretes de español para escuchar, transcribir y traducir el material entregado por el gobierno, a una tasa que no exceda los USD 105 por hora.

  El juez reiteró en su decisión que el juicio contra Fuentes Ramírez, seguía sigue programado para el 8 de marzo de 2021.

Fiscalía responde al juez

  El 4 de marzo de 2021, la fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Audrey Strauss, le remitió una comunicación al juez P. Kevin Castel, en respuesta a la orden emitida por el magistrado de entregar a la defensa de Geovanny Fuentes Ramírez, el material que vaya a ser usado como evidencia durante el juicio de este último.

   La fiscalía le acotó al tribunal que el Material al que se hace referencia en la carta del gobierno del 2 de marzo de 2021, relacionado con registros relacionados con una cuenta de iCloud y una cuenta de Instagram, había sido presentado al abogado defensor de Fuentes Ramírez antes de la presentación de dicha carta, incluidos los anexos propuestos y traducciones.

  Del mismo modo, Audrey Strauss le refirió al juez Castel, que la fiscalía produjo en la misma fecha de la comunicación (4-3-2021), borradores de traducciones de un número limitado de chats y una imagen de la cuenta de iCloud que no introduciría en el juicio, con lo que se completaba la producción de traducciones relacionadas con la citada cuenta (o cualquier otro material).

  Reiteró lo señalado en carta del 3 de marzo, de que el gobierno no ofrecía ninguno de los materiales mencionados en la carta del abogado defensor del 3 de marzo, consistente en correos electrónicos de la prisión y llamadas del acusado.

   Finalizó informando al juez que ese día también entregarían copias de todas las evidencias propuestas por el gobierno.

Gobierno pidió rechazar pedido de la defensa

  En la misma fecha, 4 de marzo de 2021, la fiscal Audrey Strauss le solicitó al juez P. Kevin Castel, rechazar el pedido de la defensa de Geovanny Fuente Ramírez de excluir del juicio el testimonio del Testigo-2.

   Para sustentar su solicitud, la fiscalía esgrimió, en primer término, que la defensa disponía de tiempo suficiente para prepararse para el testimonio del referido Testigo-2. Esto en virtud de que el material de 3500 de Testigo-2, que el gobierno estaba produciendo en esa misma fecha (4-3-2021) constaba apenas de 12 páginas de notas informativas, además de que los temas de su testimonio, como se describía en la carta sellada, eran limitados. Del mismo modo, precisó que la intención de la fiscalía era llamar al Testigo-2 cerca del final del caso, por lo que el abogado defensor tendría tiempo adicional para prepararse.

  En segundo lugar, la fiscal Strauss le manifestó al juez Castel que, incluso antes de la presentación de ese día, el acusado y su abogado conocían al Testigo-2 y, por lo tanto, no se trataba de un "testigo civil previamente no revelado".

   Recordó el gobierno que los días 21 y 26 de enero de 2021, presentaron notas de un interrogatorio de Javier Rivera Maradiaga en el que se discutió sobre el Testigo-2, incluidas algunas áreas de su potencial testimonio. Posteriormente a esto, la defensa solicitó comunicaciones que involucraban, entre otros, al Testigo-2, y el Gobierno presentó esas comunicaciones tan pronto como las obtuvo el 1 de febrero de 2021. Además, subrayó la fiscal, el acusado conoce personalmente al Testigo-2 desde hace años.

   En tercer lugar, la fiscalía advirtió que sus divulgaciones no fueron "tardías”, pues el Tribunal no fijó una fecha límite para la producción del material 3500. No obstante, recordó que el gobierno comenzó a producir el material 3500 para otros testigos en noviembre de 2020 y produjo sustancialmente todo el material para testigos de juicio a principios de enero de 2021. “La producción de 12 páginas adicionales de notas para un testigo adicional días antes del juicio y más de una semana antes de que el testigo testifique no es una base para la exclusión o el aplazamiento”.

Tribunal advierte que no está permitido grabar el juicio

  El 12 de marzo de 2021, el juez P. Kevin Castel, ordenó, sujeto al castigo por desacato al tribunal, que no se realizara ninguna grabación de audio o video o la difusión de una grabación de ninguna parte del juicio contra Geovanny Fuentes Ramírez.

  En tal sentido, el magistrado recordó que la Regla Civil Local 1.8 establece que “nadie más que los funcionarios de la Corte involucrados en la conducción de asuntos de la Corte lo hará (…) (b) hacer una grabación de audio o video de cualquier procedimiento o cualquier comunicación con el Tribunal, empleado del Tribunal o cualquier persona que actúe bajo la dirección del Tribunal (…)".

   Del mismo modo, el juez determinó que el público que desee ver el juicio contra Geovanny Fuentes Ramírez puede asistir a la sala de audiencias 23B y si esta estuviere llena, puede presenciarlo en la sala de audiencias 11D. De estar esta última también llena, se debe dar aviso a la Corte, a objeto de que se habilite una segunda sala adicional.

 Finalizó recordando que no se pueden establecer comunicaciones telefónicas en la corte.
















[1] Venezuela Política. “El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández fue nombrado en la apertura del juicio del narcotráfico Geovanny Fuentes Ramírez en NYC”. 9 de marzo de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/03/el-presidente-de-honduras-juan-orlando.html



[2] Venezuela Política. “Testigo de la fiscalía asegura que vio reuniones entre narcotraficantes y el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández”. 16 de marzo de 2021. https://www.maibortpetit.info/search/label/Geovanny%20Fuentes%20Ram%C3%ADrez



martes, 9 de marzo de 2021

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández fue nombrado en la apertura del juicio del narcotráfico Geovanny Fuentes Ramírez en NYC

   La fiscalía informó al jurado sobre la reunión de un contador con el presidente Hernández y un narcotraficante en las que se planeaba enviar cocaína a Norteamérica. 

Por Maibort Petit

  Este martes se realizó la apertura del juicio del presunto narcotraficante, Geovanny Fuentes Ramírez, acusado de traficar toneladas de cocaína a los Estados Unidos y de haber sobornado a policías, militares para lograr la seguridad de las drogas y evitar su extradición a EE. UU. En este caso, el juez Kevin Castel permitió que los fiscales incluyeran como argumentos de la acusación al presidente de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández quien habría recibido dinero de las drogas para su campaña electoral. 

  En sus argumentos de apertura, la fiscalía dijo al jurado que Fuentes Ramírez había traficado a EE. UU. toneladas de cocaína. En su negocio, el acusado pagó "decenas de miles de dólares" en sobornos al presidente, Juan Orlando Hernández a cambio de una promesa de protección y apoyo militar para su negocio de narcotráfico en 2013, cuando éste era presidente del Congreso y candidato a la presidencia.

   El fiscal Jacob Gutwillig afirmó en su presentación que Fuentes Ramírez entre las pruebas que presentarán está el testimonio de un contador, José Sánchez quien manejaba un negocio de arroz a través del cual el acusado lavaba el dinero proveniente de las drogas. 

   Sánchez testificará sobre su experiencia con Fuentes Ramírez y sobre el shock que para él significó que el acusado se reuniera entre 2013 y 2014  con el mandatario hondureño para planificar enviar cocaína a los Estados Unidos.

  De acuerdo a la fiscalía, se identifica a Juan Orlando Hernández, de 52 años, como "CC-4" (co-conspirador 4) del acusado, y aseguró que ayudó a Fuentes Ramírez a enviar cocaína a Estados Unidos, usando como intermediario a su hermano menor, Juan Antonio "Tony" Hernández.

  "Tony" Hernández, de 42 años, fue hallado culpable de narcotráfico "a gran escala" en Nueva York en octubre de 2019, y su sentencia, aplazada varias veces, está prevista para el 23 de marzo. Puede ser condenado a una pena máxima de cadena perpetua.

   En la acusación, se señala que en un encuentro con Fuentes Ramírez, "CC-4 dijo que quería hacer que la agencia antidrogas estadounidense (DEA) pensara que Honduras estaba combatiendo el narcotráfico, pero que en realidad eliminaría la extradición e iba a 'meter la droga en las narices de los gringos'".

"El acusado (Fuentes) estaba excitado de contar con la protección de CC-4 y acordaron trabajar con CC-4 y su hermano (Tony) para importar cocaína a Estados Unidos", dijo la fiscalía.

  Juan Orlando Hernández ha sido señalado en otra ocasión de haber recibido dinero del narcotráfico para pagar su campaña. Ocurrió durante el juicio de Tony Hernández, cuando un testigo contó que presenció una reunión en 2013 donde el exjefe del cártel de Sinaloa Joaquín "Chapo" Guzmán entregó un millón de dólares en efectivo a "Tony" para la campaña presidencial de su hermano José Orlando.

La defensa trata de descalificar a los testigos

  En la apertura del juicio, la defensa afirmó que Geovanny es inocente y que la fiscalía no tiene pruebas contundentes para acusarlo, salvo el testimonio de un narcotraficante asesino que lo está señalando para lograr rebajar su sentencia.

  El abogado, Eylan Shulman dijo que Geovanny está acusado de poseer armas, pero aclaró que es cierto que las tiene y las llevaba consigo para "defenderse en un país donde la violencia es muy alta" y obliga a los empresarios a tener incluso hasta guardaespaldas.

  Dijo que el gobierno quiere hacer creer a los miembros del jurado que por conocer varios narcotraficantes, "Geovanny es uno de ellos". Destacó que uno de los narcos es justamente, Devis Rivera Maradiaga a quien calificó como un asesino que ha reconocido frente a la corte que asesinó a más de 78 personas. 

 Sostuvo que el testigo del gobierno [Rivera] mató desde jueces, miembros de su propia familia, hasta generales hondureños que luchaban contra el narcotráfico. Rivera no debió haber sido promovido como testigo porque es un hombre que es capaz de mentir para lograr cualquiera de sus objetivos, incluyendo su libertad.

  La defensa aseguró que el gobierno no tiene pruebas para probar la culpabilidad del acusado "no hay fotos con las armas con Geovanny".

  Asimismo, advirtió que el gobierno mostrará fotos del teléfono del hijo de Fuentes Ramírez con supuestas imágenes de dinero y armas que pertenecen a Geovanny, argumentando que no deben ser tomadas en serio porque en la era de las redes sociales las fotos pueden venir de cualquier lugar.

    Shulman también desacreditó el testimonio del contador, José Sánchez diciendo que a cambio de su testimonio el gobierno de Estados Unidos le dará asilo político. En ese sentido, recalcó que $25 mil dólares era lo que necesitaban para sobornar al presidente de Honduras.

  Geovanny Fuentes Ramírez, de 50 años, fue arrestado cuando intentaba salir de Miami en 2020 y se declaró "no culpable" de los cargos de conspiración para contrabandear cocaína a los Estados Unidos y cargos relacionados con armas.

  El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández ha negado repetidamente la acusación, según la cual  había aceptado millones en sobornos de narcotraficantes. 

   Los fiscales federales acusaron a Hernández, quien ha sido presidente desde 2014, de utilizar a oficiales del orden público y militares hondureños para proteger a los narcotraficantes.

     Hernández fue un aliado clave de los Estados Unidos tanto durante las administraciones de Barack Obama como la de Donald Trump.

  

  

martes, 17 de septiembre de 2019

Tras bastidores el narcotráfico mueve las fichas del poder en Honduras

El caso que en la Corte del Distrito Sur de Nueva York se sigue a Tony Hernández, excongresista y hermano del actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, habría puesto en evidencia las relaciones que desde el alto poder de la nación centroamericana se mantienen con la industria del tráfico de drogas.
Por Maibort Petit
@maibortpetit

El arresto en Miami y procesamiento judicial de Juan Antonio Hernández Alvarado —conocido como Tony Hernández— estaría poniendo de manifiesto los vínculos del narcotráfico con el poder político en Honduras, toda vez que a medida que se desarrolla este caso se estaría develando el importante papel que este flagelo juega en las altas esferas de la nación centroamericana. 

En las investigaciones el nombre del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández ha sido señalado como co-conspirador en el caso por tráfico de droga que se le sigue a su hermano en las instancias judiciales de los Estados Unidos. Acusaciones frente a las que el mandatario se defiende asegurando que se trata de venganza dado su activo papel para acabar con el narcotráfico[1].

De acuerdo a la documentación manejada en la corte neoyorquina, los hermanos Hernández Alvarado, junto a otros funcionarios de alto nivel entre quienes se señala también al expresidente Porfirio Lobo, usaron el tráfico de drogas para mantener y aumentar su poder político.

Para Juan Orlando Hernández sólo se trata de “un ataque con un afán de venganza que buscan los narcotraficantes contra el único presidente que ha hecho lo que tenía que hacer, y es lógico esperar la reacción de estos criminales tratando de evitar que sigamos con nuestra lucha, pero no nos vamos a detener (…) Las acusaciones infundadas y sin pruebas que circulan son parte de una conspiración en contra de nuestro gobierno y lo quiero decir hoy desde Honduras para el mundo: son acciones que vienen en contra de la política que hemos impulsado para traerle paz y tranquilidad a Honduras".

Hay que aclarar que en los documentos de la fiscalía no se identifica al presidente de Honduras con nombre y apellido, ni tampoco se han presentado acusaciones en su contra, aludiéndose a su persona como CC-4, quien fue "elegido presidente de Honduras a fines de 2013". Según los papeles, se habrían destinado USD 1,5 millones a sobornos durante su campaña electoral con el objetivo de comprar favores políticos a cambio de protección.

Fuentes ligadas al caso han manifestado que el testigo cooperante que habría suministrado la información que implica a Juan Orlando Hernández, es Alexander Ardón, exalcalde de El Paraíso, localidad cercana a la frontera con Guatemala, quien es identificado en la investigación como CW-3[2].

Los fiscales federales indican que el presidente Hernández formaría parte de un grupo de personas investigadas por la DEA desde 2013 por participar “en actividades de gran escala de narcotráfico y lavado de dinero relacionadas con la importación de cocaína en los Estados Unidos“. Del mismo modo presentaron una solicitud formulada en 2015 para que Apple, Google, Microsoft, Yahoo y AOL proporcionaran información de títulos de correos electrónicos pero no de su contenido. Al menos dos de estas cuentas de correos pertenecerían, supuestamente a Juan Orlando Hernández. “También se incluyen en la solicitud las cuentas de correos electrónico de la hermana del presidente, Hilda Hernández, ya fallecida, su asesor Ebal Díaz, su ministro de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco y cuatro miembros de la familia Rosenthal”[3].

Los representantes del gobierno de EE. UU. refieren en el escrito presentado ante el tribunal, que parte de las pruebas revelan a Honduras como un narcoestado, una situación que pone en entredicho los planes de la administración de Donald Trump de establecer una alianza con el mandatario centroamericano para combatir el tráfico de drogas.

Ya en mayo el presidente Hernández Alvarado admitió haber sido investigado junto a sus colaboradores por la DEA por su supuesto narcotráfico y lavado de dinero, pero advirtió que en estas averiguaciones “nunca se encontró evidencia” en su contra. Esto habría ocurrido en 2015, pero según la presidencia hondureña, se determinó que no había indicios para acusar al mandatario ni a sus colaboradores.

Pepe Lobo salpicado

El otro expresidente hondureño salpicado en la investigación, Porfirio “Pepe” Lobo, ha negado reiteradamente que haya recibido dinero de narcotraficantes, tal como lo señalan los documentos de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en el caso de Juan Antonio Hernández que lo involucraría en actividades relacionadas al tráfico de drogas.
Lobo, que instó a Hernández Alvarado a renunciar a la primera magistratura hondureña, aseguró que no recibió dinero de parte del exalcalde de El Paraíso, Alexander Ardón, como lo indican los documentos que, dicho sea de paso, no lo nombran directamente. Han sido las indagatorias de prensa las que han llevado a determinar que quien en el escrito de la fiscalía se identifica como CC-3, es el expresidente Porfirio Lobo.

La Prensa de Honduras[4], citando a Univisión refiere que “Alexander Ardón, a quien Tony Hernández le dijo a CW-3 que podrían formar una asociación exitosa basada en la protección de CC-3 (Lobo) y CC-4 (Juan Orlando Hernández) si ganaban en las elecciones de 2009. También que creía que CC-4 seguiría a CC-3 como presidente de Honduras y ‘continuaría protegiéndolos’”.

Ardón y Lobo presuntamente habrían sostenido una reunión en 2009 —fecha de las elecciones hondureñas— en la que el primero le solicitó al exmandatario Lobo “apoyo financiero y logístico” para su campaña y la de Juan Orlando Hernández. “A cambio de ello, se ofreció protección y el nombramiento de un pariente para un puesto político, y según los fiscales, se acordó proporcionar millones de dólares”.

Hay que recordar, además, que Fabio Porfirio Lobo, hijo de Porfirio Lobo, se declaró culpable en una corte federal de Manhattan de conspiración para ingresar cocaína a Estados Unidos[5].

El arresto y los cargos a Tony Hernández

El 23 de noviembre de 2018, fue apresado en Miami Juan Antonio Hernández Alvarado, conocido por el alias de "Tony Hernández", acusado por los delitos de 1) conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos; 2) usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la importación de cocaína de la conspiración; 3) conspiración para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína; y 4) hacer declaraciones falsas a agentes federales, formulados en su contra. El juez de la causa es Peter Kevin Castel, titular de la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Sobre el exdiputado y hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, pesaba una orden de captura emitida por las autoridades estadounidenses en virtud de que la acusación federal en su contra sostiene que participó junto a organizaciones criminales de la nación centroamericana, desde 2004 hasta 2016, para introducir droga a territorio de los Estados Unidos.
Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández
La noticia se difundió por la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos y fiscales federales, quienes precisaron que aun cuando el caso de Hernández tiene su asiento en Manhattan, debía rendir declaración en la Corte del Distrito Sur de la Florida ante un juez de primera instancia por haber sido detenido en la ciudad de Miami.

Raymond Donovan, agente especial de la DEA, manifestó en ese entonces que "El tráfico de drogas y la corrupción en todo el mundo amenazan el estado de derecho, alimenta la violencia y la inestabilidad, y perjudica a familias y comunidades inocentes (…) Hernández y sus asociados criminales supuestamente conspiraron con algunas de las redes criminales transnacionales más mortales y peligrosas del mundo en México y Colombia para inundar las calles de Estados Unidos con drogas mortales. La DEA espera que Hernández se enfrente a la justicia estadounidense y responda por sus presuntos delitos".

El fiscal de Manhattan, Geoffrey S. Berman, refirió que Hernández “estuvo involucrado en todas las etapas del tráfico de drogas a través de Honduras de cargas de varias toneladas de cocaína que estaban destinadas a los EE. UU.". Para llevar a cabo tal tarea, “supuestamente organizó la seguridad para los envíos de cocaína, sobornó a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para obtener información sensible para proteger los envíos de drogas y solicitó grandes sobornos a los principales narcotraficantes. Gracias al trabajo en curso de la DEA, Hernández está ahora bajo custodia en territorio estadounidense y enfrentando a la justicia en las cortes estadounidenses”.

En específico, la acusación indica que entre 2004 y 2016, supuestamente Hernández conspiró con organizaciones de narcotraficantes en Honduras y en otros lugares para trasladar droga por rutas aéreas y marítimas desde Colombia a Honduras y de allí, a través de la frontera con Guatemala, llevarla a los Estados Unidos.

Las investigaciones de la DEA precisaron que los narcotraficantes sobornaron a funcionarios públicos, entre ellos diputados hondureños, con el objetivo de que estos les brindaran protección, evitaran la interferencia de organismos de seguridad y facilitaran el paso seguro de los narcóticos por territorio hondureño.

Los documentos acusatorios señalan a Juan Antonio Hernández Alvarado como un presunto narcotraficante a gran escala que trabajó con otros criminales de Colombia, Honduras y México, para importar cocaína a los Estados Unidos.

“Juan Antonio Hernández Alvarado estuvo involucrado —de acuerdo a la averiguación— con el procesamiento, recepción, transporte y la distribución de cargas de cocaína de toneladas múltiples que llegaron a Honduras a través de aviones, buques rápidos y, al menos en una ocasión, en un submarino. El acusado tuvo acceso a los laboratorios de cocaína en Honduras y Colombia, en los que parte de la cocaína estaba marcada con el símbolo ‘TH’, es decir, las iniciales de ‘Tony Hernández’, el alias con el que también se le conoce. Igualmente habría coordinado y, a veces, participó en proporcionar seguridad fuertemente armada para los envíos de cocaína transportados dentro de Honduras, incluso por miembros de la Policía Nacional de la nación centroamericana y con narcotraficantes armados con —entre otras armas— ametralladoras”[6].

La acusación narra que Hernández Alvarado, en febrero de 2014, mantuvo una reunión en  Honduras con Devis Leonel Rivera Maradiaga, exlíder de la organización de narcotraficantes hondureña conocida bajo la denominación de los “Cachiros”, un encuentro que fue registrado en audio y video en los que el hermano del mandatario centroamericano aceptó ayudar a Rivera Maradiaga con el cobro de una deuda que el gobierno hondureño mantenía con empresas destinadas a lavado de dinero proveniente de la banda criminal, a cambio de pagos sobornos de Rivera Maradiaga, quien habría cancelado USD 50 mil a Tony Hernández en la referida entrevista.

Se declara no culpable

El 20 de diciembre de 2018, el hermano del presidente de Honduras se declaró no culpable de los delitos que se le imputan ante el tribunal de Nueva York, según lo dio a conocer su defensa luego de una sesión que se prolongó por 25 minutos, en los que el fiscal federal, Geoffrey Berman, lo acusó de estar involucrado en todas las etapas del tráfico de drogas de Honduras hasta los EE. UU.

Previamente, el Juzgado de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito aseguró diez propiedades de Hernández Alvarado, los cuales quedaron bajo la custodia de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI)[7].

El juez Peter Kevin Castel fijó el inicio del juicio para 30 de septiembre de 2019 —posteriormente se reprogramó para el 2 de octubre de 2019— habiendo sido presentado ante la Corte que lleva el caso el 29 de marzo de 2019, fecha en la que juez fijó el calendario para la preparación del juicio. El 10 de mayo de 2019 se pautó la presentación de las mociones del caso, mientras que para el 6 de mayo la defensa del acusado debía dar respuesta a las mismas. La fiscalía debía hacerlo el 28 de mayo.

Juan Antonio Hernández Alvarado está siendo defendido por Omar Malone y los fiscales del caso son Matthew Laroche, Emil Bove III[8].

El juez Kevin Castel decidió el 13 de septiembre que la identidad de los doce miembros del jurado y seis alternos se mantenga en el anonimato y sólo serán conocidos por la fiscalía y los abogados de la defensa. "Se identificarán con números", dijo el magistrado[9].

Juicio de Hernández no evalúa política hondureña

Aunque el parentesco consanguíneo de Juan Antonio "Tony" Hernández con el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, es un hecho de amplia resonancia noticiosa, la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York advirtió que el juicio no puede interpretarse como un "referéndum sobre la política hondureña".

Sin embargo, admitió existen evidencias que muestran que Tony Hernández y sus cómplices se valieron del producto de las drogas para asegurar y explotar las instituciones del gobierno de Honduras.

Descrito en las acusaciones de los fiscales federales de Nueva York como "un narcotraficante a gran escala", los señalamientos en su contra han arrojado una sombra sobre el gobierno de Juan Orlando Hernández Alvarado.

Honduras es un importante centro de tránsito para la cocaína.

La fiscalía entregó un documento al tribunal en el que se citan una serie de nombres que convocarán durante el juicio por estimarse que están involucrados en la conspiración por la cual se encausa a “Tony” Hernández. El gobierno considera que hay suficientes pruebas que dejan clara la complicidad y el uso del poder político del acusado para facilitar el tráfico de drogas. Incluso, se dice que el hermano del acusado y actual presidente de Honduras habría usado dinero de las drogas para pagar su campaña a cambio de dar protección cuando este era presidente del Congreso Nacional y luego cuando fue electo presidente.

Una declaración del propio Tony Hernández destacó la corrupción política como modus operandi del narcotráfico. "Siempre intentan involucrar a alguien para poder estar en el… tener algo del estado. Ya sea información, ya sea logística o algo así, atraer a alguien o comprometer al gobierno para que lo ayude. Eso siempre ha sucedido, siempre. Es un modus operandi con el narcotráfico… y crimen organizado".

El gobierno echará mano durante el juicio de declaraciones de los supuestos cómplices del acusado formuladas a testigos cooperantes del caso, pues estima que lo dicho por estas personas promovieron la conspiración acusada en el primer cargo, así como también una conspiración relacionada para apalancar el tráfico de drogas para mantener y mejorar su poder político y el control del Partido Nacional en Honduras.

Tony Hernández solicitó excluir las evidencias relacionadas con la corrupción política, pero los fiscales insistieron que hay evidencia que muestra que Hernández y sus cómplices usaron dinero de las drogas para asegurar y explotar las instituciones del gobierno hondureño y en promoción del narcotráfico.

“El Gobierno dice que establecerá que Hernández ayudó a escoltar los envíos de drogas, transmitió información confidencial de las fuerzas del orden desde la sede de la Policía Nacional de Honduras a los conspiradores, y guardó una de las propiedades del acusado en San Pedro Sula, Honduras, donde cooperaba con ametralladoras y dispositivos destructivos, y asesinatos. También sostiene que hay evidencias que prueban que el acusado y sus cómplices buscaron protección adicional mediante ‘el uso de las ganancias de las drogas para financiar parcialmente las campañas políticas del Partido Nacionales’”.

Para los fiscales es fundamental demostrar cómo el narcotráfico influyó en la política[10].

Finalmente, el juez aprobó que expertos testifiquen sobre armas, drogas y política hondureña, mientras la defensa pidió que estos testimonios no se extralimiten, especialmente en lo relacionado con la geopolítica de Honduras, puesto ya que podrían ejercer un efecto negativo en la imagen del acusado frente al jurado.

El magistrado también aceptó que la fiscalía presente al jurado las evidencias de dos asesinatos de dos hombres vinculados a la supuesta organización criminal de Hernández. Igualmente permitió que los fiscales presenten el testimonio de expertos admisibles, pero se reservó la posibilidad de regularlos, si los mismos llegaran a extralimitarse de los elementos que forman parte de la conspiración.

Más familia implicada

En el proceso judicial a Juan Antonio Hernández Alvarado han salido a relucir otros hechos, entre ellos la implicación de otro familiar del acusado que se desempeñaba como agente de la Policía Nacional de Honduras y quien fue acusado de ser coconspirador.

Se trata de Mauricio Hernández Pineda, primo de Tony y Juan Orlando Hernández, quien es señalado por el gobierno de conspirar con Juan Antonio Hernández Alvarado, alias "Tony Hernández" y otros, para importar toneladas múltiples de cocaína a los Estados Unidos.

Nombrado como CC-6 en la investigación, Mauricio Hernández Pineda habría supuestamente ayudado al acusado en lo atinente al transporte de la cocaína a los Estados Unidos.

El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Geoffrey S. Berman, y la Agente Especial a cargo de la División de Operaciones Especiales de la DEA, Wendy Woolcock, informaron que Hernández Pineda fue acusado de conspirar para importar cocaína a los EE. UU. y delitos relacionados con armas que involucran el uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. “Mauricio Hernández Pineda traicionó sus obligaciones como oficial de policía de hacer cumplir las leyes de su país y evitar el tráfico a través de su país, y en su lugar facilitó los envíos de toneladas de cocaína que eventualmente llegaron a los Estados Unidos. Hernández Pineda pronto tendrá que responder por sus presuntos delitos en un tribunal de los Estados Unidos", manifestó el fiscal.

Mauricio Hernández Pineda, un alto rango de la Policía Nacional de Honduras, habría proporcionado protección armada durante los envíos de cocaína desde Honduras y proporcionó información confidencial a sus co-conspiradores sobre las fuerzas del orden público, de manera que pudieran evadir ser descubiertos y detenidos. Por ello, Hernández Pineda supuestamente recibió miles de dólares provenientes de las ganancias de las operaciones de narcotráfico.

Los cargos contra Mauricio Hernández Pineda son (1) conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión y una sentencia máxima de cadena perpetua; (2) usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos durante, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 30 años en prisión y una sentencia máxima de cadena perpetua; y (3) conspirar para usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos durante, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína, que conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua[11].

La investigación salpica al presidente hondureño

En los documentos desclasificados del caso en fecha el 2 de agosto de 2019, la fiscalía refirió que Mauricio Hernández (CC-6), Juan Orlando Hernández (CC-4) y Juan Antonio Hernández, conspiraron para importar cocaína hacia Estados Unidos.

El gobierno aspira establecer que CC-3, CC-4, CC-5, y CC-6 complotaron con Tony Hernández en las operaciones de narcotráfico. Igualmente hubo un complot para a través del tráfico de drogas mantener y aumentar su poder político y control del Partido Nacional de Honduras.

La documentación de la fiscalía sostiene que en 2008, Mauricio Hernández (CC-6), le manifestó a CW-4 que Tony Hernández protegía a CW-1 a cambio de pagos de ingresos de drogas.

En 2010, Mauricio Hernández le dijo a CW-4 que “(i) quería acceso información sensible de los órganos de aplicación de justicia para ayudar a proteger los envíos de drogas que involucraban a Tony Hernández y Alexander Ardón, (ii) Alexander Ardón estaba usando el dinero producto de la droga para pagar Tony, que estaba usando parte de ese dinero para ayudar a financiar la campaña presidencial de Juan Orlando Hernández, y (iii) Tony Hernández y Juan Orlando Hernández protegerían a CW-4 y le pagarían y le ayudaría con promociones a cambio de información”.

En 2012, Mauricio Hernández le expresó a CW-4 que “(i) la nueva ley de extradición hondureña seria promulgada en respuesta a la presión de los Estados Unidos y destinada a apaciguar al gobierno de los Estados Unidos, y (ii) Tony Hernández le dijo a Mauricio Hernández CC-6 que si bien podría haber extradición disponible en teoría, ellos no serían extraditados”.

En 2013 o 2014, Mauricio Hernández le habría dicho a CW-4 que hablaría con Tony Hernández para lograr que Juan Orlando Hernández ayudara a CW-4 a obtener una promoción.

En 2014, Mauricio Hernández le dijo a CW-4 que Juan Orlando Hernández CC-4 estaba considerando eliminar la extradición, porque le preocupaba que Estados Unidos solicitara la extradición contra Tony Hernández.

En 2016, Mauricio Hernández le dijo a CW-4 que “(i) Juan Orlando Hernández CC-4 estaba trabajando para prevenir que Tony Hernández fuera extraditado, pero no pudo proteger a CW-4 debido al interés de Juan Orlando Hernández de buscar la reelección, y (ii) CW-4 no podía hablar sobre el Tony Hernández, Juan Orlando Hernández o Mauricio Hernández CC-6 en los Estados Unidos”.

La fiscalía se propone establecer que Tony Hernández y Mauricio Hernández co-conspiraron a través del testimonio de CW-1, Ardón y CW-4, para aprovechar el tráfico de drogas con el propósito de mantener y mejorar su poder político y el poder del Partido Nacional en Honduras[12].

Congresista de EE. UU. acusa al mandatario

Pero no solamente en los documentos de la Fiscalía del Distrito Sur de New York se habrían formulado acusaciones contra el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, en materia de narcotráfico, sino que otras voces desde el Congreso de los Estados Unidos lo habrían señalado como tal.

Es el caso de Norma Torres, congresista por el estado de California, quien cuestionó los acuerdos promovidos por la administración de Donald Trump con el mandatario centroamericano, a quien se refirió como un "narcotraficante acusado".

Torres se refería a la posibilidad de que EE. UU. y Honduras firmaran un acuerdo para convertir a esa nación centroamericana en un "‘Tercer país seguro’, al igual que Guatemala y México, en donde los solicitantes de asilo tendrían que acudir, antes de viajar a la frontera entre México y Estados Unidos”.

Para la congresista esta es una estrategia urdida por el mandatario centroamericano para sumar simpatía con la administración de Trump y así ganar tiempo ante las investigaciones que están en curso en su contra en la Corte del Distrito Sur de New York[13].

Sobre este asunto, InSight Crime llevó a cabo un análisis[14] en el que refiere que estas circunstancias podrían poner fin a esta alianza en la que la administración Trump ofrece apoyo a Hernández a cambio de que este frene el flujo de migrantes que buscan entrar a territorio estadounidense.

“Las más recientes acusaciones debilitan la relación de Estados Unidos con Honduras en cuanto a la lucha contra el narcotráfico. Es claro que a los fiscales no les tiembla la mano para señalar al presidente en el caso contra su hermano, y es muy probable que Hernández siga tomando esto como una afrenta personal”.

Refiere InSight Crime que en virtud de que el gobierno de Trump “ha demostrado ser más transaccional que política, las relaciones bilaterales quizá dependan ahora de la voluntad de Hernández de detener el flujo de migrantes”.

Las averiguaciones de la institución sostienen que un exfuncionario del Ejército de Honduras involucrado en investigaciones antidrogas considera que la presión de la embajada de Estados Unidos fue la única causa de las detenciones de narcotraficantes y sus aliados con consentimiento de Hernández.







[1] Univisión. “Presidente de Honduras implicado en una conspiración para usar U$1.5 millones del narcotráfico en sus campañas”. 3 de agosto de 2019. https://www.univision.com/noticias/america-latina/presidente-de-honduras-implicado-en-una-conspiracion-para-usar-u-1-5-millones-del-narcotrafico-en-sus-campanas

[2] EFE. “Hernández atribuye a venganza la denuncia de que usó dinero del narcotráfico”. 4 de agosto de 2019. https://www.efe.com/efe/america/politica/hernandez-atribuye-a-venganza-la-denuncia-de-que-uso-dinero-del-narcotrafico/20000035-4036843#

[3] CNN. “Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, investigado por supuesto narcotráfico”. 31 de mayo de 2019. https://cnnespanol.cnn.com/2019/05/31/presidente-de-honduras-juan-orlando-hernandez-investigado-por-supuesto-narcotrafico/

[4] La Prensa. “Pepe Lobo vuelve a negar que recibió dinero de narcotraficantes”. 4 de agosto de 2019. https://www.laprensa.hn/honduras/1307320-410/pepe-porfirio-lobo-nego-recibio-dinero-narcotraficantes-narcotrafico-corte-eeuu-nueva-york

[5] Univisión. “Hijo del expresidente hondureño Lobo se declara culpable de narcotráfico en EEUU”. 16 de mayo de 2016. https://www.univision.com/noticias/narcotrafico/hijo-del-expresidente-hondureno-lobo-se-declara-culpable-de-narcotrafico-en-eeuu

[6] Venezuela Política. “Conoce por qué la DEA arrestó al hermano del presidente de Honduras por cargos de narcotráfico”. 26 de noviembre de 2018. https://www.maibortpetit.info/2018/11/la-dea-arresto-al-hermano-del.html

[7] El Pulso. “Tony Hernández se declaró no culpable de cargos por narcotráfico en Estados Unidos”. 20 de diciembre de 2018. https://www.elheraldo.hn/pais/1244002-466/tony-hern%C3%A1ndez-se-declar%C3%B3-no-culpable-de-cargos-por-narcotr%C3%A1fico-en-estados

[8] Venezuela Política. “Hermano del presidente de Honduras acusado por EE. UU. de delitos de narcotráfico irá juicio en NY”. 5 de abril de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/04/hermano-del-presidente-de-honduras.html

[9] Venezuela Política. “Juez de Nueva York ordena que los jurados del juicio de Tony Hernández sean anónimos”. 13 de septiembre de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/09/juez-de-nueva-york-ordena-que-los.html

[10] Venezuela Política. “Fiscalía de NY: Juicio por narcotráfico contra ‘Tony’ Hernández no es un ‘referéndum sobre la política hondureña’". 29 de agosto de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/08/fiscalia-de-ny-juicio-por-narcotrafico.html

[11] Pro Honduras Network. “Estados Unidos levanta cargos contra primo de Juan Orlando Hernández, Mauricio Hernández Pineda alias CC-6”. 4 de septiembre de 2019. https://www.prohondurasnetwork.com/l/a43/

[12] Pro Honduras Network. “Acusación contra Mauricio Hernández pineda (CC-6) alerta a Juan Orlando Hernández de posible orden de extradición”. 5 de septiembre de 2019. https://www.prohondurasnetwork.com/l/a44/

[13] Pro Honduras Network. “Congresista Norma Torres se refiere a Juan Orlando Hernández como un narcotraficante y cuestiona el acuerdo para convertir a Honduras en tercer país seguro”. 11 de septiembre de 2019. https://www.prohondurasnetwork.com/l/a45/

[14] InSight Crime. “Denuncias de narcotráfico podrían poner fin a ayuda de EE. UU. a presidente de Honduras”. 5 de agosto de 2019. https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/denuncias-de-narcotrafico-podrian-poner-fin-a-ayuda-de-ee-uu-a-presidente-de-honduras/