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lunes, 19 de septiembre de 2022

NY: Cambian fecha del juicio por narcotráfico del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández para abril de 2023

  El voluminoso descubrimiento obliga a la Corte del Distrito Sur de Nueva York al cambio del cronograma del proceso que amenaza con convertirse en un caso polémico por el apoyo que le dio Estados Unidos, al ahora acusado, cuando éste era jefe de Estado.

Por Maibort Petit

  Un juez de Distrito de Nueva York aprobó posponer el inicio del juicio con jurado del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández  para el 24 de abril de 2023, debido a que las partes, la fiscalía y la defensa, pidieron más tiempo para preparar el caso por supuestos  delitos de narcotráfico del ex-mandatario centroamericano.

  De acuerdo al fallo del tribunal, firmado por el magistrado Kevin Castel la prórroga responde a un acuerdo de las partes que argumentaron no estar listos para que el proceso contra el exjefe de Estado que se preveía comenzar el 17 de enero de 2023. 

  Castel dijo que era necesario más tiempo para que las partes puedan prepararse para el juicio. Asimismo, la audiencia que se tenía prevista para el 28 de septiembre de 2022, fue cambiada para el 27 de octubre, según los documentos judiciales.

  En 2021, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, encabezado por el fiscal, Damian Williams, presentó la acusación formal dictada por un Gran Jurado en contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, también conocido como “JOH”, la cual comprende tres cargos.

   Conspiración de importación de cocaína, es el primero de los cargos, el cual establece que Hernández es un exmiembro del Congreso de Honduras y expresidente de la referida nación centroamericana, quien entre 2004 y 2022 participó en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Por ello JOH habría recibido millones de dólares de parte de múltiples organizaciones de narcotraficantes en Honduras, México y otros lugares, entre ellos, el exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo".

  Se indica en la acusación que Juan Orlando Hernández habría usado las ganancias del narcotráfico para enriquecerse, financiar sus campañas políticas y cometer fraude electoral, específicamente en los comicios presidenciales de Honduras de 2013 y 2017. A cambio, JOH protegió a los narcotraficantes, incluido su hermano y ex-diputado del Congreso Nacional de Honduras, Juan Antonio Hernández Alvarado, alias "Tony Hernández".

 Juan Orlando Hernández facilitó información delicada a los traficantes de drogas relativa a las fuerzas del orden público y militares, ayudándolos de este modo en sus actividades delictivas. También dispuso que miembros de la Policía Nacional y militares de Honduras protegieran cargamentos de droga en ese país, al tiempo que permitió una violencia brutal sin consecuencias.

  Sostiene la acusación que JOH abusó de su posición como presidente de Honduras para operar el país como un narcoestado, esto con el fin de enriquecerse, obtener y mantener el poder de manera corrupta. Asimismo, corrompió las instituciones legítimas de Honduras y al tiempo que se presentaba públicamente como un aliado de los Estados Unidos, contribuía con sus cómplices a que su país se convirtiera en uno de los puntos de transbordo más grandes del mundo para la cocaína destinada a los Estados Unidos.

Los medios de la conspiración

  Al explicar los medios y métodos utilizados por JOH para la presunta comisión de la Conspiración de narcotráfico, la acusación explica que desde 2004, varias organizaciones de narcotraficantes en Honduras y otros lugares trabajaron juntas para recibir varias toneladas de cocaína enviadas a Honduras desde Colombia y Venezuela, a través de rutas marítimas y aéreas. Los envíos marítimos se enviaron hacia el norte desde la costa de Venezuela utilizando lanchas rápidas, barcos de pesca y portacontenedores, mientras los envíos aéreos a menudo se enviaban desde pistas de aterrizaje clandestinas, generalmente hechas de tierra o hierba, en Colombia y Venezuela, y se recibían en pistas de aterrizaje clandestinas similares en Honduras. Desde Honduras, los narcotraficantes la transportaban hacia la frontera con Guatemala y, finalmente, a los EE. UU.

 Agrega que desde 2004, los miembros de la conspiración transportaron a través de Honduras más de 500.000 kilos de cocaína con destino a Estados Unidos, para lo cual los narcotraficantes consiguieron el apoyo, protección y participación directa de JOH y otros destacados funcionarios públicos hondureños. A estos, las organizaciones de narcotráfico les pagaron sobornos a cambio de que les proporcionaran protección contra investigaciones y el arresto.

  Hernández y otros destacados funcionarios públicos, supuestamente coordinaron con narcotraficantes en apoyo de la conspiración para transportar y distribuir estos grandes cargamentos de cocaína, al tiempo que hacía que otros brindaran seguridad fuertemente armada para proteger a los miembros de la conspiración y sus cargamentos de cocaína.

 JOH supuestamente interfirió con las investigaciones de narcotráfico, impidió la extradición a Estados Unidos de narcotraficantes; se enriqueció mientras el pueblo de Honduras soportaba condiciones de pobreza y violencia desenfrenada; y obtuvo y mantuvo el poder político a través de sobornos a otros, con ganancias del narcotráfico para asegurar su elección, incluso a través del fraude electoral.

Los hechos

  Juan Orlando Hernández, de acuerdo a la acusación, junto a otros miembros de la conspiración, en tiempos cuando se despeñaba como congresista y se postulaba a la reelección, en 2005, presuntamente aceptó USD 40.000 en ganancias del narcotráfico de Víctor Hugo Díaz Morales, alias "El Rojo", el exlíder de una organización de narcotraficantes con base en Honduras y Guatemala, cuyo soborno fue pagado a través de Juan Antonio Hernández Alvarado. A cambio, la organización de Díaz Morales recibió información y protección de la policía hondureña en las operaciones de transporte de grandes cantidades de cocaína con destino a Estados Unidos a través de Honduras y Guatemala.

  En 2009, JOH hizo campaña para convertirse en presidente del Congreso Nacional de Honduras, tiempo en el que Díaz Morales le entregó aproximadamente USD 100.000 en ganancias del narcotráfico y a cambio ofreció que funcionarios amigos del narcotraficante serían colocados en los principales puestos policiales y brindarían información que les permitiera contrarrestar sus actividades delictivas.

  Del mismo modo, refiere la acusación que entre 2004 y 2016, Díaz Morales recibió información confidencial a cambio de los sobornos pagados a JOH, sobre las actividades en contra del narcotráfico emprendidas por las fuerzas del orden público y el ejército en Honduras. En ese mismo período, Díaz Morales y Tony Hernández trabajaron para transportar a través de Honduras aproximadamente 140.000 kilogramos de cocaína con destino a los Estados Unidos.

Aparece en escena Porfirio Lobo

  La acusación refiere que, en 2009, Porfirio Lobo, aliado político de JOH, comenzó una campaña para convertirse en presidente de Honduras y, en ese tiempo, trabajaron juntos para obtener aproximadamente USD 2.000.000 en ganancias del narcotráfico de Amílcar Alexander Ardon Soriano, alias "Chande", un ex-narcotraficante hondureño y, por entonces, alcalde de El Paraíso en Honduras.

  Hernández y Lobo Sosa le prometieron a Ardón Soriano, protegerlo del arresto y extradición a los Estados Unidos, así como también nombrarían a un pariente y co-conspirador (CC-1) de Ardón Soriano en un puesto en el gobierno nacional hondureño.

  En noviembre de 2009, Porfirio Lobo Sosa fue elegido presidente de Honduras y en enero de 2010, JOH se convirtió en presidente del Congreso Nacional. Posteriormente, y a cambio del soborno de USD 2.000.000 antes mencionado de Ardón Soriano, JOH y Lobo designaron a CC-1 como jefe de una agencia del gobierno hondureño y le otorgaron contratos gubernamentales a través de compañías de fachada controladas por narcotraficantes.

   En enero de 2010, con JOH como presidente del Poder Legislativo hondureño, Tony Hernández y Ardón Soriano participaron en múltiples envíos de cocaína por mes, para lo cual utilizaron varios medios de transporte. Juan Antonio Hernández Alvarado y Ardón Soriano trabajaron juntos para transportar a través de Honduras más de 30.000 kilogramos de cocaína con destino a EE. UU. Para ello contaron con el apoyo de JOH y miembros de la Policía Nacional de Honduras.

  En 2012, JOH apoyó públicamente una enmienda a la Constitución de Honduras que autorizó la extradición de ciudadanos hondureños a los Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico. Sin embargo, durante reuniones privadas, JOH, Tony Hernández Alvarado y otros funcionarios públicos prominentes en Honduras, prometieron proteger a sus aliados del narcotráfico a cambio de grandes pagos de ganancias del narcotráfico y apoyo en las próximas elecciones.

  En 2013, JOH comenzó a hacer campaña para convertirse en presidente de Honduras y presuntamente habría aceptado USD 1.000.000 en ganancias del narcotráfico de Guzmán Loera que llegaron a sus manos a través de su hermano Tony Hernández Alvarado quien, para la época, trabajaba en coordinación con Ardón Soriano y otra organización narcotraficante liderada por Miguel Arnulfo Valle Valle y Luis Antonio Valle Valle para proporcionar al Cártel de Sinaloa cantidades masivas de cocaína y seguridad armada para el transporte de esos cargamentos a través de Honduras. JOH envió a Tony Hernández Alvarado y un asociado, armados con ametralladoras, a cobrar el millón de dólares de Guzmán Loera.

El Cártel de Sinaloa en Honduras

  La acusación explica que, en 2013, previo a las elecciones presidenciales, JOH ordenó a CC-1 y a otros que sobornaran a ciertos políticos y funcionarios electorales utilizando los fondos de la campaña financiados con las ganancias del narcotráfico. Esto con el objetivo de asegurar que Juan Orlando Hernández ganara las elecciones.

  En 2013 y 2014, cuando JOH fue elegido presidente de Honduras, como parte de su participación continua en la conspiración de tráfico de cocaína se asoció con Geovanny Fuentes Ramírez y este le proporcionó USD 25.000 a cambio de protección. JOH quería acceder a un laboratorio de cocaína controlado por Fuentes Ramírez debido a su proximidad a un puerto en Honduras y acordó con éste el uso de personal de las fuerzas armadas hondureñas como seguridad para sus actividades de narcotráfico. JOH instruyó a Fuentes Ramírez acerca de que Tony Hernández Alvarado estaba manejando actividades de narcotráfico en Honduras y que a él debía reportarle directamente.


sábado, 5 de febrero de 2022

Comité de Relaciones Exteriores del Senado pide al gobierno de Biden designar a expresidente de Honduras como capo del narcotráfico

  El pedido lo formuló el presidente de la instancia parlamentaria al Secretario de Estado, Antony Blinken, y a la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen.

Por Maibort Petit 

  Designar oficialmente a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, como traficante extranjero de narcóticos, fue la solicitud formal que el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Menéndez, le formuló al gobierno de Joe Biden, a través de sendas comunicaciones dirigidas, por una parte, al Secretario de Estado, Antony Blinken y, por la otra, a la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen.

   A los altos funcionarios de la administración Biden, Menéndez les pidió revocar de inmediato la visa y sancionar como un "traficante de narcóticos extranjero importante" según la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico, a Hernández, conocido popularmente como JOH.

  Asimismo, el senador demócrata instó al gobierno a pedir al exmandatario hondureño, cuentas como co-conspirador y a adoptar una posición firme en apoyo del estado de derecho en Centroamérica. Tal posición la sostiene Menéndez con base al creciente cuerpo de evidencia incriminatoria existente en contra de Juan Orlando Hernández, sobre quien todo hace presumir su participación en actividades de narcotráfico.

  “Ya es hora de que el gobierno de los EE. UU. busque medidas de rendición de cuentas contra Juan Orlando Hernández, comenzando con una revocación pública de su visa y designación en virtud de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico”, señala la carta.

— Estados Unidos debe continuar demostrando su apoyo al estado de derecho y a los pueblos de las Américas identificando, denunciando y sancionando a los funcionarios extranjeros involucrados en el narcotráfico y socavando la democracia en el hemisferio, independientemente de que dichos actores sean presidentes o altos funcionarios de los países socios —reza uno de los fragmentos que Menéndez dirigió a los secretarios de Estado y del Tesoro.

   Igualmente, subrayó que varios casos judiciales federales sugieren en sus alegatos que Juan Orlando Hernández se encuentra involucrado en actividades delictivas y narcotráfico, al tiempo que advirtió que tal proceder del expresidente hondureño “han puesto en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos y la prosperidad del pueblo” de la nación centroamericana.

  Menéndez estima que ya es momento de que se haga responsable a Hernández por sus actividades y se le sancione en virtud de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico, así como “revocar su visa”. En tal sentido, manifestó que “el gobierno de Biden puede afirmar su compromiso de promover el estado de derecho en Centroamérica y emitir una declaración inequívoca de que la impunidad del gobierno no será tolerada en ningún lugar”.

  Del mismo modo, en sus comunicaciones, Robert Menéndez recordó los casos del exvicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, y el presidente colombiano, Ernesto Samper, a quienes el gobierno de los EE. UU. sancionó, por lo que ahora la administración Biden, debe guiar en ese sentido las acciones contra Juan Orlando Hernández.

  Destacó el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado que, de acuerdo Departamento de Justicia, “la impunidad entre los funcionarios gubernamentales de alto rango involucrados en actividades de tráfico de drogas en Honduras ha contribuido a que el país se convierta en 'uno de los principales puntos de transbordo de cocaína con destino a Estados Unidos' y en un 'narcoestado en ruinas'”.

  Fue así como Menéndez criticó la exclusión del expresidente Hernández de la lista del Departamento de Estado que incluye actores corruptos y antidemocráticos en el Triángulo Norte. “Me temo que la omisión de Juan Orlando Hernández en estas listas está enviando un mensaje equivocado al pueblo hondureño en un momento de transición de su democracia, así como a los funcionarios públicos de toda la región”.

  En las comunicaciones Menéndez refiere que, si bien Juan Orlando Hernández “no ha sido acusado formalmente, las pruebas presentadas en varios casos judiciales federales de EE. UU. desde 2019, lo han implicado de manera creíble como co-conspirador en delitos de narcotráfico”.

   En específico, se refiere a la Presentación de sentencia del gobierno de los EE. UU. en el caso de Estados Unidos contra Juan Antonio Hernández Alvarado —exdiputado y hermano de JOH— donde se hace mención directa al expresidente Hernández y su “papel de liderazgo en una conspiración de tráfico de drogas violenta y patrocinada por el estado”.

  Y aunque JOH ha negado estas acusaciones, Robert Menéndez subraya que los materiales presentados en tres casos de la corte federales involucran a familiares y ex-socios que han presentado evidencia incriminatoria de la participación directa del exmandatario de Honduras en actividades de narcotráfico.

  Cita que, en febrero de 2021, documentos judiciales daban cuenta de la investigación que fiscales de EE. UU. seguían a Hernández y otros funcionarios gubernamentales de alto rango, por su presunta participación en esquemas de tráfico de drogas.

   También menciona que el 30 de marzo de 2021, Tony Hernández fue condenado a cadena perpetua después de haber sido declarado culpable de conspiración para traficar al menos 185.000 kilogramos de cocaína a los Estados Unidos.

  “Las pruebas presentadas en los procedimientos judiciales en el caso de Estados Unidos v. Juan Antonio Hernández Alvarado demostraron que “entre 2004 y 2019, [Tony Hernández] obtuvo y distribuyó millones de dólares en sobornos derivados de las drogas a Juan Orlando Hernández”, quien fungió como su co-conspirador.

  La comunicación de Robert Menéndez al gobierno de Biden, también recuerda que, en 2013, Tony Hernández, dirigido por Juan Orlando Hernández, aceptó USD 1 millón del Chapo Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa, un dinero que habría sido inyectado a la campaña presidencial de JOH, destino que, de acuerdo a lo que rezan los documentos judiciales, no habría sido negado por el exmandatario.

   Se hace mención también al pedido que Juan Orlando Hernández habría formulado en 2013 de USD 1,6 millones en ganancias de drogas al narcotraficante Ardón Soriano, dinero que igualmente habría estado destinado a su campaña electoral y las de su partido político.

  El narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez, condenado por narcotráfico el 22 de marzo de 2021, proceso judicial en el que se conoció que JOH era uno de los socios que recibió “decenas de miles de dólares [de Fuentes Ramírez] a cambio de una promesa continua de protección… del escrutinio de las fuerzas del orden público y apoyo militar a sus actividades de narcotráfico”, entre otros señalamientos que el senador Menéndez cita en sus comunicaciones.

  Sustentado en estos records, Robert Menéndez insta a Antony Blinken y Janet Yellen, a responsabilizar públicamente a Juan Orlando Hernández por sus acciones, pues su omisión en las listas de Actores Corruptos y Antidemocráticos en Centroamérica del Departamento de Estado, envía un mensaje equivocado al pueblo hondureño en el actual momento de transición de su democracia.

  Finalmente, Robert Menéndez destaca que Estados Unidos debe seguir demostrando su apoyo al estado de derecho y a los pueblos de las Américas, procediendo a identificar, denunciar y sancionar a los funcionarios extranjeros que se encuentran involucrados en el narcotráfico y socavan la democracia en el hemisferio, “sin importar si dichos actores son presidentes o altos funcionarios de países socios (…) Al sancionar al expresidente Hernández en virtud de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico y revocar su visa, el gobierno de Biden puede afirmar su compromiso de promover el estado de derecho en Centroamérica y emitir una declaración inequívoca de que la impunidad del gobierno no será tolerada en ningún lugar”.

lunes, 22 de marzo de 2021

Geovanny Fuentes Ramírez fue condenado por un jurado en NY por narcotráfico y cargos de armas

   Geovanny Fuentes Ramírez conspiró con políticos hondureños de alto rango y miembros de la Policía Nacional y Militar de Honduras para operar un laboratorio de cocaína en Honduras y distribuir cocaína a través de rutas aéreas y marítimas.

Por Maibort Petit

    Un jurado en Nueva York emitió un veredicto unánime de culpabilidad contra Geovanny Fuentes Ramírez, un ex-empresario hondureño acusado de tres cargos de narcotráfico y posesión de armas. En este caso se nombró al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández como co-conspirador aunque el mandatario no ha sido acusado formalmente por los fiscales federales.



  Fuentes Ramírez fue juzgado por tres cargos, que incluían cargos de importación de cocaína y armas. Está previsto que el convicto sea sentenciado por el 22 de junio de 2021.

  Strauss dijo: “Geovanny Fuentes Ramírez era, hasta su arresto por la DEA hace poco más de un año, un traficante de cocaína despiadado, poderoso y asesino en Honduras. Facilitó el envío de grandes cargas de cocaína sobornando a Juan Orlando Hernández Alvarado, entonces presidente del Congreso Nacional de Honduras y ahora presidente de Honduras. Hernández Alvarado ordenó a Fuentes Ramírez que se reportara directamente al co-conspirador convicto y excongresista hondureño Tony Hernández, hermano del presidente. Ahora, Geovanny Fuentes Ramírez, uno de los conductos criminales entre funcionarios hondureños y narcotraficantes, enfrenta una posible vida tras las rejas”.

  Según los documentos federales, a partir de 2009 o alrededor de esa fecha, Fuentes Ramírez y otros establecieron y operaron un laboratorio de cocaína en el departamento de Cortés de Honduras, donde producían cientos de kilogramos de cocaína cada mes. 

  Fuentes Ramírez trabajó con otros para recibir cargamentos de cocaína enviados a Honduras por rutas aéreas y marítimas, y para transportar cocaína que producía en el laboratorio. 

  El convicto brindó seguridad para la instalación y para el transporte de cocaína, utilizando trabajadores fuertemente armados y personal policial y militar hondureño.

  En varias ocasiones, aproximadamente entre 2010 y 2013, FUENTES RAMIREZ ayudó a organizar o participó directamente en la violencia relacionada con las drogas. 

  Alrededor de 2012, después de que el laboratorio de cocaína de se Fuentes Ramírez fuera allanado por las fuerzas del orden, el convicto golpeó y torturó a un agente de la ley que él creía que había estado involucrado en la investigación del laboratorio. Asimismo, asesinó al oficial disparándole en la cabeza con lo que Fuentes Ramírez describió como “tiros de piedad”.

  En o alrededor de 2013,  Fuentes Ramírez pagó un soborno de al menos aproximadamente $ 25,000 al presidente hondureño Juan Orlando Hernández Alvarado, quien en ese momento era el presidente del Congreso Nacional Hondureño, y le permitió a Hernández acceder a millones de dólares por valor de cocaína de su laboratorio. 

  En relación con las negociaciones relacionadas con el laboratorio, Juan Orlando Hernández le dijo a Fuentes Ramírez que estaba interesado en el acceso al laboratorio debido a su proximidad a Puerto Cortés, un puerto de envío clave en la costa norte de Honduras. 

  El presidente de Honduras también le dijo a Fuentes Ramírez que las fuerzas armadas hondureñas brindarían seguridad y que Óscar Fernando Chinchilla Banegas, el Fiscal General de Honduras, ayudaría a proteger sus actividades de narcotráfico. 

  El presidente Hernández instruyó a Fuentes Ramírez que se reportara directamente con su hermano, Juan Antonio Hernández Alvarado alias "Tony Hernández", a los efectos de su asociación con el narcotráfico. 

  Finalmente, Juan Orlando Hernández le dijo a Fuentes Ramírez que quería que la DEA pensara que Honduras estaba luchando contra el narcotráfico, pero que en cambio iba a eliminar la extradición y "meter drogas en las narices de los gringos", refiriéndose a inundar Estados Unidos de cocaína.

  En octubre de 2019, Tony Hernández fue condenado por los mismos delitos que Fuentes R, así como un cargo adicional por realizar declaraciones falsas a la DEA. Fuentes Ramírez se reunió con el presidente Juan Orlando Hernández luego de dos presentaciones clave en el enjuiciamiento de Tony Hernández, como lo demuestran, entre otras cosas, los datos del teléfono del convicto que reflejan que buscó dos veces direcciones a la Casa Presidencial de Juan Orlando Hernández  en Tegucigalpa, Honduras, después de las presentaciones. 

Tony Hernández está programado para ser sentenciado por el juez Castel el 30 de marzo de 2021.

Fuentes R, de 51 años, fue condenado por tres cargos: 

(1) conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, que conlleva una pena de prisión mínima obligatoria de 10 años y una pena máxima de prisión de por vida; 

(2) usar y portar ametralladoras durante la conspiración de importación de cocaína y poseer ametralladoras durante la conspiración de importación de cocaína, que conlleva una pena de prisión obligatoria consecutiva de 30 años; y 

(3) conspirar para usar y portar ametralladoras durante, y poseer ametralladoras en apoyo de la conspiración de importación de cocaína, que conlleva una pena máxima de prisión de por vida.

martes, 4 de febrero de 2020

Tony Hernández no tiene dinero para pagar su defensa

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  El narcotraficante, hermano del actual presidente de Honduras, Juan Antonio "Tony" Hernández  hallado culpable de delitos de tráfico de cocaína sostuvo frente a un juez de Nueva York que no tiene fondos para pagar su defensa, por lo que pidió que se le designara  un abogado de oficio.
"He agotado mi cuenta bancaria y los ahorros de mi vida y estoy sin recursos para pagar nuevos abogados en este momento crítico, cuando decidirán cómo voy a pasar el resto de mi vida", escribió Hernández en una carta al juez.

  Alegando que está en quiebra financiera y que no puede pagar a sus abogados, Juan Antonio "Tony" Hernández, hermano del presidente de Honduras, ha pedido a un juez de Nueva York un abogado público designado por el tribunal.

  El ex congresista hondureño y narcotraficante convicto le escribió al juez Kevin Castel a principios de este mes buscando cambiar su representación legal antes de su sentencia, que había sido fijada inicialmente para el 24 de febrero, pero que ha sido pospuesta.

  Hernández, 41, fue condenado por cargos de tráfico de drogas y armas en octubre y enfrenta cadena perpetua.

   Hernández agregó que ya no se siente "confiado" en los servicios de sus abogados de Miami, Mike Tein y Oscar Malone. "Malone y Tein han estado casi completamente fuera de contacto conmigo desde mi condena", escribió, y agregó que los abogados "no han hecho ningún esfuerzo" para revisar los materiales previos a la sentencia.

  En  los documentos judiciales, los abogados de Hernández argumentaron que "una sentencia de cadena perpetua no está justificada" y se opusieron a una docena de conclusiones negativas previas a la sentencia hechas por su oficial de libertad condicional.

  Afirmaron que una sentencia mínima obligatoria de 40 años en prisión sería "suficiente" ya que Hernández tendría 81 años para ese entonces.

"Durante su más de un año de encarcelamiento,  Hernández ha visto a muy pocos miembros de su familia y no ha sido visitado por sus cinco hijos pequeños en edad escolar. Así, en este nivel social y cultural el aislamiento que enfrenta actualmente  Hernández continuará durante al menos los próximos cuarenta años," explicaron.

   Tony Hernández fue hallado culpable por un jurado de cuatro cargos de tráfico de armas y narcóticos y declaraciones falsas. 

   Tony Hernández no es el único miembro de la familia presidencial de Honduras que está acusado por el gobierno de Estados Unidos de delitos de narcotráfico.  Un ex miembro de la Policía Nacional hondureña, Mauricio Hernández Pineda, primo del presidente Juan Orlando Hernández fue arrestado y se espera por su comparecencia ante el tribunal el 24 de abril. 

  Hernández Pineda firmó una declaración jurada de pobreza, y la corte  le asignó Michael Martin.

   En la audiencia de presentación de cargos en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Hernández Pineda se realizó el 20 de febrero.

  

martes, 8 de octubre de 2019

Juez ordena abrir investigación sobre sujeto (s) que tomaron fotos a los jurados del juicio por narcotráfico contra Tony Hernández

Por Maibort Petit
@Maibort Petit 

  Un juez en Nueva York ordenó abrir una investigación contra uno o varios sujetos que habrían tomado fotografías a los miembros del jurado del juicio contra Juan Antonio Hernández, un exdiputado hondureño acusado por el gobierno de los Estados Unidos de delitos de narcotráfico, quien además es hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.
   El evento denunciado por el juez del caso, Kevin Castel fue calificado como un delito federal de obstrucción a la justicia, debido a que el tribunal ordenó que la identidad de los miembros del panel quede sellada por motivos de seguridad. Debido a la orden de anonimato que pesa sobre los jurados, sus rostros no pueden ser dibujados por los artistas que realizan los bocetos del juicio.

  Uno o varios sujetos que acudieron a la quinta audiencia del juicio, tomaron fotografías a los miembros del jurado cuando estaban entrando o saliendo del edificio de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, ubicada en el 500 Pearl Street, en el sur de Manhattan.

  La irregularidad fue denunciada al juez Castel, quien de inmediato solicitó a la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York que abriera una investigación que permita conocer quién o quiénes infringieron la orden del tribunal.

  Fotografiar a los jurados es considerado como un mecanismo de intimidación que puede generar consecuencias graves, como por ejemplo, puede ser una alegación para solicitar un "mistrial" o juicio nulo. El magistrado advirtió que el hecho denunciado es muy grave y que no iba a permitir ese tipo de irregularidades. Aseguró que -él o los responsables- estarían obstruyendo la justicia con el delito cometido. 

   El juez Castel ordenó a los alguaciles de los EE. UU. incrementar la vigilancia en los alrededores de la corte para detectar a los violadores de las reglas del tribunal. 

  En los últimos días ha aumentado el público asistente al mediático juicio del político y presunto narcotraficante hondureño. Algunos de los visitantes son turistas que vienen de varias ciudades de Honduras y quieren ver de cerca a los protagonistas del escándalo que ha marcado el país centroamericano.

  Este martes se observó en la sala a varios sujetos que hablaban en voz alta, no seguían el protocolo establecido por la corte que obliga a levantarse cuando entran o salen los jurados del recinto. En dos oportunidades, el juez Castel levantó la voz y pidió silencio casi a gritos, a la vez que exigió un comportamiento apropiado a los presentes en la audiencia. 

  El juez Castel dijo que las reglas serán más rigurosas en el juicio de Tony Hernández en las próximas audiencias. El juicio está previsto a realizarse en 10 ó 12 días.

Al final de la sesión, uno de los jurados entregó una nota al juez, que preocupó mucho al magistrado quien se vio obligado a llamar a las 2 partes a una reunión en la lateral de la sala. Lo que se decidió en esa conversación no se ha informado todavía a la prensa.

viernes, 5 de abril de 2019

Hermano del presidente de Honduras acusado por EE. UU. de delitos de narcotráfico irá juicio en NY

La fiscalía estadounidense sostiene que Hernández Alvarado tuvo acceso a los laboratorios de cocaína en Honduras y Colombia y que los paquetes de la droga tenían la marca “TH” equivalente a “Tony Hernández”.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Juan Antonio Hernández Alvarado, alias “Tony Hernández”, exdiputado del Congreso y hermano del actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se declaró no culpable de delitos de conspiración para traficar cocaína a los Estados Unidos y  posesión de armas de fuego. El juez del Distrito Sur de Nueva York, P. Kevin Castel fijó el inicio del juicio para 30 de septiembre de 2019.
Juan Antonio Hernández Alvarado fue arrestado en Miami, Florida el 26 de noviembre de 2018, tras una orden de captura liberada por las autoridades norteamericanas. 

La acusación federal contra Hernández Alvarado dice que el acusado habría participado con organizaciones criminales de narcotráfico que operaron en Honduras desde 2004 hasta 2016 para traer droga a los Estados Unidos.

Los documentos destacan que por más de una década, varios carteles de narcotráfico trabajaron en conjunto con prominentes funcionarios públicos y otras personas, incluyendo a políticos y policías de Honduras, para recibir múltiples toneladas de cocaína enviadas a Honduras desde Colombia, vía marítima y aérea, para  luego ser transportadas hasta Guatemala y desde allí a Estados Unidos.

Los carteles de la droga pagaron sobornos a oficiales del Congreso nacional y a oficiales públicos, así como a funcionarios de la policía de ese país centroamericano, dice la demanda.
Juan Antonio Hernández Alvarado es un ex miembro del Congreso Nacional, hermano del actual presidente de Honduras y un narcotraficante de gran escala que trabajó con otros narcotraficantes de Colombia, México y Honduras para importar cocaína a Estados Unidos.

La acusación dice que desde 2004 hasta 2016, Hernández Alvarado ha estado vinculado a actividades de narcotráfico y participó en  el procesamiento, recibimiento, transporte y distribución de múltiples toneladas de cocaína que llegaban a Honduras en aviones, lanchas rápidas, y al menos en una ocasión, en submarinos. 

La fiscalía estadounidense sostiene que Hernández Alvarado tuvo acceso a los laboratorios de cocaína en Honduras y Colombia y que los paquetes de la droga tenían la marca “TH” equivalente a “Tony Hernández”. Al acusado también se le acusa de participar en la coordinación y al mismo tiempo, en la entrega de armamento pesado (ametralladoras y rifles) a los miembros de la policía y a los traficantes de drogas para asegurar los envíos de cocaína que eran transportados a Honduras. 

Paralelo a las actividades de tráfico de drogas, Hernández Alvarado y otros conspiradores, sobornaron a los oficiales con información sensible para proteger los envíos de drogas y solicitaron altos montos de dinero en coimas a grandes narcotraficantes "a nombre de uno de los político más importantes de Honduras".

En febrero de 2014 en Honduras, Juan Antonio Hernández se reunió con Devis Leonel Rivera Maradiaga, el ex líder del cártel de los Cachiros, una violenta organización criminal. La reunión fue organizada por ex miembro de la policía Nacional de Honduras. En esa reunión, que fue grabada en audio y video,  el acusado acordó tramitar con el gobierno presidido por su hermano, Juan Hernández Alvarado, los pagos que le adeudaban a una o más empresas de Rivera Maradiaga que usaban el cártel de los Cachiros para lavar dinero proveniente del narcotráfico. Rivera Maradiaga le pagó a Hernández Alvarado USD 50.000, 00 por ese encuentro.

La fiscalía estadounidense acusa a Hernández Alvarado y a otros, de haber violado el Título 21 del Código de Estados Unidos en las secciones 952(a) y 960 (1). Asimismo, se le acusa de violar el título 18 relativo a posesión de armas de fuego, y de hacer declaraciones falsas a las autoridades.

La demanda dice que Hernández Alvarado en octubre de 2016 mintió ante la Corte del Distrito Sur de Florida. El acusado declaró falsamente y de una manera tramposa presentó declaraciones falsas durante una entrevista que le hicieron los representantes del gobierno de Estados Unidos, de la Agencia Antidrogas DEA e investigadores de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que realizaba la investigación en su contra.  En esa entrevista -dicen los documentos federales- el acusado dio falsa información, incluyendo una declaración que decía que "nunca había recibido dinero de parte de narcotraficantes para ningún objetivo y que nunca ofreció apoyo ni asistencia a ningún narcotraficante bajo ninguna vía".

Calendario procesal

Juan Antonio Hernández Alvarado fue presentado en la corte del Distrito Sur de Nueva York, el pasado 29 de marzo de 2019. El juez acordó un calendario para la preparación del juicio. Quedó fijada para el 10 de mayo de 2019, la presentación de las mociones del caso. El 6 de mayo se esperan las respuestas del acusado y las de la fiscalía para el 28 de mayo.

El juicio se iniciará con la selección del jurado el 30 de septiembre de 2019. Habrá una conferencia previa al juicio el 27 de junio. 

Juan Antonio Hernández Alvarado está representado por el abogado, Omar Malone y los fiscales de este caso son Matthew Laroche, Emil Bove III. 


lunes, 26 de noviembre de 2018

Conoce por qué la DEA arrestó al hermano del presidente de Honduras por cargos de narcotráfico

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Juan Antonio Hernández Alvarado, alias "Tony Hernández", excongresista y hermano del actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue apresado bajo acusaciones de tráfico de drogas, cargos de armas y declaraciones falsas ante un tribunal federal. La información la dio a conocer la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos y fiscales federales.
El caso de Hernández Alvarado tiene asiento en el tribunal federal de Manhattan, pero al haber sido arrestado el pasado 23 de noviembre de 2018 en Miami, le correspondió rendir declaración este lunes 26 de noviembre en la Corte del Distrito Sur de la Florida ante un juez de primera instancia.

El agente especial de la DEA, Raymond Donovan, refirió que "El tráfico de drogas y la corrupción en todo el mundo amenazan el estado de derecho, alimenta la violencia y la inestabilidad, y perjudica a familias y comunidades inocentes (…) Hernández y sus asociados criminales supuestamente conspiraron con algunas de las redes criminales transnacionales más mortales y peligrosas del mundo en México y Colombia para inundar las calles de Estados Unidos con drogas mortales. La DEA espera que Hernández se enfrente a la justicia estadounidense y responda por sus presuntos delitos".

Entretanto, el fiscal de Manhattan, Geoffrey S. Berman, informó que “el excongresista hondureño Tony Hernández estuvo involucrado en todas las etapas del tráfico de drogas a través de Honduras de cargas de varias toneladas de cocaína que estaban destinadas a los EE. UU.", al tiempo que agregó que el hermano del mandatario hondureño “supuestamente organizó la seguridad para los envíos de cocaína, sobornó a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para obtener información sensible para proteger los envíos de drogas y solicitó grandes sobornos a los principales narcotraficantes. Gracias al trabajo en curso de la DEA, Hernández está ahora bajo custodia en territorio estadounidense y enfrentando a la justicia en las cortes estadounidenses”.

La acusación no sellada producto de la investigación de la DEA indica que desde alrededor de 2004, hasta aproximadamente 2016, múltiples organizaciones de narcotraficantes trabajaron juntas en Honduras y en otros lugares con el apoyo de ciertos individuos públicos y privados prominentes. Se trataría de políticos hondureños y oficiales de la ley, quienes recibieron cargas de cocaína de varias toneladas enviadas a Honduras desde Colombia —entre otros lugares— a través de rutas aéreas y marítimas, para entonces proceder a su traslado hacia el oeste de Honduras y de allí a la frontera con Guatemala hasta llegar a los Estados Unidos.

De acuerdo con la investigación de la DEA, los narcotraficantes pagaron sobornos a funcionarios públicos, entre ellos a miembros del Congreso Nacional de Honduras, con el objeto de que los protegieran de la interferencia oficial y para facilitar el paso seguro a través del territorio hondureño de cientos de kilos de cocaína.

Los cargos también refieren a Hernández como excongresista, hermano del presidente de Honduras y como un narcotraficante a gran escala que trabajó con otros agentes del narcotráfico en Colombia, Honduras y México, para importar cocaína a los Estados Unidos, hecho que jabría ocurrido aproximadamente desde 2004, hasta alrededor de 2016.

Juan Antonio Hernández Alvarado estuvo involucrado —de acuerdo a la averiguación— con el procesamiento, recepción, transporte y la distribución de cargas de cocaína de toneladas múltiples que llegaron a Honduras a través de aviones, buques rápidos y, al menos en una ocasión, en un submarino. El acusado tuvo acceso a los laboratorios de cocaína en Honduras y Colombia, en los que parte de la cocaína estaba marcada con el símbolo "TH", es decir, las iniciales de "Tony Hernández", el alias con el que también se le conoce. Igualmente habría coordinado y, a veces, participó en proporcionar seguridad fuertemente armada para los envíos de cocaína transportados dentro de Honduras, incluso por miembros de la Policía Nacional de la nación centroamericana y con narcotraficantes armados con —entre otras armas— ametralladoras.

Hernández y sus coconspiradores igualmente habrían sobornado a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley con el objetivo de obtener información sensible que permitiera proteger los envíos de drogas y, supuestamente, solicitaron grandes sobornos a los principales narcotraficantes.

Se indica que Hernández Alvarado, alrededor de febrero de 2014, habría tenido una reunión en  Honduras con Devis Leonel Rivera Maradiaga, exlíder de una violenta organización de narcotraficantes hondureña conocida como los “Cachiros”. Audios y videos grabados de este encuentro mostrarían a Hernández aceptando ayudar a Rivera Maradiaga al hacer que las entidades del gobierno hondureño pagaran el dinero adeudado a una o más compañías de lavado de dinero de los “Cachiros”, a cambio de pagos ilícitos de Rivera Maradiaga. Se conoció que este último supuestamente habría pagado a Hernández Alvarado aproximadamente USD 50.000 durante la reunión.

Los cargos que se le imputan a Juan Antonio Hernández Alvarado en específico son: 1) conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos; 2) usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la importación de cocaína de la conspiración; 3) conspiración para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína; y 4) hacer declaraciones falsas a agentes federales.

En caso de que el proceso judicial que se le va a seguir a Hernández Alvarado resultara en una declaración de culpabilidad, este se enfrentaría a una sentencia mínima obligatoria de 10 años en prisión y una vida máxima en prisión en el recuento uno; una sentencia mínima obligatoria de 30 años en prisión y una vida máxima en prisión en el recuento dos; un plazo máximo de la vida en prisión en el recuento tres; y un plazo máximo de cinco años en prisión en el recuento cuatro.