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martes, 22 de septiembre de 2020

Héctor Gonzalo Nuñez Troyano, un exfuncionario de PDVSA que recibió sobornos de empresa de asfalto de la Florida

 Por Maibort Petit

   De acuerdo a la acusación que cursa en la Corte del Distrito Este de Nueva York, Héctor Gonzalo Nuñez Troyano, exfuncionario de PDVSA, recibió sobornos relacionados con contratos de Petróleos de Venezuela, por parte de la empresa registrada en la Florida, Sargeant Marine Inc. Esta entidad se declaró culpable, este martes en Nueva York, y aceptó pagar $ 16,6 millones para resolver cargos relacionados con un esquemas de pagos de coimas por negocios en Brasil, Venezuela y Ecuador.

   Según los documentos federales, Sargeant Marine Inc admitió que entre, aproximadamente, 2012 y 2018, sobornó a cuatro funcionarios de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) en Venezuela a cambio de información privilegiada y por su asistencia en la gestión de contratos para comprar asfalto de PDVSA a un nominado de Sargeant Marine. Uno de esos funcionarios que cobró coimas para entregar información de contratos fue  Héctor Gonzalo Nuñez Troyano. 

  En los documentos se señala que los co-conspiradores de la empresa  Sargeant Marine utilizaron nombres en clave para ocultar las identidades de algunos de los funcionarios de PDVSA que recibieron los sobornos, refiriéndose a ellos simplemente como “Oiltrader”, “Tony” y “Tony 2” en correos electrónicos y mensajes de texto.

  En la conspiración, los involucrados llamaban "Chocolates" a la información privilegiada de PDVSA que cambiaban por los millonarias coimas. Al igual que en Brasil, Sargeant Marine encubrió los sobornos, celebrando acuerdos de consultoría falsos con un intermediario de sobornos y transfiriendo pagos de comisiones a cuentas bancarias estadounidenses y extranjeras que controlaba.El intermediario de sobornos luego pagó a los funcionarios de PDVSA en nombre de Sargeant Marine.

 Héctor Gonzalo Nuñez Troyano 

  Héctor Gonzalo Nuñez Troyano, Cédula de Identidad N-12.626.012 nació el 19 de septiembre de 1977 en Chacao, Miranda. Su nombre aparece vinculado a dos empresas en Panamá, Oil Link y Associates S.A y Pavenplast S.A. 

 En la empresa Oil Link y Associates aparece asociado con las siguientes personas:  Carlos Roberto Ferreira Machado, Roberto Enrique Monteza Gómez y Juan Carlos Santa Mejía.




  En Pavenplast S.A, está asociado con María Lourdes Galán, María Isabel Valdes Mora, Henry Hou Chun Lam Wong, Luis Alberto Ramírez Arrieti. El agente registrador es DE CASTRO & ROBLES.




Empresas en España

  De acuerdo al portal Infoempresa,  Héctor Gonzalo Nuñez Troyano aparece relacionado a dos empresas en Toledo, España. La primera es Olivariumm Proyectos SL, en asociación con Diego García Mayoral, Adriana Beatriz Ramírez Corrales, Alfonso Tomás Nuñez Troyano y Francisco de Julian Saez.

GAUGAMELA 2018 SL en Toledo






  Alfonso Tomás Nuñez Troyano aparece vinculado en varios negocios con Héctor Gonzalo Nuñez Troyano. El primero aparece en los Panamá Papers, vinculado al escándalo de Mossack Fonseca con la  empresa DOLMER INDUSTRIES INC.

 Empresa en Vizcaya 

  Héctor Gonzalo Nuñez Troyano se presenta como empresario en Bilbao. Aparece con dos empresas  Alhent Ingenieria   Y Proyectos Sociedad Limitada registradas en  BILBAO (VIZCAYA) el 26 de Abril de 2017 con un Capital 5.704.000,00 €.









lunes, 21 de septiembre de 2020

Destruyeron plantas de gas en PDVSA con la intención de comprar otras con sobreprecio

Por Maibort Petit

  Un proceso de desmantelamiento habría operado en las instalaciones de plantas de compresión de gas en el Lago de Maracaibo, donde muchas de estas instalaciones, las cuales habían sido repotenciadas entre los años 2004 y 2012 a un muy alto costo para Petróleos de Venezuela S.A., con el supuesto objetivo de llevar a cabo negociaciones irregulares y con sobreprecios en la compra de equipos sustitutos.

  De la tal obsolescencia habló el 6 de marzo de 2017, el presidente de PDVSA para la fecha, Eulogio Del Pino, quien en visita a las plantas compresoras de Gas Bachaquero I y Bachaquero II, cuando inspeccionaba las áreas operacionales ubicadas en diferentes regiones del país.

“Estas plantas forman parte de un sistema que lleva más de ocho décadas funcionando; muchas de ellas necesitan ser sustituidas; por ello estuvimos revisando un proyecto denominado Sorocaima, que será una nueva planta para el manejo del gas en el Lago de Maracaibo, adaptada a la nueva situación de los yacimientos lacustres, dado que las condiciones de producción y manejo de gas ha cambiado”, dijo Del Pino.

 Allí el presidente de la estatal anunció que Orlando Chacín, vicepresidente de Producción estaba encargado, a través de un comité, de repensar la producción de crudo y gas en el Lago de Maracaibo y, en tal sentido, debía plantear nuevas estrategias de infraestructura en esa área operacional. Sin embargo, advirtió que a pesar de la obsolescencia de los equipos, en la zona había una producción de” 400 mil barriles de crudo por día y tiene la oportunidad de crecer, porque tenemos las reservas que es lo más importante. Las reservas probadas del Lago de Maracaibo superan las de cualquier país, calculadas en 10 mil millones de barriles. Eso da para producción con una infraestructura diferente, nueva”[1].

  Fuentes ligadas a la industria petrolera nos indican que el deterioro inducido se habría provocado, no únicamente en las viejas plantas de turbocompresores en cadena (1 cadena=6 o 7 turbocompresores en serie), como es el caso de las plantas PC-Bachaquero-1, PC-TJ-3 (Tía Juana 3) y PC-TJ-2, sino también en las más nuevas de tipo Modulares como PC-TJ4, PC-TJ-5, PC-LL-1 (Lagunillas 1), MiniPlantas MP-LL-1, 2, 3, 4, 5, 6 (Lagunillas 1 a la 6), PC-UD-1 (Urdaneta 1), entre otras con 1 y hasta 4 Módulos independientes (1 Módulo= 1 Turbocompresor); además, en los complejos donde operan cantidad de diversos módulos, incluidos los de generación eléctrica, como los de Complejo LAMA y LAMARGAS.


  Se nos hace saber que entre esos módulos había unos denominados “portátiles”, los cuales se suponía, podían movilizarse en razón de que poseían en sus bases los mecanismos para trasladarlos "fácilmente" de un lado al otro del Lago de Maracaibo. De estos equipos, quedaban dos operativos de los años ´90, los cuales eran conocidos como PORTA-6 y PORTA-7.

  Sustentados en esta experiencia, Héctor Roque, Héctor Roque, exgerente de Operación Integral de Plantas y Luis Nieto, comenzaron a proponer un megaproyecto denominado "Compresión Portátil", que no consistió en otra cosa que provocar la obsolescencia de algunas plantas, para ser sustituidas por este tipo de módulos "portátiles", a un costo de USD 1.000.000.000. Para ello habrían contactado a un grupo de ingenieros en Estados Unidos para implementar el proyecto y se estimaba que los referido “módulos portátiles” serían comprados en Asia. El 6 de septiembre de 2017, Héctor Roque y otros 7 funcionarios de PDVSA Occidente fueron detenidos, acusados del presunto desvío multimillonario de crudo, mediante el agregado de emulsionantes y agua que era exportado por el Puerto Miranda por donde salen 1.5 millones de barriles diarios[2].

  Fue a partir de ese momento —señala la fuente— cuando comenzó a apresurarse la destrucción de cuanta planta de compresión de gas pudieran. De este modo, en PC-TJ-2, para el año 2015, las dos cadenas estaban inservibles (300 MMPCED de inyección perdidos). Igualmente, los equipos se dejaban a merced de los piratas del Lago que procedían a su desvalijamiento. También se recurría al descuido en el funcionamiento de los equipos. Por ejemplo, una cadena de PC-TJ estuvo 3 años sin arrancar efectivamente, mientras cantidad de módulos de compresión (de las modulares) se dejaron sin mantenimientos. MP-Ba-1 y MP-Ba-2, por su parte, fueron desvalijadas (miniplantas Bachaquero 1 y 2), entre otros daños provocados.

 Fue así como fueron desincorporándose equipos que, según los informantes, estaban operativos.












[1] PDVSA. “Presidente de PDVSA recorrió plantas compresoras de gas en el Lago de Maracaibo”. 6 de marzo de 2015. http://www.pdvsa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7673:presidente-de-pdvsa-recorrio-plantas-compresoras-de-gas-en-el-lago-de-maracaibo&catid=10&Itemid=589&lang=es

[2] El Nacional. “Detienen a 9 gerentes de Pdvsa Occidente”. 6 de septiembre de 2017. https://www.elnacional.com/economia/detienen-gerentes-pdvsa-occidente_202260/


Se agota el tiempo para que David Rivera responda a demanda de PDV USA por incumplimiento de contrato de cabildeo a favor de Nicolás Maduro

Por Maibort Petit

  El juez de Nueva York, John G. Köetl otorgó a los abogados del ex-congresista, David Rivera, hasta el 30 de septiembre de 2020 para que responda a la demanda incoada en contra de una empresa de maletín de su propiedad, Interamerican Consulting Inc, que pretende recuperar USD15 millones pagados por el servicio de un contrato fraudulento que entregó PDV USA a la firma para que realizara labores de cabildeo para el régimen de Nicolás Maduro, cuyo trabajo no realizó. 

  Rivera tardó meses en responder ante la corte, a la demanda que fue introducida el 13 de mayo de 2020 y que debía ser respondida antes del 5 de agosto (12 de agosto según los abogados). 

 Los presentantes de Rivera dijeron al juez que habían conversado con los abogados de CITGO, PDV USA y se llegó a un acuerdo para que la defensa pidiera un lapso hasta el 30 de septiembre para dar respuesta a la querella.

 La defensa de Interamerican Consulting Inc, está representada por Kathryn Lee Boyd de Hecht Partners LLC.

  La  demanda por incumplimiento de contrato  fue interpuesta ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York por el escritorio jurídico de CITGO, Willkie Farr & Gallagher LLP que representa a una de las empresas asociadas  PDV USA busca que Interamerican Consulting Inc,  devuelva al menos $15 millones (más intereses) por servicios 'de cabildeo' que no prestó y que estaban especificados en un contrato firmado por empresa registrada en la Florida con el régimen de Nicolás Maduro en 2017.  

   Las tres facturas "por servicios profesionales" eran por el monto de $5 millones cada una, para un total de $15 millones, y "se pagó por una orden de arriba". Para ese momento, José Pereira (actualmente bajo arresto en Venezuela, acusado por delitos de corrupción) era el vicepresidente de Finanzas y fue quien ordenó a Gina Coon (actual Tesorera) que pagara la cuenta porque era una orden del CEO de CITGO, Nelson  Martínez (fallecido en custodia del Estado venezolano en diciembre de 2018). El jefe de Servicio de Compliance era Rick Esser. 

 CITGO pagó las facturas a la empresa del excongresista David Rivera, y "todos aquellos que se quejaron fueron removidos de sus puestos de trabajo". La aprobación de los pagos de $15 millones violó todas las reglas de la empresa y es una razón suficiente para que haya sanciones legales. 

  Los récords muestran que CITGO emitió 3 pagos de $5 millones cada uno; las transferencias bancarias se hicieron a la cuenta de David Rivera (Interamerican Consulting) se enviaron en 3/24/2017; 04/10/2017 y 04/19/2017. Es decir se pagaron $15 millones en menos de cuatro semanas (27 días),  "por lo que se evidenció que había una intención corrupta de sacar $50 millones de CITGO de una manera expedita", comentó una fuente vinculada al caso, quien agregó que con la aprobación de dichas operaciones por parte de CITGO, "José Pereira y Gina Coon violaron todos los controles de revisión y autorización con este contrato y sus facturas relacionadas".

   El Departamento de Justicia de los Estados Unidos investiga esta operación —entre otras que se cometieron durante la presidencia de Nelson Martínez— para favorecer al régimen de Nicolás Maduro.



jueves, 17 de septiembre de 2020

EE. UU. acusó a hackers que actuaban en nombre de la Guardia Revolucionaria Iraní para robar información estadounidense

Por Maibort Petit

  El gobierno de los Estados Unidos acusó a tres hackers iraníes, patrocinados por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán para robar información a empresas satélites estadounidenses. La operación duró varios años y buscaba apoderarse de data comercial confidencial, propiedad intelectual y datos personales.

  Los tres piratas informáticos son residentes y ciudadanos de la República Islámica de Irán. La acusación federal establece que los acusados participaron en una campaña coordinada de robo de identidad y piratería en nombre del (IRGC), una organización terrorista extranjera designada, con el fin de robar información crítica relacionada con la tecnología y los recursos aeroespaciales y satelitales estadounidenses.

"Por tercera vez en tres días, el Departamento de Justicia ha acusado a los piratas informáticos iraníes", dijo el Secretario de Justicia Auxiliar de Seguridad Nacional, John C. Demers. 

  El alto funcionario agregó que “Este caso destaca los esfuerzos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica para infiltrarse en las redes de empresas estadounidenses en busca de valiosa información comercial y propiedad intelectual. Es un esfuerzo más de una nación extranjera rebelde para robar los frutos del arduo trabajo y la experiencia de este país ".

 Por su parte, el Fiscal Federal para el Distrito Este de Virginia, G. Zachary Terwilliger dijo: “Perseguiremos y expondremos sin descanso a aquellos que busquen dañar a las empresas e individuos estadounidenses en cualquier lugar del mundo” . 

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Agregó que “No se tolerará el uso de malware, el robo de datos comerciales y propiedad intelectual, y el uso de ingeniería social para robar las identidades de ciudadanos estadounidenses para llevar a cabo actos ilegales". 

Zachary advirtió que "Junto con nuestros increíbles y firmes socios encargados de hacer cumplir la ley, el Distrito Este de Virginia continúa liderando los esfuerzos para combatir los delitos cibernéticos graves a nivel mundial y los cargos descritos en la acusación que exponen las operaciones de piratería vinculadas al IRGC en los Estados Unidos son solo otro ejemplo de los frutos de nuestra fluidez trabajo en equipo."

"Los cargos de hoy son otro ejemplo más de la dedicación del FBI para investigar a aquellos que atacan e intentan robar datos e información de propiedad de los Estados Unidos", dijo James A. Dawson, subdirector a cargo de la oficina local del FBI en Washington.

 “Los cargos de hoy alegan que estas personas conspiraron en una campaña coordinada con miembros conocidos del IRGC y actuaron en su dirección. Los acusados ​​atacaron a miles de personas en un intento de robar información crítica relacionada con la tecnología aeroespacial y satelital de EE. UU. El FBI sigue dedicado a proteger a los EE. UU. Y continuamos imponiendo riesgos y consecuencias a los adversarios cibernéticos a través de nuestras autoridades únicas, capacidades de clase mundial y asociaciones duraderas", acotó Dawson.

  Como se alega en la acusación, la campaña de piratería informática de los acusados, dirigida a numerosas empresas y organizaciones en los Estados Unidos y en el extranjero, comenzó aproximadamente en julio de 2015 y continuó hasta al menos febrero de 2019. Según la demanda, los acusados ​​en un momento intervinieron en más de 1.800 cuentas en línea, incluidas cuentas que pertenecen a organizaciones y empresas involucradas en tecnología aeroespacial o satelital y organizaciones gubernamentales internacionales en Australia, Israel, Singapur, Estados Unidos y Reino Unido.

  Para facilitar su victimización de estos objetivos, los acusados ​​participaron en una campaña coordinada de ingeniería social para identificar a ciudadanos estadounidenses reales que trabajan en los campos aeroespacial y satelital cuyas identidades los acusados ​​podrían asumir en línea. 

  La demanda señala que "Los acusados ​​se hicieron pasar por esas personas y utilizaron sus identidades robadas para registrar direcciones de correo electrónico y comprar dominios y herramientas de piratería de manera fraudulenta para su uso en el esquema". 

  Asimismo, "Los acusados ​​crearon correos electrónicos personalizados de spear phishing que supuestamente eran de las personas cuyas identidades habían robado los acusados, en un intento de atraer a los destinatarios a hacer clic en enlaces maliciosos incrustados en los correos electrónicos. Una vez que un destinatario hacía clic en un enlace malicioso, el malware se descargaba en la computadora del individuo, lo que les daba a los acusados ​​acceso no autorizado a la computadora y la red del destinatario". 

  Los fiscales alegan que "los acusados ​​utilizaron herramientas de piratería adicionales para mantener el acceso no autorizado, aumentar sus privilegios y robar los datos buscados por el IRGC. Usando estos métodos, los acusados ​​comprometieron con éxito múltiples redes de víctimas, lo que resultó en el robo de información comercial confidencial, propiedad intelectual y datos personales de las empresas víctimas, incluida una empresa de seguimiento por satélite y una empresa de comunicación de datos y voz por satélite".

Los tres demandados

 Los acusados son: ​​Said Pourkarim Arabi, de 34 años, Mohammad Reza Espargham, de edad desconocida, y Mohammad Bayati, de 34. El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia ha emitido órdenes de arresto.

  Arabi, quien fue miembro del IRGC, está acusado de conspiración para cometer intrusiones informáticas, lo que conlleva una pena máxima de cinco años de prisión, obteniendo información por acceso no autorizado a computadoras protegidas, que conlleva una pena máxima de cinco años de prisión; daño intencional a computadoras protegidas, que conlleva una sentencia máxima de diez años de prisión; robo de identidad agravado, que conlleva una sentencia obligatoria de dos años de prisión, y conspiración para cometer fraude electrónico, que conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión.

  Esphargham está acusado de conspiración para cometer intrusiones informáticas, lo que conlleva una pena máxima de cinco años de prisión; la obtención de información por acceso no autorizado a computadoras protegidas, lo que conlleva una pena máxima de cinco años de prisión; daño intencional a computadoras protegidas, lo que conlleva una pena máxima de diez años de prisión y conspiración para cometer fraude electrónico, que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.

 Bayati está acusado de conspiración para cometer intrusiones informáticas, que conlleva una sentencia máxima de cinco años de prisión, y de conspiración para cometer fraude electrónico, que conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión.




miércoles, 16 de septiembre de 2020

Se declaró culpable la exdiputada paraguaya que conspiró para lavar dinero de los narcotraficantes

Por Venezuela Política

  La exdiputada del partido Colorado de Paraguay, Cynthia Elizabeth Tarragó Díaz, y su marido Raimundo Va, se declararon culpables ante un juez de Estados Unidos de haber participado en una conspiración internacional de lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

  De acuerdo el anuncio  del fiscal federal, Craig Carpenito, la  ex parlamentaria Tarragó Raimundo Va, se declararon culpables ante el juez principal Freda L. Wolfson en la audiencia indagatoria, en el marco de una causa por conspiración para cometer lavado de dinero.

   La pareja fue arrestada por el FBI a su arribo a los Estados Unidos el 21 de noviembre del 2019. El caso incluye a otro sujeto llamado Rodrigo Alvarenga Paredes, quien permanece prófugo de la justicia estadounidense.

   La ex legisladora fue contactada por un agente del FBI, quien se hizo pasar por una persona con intenciones de lavar dinero por narcotráfico, aproximadamente USD 2 millones, propuesta a la cual la ex diputada habría accedido.

  Según los documentos presentados en este caso y las declaraciones realizadas en el tribunal, "Tarragó, quien  hasta enero de 2019, era miembro del Congreso de Paraguay y, a fines de 2019, había anunciado públicamente su intención de postularse para la alcaldía del distrito capital de Asunción, se prestó para lavar dinero". 

  Dice la acusación que "mientras estaban en el cargo público, Tarragó y su esposo, Va, acordaron aceptar al menos $ 2 millones en moneda estadounidense de dos individuos que se representaban a sí mismos como narcotraficantes, creyendo que el dinero era producto del tráfico ilegal de narcóticos y lavar los fondos a través de una red internacional de cuentas con el fin de disfrazar la fuente ilícita de los ingresos". 

 "Tarragó y Va viajaron a Nueva Jersey y Florida en múltiples ocasiones y aceptaron aproximadamente $ 800,000 en moneda estadounidense de los supuestos narcotraficantes, y provocaron que esos fondos fueran lavados a través de la red de cuentas de la conspiración y finalmente transferidos de nuevo a una cuenta mantenida por el presuntos narcotraficantes", explica el documento federal.

 "Para disfrazar la fuente ilícita de los fondos, los miembros de la conspiración generaron facturas fraudulentas que indicaban razones comerciales legítimas para las transferencias de fondos blanqueados a la cuenta de los presuntos narcotraficantes". 

  Según los documentos judiciales, "en múltiples ocasiones durante las supuestas reuniones de narcotraficantes con Tarragó y Va,  al ex-parlamentaria indicó que podría ayudar a los presuntos narcotraficantes a adquirir grandes cantidades de cocaína de Paraguay a un precio económico".

  Sin el conocimiento de Tarragó y Va, la moneda que aceptaron de los presuntos narcotraficantes y que hicieron que se blanqueara no era en realidad ganancias de drogas ilícitas. Más bien, esos fondos fueron proporcionados a Tarragó y Va por dos agentes encubiertos del FBI como parte de una extensa investigación de la red de lavado de dinero. 

 Durante la investigación, los agentes encubiertos se reunieron con Tarragó y Va en los Estados Unidos en numerosas ocasiones y obtuvieron grabaciones de video y audio sustanciales de sus interacciones con Tarragó y Va, durante las cuales se discutieron detalles de la red de lavado de dinero.

 Las pruebas obtenidas durante la investigación revelaron que  Alvarenga Paredes, operando con el auspicio de una empresa de cambio de moneda en Paraguay, coordinó el lavado de los fondos que los agentes encubiertos proporcionaron a Tarragó y Va.

   Los cargos de conspiración de lavado de dinero contra Tarragó y Va conllevan una pena potencial máxima legal de 20 años de prisión y una multa máxima de $ 500,000 o el doble del valor de los fondos involucrados en la conspiración. 

 La sentencia para ambos acusados ​​está programada para el 21 de enero de 2021. La investigación continúa.


domingo, 13 de septiembre de 2020

Venezuela movió más USD 40 mil millones en fondos ilícitos a través de PDVSA

  El régimen venezolano controla una red internacional de actividades delictivas que le brindan sustento financiero, recursos que supuestamente son legitimados a través de la estatal petrolera.

Por Maibort Petit

 Aunque no se conoce con certeza aún el alcance de los esfuerzos criminales del régimen criminal de Venezuela liderado, primero por Hugo Chávez y después por Nicolás Maduro, se han podido hacer algunas estimaciones razonables de partes de dicha empresa criminal expansiva. Igualmente, la revisión de un conjunto de investigaciones y casos legales han permitido establecer que a través de las estructuras de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), entre 2007 y 2018, se han movilizado alrededor de USD 40 mil millones de fondos ilícitos.

  Así lo refiere un informe elaborado por el presidente de IBI Consultants, miembro invitado senior del Centro de Investigación Estratégica de la Universidad Nacional de Defensa, especialista en seguridad, terrorismo y crimen organizado transnacional en América Latina, Douglas Farah, para el Centro para América Latina “Adrienne Arsht” del Atlantic Council titulado “Las actividades ilícitas del régimen de Maduro: Una amenaza para la democracia en Venezuela y la seguridad en América Latina”, en el cual se analizan las actividades irregulares llevadas a cabo por el régimen, las cuales impiden la recuperación de las instituciones democráticas en Venezuela.

Lo que revelan las investigaciones

  El reporte refiere que una investigación llevada a cabo en 2019 un consorcio latinoamericano de periodistas de investigación denominado Connectas, estableció que, como estimación, funcionarios venezolanos desviaron USD 28 mil millones de PDVSA a través del programa Petrocaribe implementado por Hugo Chávez en 2005 en 14 países. En la práctica, advierte la investigación periodística, se ha tratado de la compra de respaldos diplomáticos[1].

  A su vez, IBI Consultants rastreó los movimientos de, por lo menos, USD 10 mil millones en fondos venezolanos que se movieron a través de la red criminal de PDVSA. En estas operaciones intervinieron aliados del régimen venezolanos en Centroamérica, como es el caso de Albanisa en Nicaragua y de Alba Petróleos en El Salvador, entre 2007 y 2018[2].

  Douglas Farah explica que las estructuras de la estatal Petróleos de Venezuela habrían servido para legitimar, entre los años 2007 y 2018, unos USD 40 mil millones en fondos de origen ilícitos, de acuerdo a lo que revelan diversas investigaciones y casos legales de diversa índole.

La estructura criminal venezolana

  El experto en seguridad, quien cataloga al régimen venezolano como una Empresa Criminal Conjunta Bolivariana, calcula que alrededor de USD 10 mil millones fueron lavados en periodo referido anteriormente 2007-2018. Farah realizó una entrevista en Ciudad de Panamá (Panamá) en diciembre de 2018 a una fuente ligada al caso, quien le aseguró que la cifra se acerca a USD 43 mil millones, lo que llevó a establecer que entre USD 10 mil millones y USD 43 mil millones en fondos estatales de Venezuela fueron legitimados.

  Farah hace una revisión de las empresas criminales del régimen venezolano, establece sus orígenes, determina la manera cómo se vale de los lazos económicos y políticos que mantiene con estados regionales e internacionales, para así promover sus redes ilícitas y las alianzas criminales con disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en operaciones de extracción de oro y drogas.

  En el reporte, se subraya el papel de Europa, toda vez que, si bien por un lado se erige como un socio único y poderoso de las fuerzas democráticas en Venezuela, por otra parte, también se ha convertido en el lugar donde los fondos ilícitos del régimen fluyen a través de sus bancos y sistema financiero.

Fondos ilícitos provenientes de las FARC y el ELN

 Parte de estos fondos ilícitos, lavados a través de PDVSA provendrían, supuestamente, de la venta de cocaína por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con el que Chávez construyó una estrecha alianza a partir de los años ´90, cuando la década de 1990, el grupo terrorista colombiano era el mayor productor de cocaína en el mundo.

  Y es que los disidentes de las FARC que rechazaron el acuerdo de paz suscrito en diciembre de 2016, así como el Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN), operan desde el territorio venezolano bajo la protección del régimen de Nicolás Maduro[3].


 


 




[1] Connnectas. “#Petrofraude”. https://www.connectas.org/especiales/petrofraude/#


 


[2] Center for Complex Operations. National Defense University. “Convergence in Criminalized States: The New Paradigm”, en Beyond Convergence: World Without Order. https://cco.ndu.edu/Portals/96/Documents/books/Beyond%20Convergence/BEYOND%20CONVERGENCE%20%20World%20Without%20Order%20.pdf?ver=2016-10-25-125406-170


[3] InSight Crime. FARC Dissidents and the ELN Turn Venezuela Into Criminal Enclave. 10 de diciembre de 2018. https://www.insightcrime.org/news/analy-sis/farc-dissidents-eln-turn-venezuela-criminal-enclave/


 


viernes, 11 de septiembre de 2020

Esta es la fórmula que proponen para derrocar a Nicolás Maduro

 Solamente una estrategia abordada en conjunto, permitirá enfrentar y a acabar con la empresa criminal que dirige el mandatario venezolano.

Por Maibort Petit

  Para derrocar al gobierno criminal de Nicolás Maduro, es clave conformar una alianza las autoridades y las capacidades del gobierno de los Estados Unidos que, en colaboración con socios regionales confiables, con la indispensable participación de Europa, para enfrentar el régimen que azota al pueblo venezolano. Solamente de esta manera será posible alcanzar el objetivo de recuperar las instituciones democráticas en Venezuela.

   Así lo sostiene el presidente de IBI Consultants, especialista en seguridad, terrorismo y crimen organizado transnacional en América Latina, Douglas Farah, en un informe que elaboró para el Centro para América Latina “Adrienne Arsht” del Atlantic Council titulado: “Las actividades ilícitas del régimen de Maduro: Una amenaza para la democracia en Venezuela y la seguridad en América Latina”, donde hace un análisis de las actividades irregulares del régimen Maduro que impiden la recuperación de las institucional venezolana.

  El enfoque de Farah refiere que en la medida en que el régimen criminal de Nicolás de Maduro continúe obteniendo beneficios de actividades ilícitas que lleva a cabo en colaboración con socios regionales e internacionales, las fuerzas democráticas —dentro y fuera de Venezuela— tendrán que continuar enfrentando a un enemigo bien arraigado con fuertes incentivos para mantener su control del poder.

  Y es que el experto en seguridad recuerda que Maduro mantiene asociaciones con organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y al tráfico de oro, así como con grupos terroristas colombianos, con lo cuales recurre a la implementación de esquemas de lavado de dinero y corrupción a través del Atlántico, siendo estos solo algunos de los nodos de una red criminal global mucho más amplia. Igualmente, alerta sobre las sólidas relaciones políticas, económicas y militares del régimen con actores geopolíticos como Irán, Rusia y China, los cuales son fuentes de apoyo claves para Maduro y sus cómplices.

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 Destaca que el régimen de Maduro y sus aliados internacionales — estatales y no estatales— ha dado muestras fehacientes de una gran resistencia y adaptabilidad frente a las fuertes sanciones impuestas por EE. UU. y otros países. No en balde, recuerda Farah, que Maduro y sus socios encontraron las costuras en el sistema financiero global, de tal manera que le han permitido trasladar sus operaciones a nuevas áreas geográficas o ubicaciones, o simplemente ha traído nuevos socios a su redil. En tal sentido, el especialista advierte que el gobierno interino de Venezuela y sus aliados en la comunidad internacional, se enfrentan esencialmente a un oponente que utiliza tácticas asimétricas.

SAAB Y SUS GUISOS: MÁS QUE UN TESTAFERRO | INTELIGENCIA DESDE EEUU | SIN/FILTROS E26

Ante este panorama, Douglas Farah se pregunta cómo aprovechar los nuevos conjuntos de herramientas de políticas y qué acciones específicas se deben coordinar internacionalmente para adoptar un enfoque más integral y asertivo para abordar las actividades ilícitas del régimen de Maduro e, inmediatamente responde que la clave para combatir esta red criminal es a través de la integración de las autoridades y las capacidades del gobierno de los EE. UU. en colaboración con socios regionales confiables, Europa, como ya se apuntó al principio, de manera de poder abordar el régimen de Maduro de manera global.

SAAB NO ES EL ÚNICO: EL EJE DEL MAL OPERA COMO UNA RED QUE HAY QUE CONOCER | SIN/FILTROS E21

Se remite, entonces Farah a las acciones que es necesario implementar desde esta alianza y menciona, en primer lugar, conformar un grupo de trabajo interinstitucional en el gobierno de EE. UU. al cual se incorporen, de manera estratégica, tanto recursos como experiencia, específicos de la comunidad de inteligencia y las agencias de EE. UU. relevantes, entre los cuales debe contarse el Departamento del Tesoro, el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Defensa.


Juntas, estas instancias, deben abordar los diversos frentes de la empresa criminal liderada por Nicolás Maduro con una estrategia coherente y multifacética de decomiso de activos, incautaciones de cuentas financieras, cierres de empresas fachada, acusaciones y procesamientos, revocación de visas, intercambio de información con aliados, entre otras acciones. Cada departamento tiene facultades únicas que, utilizadas de manera conjunta, impactan tremendamente el tiempo con el que los delincuentes cuentan para adaptarse y sobrevivir. Recuerda que, en el pasado, esta estrategia ha funcionado mejor a través de la coordinación del Consejo de Seguridad Nacional (NSC), que tiene el poder de convocar a directores y diputados y darle al tema un enfoque político sostenido. Es indispensable reducir la resiliencia y adaptabilidad de las estructuras criminales del régimen de Maduro.


En segundo término, Farah llama a instrumentar una diplomacia más continua y sólida que actúe sobre la naturaleza criminal del régimen y traiga consecuencias económicas y sociales persistentes y coordinadas. Un trabajo que avanza de manera paralela con el mejoramiento y optimización del intercambio de información financiera y la coordinación de sanciones con socios confiables como en la Unión Europea y América Latina, incluido el Caribe. 


Considera el experto que esto reduciría significativamente los espacios de operación del régimen en los sectores financieros. Cita el acuerdo del Grupo de Lima de implementar tácticas de rastreo de activos y medidas de decomiso, una iniciativa que está en el papel pero que es urgente implementar. Del mismo modo, el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Organización de los Estados Americanos (OEA) debe aplicar sanciones contra el oro ilícito y otras industrias extractivas.


En tercer lugar, Douglas Farah convoca a trabajar en estrecha colaboración con Brasil, Colombia, Guyana y Ecuador, de modo de aumentar el control fronterizo mediante el uso de tecnologías como drones de monitoreo y el incremento de personal, que se aboquen a interrumpir las cadenas de suministro ilícitas generalmente enfocadas en las regiones fronterizas. Esto debe contemplar cortar las líneas de reabastecimiento a los disidentes de las FARC y los grupos del ELN dentro de Venezuela, así como las redes de tráfico que sacan productos de la región.


Como cuarto punto, se debe conformar un grupo de trabajo multinacional en el cual se formulen políticas y actúen expertos del gobierno interino de Venezuela, Estados Unidos, la Unión Europea y estados miembros clave, el Grupo de Lima y CARICOM, para diseñar estrategias para enfrentar la amenaza de los grupos armados irregulares y el crimen transnacional con miras a abrir el camino hacia la restauración de las instituciones democráticas venezolanas.


Finalmente, Douglas Farah formuló un llamado a actuar urgentemente en este sentido, toda vez que no hacerlo, no combatir la naturaleza criminal del régimen de Nicolás Maduro, ni aislarlo de sus malignos aliados, solamente prolongará el sufrimiento del pueblo venezolano y aumentará las amenazas a la seguridad y la estabilidad en el hemisferio.

martes, 8 de septiembre de 2020

Conozca cómo PDVSA distrae su objetivo petrolero con la actividad política

 La gerencia de AIT es el caballo de la industria petrolera a través del cual se desarrollan las campañas de adoctrinamiento y desinformación.

Por Maibort Petit 

  No puede más que entenderse el actual estado de desmantelamiento de Petróleos de Venezuela S.A., cuando se comprueba que el objetivo de la exploración y producción petrolera se diluía —o se diluye aún— actividades ajenas y no cónsonas con la naturaleza de la principal industria del país.

  Una serie de correos electrónicos que mostramos a continuación, dan cuenta de la manera cómo desde la Gerencia de Automatización, Informática y Telecomunicaciones (AIT) de PDVSA Occidente y que suponemos se replica en todo el país, se distrae a todo el personal de las labores propias de la dependencia con el objetivo de que se dediquen a actividades políticas. Es evidente el uso ilegal, tanto de las instalaciones, recursos y empleados de la petrolera en tareas que corresponden a los partidos políticos.

  Del mismo modo, es patente el proceso de adoctrinamiento que se ejerce sobre el personal, el cual está obligado a militar en el partido oficialista, a saber, el PSUV, cercenándose por completo el derecho y las libertades políticas de los trabajadores quien, incluso, deben informar la manera cómo ejercen el derecho al voto.

  También queda demostrado cómo PDVSA establece “salas” que no son otra cosa que laboratorios desde los cuales se manipula la información a través de las redes sociales.

  Tal situación encaja perfectamente con los resultados de una investigación realizada por el Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS), en la cual se hace referencia a la manera cómo los gobiernos chavistas han utilizado “las redes sociales para controlar la información y llegar a suprimir derechos humanos fundamentales”.

  Se señala en la investigación, titulada “La dictadura del hashtag”, que “en la actualidad, las campañas de manipulación son puestas en marcha desde el poder en redes sociales”.

  En dicho trabajo refiere que “todo parece indicar que el autoritarismo y la desinformación tienen una relación simbiótica y estrechamente vinculada en los ecosistemas digitales. El objetivo de todo esto es tejer los hilos del debate público e imponer narrativas que satisfagan los intereses propios”.

  Esta investigación tuvo como punto de partida un estudio de la Universidad de Oxford realizado en 2019, donde se evidencia la manipulación que en 70 países se hace de las redes sociales, un ranking en el que Venezuela ocupa el puesto Nº 12[1].

Los correos

 El 13 de marzo de 2013, José Niño, de la Gerencia de Automatización, Informática y Telecomunicaciones (AIT) de PDVSA Occidente, remitió un correo masivo en el que reclamaba la escasa respuesta a una orden previa impartida, según la cual se le debía remitir a todo el personal la orden de seguir la cuenta en la red social Twitter @CCHugoChavezOcc y de suministrar la cuenta de cada empleado. Se advertía que de los 762 trabajadores de AIT, hasta la fecha solamente 128 habían cumplido con la orden.

  Del mismo modo, cada empleado debía enviar un SMS al número 0416-6603581 en el que se indicara el nombre, twitter, teléfono y negocio), también podían anexarse a @CCHugoChavezocc, perteneciente al comando de campaña Hugo Chávez recientemente fallecido para la fecha. La campaña electoral correspondía a las elecciones presidenciales convocadas a raíz del deceso del mandatario.

  En el correo se advertía que “El equipo de AIT occidente tiene como responsabilidad histórica levantar un ejército de 5,139 Twiteros, que reciban y proyecten al momento el acontecer de esta gran batalla por la libertad y continuación del proceso revolucionario en nuestro país”.

 Del mismo modo, se ponían “a la orden” de la sala situacional del referido comando de campaña.

  El 15 de marzo de 2013, el gerente de AIT de PDVSA Occidente, Francisco Molina, le remitió un correo electrónico a Jesús Guaraco y a Saúl Chirinos, contentivo de las estadísticas de los centros de llamadas, conexiones y twitteros.

  Molina instruía a sus “camaradas” acerca del procedimiento para mantener actualizada los datos.

  El objetivo era la activación de los 151 puestos pendientes, por lo que cada jefe de centro de llamadas debía activar completamente las salas mediante dos turnos para asistencias: 7am - 2pm y 2pm - 9pm.

 Otro mensaje de Molina remitía los informes de seguimiento de asignaciones que, a las 8 de la noche eran: 17 centros de llamadas con 462 puestos; 311 puestos estaban listos para operar a primera hora; mientras que conectados estaban 579, de los cuales 321 eran de AIT, 258 de Negocios, 7.923.

Efectivas, eran 5.425 de AIT, 2.498 de Negocios.

Se registraban 254 twitteros.

  El 15 de marzo de 2013, Francisco Molina instruyó a Minglay Vinajá (vinajam@pdvsa.com) y a otros miembros de su personal, a través de un correo cuyo asunto era “lealtad y honor al comandante en jefe”, cómo debía llevarse el proceso de adoctrinamiento de los empleados.

  Precisaba en la comunicación que “En línea con lo indicado por Minglay, hay que conversar directamente con cada empleado y hacerle ver este compromiso del alma, de patria y de amor que tenemos todos los Chavistas de PDVSA con nuestro Comandante en Jefe”.

  Puntualizaba que cada supervisor debía modelar a través de su conducta y, por ello, “cada uno de nosotros incorporándonos diariamente en algún turno de llamadas y luego dedicarnos atender nuestras responsabilidades”.

  Giró instrucciones a Alcibíades Moreno para que lo incluyera “de manera alterna todos los días en un turno en la sala del Comedor de 5DJ. Iniciando esta tarde en turno PM, mañana sábado AM, domingo PM…”.

  El mensaje de Minglay Vinajá al que Francisco Molina aludía, era un corre que esta funcionaria remitió en esa misma fecha (15 de marzo de 2013), advertía que no se estaba cumpliendo con las órdenes recibidas acerca de las guardias y se estaban estableciendo días de descanso en los esquemas. Formulaba un llamado al personal supervisor para que sirviera de ejemplo y acatara la orden tal cual se había emitido. El descanso se limitaría a las mañanas o las tardes de cada jornada.

“El momento que estamos viviendo es crucial para que todas estos (sic) privilegios de los que hoy disfrutamos permanezcan en el tiempo. El comandante no descansó y dejó la vida por nosotros, por su pueblo, no es justo que ahora cuando más necesitamos consolidar la Revolución y el ideal Bolivariano legado del Comandante no seamos capaz comprometernos y dar nuestro mayor esfuerzo”.

 Alertaba que la capacidad física de las salas no podía tomarse como excusa para no incorporarse a las guardias, pues había 18 salas habilitadas para ubicar al personal.

 El 30 de abril de 2013, Alcibíades Moreno, remitió un correo electrónico masivo dirigido a los supervisores y líderes de AIT Occidente, en el que llamaba la atención con relación a l poca asistencia del personal a una concentración que tenía lugar en PDVSA La Campiña en Caracas y a la que solamente 56 trabajadores empleados habían confirmado su asistencia.

“Como les pedí ayer domingo a través de los Gerentes, Superintendentes y Enlaces, los supervisores y líderes, debemos ir primeros en la fila de la marcha con nuestro Presidente obrero Nicolás Maduro”.

 En tal sentido, les solicitó enviar a Minglay Vinajá la conformación de su asistencia con el objeto de generar la lista definitiva del personal que acudiría al encuentro.

  La poca respuesta al llamado había sido transmitida a Moreno a través de una comunicación que le había remitido el 29 de abril del referido año 2013, Saúl Chirinos (chirinosse@pdvsa.com), en la que simplemente le preguntaba por los supervisores.

Molina envió el listado con los 56 supervisores que habían confirmado su asistencia.

 Un correo emitido el 29 de abril de 2013 había sido remitido a todo el personal desde la cuenta “De interés Occidente” (interesocc@pdvsa.com) con el asunto: “¡Vamos con todo este Primero de Mayo!”.

 A los asistentes desde el estado Zulia les correspondería salir desde PDVSA La Campiña en Caracas, hasta la sede de la CANTV para sumarse a la Ruta 1 que recorrería desde ese sitio por toda la Avenida Urdaneta, pasando por Miraflores y cruzando por Paguita El Calvario hasta llegar a la tarima presidencial en la Plaza O´Leary.

 Desde PDVSA Occidente estaba programado salir a Caracas a las 4 de la tarde del día 30 de abril de 2013.

 El 9 de mayo de 2013, Francisco Molina (molinafd@pdvsa.com) remitió el correo masivo con el asunto “Batalla de las ideas y guerra contra los medios traficantes de mentira”.

Allí Molina conminaba a los “camaradas”, a sumarse a la citada “batalla de las ideas”, dado que los “fascistas” no volverían.

 Y cerraba el mensaje manifestando la disposición de PDVSA Occidente a mantener su fidelidad al finado Hugo Chávez, al “presidente Maduro” y al “ministro-presidente Rafael Ramírez”.

  Se trataba del reenvió que hacía de una comunicación masiva de Antonio Ramón Boza (bozaar@pdvsa.com), de la Gerencia AIT Región Faja, remitía un “material para la revisión, análisis y discusión, como parte de nuestra formación ideológica, la cual, hoy más que nunca debe ser dialéctica y permanente”.

  El material había sido “facilitado por la camarada María Dugarte para difundirlo y debatirlo en todos los lugares de la geografía nacional, en el trabajo, en el campo, en el centro de la ciudad, en el estadio, en las iglesias, con tus amigos(as), vecinos(as) y familiares... Pueden realizar cualquier aporte a este material (agregar información y actualizar) y por favor hacerlo llegar por esta vía”.

  El 27 de noviembre de 2013, José Niño, de la Gerencia de Automatización, Informática y Telecomunicaciones (AIT) de PDVSA Occidente, reenvió un mensaje de Francisco Molina en el que se dirigía a los jefes, supervisores y líderes de proyectos de AIT Occidente para manifestar su satisfacción por la designación de Ower Manrique como viceministro de Minas.

 Una “Nota de Interés” con la noticia del nombramiento había sido remitida el 26 de noviembre de 2013.

 Allí se daba cuenta de que por vía del Decreto 606 de la Presidencia de Bolivariana de Venezuela que había sido publicado el 25 de noviembre de 2013 en la Gaceta Oficial Nº 40.301, se había designado al director ejecutivo de Automatización, Informática y Telecomunicaciones y presidente de la filial PDVSA Industrial, Ower Manrique, como viceministro de Minas, adscrito al Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería.

  El 4 de diciembre de 2013, Francisco Molina, remitió un correo masivo en el que daba instrucciones acerca de la manera como debían ejercer el voto los trabajadores de PDVSA en las elecciones presidenciales en los que Nicolás Maduro aspiraba sustituir al finado Hugo Chávez.

  Molina le instruía a los “camaradas Jefes, Supervisores y Líderes de Proyectos de AIT Occidente”, a que “nadie se quede por fuera de esta gesta histórica, en defensa de la Patria y del Legado de nuestro Comandante en Jefe Eterno y Supremo Hugo Rafael Chávez Frías(sic), que no es más que la Construcción de la Patria Independiente, Socialista y País (sic) Potencia en un mundo Multicéntrico/Pluripolar y por la Salvación de la Vida en el Planeta”.

Y remataba:

“Camaradas en PDVSA todos somos Chavistas y defenderemos su legado, hasta con la vida misma, tal como él nos los enseñó y modelo para todos”.

  Anexo se enviaba una “Nota de Interés” en la que se daban instrucciones a los trabajadores de PDVSA a votar el 8 de diciembre de 2013 con la tarjeta del PSUV que en la boleta electoral estaba ubicada “arriba y a la izquierda”.

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  El 24 de junio de 2014, José Niño, envió un correo masivo en el que anexaba una invitación al personal a su cargo a reafirmar la actualización de sus datos en la página del PSUV en la sección correspondiente a la militancia: http://www.militante.psuv.org.ve/.

  Se trataba del rebote de un mensaje de Francisco Molina emitido en la misma fecha, donde instaba a los “camaradas” a confirmar masivamente “la Lealtad con el Comandante Supremo y Eterno Hugo Chávez y su legado”.

 Y subrayaba que “Todos los Patriotas debemos estar inscritos en el PSUV”, mientras llamaba a los “nuevos militantes” a “demostrar su claridad Ideológica”.

 El 11 de julio de 2017, la directora ejecutiva de AIT, Carmen Rodríguez (rodriguezcmr@pdvsa.com), en un correo masivo formuló un llamado a asistir a un punto rojo al día siguiente, el 12 de julio, para lo cual debían ir vestidos con franela roja y jean y zapatos de goma.

   Carmen Rodríguez también reclamó el 17 de julio de 2017 a través de un correo masivo, el incumplimiento en el reporte de la participación del personal de AIT a un evento que se realizaría o se había realizado (no está claro) el día domingo. Manifestó que esperaba que la misma situación no se presentara el día de las elecciones.

  Posteriormente, el 22 de julio de 2017, la directora ejecutiva de AIT, Carmen Rodríguez, en un correo masivo dictó pauta acerca de las elecciones para miembros de la Asamblea Nacional Constituyente convocada para el 30 de julio de 2017.

  En este sentido ordenó a que todos activaran el plan de contingencia; revisaran dónde vivía el personal; que coordinaran que todos votaran y reportaran ese día que habían ejercido su derecho; quienes tuvieran que viajar para ejercer el voto fuera de su área de trabajo, debían recibir todas las facilidades para hacerlo.

  Igualmente se debía informar a todos los representantes AIT en cada estado, acerca de la habilitación de una sala nacional de PDVSA que sería manejada por dicha gerencia y desde la cual se establecería comunicación con cada sala a nivel nacional.

 Se informaría posteriormente el procedimiento para que los trabajadores notificaran cuando ejercieran el voto, de manera de poder hacer un seguimiento acerca de cada estado. 



[1] Economía Venezolana. “IPYS: La dictadura del hashtag en Venezuela”. 14 de agosto de 2020. https://www.eastwebside.com/ipys-la-dictadura-del-hashtag-en-venezuela.html