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viernes, 21 de agosto de 2020

Caso Rothwell Energy Services LLC. contra CITGO: Los oscuros manejos en la adjudicación de contratos

Por Maibort Petit

   Al menos dos altos ejecutivos de CITGO tendrán que testificar bajo juramento en un tribunal de Texas por haber estado en puestos claves de la corporación cuando se otorgó un contrato a la empresa Rothwell Energy Services LLC, una entidad vinculada a un familiar de un ex-presidente de CITGO. Rothwell forma parte de una larga lista de compañías que lograron obtener de manera fraudulenta [y en base la pago de sobornos a funcionarios], negocios millonarios con la filial de PDVSA en Estados Unidos.

 El 22 de marzo de 2019, Rothwell Energy Services LLC demandó a CITGO por incumplimiento de una parte de los pagos acordados por la venta de unas plantas desalinizadoras de agua que supuestamente serían instaladas en Venezuela. 

   El pleito legal tiene varios meses retrasado debido a la pandemia y a la negativa de CITGO de entregar al tribunal las fechas para la deposición de Rick Esser y Gina Coon, dos funcionarios involucrados en la transacción, que siguen trabajando en la filial de PDVSA, que está bajo el control del gobierno interino encabezado por Juan Guaidó.

  La demanda civil está siendo procesada en la Corte del Condado de Harris, en Texas. Rothwell Energy Services LLC es una empresa incorporada en el registro de compañías del estado de Texas bajo el número 0801876159, el 31 October 2013, teniendo como domicilio fiscal la dirección: 408 west 17TH St, Suite 101, Austin, TX, 78701. 

  Los directores de Rothwell Energy Services LLC son Juan Carlos Hurtado Angarita y Claudia Acevedo. La entidad fue registrada en 2013, unos meses después de que Nelson Martínez fuera nombrado CEO de CITGO.

 De acuerdo a los récords de CITGO [en poder de Venezuela Política], Rothwell fue agregada a la lista maestra de proveedores aprobados por CITGO sin cumplir con el proceso de debida diligencia que establece las reglas de corporación. 

  Para el momento en que se produce la incorporación de Rothwell a la lista de proveedores de CITGO, los gerentes de adquisiciones eran Michael Ballantine y José Luis Zambrano. 

  Los récords evidencian que los mencionados funcionarios adjudicaron a Rothwell los contratos de adquisición de CITGO unos meses después de su fecha de registro. 

   "Rothwell se incluyó en los mismos paneles de licitación con otras empresas fantasma propiedad de Tulio Farías, Manuel Chinchilla De Silva, José Manuel González Testino, Roberto Rincón, Abraham Shiera, Ernesto Guevara y otros proveedores con fuertes vínculos con los directores de PDVSA y CITGO que han sido acusados de corrupción y violación de la Ley de Prácticas Corruptas por el gobierno de los Estados Unidos", sostuvo una fuente interna de la corporación que declaró bajo condición de anonimato.

 Durante 2014 y 2015, a Rothwell  Energy Services LLC, se adjudicó contratos de adquisición en CITGO por aproximadamente USD.900 mil dólares, de acuerdo a los récords de la corporación.

  Según los registros de CITGO, en 2017, José Pereira, Glenn Hilman, José Luis Zambrano, José Luis De Jongh y Brian Paulson asignaron más de USD 16 millones en contratos de adquisiciones a Rothwell, como entidad intermediaria, para la adquisición de los siguientes bienes:

(1) enero de 2017: 170.000 monos de seguridad para PDVSA E&P Occidente por USD 4.139.500,00, 

(2) Abril de 2017: Plantas de agua por USD 6,3 millones y 

(3) Junio ​​de 2017: Cilindros y válvulas de gas por USD $ 5.692.500.

   Siguiendo instrucciones de los gerentes de adquisiciones, los paneles de licitación fueron armados por Alejandro Sabatino, Laymar Peña y Marcos Bermudez, todos ellos en calidad de "Agentes de Adquisiciones del Proyecto Especial de CITGO". 

 El esquema de manipulación de licitaciones a menudo incluía a los siguientes contratistas acusados de corrupción: Tradequip (Roberto Rincon), G&B Global (Ernesto Guevara y Charles Beech), Southern Procurement Services (Manuel Chinchilla), Yakima Trading Corporation (Samark López Bello), Stang Industrial Products (José Manuel González Testino), Rothwell Energy Services (Juan Carlos Hurtado Angarita) entre otros.

  Como era de esperarse, la adjudicación de contratos fraudulentos a las empresas de maletín de los mencionados corruptos, se ejecutaban con complicidad interna. Testimonios internos confirman que "los procesos de licitación [presuntamente] fraudulentos fueron manipulados y respaldados por los gerentes de adquisiciones de CITGO de la época, a saber: Glenn Hilman, José Luis Zambrano, Brian Paulson, Gustavo Cárdenas y Laymar Peña". 

  Para el tiempo en que se aprobaron los contratos fraudulentos en el Departamento Legal de CITO estaba un funcionario llamado, Gene Riccetti, mientras que Rick Esser, ejercía como Oficial de Cumplimiento; Jennifer Moos, era la Asistente del Oficial de Cumplimiento y Presidenta del Comité de Adquisiciones de CITGO. 

  De acuerdo a las fuentes consultadas por Venezuela Política los mencionados funcionarios presuntamente "colaboraron para facilitar la aprobación ilegal de contratos corruptos, malversación, fraude y lavado de dinero". 

   Un funcionario recalcó que CITGO "No realizó la debida diligencia detallada en el caso de Rothwell Energy para identificar y documentar a los beneficiarios finales finales y evaluar el estado financiero, comercial y legal de la entidad". 

   La fuente consultada sostiene que "Juan Carlos Hurtado Angarita es sobrino de Nelson Martínez, y a pesar que sabían que había un conflicto de intereses, el hecho fue ignorado y encubierto por los directores de CITGO". 

  Por su lado, Nelson Martínez [fallecido en 2018], Eulogio Del Pino y José Pereira[bajo arresto en Caracas] aprobaron los contratos definitivos.

  Desde febrero de 2017 hasta agosto de 2018, [tiempo que incluye en posiciones de servicio a los funcionarios (ex): Glenn Hilman, José Luis Zambrano y José Pereira], "CITGO aprobó USD 10.6 millones en pagos para sobrino de Nelson Martínez, Juan Carlos Hurtado Angarita, según los registros internos".

 Las fuentes consultadas sostiene que aunado al caso de Rothwell Energy, "Nelson Martínez, José Pereira y Glen Hilman [presuntamente] conspiraron para beneficiar a otras empresas fantasmas propiedad de personas corruptas con fuertes vínculos con el régimen de Maduro". 

  Las transferencias bancarias fueron realizadas a cuentas bancarias en Panamá, Suiza y los EE. UU. "Los pagos fueron [presuntamente] procesadas por Gina Coon, Tesorera de CITGO", acota la fuente.

La solicitud incómoda

  En el caso de Rothwell Energy Services LLC vs. CITGO, los abogados de Rothwell/Juan Hurtado están solicitando las declaraciones de Glenn Hilman y Gina Coon, que durante el 2017 y 2018 junto a Nelson Martínez, José Pereira, José Luis Zambrano y Gustavo Cárdenas, [presuntamente] ayudaron a facilitar la aprobación ilegal de los Contratos y el lavado de dinero proveniente de las transacciones ilícitas.

    Otra fuente destaca que a pesar de las denuncias de presunto fraude, corrupción y lavado de dinero de los funcionarios nombrados en que Gina Coon, Gene Ricetti, Rick Esser y Glenn Hilman [ahora consultor contratado] continúan como empleados y oficiales de CITGO bajo la administración de Luisa Palacios y Carlos Jordá.

   Por su parte, José Pereira, José Luis Zambrano y Gustavo Cárdenas continúan bajo arresto in Venezuela.

La demanda en el tribunal de Texas

  La demanda alega que CITGO incumplió y violó los términos de un contrato firmado entre las partes [en  tiempos de la presidencia de Martínez]. El tribunal fijó el inicio del proceso de juicio para el mes de septiembre de 2020.

 El demandante alega que CITGO también ha incumplido en coordinar las deposiciones de varios empleados, entre quienes se menciona a Rick Esser y Gina Coon. 

  Jennifer Moos y Alejandro Sabatino también tendrían que presentar su declaración jurada pero hasta ahora los testimonios pendientes son los de Esser y Coon.

  El caso en la corte del condado Harris

  El avance del caso de Rothwell se retrasó varios meses debido a que CITGO buscaba una orden de abatimiento debido a las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.


  De acuerdo a los documentos del caso, varios empleados de CITGO, junto a corruptos venezolanos —dueños de empresas de maletín, funcionarios del régimen de Nicolás Maduro y sus respectivos testaferros— están involucrados en este caso que también es objeto de investigación por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

 El hecho presuntamente ocurrió durante la gestión del fallecido Nelson Martínez —cuando este se desempeñaba como CEO de CITGO— y contempló y aprobó un proyecto de USD 100 millones para la empresa demandante, Rothwell Energy Services LLC, una entidad vinculada a un familiar directo del finado ejecutivo. 

  CITGO niega los alegatos de Rothwell

  Los documentos presentados en la corte, muestran una comunicación enviada por CITGO, como respuesta a la solicitud de divulgación del demandante, Rothwell Energy Services LLC.

  La filial de PDVSA en EE. UU. negó los cargos y las alegaciones contenidas en la petición original de la demanda, de conformidad con las disposiciones de la Regla 92 de las Reglas de Procedimiento Civil de Texas y exige una prueba estricta de las mismas.

  Asimismo, CITGO informó que PDVSA Petróleo S.A. tenía un interés en el contrato de servicio que constituye la base de la demanda y las plantas de agua que el mismo involucra, indicándose que al terminarse cada una de dichas plantas, se procedería a ejecutar una factura de venta y cesión entre Rothwell y PDVSA. Esto no habría ocurrido.

  Del mismo modo, CITGO negó que le debiera dinero a Rothwell, no obstante, admitió que, si el Tribunal determina que se adeuda alguna cantidad, esto no será conforme a una cuenta jurada originalmente. 

  En el proceso, CITGO presentó e incorporó una declaración jurada de la persona que conoce bien el proceso de pagos y de contratos de la corporación, Brian Boudreaux, en apoyo de la denegación del reclamo del demandante. 

  CITGO argumenta que la deuda que se quiere cobrar Rothwell es ilegal, a la vez que alega que cualquier pago que CITGO haga a Rothwell en estos momentos, violaría las órdenes ejecutivas del gobierno de los EE. UU. números 13808 y 13850 que prohíbe transacciones con PDVSA y sus filiales por estar sancionadas.

  CITGO explica en la moción que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó el 28 de enero de 2019 a PDVSA, la empresa matriz indirecta de CITGO. Lo que significa que la propiedad de ambas empresas estatales venezolanas está bloqueada.

 "CITGO y Rothwell probablemente tengan prohibido realizar transacciones que involucren a PDVSA sin una licencia de la OFAC que autorice la transacción", dice la comunicación.

  Debido a que PDVSA es el usuario final previsto y el beneficiario de los sistemas de agua, los pagos que busca Rothwell no se pueden realizar ni aceptar bajo las sanciones de los EE. UU., puesto que la empresa estatal venezolana podría someter a CITGO y Rothwell a sanciones penales y civiles, según la legislación estadounidense.

  Sostiene que la Orden Ejecutiva 13808 prohíbe cualquier transacción relacionada con la deuda de CITGO con vencimiento superior a 90 días, incluidas las facturas con antigüedad superior a dicho término, si PDVSA está involucrada. Como resultado, el pago de las facturas que se alegan en la demanda y la aceptación de dichos pagos sin la autorización del gobierno de los EE. UU. volvería a someter a CITGO y Rothwell a importantes sanciones civiles y penales de acuerdo a las leyes de los EE. UU.

  CITGO reitera que los pagos a Rothwell, en razón de las órdenes ejecutivas 13850 y 13808, no pueden hacerse puesto que el acuerdo establece que la demandante debe cumplir con todas las leyes, reglas, regulaciones, ordenanzas y requisitos de nacionales, estadales y locales, o de organismos reguladores sobre cualquier aspecto de la obra en Venezuela.

  También CITGO afirma que la disposición de fuerza mayor en el acuerdo le impide realizar pagos a Rothwell mientras las sanciones de EE. UU. estén vigentes.

  CITGO sostiene que ya pagó a Rothwell USD 5.027.025 por los servicios prestados y el equipo provisto en virtud del acuerdo, pero la demandante le ha entregado ningún estado de cuenta o recibo de que se hayan realizado compensaciones, pagos y créditos justos y legales.

  Igualmente, CITGO niega que Rothwell haya cumplido con todos los requisitos para que emitirle el pago de los montos que solicita el demandante.

  Por otra parte, CITGO asegura que Rothwell no ha certificado que se haya pagado a todos los subcontratistas, personal, proveedores y vendedores, y que se hayan liberado todos los enlaces, tal como lo plantea el acuerdo. Además, Rothwell no ha indicado que se hayan cumplido todos los criterios de prueba de rendimiento sobre el trabajo por el que solicita el pago, o que se haya proporcionado la documentación de rotación y cierre del proyecto.

  CITGO dice que el Acuerdo entre las partes prohíbe el lucro cesante o los daños emergentes solicitados por Rothwell fuera de los montos ya incluidos en los programas de compensación de las partes.

  Asimismo, CITGO exige un juicio con jurado y que el tribunal dicte sentencia y establezca que el demandante pague los costos del proceso judicial y otorgue al demandado todas las demás reparaciones a las que tiene derecho.

La declaración de Bourdeaux

  En la documentación del caso aparece una declaración jurada de Brian Boudreaux, Gerente de Proyectos Senior/Consultor Técnico, Inspecciones de Refinación, Generación de Energía y Turbinas de Gas, Instalaciones de Tratamiento de Agua-Agua Residual/Pulido BFW/RO/EDI UltraPure/SWROS para RECON Management Services, Inc.


  Esta última empresa se desempeña como agente y consultor de CITGO en proyectos relacionados con refinación, generación de energía, turbinas de gas y SWROS.

  Boudreaux afirma que fue empleado de CITGO durante más de tres décadas, más recientemente como Gerente de Proyectos de Capital.

  Sostiene que desde su puesto con Recon, trabajó en estrecha colaboración con CITGO en el Acuerdo de contrato de servicio de ósmosis inversa de agua salada para la construcción e implementación de las instalaciones de SWROS en Venezuela, que es el objeto de la demanda de Rothwell contra CITGO. PDVSA, como ya se apuntó, tiene interés final en las plantas desalinizadoras de SWROS.

  Afirma que le ha correspondido "negociar ciertas partes del Acuerdo relacionadas con el control de calidad y el pago" y aseguró que para que "CITGO pague una factura, los servicios y equipos brindados, y en general, el trabajo, se deben cumplir con varios criterios para que se emita el pago".

  Brian Boudreaux asegura que es "la persona encargada de hacer la revisión técnica de primera línea a las facturas y documentos relacionados que Rothwell envía a CITGO para su pago". "En otras palabras, ayudó a determinar qué pagos vencen y si las cantidades que busca Rothwell son justas y verdaderas".

Suspensión temporal de la demanda

  El 24 de mayo de 2019, el juez Roberto Schaffer, del 152 Tribunal del Distrito Judicial, ordenó la suspensión temporal de la demanda hasta que se levantaran las órdenes ejecutivas que imponen sanciones, o hasta que Rothwell solicite y reciba una licencia de la OFAC que permita que la demanda prosiga y pueda solicitar los pagos que reclama en esta demanda.

Trabajo conjunto

  Posteriormente, el demandante Rothwell Energy Services, LLC y la demandado CITGO, presentaron conjuntamente una moción pidiendo a la corte continuar el proceso y fijar la fecha del juicio.

  Rothwell manifestó que también intentó durante la pandemia de COVID-19 "trabajar conjuntamente de buena fe con el demandado en la etapa de descubrimiento del proceso judicial".

  La demandante, que considera necesario avanzar en el litigio, presentó ante el tribunal una moción para que se obligue a CITGO a responder de inmediato y que presente los documentos que mantiene retenidos.

  Rothwell envió a CITGO una carta el 14 de enero de 2020 solicitando un registro de privilegios modificado, solicitud que ha reiterado el 16 de enero, el 5 de febrero, el 7 de febrero, el 21 de febrero, el 27 de febrero, el 25 de marzo y el 2 de junio.

   Entretanto, CITGO ha indicado en varias ocasiones que publicará un registro de privilegios enmendado. Esto lo prometió el 21 de enero, el 24 de enero, el febrero 27 y el 25 de marzo de 2020.

Las peticiones de Rothwell

  Rothwell pidió que CITGO que entregara las declaraciones de Gina Coon y Glenn Hilman, ambos ejecutivos de la corporación en la época del contrato.

  Incluso, en razón de la pandemia del Covid 19, el 18 de marzo de 2020, Rothwell le manifestó a CITGO su disposición a que las declaraciones de Coon y Hilman se hicieran de manera virtual. El 24 de marzo, CITGO respondió que no estaría en condiciones de seguir adelante con las declaraciones, ni personal ni virtualmente, dada la incertidumbre de la pandemia. Rothwell acordó posponer las declaraciones.

  El intercambio de comunicaciones prosiguió para intentar llegar a un acuerdo, sin éxito.

  Rothwell acotó que "es fundamental programar las declaraciones de Coon y Hilman, así como de otros testigos de CITGO que son relevantes".

  En consecuencia, Rothwell pidió al Tribunal que le conceda la moción para exigir a CITGO que produzca de inmediato un registro de privilegios enmendado, todos los documentos que respondan a las solicitudes de producción, presente a Coon y a Hilman para la deposición y participe adecuadamente en todo el proceso de descubrimiento de la demanda.

  La respuesta de CITGO a la moción del demandante fue que Coon podría presentar la deposición el 9 o 10 de septiembre, mientras que Hilman lo haría el 22, 23 o 24 de septiembre. Estas fechas son el producto de los diversos compromisos profesionales y personales de los testigos y consejo.

  A la afirmación del demandante sobre la negación a comprometerse a participar en deposiciones más allá de las de Coon y Hilman, CITGO aseguró que ya ha proporcionado fechas para un tercer testigo que el demandante busca deponer y está listo para hacerlo bajo las Reglas de Procedimiento Civil de Texas.

   Igualmente, CITGO cree que su registro de privilegios original era adecuado, pero si debe complementarlo cumplirá con la solicitud del Demandante de modificar el registro para proporcionar información adicional también.

   CITGO pidió a la corte negar la moción del demandante en razón de que sus planteamientos son discutibles.

El tribunal aprobó moción de Rothwell y  ordenó lo siguiente:

1) CITGO producirá un registro de privilegios relacionado con todas las producciones de documentos dentro de los catorce (14) días.

2) CITGO se compromete a producir los documentos faltantes o los documentos complementarios en respuesta a las solicitudes anteriores de producción de Rothwell dentro de los catorce (14) días.

3) CITGO proporcionará fechas para las deposiciones de Glenn Hillman y Gina Coon dentro de una semana (7 días).

4) CITGO proporcionará fechas para testigos adicionales identificados por el Demandante dentro de los catorce (14) días posteriores a la identificación de los testigos por parte del Demandante.


Plantas desalinizadoras: una promesa que se volvió sal y agua

  El contrato alegado en la demanda de Rothwell contra CITGO tiene que ver con un anuncio hecho el septiembre de 2017 por Nicolás Maduro, de que a través PDVSA y el Ministerio de Ecosocialismo y Agua (Minea), comprarían e instalarían 116 plantas desalinizadoras para los estados Falcón, Nueva Esparta, Anzoátegui, Miranda, Vargas y Sucre, con el objeto de solucionar los problemas de acceso al agua potable en esas regiones.

  La inversión anunciada era de USD 206 millones y para diciembre de dicho 2017, las plantas debían estar instaladas, pero un año después, solo un estimado de 25 plantas estaban instaladas en seis de los estados anunciados y únicamente 10 efectivamente funcionaban.

  PDVSA informó que el proyecto estuvo a cargo de Ronald Theis, gerente de proyectos de la petrolera y CITGO, junto a Carlos Brett, director general de Políticas Públicas del Ministerio de Petróleo. Sobre Brett pesa una orden privativa de libertad emitida por el fiscal, Tarek William Saab, por su participación en una compra irregular de camiones cisternas para combustible. CITGO se vio involucrada en la compra y no Bariven, dado los problemas financieros que esta última presentaba.

  Una nota de El Pitazo refiere que según fuentes internas a CITGO dijeron que los responsables directos de la compra de las plantas serían Laimar Peña, supervisora de la empresa, con la aprobación de José Luis Zambrano, vicepresidente de Servicios Especiales. En la compra no se habría incluido la oferta del único fabricante reconocido de plantas desalinizadoras que ofertó y, al declararse la adquisición como una emergencia, la compra se hizo sin supervisión y sin revisar la confiabilidad de los proveedores[1].

CITA

https://elpitazo.net/investigacion/plantas-desalinizadoras-una-promesa-se-volvio-sal-agua/

miércoles, 12 de agosto de 2020

La presunta conducta criminal de José Luis De Jongh Atencio en CITGO: Una historia de larga data(Parte I)

Por Maibort Petit

   La acusación del Departamento de Justicia estadounidense contra el exfuncionario de CITGO, José Luis De Jongh Atencio, no incluye a todos los asociados de la conspiración criminal ni a la totalidad de las empresas que pagaron sobornos para obtener contratos fraudulentamente en la filial de PDVSA en Estados Unidos. De Jongh Atencio creo un emporio de riquezas, gracias a negocios ilícitos vinculados a CITGO durante las administraciones de Alejandro Granado y Nelson Martínez.

Una parte de la historia

    Cuando Alejandro Granado era presidente, CEO de CITGO y Chairman de su Junta Directiva, ordenó emplear a José Luis De Jongh Atencio (2010).


    Según las versiones de varias fuentes de CITGO, consultadas por Venezuela Política, Alejandro Granado inició las acciones a nivel corporativo para crear una oficina de CITGO en Miami, que se encargara de los proyectos especiales que estaban bajo el control del mismo Granado. Dentro de las actividades que se realizaron, destacaba la promoción de la venta del Café Venezuela y otros productos en las estaciones de servicio abanderadas por CITGO. Este programa no fue exitoso y pronto llegó a su fin.

   Estas actividades fueron una justificación para que Granado hiciera viajes semanales a Miami, en el avión de CITGO que cubría la ruta desde el aeropuerto de Sugar Land -Houston hasta la Florida.


    Según los récords, Granado contrató a De Jongh como empleado de CITGO en Houston y ordenó su traslado [junto a su familia] desde Miami.  


   José Luis De Jongh Atencio es abogado graduado en la Universidad del Zulia, "profesión que ejerció tímidamente en Venezuela". Una fuente consultada bajo compromiso de anonimato por no estar autorizada a declarar, dijo a Venezuela Poítica que De Jongh "no tenía ninguna experticia en la industria de refinación y su única credencial era el ser amigo de  la juventud y de estudios en Maracaibo de Rosana Elena Delgado (también conocida como Rosana E. Nooney), esposa y socia de Alejando Granado". Agrega la fuente que "Rosana y De Jongh continuaron su amistad con el entonces CEO de CITGO, cuando estaban viviendo en Miami".


   Otra fuente consultada sostiene que "La única actividad académica que se le conoce a De Jongh Atencio en EEUU fue que realizó un curso de paralegal en Miami y no contaba con la licencia para ejercer derecho en los EEUU". 

   Una persona ligada al caso y que trabaja en CITGO, asegura que Alejandro Granado ordenó al Departamento legal de CITGO emplear a De Jongh Atencio como consultor y asesor interno. "Trabajó en proyectos puntuales bajo la supervisión del también abogado venezolano Arnaldo Arcay, [ex-patriado de PDVSA y asignado a CITGO] quien, aunque tampoco tenía licencia de abogado en EEUU, era el encargado de coordinar administrativamente las actividades de los abogados asignados a las refinerías de CITGO", acotó.

  De Jongh se mantuvo realizando trabajos como consultor hasta 2013, cuando el acusado fue transferido al Departamento de Procura donde, "sin tener ninguna experiencia en esta área, ocupó los cargos de Gerente de Procura para las tres refinerías y la Gerencia de Procura para proyectos especiales". 

  Otra fuente a la que entrevistó Venezuela Política sostuvo que "en más de una ocasión" De Jongh Atencio asumió la posición de Gerente General “interino” de Procura de la corporación. 
  
  Según los reportes internos de CITGO, De Jongh fue removido de esa posición en Procura "porque se descubrieron irregularidades administrativas". No obstante, el acusado no fue despedido de CITGO sino que gozó del privilegio de ser transferido nuevamente al Departamento Legal, "donde siguió trabajando en colusión con Nelson Martíne cuando éste era Presidente, CEO y Chairman de la Junta Directiva de CITGO".


   Otros funcionarios de la filial de PDVSA en Estados Unidos, ratificaron a Venezuela Política que De Jongh presuntamente "estuvo apoyado en sus acciones por José Luis Zambrano" [uno de los 6 ejecutivos de CITGO que se encuentra detenido en Caracas por órdenes del régimen de Nicolás Maduro]. Las fuentes sostienen que "Zambrano había sido Gerente General de Procura y posteriormente promovido por Nelson Martínez, como Vicepresidente de Servicios Compartidos".  Sostienen que "Zambrano y De Jongh trabajaban en equipo en todos los negocios [supuestamente] turbios que lideraba Martínez en la sombra y que fueron objeto de investigación interna en la corporación".

  Agregan las fuentes que [presuntamente], De Jongh era quien atendía a los “socios externos”, y les daba tours por los mejores restaurantes, sitios nocturnos y espectáculos exclusivos de Houston. Su función era ser el “enlace” que negociaba las condiciones para los [supuestos] negocios de Martínez.


  Asimismo, mencionan que "Pedro Blanco, también [presuntamente] habría sido parte de ese equipo corrupto que fue empleado por Nelson Martínez para trabajar en CITGO como Asesor en la oficina Corporativa de Mid-Office, reportándole directamente a Zambrano, quien era el Gerente General de la referida oficina en ese momento". Agrega que: "Blanco trabajó en muy bajo perfil y también representó a Nelson Martínez en negociaciones turbias. Blanco abandonó el puesto y desapareció de CITGO después que el régimen de Nicolás Maduro arrestó a Martínez en Caracas". [Todos estos señalamientos están bajo investigación federal].

De Jongh fue despedido de CITGO por Asdrúbal Chávez

   Las fuentes consultadas aseguran que De Jongh y Arnaldo Arcay fueron despedidos de CITGO cuando Asdrúbal Chávez tomó posesión como Presidente de CITGO a finales de 2017[esta información fue constatada por Venezuela Política en los récords internos de CITGO]. "Ambos exfuncionarios estuvieron involucrados en las negociaciones del contrato de la refinería de Aruba y existen reportes internos de su mala conducción, a espaldas de los funcionarios de CITGO, que permitieron la firma de un contrato leonino para CITGO".

    El experto en petróleo, Gustavo Coronel, explicó en un artículo públicano en la Patilla en 2016, que el mencionado contrato "fue firmado por CITGO con Aruba a pesar de que no existía el suficiente capital para cumplir con los compromisos contraídos en el contrato. La celebración de este compromiso contractual causó conmoción entre el cuerpo de técnicos de CITGO porque la factibilidad tanto única como económica de ese proyecto era muy dudosa". 

    Fuentes dijeron a Gustavo Coronel que: “ Se armó un escándalo en CITGO durante una reunión convocada por abogados de la empresa sobre las negociaciones que adelanta un grupo en CITGO con el Gobierno de Aruba para operar la refinería de Aruba". Leer la nota en este enlace. 

   Luego de ser despedidos de CITGO continúan explicando las fuentes— De Jongh y Arcay intentaron demandas por despido injustificado. Glenn Hilman, quien para ese entonces era Vicepresidente de Servicios Compartidos de CITGO [responsable de supervisar al Departamento de Recursos Humanos] "celebraba en los pasillos de la sede corporativa el despido de De Jongh y Arcay" y posteriormente reveló públicamente que "el arreglo extrajudicial había sido parte de lo que le correspondía del bono anual para que desistieran de su demanda judicial".  

  Tal como hemos informado en nuestra cuenta Twitter @maibortpetit, Glenn Hilman se jubiló. La decisión se tomó en la primera reunión presidida por Carlos Jordá [como Presidente y CEO de CITGO]. 
   De acuerdo a los reportes internos de CITGO, Rick Esser, quien fungía como Vicepresidente Ejecutivo de CITGO, sugirió esta salida de De Jongh "para proteger los beneficios económicos de Hilman en caso de que lo despidiera Jordá por las múltiples acusaciones e investigaciones que había en su contra por malos manejos administrativos". 

  Actualmente, Hillman continúa trabajando en CITGO, contratado como Consultor y participando en varios proyectos. Hillman no ha ocultado sus excelentes relaciones con los funcionarios que han pasado por la administración de CITGO, ni en la era chavistas ni la opositora, incluyendo a miembros de la  actual Junta Directiva de CITGO nombrada por el Presidente Interino, Juan Guaidó.

El negocio de De Jongh: "Camaroneras o cangrejeras"

  Fuentes contactadas en Venezuela, informaron que De Jongh estuvo dedicado al negocio de las camaroneras y cangrejeras, el comercio de los crustáceos decápodos marinos y cangrejeras (Mar Crab) se convirtieron en una época en su principal actividad comercial.  

  Otra fuente consultada informó que la esposa de De Jongh,  Dulce María Salaverria trabajaba como corredora (bróker) en el mercado de inversiones en Estados Unidos, pero perdió su licencia norteamericana de por vida por haber presentado información falsificada en la aplicación para ingresar a una empresa internacional donde trabajó inicialmente en la ciudad de Maracaibo. En la página de www.finra.org. puede confirmarse la sentencia contra Salavarria.


 Personas que conocieron a De Jongh en Maracaibo dijeron a Venezuela Política que el hoy acusado por el gobierno de Estados Unidos, proviene de una familia de clase media-alta ligada a sectores empresariales del Estado Zulia. Según fuentes cercanas a la pareja, "De Jongh y su esposa Salaverria decidieron venirse a EEUU huyendo de la cantidad de problemas legales que debían enfrentar en Venezuela".

De Jongh y sus relaciones con José Manuel González Testino

    De Jongh Atencio está acusado  por el Departamento de los Estados Unidos de un cargo de conspiración para lavar dinero y cinco cargos de lavado de dinero. 

  La acusación formal alega que a partir de 2013 y hasta al menos 2019, De Jongh Atencio acordó aceptar pagos de soborno de contratistas, incluidos José Manuel González Testino y Tulio Anibal Farías Pérez, y otros [no mencionados] a cambio de ayudar a los contratistas y  sus empresas a realizar negocios con CITGO y PDVSA. 

  La querella señala que De Jongh recibió más de $ 2.5 millones en pagos de sobornos por participar en el esquema de corrupción. A cambio, supuestamente proporcionó ventajas comerciales inadecuadas a González Testino y  Tulio Farías para ayudarlos a adquirir contratos de CITGO y PDVSA.

  La acusación formal alega además que De Jongh Atencio ordenó que los pagos de sobornos de González Testino, Farías y otros se hicieran a cuentas bancarias a nombre de compañías fantasmas en Panamá y Suiza. En algunos casos, también presuntamente dirigió la creación de facturas falsas para justificar los pagos. 

La empresa Drill Corp y las extrañas transferencias

  Fuentes internas de CITGO sostiene que "hubo una averiguación para identificar el verdadero propietario de la entidad denomianda Drill Corp, una empresa fantasma que recibió generosos contratos de manera fraudulenta en CITGO. Luego de investigación se supo que detrás de Drill Corp. estaba dirctamente, José Manuel González Testino".

  Lo interesante es que los técnicos de CITGO ingresaron a Drill Corp. en la lista de proveedores bloqueados en CITGO. No obstante, aseguran fuentes internas que "en el 2017, cuando Rick Esser y José Pereira retaliaron contra los miembros de comité de cumplimiento de CITGO [sacándolos de sus funciones y cargos en el comité] y con la ayuda de los nuevos miembros de esa instancia, Jennifer Moos, Judith Colbert, Eladio Pérez, José Luis Zambrano] coludieron y desbloquearon a Drill Corp. y permitieron que se le otorgaran fraudulentamente más de USD 70 millones en contratos favoreciendo a José Manuel González Testino". 

   Los consultados sostiene además que "durante el 2017 y el 2018, con el supuest conocimienti de funcionarios de CITGO,[ entre las que se encontraba Gina Coon, actual Tesorero de CITGO] se realizaron los pagos a Drill Corp. por transferencias bancarias desde Houston, directamente a las cuentas bancarias de esa entidad en Panamá y Suiza, para facilitar el lavado del dinero".

   Estas transferencias son parte de las evidencias que poseen los fiscales federales en la acusación que cursa contra De Jongh en Houston. El juicio de este exfuncionario fue fijado para que se inicio el 28 de septiembre en la Corte del Distrito Sur de Texas, en Houston.

  Agregan las fuentes consultadas que "todos los directores de CITGO que ocupaban cargos claves en la corporación estaban [presuntamente] en pleno conocimiento del esquema fradulento y formaban parte y tenían una función en el esquema de corrupción que operaba en CITGO". [Esto está bajo investigación federal]

   José Luis De Jongh fue despedido por Asdrúbal Chávez. No obstante, los directores que participaron en la trama denunciada por el Departamento de Justicia, como Rick Esser, Gina Coon, y Judith Colbert continuaron en sus puestos bajo la junta directiva encabezada por Luisa Palacios.

  Una de las funcionarias que estuvo en puestos de mando en el momento que se ejecutó la conspiración por la cual es acusado De Jongh, José Manuel González Testino y Tulio Farías, fue "Jennifer Moos, quien se jubiló recientemente sin que se investigaran las denuncias en su contra", acota la fuente.

    Durante su gestión como funcionario de CITGO, De Jongh Atencio experimentó un súbito enriquecimiento, al igual que los contratistas demandandos: González Testino y Farías [entre otros], quienes se encuentran a la espera de su sentencia, en agosto de 2020, luego de haberse declarado culpable ante un juez de Houston.

   Hasta el momento, el caso de corrupción en CITGO-PDVSA, investigado por la Fiscalía del Distrito Sur de Texas, en Houston, incluye a los siguientes individuos: Roberto Enrique Rincón Fernandez, Moises Abraham Millán Escobar, Abraham José Shiera Bastidas, José Luis Ramos Castillo, Juan José Hernández-Comerma,  Christian Javier Maldonado Barillas, Alfonzo Eliezer Gravina Muñoz,  Charles Quintard Beech III, Karina Del Carmen Nuñez-Arias, Fernando Ardila-Rueda, César David Rincón-Godoy, Nervis Gerardo Villalobos-Cárdenas, Rafael Ernesto Reiter-Muñoz, Alejandro Isturiz-Chiesa, Juan Carlos Castillo, José Orlando Camacho,  Luis Carlos De León Pérez, entre otros.

Esta historia continuará en la segunda parte...
   

lunes, 30 de marzo de 2020

La Corte Suprema de EE.UU. dictamina que CITGO es responsable del derrame de petróleo en 2004

  La decisión del Supremo es un duro golpe para CITGO que deberá pagar  $180 millones para la recuperación y compensación de los costos, más intereses. 

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  De acuerdo a un dictamen de la Corte de Suprema de Justicia de los Estados Unidos dado a conocer este lunes, CITGO es responsable de un derrame de petróleo que ocurrió en 2004 en el río Delaware, y debe pagar los costos de limpieza del área.
  En 2004, un petrolero fletado por CITGO Asphalt Refining Company y otras empresas, golpeó un ancla que, meses antes, había perdido una embarcación que estaba trabajando para el gobierno en el dragado del canal de navegación en el río Delaware, lo que llevó a la liberación de 264,000 galones de crudo pesado, según documentos judiciales.

  En ese momento, Frescati Shipping Company, propietaria de la embarcación, y los Estados Unidos juntos pagaron un total de $ 133 millones para limpiar el derrame de las aguas del río.

  Este lunes, el tribunal dictaminó  con 7 votos a favor y 2 en contra que CITGO y las otras empresas, son responsables de los costos de limpieza.

  La opinión mayoritaria, redactada por la jueza Sonia Sotomayor, dijo que una cláusula de "litera segura" en el contrato de fletamento del buque debe interpretarse como una garantía de seguridad, lo que significa que le correspondía a CITGO y a otros asegurarse de que el petrolero atracara con seguridad.

  Los jueces conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito estuvieron en desacuerdo con la mayoría que adoptó la decisión. Thomas argumentó en la opinión disidente que el texto de la cláusula de seguridad del contrato no incluye una garantía de seguridad.

  Thomas sostuvo que existe la necesidad de más información sobre si el estándar de la industria establece dicha garantía.

CITGO decepcionado

  El presidente y gerente general de CITGO, Carlos Jordá, expresó  a su decepción con el fallo, pero dijo que la compañía acataría la decisión del tribunal.

 "Aunque obviamente tenemos opiniones diferentes sobre los méritos de nuestro caso, respetamos la interpretación de la Corte y finalmente podemos cerrar este capítulo sobre el caso Athos", dijo Jordá en un comunicado, refiriéndose al barco Athos I.

   Vale destacar que este caso fue gerenciado por los abogados internos y externos de CITGO, entre ellos Judith Colberth.

  Durante más de 14 años Judith Colberth y el abogado externo de CITGO, Nate Eimer, del escritorio jurídico Erimer Stahl law firm llevaron este caso ante los tribunales.  

 "A lo largo de este período, Colberth autorizó más de $ 45 millones en pagos de honorarios de abogados externos para defender a CITGO en este caso que terminó sin éxito en la Corte Suprema esta semana que se pronunció en contra de CITGO", señaló una fuente interna que pidió mantenerse en el anonimato debido al  constante acoso laboral que sufre el personal de la filial de PDVSA en Estados Unidos.

  Otra fuente consultada, dijo que aunado a los millonarios costos de abogados, CITGO debe ahora pagar tras la decisión del Supremo $180 millones para la recuperación y compensación de los costos más intereses. 

  Según informantes internos, "Judith Colberth, durante muchos años, ha contratado abogados externos sin pasar por el debido proceso de selección de dichos profesionales y sin monitorear detalladamente el trabajo y las horas cargadas por los representantes legales externos, y sin supervisión de este departamento por parte de la gerencia".

Reportes internos

  Desde febrero 2019, la falta de controles en el Departamento de Legal de CITGO, fue reportada a Luisa Palacios y a los miembros de la nueva junta directiva, pero hasta ahora no se han tomado medidas correctivas, ni se han hechos observaciones de ninguna naturaleza. 

  Las fuentes consultadas para esta nota resaltan que "durante las administraciones chavista hasta la actual, los abogados internos de CITGO han apoyado presuntamente a la gerencias corruptas en la corporación". Asimismo, supuestamente "se han prestado para ser parte en la conspiración para la entrega de contratos fraudulentos que han sido objeto de investigación por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos".