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lunes, 21 de septiembre de 2020

Se agota el tiempo para que David Rivera responda a demanda de PDV USA por incumplimiento de contrato de cabildeo a favor de Nicolás Maduro

Por Maibort Petit

  El juez de Nueva York, John G. Köetl otorgó a los abogados del ex-congresista, David Rivera, hasta el 30 de septiembre de 2020 para que responda a la demanda incoada en contra de una empresa de maletín de su propiedad, Interamerican Consulting Inc, que pretende recuperar USD15 millones pagados por el servicio de un contrato fraudulento que entregó PDV USA a la firma para que realizara labores de cabildeo para el régimen de Nicolás Maduro, cuyo trabajo no realizó. 

  Rivera tardó meses en responder ante la corte, a la demanda que fue introducida el 13 de mayo de 2020 y que debía ser respondida antes del 5 de agosto (12 de agosto según los abogados). 

 Los presentantes de Rivera dijeron al juez que habían conversado con los abogados de CITGO, PDV USA y se llegó a un acuerdo para que la defensa pidiera un lapso hasta el 30 de septiembre para dar respuesta a la querella.

 La defensa de Interamerican Consulting Inc, está representada por Kathryn Lee Boyd de Hecht Partners LLC.

  La  demanda por incumplimiento de contrato  fue interpuesta ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York por el escritorio jurídico de CITGO, Willkie Farr & Gallagher LLP que representa a una de las empresas asociadas  PDV USA busca que Interamerican Consulting Inc,  devuelva al menos $15 millones (más intereses) por servicios 'de cabildeo' que no prestó y que estaban especificados en un contrato firmado por empresa registrada en la Florida con el régimen de Nicolás Maduro en 2017.  

   Las tres facturas "por servicios profesionales" eran por el monto de $5 millones cada una, para un total de $15 millones, y "se pagó por una orden de arriba". Para ese momento, José Pereira (actualmente bajo arresto en Venezuela, acusado por delitos de corrupción) era el vicepresidente de Finanzas y fue quien ordenó a Gina Coon (actual Tesorera) que pagara la cuenta porque era una orden del CEO de CITGO, Nelson  Martínez (fallecido en custodia del Estado venezolano en diciembre de 2018). El jefe de Servicio de Compliance era Rick Esser. 

 CITGO pagó las facturas a la empresa del excongresista David Rivera, y "todos aquellos que se quejaron fueron removidos de sus puestos de trabajo". La aprobación de los pagos de $15 millones violó todas las reglas de la empresa y es una razón suficiente para que haya sanciones legales. 

  Los récords muestran que CITGO emitió 3 pagos de $5 millones cada uno; las transferencias bancarias se hicieron a la cuenta de David Rivera (Interamerican Consulting) se enviaron en 3/24/2017; 04/10/2017 y 04/19/2017. Es decir se pagaron $15 millones en menos de cuatro semanas (27 días),  "por lo que se evidenció que había una intención corrupta de sacar $50 millones de CITGO de una manera expedita", comentó una fuente vinculada al caso, quien agregó que con la aprobación de dichas operaciones por parte de CITGO, "José Pereira y Gina Coon violaron todos los controles de revisión y autorización con este contrato y sus facturas relacionadas".

   El Departamento de Justicia de los Estados Unidos investiga esta operación —entre otras que se cometieron durante la presidencia de Nelson Martínez— para favorecer al régimen de Nicolás Maduro.



sábado, 9 de mayo de 2020

Pese a denuncias en su contra por supuestos hechos irregulares, (asistente) VP de Cumplimiento y Ética de CITGO se jubila sin ser investigada

 Por Maibort Petit
@maibortpetit

  Señalada internamente de participar en supuestos hechos irregulares y de actuar en connivencia con Rick Esser —vicepresidente ejecutivo de CITGO Petroleum Corporation designado por la Asamblea Nacional en febrero de 2019— Jennifer Moos, asistente a la Vicepresidente de Cumplimiento y Ética de la filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en Estados Unidos, lejos de ser, por lo menos, investigada, ha logrado obtener un plan de pensión de la empresa "con USD 8.000 mensuales más una serie de beneficios para ella y sus familiares", según una fuente interna consultada. Otra información sostiene que el monto otorgado sería menor [por el orden de los USD 3.000]
  Su retiro, que fue anunciado el 21 de abril, se hizo efectivo desde el pasado 30 de abril luego de haber ingresado a la petrolera estatal venezolana en 1996. En su cargo será reemplazada por Jay Martin.

 Vale la pena destacar que otra fuente consultada sobre este tema aseguró que CITGO tiene una pensión (programa de retiro) que ninguna otra empresa petrolera aún tiene en los Estados Unidos. De acuerdo a la información suministrada este "tipo de sistema de pensión se remonta a un calculo máximo de años de servicio desde hasta 1992 y es sueldo básico más bono en una fórmula con porcentajes, etc". Sostiene entonces que "Jennifer Moos estaba en esas categorías con a un 65% por lo que la pensión debe estar por debajo del monto de los USD. 8.000"[que señalan las otras fuentes] Asimismo sostiene que el personal de CITGO se retira contando con el dinero que ahorra en planes de retiro e inversiones 4O1k que se acumula a través de los años y no con la pensión de CITGO por que es baja", acotó. 

  Paralelamente, sostiene que los jubilados de CITGO tienen el beneficio de seguro médico [si la persona opta por continuar], "a un costo casi el doble del de los empleados. Esto no tiene excepciones por que son planes para todos y, cualquier desviación, constituye una causa para que los miles de jubilados puedan demandar a la corporación", comentó. 

 Durante sus 25 años de servicio, Moos ejerció distintas posiciones, entre ellas como gerente de mercadeo y presidente del Comité de Compras de CITGO (CPC) entre 2010 y 2018, un cargo en el que, de acuerdo a fuentes ligadas a la empresa, habría aprobado, supuestamente en colusión con personal de compras de “Proyectos Especiales” y otros directores, transacciones con entidades intermediarias por más de USD 6 mil millones en por concepto de adquisiciones para PDVSA.

  La hasta hace días, Vicepresidencia de Cumplimiento y Ética, Jennifer Moos habría llegado en febrero de 2017 promovida por José Pereira, Gustavo Cárdenas y Nelson Martínez, como parte del presunto esquema por ellos impulsado y en el que Moos, "en mancuerna con Rick Esser, facilitarían las operaciones irregulares". Y es que de acuerdo a tres fuentes internas consultadas, Moos y Esser solamente "serían piezas en el ajedrez que los cabecillas de la trama jugarían, puesto que carecían de la experiencia y el conocimiento para ejercer las posiciones en las que se les había designado".

  Por ejemplo, las fuentes internas sostienen que "Rick Esser, quien continuó también como vicepresidente de Comercio y Suministro, aprobó compras de petróleo y ventas de productos derivados. Dado que el asesor general adjunto de CITGO, Jeff Bednar, comenzó a implementar una serie de controles para bloquear entidades corruptas que pretendieran negociar con la filial de PDVSA en los EE. UU., fue obligado a retirarse por José Pereira y Rick Esser en complicidad con el vicepresidente de asuntos legales, Edoardo Orsoni [acusado de delitos de lavado de dinero y corrupción por el gobiero de los Estados Unidos]".

  Pero las denuncias no evitaron que Moos abandone CITGO con la jugosa remuneración y beneficios de por vida, con la felicitación de Luisa Palacios y Carlos Jordá, quienes habrían optado por evitar la confrontación legal con empleados que se mantienen dentro de la empresa estatal, a pesar haber formado parte de los esquema corruptos que encabezaron Nelson Martínez y Asdrúbal Chávez.

La trama denunciada dentro de CITGO

  Jennifer Moos, pues, presuntamente sería parte de una presunta  trama de corrupción "instrumentada en CITGO por José Pereira, Nelson Martínez y José Luis Zambrano, la cual tenía como estrategia el dominio del Comité de Cumplimiento, de manera de evitar así los controles internos y desbloquear a más de 730 entidades intermediarias pertenecientes a empresarios corruptos entre quienes se contaban José Manuel González Testino, Ángel Alberto Rodríguez Torres, Juan Carlos Hurtado Angarita, Manuel Chinchilla, Roberto Rincón, Ernesto Guevara, Michael Moretti, entre otros venezolanos".

  Fue así como Rick Esser y Jennifer Moos, entre 2017 y 2018 —ya en sus nuevas posiciones en el área de Cumplimiento y Ética— "aprobaron irregularmente" —de acuerdo a lo referido por las fuentes del caso— "nuevos contratos de compras y pagos fraudulentos por más de USD 230 millones a empresas de maletín" de los arriba citados. Igualmente, habrían participado del esquema corrupto, otros individuos con fuerte conexiones con el régimen de Nicolás Maduro, esto con la colaboración de José Luis Zambrano y Glenn Hilman (compras), Judith Colbert (legal) y el personal de cumplimiento".

  Sostiene el informante, que "el personal —empleados, directores y gerentes— tenía pleno conocimiento de las irregularidades y se sumaron a los fraudulentos procesos de revisión y aprobación, en los que intencionalmente, se ignoraban los controles internos en sus respectivas áreas". Es decir, de acuerdo a lo establecido en la legislación estadounidense, incurrían en "ceguera deliberada del conocimiento de los hechos" o "indiferencia intencional" durante la aprobación de los contratos y pagos a empresas fantasmas.

Lavado de dinero

 En el esquema presuntamente también participaba personal del departamento de tesorería de CITGO, "quienes facilitaban los pagos ilegales a las compañías de maletín que actuaban en la trama como intermediarias en las negociaciones irregulares". De este momento, supuestamente se "le daba el visto bueno a las transferencias bancarias desde Houston, Texas, directamente a las cuentas bancarias suministradas por los dueños o representantes de las entidades intermediarias sin la debida revisión".

 Específicamente, sostienen las fuentes, "Gina Coon, Tesorera actual de CITGO, aprobó durante más de dos años, los pagos y transferencias bancarias a las empresas de fachada, facilitando así las operaciones de lavado de dinero que tales operaciones suponían. Fue así como se enmascararon sobreprecios, sobornos, comisiones, que iban a parar a cuentas en paraísos fiscales".

Sostienen las fuentes, que "la mayoría de las compras realizadas bajo este esquema nunca se concretaron, por lo que PDVSA en Venezuela nunca recibió los productos y servicios que supusieron estos pagos irregulares.  Por ejemplo, el fallido proyecto de la refinería CITGO Aruba habría servido para que más de USD 100 millones beneficiaran a proveedores con la supuesta anuencia de Gina Coon".

Dejar pasar

  Finalmente, las fuentes internas de CITGO sostiene que "hechos como el señalado evidencian la política de “cero controversia y confrontación” instrumentada por la junta directiva designada por Juan Guaidó en CITGO, la cual a más de un año en funciones, no ha dado cuenta de las investigaciones por corrupción, ni ha impulsado medidas destinadas a corregir y castigar a los culpables de los hechos irregulares habidos en CITGO Petroleum Corporation".









martes, 29 de octubre de 2019

Informe revela presuntas prácticas fraudulentas y corruptas cometidas en CITGO

Despedida por la administración de Nelson Martínez, la exfuncionaria de la filial petrolera, Marisol Gómez insiste en sus acusaciones sobre retaliación cometida en su contra por supuestamente haberse opuesto a las irregularidades implementadas por quien fue presidente de la principal industria venezolana.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La exvicepresidenta de Recursos Humanos de CITGO Petroleum Corporation, Marisol Gómez de Vergara, denunció las supuestas prácticas fraudulentas y corruptas cometidas por la administración de Nelson Martínez, José Pereira y Gustavo Cárdenas, ante la nueva presidenta de la junta directiva ad hoc de la filial de Petróleos de Venezuela S.A. en Estados Unidos, a quien hizo llegar una serie de documentos que así lo probarían, entre ellos un informe remitido a Asdrúbal Chávez en noviembre de 2018, cuando este ocupó la presidencia de la empresa.

Comunicación a Luisa Palacios

El 3 de mayo de 2019, Marisol Gómez de Vergara remitió un correo electrónico a Luisa Palacios, presidenta de la junta directiva de CITGO, en el que hacía referencia a un caso de retaliación en su contra. La comunicación se emitió con copia a Ángel Olmeta, Édgar Rincón, Luis Urdaneta y Andrés Padilla, también integrantes de la directiva de la empresa. Se exceptuó a Rick Esser.
Luego de presentarse con ex-trabajadora de PDVSA y CITGO donde llegó a ocupar la Vicepresidencia de Recursos Humanos, Gómez refirió las acciones que venía desplegando desde hacía dos años (a la fecha de la comunicación) para denunciar la referida retaliación de la que se decía objeto desde marzo de 2017 por parte de la filial estadounidense. Precisó que tal accionar contra ella se debía —según su punto de vista— a haberse negado “en múltiples ocasiones de formar parte de transacciones ilegales dentro de la dinámica corrupta y delictiva mantenida por Nelson Martínez y su equipo de trabajo [la cual se] venía practicando dentro de la empresa”.

La comunicación de Marisol Gómez a Luisa Palacios iba acompañada de un conjunto de documentos que, de acuerdo a su visión, muestran “los hechos, retaliaciones, y nombres de personas responsables aún activas en CITGO y las acciones que me ha correspondido asumir”.   

Los anexos consistían en: 1) Carta ilustrativa del escenario y retaliaciones de la gerencia en su contra; 2) Informe confidencial para la gerencia de CITGO donde se reportaban formalmente las retaliaciones en su contra cometidas por Nelson Martínez, José Pereira, y Gustavo Cárdenas; 3) Informe a la Gerencia de CITGO sobre hechos de fraude, conductas no éticas, y maltratos contra empleados honestos que cumplieron con su deber al reportar casos de corrupción en la filial; 4) Correos electrónicos que supuestamente evidenciaban el abuso de poder y las violaciones de derechos a los trabajadores por parte de Judith Colbert, “actual consultora legal de CITGO, al bloquear arbitraria e ilegalmente la investigación sobre las retaliaciones en mi contra ordenada por la gerencia de CITGO”.


Respecto al último punto, refirió que Colbert en contra de las políticas y procedimientos internos de CITGO, ordenó a Cristina Hernández, abogada de Logan terminar la investigación interna contratada por la gerencia de la empresa, “una acción no ética nunca registrada en la empresa” con el presunto propósito de ocultar los resultados de la averiguación a la nueva junta de directiva que Luisa Palacios preside. Instó a dicha directiva a determinar si tal acción ilegal fue ejecutada en coalición con Glenn Hilman, Rick Esser y las gerentes de recursos humanos, Germain Tuner y Trina García. 

Gómez de Vergara en la comunicación solicitó una reunión con Palacios y los miembros de la junta directiva o sus representantes con el objetivo de exponer “con sus debidos soportes los hechos y conductas ilegales por parte de Nelson Martínez, José Pereira, Gustavo Cárdenas, Judith Colbert y otros directores que soportaron y continúan con conductas ilegales y el poder de seguir intimidando a los empleados, comportamiento que estoy segura va en contra de la ética y el profesionalismo de la nueva junta directiva nombrada por el presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó”.

Terminó la correspondencia conminando a la junta directiva presidida por Luisa Palacios a “tomar las acciones correspondientes por el bien de Venezuela, CITGO y así honrar la justicia”.

El informe a Asdrúbal Chávez

El 9 de noviembre de 2018 Marisol Gómez de Vergara remitió a la administración de CITGO Petroleum Corporation encabezada por Asdrúbal Chávez, un informe en el que expuso el presunto acoso y discriminación de que supuestamente fue objeto por parte de Nelson Martínez (expresidente de PDVSA), José Pereira (expresidente de CITGO) y Gustavo Cárdenas (gerente general de la oficina de la presidencia de CITGO). El documento se remitió con copia a Frank Gygax, Alejandro Escarrá y Rick Esser.
En primer término, Gómez de Vergara refirió fue había sido designada Vicepresidenta de Recursos Humanos de CITGO en Houston, Texas, por la junta directiva de PDVSA el 1° de noviembre de 2014, habiendo tenido —según su apreciación— un excelente desempeño y contribución a la filial en el periodo 2014-2017, cuando conformó un equipo profesional de Recursos Humanos en solo un año, y al haber implementado una cartera de beneficios sólidos, que incluían: “un modelo de compensación alineado con los percentiles de compensación del mercado; un incentivo de desempeño que permitió incluir al grupo base de ingenieros y erradicar la práctica de beneficiarse solo en los niveles superiores; un incentivo recreativo, este beneficio no existe en la cartera de otras empresas de la industria; un incentivo de responsabilidad, reconociendo la contribución necesaria de las posiciones comerciales centrales y estableciendo responsabilidades de compromiso adicionales; un plan anual de aumento de méritos de acuerdo con criterios administrativos y períodos justos con énfasis en salarios progresivos y graduales; un novedoso incentivo rotativo para el liderazgo que reconoce y motiva el desarrollo de nuevos gerentes y la sucesión operativa”.

Seguidamente, hizo mención a la naturaleza de su queja y explicó que detectó y denunció actividades inapropiadas en las funciones de compensación, contratación y se negó a obedecer órdenes ilegales en violación de las leyes federales, laborales y de inmigración de los Estados Unidos dictadas por Nelson Martínez, José Pereira y Gustavo Cárdenas. El resultado de tal denuncia fueron, supuestamente, una serie de represalias en su contra que condujeron al cese de sus funciones el 13 de marzo de 2017.

Agregó que entre 2014 y 2017, padeció un ambiente de trabajo hostil por instrucciones de Nelson Martínez con respaldo de José Pereira, Gustavo Cárdenas y otros gerentes de CITGO que supuestamente se confabularon para cometer actos ilegales en detrimento del interés de los accionistas de CITGO.

Según el documento, denunció la conducta inapropiada y violaciones de las leyes federales de los Estados Unidos a la gerencia de CITGO y a la Junta Directiva de PDVSA en 2017 y 2018.

Los hechos, según Gómez

En esta sección del informe, Marisol Gómez refiere que paralelo a la Vicepresidencia de Recursos Humanos en CITGO, formó parte de varios comités, entre ellos el de cumplimiento de CITGO, el cual tenía como objetivo garantizar que la empresa mantenga los controles establecidos de modo garantizar que todos los empleados y directores sigan las políticas, procedimientos y las leyes.

Al respecto, indicó que entre 2014 y 2017, los miembros del citado comité de cumplimiento revisaron e investigaron varios casos relacionados con el incumplimiento de las políticas de la compañía que tenían que ver con la violación de los controles internos, fraude de compras, conflicto de intereses, contratos de suministro y comercialización contra el interés de CITGO y PDVSA, “entre otras prácticas poco éticas cometidas por terceros y directores, gerentes y empleados de CITGO/PDVSA”.

Dijo que ella y el resto de los miembros del comité de cumplimiento implementaron varios controles, entre ellos “el bloqueo de más de 700 entidades propias de ciudadanos venezolanos con fuertes vínculos con PDVSA o funcionarios del gobierno que arrancaron las ganancias de los activos de CITGO y PDVSA”.

Explicó que supuestamente estas entidades de terceros fueron introducidas en CITGO por Nelson Martínez y registradas ilegalmente en la lista maestra de proveedores de la filial sin control alguno, habiendo incurrido las mismas en cobro de significativos sobreprecios que rondaban del 200 a más del 1.000 por ciento en el material y el equipo adquirido por la filial en nombre de PDVSA. El comité de cumplimiento investigó y determinó que Nelson Martínez, Ramiro Rodríguez, Glenn Hilman, José Luis Zambrano, José Luis De Jongh, Brian Paulson, Laymar Peña y otros agentes de adquisiciones, aprobaron transacciones-contratos y otras actividades ilegales.
La denuncia de Marisol Gómez sostiene que supuestamente Nelson Martínez, coludido con José Pereira, José Luis Zambrano y Gustavo Cárdenas, acometieron operaciones ilegales y poco éticas en recursos humanos, adquisiciones, suministro y comercialización, así como en otras áreas.

Igualmente dijo que las violaciones del proceso de contratación fueron instrumentadas desde 2013 por Nelson Martínez valiéndose de su investidura como presidente de PDVSA para burlar los controles de recursos humanos de CITGO. En tal sentido, se habrían violado desde la alta gerencia los derechos de los empleados, al tiempo que se implementó el acoso y la aplicación de represalias como prácticas comunes en su administración.

Gómez se refirió también a un conjunto de transferencias, contrataciones y promociones que fueron rechazadas por ella cuando estuvo al frente de la vicepresidencia de recursos humanos. Indicó que ella y su equipo, sustentados en análisis técnicos, objetaron la transferencia o la contratación de varios empleados recomendados por Nelson Martínez, José Pereira y Gustavo Cárdenas, en razón de que los candidatos no tenían la experiencia, conocimiento técnico, ni la calificación para ocupar los puestos. A pesar de esto y del control interno, Martínez, Pereira y Cárdenas forzaron la contratación de estas personas y se crearon varios puestos de trabajo sin que existiera la necesidad operativa.

Los contratados irregularmente

De acuerdo a su narración de los hechos, Marisol Gómez explicó a la alta gerencia que estas situaciones estaban en contra de los procedimientos internos regulares, pero se impuso la presión de Martínez y Pereira a través de Gustavo Cárdenas, siendo el resultado la autorización de documentos de recursos humanos para contratar y promover a personas no calificadas en varias funciones de CITGO.

   Entre las personas contratadas de manera irregular bajo el procedimiento antes expuesto, habrían ingresado a la filial, en primer lugar, Melissa Martínez —hija de Nelson Martínez— quien fue designada vicepresidenta de la Fundación Simón Bolívar, la cual administraba USD 17 millones en donaciones de CITGO Petroleum Corporation al año. Marisol Gómez subrayó que Melissa Martínez carecía de la experiencia laboral necesaria para ocupar tal posición.

    Otro caso fue el de John Pereira —hijo de José Pereira— quien fue trasladado desde PDVSA-Oriente a la Gerencia de adquisiciones de CITGO Aruba, sin que su hoja de vida exhibiera experiencia alguna ni conocimientos en materia de compras. De este modo, la alta gerencia ignoró a otros candidatos con vasta experiencia en el campo de adquisiciones. En tal sentido, Marisol Gómez expuso en su informe que por su objeción recibió varias acciones en represalia de parte de José Pereira.

    Rubén González —pariente de Nelson Martínez— también formó parte de la lista de ingresos irregulares a CITGO aupados desde la alta gerencia de la empresa. En este caso, el familiar de Martínez fue contratado sin que mediara para ello el proceso formal de reclutamiento y contratación. Esta persona, de acuerdo a la versión de Marisol Gómez, está involucrada en supuestos casos de corrupción y fraude liderados por su hermano José Manuel González Testino y Nelson Martínez en PDVAL, Corpoelec y otros entes del gobierno venezolano. El informe refiere que Rubén González influyó en las transacciones de adquisición de CITGO con ISG Global, Petroleum Logistics, Rexel y otras empresas fantasmas propiedad de Manuel González Testino y Tulio Farías.
    Bajo esta modalidad igualmente habrían ingresado a CITGO, Juan Pacheco, Lilian Tenorio y Laymar Peña, quienes en la posición de contratistas de adquisiciones de proyectos especiales contratados por Ramiro Rodríguez y Nelson Martínez se desempeñaron previamente en PDVSA Services (PSI) y con entidades intermediarias que persiguen contratos con CITGO. De acuerdo a Marisol Gómez, estos contratistas junto con Ramiro Rodríguez llevaron a cabo varias transacciones de adquisiciones fraudulentas en CITGO. Indicó que los resultados de una investigación realizada por una firma de abogados externa, solicitada por CITGO Legal, Recursos Humanos, Auditoría Interna y el grupo de contralores, muestra irregularidades en varias operaciones aprobadas por Glenn Hilman, Ramiro Rodríguez y Nelson Martínez.

     Martínez también habría ordenado la contratación de su amiga personal, Bibi Albarrán, en el área de adquisiciones en un nuevo puesto creado especialmente para ella en Miami, Florida. Una posición en la que carecía de responsabilidades y no contaba con la supervisión de los gerentes de adquisiciones de CITGO, dado que la filial no tiene oficinas en esa ciudad. Como en los casos anteriores, Bibi Albarrán carecía de experiencia en adquisiciones.

     En su informe a Asdrúbal Chávez, Marisol Gómez denunció que el procedimiento de Recursos Humanos número 060-50 de CITGO, denominado “Proceso de selección y contratación de contratistas”, el cual proporciona pautas formales para la selección y contratación de contratistas fue violado por Nelson Martínez y otros directores-gerentes quienes pasaron por alto los controles internos a las personas contratadas de su preferencia, así como los requisitos para validar la experiencia laboral y los títulos educativos, los cuales fueron anulados por los gerentes que aprobaron la contratación.

    Refirió Gómez de Vergara que las prácticas de contratación de Nelson Martínez y Ramiro Rodríguez no fueron adecuadas y carecían de la documentación necesaria para instrumentar un proceso de contratación justo y profesional, dado que los candidatos no cumplieron con los requisitos mínimos exigidos para ocupar los puestos de trabajo. Narró que, por ejemplo, en varios casos, el gerente de contratación entrevistó a un solo candidato aun cuando había varios candidatos calificados, pasando además por alto el requisito de que un representante de Recursos Humanos participara en el proceso de la entrevista. Ante esta situación, Gómez habría solicitado una auditoría interna sobre este proceso de ingreso de los contratistas de adquisiciones, identificándose debilidades significativas que se informaron a la gerencia. Nelson Martínez y Ramiro Rodríguez evitaron tomar medidas disciplinarias contra los gerentes, empleados y contratistas de CITGO que eludieron los controles internos.

Represalias contra los directores

   De seguido, Marisol Gómez pasó a exponer que en 2017, Nelson Martínez, José Pereira, Gustavo Cárdenas y José Luis Zambrano decidieron tomar represalias contra los directores, gerentes y otros empleados de CITGO que denunciaron conductas poco éticas y actos ilegales dirigidos por la administración de Martínez.

    Fue así —de acuerdo a la exposición de Gómez de Vergara— que habiendo sido designado José Pereira como CEO interino de CITGO y Nelson Martínez presidente de PDVSA, supuestamente se coludieron con Gustavo Cárdenas para terminar, transferir u obligar a la jubilación de directores, gerentes y empleados que pudieran interferir con sus planes ilegales.

   De este modo, tomaron represalias contra todos los directores clave que habían informado previamente las irregularidades, para así obtener el control de sus funciones. Fue así como todos los que denunciaron las irregularidades y transacciones fraudulentas cometidas presuntamente por Nelson Martínez, José Pereira, Gustavo Cárdenas, así como por los gerentes de compras de CITGO, entre ellos, Glenn Hilman, Ramiro Rodríguez, José Luis Zambrano, José Luis De Jongh, entre otros, fueron reprendidos.

    Marisol Gómez de Vergara informó a Asdrúbal Chávez de aumentos salariales no respaldados y cálculos de bonificaciones sin que siguieran los parámetros y cálculos técnicos de Recursos Humanos por parte de Nelson Martínez. Explicó que aquellos empleados que siguieran las directrices de Nelson Martínez para supuestamente cometer actividades comerciales fraudulentas y poco éticas, eran beneficiados con aumentos salariales y bonificaciones cuyas pautas eran dictadas directamente por Martínez sin regirse por las políticas aprobadas por la junta directiva de PDVSA.

Quejas de los empleados

   Marisol Gómez refirió a Asdrúbal Chávez que los empleados informaron confidencialmente las quejas relacionadas con comportamientos poco éticos de Nelson Martínez, Ramiro Rodríguez, Glenn Hilman y Brian Paulson.

   De este modo, dijo que Carlie Neubauer, Gerente de Adquisiciones Corporativas dio a conocer muchas prácticas de adquisición cuestionables por parte de los agentes de proyectos especiales, Ramiro Rodríguez y Juan Pacheco, quienes fueron retirados de CITGO. Refirió que al momento de la comunicación otros de estos agentes seguían empleados en la filial. Marisol Gómez indicó que estas personas favorecieron a las entidades intermediarias, presentaron ofertas falsas, enviaron ofertas a los vendedores en diferentes días y les dieron a los vendedores tiempos de respuesta irrazonables.

    Gómez dice en el informe que Ramiro Rodríguez, José Luis Zambrano, Glenn Hilman, José Luis De Jongh, Laymar Peña, Juan Pacheco y otros agentes de compras fueron protegidos por Nelson Martínez. Agregó que el comité de cumplimiento formado por ella, Jeff Bednar (legal), John Butts (controlador) y Franklin Domond (Auditor General) fueron objeto de represalias por parte de Nelson Martínez y José Pereira al haber implementado nuevos controles correctivos e investigar casos relacionados con el fraude cometidos en los Proyectos Especiales. Refirió que Carlie Neubauer fue objeto de represalias y discriminación por parte de Glenn Hilman y fue transferida a otro puesto no relacionado con sus muchos años de experiencia en adquisiciones. Neubauer se vio obligada a renunciar a CITGO.

     Marisol Gómez cita luego el caso de Robert B. Bailey, Gerente de CPC, quien informó que Rubén González, un empleado de CITGO, firmó un contrato en nombre de Petroleum Logistics junto con Nelson Martínez. Según lo narrado por Gómez de Vergara, Bailey también habría informado que los contratistas de adquisiciones trabajaban previamente con entidades intermediarias y estaban influyendo en los procesos de adquisición. La versión refiere que Nelson Martínez presuntamente no quería tomar ninguna medida contra Rubén González y los agentes de adquisiciones por las violaciones debido a conflictos de intereses.
   Entretanto, narró el caso de Ana Aguirre, Gerente de Adquisiciones de Lubricantes, quien dio a conocer a CITGO Legal los hallazgos y documentos de respaldo relacionados con las transacciones de adquisiciones para PDVSA donde solo dos entidades intermediarias estaban ganando ofertas mientras que todas las demás fueron descalificadas. Gómez refirió a Asdrúbal Chávez que estos reclamos fueron investigados por auditorías internas y abogados externos y los resultados arrojaron pruebas suficientes de que Juan Pacheco, Laymar Peña, Ramiro Rodríguez y otros agentes manipularon los procesos de adquisición. Agregó que Nelson Martínez supuestamente se opuso a la aplicación de cualquier acción disciplinaria a estos empleados. Ramiro Rodríguez recibió la orden de regresar a Venezuela y fue arrestado por otro caso de fraude.

     Según lo expuesto, los resultados de la investigación llevaron al comité de cumplimiento a decidir el rescindir el contrato de Juan Pacheco con CITGO, pero Nelson Martínez alegó que los señalamientos sólo respondían a los comentarios a Marisol Gómez y los miembros del comité.

    Destaca Marisol Gómez que luego del arresto de Nelson Martínez, José Luis Zambrano y José Pereira en Venezuela, Ana Aguirre supuestamente habría visto a Laymar Peña destruyendo evidencia de transacciones de compra realizadas por ella y Zambrano, lo cual es absolutamente ilegal. Según Ana Aguirre, Glenn Hilman y Brian Paulson desestimaron todas sus acusaciones contra Laymar Peña y no investigaron los reclamos y, por el contrario, fue protegida por los gerentes de adquisiciones, mientras que Aguirre fue objeto de acoso y acciones discriminatorias por parte de Brian Paulson. Ana Aguirre se habría visto obligada a renunciar a CITGO.

   A su vez, April Dickson, Paralegal Comercial, informó de actividades cuestionables cometidas supuestamente por Ramiro Rodríguez y Juan Pacheco en violación de la Política de Ética Comercial y Conflicto de Intereses de la Compañía. Estos empleados fueron protegidos por Nelson Martínez. Dickson, pese a la efectividad de su trabajo, fue discriminada por José Pereira por sus revelaciones acerca de muchos casos irregulares. Supuestamente, Dickson fue incluida en una lista negra por parte de la gerencia y quedó fuera del equipo de cumplimiento dirigido por Rick Esser.

Denuncias confidenciales y otros casos

   Por vía confidencial, otros empleados de CITGO presentaron quejas contra Nelson Martínez Ramiro Rodríguez, Juan Pacheco y otros directores de adquisiciones relacionados con malversación de fondos al "Otorgar negocios a proveedores por costos más altos y favorecer a empresas como Southern Procurement Services (SPS)".

    Igualmente refirieron violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, dado que “El departamento de Compras parece estar realizando actividades sospechosas con el nuevo proyecto de compras que Ramiro está dirigiendo. Los empleados de PDVSA de Venezuela están tratando con muchos distribuidores y no creen que hayan sido provistos correctamente”.

   También denunciaron conflicto de intereses, debido a la "Contratación de contratistas de compras que fueron despedidos de PDVSA y PSI".

     Marisol Gómez llevó a cabo un trabajo conjunto —según expuso en el informe— con los miembros del Comité de Cumplimiento, Auditoría Interna, Legal y el departamento del controlador para abordar las reclamaciones y mejorar los procesos de la empresa, pero Nelson Martínez, José Pereira, Glenn Hilman y José Luis Zambrano habrían ignorado las acciones disciplinarias recomendadas contra los empleados que habían cometido irregularidades.

    Martínez, Pereira y Cárdenas habrían tomado represalias contra Marisol Gómez, Jeff Bednar, Franklin Domond y John Butts por haber implementado controles internos para mitigar el fraude. Según Gómez, Nelson Martínez intimidó a estos directores en varias reuniones en su oficina por informar y abordar irregularidades, violaciones de controles internos y comportamientos poco éticos.

GFC Consultores LLC

      Nelson Martínez habría dispuesto la contratación de los servicios de consultoría de GFC Consultores LLC para trabajar en Recursos Humanos y otras áreas, aun cuando no habían sido solicitados por ninguna de las vicepresidencias de negocios ni estaban incluidos en el presupuesto. Puntualiza Marisol Gómez que GFC Consultores LLC es una empresa registrada el 18 de julio de 2013, en Florida, por Gustavo Felice, un pariente de Nelson Martínez. La firma tiene direcciones registradas en Weston, FL 2800, Glades Cir Weston, FL 33327 y 4329 Vineyard Cir Weston, FL 33332.

     Nelson Martínez, José Pereira y Gustavo Cárdenas —de acuerdo al informe— presionaron a Marisol Gómez y otros vicepresidentes de CITGO para que contrataran los servicios ofrecidos por la empresa de su familiar.

     Indica el reporte, que las facturas de GFC reflejan cargos por banquetes, eventos, comidas, mejoras y reparaciones para los hogares personales de los empleados, regalos y otros gastos personales para los ejecutivos de CITGO y PDVSA y sus familias. Los cargos de GFC incluyeron sobreprecios significativos.

    Los pagos a GFC Consultores LLC fueron autorizados por Nelson Martínez, José Pereira y Gustavo Cárdenas a través de las cuentas bancarias de PDV USA y CITGO, sin que se hubiese producido la revisión adecuada de los bienes y servicios cobrados por GFC. De este modo, bajo la administración de Martínez, GFC recibió pagos por USD 6.164.823 entre octubre de 2014 y noviembre de 2017; USD 4.576.784 de PDV USA y USD 1.588.039 de CITGO.

Cambios en el fondo de pensiones

   El reporte de Marisol Gómez remitido a Asdrúbal Chávez hace mención a los cambios “poco éticos” en el fondo de pensiones de CITGO, lo cual se instrumentó por decisión de Nelson Martínez, quien solicitó su modificación.

  La denunciante refiere que un estudio técnico realizado por Recursos Humanos y Finanzas de CITGO mostró resultados de que la filial tendría un enorme impacto financiero negativo a mediano plazo con la implementación del referido cambio.

   Tal modificación habría obedecido al deseo de Nelson Martínez de ser considerado como un empleado jubilado, al agregar siete años adicionales a todos los empleados de Venezuela —alrededor de 35 empleados— y para ello supuestamente presionó a Marisol Gómez a objeto de que presentara esta propuesta ante la Junta de Directores de PDVSA y así lograr que sus 40 años de servicio fueran considerados como todos desempeñados en CITGO. Gómez se habría opuesto alegando que tal modificación significaría la duplicación del beneficio, puesto que para la fecha ya Nelson Martínez estaba considerado dentro del sistema de jubilación de PDVSA. El grupo del contralor, John Butts y Bob Shoemaker prepararon una presentación para explicar a la alta gerencia por qué esto el cambio era negativo para CITGO.

   Por sus objeciones en este caso, Marisol Gómez habría sido objeto de hostigamiento adicional y acciones discriminatorias, incluidas amenazas, comentarios, hostilidad e intimidación por parte de Nelson Martínez.

    Finalmente, los servicios de Marisol Gómez fueron rescindidos en marzo de 2017, una decisión adoptada —según su punto de vista— por su oposición a seguir prácticas fraudulentas y poco éticas ordenadas por Nelson Martínez.

   En noviembre de 2017, José Luis Zambrano, José Pereira y Nelson Martínez fueron arrestados en Venezuela por conspiración para cometer un delito. Sólo este hecho impidió la implementación de los cambios pretendidos por Martínez en el fondo de pensiones de CITGO.

Retaliaciones contra los empleados y otras irregularidades

   Los empleados de CITGO también habrían sido objeto de retaliaciones por parte de Nelson Martínez y José Pereira, como medida para asegurarse que denunciaran sus irregularidades ante los nuevos miembros de la junta directiva de PDVSA.
   De este modo, Pereira y Cárdenas eliminaron el cargo de Vicepresidente de Recursos Humanos y dichas funciones pasaron a manos de José Luis Zambrano, Vicepresidente de Servicios Compartidos y quien, según el informe de Gómez, está involucrado en varias transacciones de adquisiciones fraudulentas para favorecer entidades intermediarias y la aprobación de sobreprecios significativos junto con Nelson Martínez, Glenn Hilman y Jose Luis De Jongh. De hecho, varias de las solicitudes de Martínez comenzaron a implementarse luego de que Zambrano asumió el cargo.

    José Pereira y José Luis Zambrano habrían contratado a parientes y allegados no calificados para ocupar puestos clave en CITGO, habiendo implementado aumentos de sueldos sin el apoyo de cálculos técnicos adecuados y promociones justificadas por méritos, así como bonificaciones que excedieron los parámetros aprobados por Junta Directiva de PDVSA. Para ello crearon un comité de compensación para aprobar salarios y bonificaciones fuera de los períodos regulares establecidos en las políticas de compensación de CITGO aprobadas por la junta directiva de PDVSA.

    Refiere Marisol Gómez que supuestamente el hostigamiento y las acciones discriminatorias se extendieron a los miembros cercanos a su equipo de trabajo, a saber Edgar Ordorica, Patricia Milano y Karie Oquinn, quienes fueron objeto de represalias por parte de Nelson Martínez, José Pereira y José Luis Zambrano. Estos trabajadores fueron transferidos a otros cargos.

    Asimismo, Iván Cordero, Freddy Gómez y Liz Aguilar fueron despedidos a pesar de haber tenido un buen desempeño. A la salida de Marisol Gómez en marzo de 2017, Jeff Bednar y Eduardo Assef se habrían visto obligados a retirarse, mientras que Franklin Domond fue despedido y John Butts fue transferido a un puesto inferior bajo las órdenes de un director con menos experiencia que él.

    Entre 2017 y 2018, José Pereira, Glenn Hilman, José Luis Zambrano, José Luis De Jongh y Rick Esser —sostiene Gómez de Vergara— supuestamente manipularon controles internos para satisfacer las exigencias de Nelson Martínez. Habrían desbloqueado entidades intermediarias y les asignaron contratos de adquisición y pagos por más de USD 60 millones.

    En 2018, las agencias policiales estadounidenses arrestaron a varios propietarios y empleados de estas entidades intermediarias con contratos importantes con CITGO y PDVSA.

   Aseguró Marisol Gómez de Vergara que fue despedida por Nelson Martínez aun cuando este no estaba facultado para ello, pues al haber sido designada por la junta directiva de PDVSA, sólo esta entidad tenía la potestad de removerla de su cargo.

    Subrayó que la ley federal penaliza las represalias o cualquier acción perjudicial contra los empleados, incluida la interferencia con el empleo legal o el sustento de cualquier persona por proporcionar información veraz relacionada con irregularidades o violaciones de las leyes federales. “Además, las políticas de CITGO prohíben las represalias y el acoso contra los empleados”.

     A pesar de haber negado vehementemente la aplicación de este tipo de políticas, Rick Esser como Oficial de Cumplimiento de CITGO no habría cumplido su palabra y evitó investigar las denuncias al respecto y la presunta conducta poco ética de Nelson Martínez.

   En tal sentido, Marisol Gómez instó a que Esser ponga en práctica las averiguaciones de acuerdo con las políticas corporativas de CITGO.



sábado, 19 de octubre de 2019

CITGO usó empresa de maletín para cubrir gastos de los viajes de Delcy Rodríguez en NYC y la propaganda política del régimen de Maduro

Entre los funcionarios del régimen venezolano que se beneficiaron del esquema de corrupción está la actual vicepresidente, Delcy Rodríguez, cuando ocupaba el cargo de canciller en 2017.

Por Maibort Petit

El régimen de Nicolás Maduro utilizó dinero proveniente de CITGO y PDV USA, Inc para pagar los costes de sus actividades políticas en territorio norteamericano, usando empresas de fachada. Esta nota explica cómo Caribbean Style, Inc prestó su nombre para que la filial de PDVSA en Estados Unidos pudiese pagar los viajes y viáticos de la entonces canciller Delcy Rodríguez, de los representantes diplomáticos de la Misión Permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas, del personal del Consulado venezolano en Nueva York y de la costosa propaganda del régimen en la Gran Manzana.
Durante los años 2014 al 2017 se ejecutó un esquema de corrupción que involucró a la mencionada empresa intermediaria (Caribbean Style, Inc.) entre otras firmas, para ocultar el patrocinio de CITGO. a las actividades políticas del régimen de Nicolás Maduro en Estados Unidos.

Entre los personajes que protagonizan estas irregularidades destacan las personas claves de la administración de Nelson Martínez (fallecido bajo custodia del Estado en diciembre 2018), José Pereira y Gustavo Cárdenas, en colusión con otros empleados de CITGO que se prestaron para encubrir el delito y darle apariencia lícita. 
Los récords señalan que Caribbean Style, Inc. es una corporación registrada en Texas el 2 de noviembre de 2001 por Modesto Lucas Díaz y William Yee. 

Desde agosto de 2014 hasta noviembre de 2017, José Pereira y Gustavo Cárdenas, dos altos directivos de CITGO, aprobaron pagos a Caribbean Style, Inc. por un total de USD 6,047,507.18. 

La trama de corrupción

El esquema fraudulento ejecutado por la gerencia de CITGO para financiar propaganda política y otros gastos en los que incurrieron los funcionarios del gobierno de Venezuela en Estados Unidos, incluyó el uso de PDV USA, Inc., una entidad subsidiaria de PDVSA manejada por la gerencia de CITGO en Houston, TX, y Caribbean Style, Inc. una entidad intermediaria como fachada para poder proporcionar servicios de logística al personal del consulado venezolano y representantes diplomáticos venezolanos en las Naciones Unidas en Nueva York. 

Una de las comunicaciones, correspondiente a enero 2017, identificada como Proyecto: Apoyo logístico de PDVSA VP Asuntos Internacionales y Canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez da cuenta de la aprobación de USD. 200.000,00. para pagar los gastos de los viajes de la actual vicepresidente a Nueva York.

En la descripción de la solicitud hecha a PDV USA, Inc., dice que los fondos son para la logística y los gastos de viaje  la Vicepresidencia de Asuntos Internacionales de PDVSA y Cancillería de Venezuela, Delcy Rodríguez y otros diplomáticos en su visita a la ciudad de Nueva York y otras de los Estados Unidos con objetivos de negocios por USD. 200,000.

El soporte logístico para los gastos de viaje de Delcy Rodríguez fue solicitado por Rafael Gómez, y aprobado por Gustavo Cárdenas de la Oficina de Soporte Ejecutivo de la Presidencia, la requisición aparece firmada por Daniel Addison del departamento legal, y Kate O'Brien y Gina Coon de Tesorería. La transacción fue aprobada por José Pereira el 22 de mayo de 2017.
La cantidad de $200,000 fueron transferido por una tarjeta de crédito (purchasing card) para el uso de Delcy Rodríguez, el detalle de los gastos incurridos no fue reportado.

Aviso en The New York Times

Los costos descritos en las facturas de Caribbean Style, Inc. a CITGO, incluyeron gastos de viaje, alojamiento, transporte, recepciones políticas, entradas a conciertos, exposiciones, anuncios políticos en periódicos locales. Por ejemplo, un anuncio de una página completa en el periódico New York Times titulado "Venezuela no es una amenaza" por un costo de USD 210,244.
EL 10 de abril de 2015, José Pereira envió un correo a Claudia R. Thomas, Richard López, Patricia Milano, Gustavo Cárdenas y Gina Coon en el cual se ordenaba que se procediera a pagar la factura del aviso del periódico The New York Times.


 Aquí pueden ver la factura que la empresa de Modesto Díaz presentó a PDV USA Inc. para justificar el pago del aviso publicado por el régimen de Nicolás Maduro en el The New York Times.


En aquí está la solicitud de pago de PDV USA, Inc a favor de Caribbean Style, Inc.



Violación a la Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero

El  esquema de corrupción expuesto deja claro que los gastos de viajes a funcionarios de un gobierno extranjero y los correspondientes a la propaganda de los régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro no se corresponden con los costos operativos normales para mantener las refinerías de CITGO en los Estados Unidos. 

Estas transacciones y los funcionarios que las ejecutaron explica un experto interno que fue consultado en condición de anonimato podrían estar involucrados con prácticas corruptas y violaciones de otras leyes federales como conspiración, lavado de dinero, comercio interestatal y extranjero a través de un patrón de actividad de crimen organizado, más comúnmente conocido como ley RICO en los Estados Unidos (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act conspiracy), en español Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas, y la ley FCPA de Prácticas de Corrupción en el Extranjero. 


Nelson Martínez y José Pereira leales al régimen

Las transacciones de CITGO a través de PDV Holding, Inc. fueron manejadas —confidencialmente por un grupo de empleados leales a Nelson Martínez y José Pereira, según revelan los documentos revisados y confirmados por las fuentes consultadas para esta nota.

Las evidencias prueban que los empleados de CITGO y funcionarios del gobierno venezolano utilizaron el sistema financiero de Estados Unidos, los activos y recursos de CITGO, y los ingresos de provenientes de las ventas de petróleo venezolano para financiar propaganda política y otros gastos de oficiales del gobierno de Venezuela en Estados Unidos. 

Entre los empleados que incurrieron en las irregularidades se encuentrán: Rafael Gómez, Gustavo Cárdenas, Claudia Thomas, Gina Coon (Tesorera) y otros funcionarios de CITGO, ciudadanos venezolanos y estadounidenses, quienes autorizaron y procesaron las transacciones y pagos a Caribbean Style, Inc. para encubrir los pagos de la actual vicepresidente, Delcy Rodríguez y otros altos jerarcas del régimen de Nicolás Maduro.

Las normas corporativas de CITGO también fueron violadas por los empleados de la filial de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos que estuvieron a cargo de coordinar la publicación de propaganda política del régimen de Venezuela en periódicos como The New York Times.

Expertos legales consultados señalan que los mencionados funcionarios  aprobaron y diligenciaron las transferencias con pleno conocimiento y sin realizar la debida diligencia, entre quienes destacan el CEO de CITGO para la época, Nelson Martínez, presidente encargado de CITGO, José Pereira; VP de relaciones estratégicas con los accionistas, Gustavo Cárdenas y empleados actuales de CITGO que coludieron para seleccionar, aprobar y procesar transacciones y pagos a Caribbean Style, Inc.

Las solicitudes de pago fueron procesadas por Claudia Thomas, ciudadana venezolana y empleada de CITGO quien gestionó y procesó de manera confidencial las transacciones de CITGO y PDV USA, Inc. con Caribbean Style, Inc. desde las oficinas de CITGO en Houston, TX. Otros gerentes de los departamentos de Tesorería y Legal de CITGO, no aplicaron procedimientos de revisión y controles anticorrupción para evaluar las transacciones y pagos a Caribbean Style, Inc. 

Luego que Nelson Martínez fue transferido a Venezuela para ejercer como Ministro de Petróleo, continuó solicitando y aprobando gastos para publicaciones y eventos políticos financiados por CITGO, "lo cual es una violación al velo corporativo que debe existir entre CITGO y su accionista", acota nuestra fuente.

Caribbean Style, Inc. y las irregularidades de CITGO


La empresa de fachada, Caribbean Style, Inc. es una entidad registrada por Modesto Lucas Díaz, un ciudadano de República Dominicana que estaba residenciado en Houston, porque su padre fue Cónsul de RD en Houston, Texas. Luego del fallecimiento de Modesto Díaz Montaño (padre), la hermana del dueño de Caribbean Style, Inc., Ana María Díaz lo reemplazó en el cargo diplomático. 
Modesto Díaz (hijo) tuvo un cargo en el Consulado dominicano en el área de Relaciones Públicas. Actualmente, Modesto Díaz vive en Santo Domingo a donde se mudó desde hace 2 años aproximadamente.

Una fuente interna asegura que Modesto Díaz fue un hombre cercano a Alejandro Granado cuando éste era presidente de CITGO y a Rafael Gómez cuando ocupaba el cargo de Vicepresidente de Asuntos Públicos de la corporación.

La relación entre Modesto Díaz con CITGO está vinculada con Nelson Martínez, José Pereira, Gustavo Cárdenas, Rafael Ramírez, Alejandro Granado y otros empleados del alto y medio nivel.

Fuentes señalan que Mariela Guzmán (Eventos Especiales CITGO) y su esposo, (quien fue asistente personal de Alejandro Granado cuando era CEO de CITGO), se beneficiaron financieramente de la empresa de Modesto Díaz.

Un informante interno nos señaló que tanto "Granado como Rafael Gómez usaron a Díaz  al máximo, y que fue en ese período en que la empresa de Modesto Díaz empezó a ser usada como fachada en CITGO".  Asegura que "hubo una época en que Granado llevó a Daniel Cortez a CITGO y posteriormente fue reemplazó a Gómez, quien recuperó su cargo años después".

Quienes trabajaron en CITGO para ese tiempo, sostienen que Modesto Díaz adulaba y complacía a Granado.

Asimismo señalaron que un familiar cercano a Mariela Guzmán trabajaba en el Palacio de Miraflores y "ella manejaba directamente la cuenta de Modesto Díaz en CITGO". 

Como parte del esquema, la gerencia de CITGO y los empleados facilitadores del proceso, utilizaron a Caribbean Style, Inc. como entidad intermediaria con el objetivo de ocultar la participación directa de CITGO en estas transacciones y poder facilitar los pagos de propaganda del régimen en periódicos estadounidenses y otros gastos de políticos venezolanos en Estados Unidos.

El Balance 

Del 2014 a 2017, Caribbean Style, Inc. emitió 28 facturas por un total de USD 6,047,507.18 procesadas y pagadas por empleados de CITGO en Houston, TX a través de las cuentas de PDV USA, Inc. Los montos de pago oscilaron entre USD 120,000 y USD 925,000, según las facturas, incluyen una comisión del 20% para Caribbean Style, Inc. 

Gina Coon, Tesorera de CITGO, realizó transferencias bancarias directas a las cuentas bancarias de Caribbean Style, Inc. en IBERIA Bank y Bank of America; Dirección del BofA: 11288 Wertheimer Rd. Houston, TX 77042. La dirección comercial que aparece en las facturas de Caribbean Style, Inc. es 1929 Johnson Street, un apartamento residencial en Houston, TX.


Las transacciones y pagos de CITGO a Caribbean Style, Inc. finalizaron en noviembre de 2017, el mismo mes en que José Pereira, Nelson Martínez, Gustavo Cárdenas y otros directores de CITGO fueron arrestados en Venezuela por cargos de corrupción, conspiración y malversación de fondos, el estado legal actual de Caribbean Style, Inc. es inactivo. 

Fuentes de CITGO señalan que la actual junta directiva y los costosos bufetes de abogados externos continúan ocultando los resultados de las investigaciones internas y amenazan a empleados honestos que han reportado transacciones fraudulentas. 

Asimismo, señalan que la junta directiva designada por el presidente de la Asamblea Nacional, reconocido como presidente Interino por más de 50 países, Juan Guaidó continúa protegiendo algunos directores y gerentes como Glenn Hilman y muchos otros en varias áreas de la corporación que apoyaron la conducta fraudulenta de la gerencia anterior.

En la próxima entrega les contaré cómo el esquema de corrupción descrito con la empresa de fachada Caribbean Style se repitió con otras empresas que aún  siguen recibiendo beneficios. 

Seguiremos denunciando...

El periodismo de Investigación no tiene colores políticos. Tiene la misión de informar sobre las irregularidades que se cometen con el dinero público, denunciar a los funcionarios del gobierno y sus asociados, empresarios vinculados y familiares que aprovechan las posiciones de poder para enriquecerse. No callaremos nuestras denuncias documentadas contra los que ejercen el poder y los que aspiran conducir el Estado venezolanos y las empresas estatales. 

El periodismo de investigación busca aportar evidencias para contribuir a la transparencia democrática. Es por ello que el poder busca silenciarlo, y por ello acosa, persigue, desaparece e intenta corromper a los periodistas que lo ejercen. 








sábado, 4 de mayo de 2019

Denuncian a gerentes de CITGO por prestarse a procesar compra fraudulenta de vehículos blindados para PDVSA

Por Maibort Petit
@maibortpetit


Una serie de documentos en nuestro poder demuestran que un grupo de gerentes  de la filial de PDVSA en los Estados Unidos (CITGO) que actualmente fueron ratificados en sus cargos por la nueva junta directiva nombrada por el presidente interino de Venezuela,  Juan Guaidó, (reconocido por la administración de Donald Trump) violaron las normas establecidas por CITGO y se prestaron para gestionar una compra fraudulenta de vehículos blindados autorizados por el entonces CEO de CITGO, Asdrúbal Chávez y Manuel Quevedo, presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

En mayo de 2018, el director de compras de CITGO, Glenn Hilman, y los gerentes Brian Paulson, Laymar Peña apoyaron el proceso de la compra de vehículos blindados autorizado por  Chávez y  Quevedo.

Documentos confirman que la requisición proveniente de la presidencia de PDVSA, bajo la administración de Quevedo, solicitó un total de 33 vehículos SUV marca Toyota modelos Lancrusier V8, 4Runner 4x4 Limited V6, Fortuner Luxury V6 y HILUZ 4x4 V4, 27 vehículos blindados y seis vehículos regulares. 

El 15 de Mayo de 2018, la compra de los vehículos fue asignada por Glenn Hilman y Brian Paulson a Laymar Peña; este mismo grupo de gerentes, de acuerdo a evidencias y fuentes consultadas, estarían involucrados con múltiples transacciones fraudulentas desde el 2014 hasta la fecha. Tal como lo informamos al inicio de esta nota, Hilman, Paulson y Peña continúan siendo empleados en CITGO bajo la administración de la nueva junta directiva liderada por Luisa Palacios.

Desde el 2010 hasta la actualidad, pasando por las administraciones de Alejandro Granado, Nelson Martínez, José Pereira y Asdrúbal Chávez, los directores de compras de CITGO, Glenn Hilman, Ramiro Rodríguez y José Luis Zambrano han apoyado a PDVSA y a otras instituciones de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro con la compra de más de 8 mil millones de dólares en bienes, equipos y repuestos con dinero proveniente de la venta de petróleo de venezolano a CITGO. Desde Abril 2017, Ramiro Rodríguez y desde Noviembre 2017, José Luis Zambrano se encuentran bajo arresto en Venezuela acusados de delitos de corrupción, conspiración, fraude y lavado de dinero.

Falta de evaluación e incumplimiento de normas


Después de un proceso de compra indebido, con muchas debilidades en la selección del proveedor y la falta de evaluación por parte del departamento de cumplimiento de CITGO, liderado por Rick Esser y Jennifer Moos quienes ignoraron las políticas internas, el 16 de Junio de 2018 Peña, Paulson y Hilman asignaron el contrato de la compra de los vehículos a Auto Source Group, LLC., una compañía registrada por Eduardo Pulgar y Ivan G. Motta en Florida, EEUU el 16 de octubre de 2013 con sede en Miami, Florida 


La presidencia de PDVSA solicitó los vehículos blindados con una clasificación 5 o 6 de protección. La clasificación cinco proporciona protección contra rifles AK-47 y otras armas de asalto y requiere un espesor de acero balístico de al menos 7.5 mm.  El AK-47, conocido oficialmente como Avtomat Kalashnikova, es un rifle de asalto de 7.62 × 39 mm operado con gas, desarrollado en la Unión Soviética. La clasificación seis tiene un alto nivel de seguridad y está destinada a detener las rondas de perforación. El contrato asignado por el director y gerentes del departamento de compras de CITGO a la empresa Auto Source Group, LLC. fue de aproximadamente $2,6 millones por 13 vehículos blindados, según lo reportó Laymar Peña al Comité de Compras de CITGO, para un total aproximado de $6.6MM por los 33 vehículos solicitados por la presidencia de PDVSA.
Según la información obtenida, PDVSA no utiliza vehículos blindados para las operaciones normales de la empresa. "La presidencia de PDVSA, no aclaró el uso de los vehículos, por lo que algunos empleados concluyen que el destino y uso final de los vehículos blindados era para para uso de altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro o para actividades ilegales como el narcotráfico o la explotación ilegal de oro y coltan", sostienen fuentes internas consultadas que pidieron mantenerse bajo anonimato por su seguridad física.

Otro aspecto que aparece en la denuncia es que la transacción descrita no fue investigada por Rick Esser, Vice-Presidente de Cumplimiento de CITGO y actual miembro de la Junta Directiva  que preside Palacios, "ignorando de esta manera su responsabilidad fiduciaria y exponiendo a CITGO al incumplimiento con leyes federales al colaborar, en complicidad con oficiales del régimen de Maduro en posibles actividades ilícitas y aumentando el riesgo de la perforación del velo corporativo entre CITGO y PDVSA/Venezuela".

Otra fuente consultada refiere que después de los nombramientos apresurados de los directores de CITGO, los miembros de la nueva junta directiva sólo han tenido contacto esporádico con los vicepresidentes de CITGO, y "no se han reunido con la gerencia media o con otros niveles para evaluar la calidad de las operaciones y la actuación previa de directores seleccionados a ciegas en un ambiente hostil donde reinaba la corrupción, fraude y el abuso de poder". 

La denuncia sostiene que "es obligación de la nueva junta directiva y específicamente de Luisa Palacios detectar transacciones fraudulentas y evaluar las responsabilidades individuales de los directores, gerentes y empleados de CITGO que apoyaron y facilitaron conductas ilegales utilizando los activos y recursos de CITGO en Estados Unidos".
Documentos señalan que la compra de los vehículos no se realizó por que el dinero disponible (por las ventas de crudo venezolano a CITGO) se utilizó en comprar gasolina, para así atender la emergencia por escasez de gasolina en Venezuela. Posteriormente, llegaron las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra PDVSA y al régimen de Nicolás Maduro, lo que impidió la transacción de compra de los lujosos vehículos blindados. Una fuente de PDVSA comentó que este hecho, "deja claro la complicidad de Glenn Hilman y sus gerentes asociados en atender con la mayor ligereza los caprichos de sus jefes militares, sin realizar las más mínimas revisiones con leyes federales de los Estados Unidos, y sin verificar la legitimidad del proveedor seleccionado, sus accionistas y el destino y posible uso en actividades criminales de estos activos, y que sin duda alguna representan una malversación de los recursos públicos del Estado venezolano que se les confían a estos administradores facilitadores de fraude y corrupción".