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viernes, 19 de marzo de 2021

Nayib Bukele el neoautoritario que no rompe los lazos con el FMLN

   Lo que en un principio resultó una curiosa —y por momentos hasta divertida— manera de gobernar, devino en autoritarismo y una estrategia para distraer a la opinión pública del verdadero foco de atención que son las cada vez más reiteradas irregularidades que tienen lugar en la actual administración salvadoreña.

Por Maibort Petit
   El hartazgo que el pueblo de El Salvador respecto a una hegemonía bipartidista corrupta que gobernó la nación centroamericana durante 30 años, le allanó el camino a un joven político que se erigió como la esperanza para restituir la institucionalidad, la justicia y la democracia: Nayib Bukele, quien recibió todo el apoyo de una nación que se identificó con sus postulados, ideas y opiniones, expresados en mensajes de 120 caracteres vertidos en las redes sociales. Sin embargo, una vez en el poder, sus decisiones, órdenes y actuaciones develaron ver el verdadero talante de un gobierno que ha hecho del secretismo, la confrontación y la arbitrariedad, una política de estado que lo ubica en la frontera, muy al borde, de lo irregular, de la criminalidad.
   Bukele fue alcalde de Nuevo Cuscatlán y San Salvador, donde tuvo unas gestiones creativas y exitosas que le captaron la simpatía de todo el país, pero que al mismo tiempo le permitieron distraer la atención de la opinión pública de lo que ocurría tras bastidores, un entramado de negociaciones entre las empresas de su familia, especialmente, Obermet, S.A. de C.V., una compañía de su propiedad que ahora estaba en manos de su hermano Karim Armando Bukele, que obtenían múltiples contratos y licitaciones.

  Se presentó como el candidato antisistema que ofrecía una transformación del país centroamericano a través de un programa denominado Plan Cuscatlán de "nueva gobernanza", que contenía sus propuestas de seguridad, inclusión social, combate a las maras y la corrupción, reformas educativas y becas universitarias, la exención de impuestos a 100.000 familias en situación de vulnerabilidad, así como la creación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).

Gobierno de amigos

   Nayib Bukele comenzó a gobernar El Salvador el 1º de junio de 2019, luego de asumir la presidencia de la república en un acto público que, por primera vez, se realizaba en la plaza central de San Salvador.
Cuando finalmente se conoció la integración del gabinete de gobierno, pudo observarse que el núcleo del mismo lo constituían 14 personas pertenecientes al círculo de confianza de Nayib Bukele. Se trataba de amigos de la infancia, personas que habían sido empleados de sus empresas, exfuncionarios que lo acompañaron en la Alcaldía de San Salvador y dirigentes de Nuevas Ideas. Un grupo que dejaba ver que, para su escogencia, más que las capacidades, preparación, experiencia y mérito, había privado la incondicionalidad. 
   Todo aquello que hasta entonces había sostenido Bukele como bandera se iba al traste. Parecía no recordar cómo había criticado a Salvador Sánchez Cerén, de quien dijo “estaba intoxicado de familiares y amigos”. Tampoco se acordaba del nepotismo de GANA, del PCN y de Arena, que tanto había acusado. Ahora su gabinete ministerial lo integraban miembros de su familia, socios y amigos íntimos.

Rodeado de familia

   Hijo de Armando Bukele Kattán y Olga Marina Ortez, oriundos de Belén, él musulmán y ella católica, Nayib Armando Bukele Ortez nació en San Salvador en 1981. De ese núcleo familiar —Armando Bukele tuvo más uniones e hijos— forman parte también Karim Alberto y los mellizos Yusef Alí e Ibrajim Antonio.

   Sus hermanos, aunque no ostentan oficialmente cargos en el gobierno, oficiosamente forman parte de la administración del presidente Nayib Bukele con un gran poder y ascendente sobre el mandatario. De hecho, según refieren las investigaciones periodísticas, la opinión de los hermanos supuestamente prevalecen por encima de la de los 16 ministros, seis secretarios de la presidencia y tres comisionados que integran el gabinete, en lo que se refiere a asuntos de primera línea.

   Se afirma, incluso, que cuando se trata de decisiones importantes, Nayib Bukele sólo consulta a sus hermanos, lo que les otorga a los Bukele Ortez un papel decisivo, pero poco controlado, esto porque al no tratarse de funcionarios públicos, no están sometidos a los dictámenes de la contraloría de los empleados públicos. 
    
  Otro hermano del presidente, a saber, Yamil Alejandro Bukele Pérez, preside el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), mientras sus primos, Xavier Zablah Bukele (presidente de Nuevas Ideas) y su hermano Francisco, también integran este primer anillo.

   Su tío, Jorge Miguel Kattán, es secretario de Comercio e Inversiones de la presidencia de la república y la esposa de Nayib Bukele, Gabriela Rodríguez, ejercería la función de reclutar los integrantes del gabinete Social.

   De acuerdo a una nota de El Faro, los hermanos “Se han repartido por áreas: Yusef es el del gabinete económico; Karim, el estratega político, el de los discursos; Ibrajim es emisario para negociaciones o misiones especiales del presidente: por ejemplo, ejecutar proyectos de reactivación económica”. Sin embargo, esta misma fuente advierte que no se trata de una división absoluta de tareas, pues “cada uno se mueve a su antojo en toda la estructura del Ejecutivo, pero sí un ordenamiento tácito de los rubros en los que, tras un año de gestión, cada uno tiene más control”. La reseña comenta que el propio presidente reconoció públicamente el papel de sus hermanos, especialmente de Karim.

  Sobre Ibrajim y Yusef Bukele Ortez, la nota periodística refiere que “Suelen ser parte en reuniones privadas. Ibrajim fue, por ejemplo, delegado de Bukele en una reunión del comité creado para administrar 2,000 millones de dólares para la emergencia por el coronavirus, y que estaba conformado por seis funcionarios de Gobierno y cinco representantes de sociedad civil”.
   Se desconoce si los hermanos Bukele reciben algún salario por sus funciones, aunque Nayib Bukele ha asegurado que sus asesorías son gratuitas.

  Se sabe que los hermanos Bukele han participado de misiones oficiales tanto nacionales como en el exterior. Karim Bukele tuvo un papel fundamental cuando El Salvador suscribió una serie de acuerdos de cooperación y comerciales con China en 2019, durante una visita oficial del presidente a esa nación asiática. Una labor que, incluso, reconoció la embajadora de China en el país centroamericano: “Un agradecimiento especial al Sr. Karim @bukele. Sin su trabajo valioso y su aporte importante, no habríamos logrado los éxitos de la Visita de Estado del Presidente Bukele a China”.

   Sin embargo, El Faro destaca que tales reconocimientos no fueron suficientes a la hora de que “la Presidencia de El Salvador declaró inexistente cualquier información relacionada al viaje de Karim Bukele. ‘Según el proceso de investigación realizado en las diferentes unidades respecto al Señor Karim Bukele, le informo que no se encuentra nombrado en la Presidencia, según datos de la Gerencia de Recursos Humanos al igual que no se han encontrado registros de viajes pagados con fondos institucionales, según respuesta de la Gerencia Financiera’, dice un memorándum de la Secretaría Privada. Una muestra más del limbo en el que se mueven los hermanos del presidente: ejecutan, acuerdan, negocian, pero nada de eso es público si no lo revelan ellos, nada es auditable, no hay información oficial. A efectos prácticos, parece ser que un ciudadano salvadoreño como cualquier otro, a título personal, negoció acuerdos con China en nombre de El Salvador”.

  Respecto a Yusef Alí Bukele, este se definió como “un intermediario entre el sector privado y el presidente, como una puerta de entrada: ‘Yo tengo el oído del presidente’”. Formó parte de una misión oficial que acompañó a la canciller, del 18 al 25 de agosto de 2019, a Turquía, aunque “No existe un documento gubernamental que describa a Ibrajim Bukele de esa forma ni que explique cuáles son sus funciones como representante del pueblo salvadoreño”, aunque recibió pasajes y viáticos”.

Nayib, ¿el dictador?

 Aunque en principio se tornó como un hecho curioso, excéntrico, ocurrente y, en ocasiones, divertido, devino en una agresiva estrategia política y de comunicación para la que Nayib Bukele se valió de las redes sociales. De hecho, el presidente, ha terminado gobernando a través de Twitter.
  Así, a través de mensajes de 120 caracteres, Bukele comenzó a impartir directrices y órdenes a los integrantes de su gabinete. De hecho, recién llegado a la presidencia, procedió al despido de funcionarios de la anterior administración por medio de agresivos tweets.

  La confrontación y la agresividad se convirtieron en un hecho recurrente que empezó a extenderse a los otros poderes públicos, por lo que las miradas se dirigieron en torno suyo, pues la constante controversia ponía cada vez más en jaque el ejercicio democrático en El Salvador. La institucionalidad salvadoreña está comenzando a verse amenazada, por el giro autoritario que había tomado su gestión.

   La curiosidad de comunidad internacional manifestada al principio de su gobierno, ahora se tornaba en preocupación, pues sus actuaciones estaban encaminadas a controlar el resto de los poderes públicos, especialmente el legislativo, que tuvo su máxima expresión en la toma de la sede de la Asamblea Legislativa por parte del mandatario, acompañado de las fuerzas militares el 9 de febrero de 2020. El asalto de Nayib Bukele al parlamento, obedecía, según su criterio, a la exigencia de que se le aprobara un préstamo proveniente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por USD 109 millones, destinado al equipamiento de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio de la Defensa.'

   Un hecho que encendió las alarmas nacional e internacionalmente, habiéndose producido un pronunciamiento masivo en contra de la toma por parte de la Comisión de Derechos de la Organización de las Naciones Unidas, el Departamento de Estado de Estados Unidos, las embajadas de Reino Unido, Canadá y la Unión Europea en El Salvador.

   El poder legislativo rechazó la actuación de Bukele y advirtió que no aceptaría presiones del mandatario. El presidente, entonces, retrocedió un poco e intentó calmar los ánimos, pidiendo paciencia a la población y dando un ultimátum a la Asamblea Legislativa para que aprobaran el crédito.

  Pero estos hechos no han sido los únicos que han alarmado a la opinión pública nacional e internacional. Por ejemplo, las medidas adoptadas por Nayib Bukele en contra de las pandillas, conocidas como “maras” en El Salvador, llamaron poderosamente la atención de los organismos de los derechos humanos que hicieron serios cuestionamientos de las mismas.


   El presidente Bukele autorizó el uso de la fuerza letal contra pandillas y generó una convulsión total, a o que se agregó la publicación de unas fotografías que mostraban a decenas de miembros de pandillas sin camisa y forzados a sentarse uno encima del otro en prisión, en plena crisis por el coronavirus.

  También ordenó el cierre de las fronteras salvadoreñas, del aeropuerto para vuelos internacionales y aplicó una estricta cuarentena. Para remate, giró la orden a las fuerzas armadas de arrestar a quien infringiera y remitirlos a “centros de cuarentena”.

   La Corte Suprema de Justicia intervino y declaró inconstitucionales los arrestos, al tiempo que ordenó su suspensión. La respuesta de Bukele fue la negativa a obedecer y en su cuenta en Twitter advirtió: “5 personas no van a decidir la muerte de cientos de miles de salvadoreños” y agregó: “Una cosa es interpretar la Constitución, otra muy diferente es ordenar la muerte del pueblo”, rematando con que la “sala no tiene facultades para implementar o quitar medidas sanitarias, ni para decidir sobre contenciones epidemiológicas”.

   El combate contra el coronavirus, en El Salvador se convirtió en una guerra entre los poderes públicos. El enfrentamiento del presidente con el resto de los poderes público era ahora absoluto, desatando una crisis institucional que se veía sazonada con el temor sobre el peligro de la instauración de un gobierno autoritario.

  Ante las acusaciones que lo señalan como un autoritario, Nayib Bukele se defiende: “Si yo fuera un dictador o alguien que no respeta la democracia, ahora hubiera tomado el control de todo. Según las encuestas, el 90% del pueblo nos apoya. También lo hacen las Fuerzas Armadas y la policía. El pueblo se enojó cuando pedí calma, pero si hubiera querido hubiera tomado el control de todo el Gobierno esta noche. Si alguien prefiere enfocarse en una fotografía [la imagen que retrató la toma de la Asamblea Legislativa por los militares], está en su derecho, pero hay que ver todo lo que está pasando. El pueblo se dio cuenta que los diputados retiraron el apoyo a los soldados y a los policías que están en las calles y a quienes están matando. Porque El Salvador es un pueblo violento, no hay una sola familia en el país a la que no le hayan matado un familiar. No quiero ni imaginar si a España le sucediera el 10% de lo que pasa aquí. En El Salvador se dan todas las condiciones para el estallido social, pero si no sucede es porque yo pedí al pueblo que tuviera calma. Aunque me griten y pierda apoyo entre mis propios seguidores, pero pienso que es mejor que el país esté en calma”, advirtió Bukele en una entrevista que le hizo El País vía telefónica a propósito de la toma de la Asamblea Legislativa.

Presencia venezolana en el gabinete salvadoreño

   Aparte de los amigos, familiares y allegados de Nayib Bukele, en su equipo de gobierno llama la atención la presencia de un grupo de venezolanos ligados a la organización política, Voluntad Popular, liderada por Leopoldo López.

   En primer término, se trata de Sara Hanna Georges, Miguel Arvelo y Miguel Ángel Sabal Matheus, denunciados recientemente por funcionarios adscritos al ministerio de salud, como personas que supuestamente se estarían sobrepasando en el ejercicio de sus funciones como integrantes de la mesa de Crisis de la Pandemia de Coronavirus en carácter de asesores presidenciales.

   Georges, Arvelo y Sabal, según documentos, estarían dictando órdenes dirigidas a manipular las cifras y estadísticas de afectados por Covid 19 en la nación centroamericana. De hecho, ordenaron no procesar más de 1.600 pruebas para COVID-19 que habían sido tomadas el 22 de mayo y días anteriores, según el documento que circuló en redes.

   Ante la acusación de injerencia de los venezolanos, la Comisionada Presidencial para Operaciones y Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos, admitió la contratación, pero advirtió que es el gobierno el que toma las decisiones sobre el Covid 19. "Sí tenemos asesores venezolanos que están trabajando, pero no están tomando las decisiones, solo son asesores y están haciendo un buen trabajo (…) Todo el resto es parte de una campaña política para tratar de afectar el excelente trabajo del Gobierno reconocido por la población y por el mundo entero”.

  También el ministro de Salud, Francisco Alabí, defendió las asesorías de los venezolanos y aseguró que no tienen poder de decisión.

  El mandatario se hizo acompañar de un gran equipo de asesores internacionales durante su campaña electoral y, a los que ya habían trabajado con él en Nuevo Cuscatlán, se sumó el grupo vinculado a la oposición venezolana, contándose entre ellos —además de los citados anteriormente— a Eugenia Mercedes de Lourdes Vegas Rodríguez Aizpurúa, Juan Carlos Gutiérrez y Elisa Totaro, esta última “ganadora de diversos premios Reed y dueña de un extraordinario talento en la producción de spots y eventos políticos”, según refiere una nota de El Salvador.

  También Lester Toledo asesora a Bukele, como lo admitió en una entrevista concedida al portal Panampost, que trabaja para Bukele. También negó las acusaciones en su contra respecto al supuesto manejo irregular de ayuda humanitaria. Toledo fue designado como coordinador de dicha ayuda. El diputado aclaró que el dinero que posee para sus operaciones personales proviene de su trabajo como asesor de campañas políticas. “Yo salí al exilio en noviembre de 2016 y justo al salir, toda la historia la conoce la gente, perseguido, con orden de captura, con 86 días en clandestinidad, con prohibición de salir del país… Al salir, el primer apoyo que recibí fue de Freedom House [la organización le donó USD 15.000 de un fondo para perseguidos políticos] Yo tenía pocos ahorros. Vendí los carros que teníamos en Maracaibo. Pensé que con eso sobreviviría seis meses y fue pasando el tiempo hasta que descubrí: ‘Bueno, tengo que ponerme a trabajar'”.

   Toledo trabajó en la campaña de Guillermo Lasso en Ecuador y las de José Antonio Meade y Nayib Bukele, habiendo sido bien retribuido por estos trabajos, afirma. “Yo soy el jefe de la oficina de organización de Bukele en El Salvador. Si tiene algún corresponsal en El Salvador, pueden abordar al presidente y preguntárselo de frente: ‘¿Quién dirigió tu campaña?’. Todos reconocen que fui yo”.

  Por su parte, Elisa Totaro contó en su cuenta en la red social Facebook su experiencia: “Hace unos meses tuve el privilegio de trabajar en la campaña de Nayib Bukele, el nuevo presidente de El Salvador. Hoy todo ese esfuerzo se materializó en su toma de posesión (…)”.
Sobre los antecedentes de Elisa Tótaro, se sabe que durante una década ella y su agencia estuvieron vinculadas a las campañas electorales de líderes opositores venezolanos y a otras de respaldo a los presos políticos venezolanos. En 2015, la venezolana fue la encargada de la creación de los spots televisivos y del sitio web de la coalición Unidad, que llevó a la oposición venezolana a ganar mayoría calificada en la Asamblea Nacional.

  Entretanto, Miguel Sabal fue nombrado por Juan Guaidó como encargad o del manejo de la ayuda humanitaria proporcionada por USAID, siendo señalado de cometer irregularidades en el manejo de esta.

  Por su parte, Eugenia Mercedes de Lourdes Vegas Rodríguez Aizpurúa está adscrita al Ministerio de Turismo. Fue contratada de manera directa por Casa Presidencial como experta en marketing y turismo.

  En el caso de  Juan Carlos Gutiérrez, abogado que defendió a Leopoldo López durante el juIcio en el que fue declarado culpable por un tribunal al servicio del régimen de Nicolás Maduro, es poco lo que se conoce sobre sus funciones en El Salvador. Sólo se sabe que funge como asesor internacional en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).

¿Lucha contra la corrupción?

  La presidencia de la república llegó Nayib Bukele, principalmente enarbolando la bandera de la lucha contra la corrupción, pero ya desde la campaña estaba siendo investigado por parte de la Fiscalía General de la República, por supuesta evasión fiscal, lavado de dinero y fraude de ley. La Corte Suprema de Justicia encontró indicios de presunto enriquecimiento ilícito de Bukele, por haber recibido USD 850.000 donados por una empresa familiar que contrataba con el estado, un dinero por el que, además, no había pagado impuestos.

   El discurso anticorrupción de Bukele podría no ser más que retórica, pues hasta la fecha no ha concretado sus promesas electorales de acabar con el flagelo en la administración pública. Tampoco ha cumplido con el nombramiento del comisionado presidencial para el mal manejo de fondos públicos que contempla el Plan Cuscatlán, una responsabilidad que recaería en un personaje de la oposición con altas credenciales éticas.

  La creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), marcha a medias y con muchas limitaciones que dejan en duda su efectividad.

  Durante el poco más de un año que lleva de gestión, ministros, secretarios, colaboradores, amigos y socios de Bukele han sido señalados de cometer hechos de corrupción o, por lo menos, irregularidades altamente reñidas con la ética, son que por parte del mandatario haya habido el más mínimo indicio de que investigar las acusaciones. Al respecto InSight Crime advierte que las investigaciones por supuesto enriquecimiento ilícito que pesa sobre algunos de los funcionarios del gabinete de gobierno o de la alta dirigencia de los partidos políticos que lo respaldan, hacen sospechar que no haya avance en materia de castigo a los responsables. Asimismo, se acota el “rechazo de la empresa privada local que, acaso amedrentada por investigaciones de corrupción que la CICIG abrió contra poderosos empresarios guatemaltecos, insiste en que una CICIES no es necesaria”.

  Otro hecho que empaña la trayectoria de Nayib Bukele es el descubrimiento de que recibió dinero del consorcio Alba Petróleos que recibe fondos provenientes de PDVSA en Venezuela y que es investigada por posible lavado de dinero en El Salvador y Estados Unidos”. Esto ocurrió en tiempos en que éste fungía como alcalde de Nuevo Cuscatlán, cuando Inversiones Valiosas de El Salvador (Inverval, S.A. de C.V.), investigada por lavado de dinero, le entregó USD 1.974.200. Además de estos desembolsos de Inverval también dio préstamos a personas que ahora figuran en su gabinete de gobierno por USD 3.474.894,70.

  La Revista Factum dice que “Entre el 1 de febrero y el 24 de octubre de 2013, Inverval emitió ocho cheques desde una cuenta del Banco Promérica a favor de Nayib Bukele; de Obermet, la empresa de publicidad de la familia del presidente; y de Starlight, compañía propietaria del Canal TVX. Todos esos fondos, según consta en los documentos en poder de la Fiscalía, estaban destinados a la compra de acciones y a inversión de capital en Starlight, una empresa de comunicación audiovisual que llegó a ser importante en el ascenso político de Bukele, y de la cual Carolina Recinos, actual jefa de gabinete, fue apoderada especial”.

  Pablo Anliker, ministro de Agricultura, y Nelson Fuentes, de Hacienda, también obtuvieron préstamos de Alba Petróleos entre 2012 y 2016. “El primer préstamo que Alba dio a Pablo Anliker fue a título personal y se registró en 2012: $2.3 millones. El año siguiente, Alba reportó un dato consolidado de la deuda a pagar por Pablo Anliker y la empresa Precocidos de El Salvador, fundada el 3 de septiembre de 2009, de la que Anliker es accionista junto a su padre. La deuda total había crecido a $3.3 millones, aunque no se especificó el monto por el que debía responder cada parte”. Para 2016, la deuda de Nelson Fuentes con Alba Petróleos era de USD 72.411.

  Todos estos hechos, sumados a la negativa de la administración de Nayib Bukele ha convertido el respaldo popular con que cuenta en una patente de corso para actuar sin control en la presidencia de la república, reacio a rendir cuentas y a someterse al escrutinio público, lo que ubica a su gobierno muy al borde de la irregularidad y la criminalidad.

lunes, 14 de septiembre de 2020

Informe evidencia que Nayib Bukele convive con la estructura corrupta de Alba Petróleos, José Luis Merino y el régimen de Maduro

  El informe advierte que es necesario que Estados Unidos reconozca el peligro y la duplicidad de los vínculos de Bukele con la estructura político-económica de Merino y Alba Petróleos, ya que la misma socava el estado de derecho salvadoreño y los objetivos políticos de EE. UU.  con Venezuela y Nicaragua.

Por Maibort Petit

  Un informe de Douglas Farah, presidente de IBI Consultants, titulado: "Cómo hacer desaparecer mil millones de dólares" permite establecer vínculos entre el presidente Nayib Bukele con la cabeza principal del FMLN, José Luis Merino, PDVSA y la empresa creada por Hugo Chávez, Alba Petróleos que se convirtió en una enorme  maquinaria de lavado de dinero.  El autor señala que esta alianza no responde a ideologías de izquierda o de derechas sino exclusivamente al interés por el dinero.

En esta foto se puede observar a José Luis Merino del FMLN con el presidente Nayib Bukele y Ernesto Sanabria alias "El Brozo"
    En esta foto se encuentran  José Luis Merino del FMLN, el presidente de El Salvador, Nayib   Bukele y Ernesto Sanabria alias "El Brozo".

  La investigación ofrece elementos que prueban que hombres del entorno del presidente de El Salvador vienen de las cúpulas corruptas de ARENA y el FMLN y estuvieron directamente involucrados en la "desaparición" de más de mil millones de dólares de Alba Petróleos a través de empresas off shore y una amplia red de testaferros. 

Las promesas de castigo a la corrupción de Bukele

   Nayib Bukele prometió castigar con  los viejos actores corruptos del partido ARENA y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), pero la investigación de Farah refleja que lejos de haber rotos con ellos, terminó conviviendo con los hombres de Merino y del expresidente, Elías Antonio "Tony" Saca, quien se encuentra arrestado pagando una condena por delitos de corrupción durante su gestión. 

  La documentación presentada por Farah permite conocer que José Luis Merino, el “Comandante Ramiro” del FMLN, pilar fundamental de la pasada administración izquierdista, formaría parte también del actual gobierno, toda vez que sus colaboradores más cercanos integran el equipo designado por el presidente Bukele. 

  El excomandante guerrillero fundó, junto al fallecido expresidente Hugo Chávez, Alba Petróleos propiedad en 60 por ciento de PDV Caribe, filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y 40 por ciento del FMLN, una empresa que en once años otorgó millones de dólares en créditos irrecuperables. Los proyectos de escuelas, hospitales y otras obras públicas, quedaron de lado y dieron paso a un esquema en el que el dinero se repartió entre la familia de Merino, socios y allegados, valiéndose para ello de empresas de fachada en el extranjero que nunca retornaron dichos préstamos.

 El otrora líder guerrillero es el objetivo de múltiples investigaciones por narcotráfico y lavado de dinero, tanto en El Salvador como en los Estados Unidos. De hecho, el Departamento de Estado norteamericano, incluyó el nombre de Merino y el de su hermano, en la lista de funcionarios ligados a narcotráfico, financiamiento ilícito a campañas electorales y a corrupción.

  Según EE. UU., Merino y su hermano desviaron $400 millones en Panamá.

  En el informe Farah, sustentado en diversos documentos oficiales, se comprueban una serie de  operaciones irregulares que hicieron que millones de dólares terminaran en los bolsillos de los dirigentes del FMLN y de ARENA. Una situación que igualmente ocurriría con funcionarios del gobierno de Nayib Bukele.

  De hecho, la documentación proveniente de las 27 oficinas de Alba Petróleos, allanadas en mayo de 2019 por la Fiscalía General de la República en El Salvador, permitió a los investigadores determinar que no había respaldo que justificara operaciones USD 3.240 millones, las cuales tuvieron lugar entre 2010 y 2017.

  Las averiguaciones dieron a conocer que PDVSA prácticamente no hizo envíos petroleros a El Salvador, por lo que los papeles serían soportes falsos de ventas de crudo inexistentes.

 Refiere el informe Farah que las investigaciones de las autoridades de El Salvador y de los Estados Unidos, dejan ver que miles de millones de dólares supuestamente provenían de la droga negociada por las FARC, el cartel de Sinaloa y otras organizaciones criminales transnacionales fueron legitimados a través de la estructura del consorcio.

  El informe agrega nuevas evidencias que demostrarían el presunto lavado de dinero que significaron los préstamos de Alba Petróleos a Nayib Bukele y otros funcionarios de su administración y de la anterior. 

  Asimismo, las investigaciones llevadas a cabo hasta la fecha dejan ver que las transacciones financieras de Alba Petróleos se desarrollan de acuerdo a las pautas y metodologías de lavado de dinero que, dada la complejidad de las mismas, constituyen un entramado que involucra negociaciones por cientos de millones dólares casi imposibles de rastrear.

 Esta opacidad, habría dejado en la invisibilidad la relación histórica y continua que han mantenido y mantienen Nayib Bukele y José Luis Merino.

La democracia en peligro

  El reporte advierte que la democracia salvadoreña se encuentra en peligro por la influencia ejercida por quienes fueron beneficiarios directos de las turbias actividades financieras de Alba Petróleos, sobre el frágil gobierno de la nación centroamericana.

  Peor aún, se alerta que esta situación irregular debilita la capacidad de crear un estado bajo el imperio de la ley en El Salvador.

  Desde que llegó al poder, Bukele ha mostrado su garra autoritaria y su intolerancia hacia cualquier oposición o disidencia.

  Del mismo modo, el informe da cuenta de que si bien el presidente Bukele  mantiene una relación en buenos términos con el gobierno de Donald Trump, los vínculos de sus ministros y asesores con José Luis Merino contrarían los esfuerzos que hace Estados Unidos en la región para establecer el estado de derecho, poner fin a la corrupción y acabar con las dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela.

  El informe está sustentado en las auditorías internas practicadas a Alba Petróleos; una auditoría que llevó a cabo PDVSA cuando se enteraron del robo masivo de su dinero por parte de Merino y sus aliados; así como una llevada a cabo por el partido FMLN al momento en que investigó a Merino y Alba Petróleos por fraude masivo.

  El reporte refiere que Bukele y su familia recibieron préstamos de Alba Petróleos, tanto de manera personal como destinados a sus empresas.

  Una copia del contrato de préstamo suscrito entre Bukele y la empresa Inversiones Valiosas de El Salvador (Inverval, S.A. de C.V.), la cual es subsidiaria de Alba Petróleos, revela que el para entonces alcalde de Nuevo Cuscatlán, recibió desembolsos por USD 320.000 y USD 170.000 como parte de los referidos empréstitos. Inverval fue financiada casi en su totalidad por Alba Petróleos.


  El dinero sirvió a Bukele para comprar acciones de una empresa llamada Starlight, la cual era dueña del canal de televisión Canal TVX. AL frente de la televisora el entonces alcalde puso a su tío Jorge Miguel Kattan, quien asumió como director y que posteriormente, en 2019, cuando asumió la presidencia de la república, fue designado ministro de Comercio e Inversiones.

  Un reportaje de la Revista Factum precisa que Inverval es una empresa investigada por lavado de dinero, la cual entregó a Bukele USD 1 millón 974 mil 200. “Inverval no solo entregó dinero a Bukele. Desembolsó al menos 3 millones 474 mil 894.70 dólares al ahora presidente, a una de sus empresas familiares y a personas que ahora son funcionarios públicos, parte de su gabinete más cercano. Entre el 1 de febrero y el 24 de octubre de 2013, Inverval emitió ocho cheques desde una cuenta del Banco Promérica a favor de Nayib Bukele; de Obermet, la empresa de publicidad de la familia del presidente; y de Starlight, compañía propietaria del Canal TVX. Todos esos fondos, según consta en los documentos en poder de la Fiscalía, estaban destinados a la compra de acciones y a inversión de capital en Starlight, una empresa de comunicación audiovisual que llegó a ser importante en el ascenso político de Bukele, y de la cual Carolina Recinos, actual jefa de gabinete, fue apoderada especial”.

 En 2019, Bukele admitió que cuando dirigía la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, recibió USD 1.9 millones de Inverval, financista, ese mismo año, de una residencial en su comuna y del Canal TVX, “pero no aclaró el posible conflicto político que pueda suponer que tanto él como otros miembros del Gabinete hayan tenido, o puedan tener todavía, con una empresa investigada por lavado de dinero”.

Los hombres de Merino son los de Bukele

  La presencia de Erick Vega en el equipo de gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, revela el estrecho vínculo existente entre la actual administración y las viejas estructuras corruptas del FMLN comandadas por el excomandante guerrillero, José Luis Merino, de acuerdo a un informe Farah.

  El asesor senior del presidente de Nayib Bukele para inversiones extranjeras es un empresario del consorcio Alba Petróleos, la entidad que otorgó un préstamo de USD 1,9 millones al mandatario salvadoreño en 2013, en tiempos en que este último se desempeñaba como alcalde de Nuevo Cuscatlán.

  El informe hace mención especial de Vega, dado que este mantiene profundos lazos con la estructura José Luis Merino, su padrino político, además de la relación de amistad y compadrazgo que tiene con Nayib Bukele.

  Antes de la alta posición que hoy ostenta en la administración de Bukele, Erick Vega se desempeñaba como secretario privado y recaudador de José Luis Merino. Ambos son investigados por lavado de dinero.

  También es amigo íntimo personal y comercial de Sigfredo Merino. Documentos consultados para la redacción del informe revelan que Vega y Fred Merino mantenían comunicación a través de mensajes de texto y por teléfono, cientos de veces al mes.

 Vega y Fred Merino visitaron Caracas en varias oportunidades para reunirse con líderes del régimen de Nicolás Maduro, así como con varios bancos rusos que operan desde la capital venezolana. Para sus viajes, Vega usaba pasaporte diplomático salvadoreño D007371, a pesar de no tener cargo oficial en el gobierno.

 Vega es esposo de Diana Echeverría Rais de Vega, sobrina del empresario Enrique Rais, prófugo de la justicia salvadoreña y otro de los operadores de Merino.

  Erick Vega integra junto a Pablo Anliker Infante, actual ministro de Agricultura y su primo de Federico Anliker, actual presidente de CEPA, la directiva de Precocidos de El Salvador, empresa también beneficiaria de uno los préstamos de Alba Petróleos.

  Una nota de El Faro precisa que entre 2013 y 2016, Vega formó parte de la directiva de un conjunto de compañías que recibieron en total USD 69 millones de financiamiento de Alba, a saber, Alba Alimentos (USD 47 millones), la aerolínea Vuelos Económicos Centroamericanos VECA (adeudaba en septiembre de 2019 USD 10.7 millones) y Precocidos (USD 13,9 millones). Estas tres empresas son investigadas por lavado de dinero contra las actividades financieras de Alba Petróleos, según confirmó el 1 de junio la Unidad contra la Corrupción e Impunidad de la Fiscalía.

  Refiere el informe Farah que desde su posición como asesor principal de Bukele para inversiones extranjeras, tiene mucho ascendente en las decisiones sobre quién y en qué términos se aprueban los inversionistas. Agrega que, según fuentes consultadas, Vega se reúne regularmente con Bukele, Fred Merino, Herbert Saca y otros con vínculos económicos de José Luis Merino.

  Subraya el reporte que, si bien José Luis Merino procuraba siempre mantenerse fuera de los documentos corporativos, hubo una excepción en enero de 2012, cuando asumió la presidencia de Alba Alimentos, empresa del conglomerado Alba Petróleos. Erick Vega fue nombrado director suplente, mientras que como notario redactor del documento firmó Mauricio Cortéz Avelar.

  El informe indica que además de los USD 49 millones en préstamos irrecuperables otorgados a Alba Alimentos, la compañía surgió en una investigación criminal separada.

  La referencia a los USD 49 millones, proviene de la auditoría interna final de Alba Petróleos para 2017, la cual reveló que la citada empresa había obtenido “préstamos” irrecuperables de la empresa matriz Alba Petróleos. Se trataba, pues, de préstamos sin garantía, sin reembolsos y sin respuesta a numerosas solicitudes para establecer un calendario de pagos.

  Se remite el informe a un memorando de sentencia del juez Godofredo Miranda en febrero de 2020, en el que se determinó que Merino negoció con pandillas fondos de Alba Alimentos por votos[2]. En el fallo el juez solicitó una investigación completa y separada sobre “la participación de la dirección del FMLN, tal como José Luis Merino (…) y una revisión de los vínculos que existían entre ese partido y los pandilleros en el contexto de las elecciones de 2015. De acuerdo con los hallazgos discutidos en este fallo, este plazo se incluyó en las 'negociaciones' y podemos inferir que impactaron particularmente la elección para el entonces alcalde de San Salvador”[3], a saber, Nayib Bukele.

            José Luis Merino a la derecha, Salvador Sánchez Ceren y Nicolás Maduro a la izquierda.

  La sentencia agregó: "Esto hace que sea obligatorio investigar si se hicieron acercamientos entre la MS 13 y los funcionarios del gabinete del gobierno actual", es decir, de la administración de Bukele.

 El informe considera que los “estrechos lazos familiares y la confianza entre las familias Bukele-Vega-Rais son importantes para comprender cómo la estructura Merino continúa ejerciendo el poder en la administración actual. Ni Vega ni Carolina Recinos, jefa de gabinete de Bukele que proviene de la estructura del Partido Comunista de Merino y trabajó de cerca con Fred Merino en diferentes empresas de Alba Petróleos, no tenían antecedentes, experiencia o calificaciones visibles para los puestos que ahora ocupan como altos funcionarios del gobierno. El activo clave de ambos, al parecer, es el vínculo de confianza y las relaciones duraderas con Bukele y Merino”.

      José Luis Merino, Pepe Lobo, expresidente de Honduras y Enrique Rais, prófugo de la justicia de El Salvador.

  Igualmente se hace referencia en el informe a que el grado del vínculo Bukele-Vega es tal, que en abril de 2019, cuando Nayib Bukele era presidente electo, visitó República Dominicana y su comitiva incluyó a Erick Vega y a su esposa Diana Rais, a pesar de no ocupar un cargo oficial en el gobierno ni figuraba en la lista oficial de la delegación salvadoreña.

También préstamos para Recinos y Anliker

  Carolina Recinos, quien acompaña a Bukele desde sus tiempos de alcalde, también obtuvo un préstamo de USD 70.000, según indican documentos consultados para la redacción del informe los cuales también revelaron que, aunque no lo contempla en su hoja de vida, “también trabajaba para Fred Merino y manejaba dinero para varias empresas de Alba Petróleos”.

  El Informe Farah igualmente da cuenta de que ese mismo 2013, Nayib Bukele, en su carácter de alcalde de Nuevo Cuscatlán, firmó un convenio con Cortéz Avelar, en representación de Inverval, para recibir pagos y beneficios fiscales por un total de cientos de miles por la construcción del Proyecto Habitacional Greenside.

  El ministro de agricultura, Pablo Salvador Anliker, al igual que su primo, Federico Anliker, titular de la Autoridad Portuaria, y Erick Vega, asesor senior de Bukele para inversiones extranjeras, formaban parte del directorio de la empresa Precocidos de El Salvador, igualmente beneficiaria préstamos de Alba Petróleos[3].

Las deudas irrecuperables

APES: El informe cita en primer lugar el préstamo otorgado por Alba Petróleos a la subsidiaria de Panamá, Alba Petróleos El Salvador (APES), durante un período de varios años por USD 183.5 millones sin garantía y sin reembolsos.

  Refiere la evaluación que, aunque los cargos de dirección cambiaron con el tiempo, se mantuvo la constante de que el círculo íntimo de José Luis Merino, comenzando por su hermano Fred Merino hasta Erick Vega, entre otros, controlaron la empresa en todo momento, negándose en todo momento a responder cualquier pregunta sobre el destino del dinero. El último, entre 2008 y 2017, ejerció como presidente, agente autorizado, director y otros puestos de dirección. Por su parte, Sigfredo Merino integró la junta, para lo cual usaba su pasaporte salvadoreño como identificación, mientras a la par constituyó otras empresas relacionadas usando su pasaporte estadounidense con el nombre al que cambió legalmente en los Estados Unidos: Fred Merino.

 Como se observa a continuación en un fragmento de la auditoría en APES, los préstamos por USD 183,495,733,54 carecían de garantía por la deuda, calificándose de irrecuperable el 100 por ciento de la deuda.

  El informe se remite a lo encontrado por una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera de Panamá, que determinó que cientos de millones de dólares de Alba Petróleos fluyeron a cuentas en Panamá controladas por APES. Desde allí el dinero fue transferido a otras siete empresas también subsidiarias de Alba Petróleos, antes de que los fondos fueran a BVI, Gibraltar, Luxemburgo, Suiza y bancos rusos.

  El reporte cita la explicación de un auditor que indicaba que APES recibió el dinero de Alba Petróleos y luego lo transfirió nuevamente como préstamos a algunas de las mismas empresas del consorcio registradas en Panamá, las cuales acumulan grandes deudas por su cuenta con Alba Petróleos. Otro destino de los fondos fueron empresas que no tenían ninguna relación con el sector energético o que no tenían ningún negocio. En su mayoría se se trataba de corporaciones con sede en Miami.

 VECA: Vuelos Económicos Centroamericanos (VECA) solamente realizó unos pocos vuelos antes de cerrar operaciones en 2017. Esta supuesta aerolínea regional de bajo costo creada por Alba Petróleos, estuvo dirigida por Erick Vega, por los hermanos Merino y otros líderes del consorcio.

 Esta compañía recibió USD 18,72 millones en préstamos que. Igualmente, resultaron irrecuperables.

  VECA transfirió sus acciones a la Corporación El Día en Aruba, la cual debía devolver el dinero a la aerolínea como costos operativos.

  Sin embargo, a finales de 2017, la línea aérea tenía una deuda de casi USD 19 millones con Alba Petróleos:

  Mientras que El Día Corporation debía alrededor de USD 45 millones:

  Para el momento o de la declaración de quiebra de VECA en 2017, Erick Vega integraba el directorio de la empresa que despidió a decenas de empleados sin pagarles la indemnización de ley.

 Hace mención el informe a una oferta de Matrix Aviation de Ft. Lauderdale, Florida a VECA en abril de 2017, la cual planteaba comprar la deuda de USD 40 millones de la aerolínea con Alba Petróleos, así como otras deudas del consorcio que sumaban decenas de millones dólares. La condición era canjear esa deuda por USD 311 millones que el régimen de Nicolás Maduro le debía a Aruba Airlines.

  La respuesta de VECA fue la de estar dispuesta a conversar con Matrix Aviation.

  Se desconoce si se consumó algún acuerdo, ni la razón por la cual una pequeña empresa de aviación con sede en Estados Unidos buscaba llevar a cabo este tipo de canje de deuda relacionado con los fondos adeudados por el régimen de Nicolás Maduro. Para a la fecha el jefe titular de VECA era Manuel Durán, un aliado de José Luis Merino, quien bajo la dirección de Fred Merino, respondió positivamente a la oferta. Apunta el reporte que es probable que el canje de deuda se haya realizado.

  Agrega el informe que, en octubre de 2017, Matrix Aviation también intentó realizar un canje similar con Energías Orgánicas (Energor), a otra filial de Alba Petróleos, dirigida por Cortéz Avelar. Tampoco se sabe si dio la operación que pretendía comprar la deuda de USD 487,7 millones por un pago en efectivo del 35 por ciento de esa cantidad, es decir, USD 170,7 millones.

  Atlantic Pacific Logistic (APALSA): Luego del préstamo a APES, el otorgado a Atlantic Pacific Logistic fue el de mayor monto, por USD 143 millones, a finales de 2017. A la cabeza de la empresa beneficiaria estaba Cortéz Avelar.

  APALSA, registrada en Panamá, se definía como empresa comercial internacional de propiedad privada con actividades que incluyen envío y mezcla, almacenamiento y ventas a clientes de todo el mundo y aseguraba mantener su propia flota de embarcaciones. Sin embargo, se refiere en el informe, Equasis, la empresa de registro de embarcaciones, no incluye ninguna embarcación como afiliada a la citada empresa.

  No hay registros de ALPASA en Panjiva, la empresa de datos de envío.

  Fideicomiso: Un fideicomiso de Alba Petróleos en G&T Bank, empresa ésta a la que Alba Petróleos prestó USD 60,9 millones sin garantía ni plazos de reembolso y cuyo propósito se desconoce, también figura entre las deudas irrecuperables del consorcio, según las auditorías.

 BlackSpark Capital: Finalmente, el informe hace referencia al hecho de que existe registro sobre fondos dirigidos desde Alba Petróleos a BlackSpark Capital, pero apunta que sí hay evidencia de que el consorcio, a través de Fred Merino, procuraba triangular una gran inversión con PDVSA y el Gazprom Bank del estado ruso.

   Blackspark Capital LLC, registrada en Delaware y con operaciones en Nueva York, dirigida por José María Barrionuevo y David A. Pérez Espinosa armó una presentación para un proyecto conjunto que trasladaría millones de dólares a un fideicomiso offshore no especificado luego de llevar a cabo una trama de transacciones entre los diferentes grupos participantes.

  El reporte indica que Barrionuevo se reunió con José Luis Merino en Venezuela al menos una vez para discutir esto, y también con representantes del Banco Gazprom. Merino contactó a con David Pérez, según los documentos.

  Las comunicaciones entre BlackSpark y Alba Petróleos están dirigidas a Fred Merino:

  En tales comunicaciones, David Pérez Espinosa trata de “establecer acuerdos petroleros, reunirse con aliados en Panamá y, en general, actuar como un importante reparador para Merino de múltiples maneras”, refiere el informe.

  Agrega el reporte que “Los rusos que participaron en reuniones relacionadas con esta empresa se identifican en documentos como Georgy Vasilenkov e Igor Gitman. Hemos identificado a Vasilenkov como el jefe de la oficina de Ecuador de Inter RAO, una empresa de energía rusa ‘controlada por el gobierno ruso a través de la corporación estatal de energía nuclear ROSATOM y Vnesheconombank’. Vasilenkov, un ex alto oficial de inteligencia de la Unión Soviética, que también viajó a Nicaragua, Guatemala y El Salvador como parte de un consorcio ruso de empresas comerciales que reclutan ejecutivos para visitar Rusia”.

  Por último, el reporte refiere que Vnesheconombank es un banco sancionado tanto por Estados Unidos y la Unión Europea por lavado de dinero y apoyo al régimen de Maduro, que tiene oficinas en Caracas y subraya que “Hay una solicitud explícita de que las reuniones con los rusos ‘no sean conocidas por nadie en El Salvador’”.

Negocios con Maduro

  El informe refiere que diversa documentación muestra un millonario plan de inversiones en un esquema conjunto con Alba Petróleos, PDVSA y Gazprom Bank con el régimen de Nicolás Maduro y el gigante petrolero estatal ruso, a través de una corporación registrada en Delaware que operaba en el centro de Manhattan.

  Se buscaba utilizar una aerolínea que no funcionaba y que es dirigida por un amigo y asesor de Bukele, que permitiría canjear cientos de millones de activos inexistentes por casi USD 1 mil millones en deuda venezolana a través de una compañía con sede en Fort Lauderdale, Florida y corredores de Aruba. Se programaba gastar decenas de millones de dólares en empresas navieras domiciliadas en Panamá y el Caribe.

  El reporte da cuenta del caso de una “misteriosa” operaria venezolana de nombre Carolina El Khouri, que sirve para demostrar la influencia directa que ejerce el régimen de Maduro en Alba Petróleos.

  Carolina El Khouri está registrada en El Salvador como dueña del 100 por ciento de las acciones de PDV Caribe S.A. —propietaria del 60 por ciento de Alba Petróleos— pero desde 2006 no registra actividad económica y no paga impuestos.

“Sin embargo, PDV Caribe posee dos propiedades en el departamento (estado) de Sonsonate occidental con un valor declarado de 84,2 millones de dólares, según la auditoría del FMLN. Las propiedades están a nombre de El Khouri y su dirección es la de una conocida oficina del FMLN utilizada por Merino y el Partido Comunista”, se lee en el informe.

  El informe cita las conclusiones que al respecto se formulan en la auditoría ordenada por el FMLN, la cual indica que “Dado que no se puede encontrar ningún rastro de esta persona [Carolina El Khouri] y ella no se registra de ninguna manera, se cree que es solo una persona de la fachada”.

  Entretanto, las averiguaciones emprendidas para la redacción del informe revelaron que Carolina El Khouri “existe, es una abogado que trabaja para PDVSA y a partir de 2017 era jefe de la Dirección de Salud de la petrolera en Venezuela. Además, tiene varios familiares en Venezuela que ocupan cargos gubernamentales y son cercanos a la élite del régimen de Maduro”.


 

domingo, 25 de junio de 2017

Congresistas de EEUU piden investigar socio salvadoreño de Tareck El Aissami, José Luis Merino

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Un grupo de congresistas republicanos y demócratas solicitaron al Departamento del Tesoro investigar  las actividades de político salvadoreño, José Luis Merino, uno de los máximos dirigentes en el FMLN. En la misiva advierten las razones por las cuales Merino puede representar una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. 
Merino ha sido señalado en otras averiguaciones federales como socio del actual vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, sancionado por el Departamento del Tesoro por sus vínculos con el narcotráfico y el terrorismo internacional.

En la misiva, los congresistas republicanos y demócratas  informan al Secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin sobre los esfuerzos que realizan los Estados Unidos para combatir el crimen y la violencia en Centroamérica, para lo cual el país ha invertido más de $1.4 billones de dólares en la región en los últimos dos años. Sin embargo -dicen los parlamentarios- la asistencia financiera externa no es suficiente, "el secretario del Tesoro tiene las herramientos únicas para negar el acceso de criminales al sistema financiero norteamericano".

En la carta -firmada el 19 de junio de 2017- los parlamentarios piden a Mnuchin ampliar averiguaciones sobre el empresario y político salvadoreño José Luis Merino.

Los diputados norteamericanos advierten que diferentes fuentes indican que la estructura financiera controlada por José Luis Merino, quien además es vice Ministro de Exteriores de El Salvador, ha logrado blanquear cientos de millones de dólares provenientes del grupo terrorista colombiano las Farc, así como de elementos corruptos del gobierno de Venezuela y otros grupos criminales que buscan lavar dinero socio.

Señalan que Merino juega un rol protagónico en múltiples organizaciones criminales que operan a lo largo y ancho de América Latina, constituyendo una amenaza significativa para los EEUU. "Creemos esta investigación está en el interés de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos y puede ayudar a las fuerzas del orden  a identificar  y  apagar las actividades ilegales realizadas en el sistema financiero estadounidense".

Los 14 congresistas pidieron al secretario del Tesoro que aplique su autoridad de acuerdo a lo previsto en la "Ley de Designación de Capos Internacionales para investigar los vínculos de actividades bancarias del ciudadano salvadoreño José Luis Merino, conocido también por su nombre de guerra o alias de guerra como Comandante Ramiro Vásquez”.

Merino es uno de los miembros más antiguos del FMLN, asesor del conglomerado ALBA Petróleos, exdiputado del Parlamento Centroamericano y ahora viceministro para la Inversión y el Financiamiento para el Desarrollo en el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Los parlamentarios estadounidenses denunciaron que Merino tiene “relaciones de varios años con redes de crimen organizado transnacionales, que son objetivo de investigación en Estados Unidos por tráfico de cocaína y lavado de dinero”.

En la carta, los parlamentarios advirtieron que las operaciones que dirige Merino han resultado en una “riqueza inexplicable”, cómo ha trasladado apoyo a las FARC (guerrilla de Colombia, en proceso de pacificación) y a personas acusadas de corrupción en Venezuela, mientras mueve el dinero a “puerto seguro”.

Otras investigaciones 

Varias investigaciones federales han acumulado evidencias que señalan que José Luis Merino habría supuestamente utilizado una red de bancos en Centroamérica y el Caribe para blanquear millones de dólares provenientes del narcotráfico, el contrabando ilegal de oro, diamantes y cortan, y de actividades terroristas.  

De acuerdo a datos de los investigadores, Merino ha usado un conglomerado financiero, cuyo capital creció desde el 2006 hasta la actualidad, de una manera inexplicable y que ha llegado a establecer asociaciones con entidades bancarias norteamericanas, para lavar dinero provenientes de la industria criminal.  Gracias a su cargo en el gobierno de El Salvador, Merino tiene el privilegio de viajar con pasaporte diplomático. 

José Luis Merino ha sido identificado además como uno de los socios más poderosos del vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami quien fue incluido en febrero de 2017 en la lista de la OFAC por sus vinculaciones con el narcotráfico internacional y  el terrorismo islámico, junto a otro de sus testaferros, Samark  José López Bello. A los dos venezolanos les fueron congelados sus bienes en los Estados Unidos, incluyendo lujosos apartamentos y mansiones ubicadas en el estado de la Florida.

José Luis Merino habría permitido que Tareck El Aissami usara la poderosa estructura financiera conformada por uno de los conglomerados bancarios más poderosos de Centroamérica para lavar millones de dólares provenientes del narcotráfico, contrabando de oro, combustibles y otros fondos de origen ilegal, según reseña un informe de inteligencia elaborado por agentes federales estadounidenses al que tuvo un acceso parcial.

Se asegura que Merino es asesor de las FARC y está encargado de manejar una parte de las finanzas de ese grupo terrorista. Desde el 2006, Merino está ligado a Alba Petróleo lo que le ha permitido obtener incontables beneficios económicos y una amplia influencia en la región.

La carta fue firmada por diputados de Subcomité de Asuntos Hemisférico del Comité de Asuntos Exteriores: Albio Sires, Jeff Duncan, Eliot Engel, Mario Díaz -Balart, Joaquin Castro, Ileana Ros-Lehtinen, Gregory W. Meeks, Carlos Curbelo, Adriano Espaillat, Christopher, Norma J. Torres, Ted. S. Yuho, Robin L. Kelly y Michael T. McCaul.