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miércoles, 23 de septiembre de 2020

Las deudas irrecuperables de Alba Petróleos

  Documentos revelan las decenas de millones de dólares entregados a personas y empresas sin garantías y sin reembolsos de los préstamos.

Por Maibort Petit

  Un informe elaborado por IBI Consultants muestra cómo el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador se encuentra penetrado por elementos criminales de las viejas estructuras corruptas que prometió combatir y eliminar. Alba Petróleos, dirigida por José Luis Merino, habría sido el instrumento para lavar miles de millones de dólares provenientes de la corrupción. De hecho, empresas del propio mandatario y su familia se vieron beneficiadas préstamos del consorcio y miembros de su entorno formaron parte del directorio de la cuestionada empresa.

  Alba Petróleos, subsidiaria de PDVSA, de promesa para fomentar el desarrollo en el país centroamericano, devino en parte integral de las estructuras de lavado de dinero de la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana (BJCE), liderada por el régimen de Chávez/Maduro que abrazan el crimen organizado transnacional como un instrumento de poder estatal[1].

  Así, subraya el reporte, el consorcio venezolano-salvadoreño supuestamente protagonizó una gran operación de lavado de dinero por más de USD 1 mil millones que terminaron en cuentas en el extranjero en beneficio de Merino, su familia y acólitos ahora en el poder con Bukele, así como de las FARC en Colombia.

  El informe elaborado por Douglas Farah se sustenta en auditorías internas de Alba Petróleos, de PDVSA, diversos documentos y entrevistas que revelan que los empréstitos se convirtieron en deudas irrecuperables, sin garantías y otorgados con muy poca documentación de respaldo que dejan en claro la premeditada y deliberada intención de las operaciones.

  El informe advierte que es necesario que Estados Unidos reconozca el peligro y la duplicidad de los vínculos de Nayib Bukele con la estructura político-económica de Merino y Alba Petróleos que socava el estado de derecho salvadoreño y los objetivos políticos en Venezuela, Nicaragua y en otros lugares. Subraya lo urgente de que EE. UU. deje de guardar silencio y corte los lazos con la estructura criminal y el liderazgo de Alba Petróleos.

Las deudas irrecuperables

 APES: El informe cita en primer lugar el préstamo otorgado por Alba Petróleos a la subsidiaria de Panamá, Alba Petróleos El Salvador (APES), durante un período de varios años por USD 183.5 millones sin garantía y sin reembolsos.

  Refiere la evaluación que, aunque los cargos de dirección cambiaron con el tiempo, se mantuvo la constante de que el círculo íntimo de José Luis Merino, comenzando por su hermano Fred Merino hasta Erick Vega, entre otros, controlaron la empresa en todo momento, negándose en todo momento a responder cualquier pregunta sobre el destino del dinero. El último, entre 2008 y 2017, ejerció como presidente, agente autorizado, director y otros puestos de dirección. Por su parte, Sigfredo Merino integró la junta, para lo cual usaba su pasaporte salvadoreño como identificación, mientras a la par constituyó otras empresas relacionadas usando su pasaporte estadounidense con el nombre al que cambió legalmente en los Estados Unidos: Fred Merino.

 Como se observa a continuación en un fragmento de la auditoría en APES, los préstamos por USD 183,495,733,54 carecían de garantía por la deuda, calificándose de irrecuperable el 100 por ciento de la deuda.

  El informe se remite a lo encontrado por una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera de Panamá, que determinó que cientos de millones de dólares de Alba Petróleos fluyeron a cuentas en Panamá controladas por APES. Desde allí el dinero fue transferido a otras siete empresas también subsidiarias de Alba Petróleos, antes de que los fondos fueran a BVI, Gibraltar, Luxemburgo, Suiza y bancos rusos.

  El reporte cita la explicación de un auditor que indicaba que APES recibió el dinero de Alba Petróleos y luego lo transfirió nuevamente como préstamos a algunas de las mismas empresas del consorcio registradas en Panamá, las cuales acumulan grandes deudas por su cuenta con Alba Petróleos. Otro destino de los fondos fueron empresas que no tenían ninguna relación con el sector energético o que no tenían ningún negocio. En su mayoría se se trataba de corporaciones con sede en Miami.

  VECA: Vuelos Económicos Centroamericanos (VECA) solamente realizó unos pocos vuelos antes de cerrar operaciones en 2017. Esta supuesta aerolínea regional de bajo costo creada por Alba Petróleos, estuvo dirigida por Erick Vega, por los hermanos Merino y otros líderes del consorcio.

  Esta compañía recibió USD 18,72 millones en préstamos que. Igualmente, resultaron irrecuperables.


VECA transfirió sus acciones a la Corporación El Día en Aruba, la cual debía devolver el dinero a la aerolínea como costos operativos.

  Sin embargo, a finales de 2017, la línea aérea tenía una deuda de casi USD 19 millones con Alba Petróleos:

Mientras que El Día Corporation debía alrededor de USD 45 millones:

  Para el momento o de la declaración de quiebra de VECA en 2017, Erick Vega integraba el directorio de la empresa que despidió a decenas de empleados sin pagarles la indemnización de ley.

  Hace mención el informe a una oferta de Matrix Aviation de Ft. Lauderdale, Florida a VECA en abril de 2017, la cual planteaba comprar la deuda de USD 40 millones de la aerolínea con Alba Petróleos, así como otras deudas del consorcio que sumaban decenas de millones dólares. La condición era canjear esa deuda por USD 311 millones que el régimen de Nicolás Maduro le debía a Aruba Airlines.

  La respuesta de VECA fue la de estar dispuesta a conversar con Matrix Aviation.

  Se desconoce si se consumó algún acuerdo, ni la razón por la cual una pequeña empresa de aviación con sede en Estados Unidos buscaba llevar a cabo este tipo de canje de deuda relacionado con los fondos adeudados por el régimen de Nicolás Maduro. Para a la fecha el jefe titular de VECA era Manuel Durán, un aliado de José Luis Merino, quien bajo la dirección de Fred Merino, respondió positivamente a la oferta. Apunta el reporte que es probable que el canje de deuda se haya realizado.

 Agrega el informe que, en octubre de 2017, Matrix Aviation también intentó realizar un canje similar con Energías Orgánicas (Energor), a otra filial de Alba Petróleos, dirigida por Cortéz Avelar. Tampoco se sabe si dio la operación que pretendía comprar la deuda de USD 487,7 millones por un pago en efectivo del 35 por ciento de esa cantidad, es decir, USD 170,7 millones. 

Atlantic Pacific Logistic (APALSA): Luego del préstamo a APES, el otorgado a Atlantic Pacific Logistic fue el de mayor monto, por USD 143 millones, a finales de 2017. A la cabeza de la empresa beneficiaria estaba Cortéz Avelar.

  APALSA, registrada en Panamá, se definía como empresa comercial internacional de propiedad privada con actividades que incluyen envío y mezcla, almacenamiento y ventas a clientes de todo el mundo y aseguraba mantener su propia flota de embarcaciones. Sin embargo, se refiere en el informe, Equasis, la empresa de registro de embarcaciones, no incluye ninguna embarcación como afiliada a la citada empresa.

 No hay registros de ALPASA en Panjiva, la empresa de datos de envío. 


Fideicomiso: Un fideicomiso de Alba Petróleos en G&T Bank, empresa ésta a la que Alba Petróleos prestó USD 60,9 millones sin garantía ni plazos de reembolso y cuyo propósito se desconoce, también figura entre las deudas irrecuperables del consorcio, según las auditorías.

  BlackSpark Capital: Finalmente, el informe hace referencia al hecho de que existe registro sobre fondos dirigidos desde Alba Petróleos a BlackSpark Capital, pero apunta que sí hay evidencia de que el consorcio, a través de Fred Merino, procuraba triangular una gran inversión con PDVSA y el Gazprom Bank del estado ruso.

  Blackspark Capital LLC, registrada en Delaware y con operaciones en Nueva York, dirigida por José María Barrionuevo y David A. Pérez Espinosa armó una presentación para un proyecto conjunto que trasladaría millones de dólares a un fideicomiso offshore no especificado luego de llevar a cabo una trama de transacciones entre los diferentes grupos participantes.

  El reporte indica que Barrionuevo se reunió con José Luis Merino en Venezuela al menos una vez para discutir esto, y también con representantes del Banco Gazprom. Merino contactó a con David Pérez, según los documentos.

  Las comunicaciones entre BlackSpark y Alba Petróleos están dirigidas a Fred Merino:

  En tales comunicaciones, David Pérez Espinosa trata de “establecer acuerdos petroleros, reunirse con aliados en Panamá y, en general, actuar como un importante reparador para Merino de múltiples maneras”, refiere el informe.

  Agrega el reporte que “Los rusos que participaron en reuniones relacionadas con esta empresa se identifican en documentos como Georgy Vasilenkov e Igor Gitman. Hemos identificado a Vasilenkov como el jefe de la oficina de Ecuador de Inter RAO, una empresa de energía rusa ‘controlada por el gobierno ruso a través de la corporación estatal de energía nuclear ROSATOM y Vnesheconombank’. Vasilenkov, un ex alto oficial de inteligencia de la Unión Soviética, que también viajó a Nicaragua, Guatemala y El Salvador como parte de un consorcio ruso de empresas comerciales que reclutan ejecutivos para visitar Rusia”.

 Por último, el reporte refiere que Vnesheconombank es un banco sancionado tanto por Estados Unidos y la Unión Europea por lavado de dinero y apoyo al régimen de Maduro, que tiene oficinas en Caracas y subraya que “Hay una solicitud explícita de que las reuniones con los rusos ‘no sean conocidas por nadie en El Salvador’”.

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[1] IBI Consultants LLC y National Defense University (INSS). “Maduro’s Last Stand. Venezuela’s Survival Through the Bolivarian Joint Criminal Enterprise”. Mayo 2019.  https://www.ibiconsultants.net/_pdf/maduros-last-stand-final-publication-version.pdf

viernes, 11 de septiembre de 2020

Esta es la fórmula que proponen para derrocar a Nicolás Maduro

 Solamente una estrategia abordada en conjunto, permitirá enfrentar y a acabar con la empresa criminal que dirige el mandatario venezolano.

Por Maibort Petit

  Para derrocar al gobierno criminal de Nicolás Maduro, es clave conformar una alianza las autoridades y las capacidades del gobierno de los Estados Unidos que, en colaboración con socios regionales confiables, con la indispensable participación de Europa, para enfrentar el régimen que azota al pueblo venezolano. Solamente de esta manera será posible alcanzar el objetivo de recuperar las instituciones democráticas en Venezuela.

   Así lo sostiene el presidente de IBI Consultants, especialista en seguridad, terrorismo y crimen organizado transnacional en América Latina, Douglas Farah, en un informe que elaboró para el Centro para América Latina “Adrienne Arsht” del Atlantic Council titulado: “Las actividades ilícitas del régimen de Maduro: Una amenaza para la democracia en Venezuela y la seguridad en América Latina”, donde hace un análisis de las actividades irregulares del régimen Maduro que impiden la recuperación de las institucional venezolana.

  El enfoque de Farah refiere que en la medida en que el régimen criminal de Nicolás de Maduro continúe obteniendo beneficios de actividades ilícitas que lleva a cabo en colaboración con socios regionales e internacionales, las fuerzas democráticas —dentro y fuera de Venezuela— tendrán que continuar enfrentando a un enemigo bien arraigado con fuertes incentivos para mantener su control del poder.

  Y es que el experto en seguridad recuerda que Maduro mantiene asociaciones con organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y al tráfico de oro, así como con grupos terroristas colombianos, con lo cuales recurre a la implementación de esquemas de lavado de dinero y corrupción a través del Atlántico, siendo estos solo algunos de los nodos de una red criminal global mucho más amplia. Igualmente, alerta sobre las sólidas relaciones políticas, económicas y militares del régimen con actores geopolíticos como Irán, Rusia y China, los cuales son fuentes de apoyo claves para Maduro y sus cómplices.

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 Destaca que el régimen de Maduro y sus aliados internacionales — estatales y no estatales— ha dado muestras fehacientes de una gran resistencia y adaptabilidad frente a las fuertes sanciones impuestas por EE. UU. y otros países. No en balde, recuerda Farah, que Maduro y sus socios encontraron las costuras en el sistema financiero global, de tal manera que le han permitido trasladar sus operaciones a nuevas áreas geográficas o ubicaciones, o simplemente ha traído nuevos socios a su redil. En tal sentido, el especialista advierte que el gobierno interino de Venezuela y sus aliados en la comunidad internacional, se enfrentan esencialmente a un oponente que utiliza tácticas asimétricas.

SAAB Y SUS GUISOS: MÁS QUE UN TESTAFERRO | INTELIGENCIA DESDE EEUU | SIN/FILTROS E26

Ante este panorama, Douglas Farah se pregunta cómo aprovechar los nuevos conjuntos de herramientas de políticas y qué acciones específicas se deben coordinar internacionalmente para adoptar un enfoque más integral y asertivo para abordar las actividades ilícitas del régimen de Maduro e, inmediatamente responde que la clave para combatir esta red criminal es a través de la integración de las autoridades y las capacidades del gobierno de los EE. UU. en colaboración con socios regionales confiables, Europa, como ya se apuntó al principio, de manera de poder abordar el régimen de Maduro de manera global.

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Se remite, entonces Farah a las acciones que es necesario implementar desde esta alianza y menciona, en primer lugar, conformar un grupo de trabajo interinstitucional en el gobierno de EE. UU. al cual se incorporen, de manera estratégica, tanto recursos como experiencia, específicos de la comunidad de inteligencia y las agencias de EE. UU. relevantes, entre los cuales debe contarse el Departamento del Tesoro, el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Defensa.


Juntas, estas instancias, deben abordar los diversos frentes de la empresa criminal liderada por Nicolás Maduro con una estrategia coherente y multifacética de decomiso de activos, incautaciones de cuentas financieras, cierres de empresas fachada, acusaciones y procesamientos, revocación de visas, intercambio de información con aliados, entre otras acciones. Cada departamento tiene facultades únicas que, utilizadas de manera conjunta, impactan tremendamente el tiempo con el que los delincuentes cuentan para adaptarse y sobrevivir. Recuerda que, en el pasado, esta estrategia ha funcionado mejor a través de la coordinación del Consejo de Seguridad Nacional (NSC), que tiene el poder de convocar a directores y diputados y darle al tema un enfoque político sostenido. Es indispensable reducir la resiliencia y adaptabilidad de las estructuras criminales del régimen de Maduro.


En segundo término, Farah llama a instrumentar una diplomacia más continua y sólida que actúe sobre la naturaleza criminal del régimen y traiga consecuencias económicas y sociales persistentes y coordinadas. Un trabajo que avanza de manera paralela con el mejoramiento y optimización del intercambio de información financiera y la coordinación de sanciones con socios confiables como en la Unión Europea y América Latina, incluido el Caribe. 


Considera el experto que esto reduciría significativamente los espacios de operación del régimen en los sectores financieros. Cita el acuerdo del Grupo de Lima de implementar tácticas de rastreo de activos y medidas de decomiso, una iniciativa que está en el papel pero que es urgente implementar. Del mismo modo, el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Organización de los Estados Americanos (OEA) debe aplicar sanciones contra el oro ilícito y otras industrias extractivas.


En tercer lugar, Douglas Farah convoca a trabajar en estrecha colaboración con Brasil, Colombia, Guyana y Ecuador, de modo de aumentar el control fronterizo mediante el uso de tecnologías como drones de monitoreo y el incremento de personal, que se aboquen a interrumpir las cadenas de suministro ilícitas generalmente enfocadas en las regiones fronterizas. Esto debe contemplar cortar las líneas de reabastecimiento a los disidentes de las FARC y los grupos del ELN dentro de Venezuela, así como las redes de tráfico que sacan productos de la región.


Como cuarto punto, se debe conformar un grupo de trabajo multinacional en el cual se formulen políticas y actúen expertos del gobierno interino de Venezuela, Estados Unidos, la Unión Europea y estados miembros clave, el Grupo de Lima y CARICOM, para diseñar estrategias para enfrentar la amenaza de los grupos armados irregulares y el crimen transnacional con miras a abrir el camino hacia la restauración de las instituciones democráticas venezolanas.


Finalmente, Douglas Farah formuló un llamado a actuar urgentemente en este sentido, toda vez que no hacerlo, no combatir la naturaleza criminal del régimen de Nicolás Maduro, ni aislarlo de sus malignos aliados, solamente prolongará el sufrimiento del pueblo venezolano y aumentará las amenazas a la seguridad y la estabilidad en el hemisferio.

viernes, 7 de agosto de 2020

Socio de Tarek El Aissami dio positivo en COVID-19 en una cárcel de Nueva York

Por Maibort Petit

   La defensa de Michols Orsini Quintero, acusado de haber violado las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos contra Tareck El Aissami y a su testaferro, Samark López Bello, dijo al juez del Distrito Sur de Nueva York, que su cliente dió positivo en un examen de COVID-19 que le practicaron en la Centro Correccional Metropolitano (MCC), y por esa razón no pudo estar presente en la conferencia por video que se realizó por su caso.

  La abogada Sabrina P. Shroff pidió al juez, Alvin K. Hellerstein, que excluyera el tiempo que transcurre desde el 27 de julio en adelante del que establece la Ley de Juicio Rápido. 

  Sostuvo que la exclusión de ese tiempo permitirá a la defensa y al gobierno discutir  los elementos del caso antes del juicio.

  El magistrado, luego de un encuentro ocurrido el el 3 de agosto con las partes, fijó una audiencia antes del juicio para el 9 de septiembre 2020, para discutir los detalles necesarios del proceso. 


  Michols Orsini Quintero es un Oficial (R) de la Fuerza Aárea Venezolana desde 1999, del estado Aragua, quien piloteó varios vuelos privados para trasladar a Tareck El Aissami y Samark López Bello a varios países. 

   En marzo de 2019, Orsini Quintero fue arrestado en Miami junto a los socios,  Víctor Mones Caro y Alejandro Miguel León Maal. Los 3 sujetos fueron acusados de participar en una conspiración para ayudar a  El Aissami Maddah a violar las sanciones de la OFAC.

   Orsini Quintero se declaró no culpable de los cargos y se prepara para ir a un juicio con jurado.

  La acusación

   Entre 2017 y marzo de 2019, Víctor Mones Coro, Alejandro Miguel León Maal y Michols Orsini Quintero, entre otros, proporcionaron vuelos privados y otros servicios de charter a personas designadas en violación de la Ley de Designación de Narcóticos Extranjeros y de las regulaciones de la Ley Kingpin.

  Específicamente, los acusados operaban una compañía en American Charter Services en Florida, que proporcionaba vuelos y otros servicios al vicepresidente de economía de Venezuela, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, y a su socio, Samark José López Bello. Ambos fueron designado en Febrero de 2017 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC como narcotraficantes especialmente designados.

   La acusación sostiene que los cómplices del acusado incluyen a El Aissami, López Bello y Joselit Ramírez Camacho, quien es el actual Superintendente de Criptomonedas para Venezuela, y quien fue acusado el pasado 26 de marzo de 2020 por el fiscal General de Estados Unidos, William Barr.

  Cabe destacar que El Aissami y López Bello son miembros prominentes del círculo íntimo de Nicolás Maduro, el líder de facto de Venezuela, que fue acusado por separado ante este Tribunal en la acusación por delitos de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cientos de toneladas de cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas.

  Orsini Quintero está acusados ​​de conspirar para usar American Charter Services LLC y SVMI Solution, LLC para realizar transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y las regulaciones relacionadas, y para evadir las sanciones impuestas por la OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las reglamentaciones relacionadas con dicho instrumento.

   Los fiscales sostienen que los acusados violaron las sanciones al usar aviones privados suministrados por empresas estadounidenses. Las sanciones prohíben a las empresas y ciudadanos norteamericanos hacer negocios y tener relaciones con personas designadas bajo la ley Kingpin.

Los eventos

   Entre febrero de 2017, fecha en al cual fue designado Tareck El Aissami y Samark López en la lista OFAC, y marzo de 2019, se realizó la conspiración que ocurrió en cinco países: EE. UU. (Nueva York), Venezuela, Turquía, Rusia y República Dominicana.

  La fiscalía sostiene que Tareck El Aissami y Samark López Bello, violaron la ley al tomar los vuelos, incluido uno el 23 de febrero de 2019, desde Rusia a Venezuela.

  El 28 de enero de 2018, León Maal usó una cuenta de correo asociada a American Charter Services LLC para enviar un mensaje relacionado a un vuelo charter privado fuera de Estados Unido, describiendo la nave que sería usada por uno de los conspiradores, López Bello.

  El 17 de Julio de 2018, León Maal hizo una transferencia de aproximadamente USD. 108.407.69. El dinero fue enviado de una cuenta en Manhattan, New York, a una cuenta a nombre de SVMI Solution LLC por el pago de los servicios de vuelos charter privados a López Bello.

  El 6 de septiembre de 2018, Mones Coro usó una cuenta de un banco estadounidenses a nombre de American Charter Services LLC para transferir USD. 30.000 en conexión con un vuelo charter para López Bello.

    El 9 de septiembre de 2018, López Bello tomó un vuelo privado en una avión con matrícula estadounidense desde República Dominicana a Venezuela. Mones Coro ayudó con los arreglos de dicho vuelo

   En febrero de 2019, El Aissami tomó un vuelo privado desde Rusia a Venezuela arreglado también por León Maal.



viernes, 22 de septiembre de 2017

Gobierno salvadoreño desestima acusaciones de EEUU contra José Luis Merino

 En la publicación original de esta nota se citó en un párrafo un trabajo publicado en el periódico La Estrella de Panamá, donde se cita un informe de inteligente que señala que José Luis Merino sería el supuesto dueño del grupo Proamerica. Por solicitud de los representantes legales del mencionado conglomerado empresarial retiramos del texto la información. Los abogados sostienen que es falso y difamatorio la afirmación que vincula a Merino con el grupo empresarial y que el dirigente salvadoreño no tiene ningún tipo de relación con su cliente que mantiene una conducta ética y transparentes en sus actividades financieras.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Pese a que un conjunto de legisladores de Estados Unidos ha acusado al viceministro de inversiones de la nación centroamericana de estar vinculado con el narcotráfico y de constituir un peligro para ese país, el gobierno y el oficialismo de El Salvador han salido en defensa del funcionario a quien señalan de ser sólo una víctima de una campaña política en su contra. De hecho ratificaron su candidatura como diputado al Poder Legislativo nacional.
Para el gobierno y la dirigencia del partido oficialista salvadoreño, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), los señalamientos surgidos desde el seno del Congreso de los Estados Unidos donde un grupo de catorce legisladores solicitaron al Departamento del Tesoro poner la lupa en las finanzas de José Luis Merino, viceministro para la inversión de la administración de Salvador Sánchez Cerén, sólo ocultan una intencionalidad política dirigida a desprestigiar la que denominaron una carrera exitosa e intachable .

En un frente común, el oficialismo salvadoreño se ha ubicado a la vanguardia y, como un escudo, ha decidido proteger al funcionario de lo que estiman es un mero ataque político sin fundamento.

Incluso, desde las filas del FMLN, su secretario general, Medardo González, no se arredran ante los señalamientos y, en tal sentido, confirmaron la candidatura de Merino a la diputación por el departamento de San Salvador. “No vamos a abandonar en ningún momento a nuestro compañero (Merino). Por supuesto que él sigue siendo candidato”, aseveró dijo González.

Sin embargo los legisladores de EEUU creen que Merino está presuntamente vinculado a grupos de narcotráfico internacional.

En junio 19, congresistas pertenecientes a los partidos Demócrata y Republicano de EEUU, pidieron al Departamento del Tesoro una averiguación sobre las actividades bancarias relacionadas con EEUU del viceministro salvadoreño quien, según los legisladores norteamericanos integrantes del Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental del Congreso y del Comité de Relaciones Exteriores, tiene un “papel central (…) en múltiples organizaciones criminales que operan en toda Latinoamérica que constituyen una amenaza significativa para los Estados Unidos”.

“El Sr. Merino es un miembro de alto rango del partido gobernante de El Salvador que tiene relaciones de larga data con redes criminales transnacionales que son objeto de investigaciones criminales en Estados Unidos por tráfico de cocaína y lavado de dinero” , dice la carta en uno de sus párrafos.

Agregan que “El Sr. Merino es un miembro de alto rango del partido gobernante de El Salvador que tiene relaciones de larga data con redes criminales transnacionales que son objeto de investigaciones criminales en Estados Unidos por tráfico de cocaína y lavado de dinero” agregando que las “estructuras financieras” controladas por funcionario salvadoreño han producido dinero que no puede ser justificado y que serviría para financiar a oficiales del gobierno de Venezuela y a las FARC de Colombia con la que ha estado vinculado durante años.

“Debido al aparente papel central del Sr. Merino en múltiples organizaciones criminales que operan en toda Latinoamérica que constituyen una amenaza significativa para los Estados Unidos, creemos que tal investigación está en los intereses de la seguridad nacional de los Estados Unidos y ayudaría a las agencias policiales a identificar y poner un alto a actividades ilegales llevadas a cabo a través del sistema financiero estadounidense”, refiere más adelante la carta.

Pero la vocería gubernamental salvadoreña le restó importancia a dicha misiva a la cual calificó como un simple documento interno de esa nación que en nada se constituye como una prueba legal en contra de José Luis Merino. En tal sentido, enfiló hacia la oposición y señaló que “la derecha” ha instrumentado una campaña mediática para atacar, al tiempo que descalificó los juicios emitidos por los congresistas estadounidenses. “La derecha levanta de manera mediática un asunto totalmente irrelevante para el país, como esta acción política de un grupo congresistas”, aseguró Eugenio Chicas desde la presidencia salvadoreña.

En defensa de Merino, también conocido con el alias de “Ramiro Vásquez”, Chicas refiere la gestión del viceministro de inversión la cual habría catapultado las empresas Alba, una posición que contrasta con los balances de dichas compañías que exhiben un saldo rojo. Obvia el defensor de su compañero de administración que, por ejemplo, la aerolínea Veca se vio obligada a suspender operaciones por insolvencias.

Desde la Fiscalía General tampoco se han hecho muchos esfuerzos por investigar las denuncias de los legisladores estadounidenses y el titular de ese despacho, Douglas Meléndez, se limitó a repetir lo que del oficialismo salvadoreño no se cansan de afirmar: “es un asunto político”.

Menéndez sólo dijo que harán consultas a Colombia para depurar el caso, al tiempo que advertía que no es su competencia inmiscuirse en los asuntos de los congresistas de Estados Unidos. “Ese expediente existe (sobre Merino) y no puedo ahondar mucho. Hemos requerido datos desde 2008 y haremos consultas a Colombia”.

El saldo rojo de las empresas Alba

Contrario a lo afirmado por Chicas, las empresas que conforman el grupo Alba están muy lejos de la bonanza y el éxito financiero, según lo dejan ver la contabilidad de las mismas.

Una muestra de ello son, aparte del citado caso de Veca, las finanzas de Alba Petróleos, las pérdidas de la Arrocera San Francisco o la venta de la planta de almacenamiento y distribución de combustibles “Schafik Handal”.

Efectivamente, las deudas con Venezuela se incrementan y de la prometedora compañía surgida en 2006 entre varias alcaldías salvadoreñas y PDV Caribe ya poco queda, por cuanto ahora son cosa del pasado la liquidez que experimentaba en aquel entonces gracias al millonario crédito otorgado por el gobierno del difunto Hugo Chávez. De hecho, la fórmula para sobrevivir ha sido la venta de activos y la adquisición de nueva deuda. Ni hablar del pago de intereses que desangra al conglomerado.

Los balances de la Tu Solidaria Ltda. de C.V., de Vuelos Económicos Centroamericanos S.A. de C.V. y de Arrocera San Francisco S.A. de C.V., sólo hacen vislumbrar la quiebra si no reciben una jugosa inyección de capital.

La deuda de Alba con Petróleos de Venezuela, PDVSA, se ha incrementado a extremos insostenibles, tanto, que sólo entre 2013 y 2014 experimentó un crecimiento de 114,5 millones de dólares. 

Esa no es la única deuda, pues también ha tenido que recurrir a un intrincado mecanismo de préstamos a sus empresas filiales, siendo que la de Tu Solidaria Ltda. de C.V., se vio obligada a vender una cartera de 19 clientes por 64,3 millones de dólares por no poder recuperar la mora de sus acreedores. Esta empresa nació de la compra de una cartera de créditos a Alba Petróleos por 95 millones de dólares y ahora ha tenido que traspasar dicha cartera a la firma Wellness Center Corp.

Otras empresas deudoras son Alba Gas S.A., de C.V., Alba Fertilizantes S.A. de C.V. y Alba Alimentos S.A. de C.V, esta última con un endeudamiento de 45,8 millones en dólares tan sólo para 2014.

Para remate, los costos operativos de Alba Petróleos son más altos que lo percibido por concepto de venta de gasolina, siendo que dicho gasto es de 994 mil dólares por encima del ingreso.

Enlodado en Panamá

De acuerdo con las investigaciones adelantas en Estados Unidos contra José Luis Merino, este habría registrado un conjunto de empresas en Panamá, las cuales le habrían servido para movilizar más de 200 millones de dólares en los bancos de esa nación que luego movilizaría a otras entidades del Caribe que funcionan como paraísos fiscales .

Se trataría de ocho sociedades anónimas, a saber, Atlantic Pacific Logistic, Inversiones para el desarrollo Internacional, Conemite Internacional, Guazapa, S.A., Subes Panamá, Alba Refining Company de Latinoamérica y Apalsa Marítima.

Se dice que Merino y sus socios constituyeron una empresa fantasma en Panamá que les servía para operar y movilizar capitales sucios investigados en Estados Unidos.

Hombre de las FARC

Ya en 2016 a Merino se le había señalado como el hombre de las Fuerzas armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en El Salvador, según un artículo de José R. Cárdenas publicado en la revista Foreign Policy.

También el senador Marco Rubio dijo el 29 de junio del mismo año, que Merino es el encargado de lavar dinero de las FARC y ser el traficante de armas. “Este tipo (José Luis Merino) es de primera categoría, un lavador de dinero de clase mundial, traficante de armas de las FARC… ¿Por qué este tipo no es sancionado?” .

Cuentas pendientes

La presidenta del Subcomité del Medio Oriente y África del Norte en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Ileana Ros-Lehtinen, advirtió que José Luis Merino tiene cuentas pendientes con la justicia de su país. 

“La semana pasada, yo firmé una carta liderada por mi querido amigo Albio Sires, de Nueva Jersey. Él lideró esta carta al Departamento del Tesoro urgiéndole que designe al viceministro salvadoreño de Exteriores, José Luis Merino, como un (presunto) capo Kingpin del narcotráfico por sus vinculaciones con actividades ilícitas, con tráfico de drogas, con lavado de dinero para las FARC, las FARC, que es designada por los Estados Unidos como una organización terrorista extranjera”.


jueves, 24 de agosto de 2017

Supuesto jefe de finanzas de la FARC y socio salvadoreño de El Aissami transporta "bultos de contenido misterioso" en avión de Pdvsa

El avión YV-2040 propiedad de Petróleos de Venezuela está siendo monitoreado por estar supuestamente transportando "ilícitos" en complicidad con el gobierno de El Salvador.

Por Maibort Petit
@maibortpetit


José Luis Merino, viceministro de Inversión Extranjera del gobierno salvadoreño y supuesto socio del vicepresidente venezolano, Tarek El Aissami, viajó en un avión propiedad de Petróleos de Venezuela (PDVSA) identificado con las siglas YV-2040, en un vuelo que salió del Aeropuerto Internacional de El Salvador con destino al Aeropuerto Internacional de Maiquetía “Simón Bolívar”, el 8 de agosto de 2017, según confirmó el gobierno de El Salvador.
En un informe de monitoreo de la aeronave de Pdvsa siglas YV-2040 fechado el 1 de junio de 2017
aparecen las rutas Caracas-El Salvador y el Caribe Oriental. Los parlamentarios salvadoreños investigan la supuesta transportación de ilícitos en ese avión. 
  La prensa  salvadoreña asegura que el secretario de Comunicaciones de la Presidencia de ese país, Eugenio Chicas, afirmó que "el avión venezolano Dassault Falcon, de matrícula YV-2040, que el martes 8 de agosto de 2017 salió del país, transportaba al viceministro de Hacienda, Alejandro Rivera, y al viceministro para la Inversión Extranjera, José Luis Merino", este último aparece vinculado a El Aissami en supuestos negocios de lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Ver detalles de la vinculación de Merino y El Aissami aquí.

El alto funcionario del gobierno del país centroamericano dijo a la prensa que "ambos funcionarios venían en esa aeronave después de participar en la reunión de los países de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América (ALBA), la cual se celebró el 8 de agosto en la capital venezolana".
El portal elsalvador.com publicó una nota donde cita un documento de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), donde se señala que "el 8 de agosto ese vuelo iba en dirección a Maiquetía y dos días después, el jueves 10, la misma aeronave volvió al país".

En medio asegura que el documento de Migración y Extranjería da cuenta que entre los pasajeros del avión YV-2040 estaban el viceministro de Ingresos (adscrito a Hacienda), Alejandro Rivera; junto al viceministro de Inversión y dirigente del FMLN, José Luis Merino; y Mario Ernesto García, quien labora en Cancillería.

El sospechoso avión de PDVSA 

Otro reportaje escrito por Eugenia Velásquez y publicada en el referido portal elsalvador.com, asegura que "un grupo de diputados del partido salvadoreño opositor ARENA aseguran que en un jet privado proveniente de Venezuela y que aterrizó en El Salvador en agosto 8 de 2017, pudieron ingresar al país ‘ilícitos’ en ‘complicidad’ con el gobierno del FMLN".

La nota dice que "esta es la teoría que barajan varios diputados de la bancada tricolor que se abocaron ayer a las oficinas de la Autoridad de Aviación Civil (A.C.C), para solicitar a través de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), el itinerario del avión matrícula YV-2040 propiedad de Petróleos de Venezuela (Pdvsa)."

De acuerdo a la denuncia de la fracción de ARENA, ese jet privado descargó “varias cajas en total secretismo”, acción que habrían llevado a cabo personas que desembarcaron portando gorras de Venezuela y Cuba, quienes trasladaron esos “bultos” —cuyo contenido es un “misterio”— a la Embajada de Cuba de El Salvador.

Otra nota periodística del mismo portal asegura que en los últimos tres meses, el avión YV-2-40, propiedad de Petróleos de Venezuela, ha aterrizado tres veces en el Aeropuerto Internacional “Óscar Arnulfo Romero”.

La primera, proveniente de San Vicente y las Granadinas el 2 de mayo, donde estuvo poco menos de un día para luego partir a Venezuela.

La segunda, el 7 de agosto, con regreso a Caracas el día siguiente, cuando según registros de la DGME iban los funcionarios públicos Merino, Rivera y García.

La última llegada de la aeronave al país se registró el 10 de agosto, dos días después de la reunión del ALBA en Caracas. A una hora y media de este aterrizaje, el jet partió con destino al aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey, en Estados Unidos.

El reportaje señala que congresistas miembros del partido ARENA solicitaron a la Autoridad de Aviación Civil y la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) informar sobre la llegada de la aeronave YV-2040 al país, pues temen que esta pueda ingresar ilícitos en complicidad con el FMLN.

Asimismo, los legisladores expresaron sorpresa, pues el arribo de este avión en ambas fechas de agosto coincide con la semana en que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, pidió realizar una reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) para discutir la crisis de su país, dice el reporte de elsalvador.com.

Dentro de los vuelos denunciados por los parlamentarios opositores al FMLN no cuentan un viaje documentando en las gráficas que acompañan éste trabajo, donde se destaca que el jet YV-2040 fue a El Salvador en el mes de junio y aterrizó en una zona montañosa cerca del océano. (ver gráfica)

La aeronave también llevó a Jorge Rodríguez a México

Otro polémico viaje del avión de Pdvsa YV-2040 fue el realizado por el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, para ir a visitar a su hijo quien —según medios mexicanos— estudia medicina en ese país.


El 19 de agosto a las 8:55 de la noche (hora local de México), aterrizó en el aeropuerto de Toluca el YV-2040 (proveniente de Caracas), de acuerdo a registros públicos disponibles. Opositores al régimen señalaron que en esa aeronave llegó el alcalde Rodríguez y sus acompañantes.

Pero, además, con el caso del alcalde Rodríguez —quien en el citado viaje sufrió un escrache cuando caminaba por las calles de la colonia mexicana de la Condesa— a juicio de los opositores queda al descubierto como la cúpula del régimen venezolano hace uso personal de la flota de aviones estatales.


El jet Falcon Dassault 900

La aeronave, registrada en los Estados Unidos a nombre de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), es un jet Falcon Dassault 900, con capacidad de transportar hasta 14 personas; y debido a su autonomía puede realizar vuelos transatlánticos o de largo alcance.

Un informe de monitoreo de los aviones YV-2040 (Pdvsa) y YV-2565 (propiedad de Citgo Corporation) muestra que las dos aeronaves han hecho vuelos constantes entre abril, mayo y junio de 2017 a El Salvador.

Ese mismo informe —hecho por entes privados—destaca que el avión YV-2040 también viaja rutinariamente a Colombia (Norte de Santander), Honduras, Surinam, Montserrat, Haití, Santo Domingo, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y la isla de Dominica. 

En el mes de junio, el avión de Pdvsa aterrizó en las zonas selvática del Norte de Santander (Colombia) y las montañas de El Salvador, tal como muestran las imágenes.