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jueves, 17 de octubre de 2019

El incierto destino de CITGO: Las contradicciones del caso (II)

En la trama que por el control de CITGO Petroleum Corporation mantienen en diversos escenarios entidades con diversos intereses, surgen una serie de elementos y contradicciones que hacen cada vez más difícil vislumbrar cuál será finalmente el futuro del activo más valioso de Venezuela en territorio extranjero.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El futuro de CITGO Petroleum Corporation se debate en diversos escenarios, jurídicos y políticos, uno de ellos los tribunales federales de los Estados Unidos, donde las decisiones que se adopten finalmente serán determinantes para establecer en manos de quién quedará el activo de mayor valor del estado venezolano en el extranjero.
En toda esta trama en la que intervienen dos gobiernos de una misma nación, empresas y acreedores que reclaman el pago de deudas contraídas por Venezuela o que son consecuencia de la medida de expropiación que en 2011 dictó el entonces presidente venezolano, el finado Hugo Chávez Frías, contra Crystallex International Corp., minera canadiense que estaba al frente —desde 2002— del proyecto Las Cristinas.

Particularmente un accionar ha tenido especial repercusión, el del Procurador Especial designado por el gobierno interino de Venezuela a cargo del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, a saber, José Ignacio Hernández, acusado desde las instancias oficialistas de traición a la patria y de haber actuado en favor de los intereses de la minera canadiense en lugar de los de la república de la que ahora es defensor.

El papel del procurador de Guaidó

José Ignacio Hernández ha jugado un papel fundamental en este asunto al ser quien ahora defiende los intereses de Venezuela y es reconocido como tal por el gobierno de Estados Unidos, pues aparte de este papel que ahora desempeña, declaró como testigo experto convocado por Crystallex en 2017, es decir, poco más de un año previo a su nombramiento como representante legal de la nación.

Ante la corte el entonces testigo experto contratado por Crystallex refirió que el gobierno venezolano había utilizado a CITGO como una herramienta política, una declaración que sustentó la tesis planteada por los abogados de la minera canadiense ante el tribunal para determinar que la filial de PDVSA en los Estados Unidos es un “alter ego” del gobierno venezolano y, por tanto, puede usarse para resarcir a Crystallex en el litigio con Venezuela.

Hernández fue contratado por la firma de abogados Gibson, Dunn & Crutcher LLP que representaba a Crystallex para que, en calidad de experto, proporcionara un informe en relación con la moción de la minera para una orden judicial preliminar contra PDV Holding Inc.

El procurador designado por Guaidó sostuvo frente al juez que era de su conocimiento que "esa moción era parte de una disputa más amplia en la que Crystallex alegaba que PDVH, Petróleos de Venezuela S.A. y Citgo Holding Inc. ejecutaron una serie de transacciones en un intento de obstaculizar y retrasar a los acreedores como Crystallex.

¿Qué declaró Hernández ante la Corte?

Pero veamos en detalle lo expresado por Hernández ante la Corte Federal de los Estados Unidos.

Un documento público del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware relacionado con el caso N° 15-1082-LPS —Crystallex International Corp. (demandante) contra PDV Holding Inc. y Petróleos de Venezuela S.A. (demandados)— en el que José Ignacio Hernández intervino el 10 de abril de 2017 como Testigo Experto convocado por la empresa minera canadiense, establece que este declaró bajo pena de perjurio que, en materia de derecho, PDVSA es un brazo del gobierno venezolano.
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Hernández refirió que en el contexto de la disputa entre Crystallex, PDV Holding Inc. y PDVSA se le solicitó su opinión sobre la relación entre la empresa petrolera venezolana y la República Bolivariana de Venezuela bajo los parámetros de la ley venezolana, específicamente se le pidió su consideración acerca de si PDVSA opera como una entidad separada del gobierno venezolano. Explicó que para emitir su criterio revisó la constitución venezolana, los actos jurídicos, los documentos oficiales del gobierno, las decisiones de los tribunales y las opiniones de los académicos sobre la relación entre ambos.

Comenzó su exposición haciendo referencia a que PDVSA fue creada a raíz de la nacionalización de la industria petrolera ocurrida en 1975, como empresa propiedad del estado venezolano. La Ley Orgánica que Reserva la Industria y el Comercio de Hidrocarburos, conocida como Ley de Nacionalización, entró en vigencia en 1976 y establecía que todas las actividades de hidrocarburos, incluido el petróleo, estaban reservadas al Estado y en consecuencia, sólo a este —el Estado— se le permitió realizar tales actividades.

Hernández refirió que en razón del artículo 6 de la Ley de nacionalización, se estipulaba que el Ejecutivo nacional estaba a cargo de la gestión y el funcionamiento de las actividades reservadas a través de empresas estatales, las cuales se rigen por la citada ley y sus reglamentos, por sus propios estatutos, por los reglamentos del Ejecutivo nacional y por el Derecho privado.

Citó el informe de la "Comisión Presidencial para la Inversión del Petróleo" el cual (1974) concluyó que "[para] conducir la industria petrolera nacionalizada y ajustarla al interés más alto del país, es necesario crear la Administración Nacional del petróleo”.

Esta Administración Nacional de Petróleo, según lo expuesto por José Ignacio Hernández ante la Corte del Distrito de Delaware, se concibió como un grupo de empresas estatales con autonomía técnica en la ejecución de operaciones petroleras, pero bajo el control total del Gobierno Nacional. “Por lo tanto, mientras que todas las empresas estatales están bajo el ‘control de tutela’ del Gobierno Nacional, el control del Ejecutivo sobre PDVSA es único y más directo. PDVSA es considerada una empresa estatal de conformidad con la Ley Orgánica de Administración Pública (LOAP). Según el LOAP, aunque PDVSA tiene su propia personalidad jurídica, sus actividades están controladas por el Poder Ejecutivo Nacional”.

Hernández refirió que la Ley de Nacionalización de 1975 fue derogada por la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2001, y luego reformada en 2006, estableciéndose que las "actividades primarias" de los hidrocarburos (exploración y explotación) se llevaran a cabo a través de PDVSA y sus filiales. Hizo mención también al Decreto N° 3299 que confirma que si bien PDVSA tiene el mandato de realizar las "actividades primarias" del gobierno, "cumplirá y alcanzará las políticas de hidrocarburos dictadas por el Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Minería y Energía".

“Más específicamente, PDVSA actúa bajo la supervisión directa de la Vicepresidencia de Economía del Sector (que coordina todas las actividades relacionadas con el petróleo y la minería) y el Ministerio del Poder Popular para el Petróleo. El papel de PDVSA se limita a la ejecución técnica de las políticas petroleras adoptadas por el Gobierno Nacional, especialmente a través de la Vicepresidencia de Economía y el Ministerio del Poder Popular para el Petróleo”, manifestó.

Igualmente, José Ignacio Hernández citó ante la Corte de Delaware, que la Constitución venezolana sostiene que PDVSA es una entidad estatal venezolana y que su papel como tal es el de ser responsable de la exploración y explotación de hidrocarburos. Esto, esgrimió, está ratificado en el artículo 303 de la Constitución venezolana el cual establece que "por razones de soberanía económica y política y estrategia nacional, el Estado retendrá todas las acciones de [PDVSA]".

Igualmente se remitió al dictamen de la Corte Suprema de Venezuela que determinó que "aunque [PDVSA] es una empresa constituida y organizada como una entidad comercial, es indudable, como se afirma en la Constitución, que la empresa forma parte de la estructura general de la Administración Pública Nacional. La Corte Suprema ha considerado que las actividades de PDVSA juegan un papel fundamental en la economía nacional y que PDVSA tiene todos los privilegios de la República. Esto significa que PDVSA y sus filiales son equivalentes a las agencias administrativas del Gobierno”.

Hernández expuso que el ya referido Decreto N° 3.299 estipula la estructura corporativa de PDVSA, la cual está organizada como una sociedad de cartera estatal, teniendo los funcionarios del gobierno, control sobre sus operaciones comerciales diarias.

Subrayó que este Decreto indica que la máxima autoridad de PDVSA es la asamblea y en razón de que Venezuela es el único accionista, dicha asamblea está representada por el Poder Ejecutivo Nacional de Venezuela. “PDVSA está representada por un Consejo de Administración designado por Decreto Presidencial (Cláusulas 16, 17) (…) El Presidente de PDVSA administra la empresa y es su representante legal (Cláusula 33). PDVSA también tiene vicepresidentes (Cláusula 35) y un Consejo de Accionistas, que también son designados por Decreto Presidencial (Cláusula 38)”.

Seguidamente, recordó que el gobierno también aprueba decretos y resoluciones cuando lo desee, para ordenar a PDVSA que realice ciertas actividades para lograr sus objetivos. Agregó que el gobierno también ha dirigido a PDVSA y sus afiliados a lograr sus objetivos de expropiación y mencionó que de acuerdo a varios comentaristas expertos, PDVSA y sus filiales se consideran una empresa estatal de naturaleza única porque actuarán bajo las políticas del Gobierno Nacional.
José Ignacio Hernández, durante su exposición ante la Corte de Delaware manifestó que a su juicio PDVSA es una herramienta política del gobierno venezolano y para ello se sustentó en el aumento de control que el Ejecutivo venezolano incrementó sobre la empresa petrolera a partir del año 2002 cuando comenzó el gobierno a referirse a ella como la “Nueva PDVSA”. “La principal consecuencia de esta transformación fue que el Gobierno aumentó su control político sobre PDVSA y sus afiliados. La naturaleza técnica de esas compañías fue reemplazada por un papel político bajo el modelo socialista”.

Y agregó: “(…) el Gobierno ahora controla los recursos petroleros del Estado, a través de PDVSA, mucho más íntimamente que antes. Por ejemplo, como se mencionó anteriormente, varios ministros del gobierno son miembros de las juntas directivas de PDVSA. Durante mucho tiempo, el Presidente de PDVSA también fue el Ministro a cargo del sector petrolero. Esto permite al Gobierno controlar el funcionamiento diario de PDVSA”.

Hernández también mencionó el “Plan de Siembra Petrolera” implementado por el gobierno, el cual le asigna objetivos políticos a la empresa de acuerdo a su planificación socialista con el fin de satisfacer las necesidades colectivas bajo el control del Gobierno. Fue así como PDVSA asumió actividades económicas diferentes de sus "actividades primarias". En tal sentido citó el Informe Anual de Gestión 2012, que rezaba: “En el contexto del proceso de transformación de la Nueva PDVSA, la Compañía ha promovido el fortalecimiento del nuevo modelo socioeconómico, a través de la creación de los llamados ‘afiliados no petroleros’. Estos afiliados han sido la piedra angular de la construcción del nuevo modelo de negocio socialista que apoya el proceso de transformación y cambio de la infraestructura productiva nacional”.

Igualmente expuso que “El Gobierno también aumentó su control sobre los ingresos de PDVSA a través de fondos extrapresupuestarios que se administraron bajo las decisiones discrecionales de la Presidente, como el Fondo para el Desarrollo Nacional (FONDEN). Especialmente, PDVSA apoyó los programas sociales del Gobierno Nacional, llamados ‘misiones’, en actividades como alimentación y vivienda”.

Hernández también dijo que el gobierno utiliza a PDVSA como un instrumento para cumplir acuerdos internacionales, tal es el caso de Petrocaribe. También el gobierno impone a PDVSA el deber de proporcionar petróleo a China para cubrir sus obligaciones de deuda.

Concluyó José Ignacio Hernández ante la Corte de Delaware que “el Gobierno ha aprobado varias leyes y decretos que obligan a la conducta de PDVSA a alinearse con sus objetivos sociales y políticos. Del mismo modo, utiliza PDVSA como herramienta política para lograr sus objetivos nacionales e internacionales. PDVSA, a su vez, debe cumplir con estas obligaciones que le dicta el Gobierno”.

Otra actuación de Hernández

Esta no habría sido la única ocasión en que Hernández prestaba sus servicios como testigo experto en favor de una compañía extranjera en un litigio contra Venezuela. También en 2013 ante el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, el ahora procurador de Guaidó atestiguó por convocatoria de la Owens-Illinois, ocasión en que el fallo de la corte determinó que el gobierno venezolano debía pagar a la empresa estadounidense USD 371 millones por la nacionalización de sus plantas en 2010. También como ahora, la Owens-Illinois buscaba cobrar el dinero a través de CITGO. Documentos públicos de la corte revelaron que, por sus servicios, Hernández recibió USD 163.720.

Las críticas al procurador de Guaidó aumentaron en el transcurso de los últimos meses. A tales extremos que él mismo, muchos dirigentes de su partido o miembros del gobierno interino, coincidieron en que había una campaña de descrédito en su contra por lo que salieron en su defensa.

Entre estos defensores se cuenta el embajador de Venezuela en la Organización de Estados Americanos (OEA), Gustavo Tarre Briceño, quien ha salido en apoyo de Hernández y su papel en “defensa de los intereses de la República con esmero, dedicación y talento. Todo ello en condiciones de máxima precariedad, pues no tenía a su disposición recurso alguno, ni material ni humano y sin embargo fue acumulando éxitos, muchas veces enfrentado a muy poderosos intereses representados por legiones de abogados expertos”.

Tarre Briceño calificó como una alegre campaña de destrucción moral, la arremetida emprendida por el “gobierno usurpador [de Nicolás Maduro], pero también de unos pocos particulares” al acusarle “no solo de ser responsable por la pérdida del juicio sino de haberse parcializado en favor de quienes adversaban a Venezuela en ocasión de su testimonio. Me parece insólito que existan personas que pretendan construir protagonismos sobre la base de la calumnia y de acusaciones infundadas. No se aportan pruebas, no se esgrimen argumentos, no se razona. Simplemente se trata de destruir a alguien, olvidando la presunción de buena fe y de inocencia. Dejando de lado la objetividad y la justicia. En claro ejercicio del famoso ‘dispare primero y averigüe después’. El testimonio de José Ignacio reposa en los archivos del tribunal y es muy fácil corroborar qué fue lo que dijo o hizo” .

El fiscal general de la república designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, anunció el 31 de julio a través de su cuenta en la red social Twitter, que el Ministerio Público inició una investigación penal contra Hernández por su participación en un juicio en Estados Unidos contra PDVSA propiciando el embargo de CITGO.

Saab aseguró que Hernández habría sido contratado por la empresa Crystallex "para usar sus argumentos jurídicos en contra de los alegatos presentados por PDVSA", al tiempo que calificó estos actos como "traición" y acción fraudulenta ante un tribunal para "propiciar el embargo de CITGO".

Una nota de CNN en Español refiere que el fiscal acusó a Hernández de “impostor” al haber actuado contra PDVSA en un juicio de Estados Unidos que propicia el embargo de CITGO.

“#COMUNICADO El @MinpublicoVE anuncia que ha iniciado una investigación penal con motivo de la participación en un juicio en territorio estadounidense contra PDVSA de un falso funcionario que pretende ostentar el cargo de Procurador Especial para la defensa del Estado #31Jul”, expresó Saab en la red social Twitter.

También contra Hernández se pronunció la vicepresidente ejecutiva de la república, Delcy Rodríguez, a quien lo calificó como un abogado de empresas trasnacionales. “En el caso de Crystallex, vendió la insólita teoría de ‘alter ego’ para ir contra los activos de PDVSA. Se le conoce por ser abogado de empresas trasnacionales por eso fue escogido minuciosamente como una pieza fundamental que conoce bien los juicios contra Venezuela. Es un gran estafador y un mentiroso”.

Rodríguez extendió sus acusaciones hacia Juan Guaidó, a quien señaló de encabezar “una banda criminal” que busca “despojar” de sus activos a Venezuela. “Estamos frente a un golpe jurídico bajo un fraude procesal, ante un caso de prevaricación para despojar a Venezuela de sus activos en el extranjero. Quieren hacer lo que no lograron con el golpe petrolero de 2002”.

Agregó que esta “agresión jurídica” carece de sustento. “Lo que están realizando es un gran festín para repartirse, como botín, los activos del Estado Venezolano en los Estados Unidos. El caso Crystallex es la punta de iceberg, porque ya han hecho un inventario de los casos procesales de Venezuela. Estamos frente al peor despojo republicano en la historia”.

Dijo que la “banda criminal” liderada por Guaidó utiliza al gobierno de EE. UU. en un conjunto de acciones acompasadas. “Señalé en rueda de prensa que el caso de Crystallex es un acto de crimen organizado, y estoy segura que desde hace dos años se venía planificando esta acción”.

Hernández se defiende

José Ignacio Hernández le salió al paso a las acusaciones en su contra y, en primer lugar, asegura que la Orden Ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump protege cualquier activo que tenga el estado venezolano en Estados Unidos, entre ellos CITGO. Sostiene que la sección primera de dicha orden, en su literal A, bloquea todas las propiedades del gobierno de Venezuela en EE. UU., “todas sin excepción”, mientras que en la sección sexta, establece que “esa prohibición aplica más allá de cualquier licencia que se hubiese podido otorgar en el pasado”. En tal sentido, asegura que este bloqueo evita vender, ceder, traspasar, gravar, ejecutar, embargar ninguno de los activos. Subraya que los tenedores de bonos no podrán tomar control de CITGO en razón de que expresamente se dejó sin efecto la Licencia General N° 5 que acompañó la emisión del Bono PDVSA 2020, la cual permitía hacer uso de las acciones de la filial en caso de incumplimiento de pago.
Tales consideraciones las hizo ante el periodista Andrés Rojas en una entrevista para Hispano Post en la que denunció que quienes lo acusan incurren en los delitos de difamación e injuria.

Advierte que la Orden Ejecutiva de Donald Trump no puede interpretarse como un embargo contra Venezuela, pues ella lo que prohíbe es que una empresa tome control de activos del país o que el gobierno de Nicolás Maduro disponga de activos de la república en Estados Unidos. “Un embargo prohíbe totalmente operaciones de importación y exportación con un país, y esta medida no prohíbe eso. Esta medida lo único que prohíbe es que empresas americanas negocien con Maduro”.

En tal sentido, Hernández sostiene que la “Orden Ejecutiva no prohíbe que empresas en Venezuela importen bienes y servicios desde los Estados Unidos, siempre y cuando no tengan contacto alguno con el gobierno de Maduro”.

Sobre su actuación con Crystallex, José Ignacio Hernández dice que en 2017 preparó un “dictamen de experto independiente del derecho venezolano como propuesta de los abogados de la empresa para explicar cuál es el régimen jurídico de PDVSA y como el régimen de Hugo Chávez había violado la Constitución y las leyes al violentar la autonomía de PDVSA. Ese fue un dictamen estrictamente basado en el derecho venezolano e independiente”. Esto último lo aclara para negar que en el juicio en el que intervino haya analizado la “tesis de alter ego ni los méritos o no de los argumentos del derecho americano. Yo solo expliqué al juez el derecho venezolano; y luego es independiente porque yo nunca defendí o promoví los intereses de esa empresa, ni defendí o promoví los intereses de PDVSA o de la República, es decir, yo no me metí en el juicio. Debo decir que ese dictamen es público, nunca analicé el caso de Crystallex y los abogados me llamaron porque yo había venido explicando cómo Chávez y Maduro destruyeron la autonomía de PDVSA y desviaron ingresos petroleros a través del Fonden (Fondo de Desarrollo Nacional) (…) Nunca hablé de Crystallex y si se le debía plata. Ese no era asunto mío, y para ser sincero y honesto no me leí la demanda de Crystallex para no contaminar mi opinión. Eso fue lo que yo hice. Después de eso no supe más del caso”.

Hace referencia al acuerdo secreto de pago que negoció Crystallex con Maduro para el pago de la indemnización decidida por el CIADI, lo que niega la afirmación de que la negociación se perdió por su culpa. “(…) el señor Maduro dijo en cadena nacional que ellos estaban ganando ese caso y que lo perdieron por mi culpa y es lo mismo que ha dicho el ingeniero litigante. La verdad es que el caso se perdió en agosto de 2018 y en septiembre se firmó una transacción que le reconocieron a Crystallex un pago por 1.400 millones de dólares, le pagaron 425 millones de dólares, pero lo más irregular es que hay una denuncia del propio régimen de Maduro de que la empresa había falsificado una transacción, que había cambiado la transacción”.

Sobre el caso de la Owens Illinois, Hernández refiere que como profesor universitario sostuvo que las expropiaciones implementadas desde 2007 por Hugo Chávez eran inconstitucionales. “En el caso de Owens, en el año 2013 yo di un testimonio experto, y eso es opinión pública, explicando la inconstitucionalidad del decreto de expropiación de Owens Illinois. Yo no fui abogado de la empresa, ni promoví sus intereses, y luego la empresa ha demandado, pero yo no he tenido que ver con esos casos”.

Igualmente negó haber recibido pago personalmente, sino que lo cancelado por la vidriera fue al escritorio jurídico en el cual era socio para ese momento.

Hernández: Me separé del caso

José Ignacio Hernández aseguró haberse separado del caso. “Yo me separé del caso en marzo de 2019. Yo no he tenido que ver en las decisiones de este caso. Me inhibí precisamente para evitar cualquier señalamiento de conflicto de intereses. El testigo experto no es abogado de las partes. Nunca defendí la posición de Crystallex en el juicio ni promoví sus intereses. El testigo experto es básicamente un profesor de derecho público que de manera independiente le explica al Tribunal ciertos puntos del derecho venezolano”.

Recordó que su nombramiento fue anulado por la “ilegítima Sala Constitucional”, la cual acordó “de manera ilegítima” dictar medidas en su contra y agregó que el anuncio de Tarek William Saab solamente es “una clara demostración, otra más, de que en Venezuela hay una persecución política en contra de las legítimas autoridades de Venezuela. Lo lamentable es que algunas personas se sumen a esta persecución”.

José Ignacio Hernández dijo que el gobierno de Juan Guaidó podría plantear como nuevo argumento ante el Tribunal de Primera Instancia, los cambios hechos en las juntas directivas de Pdvsa y de Citgo. “El Tribunal de apelaciones señaló que visto que el Gobierno del presidente Juan Guaidó introdujo nuevos alegatos relacionados con los cambios que aseguran la autonomía y la independencia de PDVSA y de CITGO, esos nuevos hechos podrían ser planteados por el Gobierno legítimo de Venezuela de nuevo ante el Tribunal de Primera Instancia. Esto significa que si todos los recursos que caben contra esta decisión, incluso ante la Corte Suprema de Justicia, fallan, y el caso vuelve al Tribunal de Primera Instancia, el Gobierno legítimo de Venezuela podrá explicar por qué ya no es posible sostener que PDVSA y la República conforman una unidad política vistos los cambios luego de que el presidente Guaidó asumiera la Presidencia de la República”.

Pero el ingeniero y especialista en finanzas, Jorge Alejandro Rodríguez, le salió al paso a lo dicho por Hernández asegurando que Carlos Vecchio y José Ignacio Hernández engañaron al país, pues la carta de separación del cargo presentada por el segundo es “espuria”.

A “Carlos Vecchio y José Ignacio Hernández, los denuncio como personas que están pretendiendo estafar y engañar a Juan Guaidó, haciéndole creer a la directiva del Parlamento que esa separación existió y jamás ocurrió”.

Para sustentar su afirmación, Jorge Alejandro Rodríguez dijo que la metadata de la carta de Hernández demuestra que el documento no existe. “Fue creada este 31 de julio entre las 3:28 y 3:33 de la tarde, es una vergüenza y un bochorno, y esta investigación ahora es cuando debe llevarse adelante”.

La orden Ejecutiva de Trump

El 5 de agosto del presente año 2019, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emitió la Orden Ejecutiva número 13.884  con la cual adoptó medidas adicionales con respecto a la emergencia nacional declarada en la Orden Ejecutiva 13.692 del 8 de marzo de 2015, con sus correspondientes enmiendas, que sirvió de base para ulteriores medidas adoptadas en Órdenes Ejecutivas posteriores, y ante la persistente usurpación del poder por Nicolás Maduro y personas asociadas con él, así como violaciones de los derechos humanos, que incluyen la aprehensión y detención arbitraria e ilegal de ciudadanos venezolanos, interferencia en la libertad de expresión, incluso contra miembros de los medios de comunicación, e intentos continuos de atentar contra el ejercicio de la autoridad legítima en Venezuela por el presidente interino Juan Guaidó y la Asamblea Nacional venezolana.

La nueva medida decreta el bloqueo de todos los bienes y participaciones en bienes del Gobierno de Venezuela por lo que no pueden ser transferidos, pagados, exportados, retirados ni negociados de otro modo.

Igualmente, contempla la suspensión del ingreso al territorio estadounidense en calidad de inmigrantes o no inmigrantes a toda persona que haya brindado asistencia material, patrocinio o apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios, en apoyo a cualquier persona incluida en la lista de Ciudadanos Especialmente Designados y Personas Bloqueadas que lleva la Oficina de Control de Activos Extranjeros cuyos bienes y participaciones en bienes estén bloqueados conforme al decreto; o esté bajo la propiedad o el control, o que haya actuado o procurado actuar en representación, directa o indirectamente, de cualquier persona cuyos bienes o participaciones en bienes estén bloqueados en virtud de este decreto.

Con la medida, queda prohibido realizar cualquier contribución o aporte de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona cuyos bienes o participaciones en bienes estén bloqueados conforme a este decreto; y recibir cualquier contribución o aporte de fondos, bienes o servicios de tal persona. También se prohíbe toda transacción que evada o eluda, o tenga el propósito de evadir o eludir, viole o procure violar alguna de las prohibiciones establecidas en el decreto.

Las disposiciones del decreto exceptúan las transacciones para llevar a cabo las funciones oficiales del Gobierno Federal por parte de empleados, beneficiarios o contratistas de este y las transacciones vinculadas con la provisión de artículos como alimentos, ropa de vestir y medicamentos que tenga como destino el uso para aliviar el padecimiento humano.

Posteriormente, el gobierno estadounidense enmendó 12 licencias y creó otras 13 que generan excepciones a las prohibiciones de la Orden Ejecutiva, entre ellas la que autoriza transacciones que involucran a “ciertas personas del gobierno de Venezuela”, salvo excepciones y permite desbloquear propiedades, en la nación norteamericana, de individuos amparados en la resolución.

Según el portal Crónica Uno esta licencia se emitió en razón de que hubo personas naturales afectadas por esa sanción que no estaban relacionadas al gobierno de Nicolás Maduro. En tal sentido, las personas autorizadas por la Licencia General N° 34 que desearan desbloquear bienes debían presentar en un plazo de 10 días hábiles, a partir de la fecha en que se desbloquea la propiedad, un informe detallado y presentarlo ante la Oficina de Asuntos Exteriores Control de activos del Departamento del Tesoro de EE. UU.

Francisco Sucre, presidente de la comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, advirtió que esta licencia no implica un levantamiento de las sanciones individuales impuestas contra altos funcionarios de la administración de Nicolás Maduro.

La Orden Ejecutiva fue celebrada por la oposición venezolana, que estimó que con la misma se protegía a CITGO de los acreedores. Del mismo modo, consideraron que la medida permitía reestructurar “las negociaciones con los tenedores de bonos, lo que había sido prohibido bajo sanciones anteriores. Eso podría ser clave para proteger a CITGO, ya que la mitad de las acciones de la compañía petrolera estatal PDVSA en la refinería se colocaron como garantía para su bono 2020”.

Juan Guaidó había solicitado a Estados Unidos emitir una orden ejecutiva para proteger a CITGO de posibles incautaciones por deudas no canceladas. "Hoy no hay posibilidad de perder a CITGO", dijo Guaidó.

AN debe reconsiderar designación de Hernández

En virtud de toda esta controversia, el economista Francisco Rodríguez, ex-asesor en materia económica del extinto Congreso de la República, emitió una extensa cadena de tweets en los que recomendó a la Asamblea Nacional reconsiderar la decisión de otorgar al Procurador Especial de la República, José Ignacio Hernández, la responsabilidad de proteger los activos de PDVSA.

Alertó que el Poder Legislativo nacional debe cuidarse de tomar decisiones que puedan ser utilizadas en su contra en las cortes estadounidenses y, por ello, estima imprescindible mantener la separación entre las decisiones del gobierno venezolano y las decisiones de PDVSA.

Rodríguez advirtió que el Procurador es abogado de la república y no de PDVSA. “Obligar a PDVSA a adoptar al abogado de la República es una práctica de control directo que da pie al argumento del alter ego y hace a la empresa vulnerable ante embargos en cortes internacionales”.

En tal sentido instó a la Asamblea Nacional a corregir el acuerdo para encomendar a la representación legal de PDVSA todo lo relacionado con la defensa de los activos de la empresa y así evitar que el citado acuerdo sea utilizado en el futuro por quienes demanden al país.

Rodríguez, que considera a la AN como la única institución reconocida por todas las naciones del mundo, llamó a esta instancia del Poder Público a solicitar con urgencia a la Organización de Naciones Unidas (ONU) una resolución para proteger los activos de Venezuela.

Luego de recordar que los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro endeudaron al país en USD 154 millardos a pesar del boom petrolero que le permitió inmensos ingresos, así como la política de expropiaciones violando tratados de protección de inversión suscritos por el país, se refirió a que en 2017 el país cayó en default de su deuda, presionado por la caída de la producción petrolera. Estas acciones trajeron como consecuencia las demandas que los afectados mantienen contra la república en instancias judiciales internacionales.

En razón de que una corte de Delaware decidió que Crystallex podía embargar las acciones de PDV Holding, dueña de la casa matriz de CITGO por el incumplimiento del laudo arbitral del CIADI, Francisco Rodríguez estima que al país le quedan dos opciones legales: solicitar una revisión de la apelación, o llevar el caso a la Corte Suprema, ambas con una baja probabilidad de éxito.
En posterior entrevista con el periodista Román Lozinski, Rodríguez alertó que los gobiernos extranjeros son quienes tienen la potestad de decidir quién controla los activos del estado venezolano en su territorio. “La potestad de controlar activos del estado venezolano en el extranjero, o de decidir quién puede controlar esos activos, le corresponde a los gobiernos extranjeros”.

Igualmente subrayó que ley estadounidense establece que un acreedor puede embargar los activos de una compañía para cobrar la deuda de su dueño “sólo si se prueba que el dueño ejerció ‘control extensivo’ sobre una compañía sin permitirle actuar independientemente. El control extensivo implica que la compañía no es autónoma sino que es utilizada como un instrumento del dueño”.

Del mismo modo, cree que una salida es instar a que Estados Unidos revoque la licencia general 5 correspondiente a los bonos 2020 de PDVSA, que niegue la licencia solicitada por Crystallex y pedir al gobierno de Donald Trump que emita una orden general protegiendo a los activos venezolanos del embargo.

Crystallex requeriría una licencia

Entretanto, el asesor del jefe de la Asamblea Nacional, Alejandro Grisanti, advirtió que para que Crystallex pueda tomar los activos de CITGO luego de la decisión judicial, es necesario que la minera solicite una licencia a las sanciones de Estados Unidos sobre PDVSA.

“La sentencia (...) establece claramente que Crystallex va a necesitar una licencia para poder ejecutar el activo”, le manifestó Grisanti a Reuters.

Por otra parte, Grisanti informó que representantes del gobierno de Guaidó en Estados Unidos solicitaron al gobierno de Trump que emitiera una orden ejecutiva que protegiera a CITGO de la incautación. “Queremos que el gobierno estadounidense entienda que lo peor que puede pasar para el final (del gobierno de Maduro) es no proteger los activos de Venezuela”.

miércoles, 28 de agosto de 2019

Conoce los últimos movimientos del caso de US Litigation PDVSA Trust que cursa en una corte de Apelaciones de EE. UU.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La acción civil que inicialmente fue interpuesta en la Corte del Distrito Sur de la Florida por el fondo de fideicomiso denominado Pdvsa US Litigation Trust contra 44 acusados —entre los cuales se encuentran grandes trasnacionales del petróleo como Glencore, Trafigura, Lukoil y Vitol Energy y otras 15 personas— se encuentra en discusión en la Corte de Apelaciones para el undécimo circuito de los Estados Unidos. En las últimas mociones, los demandantes buscan cambiar el fallo del juez de primer circuito, Darrin P. Gayles quien luego de analizar los argumentos de las partes, decidió desestimar en caso. Los demandados luchan a toda costa para que el panel de apelaciones ratifique la orden del magistrado de Miami, pero los demandantes (ahora apelantes) buscan a toda cosa que el caso sea revertido y que vuelva a los tribunales.
El junio de 2019, el escritorio jurídico Boies, Schiller & Flexner LLC consignó un recurso de apelación en la corte de apelaciones de Atlanta. El último documento del expediente, que corresponde a la respuesta a las mociones de los demandados por parte del US Litigation PDVSA Trust para que el caso sea reabierto en el tribunal de distrito fue entregado a la corte el 9 de agosto de 2019.

Los individuos y empresas que han intervenido en el caso

Esta historia cuenta con varios personajes que requieren investigación por separado. Primero, aparecen los que se otorgan el poder de litigar supuestamente a nombre de PDVSA, que son los bufetes Boies Schiller Flexner LLP y Meister Seelig & Fein LLP, (David Bois, Richard J. Cooper, Boaz S. Morag, George Carpinello, entre otros), Vincent Andrew de Private Capital Advisors, Inc., Edward P. Swyer de The Swyer Companies de Albany, Nueva York, la ex esposa de Francisco Morillo, Vanessa Acosta Friedman,  el empresario chavista, Wilmer Ruperti y otros. 

Por los demandados: Francisco Morillo, Leonardo Baquero (principales) más las empresas: Lukoil Pan American LLC, Lukoil Petroleum LTD, Colonial  Oil Industries, Colonial Group INC, Glencore LTD, Glencore International A.G, Glencore Energy U.K,  Masefiel A.G,  Trafigura A.G, Trafigura Trading LLC, Trafigura Beheer B.V,  Vitol Energy (Bermuda), Vitol S.A, Vitol INC. Y, los ejecutivos de las empresas acusadas: Andrew Summers, Maximiliano Poveda, José La Rocca (Trafigura Trading), Luis Álvarez, Gustavo Gabaldón, Sergio de la Vega (Glencore), Antonio Maarraoui (Vitol), Paul Rosado (Colonial Group), María Fernanda Rodríguez, Campo Elias Páez  entre otros.

Los que representan a Nicolás Maduro: Reinaldo Muñoz Pedroza, Alexis Arellano Bolívar, Miguel Bolívar, Nelson Martínez (fallecido),  Henry Rodríguez Facchinetti y el sustituto de Arellano en PDVSA, Manuel Alejandro Rojas Marchena. Asimismo, el actual presidente de PDVSA, Manuel Quevedo y la asesora legal de la petrolera, Hilda Cabezas, ya que ambos funcionarios fueron pautados ante el tribunal para comparecer en deposiciones y a la final no lo hicieron.

En este caso testificaron como expertos a favor de US Litigation PDVSA Trust el profesor Rogelio Pérez Perdomo, George Carpinello (abogado de Bois) y Ruth Brayer, experta en escritura de mano.

A favor de  los acusados, participaron el actual Procurador designado por el presidente de la Asamblea Nacional, y reconocido como presidente interino por más de 55 países, Juan Guaidó, José Ignacio Hernández y el profesor Rafael Badell Madrid. Ambos en calidad de expertos.

Las complejidades de la acción legal

La querella, que atravesó un complejo proceso caracterizado por obstáculos, mociones y argumentos contradictorios buscaba que los administradores del fondo de fideicomiso, controlado por al firma de abogados Boies, Schiller & Flexner LLC, lograra una compensación por más de 10 mil millones de dólares calculada por la suma aproximada de los montos negociados durante la conspiración demandada.


La demanda civil del Fideicomiso se introdujo el 5 de marzo de 2018 en la corte federal de Miami. Desde el inicio del caso, se plantearon dudas con relación a la legitimidad de la naturaleza del ente demandante y la posibilidad real de que el mismo tuviese un mandato legítimo que le permitiese entablar reclamaciones en los tribunales en nombre de la estatal petrolera PDVSA. Este argumento fue una de las bases centrales del fallo que al final del proceso emitió el juez de distrito Darrin P. Gayles, y que generó un recurso de apelación por parte de US Litigation PDVSA Trust, el cual cursa en el tribunal de Apelaciones en estos momentos y en el que se basa parte de esta nota periodística.

El juez Gayles desestimó el caso argumentando, entre otros aspectos, la falta de legitimidad del demandante PDVSA U.S. Litigation Trust. El magistrado sostuvo que el demandante no pudo  probar el hecho y la validez de la supuesta asignación hecha por Petróleos de Venezuela al fondo de fideicomiso.

US Litigation PDVSA Trust se creó bajo lo establecido en las leyes de Nueva York, supuestamente por Petróleos de Venezuela con el propósito expreso de litigar aquellas reclamaciones a las que haya lugar. Los acusados sostuvieron que dicha asignación viola la prohibición establecida en la ley Champerty (modelo de poder cuota litis) de Nueva York.

Señala que la decisión de desestimación del caso se basó en los siguientes motivos: 

1) El supuesto acuerdo de confianza, regido por la ley de Nueva York, no fue reconocido por la persona que  el fideicomiso establece como firmantes del documento a través de un certificado notarial de acuse de recibo, según lo requiere la Ley de Nueva York; 

2)Los supuestos reclamos asignados no fueron suficientemente identificados para permitir que el título de la propiedad pase al administrador, como lo requiere la ley de Nueva York; y 

3) Una decisión judicial de legitimación resultaría en una interferencia inadmisible del poder judicial de los Estados Unidos en asuntos delicados de diplomacia extranjera, reservado para el ejecutivo. 

Puntualizaciones del fallo del juez en relación a la demanda inicial



Los demandantes sostienen que U.S. Litigation PDVSA Trust se creó bajo la ley de Nueva York en 2017 a instancias del bufete de abogados Boies Schiller (junto con un financiador de litigios y un investigador privado) para perseguir  una compensación de "miles de millones de dólares" de reclamos contra los acusados por su presunta participación en una trama de corrupción contra Petróleos de Venezuela S.A., PDVSA, el gigante petrolero venezolano propiedad del Estado. 



La demanda inicial describe un intrincado esquema de corrupción que se inició desde 2004 y que habría permitido a directivos de la estatal petrolera, así como a empresas dedicadas al comercio energético, obtener beneficios provenientes de una estafa a PDVSA por más de 14 años. La conspiración permitía a los acusados armar ofertas, pagar de menos en compras y cobrar de más por las ventas, lo que supuestamente habría resultado en pérdidas de miles de millones de dólares para PDVSA.

La acción legal acusa a dos consultores venezolanos —Francisco Morillo y Leonardo Baquero— quienes supuestamente sobornaron a directivos de Petróleos de Venezuela, S.A. en connivencia con corredores internacionales para, irregularmente, obtener beneficios provenientes de los contratos de venta y suministro de la estatal venezolana.

En el documento denominado Acuerdo del Fideicomiso dice que dicha figura fue creada "por PDVSA para su único beneficio, y en nombre de PDVSA". Mediante el Contrato de Fideicomiso, PDVSA transfirió, asignó y entregó irrevocablemente todos sus derechos e intereses en los reclamos que surgen del presunto esquema de soborno a US Litigation PDVSA Trust. 

Entre las evidencias aparece una carta de compromiso firmada por  funcionarios de PDVSA, dos semanas antes de la creación del fideicomiso, para la constitución del mismo con un abogado estadounidense de los bufetes Boies Schiller Flexner LLP y Meister Seelig & Fein LLP para actuar como consejero del acuerdo.

Boies Schiller Flexner LLP, el financiador y el investigador  del fondo, controlan el litigio y confiaban que recibirían la gran mayoría (66%) de cualquier  suma lograda en la recuperación.

Uno de los argumentos resaltados por el juez de distrito Gayles es que aunque el apelante pretende tener autoridad para procesar litigios a nombre de PDVSA, "fue completamente incapaz de demostrar que tal poder para hacer las reclamaciones se le asignaron legalmente". 

Explica que el entonces ministro venezolano del petróleo, Nelson Martínez, quien aparece como firmante del Acuerdo de Fideicomiso fue encarcelado y falleció, sin nunca haber dado su testimonio en la corte. El administrador designado por PDVSA, Alexis Arellano, quien también  supuestamente firmó el Acuerdo de confianza, desapareció y nunca testificó.

El documento señala que a pesar que la corte le otorgó al demandante-apelante repetidas extensiones para que produjera el descubrimiento (evidencias) no pudo producir ningún testigo o documento de PDVSA que demostrara que legalmente la petrolera venezolana le transmitió la autoridad para hacer los reclamos a su nombre a través del fideicomiso. 


El tribunal de Distrito en Miami, después de una audiencia probatoria ante el Juez, acordó que la asignación de PDVSA al Fondo de fideicomiso "es de autenticidad y legalidad cuestionables" y, por lo tanto concluyó, que el apelante carecía de legitimidad para perseguir los reclamos de PDVSA en Estados Unidos.


El tribunal de Distrito también sostuvo que el apelante carecía de legitimidad en relación a la supuesta asignación otorgada al fondo de Fideicomiso., que había sido diseñado por terceros (el financiador, investigador y abogados) con el único propósito de ejecutar el litigio. Gayles sostiene que dicho mandato está excluido de lo establecido en la ley antichamperty (cuota litis) de Nueva York que prohíbe la asignación de reclamos "con el intención y con el propósito principal de entablar una demanda ” (según el caso Justiniano Capital SPC v. WestLB AG.)


La evidencia de registro demostró que el propósito "primario" e indiscutible para la creación del Fideicomiso y la asignación de reclamos fue iniciar un litigio contra los más de 40 demandados, El magistrado señala que por ambas razones, así como por otras,  se prueba que está en juego el origen de la confianza del ente que interpuso la demanda.


Los acusados sostuvieron a lo largo del proceso que la demanda pretendía buscar daños "para PDVSA y las personas de Venezuela ", pero en realidad, la mayor parte de cualquier recuperación (66%) iría a partes que no tienen nada que ver con PDVSA o los venezolanos: (i) 22% a Boies Schiller & Flexner LLP; (ii) 22% a una firma de investigación privada encabezada por John Brennan; y (iii) 22% a Algamex Limited, con sede en Chipre, que es el financiador del litigio controlado por William Duker, (un ex abogado que fue inhabilitado y se declaró culpable de defraudar a los Estados Unidos. Para mayor detalles leer el caso Estados Unidos v. Duker, No. 97-cr-00822).  El juez reafirmó que fueron estas tres partes las que buscaron para crear el  US Litigation PDVSA Trust con el propósito expreso de perseguir este litigio.

Los intringulis según los documentos de la corte


En 2017, el investigador privado John Brennan (que estaba trabajando para Vanessa Acosta Friedman, la esposa del acusado, Francisco Morillo) se acercó a William Duker para consultarle el caso.  Brennan supuestamente descubrió información que podría ser  "una oportunidad" y solicitó la "opinión de Duker" sobre qué podría hacerse". Duker, a su vez, se acercó al bufete Boies Schiller para que evaluara e hiciera la  demanda, presentada en marzo de 2018, en la cual se alega la existencia de una conspiración multinacional para "saquear" PDVSA, tal como se describió anteriormente.

En la moción interpuesta ante el tribunal de apelaciones, los acusados citan el fallo del juez de distrito, al señalar que en lugar de que PDVSA afirme sus propios reclamos, Boies Schiller, Algamex, y (supuestamente) ciertos funcionarios venezolanos buscaron crear un "fondo" para adquirir y litigar las reclamaciones de PDVSA. Según la propia admisión del demandante, el propósito de este acuerdo inusual era "aislar" el Litigio de la "influencia" en Venezuela, incluido el de los gobiernos posteriores".


El propósito del fideicomiso -dicen en la cita-  es asegurar que este litigio se lleve a cabo sin ninguna interferencia del gobierno o los políticos de Venezuela, una vez que el proceso se iniciara.

El documento destaca que "aunque el Acuerdo de Fideicomiso pretende hacer en nombre de PDVSA los reclamos en los tribunales, a través de los cuales supuestamente buscan cobrar pagos de miles de millones de dólares, dicho acuerdo no fue aprobado por el Presidente de PDVSA o por su Junta Directiva. En cambio,  tanto el acuerdo de fideicomiso, como la transferencia de poder para los reclamos fueron supuestamente autorizados y aprobado únicamente por dos personas: Nelson Martínez (para entonce Ministro de Petróleo) y Reinaldo Muñoz Pedroza (Contralor del gobierno de Nicolás Maduro). Martínez supuestamente firmó en nombre de PDVSA pero al poco tiempo, el exministro fue encarcelado por cargos de corrupción y ejecución, sin autorización, de contratos en nombre de un afiliado de PDVSA. Muñoz, "se autodenominó Procurador General de Venezuela", ya que la Asamblea Nacional de Venezuela, que Estados Unidos identifica como "la única rama legítima del gobierno debidamente elegida por el pueblo venezolano ”,  nunca lo reconoció como tal. 


El documento dice que el supuesto papel de Muñoz era proporcionar las aprobaciones legales necesarias. "A pesar de las numerosas solicitudes de los apelados para las declaraciones de Martínez y Muñoz, el apelante nunca los  presentó para testificar". Los apelados solo pudieron deponer a David Boies y a William Duker con respecto a la formación ostensible de fondo,  ninguno de los cuales fue testigo de la firma del Acuerdo de Fideicomiso

El apelante también ofreció correos electrónicos de evidencia que supuestamente reflejan intercambios de borradores de los acuerdos de confianza con un supuesto representante del gobierno venezolano llamado Henry Rodríguez Facchinetti.  Pero Facchinetti no utilizó ninguna dirección de correo electrónico oficial del gobierno de Venezuela, "en su lugar, utilizó una dirección de correo electrónico personal @gmail.com".  Ninguno de los intercambios de correo electrónico incluye a Martínez o Muñoz, sostuvo el juez en sus alegatos.


Los términos del acuerdo de confianza 


El documento que US Litigation PDVSA Trust supuestamente se formó y se rige por Ley de Nueva York y su  propósito declarado es "facilitar el enjuiciamiento" de los reclamos supuestamente transferidos por PDVSA. El Fideicomiso es administrado por tres Fideicomisarios y la mayoría de las decisiones "se tomarán por mayoría de votos".  

Dos de Fideicomisarios fueron nombrados por firmas de Abogados de los Estados Unidos", es decir, Boies Schiller otorgando a Boies Schiller y a su financiador e investigador un control práctico sobre el fondo. El tercer administrador, Alexis Arellano, fue nombrado por Nelson Martínez.  El acuerdo de fideicomiso supuestamente está firmado por los dos fideicomisarios designados por la firma de abogados, Arellano, Martínez y Muñoz. 



Sostienen que ninguna de esas firmas estuvo acompañada de una certificación o notarización contemporánea.  


Explica que el Acuerdo de Fideicomiso incorpora por referencia una "Carta de Compromiso" supuestamente firmada por Nelson Martínez. "De conformidad con el Contrato de Fideicomiso y la Carta de Compromiso, Boies Schiller, Algamex y el Grupo Brennan mantienen la recuperación completa después de pagar PDVSA 34% de la "suma bruta recuperada".



La situación política de Venezuela 


La agitación política en Venezuela infecta todos los aspectos de este caso, sostuvo en juez en su decisión. "Apenas cinco días después de la fecha del Acuerdo de Fideicomiso, el Departamento de Estado de EE. UU. determinó que la legislatura paralela del presidente Nicolás Maduro, la Asamblea Nacional Constituyente, era "ilegítima". En julio 2017, la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos para el Control de Activos Extranjeros también agregó Maduro a la lista de ciudadanos nacionales especialmente designados de la OFAC, dejando clara "su" oposición a las políticas del régimen de Maduro". 

En cuestión de meses, Nelson Martínez estaba bajo la custodia del servicio de inteligencia venezolano (SEBIN). 

El 24 de abril de 2018, poco después que el litigio fue presentado en la Corte de Miami, la Asamblea Nacional venezolana elegida democráticamente y reconocida oficialmente por los EE. UU. denunció a US Litigation PDVSA Trust como inconstitucional y declaró que el supuesto firmante del acuerdo, es decir, el procurador que representaba al régimen de Maduro, Muñoz, fue nombrado ilegítimamente. 

En noviembre de 2018, el gobierno de Donald Trump promulgó nuevas sanciones contra Venezuela y designó a PDVSA como una entidad bloqueada en Estados Unidos.  Cuando el Tribunal de Distrito desestimó este caso, el presidente Trump había emitido órdenes que describían el régimen de Nicolás Maduro como "ilegítimo", reconociendo a Juan Guaidó, como el Presidente interino de Venezuela. 



El presidente Trump también promulgó nuevas sanciones contra PDVSA debido a los "intentos continuos de Maduro de socavar la Asamblea Nacional y para prevenir  que Guaidó y la Asamblea Nacional por ejercieran autoridad legítima en Venezuela. 



Detalles para entender en caso


Tal como se informó antes, US Litigation PDVSA Trust presentó la acción legal el 3 de marzo de 2018,  alegando que que los acusados habían participado en una conspiración de gran alcance para, entre otras cosas, "fijar precios, ofertas de aparejos y eliminar la competencia" en el proceso de licitación de PDVSA y "saquear sistemáticamente PDVSA" mediante sobornos y corrompiendo a sus funcionarios.

El 2 de abril de 2018, El juez de Distrito (Miami) Darrin Gayles remitió el caso a la jueza magistrada, Alicia Otazo Reyes para que ejecutara todos los asuntos previos al juicio. Seguidamente, la Corte otorgó la solicitud, programó una audiencia probatoria y pospuso otros plazos de caso hasta que se resolvió la posición del apelante. 



El Tribunal estableció un calendario que permitía a cada uno de los  demandantes y acusados estableciendo cuatro declaraciones de hecho. Los demandados solicitaron a los signatarios del fondo, Martínez, Muñoz, Arellano y un representante de PDVSA, comparecer y autenticar las firmas de acuerdo a lo establecido por la Regla 30 (b) (6). 


La jueza Otazo-Reyes otorgó al demandante múltiples extensiones y aplazamientos para organizar las declaraciones de estos testigos críticos, pero nunca comparecieron. US Litigation PDVSA Trust afirmó que Nelson Martínez, quien supuestamente firmó el Acuerdo de Fideicomiso en nombre de PDVSA,  no podía comparecer porque fue arrestado y encarcelado en Venezuela. 

Los apelados solicitaron la deposición del sucesor de Martínez, es decir, del Ministro de Petróleo, Manuel Quevedo, pero éste se negó a aparecer. Asimismo solicitaron la deposición de Muñoz, y el demandante  prometió en múltiples ocasiones la comparecencia del supuesto Procurador General de Venezuela, como signatario de la Acuerdo, pero Muñoz canceló abruptamente su cita, tres días antes de que finalmente se programara, alegando que el presidente Maduro de repente, le prohibió salir del país. 

Esa cancelación de última hora resultó en la imposición de sanciones al demandante. 

Posteriormente, el demandante acordó la presencia de la Dra. Hilda Cabeza, Asesora Legal de PDVSA, para testificar sobre la autoridad de los signatarios del Acuerdo de Fideicomiso para establecer el Fideicomiso, ejecutarlo o transferir o asignar reclamos de PDVSA al Fideicomiso y sobre la delegación de autoridad, autorización o aprobación por parte de PDVSA, del gobierno venezolano o cualquier funcionario del gobierno venezolano sobre el Fideicomiso. Pero al igual que con Muñoz, el demandante canceló la declaración de Cabeza dos días antes de que se llevara a cabo, nuevamente por el supuesto motivo de que el presidente Nicolás Maduro le había impedido repentinamente al testigo de salir del país.  

Esa cancelación también resultó en sanciones monetarias a recurrente contra el demandante. 

Los demandantes tampoco pudieron presentar la testificación de Arellano, "el único administrador designado por PDVSA", alegando  que Arellano estaba "desaparecido".  Como alternativa, depusieron a Boies y Duker. Ambos reconocieron que no tenían conocimiento personal de la ejecución del Acuerdo de Fideicomiso. 

El Descubrimiento de hechos sobre la situación ocurrió el 11 de junio de 2018, tiempo en el cual el apelante no presentó testigos relevantes con conocimiento personal sobre la creación del fondo, el poder de los supuestos signatarios para transmitir los reclamos, o las circunstancias bajo las cuales el Acuerdo de Fideicomiso supuestamente fue firmado. PDVSA tampoco produjo ningún documento.

Los argumentos del demandante con respecto a las restricciones de viaje de los testigos fueron consideradas como falsas: Muñoz y Cabeza viajaron fuera de Venezuela después de que el demandante argumentara que a cada testigo se le había prohibido salir del país por orden del presidente Maduro. 

Posteriormente, el demandante ofreció que los testigos podían hacer su deposición desde Venezuela mediante videollamadas pero los acusados no aceptaron esta propuesta porque, basándose en la orientación del Departamento de Estado y las objeciones de Venezuela a la Convención de La Haya, sería una violación de la ley venezolana tomar una deposición voluntaria que no sea aprobada de conformidad con la autoridad  central venezolana y en el contexto del sistema judicial de ese país. 

Seguidamente, y una vez que se extendió el plazo, el demandante intentó remediar sus fallas fatales de evidencia mediante la solicitud para presentar varios documentos "recién creados" y testigos "recién encontrados". 

La jueza Otazo-Reyes rechazó estos intentos de última hora asegurando que los mismos buscaban "rellenar la ausencia de evidencias para sostener la legitimidad de la creación y legitimidad del fondo".  Luego de más de un mes del cierre del Descubrimiento, y de casi siete semanas después de que el apelante canceló la deposición de Muñoz, intentaron por primera vez presentar un "reconocimiento de la firma" de Muñoz, supuestamente firmado por Muñoz ese mismo día. 

En la víspera de la audiencia permanente, el apelante ofreció a un testigo nuevo nunca revelado, Marcos Alejandro Rojas Marchena, quien supuestamente acababa de ser nombrado administrador de PDVSA para reemplazar a Arellano, quien había desaparecido meses antes. 

La jueza Otazo-Reyes negó que al fondo esa posibilidad. 

Después del primer día de la audiencia, el demandante intentó presentar un supuesto "reconocimiento" de su firma del acuerdo de Fideicomiso por parte de Nelson Martínez,  quien supuestamente lo había ejecutado el día anterior en una prisión militar venezolana.

Debido al momento y las circunstancias de su intento de introducción, se excluyeron esas tres pruebas. 

La evidencia presentada en la audiencia permanente fue la siguiente:

(1) el Contrato de Fideicomiso para la introducción de pruebas, junto con ciertas pruebas que pretenden autenticarlo, y 

(2) el testimonio de un testigo experto en derecho venezolano.

El demandante intentó autenticar e introducir el Acuerdo de Fideicomiso a través del testimonio de George Carpinello (un abogado de Boies Schiller), Ruth Brayer (una experta en escritura a mano) y Marcos Rojas Marchena, supuesto "reemplazo" de Arellano.

El demandante también trató de introducir correos electrónicos en los que supuestamente se intercambiaron borradores del Acuerdo de Fideicomiso con representantes del gobierno venezolano.

La jueza Otazo-Reyes prohibió a Carpinello testificar bajo la regla del testigo defensor, pero permitió una declaración de su testimonio,  en el cual principalmente relató su experiencia en el envío y recepción de los borradores del acuerdo.

La jueza también prohibió a Rojas Marchena testificar después del aviso de último minuto del demandante y de no presentarlo para una deposición.

La experta en escritura a mano, Ruth Brayer, declaró que había "comparado" las supuestas firmas del Acuerdo de Fideicomiso de Martínez, Muñoz y Arellano a los "ejemplares", pero su metodología planteó serias dudas sobre la fiabilidad de sus análisis.

Finalmente, el demandante llamó al profesor Rogelio Pérez Perdomo para testificar en temas de derecho venezolano. Pérez admitió que no estaba calificado para testificar sobre las leyes administrativas o de hidrocarburos de Venezuela que se aplicaron a PDVSA y fueron -en parte- determinantes para determinar la legalidad del supuesto acuerdo de transferencia de poder.

El profesor Pérez testificó que "bajo su análisis del derecho constitucional general, el Acuerdo de Fideicomiso no requirió la aprobación de la Asamblea Nacional y que Martínez y Muñoz sí tenían la autoridad para firmar el Acuerdo de Fideicomiso". 

Los acusados se opusieron a la admisión del Acuerdo de fideicomiso como prueba, argumentando que el demandante no había establecido la autenticidad del documento o la autenticidad de las firmas del documento, que fue objeto de una moción de sanciones pendiente en ese momento, y que debería excluirse porque los acusados no pudieron deponer a ningún testigo de PDVSA con  conocimiento personal del documento, su creación, la autenticidad de las firmas, o las circunstancias bajo las cuales supuestamente se creó.

El juez se reservó el fallo sobre la admisibilidad del Acuerdo de Fideicomiso.

Los apelados presentaron dos expertos en derecho venezolano: los profesores José Ignacio Hernández y Rafael Badell Madrid. En contraste con el experto del demandante, Hernández y Badell Madrid fueron considerados calificados en varios temas, incluyendo, respectivamente, las leyes administrativas y de hidrocarburos de Venezuela.

Testificaron que, entre otros, los firmantes del Acuerdo de Fideicomiso carecían de autoridad legal para celebrar dicho acuerdo en nombre de PDVSA y que dicho acuerdo delegó indebidamente a terceros la investigación requerida de daños a la propiedad pública. 

La recomendación del juez  y la decisión del tribunal de distrito

El 5 de noviembre de 2018, el juez Otazo-Reyes recomendó desestimar la demanda por falta de legitimación del acuerdo, confirmando que el demandante no había logrado autenticar la creación del fondo.

En segundo lugar, el apelante "no pudo apoyar su afirmación de que tiene una asignación válida de PDVSA al no cumplir con el descubrimiento permanente", lo que justifica la exclusión del Acuerdo de Fideicomiso como una sanción de descubrimiento. 

Tercero, habiendo pretendido crear el fideicomiso bajo la ley de Nueva York, el fondo violó la prohibición de la Ley Champerty de ese estado y por lo tanto recibió una asignación no válida.

Cuarto, el Acuerdo de Fideicomiso no logró cumplir con ciertos requisitos de la ley de fideicomisos de Nueva York para la creación de un fondo válido.

Quinto, el Acuerdo de Fideicomiso era inválido bajo Nueva Ley de York porque no pudo identificar suficientemente su cuerpo constitutivo. 

Sexto, la supuesta asignación no era válida, según la ley venezolana, porque los supuestos signatarios del gobierno venezolano carecían de autoridad legal para asignar los reclamos en nombre de PDVSA y no cumplieron con ciertos procedimientos legales venezolanos necesarios.

El demandante se opuso al fallo. 

El 8 de marzo de 2019, el Tribunal de Distrito adoptó en parte el informe y la recomendación de la jueza Otazo-Reyes y emitió sentencia para los demandados, concluyendo que el Fondo carecía de legitimación según el artículo III. App. 1788-1798. 

El tribunal de Distrito acordó que el apelante no pudo establecer que el Acuerdo de Fideicomiso fuera admisible porque no pudo autenticar tres firmas clave, incluida la de "cualquier persona con autoridad para tomar medidas en nombre de PDVSA ", a través del testimonio de los firmantes, el abogado del Litigation Trust o su experto en escritura a mano. 

El Tribunal de Distrito también acordó que el US Litigation PDVSA Trust no podría, sin un Acuerdo de Fideicomiso autenticado, establecer la posición del Artículo III App. 1807–08. Si bien el Tribunal de Distrito "reconoció  las reiteradas violaciones de descubrimiento por parte del Demandante, a menudo seguidas de dudosas excusas", el juez  no adoptó la decisión recomendada por el magistrado Otazo-Reyes que excluye el Acuerdo de Fideicomiso como una sanción, señalando que la cuestión era "discutible, ya que el Tribunal considera inadmisible el Acuerdo de Fideicomiso".

El Tribunal de Distrito también sostuvo que no había una asignación válida que podría respaldar la posición del Apelante según el Artículo III, porque la supuesta asignación en el Acuerdo de Fideicomiso, realizada con el propósito principal del litigio sobre las reclamaciones de PDVSA no era válido según la ley de Champerty de Nueva York.

El Tribunal no cumplió con las dos leyes alternativas de Nueva York, motivos por los cuales el juez magistrado anuló el acuerdo de fideicomiso.

El Tribunal de Distrito también se negó a pronunciarse sobre las cuestiones de derecho venezolano, pero señaló que la resolución de la Asamblea Nacional, que denuncia la confianza del litigio como inconstitucional bajo la ley venezolana,  apoya el despido del mismo bajo los principios de cortesía. 

El Tribunal de Distrito no llegó al argumento de la pregunta sobre las circunstancias políticas de Venezuela argumentadas por los acusados, porque el Juez se había reservado el juicio al respecto.

Luego del fallo el demandante introdujo el recurso de Apelación en la Corte de Apelaciones de Atlanta. Frente al recurso, los acusados sostienen que el Tribunal de Distrito desestimó correctamente la demanda en este caso porque  el demandante carecía de legitimación, y que por tanto, la Corte de Apelaciones no debe perturbar la decisión del Tribunal de Distrito de que el demandante, ahora apelante no pudo probar, con evidencia admisible, que estaba autorizado para actuar en nombre de PDVSA. 

Agregan que el Tribunal de Distrito excluyó el Acuerdo de Fideicomiso porque el Apelante no autenticó las firmas en el Acuerdo o el Acuerdo en sí, a pesar de las numerosas oportunidades que tuvo para hacerlo. "La Corte de Distrito no estuvo cerca de abusar de su discreción sobre estas decisiones probatorias". En cualquier caso, incluso si se hubiera admitido el Acuerdo de Fideicomiso, habría sido insuficientes para establecer una asignación válida, legal y autorizada.

Segundo- sostienen los acusados (apelados) en su moción- que sí hubiera ocurrido una asignación autorizada, el Tribunal de Distrito dictaminó correctamente que la misma violaría la prohibición de Champerty de Nueva York.

Tercero, la desestimación de la demanda del Tribunal de Distrito puede afirmarse por varios motivos alternativos. El Acuerdo de confianza no fue "reconocido por la persona firmante para establecer el fideicomiso "a través de un certificado de reconocimiento notariado como lo exige la ley de Nueva York. Además, las reclamaciones supuestamente asignadas no están "suficientemente designadas o identificadas para permitir el título de la propiedad para pasar al administrador", como también lo exige la ley de Nueva York.

Por último, la cuestión política. La doctrina excluye una decisión del apelante porque considera la asignación válido requeriría una interferencia inadmisible por parte del poder judicial en cuestiones de diplomacia extranjera reservadas para el ejecutivo. 

En la próxima entrega les daremos detalles de la moción de respuesta de US Litigation PDVSA Trust donde pide al tribunal de Apelaciones de Atlanta que revoque el juicio del tribunal del Distrito Sur de la Florida y que el caso contra los acusados sea remitido para continuar con los procedimientos de rigor.