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jueves, 28 de septiembre de 2017

Guerra entre fiscales saca a la luz escándalos en la asignación fraudulenta de contratos de la Faja Petrolífera del Orinoco

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El estado Anzoátegui es el escenario donde se protagoniza uno de los escándalos de corrupción más grande que se haya conocido en la historia la industria petrolera venezolana. Grupos de contratistas saquearon las finanzas de PDVSA sin que haya habido la aplicación de la justicia a los responsables de los delitos cometidos. Por más de una década, un sin número de supuestos empresarios lograron asaltar el erario nacional a través de esquemas de corrupción conformado por empresas de pantallas que ofrecían servicios y venta de equipos con sobreprecios, y que gracias al pago de sobornos a funcionarios del gobierno, obtenían jugosos contratos públicos que los convirtieron en millonarios de la noche a la mañana.
Saab y Ortega Díaz se enfrentan, imagen publicada por Notimpacto.Com

Las múltiples denuncias formuladas por años dejaban claro el enriquecimiento ilícito de los contratistas que tenían miliares y amigos en la gobernación del estado Anzoátegui, alcaldías en manos del Psuv, Pdvsa y la Faja Petrolífera del Orinoco, entre otros entes. Las alertas fueron ignoradas por las autoridades de Pdvsa y por los órganos fiscalizadores del Estado venezolano hasta que se produjo la crisis del régimen que condujo a la salida de la Fiscal Luisa Ortega Díaz al exilio y la designación de Tarek William Saab por parte de la Asamblea Nacional Constituyente.
Un lento despertar

La fiscal destituida por la ANC, Luisa Ortega Díaz destapó al final de su gestión una serie de casos que por su salida no fueron procesados completamente. Nombres de empresas como Constructora Conkor (ligada a Saab) salieron a relucir por haber logrado contratos con sobreprecios a través de sus conexiones políticas y del pago de sobornos. Ver detalles de los señalamientos de Ortega Díaz donde menciona al fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente y al exdirector de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) como corresponsables de los casos de corrupción.

Ortega Díaz habría realizado investigaciones que la llevaron a descubrir una serie de irregularidades en la Faja Petrolífera del Orinoco. Luego de su salida se supo que se habían realizado auditorías en Pdvsa que luego fueron constatadas por el Ministerio Público donde se encontraron numerosos hechos de corrupción que quedaron sancionados.

En el mes de marzo de 2017, Ortega Díaz imputó a los presidentes de dos subcontratistas que habrían cobrado sobreprecio en la adquisición e instalación de dos monoboyas del terminal de almacenamiento y descarga de crudo José Antonio Anzoátegui, operado por la estatal petrolera PDVSA.

En febrero la fiscalía imputó por este mismo caso al ex gerente general y al ex superintendente de Ingeniería de la instalación, Jesús Osorio y Ramón Castillo, respectivamente.

Los detenidos por orden de Ortega Díaz fueron: Hernán Guevara, de Guevara Training C.A., y Miguel Ángel Castillo Lara, de Castillo Max Oil and Gas, acusados de cometer peculado “relacionado con la adquisición, desinstalación e instalación de dos monoboyas, valoradas en 76,2 millones de dólares”.

En julio de 2017, el Ministerio Público citó a comparecer ante la fiscalía a los directivos de la Constructora Conkor por irregularidades en contrataciones con la Faja Petrolífera del Orinoco. 

El fiscal 55 nacional imputó a los directores de la empresa y que debieron haber comparecido al Ministerio Público el 25 de julio de 2017.

Los citados fueron Alejandro Ruiz, presidente de la compañía, y el vicepresidente, Elías Ramón Koury ambos señalados por ser testaferros de Tarek William Saab. Las empresas de los mencionados empresarios obtuvieron contratos millonarios de Pdvsa, de la faja Petrolífera del Orinoco y de la Gobernación del estado Anzoátegui bajo la gestión del fiscal designado por la ANC.

Saab se aprovecha de investigaciones hechas por Ortega Díaz

Las denuncias públicas hechas a través de una cuenta de la red social Twitter @DIGNIDADMP aseguran que las investigaciones anunciadas por Tarek William Saab estaban realizadas antes de su llegada al Ministerio Público. He aquí algunos de esos tweets.






Saab persigue a otros corruptos, y calla sobre Conkor

Una vez posesionado de su cargo, el fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab decidió no tocar el tema de Conkor, sino que se dedicó a denunciar a otro grupo de empresas que también participaron en el enorme saqueo a las finanzas de Pdvsa. Saab ordenó el arresto de los dueños de las empresas relacionadas con el Grupo Urbano Fermín, los hermanos Carlos Eduardo, Carlos Enrique y Carlos Esteban Urbano Fermín. Carlos Esteban fue detenido por el Sebin y los otros son prófugos de la justicia, y según el mismo Saab se encuentran escondidos en los EEUU.

Saab calificó al Grupo Urbano Fermín de ser parte de una de las mafias petroleras que están bajo investigación y auditoría interna de PDVSA. 

Saab informó que habían sido auditadas 17 empresas, comprometidas con este desfalco y que se había procedido a incautar bienes del contratista Carlos Urbano F. entre los que figuraban 653 vehículos, firmas constructoras, maquinaria, el diario El Norte, compañías de transporte, agropecuarias, centros médicos, fincas y mansiones, que serán administrados por la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada.

En un comunicado del Ministerio Público dice que Urbano Fermín es uno de los propietarios y gerente general de la constructora Cuferca, acusada de ser centro de un esquema de corrupción.

Saab aseguró que la empresa Cuferca y otras 16 corporaciones recibieron contratos en la Faja Petrolífera del Orinoco de manera ilícita. Aseguró que las empresas estaban involucradas en "uno de los desfalcos más escandalosos de los últimos 30 ó 50 años".

Saab aseguró que "con 10 contratos hemos detectado más de 230% de sobreprecio, para un daño patrimonial por 200 millones de dólares. Se otorgaron a dedo aproximadamente 41.000 contratos cuyo monto oscila en más de 35.000 millones de dólares".

El fiscal designado por la ANC afirmó que irá hasta el final para que, aparte de la incautación de bienes y la aprehensión de los responsables, venga la repatriación del dinero presuntamente saqueado a la nación.

De acuerdo a las leyes vigentes en Venezuela, los contratistas acusados enfrentan cargos por peculado doloso, asociación para delinquir, legitimación de capitales y concierto con funcionario contratista, que prevén penas de cuatro a 12 años de prisión.

El cártel de las villas de los hermanos Urbano Fermín

Según información publicada en varios medios de comunicación, los contratistas acusados por Saab y otros asociados se habrían constituido como un auténtico cartel que escogió a la República Dominicana para legitimar los dineros obtenidos de los jugosos contratos suscritos con la administración pública y, principalmente, en la Faja Petrolífera del Orinoco. 

Los apellidos Urbano Fermín habían salido a relucir en varios escándalos de corrupción y varios empezaron hacer referencia a ellos como el “Cartel de Las Villas de Lecherías”, en alusión al lujoso condominio ubicado en la capital del municipio Diego Bautista Urbaneja del Estado Anzoátegui. Tal denominación la adquirió en 2005 el grupo integrado por los hermanos Carlos Arturo,  Carlos Esteban y Carlos Eduardo Urbano Fermín, así como Carlos Enrique Hernández Zamora, Pedro García, alias “El Cuñao”, y Nelson Bustamante todos miembros del Grupo Urbano Fermín. Todos estos sujetos habrían sido amparados por años por Pedro León, expresidente de la Faja Petrolífera del Orinoco, quien se constituyó en uno de los funcionarios públicos más corruptos de la empresa petrolera y uno de los principales proveedores de contratos fraudulentos. León estuvo prófugo de la justicia venezolana por varios meses tras una orden de captura emitida por la entonces fiscal, Luisa Ortega Díaz. León se refugió en República Dominicana hasta que por razones hasta ahora desconocidas decidió entregarse a las autoridades. Supuestamente permanece arrestado en en Caracas a la espera del inicio del proceso criminal en su contra.

Las empresas del Grupo Urbano Fermín

El Grupo Urbano Fermín estaba integrado por Grupo Médico Total Puerto La Cruz y Lechería, Diario El Norte, La Pascual Mall, Concremix Oriente, C.A., Agroindustrial La Fundadora, Premezclados y Agregados Los Llanos, Dimasufca, Cuferca y Transufca, que se presentaban como “un conjunto de empresas cien por ciento venezolanas, con más de diez años de experiencia y tradición, líderes en el ramo de la construcción, transporte, servicios y suministros de materiales, alquileres de equipos de última tecnología para la construcción petrolera y civil, así como pioneros en la industria de la carpintería y ebanistería”.

De estas compañías destaca la Constructora Urbano Fermín, C.A., Cuferca , que al parecer fue el caballo de batalla de los negocios emprendidos por el grupo y que, según su página web, a la fecha se encarga de desarrollar los siguientes proyectos: Construcción de Red Doméstica, Guanta. Municipio Guanta, Estado Anzoátegui. Fase I; Construcción de Red Doméstica y Líneas Internas, Municipio Libertad, Estado Anzoátegui. Fase I; Extensión de Red Doméstica, Parroquia Chorrerón, Municipio Guanta, Estado Anzoátegui. Fase II;  Extensión Red Doméstica y Líneas Internas (Los Jardines y Alí Primera, Municipio Anaco, Estado Anzoátegui. Fase II; Servicio de Suministro de Equipos para Izamiento y Levantamiento de Cargas para actividades de producción de los nuevos desarrollos del Bloque Junin- Faja Petrolífera del Orinoco; Desinstalación del separador de agua libre ubicado en la E.F. Tucupita e instalación en plataforma ELS-31, Campo El Salto; Escarificación y Asfaltado de calles y avenidas en diferentes sectores del Municipio Libertad, Estado Anzoátegui; Rehabilitación Mayor de la Carretera Troncal 15, Tramo: Valle De La Pascua – El Tigre; Estado Guárico Y Anzoátegui, Sub Tramo III; Rehabilitación de las Vialidades del Casco Central de Puerto Ayacucho, Estado Amazonas. (Extensión obra Troncal 15).

Otros escándalos

Carlos Eduardo y Carlos Esteban Urbano Fermín, figuraron dentro del grupo conformado por 276 personas a quienes en 2009 les decomisaron un carnet que los acreditaba como subcomisarios de la Policía de Anzoátegui y que les servía para fines distintos a su naturaleza, tales como abuso de poder. Igualmente se les tiene como financistas de las campañas electorales de Nelson Moreno (ex-presidente del Consejo Legislativo del Estado Anzoátegui y actual gobernador de esa entidad), de Jhonathan Marín (alcalde de Guanta) y Stalin Fuentes (alcalde de Puerto La Cruz). Ver detalles aquí.

De las relaciones con los citados funcionarios chavistas, los hermanos Urbano Fermín obtuvieron jugosos contratos cuya ejecución, en muchos casos, ha sido seriamente cuestionada.

Por ejemplo, según denuncias dadas a conocer en los medios del estado, de la mano de Nelson Moreno se hicieron adjudicatarios de los contratos para la construcción del Mercado Municipal de la ciudad de Puerto La Cruz, una obra que a la fecha continúa inconclusa pese a la inversión millonaria que significó. Fecha del contrato 15-10-2008; culminación del Boulevard Sur del Paseo Colón. Fecha del contrato  29-12-2008; cloacas del Sector Los Manglares de la ciudad de Puerto La Cruz. Fecha del contrato 29-12-2008; obras de Urbanismo. Fecha del contrato 29-12-2008. 

Por su parte, el alcalde Jhonathan Marín les entregó contratos para: construcción de obras para mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio Guanta (Obra genérica). Fecha del contrato 13-03-2009; remoción y pintura, impermeabilización de techos y tanques en el Conjunto residencial Los Cocalitos. Fecha del contrato 09-02-2010; remoción y Construcción de Cerca Perimetral en Centro de Educación Inicial y Gimnasio Adriana Carmona. Fecha del contrato 10-05-2010; demolición y construcción de Puentes de la Av. Arizaleta Guanta. Fecha del contrato 08-06-2010.

Avión para el “Pollo” Carvajal

Los apellidos Urbano Fermín salieron a relucir en la reseña que el diario español ABC  hizo el 4 de agosto de 2016 en la que daba cuenta de la contratación por parte del gobierno de Nicolás Maduro del exmagistrado de la Audiencia Nacional Española, Baltasar Garzón, para que cuestionara la validez de los procedimientos utilizados por EEUU para acusar a los sobrinos de la pareja presidencial declarados culpables de conspiración para introducir 800 kilos de cocaína a esa nación, así como de otros funcionarios venezolanos envueltos en casos de narcotráfico, entre ellos el general Néstor Reverol y Edylberto Molina. Para preparar su informe, Garzón se reunió a final de julio de 2016 en Margarita con el general retirado Hugo Carvajal, alias “El Pollo”, también con acusaciones en Estados Unidos por tráfico de drogas. 

Al Aeropuerto Internacional del Caribe “Santiago Mariño”, Garzón arribó en una aeronave propiedad de Carlos Eduardo Urbano Fermín, quien lo habría acompañado desde el Aeropuerto Internacional de Las Américas “José Francisco Peña Gómez”, situado en República Dominicana. Conocer más detalles aquí.

En un escrito de rectificación enviado por el ex-magistrado Baltazar Garzón éste niega la afirmación hecha en el reportaje del diario ABC y que es citado en este trabajo relacionada a su supuesta reunión ocurrida en julio de 2016 en Margarita con un capo del cártel de los Soles y a supuestas relaciones con funcionarios del gobierno de Venezuela acusados de delitos de narcotráfico. Ver reportaje del Diario ABC de Madrid citado como fuente en esta nota periodística aquí


El diario español refiere que Urbano Fermín “cuenta con un «amplio dossier de corrupción», vinculado sobre todo a operaciones con la petrolera estatal PDVSA, y tiene estrecha relación con Hugo Carvajal, por lo que él debió de haber mediado para el encuentro”.

Al poder económico y amplias relaciones con el sector oficial que poseen los hermanos Urbano Fermín, se le suma el poder mediático al haber adquirido en octubre de 2014 el Diario El Norte que hasta entonces había sido propiedad de Umberto Petricca. Hoy en día, tal como se reseñó al inicio el Ministerio Público confiscó ese medio de comunicación junto a otras propiedades de los acusados.

Cabe destacar que el diario El Norte es el único medio impreso del Estado Anzoátegui que no  ha reportado fallas en el suministro papel periódico por parte del Complejo Editorial “Alfredo Maneiro”. 

Los negocios petroleros

De los contratos con los ayuntamientos anzoatiguenses, los Urbano Fermín y su supuesto Cartel de Las Villas de Lecherías, habrían dado el gran salto para convertirse en proveedores de servicios petroleros, obviamente, con mayores y más sustanciosas ganancias.

Así que, incluso con críticas provenientes Cuerpo de Inspectores Socialistas de la Presidencia de la República, Cuferca pasó a manejar el transporte del coque en el Complejo Criogénico “José Antonio Anzoátegui”. Un trabajo que se comprobó que también era llevado a cabo con irregularidades, por cuanto se sobredimensionaba la labor realizada por la empresa de los Urbano Fermín al, por ejemplo, al reportarse una movilización de 500 toneladas de coque cuando en realidad sólo se habían movilizado 100 toneladas.

La inspección oficialista habría encontrado graves irregularidades en la organización de capital mixto “Servicios Logísticos Petroleros Orinoco, S.A”, una empresa mixta constituida entre el Grupo Urbano Fermín y la Corporación Venezolana del Petróleo,  CVP.

“Los inspectores reseñan la constitución de la Empresa de Capital Mixto ‘Servicios Logísticos Petroleros Orinoco, S.A.’, en fecha 06 de noviembre de 2014, por la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP), representada por Eulogio del Pino, presidente de PDVSA, y la empresa Constructora Urbano Fermín, C.A. (CUFERCA) representada por Carlos Eduardo Urbano Fermín, vicepresidente. A esta empresa privada se le han asignado diferentes contratos entre los que destacan: servicio de acarreo de coque en la empresa Petroanzoategui donde aún cursan demandas de los trabajadores ante la Inspectoría del Trabajo por incumplimiento de los derechos fundamentales, además de números contratos de alquiler de equipos de izamiento, maquinarias pesada, equipos de carga, camiones tipo vacum en varias empresas mixtas de la faja. Los inspectores, sin embargo, verificaron que gran cantidad de equipos contemplados dentro de los referidos contratos, están inoperativos. En la localidad se vincula la citada empresa con el alcalde del Municipio Guanta, Jonathan Marín (o Jhonnathan Marín), cuyo despacho ha ejecutado gran cantidad de obras con la empresa”.

Además la inspección oficialista llamaron la atención acerca de la continua asignación de Órdenes de Servicios a la empresa Cuferca, “sin que para ellos se sigan los procedimientos de selección de contratistas establecidos en la Ley de Contrataciones Públicas y en las Normativa Interna de PDVSA”.

Ante las irregularidades observadas, el Cuerpo de Inspectores Socialistas de la Presidencia de la República recomendó que el Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería revisar la alianza firmada para la conformación de la empresa de capital mixto PDVSA Servicios Logísticos Orinoco, en razón de que Cuferca incumplió con los alcances establecidos en las órdenes de servicios y contratos.

Corrupción milmillonaria en PDVSA

Sin embargo, las irregularidades cometidas por el supuesto Cartel de Las Villas en la Faja Petrolífera del Orinoco no se quedaron en lo ya señalado, sino fueron protagonistas de uno de los casos de corrupción más alarmantes cometidos en Petróleos de Venezuela, S.A. , PDVSA sin que hasta ahora se hubiesen tomado acciones para pararlo.

El esquema de corrupción diseñado por los Urbano Fermín y el exdirector ejecutivo de la Faja, Pedro León, supuestamente contempló la transformación de la deuda acumulada de Petroanzoategui con Cuferca, contraída de bolívares, a dólares estadounidenses, pero a la antigua tasa de Cadivi.

Del mismo modo, a través de una empresa identificada como AGP Tractor, procedieron a importar con sobreprecio maquinaria usada haciéndola pasar por nueva. Como propietario de esta empresa figura Angelino Gais. Para colmo, solo un pequeño porcentaje de estas máquinas para movilizar el coque ingresó a Venezuela.

El plan preveía que cuando la deuda con Cuferca contraída en bolívares para la importación ficticia de citada maquinaria fuera transformada en dólares, la empresa de los Urbano Fermín le haría una cesión a AGP Tractor para que recibiera los pagos en Estados Unidos mediante Petroanzoategui. 

Esta maniobra le permitiría a los Urbano Fermín hacerse de una ganancia de 60 millones de dólares con la que le pagaría a AGP Tractor su comisión y quedarse con el resto, habiendo exponenciado con la tasa Cadivi el monto de lo que se le adeudaba.

Una operación de tal magnitud requería de complicidad interna, un papel jugado por Pedro León, quien le daba el visto bueno a la jugada según han expresado varias fuentes cercanas al caso.

A lo señalado líneas arriba con respecto a la empresa mixta Servicios Logísticos Petroleros Orinoco, se suma el hecho comprobado de la utilización de equipos viejos, en mal estado, así como alta inoperatividad que ocasionaron que prácticamente se paralizaran las contrataciones de servicio, afectando de esta manera la producción de la Faja por al menos 10 meses. 

Servicios Logísticos Petroleros Orinoco operaba bajo el mismo esquema descrito anteriormente: Cuferca entregaba equipos usados y en mal estado con sobreprecio calculado en bolívares, y PDVSA los pagaba en dólares a tasa Cadivi de 10 bolívares por dólar, según las fuentes.

Y si alguien puede pensar que lo descrito hasta ahora sobrepasa todos los límites del descaro y la corrupción, hay que señalar que con Pedro León al frente de la Faja Petrolífera del Orinoco parecía que no existían fronteras a la hora de cometer ilícitos.

La fórmula de León estaba sustentada en la contratación con empresas mixtas y de ello son ejemplo las negociaciones suscritas entre Cuferca y las petroleras Sinovensa, Petromiranda y Petrocedeño. Una lluvia de contratos de servicios, de construcción y de Procura llovieron bajo la administración de quien se conoció como el Zar de la Faja.

Los contratos de procura con sobreprecios al mil por ciento permitieron a los Urbano Fermín comprar las clínicas de Meditotal, El Diario El Norte, fincas, terrenos, aviones, hangares al tiempo de hacer importantes inversiones en República Dominicana como el Complejo Downtown Residence Punta Cana “Guaguanco”.

Negocios extra frontera

Los tentáculos de los Urbano Fermín se extendieron más allá de las fronteras venezolanas, específicamente en República Dominicana donde se asegura que el presidente de la nación caribeña, Danilo Medida, es supuestamente protector de estos empresarios y a su amparo realizan todo tipo de negocios turbios en la isla .

Se asegura -aunque hasta ahora no se han presentado todas las evidencias- que el mandatario dominicano facilitó las operaciones de legitimación, bancarización y lavado de capitales de los Urbano Fermín obtenidos a la luz de la corrupción con que contratan con PDVSA.

El portal Aserne en una nota titulada:“200 mil millones de dólares tienen venezolanos ladrones en República Dominicana” y publicada el 14 de junio de 2017, asegura que el presidente Medina actúa como cómplice en la triangulación de esos capitales en sociedad con la banca dominicana, habiendo favorecido, además de a los Urbano Fermín, a Claudia Díaz, Adrián Yosmel Velásquez, José Luis Santoro, Lorenzo Alejandro López, Nelson Serret Sugrañez, Daniel Alejandro Morales Santoro, Carlos Serret Sugrañez, Gabriel Arturo Jiménez Aray, Jorge Serret Sugrañez, Pausides Donato Morales Rodríguez, Nelson Cabral Veras, Florentino Jesús Acosta, Luis Herrera Valerio, Miriam Serret Sugrañez, Luis Manuel Peña Melo, Evelyn Serret Aponte de Santana y Miriam Serret Aponte alias “Chiquitica”, José Carlos Bergantiños Díaz y Pedro León exdirector de Pdvsa Faja del Orinoco. Ver detalles aquí.

El la isla, con la anuencia del mandatario dominicano se habrían legitimado alrededor de 200 mil millones de dólares de empresarios, testaferros, exfuncionarios públicos de Venezuela y como ejemplo pueden citarse los casos del Banco Peravia, Downtown Punta Cana, Villas Guaguancó y mansiones en la Romana y Puerto Plata. A esos destinos habrían arribado dólares provenientes de Sidor, PDVSA, Ferrominera, las aduanas, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, del Ministerio de la Salud, del Ministerio de la Defensa, de Odebrecht, Bolipuerto, Cadivi, así como una gran cantidad de dinero producto del sobreprecio de los alimentos y cientos de obras inconclusas de infraestructura y vialidad que están siendo bancarizados en República Dominicana, dice el reporte publicado por Aserne.

Las empresas de los Urbano Fermín registradas en Republica Dominicana son: Downtown Residence Punta Cana “Guaguancó”; Concrete del Caribe GUF (3 Mar 2016– 3 Mar 2026); Agregados y Servicios del caribe ASC (Dominican Republic, 18 Feb 2016–18 Feb 2026); Constructions del Caribe GUF (Dominican Republic, 3 Mar 2016– 3 Mar 2026); Transportes y Servicios del Caribe TSC (Dominican Republic, 18 Feb 2016–18 Feb 2026).

Asimismo, en los Estados Unidos, los negocios de los Urbano Fermín son: Syseufsa Corp., Constructora Urbano Fermín Corp., Global Coque Corp., Vaporlife Pembroke Pines LLC (140Cameron Dr , Weston , FL 33326 / 1185 Sawgrass Corp Pkwy , Sunrise fl ). En la nación norteamericana figuran como sus socios: Adolfo Gais, Edgar Correa, Richard Delisser, Shaun Gutta, Robert Macia, Bernardo Villasis, Sean Winchell.

Entretanto en Panamá los negocios de los Urbanos Fermín son: Ceuf Servis LTD, S.A. (Panamá, 3 Jul 2014–); Global Inversiones GIPC (Dominican Republic, 1 Aug 2016– 1 Au); GUF Trading LTD, S.A. (Panamá, 13 Jun 2014–); Industries and Trade Energetic, S.A. (Panamá, 7 Oct 2014– ); CEUF Corporation Limited, S.A. (Panamá, 24 May 2012–); Energetic Marketer GUF, S.A. (Panamá, 7 Oct 2014– ); Energy Business UF, S.A. (Panamá, 7 Oct 2014– ); GUF Administration, S.A. (Panamá, 25 May 2012– ); GUF Trading LTD, S.A. (Panamá, 13 Jun 2.); Energy Business UF, S.A. (Panamá, 7 Oct 2014); GUF Administration, S.A. (Panama, 25 May.); Industries and Trade Energetic, S.A. (Panama, 7 Oct 2014– ); CEUF Corporation Limited, S.A. (Panamá, 24 May 2012).

El fiscal designado por la ANC ha prometido públicamente realizar los trámites pertinente para repatriar unos 200 millones de dólares que fueron desfalcados a la nación mediante contratos petroleros negociados con sobreprecio. 

Saab también dijo que su despacho supuestamente continúa con la investigación de las irregularidades detectadas en PetroZamora, el caso de las monoboyas de la terminal Jose del estado Anzoátegui y otros contratos con sobreprecio en dólares en la Faja Petrolífera del Orinoco. El caso de la constructora Conkor no ha sido mencionado por Saab hasta ahora, aunque se supone que bajo el mando de Luis Ortega Díaz ese caso ya estaba adelantado y sus dueños habían sido imputados. Ver detalles aquí.

Saab ha declarado que el Estado venezolano gestionará la repatriación de capitales por el desfalco a la Faja Petrolífera del Orinoco, tras detectarse sobreprecio por 230 millones de dólares en 41 mil contratos suscritos en el período 2010-2017.

viernes, 21 de julio de 2017

PDVSA oriente: Centro donde se gestan decenas de negocios fraudulentos

   Aun en situación de crisis, la petrolera estatal continúa siendo el eje de los principales negocios que tienen lugar en el país, sean estos de carácter lícito o ilícito, estos últimos cometidos al amparo de funcionarios gubernamentales o de la empresa que, ávidos de dinero fácil, acuden a ella para amasar fortuna en desmedro de la economía nacional.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   De ser la otrora principal empresa del país, Petróleos de Venezuela, S.A., PDVSA, pareciera haber devenido en la fuente de ingresos de funcionarios corruptos de la estatal, de la administración pública y sus allegados. Y es que mientras la austeridad se ha impuesto a la mayoría de los venezolanos por la merma de los ingresos petroleros, se han incrementado las riquezas inexplicables de quienes han tejido todo un entramado de corrupción en torno a la compañía que por vía de otorgamiento de contratos a empresas de maletín sin que medien para ello procesos licitatorios sino la voluntad de una gerencia deshonesta conectada a las redes de corrupción, ha configurado la manera de dirigir un gran porcentaje de los dineros que debieran destinarse a solucionar los problemas de la población, a las cuentas de inescrupulosos mercaderes de la industria y el gobierno. 
    Especialmente en el área oriental parecen concentrarse la mayoría de las operaciones fraudulentas en torno al auge que en los últimos años ha tomado la Faja Petrolífera del Orinoco, la mayor concentración de reservas de petróleo pesado y extrapesado del mundo. En tal sentido, decenas de posibilidades de negocios han surgido alrededor de los 650 kilómetros de este a oeste y unos 70 kilómetros de norte a sur, que comprenden territorios de los estados Guárico, Anzoátegui, Monagas y Delta Amacuro.

   La corrupción ha alcanzado tales extremos, que ya hasta portales oficialistas como Aporrea se han visto en la obligación de denunciar los hechos, entre ellos los supuestamente cometidos por el empresario y alcalde Jhonnathan Marín en la Faja del Orinoco. En una nota publicada el 22 de septiembre del corriente 2017, se cita el caso de este hombre quien accidentalmente terminó convertido en alcalde de Guanta, municipio aledaño a Puerto La Cruz, Estado Anzoátegui, y que se ha convertido, según afirma la página en “instrumento para la corrupción petrolera en el oriente del país”[1].

   Jhonnathan Marín habría logrado amasar una gran fortuna luego de haber conformado las denominadas "empresas de producción social" de la Alcaldía de Guanta, las cuales le permitieron construir su red al derivar los contratos de construcción de obras hacia sus compañías de maletín o las de sus allegados, una de ellas la Constructora Urbano Fermín C.A., Cuferca, de Carlos Esteban Urbano Fermín, privado de libertad a por el Tribunal 6° de Control del circuito judicial penal del estado Anzoátegui a solicitud del Ministerio Público, por su vinculación con el presunto desfalco en la Faja Petrolífera del Orinoco, ocurrido entre los años 2010 y 2016. Urbano Fermín figuraba como gerente general de Cuferca y era accionista de diversas compañías contratistas de PDVSA.

  Pues bien, refiere Aporrea que Urbano Fermín y sus hermanos pasaron de ser propietarios de un “camión volteo que ’sacaba arena’, a ser los accionistas del grupo empresarial de más rápido crecimiento de la región y tal vez del país”. En 2009 esta empresa resultó favorecida de los contratos para la gasificación de Barcelona, Puerto La Cruz y Guanta y luego de otras contrataciones de gran magnitud en la Faja Petrolífera del Orinoco, “todo esto de la mano de Marín”, reseña Aporrea.

   Marín es familiar directo del exalcalde de Barcelona, José Gregorio “Goyo” Salazar, quien huyó a Miami luego de desfalcar a la municipalidad. En dicha ciudad del Estado de la Florida, también residen la esposa y los hijos de Jhonnathan Marín. Según los movimiento de migración se estableció que solamente durante el mes de agosto viajó en cinco oportunidades al país del norte.

“Los nexos de Marín con el grupo Urbano Fermín están demostrados por el carácter público y notorio que han asumido los mismos y por documentos de negocios que están en poder de las autoridades. Eso incluye contratos a través de las empresas que están a nombre de su esposa Esteiny Villanueva para prestar servicios o vender suministros a PDVSA”.

   Pero Jhonnathan Marín no solamente hace negocios con Cuferca, sino también con el empresario Constantino Bonaduce —quien también es procesado por corrupción— a quien otorgó una concesión de aeropuerto, “que le ha permitido convertirse en dueño y operador de una especie de puerto aéreo en Barcelona llamado Aerocentro. En esa contratación estuvo metida la mano y la firma del general prófugo y confidente del gobierno de EEUU, Hebert García Plaza”, agrega Aporrea.

El caso de Malik Souki

  Aunque se trata de un clan familiar, el nombre de Malik Souki, resuena entre todos ellos pues desde hace muchos años se le relaciona con múltiples casos de corrupción.

   Esta familia de origen árabe residenciada en Anaco, es propietaria de Militarek, empresa ampliamente favorecida por la gerencia de Petróleos de Venezuela a la hora de la adjudicación de contratos.

Ya en 2011, específicamente el 13 de noviembre, también Aporrea se hacía eco de las denuncias que en contra de esta contratista de PDVSA formulaban los trabajadores de los pozos petroleros a los que Militarek hacía servicio en la ciudad de El Tigre. Acusaban en ese entonces una serie de irregularidades y violaciones que comenzaban con el hecho de estar suspendido del Registro Nacional de Contratistas y, sin embargo, siguió siendo contratada, habiéndose comprobado ante el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social, que presentó ante la petrolera una solvencia laboral falsa por lo cual no recibió sanción alguna.

   La referida nota de Aporrea advertía que ni PDVSA ni las autoridades competentes acometieron una investigación respecto a los innumerables accidentes laborales y condiciones inseguras de trabajo a que estaban sometido quienes se desempeñaban en Militarek. Denunciaban las páginas oficialistas la inmutabilidad, incluso, ante las muertes ocurridas por las precarias condiciones de trabajo.

  Se explicaba que los 8 taladros con los que trabajan a lo largo de los diferentes campos petroleras estaban en pésimas condiciones y subrayaban que “el dueño de esta empresa, Sr. Malik Hassib Souki El Lara, no acata ni respeta las leyes venezolanas, actualmente se encuentra fuera del país, esto debido a un problema que mantendría con unos supuestos motores y partes de taladro que serían de dudosa procedencia. Su esposa estuvo detenida y su finca intervenida. En los diferentes taladros que se revisaron y requisaron por parte de los militares, hay un silencio y secreto a voces. Todos los que de alguna manera se han atrevido a denunciar este cúmulo de situaciones los amenazan a ellos y a sus familias más cercanas”[2].

Al haberse comprobado el forjamiento de documentos, Malik Souki, de quien se dice es primo de Tarek William Saab, el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente de manera irregular, fue objeto el 13 de marzo de 2012 de una medida cautelar sustitutiva de libertad por parte del Tribunal de Control de Barcelona a cargo de la jueza María Caraballo Español, un acto que no se cumplió pues el imputado huyó a Panamá.

  Y es que, a pesar de todas las denuncias en su contra, la empresa Militarek seguía siendo amparada por funcionarios gubernamentales y de Petróleos de Venezuela, tal es el caso del gerente de consultoría jurídica de PDVSA Servicios, Alexis Moreno, y de quien años más tarde resultó imputado por corrupción, José Luis Parada, el encargado de firmar los convenios con Souki, refiere el portal Anonymous Democrático que muestra toda la documentación que sustenta las denuncias en contra de la citada empresa[3], tales como los contratos; las constancia que evidencia la falsedad de las solvencias; escrito en los que se afirma que Tarek William Saab, para entonces gobernador del Estado Anzoátegui, respalda la corrupción de Miltarek; pruebas de la insolvencia de la empresa con el Ministerio del Trabajo y el IVSS; así como órdenes de pago a favor de la empresa con la venia de Rafael Ramírez, exministro petrolero y expresidente de PDVSA.


   La turbidez de los asuntos relacionados con Malik Souki han llegado al extremo de que en mayo del presente 2017 se corrió el rumor de que su cuerpo había sido encontrado sin vida, un hecho que no fue confirmado ni por la familia ni por autoridad alguna. La ola de rumores insiste en decir que Souki, por múltiples amenazas de muerte y su condición de prófugo, entra y sale constantemente del país escoltado por guardaespaldas e, incluso, por militares, por lo que se estima que la especie corrió sólo como una medida de protección para el empresario. Sin embargo, debemos aclarar que todo esto entra solamente en el terreno de las especulaciones y sólo hacemos mención de ello como una manera de ilustrar el nada transparente entorno de este hombre y sus empresas contratistas de la estatal petrolera nacional.

  Entre los funcionarios de la petrolera que apadrinan a Militarek figura, Emeterio Marcano, actual vicepresidente de PDVSA servicios en Oriente, quien este año contrató a la empresa Sundrill International, S.A., subsidiaria de la empresa rusa Newtech Services, para la perforación de pozos en la faja del Orinoco. Igualmente, Sundrill está registrada en Houston bajo el nombre de Sundrill Energy Services, cuyos propietarios son:Mark Sadykhov, 
Sergey Malygin y Matt S. Pond.
  Entre las condiciones impuestas para el otorgamiento del contrato de PDVSA a esta empresa estuvo la imposición de Alonzo Zacarías como gerente general en Venezuela. Este hombre mantiene una relación de compadrazgo con Emeterio Marcano y es una persona muy cercana a otros altos directivos, gerentes y ejecutivos de la petrolera nacional dijo una fuente ligada a PDVSA que pidió mantener en el anonimato por su seguridad. En el manejo de este contrato y en las operaciones se estarían violando una serie de cláusulas y leyes con respecto a pagos de servicios, compras y aprobación de transacciones.

Exigencias rusas de limpieza en PDVSA

El grado de corrupción en PDVSA ha llegado a tal extremo que desde Rusia —país al que ha recurrido en los últimos años el gobierno venezolano para obtener financiamiento ante la quiebra de la principal industria del país— han exigido a la administración de Nicolás Maduro una limpieza exhaustiva en el estatal de tal manera de garantizar sus inversiones.

Es el caso de Gazprombank Latin America Ventures B.V., la cual es una empresa socia de PDVSA en Petrozamora que, al encenderse las alarmas con la detención por parte de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de un grupo de gerentes de la empresa, a cuya cabeza se encontraba Gustavo Malavé(Ver detalles aquí), por el caso de la compra de los desemulsionantes para la empresa mixta Petrozamora, usada para negocios irregulares, procedió a poner sobre la mesa una serie de exigencias que le permitan resguardarse y evitar ver afectado su patrimonio, refiere el portal Verdades y Rumores en fecha 28 de septiembre de 2017[4]

  Las presiones de Gazprombank Latin America Ventures B.V. permitieron desarticular la irregular operación que afectó a decenas de cargamentos de crudo y generó daños patrimoniales de unos 500 millones de dólares aproximadamente. Indica la publicación que la intermediación de petroleros internos y externos ha resultado infructuosa frente a las demandas de los rusos.

  Inicialmente la gerencia de PDVSA quería hacer una operación de maquillaje, de modo de no afectar a los involucrados, borrando todas las huellas de hechos irregulares, pero los rusos en un afán de salvaguarda, enviaron una comisión de expertos para hacer todas las indagaciones que sean pertinentes y que actúa en la petrolera con asistencia del Sebin para destapar todos los ilícitos e implementar soluciones a dichos entuertos, se lee en Verdades y Rumores[5].

Farándula inmiscuida

   De los escenarios, actores y cantantes venezolanos han decidido pasar a establecer negocios con la PDVSA, sólo que en lugar de hacerlo de manera honesta, su figuración ha sido irregular adquiriendo por ello tanta o más fama que pos sus interpretaciones.
Tal es el caso del actor Manuel “Coco” Sosa, detenido el pasado 4 de octubre en Las Mercedes por una acusación por fraude emitida por la Fiscalía General de la República.

Sosa habría desfalcado, a través de sus empresas, a la Faja Petrolífera del Orinoco, reseña Globovisión[5][5].

El fiscal general de la Republica designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, informó que Sosa fue presentado el ante el tribunal 22 de Caracas imputado por contratos irregulares que alcanzan los 27 millones de dólares.

Saab indicó que “la investigación asciende a la evaluación de 10 contratos ‘por un monto con sobreprecio del 200% lo que suma unos  27 millones de dólares’. Entre los contratos vinculados con el caso, se destaca la a adquisición de equipos de comunicación, material para la fabricación de líneas de agua, impresoras, aceite hidráulico, piezas de taladro, bebidas y alimentos, cartuchos de impresora, cascos para soldaduras, bolsas de polietileno y materiales diversos”, refiere El Universal [6] en nota publicada el 6 de octubre de 2017.

Tales contratos involucrarían, por lo menos, a ocho gerentes de Petropiar quienes también son investigados por el Ministerio Publico.

Manuel Sosa es señalado por mantener una vida de dispendio y lujos, poco cónsona con su nivel de ingresos. El portal Lechuguinos refiere que el actor es propietario de empresas, camionetas de lujo, aviones y yates.

Indica la página que Sosa participa como accionista, en aproximadamente nueve compañías, que están  inscritas en el estado de Florida en los Estados Unidos. Tres en Doral: Suministros Gramal, Spearkon y Samanna. Allí también operan otras cuatro compañías bajo la dirección de Irina Lucena, quien figura como secretaria de las empresas donde el actor es el presidente.

“Las empresas de Manuel  Coco Sosa, fueron fundadas las primeras en el año 2012 dentro de ellas Queen Supply junto a Helmuud David Castrillón, la cual se encuentra inactiva actualmente y la más reciente el año 2016 registró Monica Spear Foundation Inc, en Pembroke Pines”[7].

También el cantante Roberto Antonio, manifiesto simpatizante del oficialismo, está señalado de mantener relaciones contractuales con la estatal PDVSA. En 2010 a Roberto Antonio le asignaron la concesión de una estación radial en Anzoátegui a la que llamó “Marejada”[8], informó la página Noticias al día para la fecha.

El cantante supuestamente compra en Houston, Estados Unidos, equipos y materiales petroleros que posteriormente revende con sobreprecio a PDVSA sin que para ello medien procesos licitatorios, sino que los obtiene por adjudicación directa. En la ciudad norteamericana, participa en reuniones con otros venezolanos, entre ellos Iván Natera vinculado al contratista petrolero, Pietro Micale. A este último el 16 de marzo de este año 2017 le allanaron su residencia ubicada en la urbanización Las Villas de Lechería, estado Anzoátegui. Esta acción se llevó a cabo dentro del proceso de investigación de presuntos hechos de corrupción en desmedro de las arcas de PDVSA. El portal Noticias al día refiere el 19 de marzo de 2017 que Micale “dio sus primeros pasos comerciales como vendedor de la llamada lotería de animalitos en el Oriente venezolano y luego gerenciando una casa de chicas y entretenimiento para adultos en la ciudad de Anaco. Posteriormente participó en negocios de PDVSA como el del coque en la Faja Petrolífera del Orinoco, a la par con el grupo empresarial Urbano Fermín”[9].

El en este mismo blog se reseñó un informe de una investigación federal sobre se informa que Petro Micale figura entre los socios del empresario, Franco Tortolani, señalados “por la comisión de hechos de corrupción, tanto en Venezuela como en los Estados Unidos, entre quienes figuran otros contratistas, así como funcionarios y exfuncionarios de la industria petrolera venezolana”[10].

También en el terreno de las especulaciones a Roberto Antonio se le señala de ser testaferro de funcionarios del gobierno, incluidos militares y directivos de PDVSA. Ver detalles.

Roberto Antonio sería socio de Johanna Torres con quien sería propietario, a partes iguales, de Sublibarbara, C.A., RIF J- 402043198[11] y la cual se mantiene activa en el Registro Nacional de Contratistas, RNC [11].

Esta empresa se dedica a “prestar servicios para la ejecución de obras; suministro o el mantenimiento de bienes y servicios para el sector público nacional, estatal, y municipal, o de cualquiera de sus empresas o institutos, así como las industrias de hidrocarburos, petróleo, gas, metalúrgica, mecánica, minera, petroquímica, textil, construcción, telecomunicaciones, aeronáutica, aeroespacial y agroindustrial, y al sector privado, etc.[12]”, se lee en el portal Noticias Candela.

Las operaciones las harían a través de su esposa, Norma Sampere, quien figura como propietaria de New wave Productions CAEntretanto, Gabriela Montanari es la esposa de Iván Natera, además de amiga y allegada de Norma Sanpere, quienes en conjunto mantienen vínculos con el anteriormente citado, Pietro Micale y la familia Souki, señalados como ya se ha apuntado casos de corrupción.

Como puede observarse, Petróleos de Venezuela, S.A., aun por muy depauperada que se encuentre, continúa siendo el centro de los principales negocios del país, sean estos origen lícito o ilícito. A ella acuden con premura quienes anhelan amasar fortunas sin que para ello medien la honradez y el trabajo, sino el amparo a la sombra de los negociados corruptos.