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lunes, 6 de noviembre de 2017

En juicio de empresarios que lavaron dinero a chavistas se revela que contratista del Estado venezolano habría comprado un apartamento en Miami del para asesor de Jesse Chacón

En 2015, el consorcio venezolano que recibió contratos para construir plantas eléctricas en Venezuela, giró instrucciones para pagar por un condominio en Miami a nombre del asesor del entonces Ministro de Energía Eléctrica del gobierno de Venezuela, usando como intermediario la empresa Miami Equipment, cuyos dueños están siendo juzgados por lavado de dinero internacional.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

En el primer día del juicio contra los empresarios cubano-americanos, Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz, padre e hijo acusados de lavar más de 100 millones de dólares a funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Venezuela, a través de una empresa de venta de equipos de construcción, los fiscales federales presentaron al jurado una factura de una compañía de títulos inmobiliarios que evidenciaba que la compañía de los acusados habría desembolsado 294 mil 897,50 dólares por asesoría de ingeniería para plantas eléctricas, cuando en realidad se habría tratado del pago de un apartamento en Miami a nombre de Eduardo Rafael Cid Montes, quien fuera ex asesor del entonces Ministro de Energía Eléctrica venezolano, Jesse Chacón.
La acusación del gobierno de los Estados Unidos contra los Díaz, asegura que los dos hombres usaron una empresa Miami Equipment & Export como un banco sin licencia, violando las leyes federales que regulan los negocios de transferencia de dinero, y además se les acusa de haber lavado cientos de millones de dólares cuyos beneficiarios eran funcionarios o empleados de entes gubernamentales de Venezuela (Pdvsa y Cadafe).

KCT un cliente muy importante

Una de las empresas que habría usado la compañía de los acusados para lavar dinero es el consorcio KCT, una contratista del Estado venezolano que ganó multimillonarios contratos públicos.  

Se inició el juicio

El juez de Distrito, William H. Pauley III, abrió el juicio este lunes seleccionando el jurado que quedó conformado por 12 mujeres y 3 hombres, en su gran mayoría simpatizantes del partido demócrata y admiradores del expresidente, Barack Obama.

Fiscalía logra su cometido

A primera hora de la mañana los fiscales del caso pidieron al juez Pauley III que permitiera  que el jurado conociera e identificara a los funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Venezuela que se beneficiaron de las transferencias ilegales hechas desde la cuenta bancaria de la empresa de los acusados. El fiscal auxiliar del caso dijo que es muy importante descubrir la identidad de los funcionarios públicos para que se entienda la razón por la cual las transacciones hechas por los Díaz eran suspicaces.

Es necesario que el jurado comprenda por qué esas transferencias de dinero que venían de Venezuela y eran depositadas en cuentas de funcionarios del gobierno, eran sospechosas, y por qué le hicieron un severo daño al sistema financiero de los Estados Unidos.

La fiscalía sostuvo que el dinero envuelto en el caso Díaz debió haber sido regulado porque la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCen) tiene reglas específicas sobre las transacciones que se hacen desde Venezuela, al igual que Corea del Norte o Irán, que forman parte de la lista de países de alto riesgo para el lavado de dinero.

Los fiscales señalaron que el consorcio venezolano KCT tiene cuentas bancarias en todo el mundo, pero las transacciones se dirigían exclusivamente hacia las Islas Británicas, España y Panamá.

Cuando el juez Pauley III aprobó la petición de los fiscales para identificar a los funcionarios del gobierno venezolano que recibieron el dinero, la defensa se quejó y dijo que el caso trataba de la violación de la ley en los Estados Unidos y el hecho de mezclar a funcionarios de un gobierno como el que existe en Venezuela, donde existe una dictadura, le haría mucho daño a los acusados porque, según los abogados, sus clientes no sabían quiénes eran esos individuos a quienes ellos hacían las transferencias de dinero.

La defensa sostuvo que la evidencia relacionada con la identificación de los funcionarios del gobierno no es importante, porque lo que el jurado tiene que saber es que la compañía KCT hacía proyectos importantes para el gobierno, pero que los dos acusados no sabían que había corrupción en Venezuela. "Mis clientes no han estado vinculados en corrupción, tocar el tema de Venezuela podría crear confusión en el jurado", acotó la defensa.

La fiscalía respondió que se necesita mostrar que las transacciones que se hicieron a lo largo de la conspiración —que va desde 2010 hasta 2016— eran para personas vinculadas al gobierno de Venezuela. "Necesitamos informar quiénes eran y qué posiciones ocupaban en las agencias gubernamentales", argumentaron.

Los fiscales aclararon además que no tenían la intención de focalizar la presentación de evidencias a lo que ocurre en Venezuela, sólo se debe informar al jurado que los acusados sabían lo que estaban haciendo y acordaron hacerlo cobrando para ello un porcentaje por cada transferencia. Para soportar cada envío de dinero, los acusados utilizaron facturas falsas de servicios profesionales que nunca se prestaron o consultorías que no existían y, obviamente, los demandados sabían que sus clientes eran del gobierno venezolano y que las transferencias de dinero era producto de la corrupción.

El juez Pauley III aprobó la petición del gobierno y decidió instruir al jurado sobre el tema, mencionado los nombres de los funcionarios que se habrían beneficiado, entre quienes destacó el nombre del actual embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas y expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez Carreño, y el de su hermano, Fidel Ramírez Carreño, así como el de Rafael Cid Montes, entre otros. Nombraron además varias empresas, entre las cuales destacó Cuba Petróleo y Materiales Manzanillo C.A.

Pauley III aclaró a los miembros del jurado que el caso era de lavado de dinero internacional y operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia, y en ningún momento era sobre sobornos. "Los acusados no pagaron coimas a funcionarios del gobierno y el soborno como delito no está siendo tratado en este caso", afirmó el juez.

Un juicio de dos semanas de duración

El juez abrió el juicio señalando que el proceso durará dos semanas en las cuales el jurado conocerá las evidencias que presentará la fiscalía para probar, más allá de la duda razonable, que Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz, son culpables de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y de haber lavado más de 100 millones de dólares a funcionarios del gobierno de Venezuela.

El fiscal asistente, Benet Kearney, expuso en sus palabras de apertura que el delito de que se les acusa es la violación de las leyes federales relacionadas con el manejo de un bancos sin licencia y de lavado de dinero.

Comentó que los acusados movieron más de 100 millones de dólares a través de las cuentas de su empresa Miami Equipment a cuentas bancarias de sus clientes o de empresas offshore ubicadas en Panamá, Islas Británicas y España, a cambio de un porcentaje de esas transacciones, sin importarles de dónde venía el dinero. 

Kearney explicó que los acusados debieron haber llevado un reporte sobre las actividades de transferencia de dinero ilegal, también tuvieron que hacer las preguntas de rigor en esos casos, pero no les interesó saber quiénes eran los clientes y de dónde venía el dinero, haciéndole un enorme daño al sistema financiero de los Estados Unidos.

Dijo que los acusados usaron una empresa de venta de equipos de construcción como una máquina para lavar dinero, porque ellos no tenían licencia para operar este tipo de negocios y violaron los controles que hay sobre ese sector. En lugar de prender las alarmas para que el gobierno aplicara la ley -ya que las transferencias involucraban un país de alto riesgo como Venezuela- los demandados disfrazaron esa actividad ilegal con facturas falsas de consultorías que no existieron y permitieron que sus clientes se transfirieran dinero a ellos mismos, o lo usaran para comprar apartamentos, pagar hoteles o viajes.

Explicó Kearney que el consorcio KCT envió 10 millones de dólares a empresas offshore de funcionarios del gobierno de Venezuela, a la vez KCT le daba a los acusados facturas falsas para camuflar esas transacciones.

Kearney argumentó que entre 2010 y 2016 Miami Equipment facturó 150 millones de dólares, de los cuales, apenas 50 millones de dólares, se correspondían a venta de equipos, que era su actividad natural. En los récords en poder de la fiscalía hay una enorme cantidad de facturas falsas de servicios que nada tienen que ver con el negocio de los acusados.

Miami Equipment es un negocio familiar

El abogado de Luis Díaz Jr., George Vila, negó que la empresa de su cliente fuera una máquina de lavar dinero y de transferencia, sino que es una compañía pequeña, familiar, que su cliente de 65 años, creó gracias a tu trabajo y conocimiento del mercado latinoamericano en materia de equipos de construcción.

Vila aseguró que su cliente mantiene una relación comercial y de amistad con el dueño de una de las empresas más grandes de construcción en Venezuela, Enrique Pradera. Dicha relación surgió a raíz de una orden de compra que Pradera le otorgó a Miami Equipment, que implicó que su cliente consiguiera los mejores precios del mercado para los equipos requeridos, y por lo cual cobró un porcentaje.

El defensor mencionó a otro empresario de la construcción con quien su cliente habría establecido negocios en Venezuela de nombre Antonio Padrino. Ellos no transferían dinero para sus clientes, sino que prestaban servicios. Vila contó que en 2008, Antonio Padrino, Enrique Pradera y Blass Herrera, decidieron unirse para conformar el Consorcio KCT para pujar por contratos de proyectos más grandes.

Vila dijo Luis Díaz Jr. viajó a Venezuela siguiendo una invitación de sus clientes de KCT y fue entonces cuando ese consorcio le entregó dos órdenes de compra para un proyecto de un país que no es como los Estados Unidos, sino que se caracteriza por la inestabilidad, incluyendo en materia de cambio monetario, ya que la moneda local (el bolívar) se deprecia frente al dólar. Díaz acordó un porcentaje por esos servicios que incluía la compra de los equipos, la instalación y los ingenieros que participaron en esa operación. "Esos fueron los pagos que se hicieron, por los trabajos realizados y la Miami Equipment quería mantener a su cliente en un ambiente muy competitivo".

Por su parte, José Quiñon, abogado de Luis Javier Díaz, aseguró que su cliente había trabajado toda la vida en la empresa de su padre que es un negocio familiar que se ha mantenido por años en uno de los lugares de los EE. UU. donde hay mayor competencia.

Aunado a ello, afirmó que Miami Equipment estaba lidiando con un cliente en un país como Venezuela, donde hay un dictador y donde la moneda local es inestable. Sin embargo ellos lograron hacer negocios en un ambiente difícil con un cliente que es KCT que son tres grandes empresas que se juntaron para hacer proyectos, uno de los cuales superó los 267 millones de dólares, acotó el abogado.

Comentó que Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz tenían 23 años de relaciones comerciales con los empresarios venezolanos y fue con base a esa relación que les encargó la construcción de plantas eléctricas. Esos proyectos requerían de la compra de equipos sofisticados, transformadores, que debían encargarse con detalle y que “requerían de la experticia de mis clientes”, acotó Quiñon.

Reiteró que sus clientes tienen un negocio legítimo y que KCT les dio un negocio muy grande que requirió que Miami Equipment trabajara directamente con Siemens para comprar las plantas eléctricas que el gobierno de Venezuela necesitaba.

Argumentó que los correos electrónicos de KCT y otros clientes llegaban directamente a la computadora de Luis Javier Díaz, porque su padre es un hombre mayor que no sabe manejar la tecnología, a la vez que aclaró que no existen evidencias que prueben que los acusados manejaban un negocio ilegal de transferencia de dinero porque lo que ellos tienen es una empresa que funciona legalmente y que vende equipos.

Testigos del gobierno

El primer testigo del gobierno fue un abogado jefe de reclamos de la empresa de títulos Stewart, Mark Borst quien evalúo una factura con datos falsos presentada como evidencia por la fiscalía donde aparece el membrete de la  compañía de títulos con una dirección en Miami que no se corresponde a la real, y donde se factura a Miami Equipment $294,897,50 por concepto de diseño de ingeniería básica para planta de generación a favor de Rafael Cid Montes, y que en realidad correspondía a la compra de un apartamento en Miami para el mencionado exfuncionario que fungía como asesor del entonces Ministro de Energía Eléctrica del gobierno venezolano, Jesse Chacón.

El dinero habría correspondido al pago de la compra de un inmueble, un condominio en Miami, a nombre de Rafael Cid Montes, según documentos federales.

Borst aseguró frente al juez que nunca había visto una factura con esas características tras haber trabajado 11 años en la empresa Stewart, y confirmó que la dirección era diferente.

El abogado de Luis Javier Díaz, Quiñon se levantó para preguntarle sobre un número de fax que aparece en la factura que sirvió de evidencia al gobierno norteamericano.

El segundo testigo del gobierno fue un agente  de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCen), John V. quien explicó al jurado los mecanismos de control que utiliza el gobierno de los Estados Unidos para evitar el lavado de dinero.

Destacó que los negocios de transferencia de dinero deben regirse por una serie de normas que conllevan a levantar informes de alerta cuando se está al frente de una transacciones financieras sospechosas.

Reiteró que existen países considerados por el FinCen como de alto riesgo entre los cuales se encuentra Venezuela, junto a Corea del Norte, Irán, Afganistán, entre otros, por lo que el gobierno federal tiene una serie de requerimientos cuando se trata de transacciones de dinero provenientes de esos países o de nacionales de los mismos.

A las 5PM el juez Pauley III levantó la sesión y convocó para este martes a las 9:30 AM para continuar con el testimonio del agente del FinCen.

Vale destacar que los dos acusados en este caso, Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz disfrutan de libertad bajo fianza, por lo que ambos salieron del tribunal acompañados de sus familiares y abogados. Los dos se veían confiados a lo largo de toda la jornada, sonrieron a los asistentes aunque se negaron hacer comentarios sobre el caso con la prensa.

Los abogados defensores también transmitieron con confianza en su estrategia. La fiscalía por su parte estuvo representada por tres jóvenes fiscales asistentes: Edward B. Diskant, Daniel M. Tracer y Benet J. Kearney que aseguraron que tienen todas las evidencias que se requieren para probar la culpabilidad de los acusados frente al jurado.

  


















martes, 17 de octubre de 2017

Defensa de los acusados de lavado de dinero de funcionarios chavistas rechaza pruebas de la fiscalía

Para los abogados de Luis Javier Díaz y Luis Díaz Jr., es inadmisible que la corte acepte el testimonio del experto sobre control de cambio y el libro mayor encontrado en un recinto ajeno a los acusados, las principales evidencias de la fiscalía. En tal sentido solicitan al tribunal la realización de una audiencia Daubert para considerar el asunto.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La defensa de Luis Javier Díaz y Luis Díaz Jr., dos hombres acusados de haber lavado más de 100 millones de dólares a funcionarios del gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, a través de una empresa que vende materiales de construcción en el estado de la Florida, rechazó la propuesta hecha por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de presentar en el juicio el testimonio del experto en Regímenes de Control de Cambio, el profesor Daniel Lansberg-Rodríguez.
Los fiscales federales propusieron que Lansberg-Rodríguez explique al jurado cómo funcionan en Venezuela los controles de cambio y los mecanismos que se usan para lograr comprar las divisas que vende el gobierno a un precio menor del que rige en el mercado, lo cual ha creado una enorme corrupción por parte de los funcionarios y sus asociados, y una grave distorsión en la economía venezolana.

Los dos hombres —residentes del estado de la Florida— fueron acusados de cuatro cargos por el gobierno de los Estados Unidos, todos derivados de la operación de un negocio de transferencia de dinero sin licencia a través de su empresa exportadora, Miami Equipment, desde aproximadamente 2010 hasta al menos 2016.

Los cargos de acusación contra los Díaz son los siguientes:

1) Conspiración para operar un negocio de transferencias de dinero sin licencia, en violación del Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 371;

2) Operación de un negocio de transferencia de dinero sin licencia, en violación del Título 18 del Código de Estados Unidos, Sección 1960;

3) Conspiración de lavado de dinero, en violación del Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (h); y

4) Lavado internacional de dinero, en violación del Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (A)

El fiscal neoyorquino, Kim H. Joo, informó a la corte que el profesor Lansberg-Rodríguez podrá identificar en su testimonio frente a la corte a ciertas personas relevantes en el caso de los acusados, entre quienes se incluyen a Fidel Ramírez Carreño (hermano del expresidente de PDVSA y actual embajador ante la ONU, Rafael Ramírez), Enrique Rafael Cid (Ex-asesor del exministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón) y Nervis Villalobos Cárdenas (ex-viceministro de Energía Eléctrica durante el gobierno de Hugo Chávez), como ciudadanos vinculados a funcionarios del gobierno venezolano. Ver más detalles sobre el memorando de la fiscalía de NY en este enlace.

Vale destacar que a raíz de la publicación de los nombres de exfuncionarios del gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, quienes supuestamente estarían involucrados en este caso de lavado de dinero, según la fiscalía de Nueva York, intentamos comunicarnos con los señalados.

Logramos contactar a una fuente cercana al exviceministro de Energía Eléctrica durante el gobierno de Hugo Chávez, Nervis Villalobos Cárdenas, quien declinó comentar directamente sobre el caso, aunque negó que estuviese implicado o haya formado parte en el pasado en operaciones de presunto lavado de dinero a través de Cadivi.

El exfuncionario indicó que "ejercerá todas las acciones necesarias para demostrar que nunca estuvo relacionado a transacciones supuestamente al margen de la ley".

El expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez y su hermano, han evitado pronunciarse frente a diversas acusaciones de corrupción en las cuales han sido mencionados.

La defensa arremete

La defensa de los Díaz, representada por los abogados José Manuel Quiñones, George J. Vila y  Vincent Joseph Flynn, pidieron al juez que realice una audiencia Daubert para presentar los argumentos de inadmisibilidad del testimonio del testigo experto propuesto por la fiscalía, Daniel Lansberg-Rodríguez.

Una audiencia Daubert es un encuentro llevado a cabo ante el juez, donde la validez y la admisibilidad del testimonio de un experto son cuestionadas por un abogado opositor. Se requiere que el experto demuestre que su metodología y razonamiento son científicamente válidos y pueden aplicarse a los hechos del caso.

El término proviene del caso de la Corte Suprema de Estados Unidos de 1993, Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc., en el cual la Corte articuló un nuevo conjunto de criterios para la admisibilidad del testimonio de expertos científicos.

Objetan la evidencia del libro de contabilidad

Los defensores de los dos acusados informaron que sus clientes se oponen a la introducción del libro de contabilidad o libro mayor y su contenido, el cual fue recuperado por los agentes del gobierno durante la ejecución de una orden de registro en un "Restaurante" en Nueva York que participaba en la conspiración. Los defensores argumentan que la ubicación del "Restaurante" está totalmente fuera del dominio o control de los demandados.

En el memorando, la defensa dice que el libro mayor y sus contenidos son irrelevantes e inmateriales con respecto al caso de los acusados, y según ellos, usarlo como prueba directa violaría las Reglas Federales de Evidencia con respecto a la evidencia de rumores.

La defensa dice que los fiscales no pueden presentar el libro mayor por las siguientes razones:

​​(1) Se desconoce quién lo creó;
(2) Su propósito previsto;
(3) La autenticidad de las entradas en el mismo;
(4) La precisión de las entradas en el mismo;
(5) La identidad de cada individuo que hizo cada entrada;
(6) Lo que representa cada entrada en lo que respecta a cualquier transacción en particular y los detalles de la misma, y
​​(7) El conocimiento de la persona a quien cada entrada  se atribuye.

Recuerdan los abogados que las reglas sobre este particular establecen que la prueba para la evidencia relevante debe tener las siguientes características:

(a) tiene alguna tendencia a hacer un hecho más o menos probable de lo que sería sin la evidencia; y (b) el hecho es de importancia para determinar la acción.
Igualmente argumentan que si la corte considerara relevante esa evidencia, la regla 403, prevé la exclusión de evidencia relevante en ciertas situaciones, en particular cuando su valor probatorio es substancialmente superado por el peligro de uno o más de los siguientes elementos: prejuicio injusto, confusión de los asuntos, engaño del jurado, demora indebida, pérdida de tiempo o presentación innecesaria evidencia acumulada.

Por lo tanto, aseguran, si el tribunal considera que el libro de contabilidad es relevante, aun así sería tan perjudicial que confundirá los asuntos, y engañaría al jurado con tal información extraña, que no debe admitirse como evidencia en este caso.

Critican que las entradas en el libro mayor son rumores ya que el Gobierno ofrecerá el libro mayor y sus entradas para probar la causa, y por lo tanto, debe ser excluido de conformidad con la regla federal de evidencia número 802.

La defensa de los Díaz pidió al juez que rechace la moción in limine del gobierno y conceda su solicitud de audiencia "Daubert", basada en el testimonio experto del Profesor Daniel Lansberg- Rodríguez.

En ese sentido, la defensa dice que rechaza la intención del gobierno de presentar evidencia a través de testimonios de expertos sobre los controles monetarios venezolanos, los esquemas comunes utilizados para evadir esos controles monetarios y el daño que he han causado a la economía venezolana y sus ciudadanos cuando se violan dichos controles.

Dicen que si la corte admite que el gobierno presente testimonios periciales sobre controles monetarios venezolanos, los acusados solicitaran que limite dicho testimonio para prohibir que el mismo se relacione con los hechos y circunstancias del caso y con los individuos y entidades supuestamente involucradas.

Rechazan la propuesta del gobierno de que el experto informará al jurado sobre la operación de los esquemas de control monetario, pero no opinará sobre las pruebas en el juicio ni ofrecerá opinión sobre la conducta los acusados y su participaron en la conspiración.

Este Tribunal debería prohibir al Gobierno la presentación de testimonios de expertos sobre el efecto o impacto en la economía y los ciudadanos de Venezuela provocados por una violación de los controles monetarios, argumentan los abogados.

Explican que al evaluar los testimonios y las pruebas de los expertos, "el tribunal de distrito debe considerar los indicios de confiabilidad identificados en la Regla 702, a saber, (1) que el testimonio se base en hechos o datos suficientes; (2) que el testimonio sea el producto de principios y métodos confiables; y (3) que "el testigo haya aplicado los principios y métodos de manera confiable a los hechos del caso".

Entre otros factores, los abogados señalan que el tribunal de distrito debe considerar "si la teoría o la técnica del experto ha sido sometida a revisión y publicación por pares", la "tasa de error conocida o potencial" de la técnica "La existencia y mantenimiento de estándares que controlan la operación de la técnica" y si la técnica ha ganado aceptación general en la comunidad científica relevante.

La defensa expuso en el memorando que "la investigación flexible de Daubert le da a la corte del distrito la discreción necesaria para garantizar que la puerta de la sala del tribunal permanezca cerrada a la ciencia basura mientras admite un testimonio experto confiable que ayudará al juez de hecho".

Para justificar la admisibilidad, sin embargo, es fundamental que el análisis de un experto sea confiable en cada paso, acotan los abogados.