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jueves, 26 de marzo de 2020

Esta es la acusación contra Nicolás Maduro y 14 funcionarios venezolanos por delitos de narcoterrorismo, corrupción y lavado de dinero

  El Departamento de Justicia norteamericano acusó a Nicolás Maduro Moros y a 14 funcionarios de alto rango del régimen venezolano de haberse asociado con el grupo terrorista de las FARC para usar la cocaína como arma para "inundar" a los Estados Unidos. 

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   El Departamento de Justicia de EEUU anunció este jueves cargos por narcotráfico, terrorismo, corrupción y lavado de dinero contra las principales figuras del régimen de Venezuela, y ofreció una recompensa de USD 15 millones a las personas que ayuden a la captura  y enjuiciamiento de Nicolás Maduro.

  El fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, señaló que la frontera entre Colombia y Venezuela ha sido tomada por las disidencias de las FARC bajo amparo de Nicolás Maduro. Por esas razones, acusó al régimen de tramar una conspiración con las FARC para “inundar a Estados Unidos de drogas”. 

  El fiscal Barr dijo que se estima que la organización criminal del cártel de los Soles que entre 200 y 250 toneladas métricas de cocaína son enviadas fuera de Venezuela por las rutas de la alianza criminal, que equivalen hasta a 30 millones de dosis letales.

  Por su parte, el fiscal para el Distrito Sur de Nueva York, Geoffrey Berman, dijo: “Anunciamos cargos criminales contra Nicolás Maduro por llevar adelante, junto a sus principales lugartenientes, una sociedad narcoterroristas con las FARC por los últimos 20 años. El alcance y la magnitud de la droga traficada sólo fue posible porque Maduro y las instituciones corruptas de Venezuela proveyeron protección política y militar para los crímenes de narcoterrorismo”. Además, Berman sostuvo que la cúpula chavista presionó a otros gobiernos para que permitan el despliegue de la trama criminal.

  El fiscal mostró un cuadro donde aparecen dos tipos de recompensas para quienes ayuden a capturar y procesar a los miembros de la empresa criminal. Por la cabeza de Nicolás Maduro se ofrecen USD 15 millones y por las de Diosdado Cabello, Hugo Carvajal, Clíver Alcalá y Tareck El Aissami USD 10 millones por cada uno y hasta $ 5 millones por información que conduzca al arresto y / o condena de Marín Arango.
   En el cuadro aparece Nicolás Maduro Moros, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno en primera plana, y posteriormente 11 funcionarios (y exfuncionarios) civiles y militares. 

  Los acusados serán procesados, de llegarse a capturar, en tres distritos: Nueva York; Washington DC y Miami. En la acusación aparecen también dos líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

  "Durante la última década, funcionarios corruptos del gobierno venezolano han saqueado sistemáticamente a Venezuela de miles de millones de dólares", dijo la fiscal federal Ariana Fajardo Orshan. 

  “Con demasiada frecuencia, estos funcionarios corruptos y sus co-conspiradores han usado bancos e inmuebles del sur de la Florida para ocultar y perpetuar su actividad ilegal. Como muestran las caricaturas recientes, la corrupción venezolana y el lavado de dinero en el sur de Florida se extienden incluso a los niveles más altos del sistema judicial de Venezuela. En los últimos años, la Oficina del Fiscal de los EE. UU. En el sur de Florida y sus socios federales encargados de hacer cumplir la ley se han unido para presentar docenas de cargos penales contra funcionarios del régimen de alto nivel y conspiradores que resultan en incautaciones de aproximadamente $ 450 millones de dólares ”

  "Estas acusaciones exponen la devastadora corrupción sistémica en los niveles más altos del régimen de Nicolás Maduro", dijo el administrador interino de la DEA, Uttam Dhillon. 

 “Estos funcionarios traicionaron repetidamente y con conocimiento al pueblo de Venezuela, conspirando, para beneficio personal, con narcotraficantes y organizaciones terroristas extranjeras designadas como las FARC. Las acciones de hoy envían un mensaje claro a los funcionarios corruptos en todas partes de que nadie está por encima de la ley o más allá del alcance de la policía estadounidense", sostuvo Dhillon. 

 Aseguró además que el Departamento de Justicia y la Administración de Control de Drogas continuarán protegiendo al pueblo estadounidense de los traficantes de drogas despiadados, sin importar quiénes sean o dónde vivan ".

  "La naturaleza colaborativa de esta investigación es representativa del trabajo continuo que HSI y las agencias internacionales de aplicación de la ley realizan cada día, a menudo detrás de escena y desconocido para el público, para hacer que nuestras comunidades sean más seguras y libres de corrupción", dijo el Director Asociado Ejecutivo Interino de HSI Alysa D. Erichs. 

  "El anuncio de hoy destaca el alcance y el compromiso global de HSI para identificar, atacar e investigar agresivamente a las personas que violan las leyes de los EE. UU., Explotan los sistemas financieros y se esconden detrás de la criptomoneda para promover su actividad criminal ilícita". 

Los acusados son los siguientes:

En el Distrito Sur de Nueva York (SDNY):

Nicolás Maduro Moros, de 57 años; Diosdado Cabello Rondón, 56, jefe de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela; Hugo Armando Carvajal Barrios, alias “El Pollo”, 59, ex director de inteligencia militar; Cliver Antonio Alcalá Cordones, 58, ex general de las fuerzas armadas venezolanas; Luciano Marín Arango, alias "Iván Márquez", 64, miembro de la Secretaría de las FARC, que es el máximo órgano de liderazgo de las FARC; y Seuxis Paucis Hernández Solarte, también conocido como "Jesús Santrich", de 53 años, miembro del Alto Mando Central de las FARC, que es el segundo cuerpo de liderazgo más alto de las FARC. El caso está pendiente ante el juez federal de distrito Alvin K. Hellerstein.

  Maduro Moros, Cabello Rondón, Carvajal Barrios, Alcalá Cordones, Marín Arango y Hernández Solarte han sido acusados ​​de: 

(1) participar en una conspiración narcoterrorista, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 20 años y un máximo de cadena perpetua. prisión, 

(2) conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años y un máximo de cadena perpetua; 

(3) usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de las conspiraciones de narcotráfico e importación de cocaína, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 30 años y un máximo de la vida en prisión; y 

(4) conspirar para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de las conspiraciones de narcotráfico e importación de cocaína, lo que conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua en prisión. 

La acusación

  De acuerdo con las acusaciones contenidas en la acusación sustituta, otras presentaciones judiciales y declaraciones realizadas durante los procedimientos judiciales:

  Desde al menos 1999, Maduro Moros, Cabello Rondón, Carvajal Barrios y Alcalá Cordones, actuaron como líderes y gerentes de Cártel de Los Soles. El nombre del cártel se refiere a las insignias del sol pegadas a los uniformes de los oficiales militares venezolanos de alto rango. 

  Maduro Moros y los otros miembros del Cartel acusados  en la presente conspiración ​​abusaron del pueblo venezolano y corrompieron las instituciones legítimas de Venezuela, incluidas partes del ejército, el aparato de inteligencia, la legislatura y el poder judicial, para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. 

  "El Cártel de Los Soles buscó no solo enriquecer a sus miembros y mejorar su poder, sino también "inundar" a los Estados Unidos con cocaína e infligir los efectos nocivos y adictivos de la droga en los usuarios de los Estados Unidos", dice el documento del gobierno.

  Marín Arango y Hernández Solarte son líderes de las FARC. A partir de aproximadamente 1999, mientras las FARC pretendían negociar la paz con el gobierno colombiano, los líderes de las FARC acordaron con los líderes del Cártel de Los Soles reubicar algunas de las operaciones de las FARC en Venezuela bajo la protección del Cartel. Posteriormente, las FARC y el Cártel de Los Soles enviaron cocaína procesada desde Venezuela a los Estados Unidos a través de puntos de transbordo en el Caribe y América Central, como Honduras. 

  Aproximadamente en 2004, el Departamento de Estado de EE. UU. estimó que 250 o más toneladas de cocaína transitaban por Venezuela por año. Los envíos marítimos se enviaron al norte desde la costa de Venezuela utilizando embarcaciones rápidas, barcos de pesca y portacontenedores. Los envíos aéreos a menudo se enviaban desde pistas de aterrizaje clandestinas, típicamente hechas de tierra o hierba, concentradas en el Estado Apure. 

  Según el Departamento de Estado de EE. UU., aproximadamente 75 vuelos no autorizados sospechosos de actividades de narcotráfico ingresaron al espacio aéreo hondureño solo en 2010, utilizando lo que se conoce como la ruta de cocaína "puente aéreo" entre Venezuela y Honduras.

  En su papel de líder del Cártel de Los Soles, Maduro Moros negoció múltiples envíos de toneladas de cocaína producida por las FARC; ordenó que el Cártel de Los Soles proporcione armas de grado militar a las FARC; coordinó asuntos con Honduras y otros países para facilitar el tráfico de drogas a gran escala; y solicitó asistencia de los líderes de las FARC para capacitar a un grupo de milicianos no autorizados que funcionaba, en esencia, como una unidad de las fuerzas armadas para el Cártel de Los Soles.

  La Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA, la Fuerza de Ataque de Nueva York y la División de Campo de Miami llevaron a cabo la investigación. 

  Este caso está siendo manejado por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para la Unidad Internacional de Narcóticos y Terrorismo del Distrito Sur de Nueva York. Los fiscales federales adjuntos Amanda L.Houle, Matthew J. Laroche, Jason A. Richman y Kyle A. Wirshba están a cargo de la acusación.

Vladimir Padrino López

   Asimismo, el comunicado del Departamento de Justicia refiere una acusación presentada hoy en el Distrito de Columbia que alega que desde marzo de 2014 hasta mayo de 2019, Vladimir Padrino López, actual Ministro de Defensa de Venezuela, conspiró con otros para distribuir cocaína a bordo de un avión registrado en los Estados Unidos.

  Padrino López, quien tiene el rango de General en las fuerzas armadas venezolanas, tenía la autoridad para interceptar aviones—muchos de los cuales están registrados en los Estados Unidos sospechosos de ser utilizados para traficar drogas desde Venezuela a países de América Central. 

  En numerosas ocasiones, Padrino López ordenó o autorizó al ejército venezolano a obligar a aterrizar o derribar el avión. Sin embargo, Padrino López permitió que otras aeronaves cuyos coordinadores de narcotráfico le pagaban sobornos  transitaran con seguridad por el espacio aéreo venezolano.

  Recuerda que el 25 de septiembre de 2018, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. incluyó a Padrino López en su Lista de nacionales especialmente designados. De conformidad con la Ley de designación de narcotraficantes de narcóticos extranjeros, esto significa que sus activos están bloqueados y que a los estadounidenses generalmente se les prohíbe realizar transacciones financieras con Padrino López.

  La Oficina de Distrito de la DEA en Orlando dirigió la investigación, que fue apoyada por el programa de la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado de Drogas y la Oficina de Operaciones de Aplicación de la División Criminal. El subjefe interino Charles Miracle y los abogados litigantes Michael Christin y Kirt Marsh de la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas de la División Criminal están procesando el caso.

Maikel José Moreno Pérez

   Maikel José Moreno Pérez, de 54 años, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, fue acusado mediante una denuncia penal en el Distrito Sur de Florida de conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero en relación con el presunto recibo corrupto o el recibo previsto de decenas de millones de dólares y sobornos para arreglar ilegalmente docenas de casos civiles y penales en Venezuela.
  La demanda señala que el acusado autorizó la incautación y venta de una planta automotriz de General Motors con un valor estimado de $ 100 millones a cambio de un porcentaje personal de los ingresos. 

  Del mismo modo, la denuncia alega que el acusado recibió sobornos para autorizar el despido de dibujos animados o la liberación contra venezolanos, incluido uno acusado en un esquema de fraude multimillonario contra la compañía petrolera estatal venezolana.

   De acuerdo con la denuncia penal, en octubre de 2014 o alrededor de esa fecha, Moreno Pérez le dijo a las autoridades estadounidenses una solicitud de visa donde señalaba que ganaba aproximadamente el equivalente a aproximadamente $ 12,000 por año de su trabajo en Venezuela. 

  De 2012 a 2016, los registros bancarios del acusado en los EE. UU. muestran entradas de aproximadamente $ 3 millones en las cuentas del acusado, principalmente de grandes transferencias de dólares en efectivo de corporaciones fantasmas.

Tareck Zaidan EL Aissami
  En una acusación sustituta separada revelada por las autoridades del Distrito Sur de Nueva York, se señala que fueron acusados: 
 1) Tareck Zaidan El Aissami Maddah, de 45 años, actual el vicepresidente de economía de Venezuela
  2) Joselit Ramírez Camacho, de 33 años, el superintendente de criptomonedas de Venezuela (Sunacrip) y, 
  3) Samark López Bello, de 45 años, un empresario venezolano, con una serie de delitos relacionados con esfuerzos por evadir las sanciones impuestas por la OFAC contra Maduro Moros, El Aissami Maddah y López Bello.
  La acusación formal alega que desde febrero de 2017 hasta marzo de 2019, El Aissami Maddah y Ramírez Camacho trabajaron con personas estadounidenses y entidades con sede en los EE. UU. para proporcionar servicios de vuelos privados en beneficio de la campaña presidencial de Maduro 2018, en violación de las sanciones de la OFAC dirigidas a Maduro después de organizarse elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente ilegítima que ahora dirige Cabello Rondón.

  El Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de su Programa de recompensas de narcóticos, ofrece una recompensa de hasta $ 10 millones por información que conduzca al arresto y/o condena de El Aissami Maddah.

   La Oficina de Campo de Nueva York de HSI realizó la investigación. Este caso está siendo manejado por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para la Unidad Internacional de Narcóticos y Terrorismo del Distrito Sur de Nueva York. Los fiscales federales adjuntos Sam Adelsberg y Amanda L. Houle están a cargo de la acusación.

Otras acusaciones separadas

   Luis Motta Domínguez, de 67 años, ex ministro de Energía, fue acusado en el Distrito Sur de Florida por su presunto papel en el lavado del producto de las violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) en relación con su presunto recibo de sobornos para adjudicar negocios de Corpoelec. a empresas con sede en los Estados Unidos.
Néstor Reverol Torres, 55, ex Director General de La Oficina Nacional Antidrogas (ONA) de Venezuela y ex comandante de la Guardia Nacional de Venezuela y Edylberto José Molina Molina, 57, ex Subdirector de la ONA de Venezuela y actualmente agregado militar de Venezuela a Alemania, fueron acusados en el Distrito Este de Nueva York con la participación en una conspiración internacional de distribución de cocaína donde supuestamente ayudaron a los narcotraficantes a importar cocaína a los Estados Unidos.
Vassyly Kotosky Villarroel Ramírez, alias "Mauro" y "Ángel", 47, ex capitán de la Guardia Nacional venezolana, fue acusado en una tercera acusación en el Distrito Este de Nueva York de participar en una conspiración internacional de distribución de cocaína entre el 1 de enero. , 2004 y 1 de diciembre de 2009.
Rafael Antonio Villasana Fernández, de 48 años, ex oficial de la Guardia Nacional de Venezuela, fue acusado en el Distrito Este de Nueva York de participar en una conspiración internacional de distribución de cocaína entre el 1 de enero de 2004 y el 1 de diciembre de 2009. Según el tribunal documentos, Kotosky y Villasana supuestamente utilizaron vehículos oficiales del gobierno para transportar más de siete toneladas métricas de cocaína desde la frontera colombiana a varios aeropuertos y puertos marítimos en Venezuela para su importación final a los Estados Unidos.

Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, de 52 años, ex viceministro de Energía de Venezuela, fue acusado en una acusación de 20 cargos en el Distrito Sur de Texas de conspiración para cometer lavado de dinero, lavado de dinero y conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) por su presunto papel en un esquema internacional de lavado de dinero que involucra sobornos pagados por los propietarios de empresas con sede en los Estados Unidos a funcionarios del gobierno venezolano para asegurar corruptamente contratos de energía y prioridad de pago en facturas pendientes.
Oscar Rafael Colmenarez Villalobos, 51, ex oficial de la Fuerza Aérea Venezolana, acusado en el Distrito de Arizona de violaciones de la Ley de Control de Exportación de Armas. 

  Supuestamente conspiró con otros, incluidos individuos asociados con una compañía de aviación en Arizona, para contrabandear desde Estados Unidos. a los motores de aviones militares T-76 de Venezuela utilizados en los aviones OV-10 Bronco a personas en Venezuela y supuestamente hicieron declaraciones falsas y engañosas en los documentos de control de envío y exportación para ocultar las actividades y transacciones prohibidas de la detección del gobierno de los EE. UU.


viernes, 27 de septiembre de 2019

Conoce todo los detalle de la denuncia hecha por Colombia en la OEA sobre relaciones de “beneficio mutuo” entre la guerrilla y el régimen de Maduro

Un informe de la cancillería colombiana que si bien reconoce que las relaciones no son un hecho nuevo, alerta que en los últimos tres años los grupos armados ilegales han apuntado sus esfuerzos estratégicos a constituir un enclave criminal en Venezuela con la venia de Nicolás Maduro.


Por Maibort Petit 
@maibortpetit

Un informe de la Cancillería colombiana entregado a la Organización de Estados Americanos (OEA) revela los vínculos que los grupos armados ilegales de la nación neogranadina mantienen con el régimen venezolano, una relación que en el reporte se describe como de “beneficio mutuo”.
El reporte, clasificado como de uso exclusivo de la Cancillería, titulado “Grupos armados ilegales y su relación con el régimen venezolano”, alerta que la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las facciones disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio venezolano, permitirían la continuidad de Nicolás Maduro en el poder.
La primera parte del reporte denominada “Vínculos del régimen venezolano con los grupos armados” de la que toma el nombre el informe, refiere en primer lugar, que se trata de un fenómeno criminal con más de dos décadas de vigencia, cuya relación ha sido denunciada continuamente por el gobierno colombiano para lo cual se sustenta en algunos hechos ocurridos entre los años 2002 y 2016.

Así, se indica que en 2002 se denunció la existencia de campamentos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el estado de Zulia.

En 2005 se acusó la existencia de campamentos de FARC en los estados Bolívar y Apure, al tiempo de que se alertó la presencia de estos grupos en Amazonas.

Para 2006 Colombia denunció la existencia de refugios y centros de tránsito de droga tanto en el estado Bolívar como en Amazonas.

En 2007 investigaciones desarrolladas por Diario El País sobre “la inmunidad legal de facto” de Venezuela con los Grupos Armados Insurgentes (GAI) de Colombia.

En 2008 los computadores de ‘R. Reyes’ revelaron los vínculos de alias ‘R. Granda’ con autoridades venezolanas. Ese mismo año el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a altos funcionarios venezolanos por brindar apoyo a las FARC.
Igualmente, el informe cita la denuncia que en 2010 formuló Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la presencia “consolidada, activa y creciente” de las FARC en territorio de Venezuela. Se habló de 1.500 hombres en armas.

En 2011, el Comandante General de las Fuerzas Militares colombianas denunció la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en territorio venezolano.

En 2012, un informe del gobierno de EE. UU. denunció la permanencia de las FARC y el ELN en Venezuela.

En 2015 se conoció un informe de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM) en el que se daba cuenta de la presencia de varios cabecillas de las FARC y el ELN en Venezuela, a saber, “Timochenko”, “Grannobles” y “Pablito”.

En 2016, el gobernador de Amazonas denunció la presencia de cerca de 4.000 hombres en armas de FARC y el ELN en esa entidad venezolana.
El reporte refiere que en los últimos tres años, es decir, de 2017 al presente 2019, los grupos armados ilegales han apuntado sus esfuerzos estratégicos a constituir un enclave criminal en Venezuela, con el beneplácito del régimen de Nicolás Maduro.

Citando al International Crisis Group (febrero, 2019), el informe refiere que “Las FARC y el ELN se han afianzado mucho más en las últimas dos décadas como resultado de sus afinidades ideológicas con los gobiernos de Chávez y Maduro e intereses económicos cada vez más superpuestos”.

Igualmente se hace mención a los señalado en marzo de 2019 por Insight Crime, en cuanto a que “El ELN es ampliamente tolerado por autoridades venezolanas (…) El grupo es capaz de operar con casi total impunidad gracias a los cercanos lazos que tiene con las fuerzas de seguridad…”.

El segundo punto del informe se denomina “Caracterización de relacionamiento entre el régimen y los grupos armados” y asegura que la relación de la dictadura venezolana con estos grupos es de mutuo beneficio.

Precisa que tres factores determinan el tipo de vínculos, a saber, el considerarse como instrumento para garantizar la continuidad del régimen; por la obtención de réditos de economías criminales; y cuando se han establecido relaciones personales.

Se indica que con esta relación el régimen venezolano obtiene respaldo político y control social en zonas de injerencia de los grupos, mientras que estos últimos logran protección, logística, entrenamiento y armamento.

¿Dónde está opera el ELN en Venezuela?

El frente de guerra del Ejército de Liberación Nacional que opera en la frontera, de acuerdo a lo que revela el informe, mantiene asentamientos permanentes en Venezuela.

Estos asentamientos serían el del Frente de Guerra Norte, con 10 campamentos en el estado Zulia y, particularmente, en la Serranía del Perijá.

El Frente de Guerra Oriental tiene 20 campamentos en los estados Apure, Bolívar y Amazonas.

El Frente de Guerra Nororiental tiene 20 asentamientos en el estado Táchira.

Estos grupos del ELN en Venezuela se dedican, según el informe, a actividades propias de las economías criminales y al fortalecimiento armado.

Las actividades del ELN en territorio venezolano están dinamizadas por los vínculos de la organización ilegal con el régimen venezolano en tres niveles: 1) Estratégico, en el que intervienen altos funcionarios del régimen; 2) Operacional, con las fuerzas e instituciones de seguridad; 3) Táctico, en el que se relaciona con los colectivos y con las milicias.

Los vínculos estratégicos del ELN son —por el movimiento guerrillero— alias “Lenin”, quien forma parte del Frente de Guerra Oriental. Este hombre es el representante del ELN ante el régimen venezolano y su entorno.

Entretanto, la representación del régimen venezolano reposaría en quien ha sido denominado como el “protector del Táchira”, quien también lidera en Venezuela a los grupos colectivos. Freddy Bernal sería el enlace entre el régimen y el grupo armado.

Los vínculos operacionales del ELN con el régimen de Nicolás Maduro estarían dado por las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB), los miembros de REDI Occidental y Andes; los miembros de ZODI Zulia y Táchira; la Guardia Nacional Bolivariana; la Dirección General Conjunta de Inteligencia Militar (DGCIM); y la Fuerza Bolivariana de Liberación (FBL).

Entretanto, los vínculos tácticos del movimiento guerrillero colombiano con la administración de Maduro son los que permiten que el grupo armado tenga una mayor influencia territorial y armada en Venezuela.

El informe revela que el ELN coordina en la frontera sus actividades con los colectivos, algo que ha permitido que el grupo insurgente reorganice sus relaciones con actores armados legales e ilegales en esa zona.

Estas actividades de coordinación son las que ha permitido, por ejemplo, que el 23 de febrero entrara la ayuda humanitaria a Venezuela.

Igualmente, la ayuda financiera, especificándose como ejemplo de ello el patrocinio que el Frente Efraín Pabón (ELN) le brinda a un colectivo venezolano en frontera.

La coordinación también permite las economías criminales, al controlar y cobrar por transitar a través de los pasos ilegales.

El soporte logístico se transparenta, por ejemplo, en el hecho de que “Antonio García” se haya comprometido a entregar vehículos y radios a los irregulares venezolanos.

La evolución del ELN en Venezuela

De inmediato el reporte pasa a referirse a la manera cómo la guerrilla del ELN ha evolucionado en Venezuela de manera de pasar de tener una presencia esporádica a un proceso de asentamiento permanente.

Para lograrlo, el grupo armado ilegal colombiano, además de sus vínculos permanentes con el régimen chavista, implementó un proceso de “incrustación social” en los territorios venezolanos de la frontera, con apoyo de las autoridades locales.

Este proceso de “incrustación social” se ha visto facilitado al no hacer uso de la “colonización armada”, alineándose con los ritmos de la comunidad, buscando respaldo de grupos armados locales (colectivos), promoviendo procesos de organización comunitaria y facilitando la entrega de las cajas CLAP.

En ello le son favorables la continuidad del régimen venezolano, su relevancia en el desarrollo de negocios criminales y su rol como actor de seguridad para las autoridades regionales.

Colombia denuncia dos riesgos para su seguridad nacional:

En primer término, un ELN más posicionado en territorio venezolano, incluso al margen del apoyo de las autoridades de dicho país.

Y en segundo lugar, la conformación de un enclave criminal entre los dos Estados, que le permita al grupo armado eludir las acciones en su contra.

Grupos armados organizados-residuales en Venezuela

La cancillería colombiana advierte que los grupos residuales mantienen vínculos con las autoridades venezolanas de tipo local y regional, al tiempo que llevan a cabo actividades logísticas, económicas y de control social en Venezuela.

Del mismo modo refieren que los grupos armados entrenan a las milicias venezolanas y controlan algunos pasos fronterizos.

Sostiene el informe que de los 2.296 hombres levantados en armas en Colombia, en Venezuela se mantienen 231, lo que representa el 10 por ciento de la fuerza.

GAO-Residuales en Venezuela:

Esto grupo consolidan sus nexos con las autoridades venezolanas, bien locales, como regionales, a quienes facilitan actividades logísticas, económicas y de control social.

De este modo el reporte sostiene que el Frente 33 del ELN mantiene nexos con el ZODI Táchira, el cual imparte las directrices para percibirlos como aliados a la revolución, al tiempo facilita el control social y político en frontera.

Por su parte, el Frente Acacio Medina contribuye con el ZODI Amazonas, la cual facilita las tareas de seguridad para economías criminales.

El Frente 10 es aliado de los gobiernos regionales y locales en los llanos venezolanos y su contribución consiste en el entrenamiento armado a las milicias, así como la protección a la revolución.

Con el ZODI Apure coopera en el control del tránsito de bienes y personas mediante el otorgamiento de “salvo conductos”.

Con REDI Los Llanos la colaboración es en el área de control social y político.

La contribución del Sebin consiste en brindar protección a miembros de los GAO-Residuales y seguridad para las economías criminales.

En el proceso de coordinación entre los GAO-Residuales y las autoridades venezolanas, juegan un papel fundamental Noé Suárez Rojas, alias “Grannobles” cuya contribución se fundamenta en el manejo de las finanzas y el control sobre los consejos comunales en frontera (Arauca-Apure).

Igualmente, Géner García Molina, alias “Jhon 40”, cuyo aporte e se en el manejo de las finanzas y el entrenamiento armado, así como los vínculos con mafias brasileras.

Márquez y Santrich en Venezuela

El reporte de la cancillería colombiana refiere que alias “Iván Márquez” y alias “Santrich”, así como los nuevos residuales, utilizan el territorio venezolano donde obtienen protección.

El informe indica que la declaración de “Iván Márquez”, “Santrich” y otros de sus cómplices sobre la fundación de un nuevo grupo narcoterrorista responde a las actividades que este grupo adelanta con la facciones del régimen venezolano.

Agrega que desde hace por lo menos un año, “Márquez” y alias “Granda” mantenían reuniones clandestinas en Venezuela.

La primera reunión de Iván Márquez tuvo ligar el 28 de agosto en la Isla La Orchila donde se discutió la presencia de “Romaña” y la relación con la DGCIM, así como los mecanismos para responder ante la JEP.

La segunda reunión de Márquez se llevó a cabo los días 18 y 19 de septiembre en el estado Apure. Participaron “Grannobles”, Luis Tolosa (FBL) y “Pablito”.

Lo fundamental de esta cita fue discutir la propuesta de constituir un “Bloque político de la izquierda Latinoamérica”.

También se analizó el apoyo al movimiento de tropas y el entrenamiento a las milicias por parte del ELN y los GAO-residuales.

El protagonista de la reunión sostenida del 17 al 25 de octubre en el estado Guárico fue Rodrigo Granda.

El aspecto de interés de este encuentro fue la seguridad proporcionada por autoridades venezolanas a los grupos armados colombianos, los traslados e identificación en caso de no recibir beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la transferencia de bienes de las FARC.

En estos encuentros se denunció el supuesto incumplimiento del gobierno colombiano en las negociaciones, la recuperación de los bienes de las FARC en Venezuela y los encuentros con actores afines al proyecto de radicalización del régimen (Tareck El Aissami y Néstor Reverol).

Estos encuentros constituyeron a criterio de la cancillería colombiana, una contravención al Acuerdo de paz entre los grupos irregulares y el gobierno neogranadino.

Consideraciones finales

Finalmente el informe de la Cancillería colombiana presentado a la OEA sostiene que las relaciones entre el régimen venezolano y los grupos armados ilegales no es un hecho nuevo, estableciendo que la data de la misma tiene por lo menos hace dos décadas y le ha permitido a las partes fortalecerse.

Refiere que en la actualidad los favores prestados por el régimen venezolano a los grupos armados ilegales colombianos han permitido a la guerrilla pasar de permanecer en la retaguardia en Venezuela a tener un asentamiento permanente fundamentado en las economías criminales.

El régimen venezolano utiliza a estos grupos como un mecanismo de control social y de represión a la oposición, además de considerarlos como una especie de “escudo” en la frontera ante una eventual intervención extranjera.

Por último, se advierte que la relación de cooperación entre los grupos armados ilegales y el régimen venezolano es la mayor amenaza para la estabilidad democrática y seguridad de la región.