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viernes, 11 de septiembre de 2020

Esta es la fórmula que proponen para derrocar a Nicolás Maduro

 Solamente una estrategia abordada en conjunto, permitirá enfrentar y a acabar con la empresa criminal que dirige el mandatario venezolano.

Por Maibort Petit

  Para derrocar al gobierno criminal de Nicolás Maduro, es clave conformar una alianza las autoridades y las capacidades del gobierno de los Estados Unidos que, en colaboración con socios regionales confiables, con la indispensable participación de Europa, para enfrentar el régimen que azota al pueblo venezolano. Solamente de esta manera será posible alcanzar el objetivo de recuperar las instituciones democráticas en Venezuela.

   Así lo sostiene el presidente de IBI Consultants, especialista en seguridad, terrorismo y crimen organizado transnacional en América Latina, Douglas Farah, en un informe que elaboró para el Centro para América Latina “Adrienne Arsht” del Atlantic Council titulado: “Las actividades ilícitas del régimen de Maduro: Una amenaza para la democracia en Venezuela y la seguridad en América Latina”, donde hace un análisis de las actividades irregulares del régimen Maduro que impiden la recuperación de las institucional venezolana.

  El enfoque de Farah refiere que en la medida en que el régimen criminal de Nicolás de Maduro continúe obteniendo beneficios de actividades ilícitas que lleva a cabo en colaboración con socios regionales e internacionales, las fuerzas democráticas —dentro y fuera de Venezuela— tendrán que continuar enfrentando a un enemigo bien arraigado con fuertes incentivos para mantener su control del poder.

  Y es que el experto en seguridad recuerda que Maduro mantiene asociaciones con organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y al tráfico de oro, así como con grupos terroristas colombianos, con lo cuales recurre a la implementación de esquemas de lavado de dinero y corrupción a través del Atlántico, siendo estos solo algunos de los nodos de una red criminal global mucho más amplia. Igualmente, alerta sobre las sólidas relaciones políticas, económicas y militares del régimen con actores geopolíticos como Irán, Rusia y China, los cuales son fuentes de apoyo claves para Maduro y sus cómplices.

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 Destaca que el régimen de Maduro y sus aliados internacionales — estatales y no estatales— ha dado muestras fehacientes de una gran resistencia y adaptabilidad frente a las fuertes sanciones impuestas por EE. UU. y otros países. No en balde, recuerda Farah, que Maduro y sus socios encontraron las costuras en el sistema financiero global, de tal manera que le han permitido trasladar sus operaciones a nuevas áreas geográficas o ubicaciones, o simplemente ha traído nuevos socios a su redil. En tal sentido, el especialista advierte que el gobierno interino de Venezuela y sus aliados en la comunidad internacional, se enfrentan esencialmente a un oponente que utiliza tácticas asimétricas.

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Ante este panorama, Douglas Farah se pregunta cómo aprovechar los nuevos conjuntos de herramientas de políticas y qué acciones específicas se deben coordinar internacionalmente para adoptar un enfoque más integral y asertivo para abordar las actividades ilícitas del régimen de Maduro e, inmediatamente responde que la clave para combatir esta red criminal es a través de la integración de las autoridades y las capacidades del gobierno de los EE. UU. en colaboración con socios regionales confiables, Europa, como ya se apuntó al principio, de manera de poder abordar el régimen de Maduro de manera global.

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Se remite, entonces Farah a las acciones que es necesario implementar desde esta alianza y menciona, en primer lugar, conformar un grupo de trabajo interinstitucional en el gobierno de EE. UU. al cual se incorporen, de manera estratégica, tanto recursos como experiencia, específicos de la comunidad de inteligencia y las agencias de EE. UU. relevantes, entre los cuales debe contarse el Departamento del Tesoro, el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Defensa.


Juntas, estas instancias, deben abordar los diversos frentes de la empresa criminal liderada por Nicolás Maduro con una estrategia coherente y multifacética de decomiso de activos, incautaciones de cuentas financieras, cierres de empresas fachada, acusaciones y procesamientos, revocación de visas, intercambio de información con aliados, entre otras acciones. Cada departamento tiene facultades únicas que, utilizadas de manera conjunta, impactan tremendamente el tiempo con el que los delincuentes cuentan para adaptarse y sobrevivir. Recuerda que, en el pasado, esta estrategia ha funcionado mejor a través de la coordinación del Consejo de Seguridad Nacional (NSC), que tiene el poder de convocar a directores y diputados y darle al tema un enfoque político sostenido. Es indispensable reducir la resiliencia y adaptabilidad de las estructuras criminales del régimen de Maduro.


En segundo término, Farah llama a instrumentar una diplomacia más continua y sólida que actúe sobre la naturaleza criminal del régimen y traiga consecuencias económicas y sociales persistentes y coordinadas. Un trabajo que avanza de manera paralela con el mejoramiento y optimización del intercambio de información financiera y la coordinación de sanciones con socios confiables como en la Unión Europea y América Latina, incluido el Caribe. 


Considera el experto que esto reduciría significativamente los espacios de operación del régimen en los sectores financieros. Cita el acuerdo del Grupo de Lima de implementar tácticas de rastreo de activos y medidas de decomiso, una iniciativa que está en el papel pero que es urgente implementar. Del mismo modo, el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Organización de los Estados Americanos (OEA) debe aplicar sanciones contra el oro ilícito y otras industrias extractivas.


En tercer lugar, Douglas Farah convoca a trabajar en estrecha colaboración con Brasil, Colombia, Guyana y Ecuador, de modo de aumentar el control fronterizo mediante el uso de tecnologías como drones de monitoreo y el incremento de personal, que se aboquen a interrumpir las cadenas de suministro ilícitas generalmente enfocadas en las regiones fronterizas. Esto debe contemplar cortar las líneas de reabastecimiento a los disidentes de las FARC y los grupos del ELN dentro de Venezuela, así como las redes de tráfico que sacan productos de la región.


Como cuarto punto, se debe conformar un grupo de trabajo multinacional en el cual se formulen políticas y actúen expertos del gobierno interino de Venezuela, Estados Unidos, la Unión Europea y estados miembros clave, el Grupo de Lima y CARICOM, para diseñar estrategias para enfrentar la amenaza de los grupos armados irregulares y el crimen transnacional con miras a abrir el camino hacia la restauración de las instituciones democráticas venezolanas.


Finalmente, Douglas Farah formuló un llamado a actuar urgentemente en este sentido, toda vez que no hacerlo, no combatir la naturaleza criminal del régimen de Nicolás Maduro, ni aislarlo de sus malignos aliados, solamente prolongará el sufrimiento del pueblo venezolano y aumentará las amenazas a la seguridad y la estabilidad en el hemisferio.

viernes, 14 de agosto de 2020

Departamento de Justicia de EE. UU. confirma la incautación de combustible iraní transportado por cuatro petroleros

Por Maibort Petit

  El Departamento de Justicia anunció la interrupción exitosa de un envío de combustible multimillonario por parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), una organización terrorista extranjera designada, que se dirigía a Venezuela. Estas acciones representan la mayor incautación de cargamentos de combustible de Irán por parte del gobierno.

   El 2 de julio de 2020, Estados Unidos presentó una queja en la que buscaba decomisar toda la carga de productos petrolíferos a bordo de cuatro petroleros de bandera extranjera, incluido el M/T Bella con el número 9208124 de la organización marítima internacional (OMI), el M/T Bering con El número IMO 9149225, el M / T Pandi con el número IMO 9105073 y el M / T Luna con el número IMO 9208100). 

El juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Jeb Boasberg  para el Distrito de Columbia emitió una orden de incautación de la carga de los cuatro buques.

El gobierno anunció que ha ejecutado con éxito la orden de incautación y confiscado el cargamento de los cuatro buques, por un total de aproximadamente 1,116 millones de barriles de petróleo. Con la ayuda de socios extranjeros, esta propiedad incautada está ahora bajo la custodia de Estados Unidos.

Después de la ejecución de la orden de decomiso de Estados Unidos, la marina de Irán abordó por la fuerza un barco no relacionado en un aparente intento de recuperar el petróleo incautado, pero no tuvo éxito. El Comando Central de Estados Unidos publicó ayer un video de la fallida operación iraní. 


Los fondos confiscados con éxito con una conexión con un estado patrocinador del terrorismo pueden dirigirse total o parcialmente al Fondo de Estados Unidos para Víctimas del Terrorismo Patrocinado por el Estado (http://www.usvsst.com/) después de la conclusión del caso.





viernes, 1 de mayo de 2020

EE.UU. acusa a dos iraníes de lavar dinero y violar las sanciones para favorecer a las Fuerzas Quds (IRGC) de Irán

  Las autoridades estadounidenses incautaron $ 12.3 millones en fondos relacionados con IRGC-QF.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  El gobierno de los Estados Unidos acusó a dos ciudadanos iraníes, Amir Dianat y Kamran Lajmiri, ​​de violar las leyes y sanciones de exportación de los Estados Unidos contra Irán y por delitos de lavado de dinero. La acusación se procesará en el Tribunal de Distrito de Columbia.
  Los fiscales federales acusaron a Dianat y Lajmiri de conspiración para proporcionar servicios financieros estadounidenses a entidades iraníes y a sus principales compañías que intentaron comprar un buque petrolero, registrado como  Nautic, en septiembre de 2019. 

   La denuncia alega que los acusados ​​ocultaron, tanto al vendedor  como a las instituciones financieras que procesaron las transacciones en dólares estadounidenses, así como al gobierno de los EE. UU. que la venta de este buque estaba destinada a Irán.

   La operación, dice la demanda, forma parte de un plan de los acusados para su enriquecimiento y para otros conspiradores, que lograron evadir las regulaciones, prohibiciones y requisitos de licencia de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) y el Reglamento de Transacciones y Sanciones de Irán (ITSR).

   En los documentos de la corte se describe un reclamo relacionado por decomiso civil es de $ 12,338,941.91. "Estos fondos estaban supuestamente involucrados en un esquema para lavar fondos en los Estados Unidos para adquirir ilícitamente el carguero petrolero, The Nautic"

  La demanda de decomiso civil alega que en el esquema estaba involucrada la Compañía Nacional de Petróleo de Irán, la Compañía Nacional de Petroleros de Irán (NITC) y la Fuerza Quds de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), todas están entidades está sancionadas por la OFAC

  El IRGC fue designado por los Estados Unidos como una organización terrorista extranjera. "Esta acción de decomiso representa la mayor incautación de fondos relacionados con las Fuerzas Quds de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, dice la demanda que a la vez acota que "todos los fondos de organizaciones terroristas están sujetos a decomiso".

 "Estos acusados ​​compraron un barco petrolero valorado en más de $10 millones al usar ilegalmente el sistema financiero de los Estados Unidos, violando desafiantemente las sanciones de los Estados Unidos", dijo el Fiscal General Adjunto de Seguridad Nacional John C. Demers.

  Demers aseguró que "Este es otro ejemplo más de que Irán utiliza descaradamente compañías de fachada y documentación falsa en su intento de ocultar las transacciones ilegales que el régimen iraní necesita, desesperadamente, para financiar sus actividades malignas". 

  La aplicación de las sanciones estadounidenses y las leyes penales financieras es un componente importante del compromiso que tiene la División de Seguridad Nacional de proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos. 

  Demers elogió los esfuerzos de los fiscales, agentes y analistas que descubrieron este esquema ilegal y cuyo trabajo resultó en la acción de decomiso más grande que haya involucrado a las Fuerza Quds de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC)".

  Por su parte, el Fiscal para el Distrito de Columbia, Timothy J. Shea, sostuvo que "Empleando autoridades de decomiso civil específicamente disponibles para la Fiscalía, continuaremos procesando agresivamente a aquellos que abusen de nuestro sistema financiero para apoyar a las entidades sancionadas".

 Shea aseguró que usarán todas las medidas disponibles bajo la ley, para incluir la confiscación civil para recuperar fondos para las víctimas del terrorismo. "Estas leyes existen y sirven para evitar que los países hostiles generen ingresos ilícitamente, (a través de la venta de petróleo), para financiar sus programas de proliferación de armas. Los cargos de hoy son otro ejemplo de los esfuerzos dedicados e implacables de nuestra oficina, el FBI y HSI ".

"La demanda demuestra que aquellos que usan el sistema financiero de los Estados Unidos para beneficiar a la industria petrolera iraní serán investigados por el FBI y procesados ​​en la mayor medida de la ley", dijo el agente especial del FBI Minneapolis a cargo Rainer Drolshagen. 

 "Los sectores petroquímicos y petroleros de Irán son las principales fuentes de financiación para el régimen iraní, y el FBI continuará persiguiendo agresivamente a aquellos que usan ilegalmente el sistema financiero de Estados Unidos para su beneficio".

 "La protección de nuestra patria abarca muchas misiones, incluida la protección de las exportaciones y la moneda de nuestra nación", dijo Steven W. Cagen, agente especial a cargo de HSI Colorado.    "Estos delincuentes pensaron que podrían enriquecerse mientras ayudaban a Irán, un país que sigue representando un serio amenaza para la seguridad de nuestra nación. Ahora enfrentarán las consecuencias de sus acciones ".

  El Departamento del Tesoro interpuso una acción concurrente, sancionando a Dianat y su compañía relacionada, Taif Mining.

  Según los alegatos, a partir de mayo de 2019 hasta diciembre de 2019, Dianat y Lajmiri conspiraron para comprar el carguero de Nautic a través de una compleja red de compañías de fachada, incluida Taif Mining. Después de enviar el pago final al vendedor, Taif Mining tomó posesión del Nautic. Rápidamente cambió su nombre y comenzó a hacer viajes a Irán para cargar petróleo iraní. 


 Debido a que los Estados Unidos congeló los fondos de la venta del buque, el vendedor nunca recibió el pago. Como resultado, el vendedor inició una acción civil en los EE. UU. para recuperar el dinero adeudado.

  El 15 de marzo de 1995, la presidencia de los Estados Unidos emitió la Orden Ejecutiva No. 12957, que establecía que "las acciones y políticas del Gobierno de Irán constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la economía del país". Estados Unidos declaró una emergencia nacional para hacer frente a la amenaza. 

   En posteriores órdenes ejecutivas, el presidente impuso sanciones económicas, incluido un embargo comercial a Irán. Las órdenes ejecutivas y el ITSR prohíben la exportación, reexportación, venta o suministro, directa o indirectamente, a Irán de bienes, tecnología o servicios de los Estados Unidos o de una persona estadounidense sin autorización previa o licencia de la Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, ubicada en Washington, DC. 

  Los conspiradores utilizaron el sistema de corresponsalía bancaria de los Estados Unidos para procesar transacciones ilícitas en dólares estadounidenses, y en ningún momento alertaron a las instituciones financieras estadounidenses de que estaban financiando la compra de un buque tanque para las entidades iraníes.

  Si son declarados culpables, Dianat y Lajmiri enfrentarían un máximo de 20 años de prisión.

  La investigación fue realizada por agentes especiales de la Oficina de Campo del FBI en Minneapolis y HSI Colorado Springs.




martes, 10 de marzo de 2020

Juicio por lavado de dinero de Ali Sadr Hasheminejad: El Fondo Chino de Venezuela pagó a las empresas que violaron las sanciones de EE.UU. contra Irán

Por Maibort Petit
@maibortpetit

    "El juicio contra Ali Sadr Hasheninejad pasa a otra etapa", dijo la jueza Alison Nathan al jurado que ha visto por seis días una voluminosa evidencia presentada por la fiscalía estadounidense. "El gobierno resta y le pasa el turno a la defensa", sostuvo la magistrada al final del día lunes, cuando le dió instrucciones al jurado ante de despedirlos, ordenando que no podían leer en los medios ni en las redes sociales nada sobre el caso para que puedan mantener su imparcialidad. 
  Ali Sadr Hasheminejad, un ciudadano iraní que adquirió la nacionalidad de San Cristóbal y Nieves, es acusado por el gobierno de Estados Unidos de delitos de lavado de dinero, fraude bancario e incumplimiento de las sanciones impuestas por EE. UU.  contra Irán al trasladar dinero a través del sistema financiero estadounidense proveniente de un proyecto de vivienda en Venezuela promovido por los regímenes de Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro.

Las medidas de los bancos para evitar la violación de las sanciones

   En la audiencia número 6 del juicio, un testigo que representa a un banco víctima, Citibank, dijo que si bien los bancos intermediarios no tienen la obligación de investigar a los clientes de los bancos correspondientes si deben hacerlo y alertar sobre cualquier irregularidad. Este comentario se produjo cuando la defensa insistía que el acusado no cometió delitos y los fiscales explicaban que el manejo hecho en múltiples transacciones por parte del Hyposwiss, que es la entidad donde Sadr Hasheminejad tenía las cuentas de las empresas offshore que usó para el esquema de lavado de dinero y violación de las sanciones acusado en este caso.

  Los fiscales mostraron un sistema que se origina en PDVSA, con una orden de pago para las empresas de Sadr contratadas para construir las casas en Venezuela, PDVSA enviaba la orden a su banco en Portugal, Espíritu Santo (BES), esta entidad enviaba el dinero a su banco intermediario en Nueva York (CitiBank o J. P. Morgan Chase) y este a su vez transfería los fondos al banco correspondiente que es Hyposwiss, en Suiza que era el banco donde Sadr y su padre abrieron las cuentas de las empresas sustitutas de la contratada originalmente por Venezuela, llamada Iranian International Housing Co. (IIHC). 

 La fiscalía y el testigo del Citibank sostuvieron que la responsabilidad de investigar las transacciones de Sadr y su familia es Hyposwiss porque los dos ciudadanos iraníes eran sus clientes, y no CitiBank o Chase. Sin embargo, debido a una serie de factores que se encontraron en varias transacciones hechas a través de los bancos estadounidenses, se levantaron las alarmas ante el inminente uso del sistema financiero para lavar dinero a favor de Irán. 

  Los fiscales explicaron que Sadr y su padre sabían perfectamente que estaban cometiendo un delito, y para evitar ser descubiertos crearon una estrategia que los llevó a comprar nacionalidades en San Cristóbal y Nieves para él, su padre y hermanas; registrar empresas en Suiza, Turquía, Hong Kong, Emiratos Árabes, entre otros, abrir cuentas bancarias en Suiza y Alemania, cambiar el nombre de la empresa contratada en PDVSA para eliminar la palabra Iranian (en su lugar pusieron Industrial) y bajar el website de Iranian International Housing Co. (IIHC) para borrar cualquier indicio "tóxico" que los involucraran con Irán. 

  Los fiscales dijeron que los pagos multimillonarios hechos por PDVSA a los Sadr, y que fueron procesados a través del sistema bancario estadounidense constituyen un delito federal, ya que viola las sanciones entre Estados Unidos e Irán y se convirtió no solamente en un fraude bancario sino en el esquema de lavado de dinero internacional.

  El testigo del Citibank explicó los bancos toman muy en serio el tema de las sanciones ya que el incumplimiento genera penalidades para las instituciones financieras. El experto sostuvo  que las sanciones contra Irán están dirigidas al gobierno, al país y las personas que lo integran.

  Cuando fue interrogado por el abogado de Sadr, Brian Herberlig, el testigo de Citibank dijo que no tenía conocimiento de que el banco enfrentara sanciones por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por las acciones de este caso. 

Compañía de Sadr pago por un apartamento en Caracas

  La fiscalía llamó a una mujer venezolana americana al estrado. Alessandra Conte dijo que en 2011 vendió su apartamento en Caracas, Venezuela por $ 170,000 a un hombre llamado César Gudiño. El comprador presentó problemas para pagar el precio total de la compra del inmueble y fue la empresa de Sadr Hasheminejad la entidad que pagó parte de la deuda.

  La mujer explicó que se había mudado a State Island, en la ciudad de Nueva York en el año 2000 y que vendió el inmueble porque sabía que no lo ocuparía más. Logró concretar la venta con Gudiño quien pagó una parte en dólares y otra en bolívares.

  El fiscal preguntó "¿quién arregló pagarle en dólares estadounidenses?", A lo que la mujer respondió "Stratus". 

  Stratus Construction es una empresa propiedad de la familia Hasheminejad y aparece involucrada en el esquema de lavado de dinero acusado por la fiscalía.

Defensa se queja por documentos relacionados con Stratus

  Entre las mociones que se discutieron este lunes estpa una carta de la fiscalía donde se explica que no se había proporcionado a la defensa de Sadr documentos relacionados con la compañía Stratus.

  En la comunicación dice: “Stratus fue fundada en 1978 en Teherán, Irán; Stratus International se especializa en proporcionar servicios de contratación para proyectos de infraestructura tales como carreteras, ferrocarriles, presas, túneles, aeropuertos y edificios; Stratus está trabajando actualmente en un proyecto de desarrollo de viviendas de la Unidad de Apartamentos 7000 "Nuevo Ojeda" en Venezuela ", señala el documento.

  En la carta presentada al juez, el abogado asistente dijo que, en 2011, el banco que procesaba el pago recibió una respuesta a su consulta "indicando, en suma y sustancia, que la dirección de Stratus está en Turquía, está registrada en Turquía, hace construcción en varios países, incluyendo a Venezuela ".

    Stratus luego se agregó al filtro de sanciones del gobierno de EE. UU. Para monitorear cualquier pago futuro.

  El documento dijo que las autoridades estaban tratando de confirmar si la Oficina de Control de Activos Extranjeros tomó alguna medida basada en la divulgación del banco, pero está dispuesta a "estipular que la OFAC no tomó medidas contra las entidades del Banco Stratus o el acusado".

  "El Gobierno lamenta su error y está trabajando para confirmar que no hay nada más relacionado con la investigación bancaria que tenga alguna relación con este caso", agrega la carta.

  Habían estado al tanto de la carta desde mediados de enero, y que, en ese momento, creían erróneamente que era parte del descubrimiento en el caso, decía la carta.

Las tablas que incomodan a la defensa

   La fiscalía presentó unas tablas con los pagos hechos por PDVSA a las empresas offshore de Sadr y su padre, incluyendo la tóxica IIHC que se iniciaron en 2010 hasta 2014. 

    Una de las comunicaciones presentadas estaba fechada el 30 de diciembre de 2010 en la cual Sadr le advierte a su empleado Bahram Karimi sobre los problemas que tenían con la cuenta del Chase en Nueva York. 
    
     En otro correo Sadr explica a su banco Hyposwiss que venía una transferencia por $ 29 millones de Venezuela el 11 febrero 2011. La orden correspondiente para ese pago, está hecha en un papel membretado con Iranian International Housing Co. (IIHC), firmada por José Luis Parada Sánchez, jefe de DUCOLSA y donde se usa la dirección de IIHC en Teherán [Apart. 101 N-18 Mina Boulevard Afnet St. Teherán].

  José Luis Parada explicó cómo se iba a cambiar la empresa iraní por una empresa turca Straturk International Contracting S.J. 

   Parada también advierte al banco usado por PDVSA para hacer los pagos a Sadr sobre el cambio de las cuentas bancarias y aclara que a partir de ese momento Straturk International Contracting S.J. era el beneficiario.


El Fondo Chino pagó a las empresas del acusado 

  Varias comunicaciones presentadas al jurado reflejan que los recursos usados para algunos pagos provenían del Fondo Chino para Venezuela. Una carta del 17 de marzo de 2011, dice que el Fondo Chino confirmó al banco la cantidad de dinero que se iba a pagar a las compañías de Sadr y su familia que era el desembolso #386 del Fondo -Código N-00579 por $ 29.442.967, 57.

   Se mostró un correo electrónico dirigido a DUCOLSA de María Acevedo del Banco Commerzbank A.G, fecha febrero 5 de 2011. Decía que el Banco del Tesoro iba a bloquear los fondos si no se suministraba información sobre Straturk. Ante esa advertencia se informó que la compañía fue registrada en Turquía y que el pago era por la construcción de 700 viviendas en Venezuela.
   
    Los fiscales presentaron cartas que mostraban la contradicción entre los beneficiarios de los pagos que iban desde Straturk International Contracting S.J., IIHC, Stratus Global Investment Ltd y otras empresas.

     Asimismo se presentó un cuadro que mostraba los ingresos que llegaron de las cuentas de PDVSA a la empresa de Sadr Clarity Trade (creada por el acusado en Suiza para esconder la vinculación con Irán). El cuadro explica que una parte de los fondos llegaban a Clarity y se enviaban a Stratus Global Investment y de allí se transferían a otras empresas creadas en Estados Unidos, como Sapene LLC, Fidelity National Title Company, Malibu Escrow  Corporation y Setom LLC. 

   De las mencionadas empresas, la hermana de Ali Sadr, Pegah Sadr compró una tierras por medio de la empresa Malibu Escrow  Corporation por $ 919,960,00 en el lote 27314 Winding Way, Malibu CA 90265. 

    Por medio de Fidelity National Title Company  se creó Pistache LLC, ( propiedad en un 50% Sapene LLC). La hermana de Ali Sadr, Pegah Sadr aparece como dueña de Sapene LLC, que tiene una cuenta en el Banco Well Fargo, a través de la cual se adquirieron productoras de pistachos en California.  El nombre de Ali Sadr se agregó en la empresa Setom LLC cuya dueña original era Pegah Sadr H. El 19 de septiembre de 2011 la empresa era 50% de Pegah Sadr y 50 % Ali Sadr.







lunes, 2 de marzo de 2020

10 mujeres y 5 hombres juzgarán al banquero iraní Ali Sadr Hashemi Nejad acusado de lavar millones de dólares de PDVSA a favor de Irán

 Este martes 3 de marzo, la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentará al jurado los argumentos de apertura, seguidos por la defensa.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Un jurado conformado por 10 mujeres y 5 hombres fue selecto por las partes para procesar a Ali Sadr Hasheminejad, expresidente del desaparecido Pilatus Bank, acusado por el gobierno de los Estados Unidos de haber elaborado un complejo esquema de lavado de dinero que permitió blanquear millones de dólares provenientes de los programas de viviendas del régimen de Hugo Chávez, que fueron a parar a la República Islámica de Irán, sancionada por el Departamento del Tesoro norteamericano.
  Este lunes 2 de marzo, la juez Alison J. Nathan convocó un universo de más de 60 personas para preseleccionar 33 personas, de las cuales, finalmente quedaron las 15 que formarán parte del panel de jurado que deberá producir un veredicto unánime de Ali Sadr Hasheminejad. 

  Sadr Hasheminejad fue acusado de seis cargos, incluido lavado de dinero, fraude bancario y violación de las sanciones de la OFAC. Su caso está siendo manejado por la unidad de Terrorismo y Narcóticos Internacionales del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, una oficina conocida por procesar casos de terrorismo de alto perfil. 

   El acusado goza de libertad bajo fianza, y sus movimientos están restringidos al área triestatal de Nueva York. Pagó una fianza de $ 38 millones. Se enfrenta a una condena máxima de 125 años de cárcel.

Las empresas

  La jueza Nathan informó que en el juicio se escucharán las siguientes entidades: Aper Insaat, Citibank, Clarity Trade & Finance, Desarrollos Urbanos de la Costa Oriental del Lago S.A. or Ducolsa, Emirates National Bank of Dubai o Emirates NBD, Export Development Bank of Irán, Hyposwiss Bank, Iranian International Housing Co. C.A or IIHCO or IIHC, JP Morgan Chase Bank, Nueva Ciudad Fabricio Ojeda, Nueva Ojeda Housing Development Project, Petróleos de Venezuela (PDVSA), Samanch Stratus Co., Stratus Holding Group.

  En la lista de personas que serán nombradas aparecen José Luis Parada Sánchez, Luis Rivera, Sandra Santiago Rodríguez, Gabriela Sánchez, Mildred Benavides, Luis Fuenmayor, Alexander Frei, Richard Kauffman, entre otros.

  Sadr Hasheminejad habría participado en un complot para canalizar $ 115 millones a través del sistema financiero estadounidense, bajo un contrato de construcción de viviendas para pobres del gobierno venezolano.  Él se ha declarado no culpable.

El acusado

  Ali Sadr Hasheminejad, de 40 años, nació en Irán. Fue arrestado el 19 de marzo de 2018 en el aeropuerto de Dulles en Washington, DC. Según los documentos presentados ante el tribunal, él y su madre se dirigían a Londres para celebrar el año nuevo persa con su familia. Sadr, quien es ciudadano de iraní y de la isla caribeña de Saint Kitts.

  El acusado se graduó de ingeniero civil en la Ivy League, Universidad de Cornell. Tras ser arrestado, el gobierno estadounidense le confiscó propiedades en Maryland, Washington, DC, y la ciudad costera de élite de Malibú, en California, incluyendo unas granjas de pistachos en ese estado.

  Sadr Hasheminejad se mudó a Estados Unidos en el año 2000 cuando tenía 23 años para reunirse con su madre y hermana; y pidió asilo político en 2003, de acuerdo con los documentos de la corte. En la solicitud de refugio, el acusado aseguró que su vida corría peligro si regresaba a Irán porque su familia tenía problemas con el régimen iraní de Mohammad Khatami. No obstante, existen registros que señalan que el presidente iraní de la época dijo que el padre de Sadr "era uno de los exportadores ejemplares de Irán".

  Sadr Hasheminejad tiene el estatus de residente permanente de los Estados Unidos y ha dicho que no tiene conexión con los negocios de su padre en Irán.

  Sadr se hizo residente legal de Estados Unidos en 2004 con base en su asilo, pero en 2010 el asilo fue revocado por el gobierno federal alegando que su proceso había sido fraudulento. El acusado logró obtener otra carta de residencia en 2012. Los documentos señalan que viajó varias veces a Irán entre 2010 y 2015 y que dichas movilizaciones se habrían hecho de bajo perfil para evitar una supuesta persecución en su contra.

 Los fiscales señalan que Sadr registró múltiples compañías en Malta, Suiza, Hong Kong, Chipre, el Reino Unido y los Estados Unidos; y que en ninguno de los registros corporativos el acusado reveló su trasfondo iraní, a pesar de que mantiene un vínculo con los sectores de la banca y la construcción en Irán a través de su padre, Mohammad Sadr Hashemi Nejad, fundador del primer banco privado de la República Islámica de Irán, Eghtesad Novin Bank, en 2001. Actualmente, Mohammad Sadr Hashemi Nejad es presidente de Stratus Holding Group, uno de los mayores conglomerados de la construcción de viviendas y carreteras de Irán, con más de 60 filiales y más de 10 mil empleados.

  Stratus Holding tiene una subsidiaria en que estuvo a cargo de un proyecto de vivienda del gobierno de Hugo Chávez que, según los fiscales estadounidenses, se utilizó para canalizar $ 115 millones a Irán.

 Los fiscales neoyorquinos dicen que el acusado ocultó sus conexiones con Irán adquiriendo otras ciudadanías, y no reveló la información sobre su familia en Irán para evitar poner en riesgo sus negocios debido a las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos al régimen iraní.

 Los fiscales del caso presentaron a la corte una tarjeta de presentación del acusado donde éste aparece como vicepresidente de una subsidiaria de Stratus, Samane Stratus Investment Company, a partir de 2011.

  Sadr posee varias empresas, entre las cuales destaca Pilatus Capital Ltd registrada en Saint Kitts y Nevis, donde adquirió la ciudadanía por inversión y la cual ha usado para abrir sus corporaciones. También es dueño del hoy desprestigiado Banco Pilatus, creado bajo las leyes de Malta en diciembre de 2013.

Sanciones a Irán

  Desde 1979, el presidente de los Estados Unidos, de conformidad con la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional ("IEEPA"), ha encontrado repetidamente que las acciones y políticas del gobierno de Irán constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y economía norteamericana; por lo que declaró una emergencia nacional para hacer frente a la amenaza.

  De acuerdo con estas declaraciones presidenciales, Estados Unidos ha instituido una serie de sanciones económicas contra Irán y entidades iraníes. Las medidas contra el régimen de Irán prohíben, entre otras cosas, las transacciones financieras que involucren a Estados Unidos o personas en el país destinadas al beneficio del gobierno de Irán o individuos o entidades iraníes, establece un comunicado de la fiscalía estadounidense.

  En agosto de 2004, los gobiernos de Irán y Venezuela celebraron un acuerdo mediante el cual acordaron cooperar en ciertas áreas de interés común. En 2005, ambos gobiernos complementaron el Acuerdo al celebrar un Memorando de Entendimiento sobre un proyecto de infraestructura en Venezuela, que consistía en la construcción de 7 mil unidades de vivienda en el país caribeño.

  El proyecto fue liderado por Stratus Group, un conglomerado iraní controlado por Sadr y su familia con operaciones comerciales internacionales en las industrias de la construcción, la banca y el petróleo.

  En diciembre de 2006, Stratus Group incorporó una compañía en Teherán, que entonces se conocía como la Corporación Internacional de Vivienda de Irán (IIHC). IIHC fue responsable de la construcción del Proyecto. Posteriormente, también celebró un contrato con una subsidiaria de una compañía energética estatal venezolana, que solicitó al IIHC construir aproximadamente 7 mil unidades de vivienda en Venezuela a cambio de aproximadamente $ 475,734,000.

  Stratus Group creó el Comité Ejecutivo del Proyecto Venezuela para supervisar la ejecución del plan. El acusado era miembro del comité y era responsable de administrar la ejecución del contrato.

miércoles, 31 de julio de 2019

Juez del caso del banquero acusado de ayudar a Irán a violar sanciones de EEUU con dinero proveniente de Venezuela, plantea conflicto de intereses por su vinculación a uno de los bancos de la trama acusada

Ali Sadr Hashemi Nejad es acusado de lavar cientos de millones de dólares para la República Islámica de Irán provenientes de Venezuela. Sus operaciones violaron las sanciones impuestas contra ese país por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Por Maibort Petit
Esta semana el empresario iraní, propietario del banco Pilatus Bank, Ali Sadr Hashemi Nejad estuvo en la sala de la Corte del Distrito Sur de Nueva York en una audiencia donde se discutió la posibilidad que su caso cambie a manos de otro juez. ¿Por qué? El magistrado Andrew L. Carter. Jr. reveló que tiene acciones en el JP Morgan Chase bank y que su esposa trabaja en esa institución que aparece en la acusación del gobierno de los Estados Unidos contra el millonario iraní como uno de los bancos que fueron víctimas de las conspiración de lavado de dinero y fraude bancario. Carter Jr. informó a la Fiscalía y a la defensa que por las razones expuestas estaba dispuesto a auto recusarse y a reasignar a otro juez del tribunal el expediente debido a un posible conflicto de intereses.

Durante la conferencia del lunes 29 de julio de 2019, el juez Carter Jr. proporcionó a la fiscalía y a la defensa de Ali Sadr Hashemi Nejad un cronograma de información para que las partes aborden el problema de su posible retiro del caso y ordenó que las respectivas respuestas fueran entregadas a la corte el martes 30 de julio, a la vez que anunció que habría una conferencia telefónica el jueves 1 de agosto.

Fiscalía dice que el juez debe quedarse

La fiscalía opinó en una comunicación (fechada el 30 de julio de 2019) que la decisión de un juez federal de recusarse a sí mismo, está "comprometida con la discreción del tribunal de distrito". Aclaró que no está de acuerdo con que el juez abandone el caso.

El oficio del gobierno está firmado por el Fiscal de los Estados Unidos, Geoffrey S. Berman y los fiscales asistentes, David W. Denton Jr., Jane Kim, Michael Krouse y Garrett Lynch.

La fiscalía sostiene que difiere de la evaluación de conflictos del Tribunal con respecto a la recusación y para argumentar su postura proporcionó a la corte detalles adicionales sobre la  participación de JPMorgan Chase & Co. uno de los bancos víctimas en este caso.

En un documento de 3 páginas, los fiscales sostienen que Ali Sadr Hashemi Nejad está acusado de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, conspiración para violar la Ley Internacional de Poderes Económicos de Emergencia ("IEEPA"), fraude bancario, conspiración para cometer fraude bancario; lavado de dinero y conspiración para cometer lavado de dinero.

En la acusación hay una serie de bancos víctimas de la operación acusada que se mencionan colectivamente en este documento como los "bancos-víctimas".

Ali Sadr Hashemi Nejad participó en un proyecto de infraestructura en Venezuela, que fue dirigido por la compañía iraní del acusado, Stratus Group.

La acusación del gobierno estadounidense dice que Ali Sadr Hashemi Nejad junto a sus cómplices "idearon y ejecutaron un plan para evadir las sanciones económicas de los Estados Unidos y defraudar a los bancos estadounidenses, incluido JPMorgan Chase, al ocultar el papel de Irán y las partes iraníes en los pagos en dólares estadounidenses enviados a través del sistema bancario estadounidense".

El acusado y otros, utilizando varias entidades, realizaron una serie de transacciones financieras internacionales en beneficio de las partes iraníes de una manera que ocultó el nexo iraní a los pagos de, entre otros, los bancos de víctimas, en violación de las sanciones económicas de los Estados Unidos. 

Específicamente, entre abril de 2011 y noviembre de 2013, la subsidiaria venezolana, bajo la dirección del demandado y otros, enrutó aproximadamente 15 pagos a IIHC a través de Stratus Turkey o Clarity usando cuentas corresponsales en los bancos- víctimas, por un total de aproximadamente $ 115 millones.

Ali Sadr Hashemi Nejad y otros "ordenaron que los pagos se transfirieran a través de los bancos-víctimas a las cuentas bancarias de Stratus Turkey o Clarity en una institución financiera en Suiza. La mayoría de los fondos se transfirieron luego a otra entidad offshore ubicada en las Islas Vírgenes Británicas, que el demandado y otros habían incorporado en 2009". 

El 1 de febrero de 2012, Clarity transfirió directamente más de $ 2 millones en ganancias del Proyecto de viviendas de Venezuela a los Estados Unidos. "Esas ganancias se utilizaron para comprar bienes inmuebles en California" dice la acusación.

La fiscalía sostiene que Ali Sadr Hashemi Nejad está acusado de defraudar a los bancos víctimas "engañándolos para que procesaran transacciones financieras en las que de otra manera no se habrían involucrado, y al hacerlo, se expusieron a la posibilidad de un daño sustancial". 

La fiscalía reveló que en en el juicio, el Gobierno planea llamar a testigos de algunos de los bancos-víctimas para declarar, entre otras cosas, sobre sus procesos de cumplimiento de sanciones, sus procedimientos al abrir cuentas para clientes y al autorizar ciertas transacciones, el daño causado a los bancos por el esquema de lavado del acusado, entre otros aspectos.

Los fiscales señalan que el Gobierno espera demostrar que el acusado tomó acciones específicamente diseñadas con el propósito particular de ocultar información material a los bancos-víctimas y para evadir los procesos que los bancos implementan ante las sanciones que prohíben las transacciones financieras en beneficio de las entidades iraníes. 

De los $115 millones en pagos denominados en dólares estadounidenses que están en el centro de este caso, JPMorgan Chase & Co. fue el banco corresponsal por aproximadamente $45 millones y, por lo tanto, desempeñará un papel central en la prueba en el juicio en este asunto, anunciaron los fiscales.

Asimismo, el Gobierno advirtió que probará que el demandado  ordenó que las transacciones se procesaran en beneficio de Clarity a través de JPMorgan Chase y que el acusado sabía que dicho banco había implementado procedimientos para bloquear transacciones de corresponsales para pagar a instituciones e individuos iraníes. 

Ali Sadr Hashemi Nejad habría diseñado un mecanismo de pago para ocultar información sobre los beneficiarios iraníes de las transacciones para inducir a los bancos-víctimas a procesar esas transacciones que de hecho fueron procesadas, en violación de las sanciones de EE. UU. y de las políticas de JPMorgan Chase que las prohíben.

Los fiscales sostuvieron en la conferencia del lunes 29 de octubre que tienen la intención de llamar al menos a un empleado de JPMorgan Chase como testigo en el juicio, lo cual ya ha sido discutido con los abogados de la oficina del Asesor General del mencionado banco.

Si el acusado es condenado, JPMorgan Chase tendrá, como víctima del delito, ciertos derechos. Por ejemplo, el banco podrá dirigirse al Tribunal en el momento de la sentencia y describir el daño que la conducta del acusado le causó. 

Del mismo modo, JPMorgan Chase tendrá derecho a la restitución obligatoria por cualquier pérdida pecuniaria que sufran, que incluye bienes perdidos como resultado del delito y "gastos incurridos durante la participación en la investigación o el enjuiciamiento del delito o la asistencia a los procedimientos relacionados con el delito.

Habla de la defensa

El demandado Ali Sadr Hashemi Nejad presentó su respuesta ante la divulgación del juez Carter Jr. con respecto a la propiedad de sus acciones en JP Morgan Chase y el empleo de su cónyuge en el banco, destacando que de acuerdo al Código de conducta para jueces de los Estados Unidos y la jurisprudencia sobre circunstancias análogas, el magistrado no está obligado a recusarse. 

Señala que el asunto se deja a discreción del juez, en función de si sería razonable cuestionar su imparcialidad en estas circunstancias.

Sadr dijo que apreciaba que el juez haya señalado su potencial conflicto de intereses a las partes y entendía que según la divulgación del magistrado, depende de la discreción del Tribunal determinar si se debe recusar. 

Sadr afirmó que está dispuesto a renunciar a cualquier objeción al conflicto potencial revelado por el juez Carter Jr.




martes, 5 de junio de 2018

Juez de NY otorga libertad bajo fianza al banquero que evadió sanciones de EE. UU. contra Irán con dinero del erario público venezolano

Por Maibort Petit
@maibortpetit

A pesar que gobierno de los Estados Unidos se oponía, un juez de Nueva York concedió libertad bajo fianza al propietario del Pilatus Bank, Ali Sadr Hasheminejad, acusado de haber violado las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro a Irán con dinero proveniente de planes de viviendas del régimen de Venezuela. El multimillonario pagó un aval de más de $34 millones de dólares en diversos instrumentos financieros. 

El acusado estará sujeto a un monitoreo electrónico y un toque de queda nocturno de 7 p.m.

Asimismo, el demandado se vió obligado a entregar todos los pasaportes. El juez prohibió además la tramitación de nuevos  y no podrá obtener ninguno nuevos documentos de viaje. 

Ali Sadr Hasheminejad, de 38 años, fue acusado de evadir las sanciones impuestas por los Estados Unidos al régimen de Irán y canalizar más de $ 115 millones pagados en virtud de un contrato de construcción de viviendas para pobres con el gobierno de Nicolás Maduro, a través del sistema financiero estadounidense.

En la orden del juez también dice que Hasheminejad deberá renunciar a cualquier derecho a impugnar la extradición desde cualquier país extranjero.

Hasheminejad fue arrestado en marzo de 2018 en Virginia tras ser acusado de infringir sanciones contra Irán, fraude bancario y lavado de dinero. 

De acuerdo a la decisión del tribunal, el demandado sólo podrá movilizarse entre los distritos del sur y del este de Nueva York, el distrito este de Virginia, el distrito de Maryland y el distrito de Columbia.

El juez aseguró además que Hasheminejad no podrá reclamar los fondos depositados en sus dos cuentas bancarias congeladas en Chipre. Si el acusado no cumple con las condiciones de la fianza y huye del territorio norteamericano los fondos se mantendrán en posesión del tribunal.

La defensa presentó un paquete de fianzas de dinero y bonos por un total de $ 34 millones, que incluyen 40 bonos de familiares, amigos y colegas por valor de $ 14 millones aproximadamente. 

Según el documento, los bonos puestos en garantías para lograr la libertad del acusado incluyen un compromiso de la familia y los amigos del banquero. La defensa argumentó que si su cliente decidiera no presentarse ante el tribunal, Hasheminejad causaría un daño significativo a sí mismo y a su entorno más cercano.

El fiscal del caso, Geoffrey Bearman, se opuso al paquete de fianza y acusó a Hasheminejad de haber establecido el Banco Pilatus en 2013 con ganancias criminales directamente vinculadas al proyecto del gobierno de Venezuela para supuestamente construir viviendas para pobres. Dijo ademas que los dólares estadounidenses que usó el demandado salieron ilegalmente del país y tiene un origen criminal.

Según el gobierno de los Estados Unidos, la riqueza de Hasheminejad que incluye un capital de $ 12.9 millones en Pilatus Bank . 

Los bienes del banquero en territorio norteamericano fueron decomisados por el gobierno. Entre las propiedades retenidas está una apartamento de Washington DC, valorado en $ 1.5 millones de dólares y unas granjas de producción de pistachos que tienen un valor de $ 5.7 millones en California. 









jueves, 19 de abril de 2018

Conoce cómo Irán usó 'la construcción de viviendas para pobres en Venezuela' para violar las sanciones de los E.E. U.U.

La juez de distrito negó -por segunda vez- la solicitud de fianza hecha por los abogados del empresario iraní acusado de lavar el dinero del régimen iraní a través de proyectos de viviendas para la población de bajos recursos del gobierno venezolano.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

En una audiencia celebrada este miércoles en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, la magistrada Bárbara Moses negó la petición de libertad bajo fianza hecha por los abogados defensores del empresario iraní, Ali Sadr Hashemi Nejad acusado por los Estados Unidos de lavar millones de dólares al régimen iraní proveniente de Venezuela, y de violar las sanciones impuestas a la República Islámica de Irán por el gobierno estadounidense.

Solucionar la crisis habitacional en Venezuela se convirtió en el pretexto para realizar una serie de operaciones financieras que permitieron lavar millones de dólares que estaban destinados a las arcas iranés. Un intrincado esquema diseñado por el empresario y banquero persa, Ali Sadr Hashemi Nejad, facilitó la jugada destinada a evadir las sanciones de EE. UU. a la nación islámica.


Construir viviendas en Venezuela pareció ser la coartada perfecta para enmascarar las operaciones financieras del gobierno iraní y así evadir las sanciones impuestas a la nación persa por el gobierno de los Estados Unidos a raíz de su programa nuclear y las sospechas de la administración norteamericana de que se fabrican armas nucleares en secreto en la república islámica. El programa de misiles iraní desencadenó en 2016 una crisis que llevó a EE. UU. a imponer las medidas que luego, con la llegada de Donald Trump al poder se han incrementado. En reiteradas ocasiones, el presidente iraní Hassan Rohani ha advertido a Washington que no tolerará más exigencias fuera de las  en el acuerdo nuclear suscrito en 2015 al amparo del Grupo 5-1 (EE. UU., Rusia, China, Francia y el Reino Unido, miembros con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU más Alemania), el cual se firmó con el objetivo de levantar las sanciones internacionales que regían contra el gobierno de Teherán.

Destaquemos que entre los años 2006 y 2010 el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, ONU, emitió en cuatro ocasiones sanciones a Irán por sus actividades de enriquecimiento de uranio (2006, resolución 1737; 2007, resolución 1747; 2008, resolución 1803;  2010, resolución 1929). En cada uno de estos capítulos, dichas sanciones se ampliaron e hicieron más complejas, dada la poca o nula cooperación del gobierno del entonces presidente, Mahmud Ahmadineyad, en el cumplimiento de sus obligaciones respecto al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares y por no permitir la verificación internacional que permitiera comprobar que su industria nuclear tiene fines pacíficos[1].

No contaban con que el gobierno de los Estados Unidos activaría sus mecanismos de investigación a través de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la oficina local del FBI, que coronarían con el arresto que se llevó a cabo el martes 20 de marzo del corriente año 2018 en Dulles, Virginia, del empresario iraní, Ali Sadr Hashemi Nejad, además propietario del banco maltés Pilatus Bankac, bajo la acusación de haber participado en un esquema diseñado para evadir las sanciones norteamericanas y encauzar más de USD 115 millones que formaban parte de los pagos por un contrato de construcción venezolano. Las citadas operaciones se realizaron a través del sistema financiero estadounidense, de acuerdo a lo informado por la fiscalía[2].

La noticia del arresto fue dada a conocer por las autoridades del Departamento de Justicia de EE. UU. que indicó que a Hashemi Nejad lo presentaron luego de su detención ante el Tribunal del Distrito Este del estado de Virginia. El caso se le asignó después al juez Andrew L. Carter de la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

El empresario iraní enfrenta en dicho tribunal federal seis cargos que incluyen la conspiración para defraudar a los Estados Unidos, conspirar violar la Ley de poderes económicos de emergencia internacionales, fraude bancario, conspiración para cometer fraude bancario, lavado de dinero y conspiración para cometer lavado de dinero. Por tales delitos, el iraní se enfrenta a la posibilidad de pagar penas de hasta 30 años de prisión.

Sobre este asunto, la agencia Reuters informó[3] que la familia de Ali Sadr Hashemi Nejad controla el conglomerado iraní Stratus Group[4], el cual mantiene relaciones comerciales internacionales y fue el encargado de llevar a delante un proyecto de construcción de miles de viviendas en Venezuela, el cual estaba inscrito en el contexto de los acuerdos que Irán y Venezuela firmaron en los años 2004 y 2005.

La acusación refiere que Stratus Group acordó construir 7 mil viviendas[5] —el Complejo Fabricio Ojeda, en El Menito, estado Zulia— por una total de USD 476 millones[6], lo que hace deducir que cada unidad tenía un precio que se acerca a los USD 70 mil, una cantidad equivalente a poco más de 200 millones de bolívares, al cambio para la época.

El empresario, creó una red de empresas de maletín, así como cuentas bancarias, de tal manera de enmascarar las transacciones de Irán en Venezuela, procurando así burlar las sanciones de Estados Unidos.

El entramado empresarial diseñado por Sadr buscaba ocultar la participación de Irán como receptor de los pagos remitidos desde los Estados Unidos, lo cuales provenían de la empresa venezolana de energía e iban dirigidos a la Corporación de Vivienda Internacional iraní. El empresario y banquero se valió de entidades en Suiza y Turquía para ocultar la conexión iraní con los fondos, informaron los fiscales.

Los acuerdos

Pero hagamos una pausa para referirnos a la estrecha relación surgida entre los gobiernos de Venezuela e irán en tiempos en que gobernaba el finado Hugo Chávez y el expresidente Mohamed Jatami, cuando firmaron en agosto de 2004 un Acuerdo Marco de Cooperación que sirvió de base para establecer una serie de convenios en varios ámbitos, entre ellos el de construcción de viviendas a que hacemos alusión aquí. Jatami gobernó hasta 2005, pero con su sucesor, Mahmud Ahmadineyad, continuaron y se intensificaron los vínculos que aún se mantienen con el actual mandatario Hasan Rohani.

La alianza entre Irán y Venezuela nunca fue bien vista por el gobierno de los Estados Unidos que decidió en 2011, sancionar administrativamente a siete empresas internacionales, entre ellas Petróleos de Venezuela, S.A., PDVSA, por apoyar el sector energético de Irán[7].

Entre 1999, año de la llegada al poder de Hugo Chávez y 2006, se firmaron entre Irán y Venezuela, 86 acuerdos bilaterales en diversas materias, entre ellas los destinados a la construcción viviendas por parte de la nación iraní en territorio venezolano[8]. Refiere una nota del portal oficialista Aporrea.

El papel de Hashemi Nejad

Dentro de este contexto tuvo lugar el contrato que suscribieron en 2006, de acuerdo a lo que reza la acusación ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, los gobiernos de Venezuela e Irán con el objetivo de construir miles de casas en la nación suramericana.

El contrato se firmó entre una empresa energética estatal venezolana que se cree sea una empresa mixta de Petróleos de Venezuela, S.A. y Stratus Group, un conglomerado iraní controlado por Sadr y su familia que en 2006 incorporó una compañía en Teherán que para entonces se llamaba Corporación de Vivienda Internacional Iraní (IHC), que fue la que firmó con la subsidiaria de PDVSA y fue responsable de desarrollar el proyecto consistente como ya lo hemos referido, en la construcción de 7 mil viviendas por USD 476 millones, según reflejan documentos que reposan en la Corte. Una simple operación matemática revela que cada unidad tuvo un costo de USD 68.000 equivalentes al equivalente a un poco más de 200 millones de bolívares, según el cambio del dólar en 2006.

Stratus Group creó el llamado “Comité Ejecutivo del Proyecto Venezuela” para supervisar la ejecución de la obra, del cual Ali Sadr Hashemi Nejad formó parte y era responsable de administrar las finanzas del proyecto. En esa tarea fue que diseñó el esquema que permitió ocultar la participación de Irán como destinatario de los pagos en dólares ejecutados a través del sistema financiero norteamericano. El objetivo era evadir las sanciones de Estados Unidos.

En el 2010 —se narra en la acusación— Hashemi Nejad  junto a un coconspirador se valieron de pasaportes de las islas del caribe San Cristóbal y Nieves, así como de una dirección en los Emiratos Árabes Unidos para crear dos entidades fuera de Irán, a saber una Suiza de nombre “Clarity Trade and Finance”[9] y otra en Turquía llamada “Stratus International Contracting, JS”[10] o “Stratus Turkey” o “Straturk”. Estas empresas, controladas por Sadr y su familia en Irán, tenían como misión recibir pagos en dólares por el proyecto de viviendas en Venezuela.

Lo que vino después fue que Sadr y otros involucrados realizaron un conjunto de operaciones  financieras internacionales a través de las citadas empresas —Clarity y Stratus Turkey— que tenían como beneficiarios a entes en Irán, ocultando así el nexo con los pagos y en violación de las sanciones económicas de los Estados Unidos.

Se conoció a través de los documentos del tribunal, que entre abril de 2011 y noviembre de 2013, las empresas bajo control de la dirección de Ali Sadr Hashemi Nejad llevaron a cabo unos 15 pagos a la Corporación de Vivienda Internacional a través de Stratus Turkey o Clarity. Estos pagos sumaban USD 115 millones de dólares. La estrategia diseñada por Sadr y sus socios, consistía en ordenar que los pagos se realizaran a través de bancos en los Estados Unidos a las cuentas bancarias de Stratus Turkey o Clarity.
En su mayoría, los fondos fueron transferidos a otra entidad offshore con sede en las Islas Vírgenes Británicas, incorporada por Sadr en 2009. Del mismo modo se supo que el 1° de febrero de 2012, Clarity Trade and Finance transfirió más de dos millones de dólares de los fondos del proyecto a los Estados Unidos, los cuales tuvieron como destino la compra de inmuebles en California según los documentos oficiales.

A Ali Sadr Hashemi Nejad le venían siguiendo los pasos los investigadores federales de Estados Unidos desde 2013, según reveló un reporte del organismo federal que estableció que el esquema criminal comenzó a operar en 2004, a la fecha de la firma del Acuerdo Marco entre Venezuela e Irán en el que se contemplaba la cooperación en áreas de interés común. Ya en 2005 los gobiernos de ambas naciones complementaron el pacto al rubricar un “Memorando de Entendimiento” que tenía que ver con un proyecto de infraestructura en Venezuela, específicamente la construcción de miles de unidades de vivienda.

Pilatus Bank

El banco maltés Pilatus Bank[11] del que es propietario Ali Sadr Hashemi Nejad, es una entidad que se encuentra en el ojo del huracán por los escándalos de corrupción en los que se ha visto envuelto y que fueron reiteradamente denunciados por la periodista Daphne Caruana Galizia, quien fue asesinada en un atentado con un carro bomba en octubre de 2017[12] después de haber hecho sus revelaciones. Una circunstancia que ha dirigido las miradas hacia Sadr.

Pues bien, en atención a las denuncias de Caruana Galizia, las autoridades de Malta a través del ente regulador bancario tomaron el control de la entidad y congelaron todas las transacciones para clientes, ejecutivos y accionistas del Pilatus Bank luego del arresto y acusación de Ali Sadr, informó The Guardian[13].

La nota del periódico británico refiere que el Pilatus, entidad que reportó 308 millones de dólares en activos en 2016, era conocido en Malta por haber tenido cuentas de un alto funcionario del gobierno del primer ministro, Joseph Muscat, y miembros de la familia gobernante de Azerbaiyán. Añade que la Autoridad de Servicios Financieros de Malta anunció la destitución de Sadr como director del banco.

Por cierto, a Ali Sadr Hashemi Nejad también se le vinculó con el asesinato de la periodista con la que el banco de su propiedad mantenía un litigio a raíz de sus señalamientos. Caruana Galizia escribió varios artículos en los que aseguraba que el Pilatus Bank y Ali Sadr facilitaban actividades políticas corruptas y lavado de dinero, acusaciones que los denunciados negaron y demandaron a la comunicadora por difamación.

El Pilatus Bank fue investigado detalladamente en 2016 por parte de la agencia antilavado de dinero de Malta, FIAU, la cual en un informe dijo que el banco mostraba una "indiferencia flagrante, posiblemente deliberada" ante los controles de blanqueo de capitales.

En la acusación penal que contra Ali Sadr Hashemi Nejad se sigue en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el banco Pilatus Bank no fue mencionado, ni las autoridades de Estados Unidos lo han señalado de malas actuaciones en virtud de que dicha entidad bancaria fue constituida en enero de 2014 y la investigación contra Sadr comprende hechos ocurridos entre 2006 y el citado 2014. Sin embargo se advierte que Hashemi Nejad, aun después de esa fecha, continúa involucrado en la conspiración para evitar las sanciones a Irán.

Hay que advertir que Ali Sadr Hashemi Nejad y otras persona de nacionalidad iraní se han valido de las facilidades que la firma de planificación de ciudadanía Henley & Partners brinda para que ellos pudieran ocultar su origen a las autoridades de Estados Unidos a través de la compra de ciudadanías en el área del Caribe, específicamente en las islas de San Cristóbal y Nevis (ya hicimos mención de esto) que les otorgaron pasaportes. Arropados con esta nacionalidad y habiendo registrado su residencia en Dubai, Sadr creó las empresas a que hemos hecho referencia líneas arriba (Clarity Trade and Finance y Stratus International Contracting, JS) que usaron para recibir el dinero lavado Venezuela y que se transfirió a través de operaciones en el banco estadounidense JP Morgan. Esto había sido denunciado por Daphne Caruana Galizi.

Así que, aparte de la las investigaciones que se siguen en los Estados Unidos sobre la trama urdida para legitimar los capitales iraníes con epicentro en Venezuela, otra averiguación podría tomar curso en Europa sobre las operaciones que desde el Pilatus Bank se efectuaron y que significarían la constitución de un amplio expediente de crímenes financieros con el objetivo de legitimar capitales irregulares[14].

Más sobre los acuerdos entre Irán y Venezuela

Pero la alianza entre Venezuela e Irán y los 30 mil millones de dólares que ella ha generado siguen levantando sospechas y, por ello, no dejan de estar en la mira de las autoridades mundiales, especialmente las estadounidenses.

Fue allí donde un venezolano, Martin Rodil, comenzó a indagar acerca de la trama que desde el sistema financiero venezolano se ha utilizado para dar forma a un subsistema financiero iraní dice un reportaje publicado en Bloomberg.com el 16 de diciembre de 2016.

Comenzaron las averiguaciones y Rodil, quien había trabajado anteriormente en la petrolera venezolana, llamó a un amigo quien le informó que PDVSA había contratado con empresas iraníes para desarrollar un proyecto de construcción de viviendas en Venezuela. Este le entregó una serie de documentos y lo puso en contacto con un ingeniero de la estatal venezolana que se convirtió en pieza clave de la investigación de la Fiscalía de Estados Unidos.

Tiempo después, Martin Rodil comenzó a trabajar como consultor con el exembajador de Estados Unidos en la OEA y ex Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental durante la presidencia de George W. Bush, Roger Noriega. Los hallazgos de las investigaciones de Rodil y Hanan fueron presentados por estos a otras instancias a objeto de que se ahondara en las investigaciones.

Rodil revela que una investigación de una consultoría privada de un cliente acerca del sistema financiero venezolano les permitió descubrir por casualidad la realidad de lo que estaba pasando. “Se descubrió la presencia iraní y operaciones financieras iraníes. A partir de allí se generó una investigación formal, que se convirtió hoy en el proyecto del American Enterprise Institute”, dijo al tiempo que comentó que en cinco años y medio la balanza comercial entre Irán y Venezuela pasó de prácticamente nada a 30 mil millones de dólares. “Si anuncian una refinería y al final no construyen ni una farmacia, y el dinero pasa igual por las transacciones financieras, eso significa que el dinero se utiliza para otra cosa”, advierte.

Agrega que “Irán ha logrado construir una plataforma financiera en Venezuela, paralela  a la plataforma que existía en el país (…) Crearon su propio sistema financiero dentro del sistema financiero venezolano. Ellos operan internamente con sus bancos y agencias de valores y cuando tienen el dinero estructurado, lo trasladan al sistema financiero venezolano, que tiene relación con el sistema financiero mundial, producto de la industria petrolera”.

Citó el ejemplo del Banco Internacional de Desarrollo que en Venezuela se llama Banco Universal, y que aun teniendo licencia para operar con cualquier producto financiero, no posee ni una sola agencia que reciba dinero del público y se dedica solamente a captar dinero de las empresas iraníes establecidas en Venezuela.

Reveló que el gobierno venezolano chantajea a los banqueros que rechazan transacciones financieras iraníes y los amenaza con retirar sus fondos de sus entidades, algo que los llevaría a la quiebra.

Por el momento habrá que esperar el curso de los acontecimientos para ver en qué para el proceso judicial que se ha iniciado contra Ali Sadr Hashemi Nejad, cuyo banco ha cesado operaciones en Malta y ahora permanece tras las rejas en Nueva York y se ha declarado inocente de los hechos que se le imputan. Por lo pronto, esta madeja apenas comienza a desenredarse.

Seguiremos informando

Notas 

[1] Aserne Venezuela. “Terrorismo: Irán El socio bloqueado”. 16 de octubre de 2011. http://aserne.blogspot.fr/2011/10/terrorismo-iran-el-socio-bloqueado.html

[2] El Nacional. “Preso empresario iraní por evadir sanciones con contrato en Venezuela”. 20 de marzo de 2018. http://www.el-nacional.com/noticias/mundo/preso-empresario-irani-por-evadir-sanciones-con-contrato-venezuela_227713

[3] Reuters. “U.S. arrests Iranian over alleged $115 million sanctions evasion scheme”. 20 de marzo de 2018. https://www.reuters.com/article/us-usa-iran-crime/u-s-arrests-iranian-over-alleged-115-million-sanctions-evasion-scheme-idUSKBN1GW32E

[4] Stratus Group. http://stratusholding.com/Web/Stratus/EnDefault.aspx

[5] Stratus Group. Gallery/Other Projects. http://stratusholding.com/en/Gallery/24

[6] Stratus Group. Gallery/Other Projects. http://stratusholding.com/en/Gallery/24

[7] 20 minutos. “Chávez y sus polémicas alianzas”. 6 de marzo de 2013. https://www.20minutos.es/noticia/1749952/0/chavez/polemicas/alianzas-venezuela/

[8] Aporrea. “Más de 80 acuerdos entre Irán y Venezuela preceden visita de Chávez a Teherán”. 28 de julio de 2006. https://www.aporrea.org/actualidad/n81447.html

[9] Yelp. Clarity Trade & Finance. https://www.yelp.com/biz/clarity-trade-and-finance-gen%C3%A8ve-2

[10] Stratus International Contracting. http://www.stratusgc.com/Sp_main.aspx

[11] Pilatus Bank. http://www.pilatusbank.com/index.html

[12] El País. “Muere al estallar su coche una periodista que investigaba la corrupción del Gobierno maltés”. 17 de octubre de 2017. https://elpais.com/internacional/2017/10/16/actualidad/1508171781_570535.html

[13] The Guardian. “Authorities seize control of bank at center of Malta corruption scandal”. 22 de marzo de 2018. https://www.theguardian.com/world/2018/mar/21/iranian-banker-malta-corruption-scandal-money-laundering-charges


[15]  Martin Rodil, el hombre tras la investigación de EEUU sobre lavado de capitales Irán-Venezuela”. 16 de diciembre de 2016. https://www.bloomberg.com/news/videos/2016-12-12/meet-martin-rodil-washington-s-venezuela-fixer

[16] La Razón. “Irán maneja los bancos de Chávez”. 29 de septiembre de 2012. https://www.larazon.es/historico/6903-iran-maneja-los-bancos-de-chavez-ULLA_RAZON_490962#.Ttt1f6nXKFiNnSk