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viernes, 19 de febrero de 2021

El régimen chavista es una tiranía narco terrorista organizada en redes

  El chavismo trastocó la vida venezolana y la convirtió en un escenario donde conviven las organizaciones criminales y le dan sustento al gobierno de Maduro.

Por Maibort Petit

  “El régimen chavista es una tiranía narco terrorista organizada en redes. Es un ensamblaje reticular y dinámico que opera en un delicado equilibrio binario de pesos y contrapesos de sus estructuras de mando”.

  Así lo establece el informe “Esto es venezuela. Entre la estabilización y la amenaza de un estado en disolución” elaborado por “The Risk Awareness Council” (TRAC), organización no gubernamental dedicada al estudio de los riesgos políticos y de seguridad surgidos de la complejidad del mundo globalizado.

   Refiere el estudio fechado en enero de 2021, que régimen se vale de la actividad criminal para sostener el poder, al tiempo en que está influenciado por los modelos de conflicto desiguales en el poder de fuego o asimétricos.

  Sostiene que los recursos que administra la red están destinados a mantener el poder, para lo que han fraccionado el territorio para entregarlo en comodato a organizaciones criminales que lo explotan en una dinámica sinérgica con la tiranía.

  Se trata, pues, de un esquema cooperativo que destaca el valor que tienen la ocupación y control territorial para los emprendimientos político-criminales, pues generan un ecosistema autosustentable para todas las partes.

  Refieren que esta tiranía criminal convirtió a Venezuela una nación inviable para satisfacer las mínimas condiciones de seguridad humana de sus habitantes, pues en el país no es posible desarrollar políticas públicas sustentables, en razón de la destrucción institucional del Estado y el abandono de su infraestructura. Por ello, es un espacio donde convergen organizaciones criminales transnacionales y grupos terroristas cuyas operaciones se han integrado al mando político-militar del régimen, convirtiéndolos en socios para el delito internacional.

  El informe de TRAC estima que los intentos para resolver la crisis venezolana, tanto domésticos como internacionales, se han visto entorpecidos, primero, por la compartimentación del poder dentro del propio régimen, y segundo, por la falta de claridad estratégica de la oposición y sus aliados en el mundo.

  Se indica que el estado al que ha llegado Venezuela, obliga a establecer como prioridad detener el sufrimiento de la población, para lo cual hay que remover de raíz la estructura criminal que detenta el poder. Se alerta que no será posible un cambio positivo si se mantienen las actuales condiciones de vida de los habitantes y si permanecen en el mando algunos de los liderazgos de estas redes. De no atender esta advertencia, se corre el riesgo de que el régimen, contrario a lo esperado, se estabilice y se expanda aún más.

  Igualmente, el informe es enfático al señalar que el dilema para la comunidad internacional no se circunscribe a si se requiere o no su participación activa y decidida en el abordaje de la crisis, sino de establecer “qué tipo de resolución tendrá que ocurrir para detener el drama humanitario, la violencia interna y la amenaza regional que representa la tiranía criminal venezolana”.

El panorama

  A la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, se propuso establecer una revolución transregional financiada con las riquezas venezolanas aun en detrimento de la población del país. El carácter internacional se lo otorga la participación de Rusia, China, Irán, Turquía y Cuba.

  El proyecto revolucionario se aceleró con la entrada al escenario de Nicolás Maduro, quien estableció alianzas y conformó redes con organizaciones criminales con el objetivo de sostenerse en el poder.

  En la actualidad, las fuerzas armadas que anteriormente eran factor preponderante, han sido desplazadas por “redes ilícitas, junto con los actores externos estatales y no estatales, [que son] el nuevo centro de gravedad del poder y quienes mantienen al régimen de Maduro al mando”.

  Es así como el poder en Venezuela está compartimentado en una compleja red militar, política y criminal dirigida a impedir el cambio de régimen, una tarea que se ha hecho más cuesta arriba, por la utilización de premisas incorrectas al momento de diseñar las estrategias para sacarlos del poder.

  Considerar a las fuerzas armadas como una institución institucional y jerárquica subordinada al poder civil del gobierno interino, es uno de esos errores. De allí que el sector castrense no sea un socio confiable para procurar el fin de la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro.

  Paralelamente, el régimen ha fortalecido el aparato coercitivo a la par de que el país se ha empobrecido.

  El estado venezolano se ha hecho inviable mientras el crimen organizado, las redes terroristas globales y otras amenazas transregionales convergen en el país, convirtiéndolo en centro de operaciones logísticas para su beneficio.

  En este panorama, los recursos provenientes de economías criminales, tales como el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando, “facilitan el uso de herramientas de conflictos asimétricos que tienen como objetivo expandir su área de influencia y asegurar la permanencia de la tiranía en el poder”.

  En el plano internacional ha habido un desgaste de la política de los EE. UU. que brindó su apoyo al gobierno interino de Juan Guaidó. También se discute la efectividad de las sanciones impuestas al régimen. El régimen de Maduro las denuncia como causa del deterioro de la calidad de vida de la población. Sin embargo, son muchas las evidencias que apuntalan su pertinencia.

  Venezuela se ha convertido en un eje importante del narcotráfico, las empresas estatales en instrumentos para la legitimación de capitales y el régimen y sus socios internacionales trabajan sistemáticamente para desestabilizar políticamente el continente.

La pandemia como instrumento de control

  El informe asegura que el régimen de Nicolás Maduro convirtió la pandemia del Covid-19 en estrategia para el control de la población. Es así como, fingiendo un máximo control de la situación, han restringido la movilidad de las personas, con lo cual han podido paliar la crisis por la escasez de gasolina.

  Hay un férreo control de la información sobre los casos y muertes que indican un subregistro de las cifras.

El posible conflicto interno

  El estudio refiere que el informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU evidenció la violación sistemática y continuada del debido proceso, la tortura física y psicológica y la comisión de delitos ordenados desde la cúpula del poder en contra de la población civil.

  Apunta la existencia de un clima de conflictividad del país que se manifiesta a diario en decenas de protestas por múltiples causas. También se indica que en Venezuela hay 359 presos políticos y en los últimos 6 años, más de 15 mil personas han sido procesados por protestar. Se alerta que de no cambiar esta dinámica de la violencia es predecible que en poco tiempo el caos se apodere del país.

  Además, la población podría quedar en el medio del fuego cruzado que se podría generar por la debilidad del estado y la fragmentación del territorio para entregarlo a los grupos criminales que pudieran llegar a enfrentarse.

El futuro

  El régimen intenta construir la percepción de que la llegada de nuevo gobierno a la Casa Blanca, podría favorecer su estabilización en el poder.

  Su objetivo es sobrevivir en el poder a cualquier costo, puesto que esa es la única manera que posee para desarrollar su política. Depredar el orden productivo es su modus operandi y por ellos requiere expandirse y tomar el control de nuevos territorios, lo cual es una grave amenaza para la región.

  La confrontación convertida en política y estrategia ya trasciende el escenario nacional, habiendo instaurado el régimen el modelo Modelo de Guerra Popular Prolongada (GPP). No se descarta, advierte el informe, que la confrontación vaya más allá de la narrativa política.

  Entretanto, Estados Unidos y el resto de los países han construido un dique de contención del régimen que entorpece la expansión de la revolución mediante acciones como las investigaciones por violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos, las sanciones económicas y la operación antinarcóticos desplegada en el Mar Caribe desde abril de 2020.

  El enfrentamiento de estas fuerzas podría derivar en una desescalada a través de una negociación de salida de los jerarcas del régimen para dar paso a la transición democrática; o en la ascensión a un estadio final y resolutivo mediante “una operación multidimensional orientada a salvaguardar los intereses de los estados que podrían ser agredidos por la revolución bolivariana y/o sus aliados transnacionales, proteger la población y estabilizar el territorio”. 

miércoles, 2 de diciembre de 2020

Smartmatic, la empresa electoral que carga con el lastre de su relación con el chavismo

   Un largo historial de acusaciones en su contra ponen en tela de juicio cualquier proceso electoral en sus manos.

Por Maibort Petit

    Desde que el equipo legal que asesora la campaña de Donald Trump aseguró que el voto en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos del pasado 3 de noviembre, fue pirateado y se cambiaron las boletas correspondientes al actual mandatario para su adversario Joe Biden, el nombre de la empresa Smartmatic ha comenzado a resonar nuevamente como supuesta responsable del fraude acusado Rudy Giuliani.

  El abogado personal de Trump, sugirió que la presunta manipulación del voto habría sido responsabilidad de “una empresa propiedad de afiliados de Chávez y Maduro (…) No es posible creer que la empresa dueña de esta maquinaria electoral sea aliada de Hugo Chávez, sea aliada de Nicolás Maduro y aliada de George Soros. ¿Qué tenemos que hacer para llegar a la verdad?", advirtió Giuliani.

   A las acusaciones de Giuliani se suma Sidney Powell, quien dijo tener evidencia de que el supuesto fraude “vino de Venezuela, de Nicolás Maduro, de Hugo Chávez, de Cuba y de China, que tiene importantes intereses en Venezuela”[1].

   Los señalamientos alcanzan igualmente a Dominion Voting System, una empresa canadiense supuestamente ligada a compañía que impuso el voto automatizado en Venezuela.

   El propio Donald Trump aseguró que 2,7 millones de votos a su favor fueron “eliminados” por el sistema de votación electrónica, acusaciones que apuntan directamente a Dominion Voting System, compañía de la que en 2019 se la reportó desde la Secretaría de Estado en Texas, como llena de vulnerabilidades.

   Smartmatic niega las acusaciones en su contra, al asegurar que, en los comicios en Pensilvania, Georgia, Arizona, Nevada, Michigan o Carolina del Norte, entidades en las que la campaña de Donald Trump cuestionó o impugnó los resultados electorales, hayan usado tecnología de su propiedad.

   Igualmente, Dominion desestimó los señalamientos y se remitió a las conclusiones de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA), instancias adscrita al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que aseguró que las elecciones presidenciales del 3 de noviembre "fueron las más seguras en la historia" desde un punto de vista técnico[2].

  Smartmatic sostiene que nunca ha proporcionado a Dominion Voting Systems ningún software, hardware u otra tecnología y que más bien son competidores en el mercado.

  Documentos oficiales refieren que la única relación existente entre Smartmatic y Dominion se remonta al año 2010 cuando la segunda licenció a la primera para usar escáneres ópticos en una elección de Filipinas. Una información que niega la afirmación del equipo de Trump que aseguró que aun cuando Dominion es una empresa canadiense, el software que utiliza es propiedad de Smartmatic. La advertencia de la campaña del actual presidente estadounidense se debe a que Dominion participó en las elecciones en 28 estados[3].

Smartmatic según ella misma

  Según la página web de Smartmatic, esta empresa fundada en el estado de la Florida en el año 2000 por los venezolanos Antonio Mugica, Alberto Anzola y Roger Piñate, está enfilada a “crear tecnologías de votación más seguras, accesibles y fáciles de usar, diseñadas para salvaguardar el proceso de principio a fin”, al tiempo que asegura que es “la compañía de tecnología de elecciones más grande, avanzada e innovadora del mundo”, habiendo “diseñado e implementado con éxito tecnología de votación segura para comisiones electorales en los cinco continentes en 25 países”.

   Refiere que es un proveedor aprobado del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, al tiempo que es miembro fundador del Subsector de Infraestructura Electoral del Departamento de Seguridad Nacional y agrega que no se basa en ninguna aplicación única para garantizar la integridad de las elecciones. “Utilizamos múltiples capas de protección, medidas de seguridad y mecanismos de control en todos nuestros sistemas de votación. Nuestra tecnología protege los votos en cada paso, desde la recopilación de datos a prueba de manipulaciones hasta el cifrado de extremo a extremo y los registros completamente auditables”[4].

   En la actualidad la compañía está en manos de Mugica y Piñate, siendo que el 83 por ciento de las acciones del capital se propiedad de sus familias, 10 por viento es de los empleados y el restante 7 por ciento, a otros inversores. Smartmatic niega ser una empresa venezolana.

   Lo cierto es que esta empresa que en el momento de su fundación funcionó en la casa de los padres de Mugica, en Boca Ratón, luego de encargarse del referendo revocatorio convocado en Venezuela para consultar a la población si quería terminar el mandato del finado expresidente, Hugo Chávez, la empresa comenzó un proceso de expansión, siete meses después habría comprado una de las empresas más grandes en los Estados Unidos encargada del conteo de votos, a saber, Sequoia Voting System firma que mantuvo bajo su dominio en 2007 cuando la vendió. A la versión de que Sequoia se convirtió en Dominion Voting System y esta sostiene que en 2010 compró "ciertos activos" a Sequoia. Después, Smartmatic comenzó a operar por Latinoamérica, habiéndose encargado de procesos electorales.

  La vertiginosa expansión de Smartmatic a partir de su participación en el referendo venezolano y también fue comentada por la Embajada de de los Estados Unidos en Venezuela, tal como reveló un cable de la instancia diplomática fechado en julio de 2006, divulgado por WikiLeaks, el cual advertía que la empresa “pasó de ser una pequeña startup tecnológica a un importante actor en el mercado, catapultado por su participación en el referendo revocatorio de agosto de 2004” y remataba diciendo que “sus verdaderos dueños —probablemente miembros de la élite venezolana de diferentes afiliaciones políticas— permanecen ocultos detrás de una red de holdings en Holanda y Barbados“.

   En 2017, Smartmatic denunció, luego de haber participado en las elecciones para la Asamblea nacional Constituyente, que la presidenta para entonces del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, supuestamente había manipulado el boletín de participación de los comicios[5].

¿La mano de Soros?

   Los señalamientos acusan la mano de George Soros estaría detrás de todas estas irregularidades, al afirmarse que Dominion fue comprada por Staple Street Capital, que cuenta entre sus directorio  con William Earl Kennard, ex-embajador del gobierno de Barack Obama en la Unión Europea.

  Se declara [sin evidencia] que Lord Mark Malloch-Brown segunda voz de mando de la empresa especulativa Quantum Funds, propiedad de George Soros, es "padrino" de Smartmatic. Malloch-Brown preside la empresa holding SGO Corporation Ltd, presuntamente matriz operativa de Smartmatic.

 Según Giuliani, Soros y los Clinton estarían detrás del fraude cibernético, una afirmación que le valió la arremetida de todos los medios de comunicación adscritos a George Soros y a su conglomerado Project Syndicate que califica las denuncias como "teorías de la conspiración" sin fundamento.

  Desde el portal The Nation de Pakistán se dice que "el presidente de la firma del software para las votaciones ligado a Soros se encuentra en el equipo de transición de Biden": a saber, el almirante retirado, Peter Neffenger, a quien califica de ser el “mandamás de Smartmatic en EEUU”[6].

  Hay quienes van más allá y sostienen que Soros es propietario de Smartmatic desde 2014, lo cual se habría dado, como se dijo líneas arriba, a través de Mark Malloch-Brown, quien se asociaría a Antonio Mugica y conformaron la organización llamada SGO Corporation Ltd.

  Malloch-Brown es periodista que se inició en The Economist, fue funcionario de carrera de las Naciones Unidas desde al menos 1979, suponiéndose que su trabajo con los refugiados habría sido lo que lo vinculó a Soros con motivo del conflicto en los Balcanes.

  Fue administrador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y desde allí se ofreció para colaborar con el diálogo entre el gobierno de Hugo Chávez y la oposición venezolana cuando se promovía la realización del referendo revocatorio.

  Se dejado ver que el despliegue de Smartmatic coincide con la contratación de Malloch-Brown, luego de que la empresa registrada en la Florida consiguiera el contrato de la automatización del referendo revocatorio y que “el impulso de la firma como solución electoral haya venido de Malloch Brown y de Soros. Para esto fue muy conveniente posicionar la idea de que Smartmatic era una creación del chavismo”[7].

CITAS

[1] Independientes en Español. “Trump 'election fraud' lawyer claims communist plot from Venezuela to help Democrats win”. 20 de noviembre de 2020. https://www.independentespanol.com/noticias/giuliani-trump-fraude-electoral-venezuela-b1758714.html

[2] Telemundo. “Smartmatic, Hugo Chávez y un supuesto fraude: empresas rechazan acusaciones de la campaña de Trump”. 23 de noviembre del 2020. https://www.telemundoutah.com/noticias/decision/elecciones-estados-unidos-acusaciones-fraude-de-trump-smartmatic-hugo-chavez-venezuela/2036757/

[3] El Diario. “¿Dominion, empresa que gestiona el software en el conteo de votos de EE UU, es propiedad de Smartmatic?”. 13 de noviembre de 2020. https://eldiario.com/2020/11/13/dominion-votos-eeuu-smartmatic/

[4] SmarTmatic. https://www.smartmatic.com/es/

[5] BBC Mundo. “Smartmatic, la empresa a cargo del sistema de votación en Venezuela, denuncia "manipulación" en la elección de la Constituyente y el CNE lo niega”. 2 de agosto de 2017. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-40804551

[6] Mundo. “Protestas en Filadelfia tras las elecciones presidenciales en EEUU ¿Existió fraude de los "algoritmos de Soros" en las elecciones de EEUU?”. 20 de noviembre de 2020. https://mundo.sputniknews.com/firmas/202011201093564491-existio-fraude-de-los-algoritmos-de-soros-en-las-elecciones-de-eeuu/

[7] AlbaSuiza. “Smartmatic Es Propiedad De George Soros (Oficialmente) Desde 2014”. 4 de agosto de 2017. http://www.albasuiza.org/es/2017/08/smartmatic-es-propiedad-de-george-soros-oficialmente-desde-2014/

viernes, 11 de septiembre de 2020

Esta es la fórmula que proponen para derrocar a Nicolás Maduro

 Solamente una estrategia abordada en conjunto, permitirá enfrentar y a acabar con la empresa criminal que dirige el mandatario venezolano.

Por Maibort Petit

  Para derrocar al gobierno criminal de Nicolás Maduro, es clave conformar una alianza las autoridades y las capacidades del gobierno de los Estados Unidos que, en colaboración con socios regionales confiables, con la indispensable participación de Europa, para enfrentar el régimen que azota al pueblo venezolano. Solamente de esta manera será posible alcanzar el objetivo de recuperar las instituciones democráticas en Venezuela.

   Así lo sostiene el presidente de IBI Consultants, especialista en seguridad, terrorismo y crimen organizado transnacional en América Latina, Douglas Farah, en un informe que elaboró para el Centro para América Latina “Adrienne Arsht” del Atlantic Council titulado: “Las actividades ilícitas del régimen de Maduro: Una amenaza para la democracia en Venezuela y la seguridad en América Latina”, donde hace un análisis de las actividades irregulares del régimen Maduro que impiden la recuperación de las institucional venezolana.

  El enfoque de Farah refiere que en la medida en que el régimen criminal de Nicolás de Maduro continúe obteniendo beneficios de actividades ilícitas que lleva a cabo en colaboración con socios regionales e internacionales, las fuerzas democráticas —dentro y fuera de Venezuela— tendrán que continuar enfrentando a un enemigo bien arraigado con fuertes incentivos para mantener su control del poder.

  Y es que el experto en seguridad recuerda que Maduro mantiene asociaciones con organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y al tráfico de oro, así como con grupos terroristas colombianos, con lo cuales recurre a la implementación de esquemas de lavado de dinero y corrupción a través del Atlántico, siendo estos solo algunos de los nodos de una red criminal global mucho más amplia. Igualmente, alerta sobre las sólidas relaciones políticas, económicas y militares del régimen con actores geopolíticos como Irán, Rusia y China, los cuales son fuentes de apoyo claves para Maduro y sus cómplices.

¿LAS 10 LECCIONES QUE QUEDAN DE LA LUCHA CONTRA EL RÉGIMEN DE NICOLÁS MADURO ?

 Destaca que el régimen de Maduro y sus aliados internacionales — estatales y no estatales— ha dado muestras fehacientes de una gran resistencia y adaptabilidad frente a las fuertes sanciones impuestas por EE. UU. y otros países. No en balde, recuerda Farah, que Maduro y sus socios encontraron las costuras en el sistema financiero global, de tal manera que le han permitido trasladar sus operaciones a nuevas áreas geográficas o ubicaciones, o simplemente ha traído nuevos socios a su redil. En tal sentido, el especialista advierte que el gobierno interino de Venezuela y sus aliados en la comunidad internacional, se enfrentan esencialmente a un oponente que utiliza tácticas asimétricas.

SAAB Y SUS GUISOS: MÁS QUE UN TESTAFERRO | INTELIGENCIA DESDE EEUU | SIN/FILTROS E26

Ante este panorama, Douglas Farah se pregunta cómo aprovechar los nuevos conjuntos de herramientas de políticas y qué acciones específicas se deben coordinar internacionalmente para adoptar un enfoque más integral y asertivo para abordar las actividades ilícitas del régimen de Maduro e, inmediatamente responde que la clave para combatir esta red criminal es a través de la integración de las autoridades y las capacidades del gobierno de los EE. UU. en colaboración con socios regionales confiables, Europa, como ya se apuntó al principio, de manera de poder abordar el régimen de Maduro de manera global.

SAAB NO ES EL ÚNICO: EL EJE DEL MAL OPERA COMO UNA RED QUE HAY QUE CONOCER | SIN/FILTROS E21

Se remite, entonces Farah a las acciones que es necesario implementar desde esta alianza y menciona, en primer lugar, conformar un grupo de trabajo interinstitucional en el gobierno de EE. UU. al cual se incorporen, de manera estratégica, tanto recursos como experiencia, específicos de la comunidad de inteligencia y las agencias de EE. UU. relevantes, entre los cuales debe contarse el Departamento del Tesoro, el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Defensa.


Juntas, estas instancias, deben abordar los diversos frentes de la empresa criminal liderada por Nicolás Maduro con una estrategia coherente y multifacética de decomiso de activos, incautaciones de cuentas financieras, cierres de empresas fachada, acusaciones y procesamientos, revocación de visas, intercambio de información con aliados, entre otras acciones. Cada departamento tiene facultades únicas que, utilizadas de manera conjunta, impactan tremendamente el tiempo con el que los delincuentes cuentan para adaptarse y sobrevivir. Recuerda que, en el pasado, esta estrategia ha funcionado mejor a través de la coordinación del Consejo de Seguridad Nacional (NSC), que tiene el poder de convocar a directores y diputados y darle al tema un enfoque político sostenido. Es indispensable reducir la resiliencia y adaptabilidad de las estructuras criminales del régimen de Maduro.


En segundo término, Farah llama a instrumentar una diplomacia más continua y sólida que actúe sobre la naturaleza criminal del régimen y traiga consecuencias económicas y sociales persistentes y coordinadas. Un trabajo que avanza de manera paralela con el mejoramiento y optimización del intercambio de información financiera y la coordinación de sanciones con socios confiables como en la Unión Europea y América Latina, incluido el Caribe. 


Considera el experto que esto reduciría significativamente los espacios de operación del régimen en los sectores financieros. Cita el acuerdo del Grupo de Lima de implementar tácticas de rastreo de activos y medidas de decomiso, una iniciativa que está en el papel pero que es urgente implementar. Del mismo modo, el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Organización de los Estados Americanos (OEA) debe aplicar sanciones contra el oro ilícito y otras industrias extractivas.


En tercer lugar, Douglas Farah convoca a trabajar en estrecha colaboración con Brasil, Colombia, Guyana y Ecuador, de modo de aumentar el control fronterizo mediante el uso de tecnologías como drones de monitoreo y el incremento de personal, que se aboquen a interrumpir las cadenas de suministro ilícitas generalmente enfocadas en las regiones fronterizas. Esto debe contemplar cortar las líneas de reabastecimiento a los disidentes de las FARC y los grupos del ELN dentro de Venezuela, así como las redes de tráfico que sacan productos de la región.


Como cuarto punto, se debe conformar un grupo de trabajo multinacional en el cual se formulen políticas y actúen expertos del gobierno interino de Venezuela, Estados Unidos, la Unión Europea y estados miembros clave, el Grupo de Lima y CARICOM, para diseñar estrategias para enfrentar la amenaza de los grupos armados irregulares y el crimen transnacional con miras a abrir el camino hacia la restauración de las instituciones democráticas venezolanas.


Finalmente, Douglas Farah formuló un llamado a actuar urgentemente en este sentido, toda vez que no hacerlo, no combatir la naturaleza criminal del régimen de Nicolás Maduro, ni aislarlo de sus malignos aliados, solamente prolongará el sufrimiento del pueblo venezolano y aumentará las amenazas a la seguridad y la estabilidad en el hemisferio.

viernes, 14 de agosto de 2020

Departamento de Justicia de EE. UU. confirma la incautación de combustible iraní transportado por cuatro petroleros

Por Maibort Petit

  El Departamento de Justicia anunció la interrupción exitosa de un envío de combustible multimillonario por parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), una organización terrorista extranjera designada, que se dirigía a Venezuela. Estas acciones representan la mayor incautación de cargamentos de combustible de Irán por parte del gobierno.

   El 2 de julio de 2020, Estados Unidos presentó una queja en la que buscaba decomisar toda la carga de productos petrolíferos a bordo de cuatro petroleros de bandera extranjera, incluido el M/T Bella con el número 9208124 de la organización marítima internacional (OMI), el M/T Bering con El número IMO 9149225, el M / T Pandi con el número IMO 9105073 y el M / T Luna con el número IMO 9208100). 

El juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Jeb Boasberg  para el Distrito de Columbia emitió una orden de incautación de la carga de los cuatro buques.

El gobierno anunció que ha ejecutado con éxito la orden de incautación y confiscado el cargamento de los cuatro buques, por un total de aproximadamente 1,116 millones de barriles de petróleo. Con la ayuda de socios extranjeros, esta propiedad incautada está ahora bajo la custodia de Estados Unidos.

Después de la ejecución de la orden de decomiso de Estados Unidos, la marina de Irán abordó por la fuerza un barco no relacionado en un aparente intento de recuperar el petróleo incautado, pero no tuvo éxito. El Comando Central de Estados Unidos publicó ayer un video de la fallida operación iraní. 


Los fondos confiscados con éxito con una conexión con un estado patrocinador del terrorismo pueden dirigirse total o parcialmente al Fondo de Estados Unidos para Víctimas del Terrorismo Patrocinado por el Estado (http://www.usvsst.com/) después de la conclusión del caso.





viernes, 1 de mayo de 2020

EE.UU. acusa a dos iraníes de lavar dinero y violar las sanciones para favorecer a las Fuerzas Quds (IRGC) de Irán

  Las autoridades estadounidenses incautaron $ 12.3 millones en fondos relacionados con IRGC-QF.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  El gobierno de los Estados Unidos acusó a dos ciudadanos iraníes, Amir Dianat y Kamran Lajmiri, ​​de violar las leyes y sanciones de exportación de los Estados Unidos contra Irán y por delitos de lavado de dinero. La acusación se procesará en el Tribunal de Distrito de Columbia.
  Los fiscales federales acusaron a Dianat y Lajmiri de conspiración para proporcionar servicios financieros estadounidenses a entidades iraníes y a sus principales compañías que intentaron comprar un buque petrolero, registrado como  Nautic, en septiembre de 2019. 

   La denuncia alega que los acusados ​​ocultaron, tanto al vendedor  como a las instituciones financieras que procesaron las transacciones en dólares estadounidenses, así como al gobierno de los EE. UU. que la venta de este buque estaba destinada a Irán.

   La operación, dice la demanda, forma parte de un plan de los acusados para su enriquecimiento y para otros conspiradores, que lograron evadir las regulaciones, prohibiciones y requisitos de licencia de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) y el Reglamento de Transacciones y Sanciones de Irán (ITSR).

   En los documentos de la corte se describe un reclamo relacionado por decomiso civil es de $ 12,338,941.91. "Estos fondos estaban supuestamente involucrados en un esquema para lavar fondos en los Estados Unidos para adquirir ilícitamente el carguero petrolero, The Nautic"

  La demanda de decomiso civil alega que en el esquema estaba involucrada la Compañía Nacional de Petróleo de Irán, la Compañía Nacional de Petroleros de Irán (NITC) y la Fuerza Quds de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), todas están entidades está sancionadas por la OFAC

  El IRGC fue designado por los Estados Unidos como una organización terrorista extranjera. "Esta acción de decomiso representa la mayor incautación de fondos relacionados con las Fuerzas Quds de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, dice la demanda que a la vez acota que "todos los fondos de organizaciones terroristas están sujetos a decomiso".

 "Estos acusados ​​compraron un barco petrolero valorado en más de $10 millones al usar ilegalmente el sistema financiero de los Estados Unidos, violando desafiantemente las sanciones de los Estados Unidos", dijo el Fiscal General Adjunto de Seguridad Nacional John C. Demers.

  Demers aseguró que "Este es otro ejemplo más de que Irán utiliza descaradamente compañías de fachada y documentación falsa en su intento de ocultar las transacciones ilegales que el régimen iraní necesita, desesperadamente, para financiar sus actividades malignas". 

  La aplicación de las sanciones estadounidenses y las leyes penales financieras es un componente importante del compromiso que tiene la División de Seguridad Nacional de proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos. 

  Demers elogió los esfuerzos de los fiscales, agentes y analistas que descubrieron este esquema ilegal y cuyo trabajo resultó en la acción de decomiso más grande que haya involucrado a las Fuerza Quds de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC)".

  Por su parte, el Fiscal para el Distrito de Columbia, Timothy J. Shea, sostuvo que "Empleando autoridades de decomiso civil específicamente disponibles para la Fiscalía, continuaremos procesando agresivamente a aquellos que abusen de nuestro sistema financiero para apoyar a las entidades sancionadas".

 Shea aseguró que usarán todas las medidas disponibles bajo la ley, para incluir la confiscación civil para recuperar fondos para las víctimas del terrorismo. "Estas leyes existen y sirven para evitar que los países hostiles generen ingresos ilícitamente, (a través de la venta de petróleo), para financiar sus programas de proliferación de armas. Los cargos de hoy son otro ejemplo de los esfuerzos dedicados e implacables de nuestra oficina, el FBI y HSI ".

"La demanda demuestra que aquellos que usan el sistema financiero de los Estados Unidos para beneficiar a la industria petrolera iraní serán investigados por el FBI y procesados ​​en la mayor medida de la ley", dijo el agente especial del FBI Minneapolis a cargo Rainer Drolshagen. 

 "Los sectores petroquímicos y petroleros de Irán son las principales fuentes de financiación para el régimen iraní, y el FBI continuará persiguiendo agresivamente a aquellos que usan ilegalmente el sistema financiero de Estados Unidos para su beneficio".

 "La protección de nuestra patria abarca muchas misiones, incluida la protección de las exportaciones y la moneda de nuestra nación", dijo Steven W. Cagen, agente especial a cargo de HSI Colorado.    "Estos delincuentes pensaron que podrían enriquecerse mientras ayudaban a Irán, un país que sigue representando un serio amenaza para la seguridad de nuestra nación. Ahora enfrentarán las consecuencias de sus acciones ".

  El Departamento del Tesoro interpuso una acción concurrente, sancionando a Dianat y su compañía relacionada, Taif Mining.

  Según los alegatos, a partir de mayo de 2019 hasta diciembre de 2019, Dianat y Lajmiri conspiraron para comprar el carguero de Nautic a través de una compleja red de compañías de fachada, incluida Taif Mining. Después de enviar el pago final al vendedor, Taif Mining tomó posesión del Nautic. Rápidamente cambió su nombre y comenzó a hacer viajes a Irán para cargar petróleo iraní. 


 Debido a que los Estados Unidos congeló los fondos de la venta del buque, el vendedor nunca recibió el pago. Como resultado, el vendedor inició una acción civil en los EE. UU. para recuperar el dinero adeudado.

  El 15 de marzo de 1995, la presidencia de los Estados Unidos emitió la Orden Ejecutiva No. 12957, que establecía que "las acciones y políticas del Gobierno de Irán constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la economía del país". Estados Unidos declaró una emergencia nacional para hacer frente a la amenaza. 

   En posteriores órdenes ejecutivas, el presidente impuso sanciones económicas, incluido un embargo comercial a Irán. Las órdenes ejecutivas y el ITSR prohíben la exportación, reexportación, venta o suministro, directa o indirectamente, a Irán de bienes, tecnología o servicios de los Estados Unidos o de una persona estadounidense sin autorización previa o licencia de la Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, ubicada en Washington, DC. 

  Los conspiradores utilizaron el sistema de corresponsalía bancaria de los Estados Unidos para procesar transacciones ilícitas en dólares estadounidenses, y en ningún momento alertaron a las instituciones financieras estadounidenses de que estaban financiando la compra de un buque tanque para las entidades iraníes.

  Si son declarados culpables, Dianat y Lajmiri enfrentarían un máximo de 20 años de prisión.

  La investigación fue realizada por agentes especiales de la Oficina de Campo del FBI en Minneapolis y HSI Colorado Springs.




martes, 10 de marzo de 2020

Juicio por lavado de dinero de Ali Sadr Hasheminejad: El Fondo Chino de Venezuela pagó a las empresas que violaron las sanciones de EE.UU. contra Irán

Por Maibort Petit
@maibortpetit

    "El juicio contra Ali Sadr Hasheninejad pasa a otra etapa", dijo la jueza Alison Nathan al jurado que ha visto por seis días una voluminosa evidencia presentada por la fiscalía estadounidense. "El gobierno resta y le pasa el turno a la defensa", sostuvo la magistrada al final del día lunes, cuando le dió instrucciones al jurado ante de despedirlos, ordenando que no podían leer en los medios ni en las redes sociales nada sobre el caso para que puedan mantener su imparcialidad. 
  Ali Sadr Hasheminejad, un ciudadano iraní que adquirió la nacionalidad de San Cristóbal y Nieves, es acusado por el gobierno de Estados Unidos de delitos de lavado de dinero, fraude bancario e incumplimiento de las sanciones impuestas por EE. UU.  contra Irán al trasladar dinero a través del sistema financiero estadounidense proveniente de un proyecto de vivienda en Venezuela promovido por los regímenes de Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro.

Las medidas de los bancos para evitar la violación de las sanciones

   En la audiencia número 6 del juicio, un testigo que representa a un banco víctima, Citibank, dijo que si bien los bancos intermediarios no tienen la obligación de investigar a los clientes de los bancos correspondientes si deben hacerlo y alertar sobre cualquier irregularidad. Este comentario se produjo cuando la defensa insistía que el acusado no cometió delitos y los fiscales explicaban que el manejo hecho en múltiples transacciones por parte del Hyposwiss, que es la entidad donde Sadr Hasheminejad tenía las cuentas de las empresas offshore que usó para el esquema de lavado de dinero y violación de las sanciones acusado en este caso.

  Los fiscales mostraron un sistema que se origina en PDVSA, con una orden de pago para las empresas de Sadr contratadas para construir las casas en Venezuela, PDVSA enviaba la orden a su banco en Portugal, Espíritu Santo (BES), esta entidad enviaba el dinero a su banco intermediario en Nueva York (CitiBank o J. P. Morgan Chase) y este a su vez transfería los fondos al banco correspondiente que es Hyposwiss, en Suiza que era el banco donde Sadr y su padre abrieron las cuentas de las empresas sustitutas de la contratada originalmente por Venezuela, llamada Iranian International Housing Co. (IIHC). 

 La fiscalía y el testigo del Citibank sostuvieron que la responsabilidad de investigar las transacciones de Sadr y su familia es Hyposwiss porque los dos ciudadanos iraníes eran sus clientes, y no CitiBank o Chase. Sin embargo, debido a una serie de factores que se encontraron en varias transacciones hechas a través de los bancos estadounidenses, se levantaron las alarmas ante el inminente uso del sistema financiero para lavar dinero a favor de Irán. 

  Los fiscales explicaron que Sadr y su padre sabían perfectamente que estaban cometiendo un delito, y para evitar ser descubiertos crearon una estrategia que los llevó a comprar nacionalidades en San Cristóbal y Nieves para él, su padre y hermanas; registrar empresas en Suiza, Turquía, Hong Kong, Emiratos Árabes, entre otros, abrir cuentas bancarias en Suiza y Alemania, cambiar el nombre de la empresa contratada en PDVSA para eliminar la palabra Iranian (en su lugar pusieron Industrial) y bajar el website de Iranian International Housing Co. (IIHC) para borrar cualquier indicio "tóxico" que los involucraran con Irán. 

  Los fiscales dijeron que los pagos multimillonarios hechos por PDVSA a los Sadr, y que fueron procesados a través del sistema bancario estadounidense constituyen un delito federal, ya que viola las sanciones entre Estados Unidos e Irán y se convirtió no solamente en un fraude bancario sino en el esquema de lavado de dinero internacional.

  El testigo del Citibank explicó los bancos toman muy en serio el tema de las sanciones ya que el incumplimiento genera penalidades para las instituciones financieras. El experto sostuvo  que las sanciones contra Irán están dirigidas al gobierno, al país y las personas que lo integran.

  Cuando fue interrogado por el abogado de Sadr, Brian Herberlig, el testigo de Citibank dijo que no tenía conocimiento de que el banco enfrentara sanciones por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por las acciones de este caso. 

Compañía de Sadr pago por un apartamento en Caracas

  La fiscalía llamó a una mujer venezolana americana al estrado. Alessandra Conte dijo que en 2011 vendió su apartamento en Caracas, Venezuela por $ 170,000 a un hombre llamado César Gudiño. El comprador presentó problemas para pagar el precio total de la compra del inmueble y fue la empresa de Sadr Hasheminejad la entidad que pagó parte de la deuda.

  La mujer explicó que se había mudado a State Island, en la ciudad de Nueva York en el año 2000 y que vendió el inmueble porque sabía que no lo ocuparía más. Logró concretar la venta con Gudiño quien pagó una parte en dólares y otra en bolívares.

  El fiscal preguntó "¿quién arregló pagarle en dólares estadounidenses?", A lo que la mujer respondió "Stratus". 

  Stratus Construction es una empresa propiedad de la familia Hasheminejad y aparece involucrada en el esquema de lavado de dinero acusado por la fiscalía.

Defensa se queja por documentos relacionados con Stratus

  Entre las mociones que se discutieron este lunes estpa una carta de la fiscalía donde se explica que no se había proporcionado a la defensa de Sadr documentos relacionados con la compañía Stratus.

  En la comunicación dice: “Stratus fue fundada en 1978 en Teherán, Irán; Stratus International se especializa en proporcionar servicios de contratación para proyectos de infraestructura tales como carreteras, ferrocarriles, presas, túneles, aeropuertos y edificios; Stratus está trabajando actualmente en un proyecto de desarrollo de viviendas de la Unidad de Apartamentos 7000 "Nuevo Ojeda" en Venezuela ", señala el documento.

  En la carta presentada al juez, el abogado asistente dijo que, en 2011, el banco que procesaba el pago recibió una respuesta a su consulta "indicando, en suma y sustancia, que la dirección de Stratus está en Turquía, está registrada en Turquía, hace construcción en varios países, incluyendo a Venezuela ".

    Stratus luego se agregó al filtro de sanciones del gobierno de EE. UU. Para monitorear cualquier pago futuro.

  El documento dijo que las autoridades estaban tratando de confirmar si la Oficina de Control de Activos Extranjeros tomó alguna medida basada en la divulgación del banco, pero está dispuesta a "estipular que la OFAC no tomó medidas contra las entidades del Banco Stratus o el acusado".

  "El Gobierno lamenta su error y está trabajando para confirmar que no hay nada más relacionado con la investigación bancaria que tenga alguna relación con este caso", agrega la carta.

  Habían estado al tanto de la carta desde mediados de enero, y que, en ese momento, creían erróneamente que era parte del descubrimiento en el caso, decía la carta.

Las tablas que incomodan a la defensa

   La fiscalía presentó unas tablas con los pagos hechos por PDVSA a las empresas offshore de Sadr y su padre, incluyendo la tóxica IIHC que se iniciaron en 2010 hasta 2014. 

    Una de las comunicaciones presentadas estaba fechada el 30 de diciembre de 2010 en la cual Sadr le advierte a su empleado Bahram Karimi sobre los problemas que tenían con la cuenta del Chase en Nueva York. 
    
     En otro correo Sadr explica a su banco Hyposwiss que venía una transferencia por $ 29 millones de Venezuela el 11 febrero 2011. La orden correspondiente para ese pago, está hecha en un papel membretado con Iranian International Housing Co. (IIHC), firmada por José Luis Parada Sánchez, jefe de DUCOLSA y donde se usa la dirección de IIHC en Teherán [Apart. 101 N-18 Mina Boulevard Afnet St. Teherán].

  José Luis Parada explicó cómo se iba a cambiar la empresa iraní por una empresa turca Straturk International Contracting S.J. 

   Parada también advierte al banco usado por PDVSA para hacer los pagos a Sadr sobre el cambio de las cuentas bancarias y aclara que a partir de ese momento Straturk International Contracting S.J. era el beneficiario.


El Fondo Chino pagó a las empresas del acusado 

  Varias comunicaciones presentadas al jurado reflejan que los recursos usados para algunos pagos provenían del Fondo Chino para Venezuela. Una carta del 17 de marzo de 2011, dice que el Fondo Chino confirmó al banco la cantidad de dinero que se iba a pagar a las compañías de Sadr y su familia que era el desembolso #386 del Fondo -Código N-00579 por $ 29.442.967, 57.

   Se mostró un correo electrónico dirigido a DUCOLSA de María Acevedo del Banco Commerzbank A.G, fecha febrero 5 de 2011. Decía que el Banco del Tesoro iba a bloquear los fondos si no se suministraba información sobre Straturk. Ante esa advertencia se informó que la compañía fue registrada en Turquía y que el pago era por la construcción de 700 viviendas en Venezuela.
   
    Los fiscales presentaron cartas que mostraban la contradicción entre los beneficiarios de los pagos que iban desde Straturk International Contracting S.J., IIHC, Stratus Global Investment Ltd y otras empresas.

     Asimismo se presentó un cuadro que mostraba los ingresos que llegaron de las cuentas de PDVSA a la empresa de Sadr Clarity Trade (creada por el acusado en Suiza para esconder la vinculación con Irán). El cuadro explica que una parte de los fondos llegaban a Clarity y se enviaban a Stratus Global Investment y de allí se transferían a otras empresas creadas en Estados Unidos, como Sapene LLC, Fidelity National Title Company, Malibu Escrow  Corporation y Setom LLC. 

   De las mencionadas empresas, la hermana de Ali Sadr, Pegah Sadr compró una tierras por medio de la empresa Malibu Escrow  Corporation por $ 919,960,00 en el lote 27314 Winding Way, Malibu CA 90265. 

    Por medio de Fidelity National Title Company  se creó Pistache LLC, ( propiedad en un 50% Sapene LLC). La hermana de Ali Sadr, Pegah Sadr aparece como dueña de Sapene LLC, que tiene una cuenta en el Banco Well Fargo, a través de la cual se adquirieron productoras de pistachos en California.  El nombre de Ali Sadr se agregó en la empresa Setom LLC cuya dueña original era Pegah Sadr H. El 19 de septiembre de 2011 la empresa era 50% de Pegah Sadr y 50 % Ali Sadr.







lunes, 2 de marzo de 2020

10 mujeres y 5 hombres juzgarán al banquero iraní Ali Sadr Hashemi Nejad acusado de lavar millones de dólares de PDVSA a favor de Irán

 Este martes 3 de marzo, la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentará al jurado los argumentos de apertura, seguidos por la defensa.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Un jurado conformado por 10 mujeres y 5 hombres fue selecto por las partes para procesar a Ali Sadr Hasheminejad, expresidente del desaparecido Pilatus Bank, acusado por el gobierno de los Estados Unidos de haber elaborado un complejo esquema de lavado de dinero que permitió blanquear millones de dólares provenientes de los programas de viviendas del régimen de Hugo Chávez, que fueron a parar a la República Islámica de Irán, sancionada por el Departamento del Tesoro norteamericano.
  Este lunes 2 de marzo, la juez Alison J. Nathan convocó un universo de más de 60 personas para preseleccionar 33 personas, de las cuales, finalmente quedaron las 15 que formarán parte del panel de jurado que deberá producir un veredicto unánime de Ali Sadr Hasheminejad. 

  Sadr Hasheminejad fue acusado de seis cargos, incluido lavado de dinero, fraude bancario y violación de las sanciones de la OFAC. Su caso está siendo manejado por la unidad de Terrorismo y Narcóticos Internacionales del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, una oficina conocida por procesar casos de terrorismo de alto perfil. 

   El acusado goza de libertad bajo fianza, y sus movimientos están restringidos al área triestatal de Nueva York. Pagó una fianza de $ 38 millones. Se enfrenta a una condena máxima de 125 años de cárcel.

Las empresas

  La jueza Nathan informó que en el juicio se escucharán las siguientes entidades: Aper Insaat, Citibank, Clarity Trade & Finance, Desarrollos Urbanos de la Costa Oriental del Lago S.A. or Ducolsa, Emirates National Bank of Dubai o Emirates NBD, Export Development Bank of Irán, Hyposwiss Bank, Iranian International Housing Co. C.A or IIHCO or IIHC, JP Morgan Chase Bank, Nueva Ciudad Fabricio Ojeda, Nueva Ojeda Housing Development Project, Petróleos de Venezuela (PDVSA), Samanch Stratus Co., Stratus Holding Group.

  En la lista de personas que serán nombradas aparecen José Luis Parada Sánchez, Luis Rivera, Sandra Santiago Rodríguez, Gabriela Sánchez, Mildred Benavides, Luis Fuenmayor, Alexander Frei, Richard Kauffman, entre otros.

  Sadr Hasheminejad habría participado en un complot para canalizar $ 115 millones a través del sistema financiero estadounidense, bajo un contrato de construcción de viviendas para pobres del gobierno venezolano.  Él se ha declarado no culpable.

El acusado

  Ali Sadr Hasheminejad, de 40 años, nació en Irán. Fue arrestado el 19 de marzo de 2018 en el aeropuerto de Dulles en Washington, DC. Según los documentos presentados ante el tribunal, él y su madre se dirigían a Londres para celebrar el año nuevo persa con su familia. Sadr, quien es ciudadano de iraní y de la isla caribeña de Saint Kitts.

  El acusado se graduó de ingeniero civil en la Ivy League, Universidad de Cornell. Tras ser arrestado, el gobierno estadounidense le confiscó propiedades en Maryland, Washington, DC, y la ciudad costera de élite de Malibú, en California, incluyendo unas granjas de pistachos en ese estado.

  Sadr Hasheminejad se mudó a Estados Unidos en el año 2000 cuando tenía 23 años para reunirse con su madre y hermana; y pidió asilo político en 2003, de acuerdo con los documentos de la corte. En la solicitud de refugio, el acusado aseguró que su vida corría peligro si regresaba a Irán porque su familia tenía problemas con el régimen iraní de Mohammad Khatami. No obstante, existen registros que señalan que el presidente iraní de la época dijo que el padre de Sadr "era uno de los exportadores ejemplares de Irán".

  Sadr Hasheminejad tiene el estatus de residente permanente de los Estados Unidos y ha dicho que no tiene conexión con los negocios de su padre en Irán.

  Sadr se hizo residente legal de Estados Unidos en 2004 con base en su asilo, pero en 2010 el asilo fue revocado por el gobierno federal alegando que su proceso había sido fraudulento. El acusado logró obtener otra carta de residencia en 2012. Los documentos señalan que viajó varias veces a Irán entre 2010 y 2015 y que dichas movilizaciones se habrían hecho de bajo perfil para evitar una supuesta persecución en su contra.

 Los fiscales señalan que Sadr registró múltiples compañías en Malta, Suiza, Hong Kong, Chipre, el Reino Unido y los Estados Unidos; y que en ninguno de los registros corporativos el acusado reveló su trasfondo iraní, a pesar de que mantiene un vínculo con los sectores de la banca y la construcción en Irán a través de su padre, Mohammad Sadr Hashemi Nejad, fundador del primer banco privado de la República Islámica de Irán, Eghtesad Novin Bank, en 2001. Actualmente, Mohammad Sadr Hashemi Nejad es presidente de Stratus Holding Group, uno de los mayores conglomerados de la construcción de viviendas y carreteras de Irán, con más de 60 filiales y más de 10 mil empleados.

  Stratus Holding tiene una subsidiaria en que estuvo a cargo de un proyecto de vivienda del gobierno de Hugo Chávez que, según los fiscales estadounidenses, se utilizó para canalizar $ 115 millones a Irán.

 Los fiscales neoyorquinos dicen que el acusado ocultó sus conexiones con Irán adquiriendo otras ciudadanías, y no reveló la información sobre su familia en Irán para evitar poner en riesgo sus negocios debido a las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos al régimen iraní.

 Los fiscales del caso presentaron a la corte una tarjeta de presentación del acusado donde éste aparece como vicepresidente de una subsidiaria de Stratus, Samane Stratus Investment Company, a partir de 2011.

  Sadr posee varias empresas, entre las cuales destaca Pilatus Capital Ltd registrada en Saint Kitts y Nevis, donde adquirió la ciudadanía por inversión y la cual ha usado para abrir sus corporaciones. También es dueño del hoy desprestigiado Banco Pilatus, creado bajo las leyes de Malta en diciembre de 2013.

Sanciones a Irán

  Desde 1979, el presidente de los Estados Unidos, de conformidad con la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional ("IEEPA"), ha encontrado repetidamente que las acciones y políticas del gobierno de Irán constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y economía norteamericana; por lo que declaró una emergencia nacional para hacer frente a la amenaza.

  De acuerdo con estas declaraciones presidenciales, Estados Unidos ha instituido una serie de sanciones económicas contra Irán y entidades iraníes. Las medidas contra el régimen de Irán prohíben, entre otras cosas, las transacciones financieras que involucren a Estados Unidos o personas en el país destinadas al beneficio del gobierno de Irán o individuos o entidades iraníes, establece un comunicado de la fiscalía estadounidense.

  En agosto de 2004, los gobiernos de Irán y Venezuela celebraron un acuerdo mediante el cual acordaron cooperar en ciertas áreas de interés común. En 2005, ambos gobiernos complementaron el Acuerdo al celebrar un Memorando de Entendimiento sobre un proyecto de infraestructura en Venezuela, que consistía en la construcción de 7 mil unidades de vivienda en el país caribeño.

  El proyecto fue liderado por Stratus Group, un conglomerado iraní controlado por Sadr y su familia con operaciones comerciales internacionales en las industrias de la construcción, la banca y el petróleo.

  En diciembre de 2006, Stratus Group incorporó una compañía en Teherán, que entonces se conocía como la Corporación Internacional de Vivienda de Irán (IIHC). IIHC fue responsable de la construcción del Proyecto. Posteriormente, también celebró un contrato con una subsidiaria de una compañía energética estatal venezolana, que solicitó al IIHC construir aproximadamente 7 mil unidades de vivienda en Venezuela a cambio de aproximadamente $ 475,734,000.

  Stratus Group creó el Comité Ejecutivo del Proyecto Venezuela para supervisar la ejecución del plan. El acusado era miembro del comité y era responsable de administrar la ejecución del contrato.

miércoles, 31 de julio de 2019

Juez del caso del banquero acusado de ayudar a Irán a violar sanciones de EEUU con dinero proveniente de Venezuela, plantea conflicto de intereses por su vinculación a uno de los bancos de la trama acusada

Ali Sadr Hashemi Nejad es acusado de lavar cientos de millones de dólares para la República Islámica de Irán provenientes de Venezuela. Sus operaciones violaron las sanciones impuestas contra ese país por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Por Maibort Petit
Esta semana el empresario iraní, propietario del banco Pilatus Bank, Ali Sadr Hashemi Nejad estuvo en la sala de la Corte del Distrito Sur de Nueva York en una audiencia donde se discutió la posibilidad que su caso cambie a manos de otro juez. ¿Por qué? El magistrado Andrew L. Carter. Jr. reveló que tiene acciones en el JP Morgan Chase bank y que su esposa trabaja en esa institución que aparece en la acusación del gobierno de los Estados Unidos contra el millonario iraní como uno de los bancos que fueron víctimas de las conspiración de lavado de dinero y fraude bancario. Carter Jr. informó a la Fiscalía y a la defensa que por las razones expuestas estaba dispuesto a auto recusarse y a reasignar a otro juez del tribunal el expediente debido a un posible conflicto de intereses.

Durante la conferencia del lunes 29 de julio de 2019, el juez Carter Jr. proporcionó a la fiscalía y a la defensa de Ali Sadr Hashemi Nejad un cronograma de información para que las partes aborden el problema de su posible retiro del caso y ordenó que las respectivas respuestas fueran entregadas a la corte el martes 30 de julio, a la vez que anunció que habría una conferencia telefónica el jueves 1 de agosto.

Fiscalía dice que el juez debe quedarse

La fiscalía opinó en una comunicación (fechada el 30 de julio de 2019) que la decisión de un juez federal de recusarse a sí mismo, está "comprometida con la discreción del tribunal de distrito". Aclaró que no está de acuerdo con que el juez abandone el caso.

El oficio del gobierno está firmado por el Fiscal de los Estados Unidos, Geoffrey S. Berman y los fiscales asistentes, David W. Denton Jr., Jane Kim, Michael Krouse y Garrett Lynch.

La fiscalía sostiene que difiere de la evaluación de conflictos del Tribunal con respecto a la recusación y para argumentar su postura proporcionó a la corte detalles adicionales sobre la  participación de JPMorgan Chase & Co. uno de los bancos víctimas en este caso.

En un documento de 3 páginas, los fiscales sostienen que Ali Sadr Hashemi Nejad está acusado de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, conspiración para violar la Ley Internacional de Poderes Económicos de Emergencia ("IEEPA"), fraude bancario, conspiración para cometer fraude bancario; lavado de dinero y conspiración para cometer lavado de dinero.

En la acusación hay una serie de bancos víctimas de la operación acusada que se mencionan colectivamente en este documento como los "bancos-víctimas".

Ali Sadr Hashemi Nejad participó en un proyecto de infraestructura en Venezuela, que fue dirigido por la compañía iraní del acusado, Stratus Group.

La acusación del gobierno estadounidense dice que Ali Sadr Hashemi Nejad junto a sus cómplices "idearon y ejecutaron un plan para evadir las sanciones económicas de los Estados Unidos y defraudar a los bancos estadounidenses, incluido JPMorgan Chase, al ocultar el papel de Irán y las partes iraníes en los pagos en dólares estadounidenses enviados a través del sistema bancario estadounidense".

El acusado y otros, utilizando varias entidades, realizaron una serie de transacciones financieras internacionales en beneficio de las partes iraníes de una manera que ocultó el nexo iraní a los pagos de, entre otros, los bancos de víctimas, en violación de las sanciones económicas de los Estados Unidos. 

Específicamente, entre abril de 2011 y noviembre de 2013, la subsidiaria venezolana, bajo la dirección del demandado y otros, enrutó aproximadamente 15 pagos a IIHC a través de Stratus Turkey o Clarity usando cuentas corresponsales en los bancos- víctimas, por un total de aproximadamente $ 115 millones.

Ali Sadr Hashemi Nejad y otros "ordenaron que los pagos se transfirieran a través de los bancos-víctimas a las cuentas bancarias de Stratus Turkey o Clarity en una institución financiera en Suiza. La mayoría de los fondos se transfirieron luego a otra entidad offshore ubicada en las Islas Vírgenes Británicas, que el demandado y otros habían incorporado en 2009". 

El 1 de febrero de 2012, Clarity transfirió directamente más de $ 2 millones en ganancias del Proyecto de viviendas de Venezuela a los Estados Unidos. "Esas ganancias se utilizaron para comprar bienes inmuebles en California" dice la acusación.

La fiscalía sostiene que Ali Sadr Hashemi Nejad está acusado de defraudar a los bancos víctimas "engañándolos para que procesaran transacciones financieras en las que de otra manera no se habrían involucrado, y al hacerlo, se expusieron a la posibilidad de un daño sustancial". 

La fiscalía reveló que en en el juicio, el Gobierno planea llamar a testigos de algunos de los bancos-víctimas para declarar, entre otras cosas, sobre sus procesos de cumplimiento de sanciones, sus procedimientos al abrir cuentas para clientes y al autorizar ciertas transacciones, el daño causado a los bancos por el esquema de lavado del acusado, entre otros aspectos.

Los fiscales señalan que el Gobierno espera demostrar que el acusado tomó acciones específicamente diseñadas con el propósito particular de ocultar información material a los bancos-víctimas y para evadir los procesos que los bancos implementan ante las sanciones que prohíben las transacciones financieras en beneficio de las entidades iraníes. 

De los $115 millones en pagos denominados en dólares estadounidenses que están en el centro de este caso, JPMorgan Chase & Co. fue el banco corresponsal por aproximadamente $45 millones y, por lo tanto, desempeñará un papel central en la prueba en el juicio en este asunto, anunciaron los fiscales.

Asimismo, el Gobierno advirtió que probará que el demandado  ordenó que las transacciones se procesaran en beneficio de Clarity a través de JPMorgan Chase y que el acusado sabía que dicho banco había implementado procedimientos para bloquear transacciones de corresponsales para pagar a instituciones e individuos iraníes. 

Ali Sadr Hashemi Nejad habría diseñado un mecanismo de pago para ocultar información sobre los beneficiarios iraníes de las transacciones para inducir a los bancos-víctimas a procesar esas transacciones que de hecho fueron procesadas, en violación de las sanciones de EE. UU. y de las políticas de JPMorgan Chase que las prohíben.

Los fiscales sostuvieron en la conferencia del lunes 29 de octubre que tienen la intención de llamar al menos a un empleado de JPMorgan Chase como testigo en el juicio, lo cual ya ha sido discutido con los abogados de la oficina del Asesor General del mencionado banco.

Si el acusado es condenado, JPMorgan Chase tendrá, como víctima del delito, ciertos derechos. Por ejemplo, el banco podrá dirigirse al Tribunal en el momento de la sentencia y describir el daño que la conducta del acusado le causó. 

Del mismo modo, JPMorgan Chase tendrá derecho a la restitución obligatoria por cualquier pérdida pecuniaria que sufran, que incluye bienes perdidos como resultado del delito y "gastos incurridos durante la participación en la investigación o el enjuiciamiento del delito o la asistencia a los procedimientos relacionados con el delito.

Habla de la defensa

El demandado Ali Sadr Hashemi Nejad presentó su respuesta ante la divulgación del juez Carter Jr. con respecto a la propiedad de sus acciones en JP Morgan Chase y el empleo de su cónyuge en el banco, destacando que de acuerdo al Código de conducta para jueces de los Estados Unidos y la jurisprudencia sobre circunstancias análogas, el magistrado no está obligado a recusarse. 

Señala que el asunto se deja a discreción del juez, en función de si sería razonable cuestionar su imparcialidad en estas circunstancias.

Sadr dijo que apreciaba que el juez haya señalado su potencial conflicto de intereses a las partes y entendía que según la divulgación del magistrado, depende de la discreción del Tribunal determinar si se debe recusar. 

Sadr afirmó que está dispuesto a renunciar a cualquier objeción al conflicto potencial revelado por el juez Carter Jr.