Con el auxilio de Irán exportaciones petroleras venezolanas experimentaron un repunte de más de 700.000 bpd

  Venezuela suministra a cambio crudo pesado de la Faja del Orinoco que la nación persa comercializa en Asia.

Por Maibort Petit

  Octubre representó para Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) un tiempo de recuperación en su producción y exportación petrolera, al haber superado los 700.000 barriles diarios en razón de haber contado con el suministro de diluyentes importados necesarios para ello.

  Así lo reveló una nota periodística de la agencia de noticias Reuters[1] que se sustenta en datos de seguimiento de Refinitiv Eikon y documentos de PDVSA.

   Con el auxilio de Irán, la industria petrolera venezolana recuperó y su producción y capacidad de mezcla, al recibir de la nación persa el condensado necesario para diluir el petróleo extrapesado se produce en la Faja del Orinoco.

   De este modo, durante el décimo mes del año, PDVSA y sus empresas conjuntas pudieron realizar envíos de 30 cargamentos de crudo y productos refinados que, en su mayoría, estuvieron destinados a Asia. Estos envíos incluyeron el de 2 millones de barriles de crudo pesado Merey destinados a pagar a Irán por el condensado que le suministró.

  La nota refiere que el segundo cargamento de condensado iraní acordado en canje entre ambas naciones será descargado este mes desde el buque petrolero Dorena en el puerto José de PDVSA.

   Los documentos a que se refiere la nota, dan cuenta de que las exportaciones petroleras venezolanas promediaron 711.193 bpd en octubre, lo que significa el tercer promedio más alto en lo que va de año, así como un incremento del 76 por ciento respecto al mes de septiembre, el cual estuvo caracterizado por una aguda falta de diluyentes obligaron el recorte de producción y mezcla de PDVSA.

   Las exportaciones se vieron favorecidas con mayores envíos de fueloil residual, metanol y coque de petróleo. Los envíos incluyen 66.000 bpd de productos crudos y refinados remitidos a Cuba.

  Apunta que las exportaciones de petróleo venezolano se han estabilizado este año en alrededor de 633.000 bpd, lo que significa un pequeño incremento con respecto a los 626.000 bpd de 2020.

El acuerdo con Irán

   El acuerdo de canje establecido entre Venezuela e Irán, dos países objeto de sanciones por parte de los Estados Unidos, prevé el suministro del condensado necesario para realizar la mezcla y mejorar la calidad del crudo venezolano por parte de Irán, a cambio del crudo pesado producido en la Faja del Orinoco que la nación persa puede comercializar en Asia.

  Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la Compañía Nacional de Petróleo de Irán (NIOC) establecieron un acuerdo de canje el cual tendrá una duración de seis meses en su primera fase, con posibilidades de extenderse, de acuerdo a datos obtenidos por Reuters.

  A juicio del Departamento del Tesoro, dicho acuerdo podría constituir una violación de las sanciones de Estados Unidos a ambas naciones, en razón de que los programas de sanciones estadounidenses no solamente prohíben a sus nacionale hacer negocios con los sectores petroleros de Irán y Venezuela, sino que igualmente imponen "sanciones secundarias" a cualquier persona o entidad no estadounidense que negocie cona petroleras de ambos países.

  Tales sanciones secundarias contemplarían sanciones contra los destinatarios, entre ellas cortar el acceso al sistema financiero de EE. UU., multas o congelación de activos territorio norteamericano.

   El gobierno estadunidense monitorea el acuerdo de intercambio entre Irán y Venezuela a objeto de tomar acciones, pues en Washington se observa con preocupación que este pueda significar un salvavidas financiero para el régimen de Nicolás Maduro.

   El acuerdo de canje permitiría asegurar a PDVSA una fuente de diluyentes, lo cual favorecería la estabilización de las exportaciones de las mezclas de crudo de la Faja del Orinoco e, igualmente, refinar su propio petróleo más liviano de manera de producir combustible de motor.

  En septiembre operó el primer cargamento de 1,9 millones de barriles de crudo pesado Merey venezolano que salieron desde el puerto de Jose en el oriental estado Anzoátegui a bordo del gran transportista de crudo (VLCC) Felicity, propiedad de National Iranian Tanker Co (NITC), aunque no fue registrado en los reportes de PDVSA, sino que fue identificado por el servicio de seguimiento TankerTrackers.com[2].

[1] Reuters. “Venezuela's oil exports bounce to over 700,000 bpd in Oct -data”. 2 de noviembre de 2021. https://www.reuters.com/business/energy/venezuelas-oil-exports-bounce-over-700000-bpd-oct-data-2021-11-02/

[2] Reuters. "Exclusiva: Bajo las sanciones de Estados Unidos, Irán y Venezuela llegan a un acuerdo de exportación de petróleo". 25 de septiembre de 2021. https://www.reuters.com/business/energy/exclusive-under-us-sanctions-iran-venezuela-strike-oil-export-deal-sources-2021-09-25/

 

Irán y Venezuela, una sociedad que envuelve muchos negocios y "secretos de Estado"

 Por detrás de los acuerdos de cooperación que ambos países mantienen desde el inicio de la era Chávez y, luego, con su sucesor Maduro, pareciera regir una serie de relaciones que van más allá del intercambio comercial y cultural.

Por Maibort Petit

  Si bien la relación iraní-venezolana no tuvo su origen con el chavismo, pues el nexo se remontaba a principios del siglo 20, el vínculo se circunscribía, principalmente, a actividades culturales, diplomáticas y, tal vez, de inteligencia. Pero con la llegada de Hugo Chávez Frías al poder en Venezuela a finales de 1998, el asunto comenzó a dar un giro y el régimen chavista inició un proceso de remozamiento y reforzamiento de lo que, hasta ese momento, había significado el rol de Irán en Venezuela. Se daban los primeros pasos de una relación militar que, según todo indica, está muy lejos de ser transparente.

   En la actualidad, el régimen de Nicolás Maduro mantiene una política expansionista en Latinoamérica y el Caribe, par lo cuenta con el apoyo de agentes estatales externos. En esta estrategia se inscribe el anuncio que formuló el 6 de noviembre de 2020, cuando informó la creación de una nueva Comisión Científico-Militar dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas, la cual tiene el supuesto objetivo de modernizar los sistemas de armas venezolanos. Del tema no se han ofrecido detalles hasta la fecha, en el sentido de explicar qué sistemas se propone actualizar. Lo que sí advirtió fue que en tal cometido contará con el apoyo de asesores como China, Irán y Rusia.

  Esto trae a colación, el acuerdo estratégico de 25 años suscrito entre Beijing y Teherán, así como la extensión a 20 años de un acuerdo de armas con Moscú, lo cual supondría un beneficio para la referida nueva comisión de defensa venezolana dirigida al establecimiento de una fuerza militar multipolar en Venezuela que, sencillamente, redunde en el fortalecimiento del régimen de Maduro.

  Tales consideraciones forman parte del informe denominado “Irán y Venezuela: una asociación estratégica”,informe denominado “Irán y Venezuela: una asociación estratégica”, publicado en la Revista Diálogo, del Comando Sur de los Estados Unidos y elaborado por Joseph M. Humire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura y experto en amenazas transnacionales en el continente americano, además de ser coautor del libro “La penetración estratégica de Irán en Latinoamérica”.

  En dicho reporte, Humire recuerda que el pasado enero de 2019, el ministro de Defensa de Irán, Amir Hatami, visitó Caracas para asistir al cuestionado acto de toma de posesión de Maduro luego de haber resultado vencedor en unos comicios calificados de irregulares e ilícitos. La llegada del titular de la cartera castrense iraní es un signo que fortalece la cooperación entre Irán y Venezuela en materia de defensa. Posteriormente, apunta el informe, en el mismo año 2019, durante la plenitud de la crisis humanitaria que acogota a Venezuela, las Fuerzas Armadas venezolanas formaron parte de los “Juegos Militares Internacionales de Rusia 2019”, junto con China y Rusia. Un hecho que, para nada, puede considerarse poco significativo, toda vez por primera vez en la historia, China, Irán y Rusia llevaron a cabo simulacros navales conjuntos en el golfo de Omán y en el océano Índico. Ya hace poco, a mediados de febrero de 2021, los tres países llevaron realizaron simulacros navales similares en el norte del océano Índico.

   Joseph Humire refiere que, si bien por el momento, estos actos de cooperación militar conjunta, ocurren al otro lado del mundo, Rusia incrementa su presencia militar en tierras venezolanas, al tiempo que China ofrece apoyo desde las sombras, mientras Irán, no obstante, se perfila como el eje de esta nueva fuerza multipolar en tanto construye su puente aéreo y marítimo hacia Venezuela. Para el experto en temas de seguridad, esto es un paso fundamental para convertir esta asociación estratégica entre Irán y Venezuela, en la inversión más exitosa de la nación islámica fuera del Medio Oriente.

No es sólo una relación comercial

    En la región latinoamericana otras voces ya habían alertado sobre el peligro de esta relación, como es el caso de Iván Duque, presidente de Colombia, quien en agosto de 2020 manifestó su preocupación cuando refirió que el régimen de Maduro estaba en procura de comprar misiles de mediano y largo alcance a Irán. Apuntaba el mandatario neogranadino al incremento de una mayor cooperación comercial entre Teherán y Caracas surgida a partir de 2020, cuando desde el país oriental se enviaron de más de 2,35 millones de barriles de gasolina a Venezuela a cambio de, al menos, 9 toneladas de oro, equivalentes a USD 500 millones, que arribaron a Irán.

  Para Humire, no es un mero intercambio comercial transaccional y oportunista sustentado en la satisfacción de las necesidades de ambos regímenes, sino que se trata de una cooperación comercial con dimensiones militares establecida sobre una red de empresas ficticias pertenecientes al ejército clerical de Irán, a saber, el cuestionado Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). No es, pues, simple oportunismo, es la conformación de una asociación estratégica altamente beneficiosa para ambos regímenes en su afán de disminuir la desventaja geográfica natural iraní con los Estados Unidos.

El desarrollo de la asociación estratégica

  Desde el comienzo de la era chavista con la llegada al poder en Venezuela de Hugo Chávez, como ya apuntamos, se inició un proceso de fortalecimiento de las relaciones bilaterales de Irán y Venezuela que, ahora sí, incluía la materia militar.

  Fue así como entre 2004 y 2013, Irán y Venezuela firmaron varios acuerdos de cooperación energética y militar caracterizados en su mayoría por sobreprecios, entregas incompletas y la no materialización de sus objetivos comerciales. Pero el reporte subraya que en lo que sí cumplieron un propósito estratégico, fue en la ayuda que el régimen venezolano suministró a Irán para eludir las sanciones internacionales y el embargo de armas impuesto por la de la ONU en 2007.

  El informe destaca que parte de la red mundial de adquisiciones ilícitas de Irán se encuentra en Venezuela, lo cual ha impulsado la república Islámica un mayor impulso financiero en Latinoamérica. Los dos países establecieron un fondo, un banco y una línea de crédito binacional que, de acuerdo a estimaciones conservadoras, han permitido a régimen iraní valores declarados de empresas conjuntas, capitalizaciones, préstamos e inversiones que accedieron a más de USD 16.000 millones, a través del sistema financiero venezolano. Todo, gracias a los 270 acuerdos bilaterales que derivaron en más de 60 proyectos y unas 80 empresas iraníes en Venezuela.

  Todo un entramado lleno de misterios y secretos que, hasta el momento, ha sido muy difícil desentrañar.

IRÁN COMO AMENAZA EN AMÉRICA LATINA, A 29 AÑOS DEL ATENTADO DE LA EMBAJADA DE ISRAEL EN ARGENTINA

Conozca la declaración del fiscal que hizo desmoronar el caso contra Ali Sadr Hashemi Nejad, el iraní que lavó más de $100 de los programas de vivienda de Hugo Chávez

   El tribunal del Distrito Sur de Nueva York permitió la divulgación de la declaración del fiscal Garret Lych con respecto a la evidencia que la fiscalía pretendió ocultar a la defensa.

Por Maibort Petit

  A raíz de que se conociera que los fiscales del Distrito Sur de Nueva York encargados de imputar a Ali Sadr Hashemi Nejad, incurrieron en mala conducta y ocultaron a los abogados del imputado un documento que habría ayudado en la defensa, el tribunal ordenó a los involucrados, presentar sus declaraciones.

   Como se recordará, Sadr Nejad fue declarado culpable por un jurado de los delitos de violación de las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a Irán, fraude bancario y conspiración para lavado de dinero internacional con fondos provenientes de los programas de viviendas que el régimen de Hugo Chávez acordó con la República Islámica de Irán[1]. En razón de conocerse las irregularidades cometidas en el proceso, la juez de la causa, Alison Nathan, anuló el veredicto, recomendó al Departamento de Justicia investigar los hechos. El 17 de febrero de 2021, la magistrada permitió el acceso público a las declaraciones de la fiscalía y a los documentos que esta aspiraba mantener bajo sello.

   El documento que ocultó la fiscalía es una carta del Commerzbank, fechada el 16 de junio de 2011, remitida al Departamento del Tesoro de Estados Unidos a la atención del despacho encargado de hacer cumplir las sanciones. Esta comunicación quedó identificada como GX 411 en el proceso judicial.

  El 16 de septiembre de 2020, la juez del Distrito Sur de Nueva York, Alison Nathan, ordenó a los fiscales involucrados en el caso de Alí Sadr presentaran declaraciones sobre la aparente mala conducta en la que habrían incurrido y así determinar si se requería una mayor investigación de los hechos. Ante este requerimiento, el 16 de octubre de 2020e, el l fiscal Garrett Lynch presentó su declaración ante el tribunal y el 17 de febrero de 2021, solicitó a la Corte presentar la declaración adjunta y los anexos en su nombre, en razón de que no tiene privilegios de presentación electrónica.

La declaración de Lynch

   Bajo pena de perjurio, el fiscal Garret Lynch declaró el 16 de octubre de 2020 ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York que trabaja como asistente del fiscal de distrito en la oficina de Cyrus R. Vance, Jr., fiscal de distrito del condado de Nueva York (DANY), donde fue asignado como Fiscal Adjunto Especial Unido (SAUSA) en junio de 2017.

  En tal declaración, Lynch responde a una serie de preguntas formuladas en la orden judicial del 16 de septiembre de 2020, siendo la primera de estas interrogantes: “¿Cuándo se enteró por primera vez de GX 411?”.

  Refirió que el documento que se convirtió en GX 411 fue presentado al fiscal de distrito del condado de Nueva York (DANY) y otras agencias de investigación federales y estatales de forma voluntaria en marzo de 2015.

  Manifestó que en el cuarto trimestre de 2015 revisó la carta del Commerzbank en relación con una investigación sobre posibles violaciones de la ley del estado de Nueva York, entre ellas la falsificación de registros comerciales relacionados con la evasión de las leyes y regulaciones de sanciones de EE. UU. Indicó que le pareció relevante para la investigación que adelantaban los fiscales de DANY.

  Ante la segunda pregunta sobre cuándo se había dado cuenta de que GX 411 no había sido revelado a la defensa de Ali Sadr y por qué no divulgó inmediatamente el documento, Garret Lynch le manifestó al tribunal que entregó documentos e información obtenida por DANY en la Investigación de Vivienda Venezolana a los diversos Fiscales Federales Auxiliares asignados a este caso a lo largo del tiempo. Los fiscales manejaron la producción del descubrimiento en el caso de Sadr y GX 411 se encuentra entre los documentos que proporcionados. 

   Advirtió no recordar haber considerado si había sido presentado por los AUSA a la defensa, hasta que, entre la tarde del viernes 6 y sábado 7 de marzo de 2020, supo que no se había revelado. “En el momento en que me enteré de esta no divulgación, los fiscales estaban en proceso de divulgar GX 411 a la defensa”.

   Garret Lynch hace un aparte para referir, a modo de antecedentes, que mientras revisaba archivos en su oficina el 19 diciembre de 2019 antes del juicio de Ali Sadr, se encontró con GX 411 y en un intercambio de correo electrónico con los AUSA, resaltó que el Commerzbank actuaba como un banco intermediario en el primer pago en dólares a la empresa Stratus Turquía. Se estableció que este último tenía conexión con la entidad iraní, y presentó un informe a la OFAC.

  Prosigue la declaración de Lynch indicando que el 7 de enero de 2020, mientras AUSA-1 estaba revisaba la evidencia obtenida de conformidad con las citaciones emitidas por DANY relativas a cada una de las transferencias electrónicas en cuestión en el caso, el fiscal le envió un correo electrónico preguntando sobre una transferencia de 2011, un pago mencionado en GX 411.

   En dicho correo Stephanie Lake le refiere a Lynch y los otros fiscales que los pagos reflejados en una hoja de cálculo que adjuntan, no encontró confirmación de la transferencia bancaria de USD 29 millones del 4 de abril de 2011. Indicó que halló una referencia a este pago en las declaraciones de citaciones de CHIPS y que este parecía mostrar que había pasado del “Fondo Chino-Venezolano” a Stratus International Contracting. Lake le preguntó a Lynch si tenían una confirmación de dicha transferencia.

  Lake agrega que notó que las confirmaciones de transferencias por lo general no muestran el banco intermediario de EE. UU. y se preguntaba si no faltaba documentación con esta información.

  Lynch les manifestó a los otros fiscales que GX 411 podría ser probatorio en el caso del gobierno.

   Garret Lynch dijo en su declaración al tribunal que la discusión sostenida con los otros fiscales a principios de enero de 2020, “expresé mi opinión de que GX 411 sería prueba probatoria en el juicio porque, en mi opinión, reflejaba un intento por parte del Sr. Sadr de engañar al Banco con respecto a la conexión con Irán de la entidad beneficiaria de los hallazgos a que se refiere el documento, así como de los propietarios de la entidad.

  Informó que, a fines de enero de 2020, preguntó si el gobierno deseaba considerar que el Commerzbank proporcionara un testigo para explicar GX 411, así como para autenticar y proporcionar la base para admitir el registro de transferencia bancaria del 4 de abril de 2011 del pago que la fiscalía estaría ofreciendo como prueba. Subraya que, en tal sentido, se ofreció para contactar a la entidad.

   Explica que en otro correo del 31 de enero de 2020 informó a los otros fiscales luego de contactar al Commerzbank, donde obtuvo información de que el GX 411 no se había preparado en el momento de la transferencia que el gobierno planeaba introducir en el juicio, sino en un momento posterior. La Investigación Bancaria determinó que el pago ocurrió en abril de 2011, mientras que GX 411 fue de junio de 2011.

  Después de este intercambio, Garret Lynch habló con AUSA-1 sobre los antecedentes de GX-411, la cual se generó como parte de un ejercicio de "revisión retrospectiva" de cumplimiento realizado después del registro del cable del 4 de abril de 2011 y que fue divulgada voluntariamente a DANY en la Investigación Bancaria.

  AUSA-1 estimó que, en vista de los antecedentes, las pruebas en cuanto a GX 411 serían indebidamente complejas y consideró que no había necesidad de convocar un testigo del Commerzbank para que hablara en torno a GX 411. “En consecuencia, dejé mis esfuerzos para conseguir un testigo del Banco para testificar sobre GX 411 y no recuerdo ningún contacto posterior con el Banco hasta el 6 de marzo de 2020”.

  La tercera pregunta a Garret Lynch requería datos de comunicaciones específicas sobre GX 411 o su divulgación con otros fiscales, ya sea oral, escrita o electrónica.

  Al respecto, el fiscal Lynch le refirió al tribunal que, además de las conversaciones y comunicaciones electrónicas descritas anteriormente, el viernes 6 de marzo de 2020 conversó con AUSA-1 y ella le transmitió que, con base en el contrainterrogatorio de la defensa de un testigo bancario ese mismo día, ella creía ahora que el gobierno debería convocarlo para el lunes 9 de marzo de 2020.

  Después de esta conversación, Lynch se comunicó con el banco para convocar el testigo.

  Acerca de cuándo estimó Lynch que GX 411 tenía valor exculpatorio para Sadr, el fiscal le manifestó a la Corte que esto ocurrió cuando la defensa planteó este problema luego de recibir el documento del gobierno el 7 de marzo de 2020. “Creí que el documento era totalmente inculpatorio porque, como lo vi en combinación con otras pruebas”.

    Pensó que el Banco había llevado a cabo la debida diligencia en el pago del 4 de abril de 2011 para determinar si Stratus International era una entidad iraní o estaba relacionada con Irán, pero no pudo tomar esa determinación de manera concluyente porque fue engañado por Alí Sadr, pues este dio información parcial y engañosa sobre esta entidad al banco venezolano remitente. Por ello, Commerzbank no pudo verificar que la entidad en realidad fuera iraní, a pesar de sus sospechas, que informó a la OFAC.

  Garret Lynch le aseguró al tribunal que no redactó una carta que la fiscalía remitió el 8 de marzo de 2020 relativa a la Orden del 16 de septiembre.

   “No recuerdo y no he encontrado comunicaciones o documentos que reflejen que fui incluido en alguna comunicación electrónica u oral relacionada con la carta del gobierno, editada después de las 9:42 PM cuando comenté el borrador de AUSA-1, y tal como se envió en forma final el 8 de marzo de 2020 bajo Dkt. Nº 277. No participé en conversaciones con un Jefe de Unidad ni con las AUSA de juicio sobre el cambio de lenguaje al que se refiere la Corte. Aparte de los cambios realizados para reflejar mis comentarios (enviados a las 9:42), no sé por qué se modificó la versión de la carta que revisé a las 9:31 p.m.”.

   Finalmente, Garret Lynch le aseguró al tribunal que desconocía que la sentencia del caso había sido anulada.

[1] Venezuela Política. “Ali Sadr Hasheminejad fue declarado culpable de violar las sanciones de EE. UU. contra Irán, fraude bancario y lavado de dinero de los programas de viviendas de Hugo Chávez”. 16 de marzo de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/03/ali-sadr-hasheminejad-fue-declarado.html

 

El régimen chavista es una tiranía narco terrorista organizada en redes

  El chavismo trastocó la vida venezolana y la convirtió en un escenario donde conviven las organizaciones criminales y le dan sustento al gobierno de Maduro.

Por Maibort Petit

  “El régimen chavista es una tiranía narco terrorista organizada en redes. Es un ensamblaje reticular y dinámico que opera en un delicado equilibrio binario de pesos y contrapesos de sus estructuras de mando”.

  Así lo establece el informe “Esto es venezuela. Entre la estabilización y la amenaza de un estado en disolución” elaborado por “The Risk Awareness Council” (TRAC), organización no gubernamental dedicada al estudio de los riesgos políticos y de seguridad surgidos de la complejidad del mundo globalizado.

   Refiere el estudio fechado en enero de 2021, que régimen se vale de la actividad criminal para sostener el poder, al tiempo en que está influenciado por los modelos de conflicto desiguales en el poder de fuego o asimétricos.

  Sostiene que los recursos que administra la red están destinados a mantener el poder, para lo que han fraccionado el territorio para entregarlo en comodato a organizaciones criminales que lo explotan en una dinámica sinérgica con la tiranía.

  Se trata, pues, de un esquema cooperativo que destaca el valor que tienen la ocupación y control territorial para los emprendimientos político-criminales, pues generan un ecosistema autosustentable para todas las partes.

  Refieren que esta tiranía criminal convirtió a Venezuela una nación inviable para satisfacer las mínimas condiciones de seguridad humana de sus habitantes, pues en el país no es posible desarrollar políticas públicas sustentables, en razón de la destrucción institucional del Estado y el abandono de su infraestructura. Por ello, es un espacio donde convergen organizaciones criminales transnacionales y grupos terroristas cuyas operaciones se han integrado al mando político-militar del régimen, convirtiéndolos en socios para el delito internacional.

  El informe de TRAC estima que los intentos para resolver la crisis venezolana, tanto domésticos como internacionales, se han visto entorpecidos, primero, por la compartimentación del poder dentro del propio régimen, y segundo, por la falta de claridad estratégica de la oposición y sus aliados en el mundo.

  Se indica que el estado al que ha llegado Venezuela, obliga a establecer como prioridad detener el sufrimiento de la población, para lo cual hay que remover de raíz la estructura criminal que detenta el poder. Se alerta que no será posible un cambio positivo si se mantienen las actuales condiciones de vida de los habitantes y si permanecen en el mando algunos de los liderazgos de estas redes. De no atender esta advertencia, se corre el riesgo de que el régimen, contrario a lo esperado, se estabilice y se expanda aún más.

  Igualmente, el informe es enfático al señalar que el dilema para la comunidad internacional no se circunscribe a si se requiere o no su participación activa y decidida en el abordaje de la crisis, sino de establecer “qué tipo de resolución tendrá que ocurrir para detener el drama humanitario, la violencia interna y la amenaza regional que representa la tiranía criminal venezolana”.

El panorama

  A la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, se propuso establecer una revolución transregional financiada con las riquezas venezolanas aun en detrimento de la población del país. El carácter internacional se lo otorga la participación de Rusia, China, Irán, Turquía y Cuba.

  El proyecto revolucionario se aceleró con la entrada al escenario de Nicolás Maduro, quien estableció alianzas y conformó redes con organizaciones criminales con el objetivo de sostenerse en el poder.

  En la actualidad, las fuerzas armadas que anteriormente eran factor preponderante, han sido desplazadas por “redes ilícitas, junto con los actores externos estatales y no estatales, [que son] el nuevo centro de gravedad del poder y quienes mantienen al régimen de Maduro al mando”.

  Es así como el poder en Venezuela está compartimentado en una compleja red militar, política y criminal dirigida a impedir el cambio de régimen, una tarea que se ha hecho más cuesta arriba, por la utilización de premisas incorrectas al momento de diseñar las estrategias para sacarlos del poder.

  Considerar a las fuerzas armadas como una institución institucional y jerárquica subordinada al poder civil del gobierno interino, es uno de esos errores. De allí que el sector castrense no sea un socio confiable para procurar el fin de la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro.

  Paralelamente, el régimen ha fortalecido el aparato coercitivo a la par de que el país se ha empobrecido.

  El estado venezolano se ha hecho inviable mientras el crimen organizado, las redes terroristas globales y otras amenazas transregionales convergen en el país, convirtiéndolo en centro de operaciones logísticas para su beneficio.

  En este panorama, los recursos provenientes de economías criminales, tales como el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando, “facilitan el uso de herramientas de conflictos asimétricos que tienen como objetivo expandir su área de influencia y asegurar la permanencia de la tiranía en el poder”.

  En el plano internacional ha habido un desgaste de la política de los EE. UU. que brindó su apoyo al gobierno interino de Juan Guaidó. También se discute la efectividad de las sanciones impuestas al régimen. El régimen de Maduro las denuncia como causa del deterioro de la calidad de vida de la población. Sin embargo, son muchas las evidencias que apuntalan su pertinencia.

  Venezuela se ha convertido en un eje importante del narcotráfico, las empresas estatales en instrumentos para la legitimación de capitales y el régimen y sus socios internacionales trabajan sistemáticamente para desestabilizar políticamente el continente.

La pandemia como instrumento de control

  El informe asegura que el régimen de Nicolás Maduro convirtió la pandemia del Covid-19 en estrategia para el control de la población. Es así como, fingiendo un máximo control de la situación, han restringido la movilidad de las personas, con lo cual han podido paliar la crisis por la escasez de gasolina.

  Hay un férreo control de la información sobre los casos y muertes que indican un subregistro de las cifras.

El posible conflicto interno

  El estudio refiere que el informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU evidenció la violación sistemática y continuada del debido proceso, la tortura física y psicológica y la comisión de delitos ordenados desde la cúpula del poder en contra de la población civil.

  Apunta la existencia de un clima de conflictividad del país que se manifiesta a diario en decenas de protestas por múltiples causas. También se indica que en Venezuela hay 359 presos políticos y en los últimos 6 años, más de 15 mil personas han sido procesados por protestar. Se alerta que de no cambiar esta dinámica de la violencia es predecible que en poco tiempo el caos se apodere del país.

  Además, la población podría quedar en el medio del fuego cruzado que se podría generar por la debilidad del estado y la fragmentación del territorio para entregarlo a los grupos criminales que pudieran llegar a enfrentarse.

El futuro

  El régimen intenta construir la percepción de que la llegada de nuevo gobierno a la Casa Blanca, podría favorecer su estabilización en el poder.

  Su objetivo es sobrevivir en el poder a cualquier costo, puesto que esa es la única manera que posee para desarrollar su política. Depredar el orden productivo es su modus operandi y por ellos requiere expandirse y tomar el control de nuevos territorios, lo cual es una grave amenaza para la región.

  La confrontación convertida en política y estrategia ya trasciende el escenario nacional, habiendo instaurado el régimen el modelo Modelo de Guerra Popular Prolongada (GPP). No se descarta, advierte el informe, que la confrontación vaya más allá de la narrativa política.

  Entretanto, Estados Unidos y el resto de los países han construido un dique de contención del régimen que entorpece la expansión de la revolución mediante acciones como las investigaciones por violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos, las sanciones económicas y la operación antinarcóticos desplegada en el Mar Caribe desde abril de 2020.

  El enfrentamiento de estas fuerzas podría derivar en una desescalada a través de una negociación de salida de los jerarcas del régimen para dar paso a la transición democrática; o en la ascensión a un estadio final y resolutivo mediante “una operación multidimensional orientada a salvaguardar los intereses de los estados que podrían ser agredidos por la revolución bolivariana y/o sus aliados transnacionales, proteger la población y estabilizar el territorio”. 

Smartmatic, la empresa electoral que carga con el lastre de su relación con el chavismo

   Un largo historial de acusaciones en su contra ponen en tela de juicio cualquier proceso electoral en sus manos.

Por Maibort Petit

    Desde que el equipo legal que asesora la campaña de Donald Trump aseguró que el voto en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos del pasado 3 de noviembre, fue presuntamente pirateado y se cambiaron las boletas correspondientes al actual mandatario para su adversario Joe Biden, el nombre de la empresa Smartmatic ha comenzado a resonar nuevamente como supuesta responsable del fraude acusado Rudy Giuliani.

  El abogado personal de Trump, sugirió que la presunta manipulación del voto habría sido responsabilidad de “una empresa propiedad de afiliados de Chávez y Maduro (…) No es posible creer que la empresa dueña de esta maquinaria electoral sea aliada de Hugo Chávez, sea aliada de Nicolás Maduro y aliada de George Soros. ¿Qué tenemos que hacer para llegar a la verdad?", advirtió Giuliani.

   A las acusaciones de Giuliani se suma Sidney Powell, quien dijo tener evidencia de que el supuesto fraude “vino de Venezuela, de Nicolás Maduro, de Hugo Chávez, de Cuba y de China, que tiene importantes intereses en Venezuela”[1].

   Los señalamientos alcanzan igualmente a Dominion Voting System, una empresa canadiense supuestamente ligada a compañía que impuso el voto automatizado en Venezuela.

   El propio Donald Trump aseguró que 2,7 millones de votos a su favor fueron “eliminados” por el sistema de votación electrónica, acusaciones que apuntan directamente a Dominion Voting System, compañía de la que en 2019 se la reportó desde la Secretaría de Estado en Texas, como llena de vulnerabilidades.

   Smartmatic niega las acusaciones en su contra, al asegurar que, 'en los comicios en Pensilvania, Georgia, Arizona, Nevada, Michigan o Carolina del Norte, entidades en las que la campaña de Donald Trump cuestionó o impugnó los resultados electorales, hayan usado tecnología de su propiedad'.

   Igualmente, Dominion desestimó los señalamientos y se remitió a las conclusiones de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA), instancias adscrita al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que aseguró que las elecciones presidenciales del 3 de noviembre "fueron las más seguras en la historia" desde un punto de vista técnico[2].

  Smartmatic sostiene que nunca ha proporcionado a Dominion Voting Systems ningún software, hardware u otra tecnología y que más bien son competidores en el mercado.

  Documentos oficiales refieren que la única relación existente entre Smartmatic y Dominion se remonta al año 2010 cuando la segunda licenció a la primera para usar escáneres ópticos en una elección de Filipinas. Una información que niega la afirmación del equipo de Trump que aseguró que aun cuando Dominion es una empresa canadiense, el software que utiliza es propiedad de Smartmatic. La advertencia de la campaña del actual presidente estadounidense se debe a que Dominion participó en las elecciones en 28 estados[3].

Smartmatic según ella misma

  Según la página web de Smartmatic, esta empresa fundada en el estado de la Florida en el año 2000 por los venezolanos Antonio Mugica, Alberto Anzola y Roger Piñate, está enfilada a “crear tecnologías de votación más seguras, accesibles y fáciles de usar, diseñadas para salvaguardar el proceso de principio a fin”, al tiempo que asegura que es “la compañía de tecnología de elecciones más grande, avanzada e innovadora del mundo”, habiendo “diseñado e implementado con éxito tecnología de votación segura para comisiones electorales en los cinco continentes en 25 países”.

   Refiere que es un proveedor aprobado del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, al tiempo que es miembro fundador del Subsector de Infraestructura Electoral del Departamento de Seguridad Nacional y agrega que no se basa en ninguna aplicación única para garantizar la integridad de las elecciones. “Utilizamos múltiples capas de protección, medidas de seguridad y mecanismos de control en todos nuestros sistemas de votación. Nuestra tecnología protege los votos en cada paso, desde la recopilación de datos a prueba de manipulaciones hasta el cifrado de extremo a extremo y los registros completamente auditables”[4].

   En la actualidad la compañía está en manos de Mugica y Piñate, siendo que el 83 por ciento de las acciones del capital se propiedad de sus familias, 10 por viento es de los empleados y el restante 7 por ciento, a otros inversores. Smartmatic niega ser una empresa venezolana.

   Lo cierto es que esta empresa que en el momento de su fundación funcionó en la casa de los padres de Mugica, en Boca Ratón, luego de encargarse del referendo revocatorio convocado en Venezuela para consultar a la población si quería terminar el mandato del finado expresidente, Hugo Chávez, la empresa comenzó un proceso de expansión, siete meses después habría comprado una de las empresas más grandes en los Estados Unidos encargada del conteo de votos, a saber, Sequoia Voting System firma que mantuvo bajo su dominio en 2007 cuando la vendió. A la versión de que Sequoia se convirtió en Dominion Voting System y esta sostiene que en 2010 compró "ciertos activos" a Sequoia. Después, Smartmatic comenzó a operar por Latinoamérica, habiéndose encargado de procesos electorales.

  La vertiginosa expansión de Smartmatic a partir de su participación en el referendo venezolano y también fue comentada por la Embajada de de los Estados Unidos en Venezuela, tal como reveló un cable de la instancia diplomática fechado en julio de 2006, divulgado por WikiLeaks, el cual advertía que la empresa “pasó de ser una pequeña startup tecnológica a un importante actor en el mercado, catapultado por su participación en el referendo revocatorio de agosto de 2004” y remataba diciendo que “sus verdaderos dueños —probablemente miembros de la élite venezolana de diferentes afiliaciones políticas— permanecen ocultos detrás de una red de holdings en Holanda y Barbados“.

   En 2017, Smartmatic denunció, luego de haber participado en las elecciones para la Asamblea nacional Constituyente, que la presidenta para entonces del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, supuestamente había manipulado el boletín de participación de los comicios[5].

¿La mano de Soros?

   Los señalamientos acusan la mano de George Soros estaría detrás de todas estas irregularidades, al afirmarse que Dominion fue comprada por Staple Street Capital, que cuenta entre sus directorio  con William Earl Kennard, ex-embajador del gobierno de Barack Obama en la Unión Europea.

  Se declara [sin evidencia] que Lord Mark Malloch-Brown segunda voz de mando de la empresa especulativa Quantum Funds, propiedad de George Soros, es "padrino" de Smartmatic. Malloch-Brown preside la empresa holding SGO Corporation Ltd, presuntamente matriz operativa de Smartmatic.

 Según Giuliani, Soros y los Clinton estarían detrás del fraude cibernético, una afirmación que le valió la arremetida de todos los medios de comunicación adscritos a George Soros y a su conglomerado Project Syndicate que califica las denuncias como "teorías de la conspiración" sin fundamento.

  Desde el portal The Nation de Pakistán se dice que "el presidente de la firma del software para las votaciones ligado a Soros se encuentra en el equipo de transición de Biden": a saber, el almirante retirado, Peter Neffenger, a quien califica de ser el “mandamás de Smartmatic en EEUU”[6].

  Hay quienes van más allá y sostienen que Soros es propietario de Smartmatic desde 2014, lo cual se habría dado, como se dijo líneas arriba, a través de Mark Malloch-Brown, quien se asociaría a Antonio Mugica y conformaron la organización llamada SGO Corporation Ltd.

  Malloch-Brown es periodista que se inició en The Economist, fue funcionario de carrera de las Naciones Unidas desde al menos 1979, suponiéndose que su trabajo con los refugiados habría sido lo que lo vinculó a Soros con motivo del conflicto en los Balcanes.

  Fue administrador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y desde allí se ofreció para colaborar con el diálogo entre el gobierno de Hugo Chávez y la oposición venezolana cuando se promovía la realización del referendo revocatorio.

  Se dejado ver que el despliegue de Smartmatic coincide con la contratación de Malloch-Brown, luego de que la empresa registrada en la Florida consiguiera el contrato de la automatización del referendo revocatorio y que “el impulso de la firma como solución electoral haya venido de Malloch Brown y de Soros. Para esto fue muy conveniente posicionar la idea de que Smartmatic era una creación del chavismo”[7].

CITAS

[1] Independientes en Español. “Trump 'election fraud' lawyer claims communist plot from Venezuela to help Democrats win”. 20 de noviembre de 2020. https://www.independentespanol.com/noticias/giuliani-trump-fraude-electoral-venezuela-b1758714.html

[2] Telemundo. “Smartmatic, Hugo Chávez y un supuesto fraude: empresas rechazan acusaciones de la campaña de Trump”. 23 de noviembre del 2020. https://www.telemundoutah.com/noticias/decision/elecciones-estados-unidos-acusaciones-fraude-de-trump-smartmatic-hugo-chavez-venezuela/2036757/

[3] El Diario. “¿Dominion, empresa que gestiona el software en el conteo de votos de EE UU, es propiedad de Smartmatic?”. 13 de noviembre de 2020. https://eldiario.com/2020/11/13/dominion-votos-eeuu-smartmatic/

[4] SmarTmatic. https://www.smartmatic.com/es/

[5] BBC Mundo. “Smartmatic, la empresa a cargo del sistema de votación en Venezuela, denuncia "manipulación" en la elección de la Constituyente y el CNE lo niega”. 2 de agosto de 2017. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-40804551

[6] Mundo. “Protestas en Filadelfia tras las elecciones presidenciales en EEUU ¿Existió fraude de los "algoritmos de Soros" en las elecciones de EEUU?”. 20 de noviembre de 2020. https://mundo.sputniknews.com/firmas/202011201093564491-existio-fraude-de-los-algoritmos-de-soros-en-las-elecciones-de-eeuu/

[7] AlbaSuiza. “Smartmatic Es Propiedad De George Soros (Oficialmente) Desde 2014”. 4 de agosto de 2017. http://www.albasuiza.org/es/2017/08/smartmatic-es-propiedad-de-george-soros-oficialmente-desde-2014/

Esta es la fórmula que proponen para derrocar a Nicolás Maduro

 Solamente una estrategia abordada en conjunto, permitirá enfrentar y a acabar con la empresa criminal que dirige el mandatario venezolano.

Por Maibort Petit

  Para derrocar al gobierno criminal de Nicolás Maduro, es clave conformar una alianza las autoridades y las capacidades del gobierno de los Estados Unidos que, en colaboración con socios regionales confiables, con la indispensable participación de Europa, para enfrentar el régimen que azota al pueblo venezolano. Solamente de esta manera será posible alcanzar el objetivo de recuperar las instituciones democráticas en Venezuela.

   Así lo sostiene el presidente de IBI Consultants, especialista en seguridad, terrorismo y crimen organizado transnacional en América Latina, Douglas Farah, en un informe que elaboró para el Centro para América Latina “Adrienne Arsht” del Atlantic Council titulado: “Las actividades ilícitas del régimen de Maduro: Una amenaza para la democracia en Venezuela y la seguridad en América Latina”, donde hace un análisis de las actividades irregulares del régimen Maduro que impiden la recuperación de las institucional venezolana.

  El enfoque de Farah refiere que en la medida en que el régimen criminal de Nicolás de Maduro continúe obteniendo beneficios de actividades ilícitas que lleva a cabo en colaboración con socios regionales e internacionales, las fuerzas democráticas —dentro y fuera de Venezuela— tendrán que continuar enfrentando a un enemigo bien arraigado con fuertes incentivos para mantener su control del poder.

  Y es que el experto en seguridad recuerda que Maduro mantiene asociaciones con organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y al tráfico de oro, así como con grupos terroristas colombianos, con lo cuales recurre a la implementación de esquemas de lavado de dinero y corrupción a través del Atlántico, siendo estos solo algunos de los nodos de una red criminal global mucho más amplia. Igualmente, alerta sobre las sólidas relaciones políticas, económicas y militares del régimen con actores geopolíticos como Irán, Rusia y China, los cuales son fuentes de apoyo claves para Maduro y sus cómplices.

¿LAS 10 LECCIONES QUE QUEDAN DE LA LUCHA CONTRA EL RÉGIMEN DE NICOLÁS MADURO ?

 Destaca que el régimen de Maduro y sus aliados internacionales — estatales y no estatales— ha dado muestras fehacientes de una gran resistencia y adaptabilidad frente a las fuertes sanciones impuestas por EE. UU. y otros países. No en balde, recuerda Farah, que Maduro y sus socios encontraron las costuras en el sistema financiero global, de tal manera que le han permitido trasladar sus operaciones a nuevas áreas geográficas o ubicaciones, o simplemente ha traído nuevos socios a su redil. En tal sentido, el especialista advierte que el gobierno interino de Venezuela y sus aliados en la comunidad internacional, se enfrentan esencialmente a un oponente que utiliza tácticas asimétricas.

SAAB Y SUS GUISOS: MÁS QUE UN TESTAFERRO | INTELIGENCIA DESDE EEUU | SIN/FILTROS E26

Ante este panorama, Douglas Farah se pregunta cómo aprovechar los nuevos conjuntos de herramientas de políticas y qué acciones específicas se deben coordinar internacionalmente para adoptar un enfoque más integral y asertivo para abordar las actividades ilícitas del régimen de Maduro e, inmediatamente responde que la clave para combatir esta red criminal es a través de la integración de las autoridades y las capacidades del gobierno de los EE. UU. en colaboración con socios regionales confiables, Europa, como ya se apuntó al principio, de manera de poder abordar el régimen de Maduro de manera global.

SAAB NO ES EL ÚNICO: EL EJE DEL MAL OPERA COMO UNA RED QUE HAY QUE CONOCER | SIN/FILTROS E21

Se remite, entonces Farah a las acciones que es necesario implementar desde esta alianza y menciona, en primer lugar, conformar un grupo de trabajo interinstitucional en el gobierno de EE. UU. al cual se incorporen, de manera estratégica, tanto recursos como experiencia, específicos de la comunidad de inteligencia y las agencias de EE. UU. relevantes, entre los cuales debe contarse el Departamento del Tesoro, el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Defensa.

Juntas, estas instancias, deben abordar los diversos frentes de la empresa criminal liderada por Nicolás Maduro con una estrategia coherente y multifacética de decomiso de activos, incautaciones de cuentas financieras, cierres de empresas fachada, acusaciones y procesamientos, revocación de visas, intercambio de información con aliados, entre otras acciones. Cada departamento tiene facultades únicas que, utilizadas de manera conjunta, impactan tremendamente el tiempo con el que los delincuentes cuentan para adaptarse y sobrevivir. Recuerda que, en el pasado, esta estrategia ha funcionado mejor a través de la coordinación del Consejo de Seguridad Nacional (NSC), que tiene el poder de convocar a directores y diputados y darle al tema un enfoque político sostenido. Es indispensable reducir la resiliencia y adaptabilidad de las estructuras criminales del régimen de Maduro.

En segundo término, Farah llama a instrumentar una diplomacia más continua y sólida que actúe sobre la naturaleza criminal del régimen y traiga consecuencias económicas y sociales persistentes y coordinadas. Un trabajo que avanza de manera paralela con el mejoramiento y optimización del intercambio de información financiera y la coordinación de sanciones con socios confiables como en la Unión Europea y América Latina, incluido el Caribe. 

Considera el experto que esto reduciría significativamente los espacios de operación del régimen en los sectores financieros. Cita el acuerdo del Grupo de Lima de implementar tácticas de rastreo de activos y medidas de decomiso, una iniciativa que está en el papel pero que es urgente implementar. Del mismo modo, el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Organización de los Estados Americanos (OEA) debe aplicar sanciones contra el oro ilícito y otras industrias extractivas.

En tercer lugar, Douglas Farah convoca a trabajar en estrecha colaboración con Brasil, Colombia, Guyana y Ecuador, de modo de aumentar el control fronterizo mediante el uso de tecnologías como drones de monitoreo y el incremento de personal, que se aboquen a interrumpir las cadenas de suministro ilícitas generalmente enfocadas en las regiones fronterizas. Esto debe contemplar cortar las líneas de reabastecimiento a los disidentes de las FARC y los grupos del ELN dentro de Venezuela, así como las redes de tráfico que sacan productos de la región.

Como cuarto punto, se debe conformar un grupo de trabajo multinacional en el cual se formulen políticas y actúen expertos del gobierno interino de Venezuela, Estados Unidos, la Unión Europea y estados miembros clave, el Grupo de Lima y CARICOM, para diseñar estrategias para enfrentar la amenaza de los grupos armados irregulares y el crimen transnacional con miras a abrir el camino hacia la restauración de las instituciones democráticas venezolanas.

Finalmente, Douglas Farah formuló un llamado a actuar urgentemente en este sentido, toda vez que no hacerlo, no combatir la naturaleza criminal del régimen de Nicolás Maduro, ni aislarlo de sus malignos aliados, solamente prolongará el sufrimiento del pueblo venezolano y aumentará las amenazas a la seguridad y la estabilidad en el hemisferio.

Departamento de Justicia de EE. UU. confirma la incautación de combustible iraní transportado por cuatro petroleros

Por Maibort Petit

  El Departamento de Justicia anunció la interrupción exitosa de un envío de combustible multimillonario por parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), una organización terrorista extranjera designada, que se dirigía a Venezuela. Estas acciones representan la mayor incautación de cargamentos de combustible de Irán por parte del gobierno.

   El 2 de julio de 2020, Estados Unidos presentó una queja en la que buscaba decomisar toda la carga de productos petrolíferos a bordo de cuatro petroleros de bandera extranjera, incluido el M/T Bella con el número 9208124 de la organización marítima internacional (OMI), el M/T Bering con El número IMO 9149225, el M / T Pandi con el número IMO 9105073 y el M / T Luna con el número IMO 9208100). 

El juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Jeb Boasberg  para el Distrito de Columbia emitió una orden de incautación de la carga de los cuatro buques.

El gobierno anunció que ha ejecutado con éxito la orden de incautación y confiscado el cargamento de los cuatro buques, por un total de aproximadamente 1,116 millones de barriles de petróleo. Con la ayuda de socios extranjeros, esta propiedad incautada está ahora bajo la custodia de Estados Unidos.

Después de la ejecución de la orden de decomiso de Estados Unidos, la marina de Irán abordó por la fuerza un barco no relacionado en un aparente intento de recuperar el petróleo incautado, pero no tuvo éxito. El Comando Central de Estados Unidos publicó ayer un video de la fallida operación iraní. 

Los fondos confiscados con éxito con una conexión con un estado patrocinador del terrorismo pueden dirigirse total o parcialmente al Fondo de Estados Unidos para Víctimas del Terrorismo Patrocinado por el Estado (http://www.usvsst.com/) después de la conclusión del caso.

EE.UU. acusa a dos iraníes de lavar dinero y violar las sanciones para favorecer a las Fuerzas Quds (IRGC) de Irán

  Las autoridades estadounidenses incautaron $ 12.3 millones en fondos relacionados con IRGC-QF.

Por Maibort Petit

@maibortpetit

  El gobierno de los Estados Unidos acusó a dos ciudadanos iraníes, Amir Dianat y Kamran Lajmiri, ​​de violar las leyes y sanciones de exportación de los Estados Unidos contra Irán y por delitos de lavado de dinero. La acusación se procesará en el Tribunal de Distrito de Columbia.

  Los fiscales federales acusaron a Dianat y Lajmiri de conspiración para proporcionar servicios financieros estadounidenses a entidades iraníes y a sus principales compañías que intentaron comprar un buque petrolero, registrado como  Nautic, en septiembre de 2019. 

   La denuncia alega que los acusados ​​ocultaron, tanto al vendedor  como a las instituciones financieras que procesaron las transacciones en dólares estadounidenses, así como al gobierno de los EE. UU. que la venta de este buque estaba destinada a Irán.

   La operación, dice la demanda, forma parte de un plan de los acusados para su enriquecimiento y para otros conspiradores, que lograron evadir las regulaciones, prohibiciones y requisitos de licencia de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) y el Reglamento de Transacciones y Sanciones de Irán (ITSR).

   En los documentos de la corte se describe un reclamo relacionado por decomiso civil es de $ 12,338,941.91. "Estos fondos estaban supuestamente involucrados en un esquema para lavar fondos en los Estados Unidos para adquirir ilícitamente el carguero petrolero, The Nautic". 

  La demanda de decomiso civil alega que en el esquema estaba involucrada la Compañía Nacional de Petróleo de Irán, la Compañía Nacional de Petroleros de Irán (NITC) y la Fuerza Quds de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), todas están entidades está sancionadas por la OFAC. 

  El IRGC fue designado por los Estados Unidos como una organización terrorista extranjera. "Esta acción de decomiso representa la mayor incautación de fondos relacionados con las Fuerzas Quds de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, dice la demanda que a la vez acota que "todos los fondos de organizaciones terroristas están sujetos a decomiso".

 "Estos acusados ​​compraron un barco petrolero valorado en más de $10 millones al usar ilegalmente el sistema financiero de los Estados Unidos, violando desafiantemente las sanciones de los Estados Unidos", dijo el Fiscal General Adjunto de Seguridad Nacional John C. Demers.

  Demers aseguró que "Este es otro ejemplo más de que Irán utiliza descaradamente compañías de fachada y documentación falsa en su intento de ocultar las transacciones ilegales que el régimen iraní necesita, desesperadamente, para financiar sus actividades malignas". 

  La aplicación de las sanciones estadounidenses y las leyes penales financieras es un componente importante del compromiso que tiene la División de Seguridad Nacional de proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos. 

  Demers elogió los esfuerzos de los fiscales, agentes y analistas que descubrieron este esquema ilegal y cuyo trabajo resultó en la acción de decomiso más grande que haya involucrado a las Fuerza Quds de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC)".

  Por su parte, el Fiscal para el Distrito de Columbia, Timothy J. Shea, sostuvo que "Empleando autoridades de decomiso civil específicamente disponibles para la Fiscalía, continuaremos procesando agresivamente a aquellos que abusen de nuestro sistema financiero para apoyar a las entidades sancionadas".

 Shea aseguró que usarán todas las medidas disponibles bajo la ley, para incluir la confiscación civil para recuperar fondos para las víctimas del terrorismo. "Estas leyes existen y sirven para evitar que los países hostiles generen ingresos ilícitamente, (a través de la venta de petróleo), para financiar sus programas de proliferación de armas. Los cargos de hoy son otro ejemplo de los esfuerzos dedicados e implacables de nuestra oficina, el FBI y HSI ".

"La demanda demuestra que aquellos que usan el sistema financiero de los Estados Unidos para beneficiar a la industria petrolera iraní serán investigados por el FBI y procesados ​​en la mayor medida de la ley", dijo el agente especial del FBI Minneapolis a cargo Rainer Drolshagen. 

 "Los sectores petroquímicos y petroleros de Irán son las principales fuentes de financiación para el régimen iraní, y el FBI continuará persiguiendo agresivamente a aquellos que usan ilegalmente el sistema financiero de Estados Unidos para su beneficio".

 "La protección de nuestra patria abarca muchas misiones, incluida la protección de las exportaciones y la moneda de nuestra nación", dijo Steven W. Cagen, agente especial a cargo de HSI Colorado.    "Estos delincuentes pensaron que podrían enriquecerse mientras ayudaban a Irán, un país que sigue representando un serio amenaza para la seguridad de nuestra nación. Ahora enfrentarán las consecuencias de sus acciones ".

  El Departamento del Tesoro interpuso una acción concurrente, sancionando a Dianat y su compañía relacionada, Taif Mining.

  Según los alegatos, a partir de mayo de 2019 hasta diciembre de 2019, Dianat y Lajmiri conspiraron para comprar el carguero de Nautic a través de una compleja red de compañías de fachada, incluida Taif Mining. Después de enviar el pago final al vendedor, Taif Mining tomó posesión del Nautic. Rápidamente cambió su nombre y comenzó a hacer viajes a Irán para cargar petróleo iraní. 

 Debido a que los Estados Unidos congeló los fondos de la venta del buque, el vendedor nunca recibió el pago. Como resultado, el vendedor inició una acción civil en los EE. UU. para recuperar el dinero adeudado.

  El 15 de marzo de 1995, la presidencia de los Estados Unidos emitió la Orden Ejecutiva No. 12957, que establecía que "las acciones y políticas del Gobierno de Irán constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la economía del país". Estados Unidos declaró una emergencia nacional para hacer frente a la amenaza. 

   En posteriores órdenes ejecutivas, el presidente impuso sanciones económicas, incluido un embargo comercial a Irán. Las órdenes ejecutivas y el ITSR prohíben la exportación, reexportación, venta o suministro, directa o indirectamente, a Irán de bienes, tecnología o servicios de los Estados Unidos o de una persona estadounidense sin autorización previa o licencia de la Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, ubicada en Washington, DC. 

  Los conspiradores utilizaron el sistema de corresponsalía bancaria de los Estados Unidos para procesar transacciones ilícitas en dólares estadounidenses, y en ningún momento alertaron a las instituciones financieras estadounidenses de que estaban financiando la compra de un buque tanque para las entidades iraníes.

  Si son declarados culpables, Dianat y Lajmiri enfrentarían un máximo de 20 años de prisión.

  La investigación fue realizada por agentes especiales de la Oficina de Campo del FBI en Minneapolis y HSI Colorado Springs.

Juicio por lavado de dinero de Ali Sadr Hasheminejad: El Fondo Chino de Venezuela pagó a las empresas que violaron las sanciones de EE.UU. contra Irán

Por Maibort Petit

@maibortpetit

    "El juicio contra Ali Sadr Hasheninejad pasa a otra etapa", dijo la jueza Alison Nathan al jurado que ha visto por seis días una voluminosa evidencia presentada por la fiscalía estadounidense. "El gobierno resta y le pasa el turno a la defensa", sostuvo la magistrada al final del día lunes, cuando le dió instrucciones al jurado ante de despedirlos, ordenando que no podían leer en los medios ni en las redes sociales nada sobre el caso para que puedan mantener su imparcialidad. 

  Ali Sadr Hasheminejad, un ciudadano iraní que adquirió la nacionalidad de San Cristóbal y Nieves, es acusado por el gobierno de Estados Unidos de delitos de lavado de dinero, fraude bancario e incumplimiento de las sanciones impuestas por EE. UU.  contra Irán al trasladar dinero a través del sistema financiero estadounidense proveniente de un proyecto de vivienda en Venezuela promovido por los regímenes de Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro.

Las medidas de los bancos para evitar la violación de las sanciones

   En la audiencia número 6 del juicio, un testigo que representa a un banco víctima, Citibank, dijo que si bien los bancos intermediarios no tienen la obligación de investigar a los clientes de los bancos correspondientes si deben hacerlo y alertar sobre cualquier irregularidad. Este comentario se produjo cuando la defensa insistía que el acusado no cometió delitos y los fiscales explicaban que el manejo hecho en múltiples transacciones por parte del Hyposwiss, que es la entidad donde Sadr Hasheminejad tenía las cuentas de las empresas offshore que usó para el esquema de lavado de dinero y violación de las sanciones acusado en este caso.

  Los fiscales mostraron un sistema que se origina en PDVSA, con una orden de pago para las empresas de Sadr contratadas para construir las casas en Venezuela, PDVSA enviaba la orden a su banco en Portugal, Espíritu Santo (BES), esta entidad enviaba el dinero a su banco intermediario en Nueva York (CitiBank o J. P. Morgan Chase) y este a su vez transfería los fondos al banco correspondiente que es Hyposwiss, en Suiza que era el banco donde Sadr y su padre abrieron las cuentas de las empresas sustitutas de la contratada originalmente por Venezuela, llamada Iranian International Housing Co. (IIHC). 

 La fiscalía y el testigo del Citibank sostuvieron que la responsabilidad de investigar las transacciones de Sadr y su familia es Hyposwiss porque los dos ciudadanos iraníes eran sus clientes, y no CitiBank o Chase. Sin embargo, debido a una serie de factores que se encontraron en varias transacciones hechas a través de los bancos estadounidenses, se levantaron las alarmas ante el inminente uso del sistema financiero para lavar dinero a favor de Irán. 

  Los fiscales explicaron que Sadr y su padre sabían perfectamente que estaban cometiendo un delito, y para evitar ser descubiertos crearon una estrategia que los llevó a comprar nacionalidades en San Cristóbal y Nieves para él, su padre y hermanas; registrar empresas en Suiza, Turquía, Hong Kong, Emiratos Árabes, entre otros, abrir cuentas bancarias en Suiza y Alemania, cambiar el nombre de la empresa contratada en PDVSA para eliminar la palabra Iranian (en su lugar pusieron Industrial) y bajar el website de Iranian International Housing Co. (IIHC) para borrar cualquier indicio "tóxico" que los involucraran con Irán. 

  Los fiscales dijeron que los pagos multimillonarios hechos por PDVSA a los Sadr, y que fueron procesados a través del sistema bancario estadounidense constituyen un delito federal, ya que viola las sanciones entre Estados Unidos e Irán y se convirtió no solamente en un fraude bancario sino en el esquema de lavado de dinero internacional.

  El testigo del Citibank explicó los bancos toman muy en serio el tema de las sanciones ya que el incumplimiento genera penalidades para las instituciones financieras. El experto sostuvo  que las sanciones contra Irán están dirigidas al gobierno, al país y las personas que lo integran.

  Cuando fue interrogado por el abogado de Sadr, Brian Herberlig, el testigo de Citibank dijo que no tenía conocimiento de que el banco enfrentara sanciones por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por las acciones de este caso. 

Compañía de Sadr pago por un apartamento en Caracas

  La fiscalía llamó a una mujer venezolana americana al estrado. Alessandra Conte dijo que en 2011 vendió su apartamento en Caracas, Venezuela por $ 170,000 a un hombre llamado César Gudiño. El comprador presentó problemas para pagar el precio total de la compra del inmueble y fue la empresa de Sadr Hasheminejad la entidad que pagó parte de la deuda.

  La mujer explicó que se había mudado a State Island, en la ciudad de Nueva York en el año 2000 y que vendió el inmueble porque sabía que no lo ocuparía más. Logró concretar la venta con Gudiño quien pagó una parte en dólares y otra en bolívares.

  El fiscal preguntó "¿quién arregló pagarle en dólares estadounidenses?", A lo que la mujer respondió "Stratus". 

  Stratus Construction es una empresa propiedad de la familia Hasheminejad y aparece involucrada en el esquema de lavado de dinero acusado por la fiscalía.

Defensa se queja por documentos relacionados con Stratus

  Entre las mociones que se discutieron este lunes estpa una carta de la fiscalía donde se explica que no se había proporcionado a la defensa de Sadr documentos relacionados con la compañía Stratus.

  En la comunicación dice: “Stratus fue fundada en 1978 en Teherán, Irán; Stratus International se especializa en proporcionar servicios de contratación para proyectos de infraestructura tales como carreteras, ferrocarriles, presas, túneles, aeropuertos y edificios; Stratus está trabajando actualmente en un proyecto de desarrollo de viviendas de la Unidad de Apartamentos 7000 "Nuevo Ojeda" en Venezuela ", señala el documento.

  En la carta presentada al juez, el abogado asistente dijo que, en 2011, el banco que procesaba el pago recibió una respuesta a su consulta "indicando, en suma y sustancia, que la dirección de Stratus está en Turquía, está registrada en Turquía, hace construcción en varios países, incluyendo a Venezuela ".

    Stratus luego se agregó al filtro de sanciones del gobierno de EE. UU. Para monitorear cualquier pago futuro.

  El documento dijo que las autoridades estaban tratando de confirmar si la Oficina de Control de Activos Extranjeros tomó alguna medida basada en la divulgación del banco, pero está dispuesta a "estipular que la OFAC no tomó medidas contra las entidades del Banco Stratus o el acusado".

  "El Gobierno lamenta su error y está trabajando para confirmar que no hay nada más relacionado con la investigación bancaria que tenga alguna relación con este caso", agrega la carta.

  Habían estado al tanto de la carta desde mediados de enero, y que, en ese momento, creían erróneamente que era parte del descubrimiento en el caso, decía la carta.

Las tablas que incomodan a la defensa

   La fiscalía presentó unas tablas con los pagos hechos por PDVSA a las empresas offshore de Sadr y su padre, incluyendo la tóxica IIHC que se iniciaron en 2010 hasta 2014. 

    Una de las comunicaciones presentadas estaba fechada el 30 de diciembre de 2010 en la cual Sadr le advierte a su empleado Bahram Karimi sobre los problemas que tenían con la cuenta del Chase en Nueva York. 

    

     En otro correo Sadr explica a su banco Hyposwiss que venía una transferencia por $ 29 millones de Venezuela el 11 febrero 2011. La orden correspondiente para ese pago, está hecha en un papel membretado con Iranian International Housing Co. (IIHC), firmada por José Luis Parada Sánchez, jefe de DUCOLSA y donde se usa la dirección de IIHC en Teherán [Apart. 101 N-18 Mina Boulevard Afnet St. Teherán].

  José Luis Parada explicó cómo se iba a cambiar la empresa iraní por una empresa turca Straturk International Contracting S.J. 

   Parada también advierte al banco usado por PDVSA para hacer los pagos a Sadr sobre el cambio de las cuentas bancarias y aclara que a partir de ese momento Straturk International Contracting S.J. era el beneficiario.

El Fondo Chino pagó a las empresas del acusado 

  Varias comunicaciones presentadas al jurado reflejan que los recursos usados para algunos pagos provenían del Fondo Chino para Venezuela. Una carta del 17 de marzo de 2011, dice que el Fondo Chino confirmó al banco la cantidad de dinero que se iba a pagar a las compañías de Sadr y su familia que era el desembolso #386 del Fondo -Código N-00579 por $ 29.442.967, 57.

   Se mostró un correo electrónico dirigido a DUCOLSA de María Acevedo del Banco Commerzbank A.G, fecha febrero 5 de 2011. Decía que el Banco del Tesoro iba a bloquear los fondos si no se suministraba información sobre Straturk. Ante esa advertencia se informó que la compañía fue registrada en Turquía y que el pago era por la construcción de 700 viviendas en Venezuela.

   

    Los fiscales presentaron cartas que mostraban la contradicción entre los beneficiarios de los pagos que iban desde Straturk International Contracting S.J., IIHC, Stratus Global Investment Ltd y otras empresas.

     Asimismo se presentó un cuadro que mostraba los ingresos que llegaron de las cuentas de PDVSA a la empresa de Sadr Clarity Trade (creada por el acusado en Suiza para esconder la vinculación con Irán). El cuadro explica que una parte de los fondos llegaban a Clarity y se enviaban a Stratus Global Investment y de allí se transferían a otras empresas creadas en Estados Unidos, como Sapene LLC, Fidelity National Title Company, Malibu Escrow  Corporation y Setom LLC. 

   De las mencionadas empresas, la hermana de Ali Sadr, Pegah Sadr compró una tierras por medio de la empresa Malibu Escrow  Corporation por $ 919,960,00 en el lote 27314 Winding Way, Malibu CA 90265. 

    Por medio de Fidelity National Title Company  se creó Pistache LLC, ( propiedad en un 50% Sapene LLC). La hermana de Ali Sadr, Pegah Sadr aparece como dueña de Sapene LLC, que tiene una cuenta en el Banco Well Fargo, a través de la cual se adquirieron productoras de pistachos en California.  El nombre de Ali Sadr se agregó en la empresa Setom LLC cuya dueña original era Pegah Sadr H. El 19 de septiembre de 2011 la empresa era 50% de Pegah Sadr y 50 % Ali Sadr.