Sigue el pleito legal de David Rivera y PDV USA: Corte de NY carece de jurisdicción para procesar la demanda

   PDV USA intenta remediar la cesión de sus derechos y la falta de legitimación alegando que, al 30 de octubre de 2020, rescindió la cesión que hizo, pero Interamerican le recuerda que la demanda se inició el 13 de mayo de 2020.

Por Maibort Petit

  Interamerican Consulting INC., empresa propiedad del excongresista de Estados Unidos, David Rivera, presentó una moción ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York para desestimar la demanda en su contra presentada por PDV USA INC., pues esta última cedió los derechos del contrato suscrito con ella a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y, por tanto, no es legítima la acusación y la corte deja de tener jurisdicción en el asunto.

   PDV USA reclama un supuesto incumplimiento de contrato y aspira recuperar los USD 15 millones —más intereses— pagados a la compañía de Rivera por servicios “de cabildeo” que nunca prestó y que formaban parte del contrato suscrito con la empresa —descrita por fuentes como de maletín— registrada en el estado de la Florida en 2017.

La moción

   El 18 de diciembre de 2020, Kathryn Lee Boyd, Shira Lauren Feldman y Alan Alvela, de la firma de abogados Hecht Partners LLP, representantes de la Interamerican Consulting INC., presentaron ante la Corte una moción para desestimar la demanda enmendada de la parte acusadora por considerar la falta de jurisdicción en la materia, porque no existe legitimación en virtud del artículo III, y este caso presenta una cuestión política injustificable.

  Los abogados de la empresa de David Rivera, le manifestaron al juez de la causa, John G. Köeltl, que su solicitud se sustenta en lo establecido en la Regla 12 (b) (1) de las Reglas Federales de Procedimiento Civil. La Demanda Enmendada fue presentada el 30 de octubre de 2020.

   Interamerican Consulting INC. respaldó su pedido al juez Köeltl con el Memorando de Ley fechado el 18 de diciembre de 2020, así como la Declaración de David Rivera, formulada en la misma fecha.

Los argumentos de la moción

  Interamerican Consulting Inc presentó ante la corte del juez Köeltl un memorando de ley en apoyo de su moción para desestimar la Demanda Enmendada de conformidad con la Regla Federal de Procedimiento Civil 12 (b) (1).

   Sostienen los abogados de la demandada que PDV USA carece de legitimación bajo el citado artículo III porque, primero, dicha empresa cedió sus derechos a PDVSA hace más de dos años y ha actuado de acuerdo con esa asignación, por lo que ahora no puede reclamar una lesión de hecho.

  Explican que el presunto daño no se puede resarcir mediante la demanda y para poder obtener la compensación pecuniaria que reclama, la corte tendría que ordenar a Interamerican, registrada bajo las leyes del estado de Florida, dirigir dinero a una entidad que es propiedad total de una SDN y, en consecuencia, el demandante no puede alegar los requisitos constitucionales mínimos para la legitimación del Artículo III.

   Refieren que si el tribunal otorgara el alivio que busca el demandante, se vería obligado a cuestionar la determinación ya hecha por el Ejecutivo en forma de sanciones para prohibir los juicios monetarios para el beneficio directo o indirecto de PDVSA a través de PDV USA. Por ello estiman que el caso debe ser desestimado de conformidad con la Regla Federal de Procedimiento Civil 12 (b) (1).

   Recuerdan que el mencionado artículo III limita la jurisdicción de los jueces federales a "casos" y "controversias" y para cumplir con lo allí establecido, un demandante debe establecer tres cosas: (1) un daño de hecho: una invasión de un interés legalmente protegido de manera concreta, particularizada y real o inminente, no conjeturas o hipotéticas; (2) una conexión causal entre la lesión y la conducta denunciada; y (3) la posibilidad de volver a la lesión mediante una decisión favorable. Esto, en la visión del demandado, no ocurre.

   Por otra parte, al haber cedido sus derechos de ejecución el 10 de mayo de 2017 a PDVSA, entonces el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York carece de jurisdicción sobre la materia porque el PDV USA no es la parte adecuada en esta acción.

   En tal sentido, con la cesión de derechos, PDVSA se convirtió en la única parte con algún interés en el acuerdo o con derecho a entablar la demanda.

   Se indica en el memorando, que PDV USA ahora intenta dar marcha atrás y sostiene en la Demanda Modificada que no asignó sus derechos a PDVSA.

  Alega la demandante que al no haber firmado Interamerican la cesión, ésta no es válida, argumento que según la demandada no tiene fundamento, tal como respalda la jurisprudencia.

  Sostienen que los contratos en Nueva York se pueden ceder libremente sin en ellos no hay una especificación que lo prohíba, lo cual no ocurre con el contrato.

    Entretanto, PDV USA afirma que el consentimiento por escrito de la demandada fue una condición esencial del mismo.

   David Rivera y su empresa se remiten a un correo electrónico que Arnaldo Arcay, asesor legal de CITGO, envió al presidente de Interamerican, David Rivera, en nombre de PDV -USA y PDVSA.

   Allí Arcay adjunta la Cesión, ya ejecutada tanto por PDV USA como por PDVSA, e informa a Rivera que “la fecha de vigencia de la cesión es el 10 de mayo de 2017, que corresponde a la fecha en que las Partes acordaron la cesión en cuestión”.

   El 28 de diciembre de 2018, Alejandro Escarrá, también de CITGO, reiteró la vigencia de la Cesión, diciendo a Rivera: “Como usted sabe, el Contrato de Consultoría del 21 de marzo de 2017 fue cedido de PDV USA a PDVSA a partir del 10 de mayo de 2017. Desde ese momento en adelante, PDV USA no ha tenido derechos, obligaciones ni responsabilidades en virtud del Acuerdo ".

  Y el 18 de febrero de 2019, Judith Colbert, Asesora General de CITGO, volvió a hacer esta declaración y le dijo a Rivera que "PDV USA asignó [el Acuerdo] a PDVSA en mayo de 2017".

   PDV USA intenta remediar la cesión de sus derechos y la falta de legitimación resultante alegando que, al 30 de octubre de 2020, ha rescindido la cesión que hizo. Debido a que la demanda se inició el 13 de mayo de 2020 y dado que la "legitimación" debe darse al comienzo del litigio, ahora no es posible fijar una posición retroactiva.

   Entre otras consideraciones, Interamerican Consulting INC recuerda las sanciones impuestas por la OFAC a PDVSA, lo cual aplica también para las entidades de su propiedad, no procede el pago que el demandante reclama.

  Remitiéndose la jurisprudencia, subraya la demandada que “La doctrina [de la cuestión política] impide que los tribunales decidan controversias en las que existe un compromiso constitucional textualmente demostrable del tema con un departamento político coordinado; o una falta de estándares judicialmente detectables y manejables para resolverlo'” y al cumplirse todas las bases para que el caso se tenga por político, los reclamos son improcedentes.

La declaración de Rivera

   El 18 de diciembre de 2020, David Rivera, desde Miami, presentó declaración jurada ante la Corte del distrito Sur de la Florida, bajo pena de perjurio según las leyes de los Estados Unidos.

   Luego de certificar que es el presidente de Interamerican Consulting, Inc. manifestó que el 31 de mayo de 2017, recibió un correo electrónico de Arnaldo Arcay, quien es asesor legal de Asuntos Internacionales de CITGO Petroleum Corporation, el cual iba acompañado de una traducción certificada al inglés del mismo.

   En dicha comunicación, Arcay informó a Rivera que por instrucciones de la Gerencia de CITGO y atendiendo a una conversación telefónica sostenida entre ambos un día previo, remitía el documento a ser suscrito entre PDV USA Inc. y Petróleos de Venezuela S.A., el cual permitía la cesión del Contrato de Servicios de Consultoría de fecha 21 de marzo de 2017 originalmente suscrito entre PDV USA e Interamerican Consulting.

   Arcay pidió a Rivera confirmar si estaba de acuerdo con los términos del contrato con el objeto de proceder a obtener la firma de los representantes de PDV USA y PDVSA.

   Igualmente, la declaración de Rivera da cuenta de otro correo electrónico que recibió el 5 de octubre de 2017, también de parte de Arnaldo Arcay, anteriormente identificado, con una traducción certificada al inglés del mismo.

   En esta nueva comunicación, Arcay le refería a David Rivera que por instrucciones de Edoardo Orsoni, (exfuncionario de CITGO, PDVSA y Petrocedeño), le remitía el documento de cesión entre PDV USA Inc. y PDVSA del contrato de servicios de consultoría originalmente suscrito entre la primera e Interamerican Consulting.

   Especificaba el correo que la fecha efectiva de la cesión era el 10 de mayo de 2017, momento cuando las partes acordaron la cesión en cuestión.

   Arcay quedaba a la espera de que Rivera le remitiera el documento debidamente suscrito para completar los trámites y archivos correspondientes.

   David Rivera también le indicó al tribunal en su declaración, que el 28 de diciembre de 2018 recibió un correo electrónico de Alejandro Escarrá, vicepresidente de Asuntos Legales de CITGO, en el que este último informaba que habían completado la revisión de su solicitud.

   Le indicó Escarrá que el contrato de consultoría firmado el 21 de marzo de 2017 había sido cedido por PDV USA a PDVSA el 10 de mayo de 2017 y, desde ese momento, PDV USA carecía de derechos, obligaciones y responsabilidades en virtud del citado contrato.

  Agregaba el vicepresidente de asuntos legales de CITGO, que ninguna entidad de dicha empresa (CITGO) tenía ya alguna participación u obligación en virtud del acuerdo. Por ello le sugirió comunicarse con PDVSA para discutir sus preguntas relacionadas con el acuerdo de consultoría.

   Del mismo modo, David Rivera refirió a la corte que el 18 de febrero de 2019, recibió un correo electrónico de Judith Colbert, asesora general legal de CITGO, en el que hacía acuse de recibo de un correo electrónico remitido por Rivera el 4 de febrero de 2019.

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   Colbert le reiteró lo afirmado por Escarrá, en el sentido de que CITGO no era parte del acuerdo de consultoría y que PDV USA había asignado dicho contrato a PDVSA en mayo de 2017.

   La asesora general legal de CITGO le manifestó a Rivera que su tesis de que Interamerican Consulting puede presentar una reclamación contra CITGO por el pago en virtud del contrato de consultoría carecía de sustento, incluso le advirtió que la empresa propiedad del ex-congresista estadounidense podría violar la ley federal si hiciera o aceptara algún pago relacionado con el contrato en cuestión. Tal advertencia la formuló la funcionaria de CITGO en razón a las sanciones impuestas el 28 de enero de 2019 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a Petróleos de Venezuela S.A. Agregó que no teniendo conocimiento de la alguna Licencia General que permitiera realizar el pago en estas circunstancias, el mismo era improcedente.

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  Finalmente, Colbert le solicitó a Rivera comunicarse con el abogado externo de CITGO, Michael Gottlieb (mgottlieb@willkie.com) y evitara en adelante abstenerse de realizar más contactos con el personal de la filial de PDVSA en Estados Unidos.

   Por último, David Rivera declaró ante la corte que sus discusiones iniciales sobre el acuerdo de consultoría los llevó a cabo con representantes de CITGO. Precisó que fue por su iniciativa que su empresa estableció un acuerdo de consultoría con PDV USA Inc., el cual fue redactado y presentado a Interamerican Consulting Inc. por ejecutivos corporativos de CITGO, habiendo sido un abogado de esta última, quien utilizó una dirección de correo electrónico de la subsidiaria de la PDVSA.

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 Por Maibort Petit

   El juez de Distrito, John G. Köeltl aprobó a los abogados de la consultora Interamerican Inc, propiedad del excongresista, David Rivera más tiempo para responder a la demanda enmendada por los abogados de PDV USA que busca la devolución de $15 millones pagados por CITGO en base a un contrato de servicios de consultoría a favor de PDVSA, controlada por el régimen de Nicolás Maduro, que  según los papeles de la corte no se cumplió.

  La solicitud hecha por los abogados de Rivera, del escritorio jurídico Hecht Partners LLC, fue aprobada por el juez de Nueva York, permitiendo que la defensa presente la respuesta a la demanda de  PD  USA del 4 al 18 de diciembre de 2020. 

  En el calendario se advierte que los acusadores pueden responder a la defensa hasta el 25 de enero de 2021 y a su vez los representantes de Rivera podrán dar respuesta hasta el 18 de febrero de 2021.

  Los abogados de PDV USA, Inc del bufete Willkie Farr & Gallagher LLP, decidieron introducir una demanda enmendada donde se alega que la empresa Interamerican Consulting Inc. no cumplió con lo establecido en el contrato fechado el 21 de marzo de 2017.

  De acuerdo a la demanda, PDV USA e Interamerican celebraron un acuerdo de consultoría en virtud del cual la firma de David Rivera recibiría $ 50 millones [en seis cuotas] durante un período de tres meses para proporcionar supuestos "servicios de consultoría estratégica" para la empresa matriz de PDV USA, Petróleos de Venezuela, SA. 

   PDVSA está controlada por el régimen de Nicolás Maduro. 

  PDV USA recibió instrucciones de PDVSA, a través de su empresa PDV Holding, Inc. para celebrar el contrato con el supuesto propósito de mejorar la "reputación y posición a largo plazo" de PDVSA en los Estados Unidos.

  En enero de 2019, el Gobierno de los Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, como presidente interino de ese país, y al mismo tiempo designó a PDVSA como “Nacional Especialmente Designado” con quien ninguna persona estadounidense puede hacer negocios sin una licencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. 

  El Gobierno de Guaidó, a su vez, nombró una Junta Directiva Ad Hoc de PDVSA para supervisar las operaciones estadounidenses de las subsidiarias de PDVSA con sede en Estados Unidos, incluida PDV USA. 

  En agosto de 2019, la Corte de Cancillería de Delaware dictaminó que, según la ley estadounidense, los nombramientos de Guaidó para la Junta Ad Hoc de PDVSA eran presuntamente válidos.

  En virtud del Acuerdo de 2017, se suponía que Interamerican desarrollaría e implementaría durante un período de tres meses un plan estratégico para mejorar la reputación de PDVSA y su posición entre los formuladores de políticas, los líderes de opinión, los funcionarios públicos y las partes interesadas específicas y establecer relaciones con ellos.

  Entre otras cosas, a cambio de $ 50 millones, el Acuerdo requería que Interamerican entregaría al menos siete informes quincenales detallando el trabajo realizado durante el período relevante y un informe final que incluiría recomendaciones para el seguimiento de las estrategias implementadas. En cambio, Interamerican proporcionó solo dos informes, con un total de no más de cinco páginas, muchas de las cuales están duplicadas. "Estos informes se refieren genéricamente a un “plan estratégico”, “reuniones” y “recomendaciones”, pero no describen un solo elemento del supuesto plan, no identifican a los participantes de la reunión o discusiones de la reunión, ni especifican qué recomendaciones se hicieron ni a quién".

   La demanda dice que Interamerican no prestó servicios en virtud del Acuerdo y, ciertamente, no prestó el nivel de servicios que se podría esperar razonablemente por una tarifa de aproximadamente $ 17 millones por mes. "Esto fue confirmado por el presidente de la firma, el excongresista estadounidense David Rivera, luego de que se presentó esta demanda". 

   El documento de la corte dice que según Rivera, en declaraciones que hizo a la prensa poco tiempo después de la presentación de esta demanda, Interamerican nunca tuvo la intención de brindar los servicios de consultoría estratégica que fueron objeto del Acuerdo, sino que los fondos que se pagaron “fueron a la oposición para protestas contra Maduro en el verano de 2017". 

   La afirmación de Rivera parece ser que el régimen de Maduro, que controlaba PDVSA en ese momento, acordó canalizar decenas de millones de dólares para financiar las protestas organizadas por sus adversarios políticos. "Esta afirmación desafía la credulidad y PDV USA no ha podido localizar ninguna evidencia, de ningún tipo, que la respalde", sostiene la demanda.

  La acusación sostiene que "las afirmaciones de Rivera en 2020 con respecto al propósito del Acuerdo son totalmente inconsistentes con los dos informes de progreso de Interamerican, que contienen numerosas declaraciones sobre un proyecto de consultoría para PDV USA en beneficio de PDVSA". 

 Dice la demanda que "los reclamos de 2020 dejan claro que Interamerican representó falsamente y garantizó en la Sección 7 del Acuerdo que ninguna parte de ningún pago a CONSULTOR por parte de PDV USA de conformidad con este Acuerdo se utilizará como soborno, comisión ilícita, reembolso, contribución política ilegal o en violación de las regulaciones aplicables de control de divisas, leyes o regulaciones fiscales u otras leyes o regulaciones de cualquier jurisdicción".

  La demanda advierte que de acuerdo a lo que dice Rivera se puede concluir que: "Interamerican no proporcionó, y nunca tuvo la intención de proporcionar, los servicios de consultoría que contrató con PDV USA en el Acuerdo".

  Asegura la demanda que "PDV USA resultó perjudicado por el incumplimiento del Acuerdo por parte del Demandado". 

  Asimismo, sostiene que PDV USA pagó las primeras tres facturas emitidas por Interamerican, "un total de $ 15 millones, pero no recibió los servicios requeridos y no ha recibido evidencia de que se haya prestado algún servicio en nombre de PDV USA o PDVSA".

  A pesar de su incumplimiento del Acuerdo, el Demandado insiste en que PDV USA le debe los $ 35 millones restantes contemplados en el contrato de $ 50 millones.

 Igualmente, Interamerican se comprometió explícitamente en la Sección 10 del contrato, a indemnizar a PDV USA por y contra cualquier incumplimiento del Acuerdo perpetrado por Interamerican, incluyendo el pago de cualquier gasto, costas judiciales y honorarios de abogados asociados con el cumplimiento de los derechos de PDV USA bajo el documento.

  Explica que PDV USA inició esta acción para recuperar los $ 15 millones (más intereses) que ya pagó a Rivera, por una declaración de que PDV USA no le debe a Interamerican los $ 35 millones restantes contemplados en el contrato, y para recuperar cualquier otro daño compensatorio. Además Rivera deberá pagar "una cantidad que se abordará en el juicio, así como todos los gastos, costas judiciales y honorarios de abogados asociados con el cumplimiento de sus derechos contractuales".

  Alternativamente, en la medida en que las declaraciones de  Rivera en 2020 a la prensa sean verdaderas y el dinero pagado a Interamerican haya sido pagado por orden de PDVSA para un propósito distinto a los servicios de consultoría que se establecen en el contrato, entonces no existe ningún contrato ejecutable y se debería exigir a Interamerican que devuelva los $ 15 millones que se le pagó bajo la doctrina del enriquecimiento injusto y PDV USA debería tener derecho a una declaración de que no le debe a Interamerican ningún pago adicional en relación con el Acuerdo.

   Interamerican es una empresa que funciona desde la casa de Rivera, ubicada en 10925 N.W. 43rd Lane, Miami, Florida, 33178. Interamerican y tiene dos empleados: Rivera, quien se desempeña como presidente y agente registrador; y (2) Diana Rivera McKenzie (hermana de Rivera), que es la vicepresidenta.

 La demanda incluye el contrato firmado entre PDV USA e Interamerican. 

 En los documentos presentados por los demandantes, aparece un acuerdo que fue firmado por Pío González, un empleado de PDVSA, fue identificado como el “representante autorizado” de PDV USA. González fue quien recibió  los dos informes de progreso que fueron producidos por Interamerican.

  El Anexo B del Acuerdo establece un calendario de pagos, según el cual PDV USA pagaría a Interamerican un total de $ 50 millones. 

  Según el calendario, PDV USA debía pagar a Interamerican una “Cuota de pago inicial” de $ 5 millones el 21 de marzo de 2017. A partir del 4 de abril de 2017, se pagarían otros 20 millones de dólares en "cuotas de pago consecutivas" de $ 5 millones cada dos semanas y que se cancelara una "cuota de pago final" de $ 25 millones antes del 15 de junio de 2017. 

 La demanda dice que, sin embargo, el contrato sólo requería que PDV USA pagara a Interamerican como compensación por la "finalización" de los servicios a "entera satisfacción" de PDV USA. 

 "Interamerican representó y garantizó a PDV USA que “ninguna parte de ningún pago a [Interamerican] por PDV USA de conformidad con este Acuerdo se utilizará como soborno, comisión ilícita, reembolso, contribución política ilegal o en violación de las divisas aplicables controlar las regulaciones, leyes o regulaciones tributarias u otras leyes o regulaciones de cualquier jurisdicción". 

 Finalmente, Interamerican representó y garantizó a PDV USA en el Acuerdo que "en relación con la prestación de los Servicios, [Interamerican] y su Personal [no violarían] ninguna ley o reglamento aplicable de ninguna jurisdicción". 

 Interamerican también prometió en el Acuerdo que "cumplirá con todas las leyes, reglamentos y ordenanzas federales, estatales y locales". 

"Interamerican no cumplió con el acuerdo", acota la demanda y sostiene que la consultora de David Rivera no proporcionó los servicios y entregables establecidos en el Acuerdo. En resumen, Interamerican no brindó servicios a PDV USA.

  "Interamerican no entregó los siete informes quincenales “detallando las actividades que ha realizado” durante el período de dos semanas aplicable y el informe final “integrando todo el producto de trabajo incluyendo recomendaciones para el monitoreo y seguimiento de las estrategias implementadas ”, como lo requiere el Anexo A. 

 En cambio, Rivera presentó solo dos informes en total: (1) un informe “quincenal” el 1 de mayo de 2017, casi un mes después de que el primer informe debía presentarse el 4 de abril de 2017; y (2) un informe "final" el 31 de diciembre de 2017, más de seis meses después de la fecha de terminación del Acuerdo el 21 de junio de 2017. Estos informes no fueron presentados a PDV USA, sino al Sr. Pío González, empleado de PDVSA.

  Los informes no totalizaron más de cinco páginas (en conjunto), muchas de las cuales fueron duplicadas y no describieron ningún trabajo significativo realizado en nombre de PDV USA o PDVSA ni proporcionaron evidencia de que el trabajo se realizó realmente. 

  La demanda sostiene que los reportes no muestran que Interamerican prestó los servicios para los cuales fue contratado, tampoco respaldan las afirmaciones de David Rivera en 2020 sobre el propósito del Acuerdo. "Nada en ningún informe afirma, o sugiere remotamente, que el dinero entregado a Interamerican se esté utilizando con el propósito de hacer contribuciones políticas a figuras o líderes de la oposición en Venezuela. PDV USA tampoco tiene conocimiento de ninguna comunicación enviada, enviada o copiada a algún representante de PDV USA que sugiera que los pagos a Interamerican fueron contemplados para tal fin".

  La demanda sostiene que Interamerican tampoco proporcionó “documentación de respaldo” y “detalles adecuados y completos de los Servicios prestados” con cada factura presentada a PDV USA, como lo requiere. De hecho, sostiene que, Interamerican no proporcionó documentación de respaldo ni detalle alguno con las facturas enviadas para el pago.

 "Como resultado de estas múltiples fallas, Interamerican no realizó ningún servicio" a la entera satisfacción de PDV USA". Agrega que  "PDV USA nunca expresó su satisfacción con los servicios brindados por Interamerican y no está satisfecho con los servicios de la consultora".

  Asegura que "Interamerican no prestó ninguno de los servicios que contrató para realizar, y mucho menos a satisfacción de PDV USA"

Por otro lado, la demanda sostiene que "El dinero que Interamerican recibió, en virtud del Acuerdo, se utilizó para otros fines, luego la consultora también violó sus declaraciones y garantías en virtud de la Sección 7 del contrato dice que que “ninguna parte de ningún pago a CONSULTOR por parte de PDV USA de conformidad con este Acuerdo se utilizará como soborno, , reembolso, contribución política ilegal o en violación de regulaciones de control de divisas, leyes o regulaciones tributarias u otras leyes o regulaciones de cualquier jurisdicción ".

PDV USA pagó a Interamerican por servicios que nunca se prestaron y por ello PDV USA se negó a pagar las tres últimas facturas interamericanas que presentó Rivera, que ascendieron a $ 35 millones.

A pesar de su incumplimiento del acuerdo, Interamerican insiste en que PDV USA debe el saldo del acuerdo y solicitó repetidamente el pago de las facturas pendientes en varios momentos hasta 2019, incluidos el 11 de septiembre de 2018, el 18 de diciembre de 2018 y el 4 de febrero de 2019.

  Hasta el momento, Interamerican continúa afirmando que PDV USA es responsable ante Interamerican por el saldo de $ 35 millones en virtud del Acuerdo. 

  PDV USA no ha asignado el acuerdo porque Interamerican se negó a dar su consentimiento para la asignación

  Sostiene que el 5 de octubre de 2017, a la luz del hecho de que la Demandada no había realizado, y no contemplaba realizar, ningún servicio en nombre de PDV USA y PDVSA solicitaron conjuntamente el consentimiento de la Demandada para ceder el Acuerdo de PDV USA a PDVSA. 

  Con ese fin, PDV USA y PDVSA firmaron un “Acuerdo de consentimiento de cesión y asunción del‘ Acuerdo de consultoría, con fecha del 21 de marzo de 2017. 

   Interamerican fue identificada como una tercera parte del Acuerdo de Consentimiento de Asignación y Asunción a los efectos de otorgar el consentimiento a sus términos, que las partes acordaron constituir una novación o liberación para PDV USA, y se proporcionó un bloque de firma para el consentimiento de Interamerican. Pero la consultora se negó aprobar al Acuerdo de Consentimiento de Asignación y Asunción y nunca lo firmó. 

  En consecuencia, el Acuerdo de consentimiento de cesión y asunción nunca se ejecutó en su totalidad. Se adjunta como Anexo 2 una copia fiel y correcta del Acuerdo de consentimiento de cesión y asunción.

   Hasta que se presentó esta demanda, la posición del Demandado también ha sido que nunca se efectuó ninguna cesión y ha seguido exigiendo el pago del Demandante. 

  Un correo electrónico del 4 de febrero de 2019 de David Rivera deja esto en claro:

"Como usted sabe, Interamerican Consulting nunca estuvo de acuerdo ni consintió en ninguna cesión del contrato de PDV USA a PDVSA. De hecho, cualquier sugerencia de reasignación del contrato fue rechazada específicamente en dos ocasiones. Nuestro asesor legal ha revisado este asunto en profundidad, incluido el papel documentado de los abogados y funcionarios corporativos de CITGO, y ha concluido de manera indiscutible y categórica que cualquier asignación de PDV USA a PDVSA fue una decisión unilateral arreglada entre PDV USA y PDVSA y, bajo el de la ley de contratos de Nueva York que rige el contrato de consultoría, de ninguna manera exime a PDV USA de sus obligaciones contractuales con Interamerican Consulting".

   "Después de que se presentó esta demanda, Interamerican admitió que nunca tuvo la intención de prestar servicios en virtud del acuerdo y afirma que el acuerdo es una farsa", dice el documento.

 Añade que luego de la presentación de esta demanda, el Presidente de Interamerican realizó varias declaraciones a la prensa sobre esta demanda y el Acuerdo de las partes.

   Rivera respondió, “pregunten a los chicos de CITGO 6”, una referencia a los ejecutivos de CITGO Petroleum Corporation detenidos por el régimen de Maduro. “Manejaron toda esa operación, incluido todo el dinero, en coordinación con la oposición venezolana. . . Eso es todo lo que sé."

    Rivera también le dijo al Miami Herald: "Todos esos fondos fueron a la oposición para protestas contra Maduro en el verano de 2017. Nunca vi un centavo". (MIAMI HERALD, 14 de mayo de 2020).

 Según información y creencia, estas declaraciones son falsas. PDV USA no pudo encontrar evidencia que respalde estas afirmaciones. La transferencia de fondos de PDV USA fue directamente a una cuenta bancaria controlada por Interamerican. Desafía la credulidad afirmar que PDVSA, que en obligaciones en virtud del Acuerdo".

 La demanda sostiene que el tiempo que PDVSA estuvo controlada por el régimen de Maduro, ordenó a sus subsidiarias estadounidenses que contrataran a Interamerican para canalizar millones de dólares a los adversarios políticos del régimen.

   En la medida en que Interamerican utilizó los fondos que recibió de PDV USA en virtud del Acuerdo "con el propósito de financiar la oposición política del Régimen de Maduro", eso probaría que Interamerican no hizo ni tuvo la intención de realizar los servicios de consultoría estratégica contemplados por el acuerdo.

  La demanda dice que los hechos descritos probarían que los dos informes de progreso presentados por Rivera a PDV USA contenían numerosas declaraciones materiales falsas sobre los supuestos servicios que Rivera afirmó que Interamerican había realizado. 

 "Por ejemplo, si los reclamos de Rivera en 2020 son verdaderos, entonces cada una de las siguientes declaraciones contenidas en los informes de progreso fueron deliberada e intencionalmente falsas cuando se hicieron a PDV USA para respaldar los reclamos de pago de Interamerican".

 Dicen los informes que el 18 de abril de 2017, “El Consultor organizó reuniones para el Cliente con importantes responsables políticos y líderes de opinión en los Estados Unidos como parte de la estrategia para construir relaciones a largo plazo entre las partes interesadas clave del sector público en los Estados Unidos. Estas reuniones permitieron al Cliente proporcionar los puntos de vista y perspectivas del Cliente sobre los eventos actuales en Venezuela y su interpretación en los Estados Unidos, enfocándose en las iniciativas y logros del Cliente ".

 Asimismo, dice que el 16 de mayo de 2017, "El Consultor ha tenido múltiples discusiones con importantes interlocutores asociados con las organizaciones objetivo del sector privado y ha informado a estos interlocutores sobre el deseo y la voluntad del Cliente de buscar la reconciliación y resolución de los problemas pendientes".

  "Sin embargo, desde el principio, Interamerican recibió pagos a los que no tenía derecho legalmente y se enriquecería injustamente si se le permitiera beneficiarse de ellos. Interamerican acordó indemnizar a PDV USA por incumplimiento del acuerdo", dice la demanda.

PDV USA advierte que la empresa de David Rivera carece de fundamentos para pedir al tribunal desestimación de la demanda en su contra

   Sostiene que Interamerican Consulting Inc sólo persigue retrasar el litigio, pues por el contrario a lo alegado por la demandada, se cumplieron todos los términos legales para reclamar el incumplimiento del contrato.

Por Maibort Petit

   El abogado de PDV USA Inc., Jeffrey B. Korn, que representa a la filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en Estados Unidos, aseguró ante el juez de la causa que se dirime en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, John G. Köeltl, que la demandada Interamerican Consulting Inc., la empresa propiedad del excongresista estadounidense, David Rivera, carece de fundamentos para solicitar al tribunal la desestimación del caso.

  En tal sentido, Korn advirtió al magistrado que esta acción de Interamerican solamente persigue retrasar innecesariamente el litigio. El juez había otorgado una prórroga a Rivera para que respondiera a la demanda, toda vez que inexplicablemente desde que esta fue interpuesta, la demandada no ha fijado posición. Dicha prórroga era hasta el 30 de septiembre pasado[1].

  Dos días antes de que se cumpliera el plazo, la representación legal de Interamerican, en manos de Kathryn Lee Boyd, solicitó una moción para desestimar la demanda de PDV USA porque la misma "carece de legitimación y no presenta un reclamo por incumplimiento de contrato que sea plausible a primera vista".

  El alegato para esta solicitud, según el abogado de Interamerican, es que PDV USA carece de legitimación para cumplir el contrato y que la demanda no cumple con los extremos legales[2].

  El asunto versa sobre una demanda por incumplimiento de contrato interpuesta por la empresa propietaria del paquete accionario de CITGO Petroleum Corporation sobre la que se conoció en mayo de 2020. La aspiración de la demandante es recuperar los USD 15 millones —más intereses— pagados a la compañía de Rivera por servicios “de cabildeo” que nunca prestó y que formaban parte del contrato suscrito con la empresa —descrita por fuentes como de maletín— registrada en el estado de la Florida en 2017.

  Fuente ligadas a CITGO han asegurado a Venezuela Política el pago de los USD 15 millones ocurrido en marzo de 2017 fue irregular, pues se incumplieron las normas mínimas esenciales lo cual se reflejaba en la calidad de la facturación —tres facturas por USD 5 millones cada una, elaboradas en simples papeles sin cumplir los requerimientos internos de la filial de PDVSA— y que fueron pagadas por órdenes superiores. La autorización habría venido de José Pereira quien para entonces era el vicepresidente de Finanzas y ordenó a Gina Coon (actual Tesorera) el pago por orden del CEO de CITGO para la fecha, Nelson Martínez.

  La fuente manifestó que el pago que ocurrió en menos de 4 semanas "por lo que se evidenció que había una intención corrupta de sacar $50 millones de CITGO de una manera expedita (…) José Pereira y Gina Coon violaron todos los controles de revisión y autorización con este contrato y sus facturas relacionadas".

  Lo cierto es que, de acuerdo a las fuentes entendidas, este caso sólo sería el reflejo de operaciones irregulares hechas con empresas fantasmas con el objetivo de desviar fondos de la estatal a fines distintos a los de la industria. Con ello se estarían violando políticas y procedimientos internos, leyes de lavado de dinero, fraude, soporte a un régimen comunista, fraude postal, fraude electrónico, entre otros hechos ilegales incluidos en la ley RICO y otras leyes federales de los Estados Unidos. La demanda solo estaría procurando enmascarar el comportamiento delictual de la directiva de CITGO y formar una cortina de humo distraer la atención del Departamento de Justicia haciéndole suponer una rectificación de su conducta frente a quienes expoliaron dinero de CITGO y de PDVSA en los Estados Unidos.

  Venezuela Política también pudo conocer que no es cierto, como dice la demanda que PDV USA se negó a pagar las facturas por los restantes USD 35 millones del contrato, sino que entre los años 2017 y el 2018, tres directores detectaron las irregularidades del acuerdo y se enfrentaron a José Pereira y a Nelson Martínez, logrando detener el esquema fraudulento[3].

  Sobre el propietario de Interamerican Consulting Inc., David  Rivera, pesan algunas investigaciones, entre ellas una originada por el objeto del contrato suscrito con PDV USA, dado que este habría prestado servicios de cabildeo sin estar debidamente registrado como agente para trabajar a favor de un gobierno extranjero, por lo que el Centro Legal de Campaña solicitó al Departamento de Justicia de Estados Unidos investigarlo[4].

  Otro hecho significativo en este caso deriva del despacho de abogados que representa a PDV USA en el litigio, a saber, Willkie Farr & Gallagher LLP una firma conocida por sus lazos con el chavismo a quienes a representó en múltiples oportunidades. Incluso, este bufete estaría ligado a la firma Sidley Austin LLP que participó en la defensa de los narcosobrinos. Y es que este y otros despachos que siguen actuando en la actualidad fueron seleccionadas por Judith Colbert para acosar a los empleados de la corporación que han denunciado fraude y corrupción interna en CITGO, de acuerdo a nuestras fuentes[5].

La comunicación

   Una comunicación fechada el 5 de octubre de 2020 desde la firma de abogados Willkie Farr & Gallangher LLP, suscrita por Jeffrey B. Korn, dirigida al juez John G. Koeltl, sobre el caso PDV USA Inc. contra Interamerican Consulting Inc., identificado con el número 20-cv-3699 (JGK), sostiene que la moción de desestimación de la demanda interpuesta por su cliente no prosperará al carecer de fundamento y sólo tiene como objetivo retrasar innecesariamente el proceso judicial.

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   Le refiere Korn al magistrado Köeltl, que su despacho de abogados representa a PDV USA Inc. en el proceso emprendido contra Interamerican Consulting Inc., una empresa registrada en el estado de la Florida por el ex congresista estadounidense, David Rivera, la cual cuenta con apenas un empleado, a saber, la hermana del propietario.

  Seguidamente, hace un recuento de los hechos que llevaron a PDVS USA a demandar a la empresa de Rivera y, en tal sentido, refiere que el 21 de marzo de 2017, su cliente contrató a Interamerican, la cual debía prestar “servicios de consultoría estratégica” por tres meses “a cambio de la asombrosa cantidad de $ 50 millones”. Le correspondía a Interamerican ayudar a la empresa matriz última de PDV USA, es decir, a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), controlada por el régimen de Nicolás Maduro.

 Debía Interamerican, según indica la comunicación que cita partes del acuerdo entre las dos partes, desarrollar una estrategia para “informar a los formuladores de políticas y líderes de opinión sobre las iniciativas del CLIENTE”; “Reforzar la posición del CLIENTE entre importantes funcionarios públicos y líderes de opinión”; y "mejorar la reputación a largo plazo y la posición del CLIENTE" con "partes interesadas específicas" e (2) "identificar oportunidades para construir relaciones a largo plazo entre terceros clave, líderes de opinión y funcionarios públicos".

  Estos servicios que debían prestarse "a satisfacción exclusiva de PDV USA", incluían la elaboración de informes quincenales “detallando las actividades que han llevado a cabo durante ese período”, así como un informe final “incluyendo recomendaciones para el monitoreo y seguimiento de las estrategias implementadas” y, finalmente, “documentación de respaldo” y “detalles adecuados y completos de los Servicios prestados” que se anexarían a cada factura presentada.

 Destaca Jeffrey B. Korn ante el juez Köeltl, que pese a haber cancelado PDV USA Inc. a Interamerican, la cantidad de USD 15 millones entre el 21 de marzo de 2017 y el 18 de abril de 2017, la demandada no cumplió con lo convenido en el acuerdo y no completó ningún servicio a satisfacción de PDV USA. Agrega que tampoco los informes prometidos "detallaron [] las actividades" realizadas, como se requería, ni junto a las facturas enviadas se adjuntaron los documentos de respaldo o los detalles de los servicios.

  Subraya, por tanto, Korn, que PDV USA se negó a seguir pagando a Interamerican, más allá de los USD 15 millones pagados “sin recibir nada a cambio”.

  Informa al juez que el 5 de octubre de 2017, PDV USA procuró ceder los derechos del acuerdo a PDVSA, pero Interamerican se negó a dar su consentimiento y durante años insistió en que PDV USA estaba obligada por los términos del Acuerdo.

Interamerican sin fundamento

  Luego de narrar los antecedentes de la demanda, Jeffrey B. Korn argumentó ante el juez las razones por las que estima que Interamerican no tiene fundamento para haber solicitado el 27 de septiembre de 2020 la desestimación de la acción emprendida por PDV USA Inc.

  Se remite a lo expuesto por Interamerican, que señaló en primer término que PDV USA carece de legitimación para hacer cumplir el contrato como resultado de la cesión, cuando el propio demandado olvida que no consintió la misma y, durante años, ha dicho que esta no era válida y que la petrolera estaba está obligada por el acuerdo.

  Cita un correo electrónico enviado por David Rivera 4 de febrero de 2019, donde advirtió que Interamerican Consulting nunca estuvo de acuerdo ni consintió en ninguna cesión del contrato de PDV USA a PDVSA, habiendo sido rechazada cualquier sugerencia de reasignación del contrato. En la comunicación Rivera refirió que su asesor legal revisó el asunto y concluyó de manera indiscutible y categórica que cualquier asignación de PDV USA a PDVSA era una decisión unilateral arreglada las petroleras. Indicó que, bajo la ley de contratos de Nueva York, PDV USA de ninguna manera queda eximida de sus obligaciones contractuales con Interamerican Consulting.

  En segundo lugar, el representante legal de PDV USA alertó que lo sostenido por Interamerican de que la demanda no alegó adecuadamente una reclamación por incumplimiento de contrato también fracasa. Jeffrey B. Korn se remite a la jurisprudencia que ha dejado establecido que “Para presentar una reclamación viable por incumplimiento de contrato, una queja solo necesita alegar (1) la existencia de un acuerdo, (2) el cumplimiento adecuado del contrato por parte del demandante, (3) el incumplimiento del contrato por parte del demandado y (4) daños", lo cual ha cumplido PDV USA.

  El juez asevera que la demanda interpuesta contra Interamerican alega la existencia del acuerdo y cada una de las disposiciones que la demandada violó; que PDV USA cumplió adecuadamente con el contrato, específicamente pagando a Interamerican USD 15 millones; que el demandado violó el acuerdo al no proporcionar los servicios requeridos, ni producir la cantidad requerida de informes con el nivel de detalle requerido; como tampoco proporcionar detalles de los servicios prestados en facturas y documentación de respaldo. Respecto a los daños causados, el abogado recuerda el pago de USD 15 millones por el cual no recibió nada a cambio.

  En tercer lugar, Jeffrey B. Korn le expone al juez Köeltl que PDV USA no ha renunciado a su reclamo por incumplimiento de contrato, pues nunca manifestó que recibió los servicios y, mucho menos, a su entera satisfacción. Por el contrario, indica, la demandante alegó repetidamente que la demandada no cumplió con el contrato y que "no está satisfecho con los servicios de Interamerican".

  Finalmente, recordó unas declaraciones públicas de David Rivera a la prensa en las cuales remitió a los periodistas que le consultaron sobre el incumplimiento de contrato reclamado por PDV USA, este dijo: "pregunten a los muchachos de CITGO 6", es decir a los ejecutivos de CITGO Petroleum Corporation detenidos por el régimen de Nicolás Maduro quienes, según el excongresista, “Manejaron toda esa operación, incluido todo el dinero, en coordinación con la oposición venezolana (…) Eso es todo lo que sé".

  También Korn le refiere al juez otras declaraciones de Rivera en las que dijo: "Todos esos fondos fueron a la oposición para las protestas contra Maduro en el verano de 2017. Nunca vi un centavo".

  En tal sentido el abogado del demandante considera que con estas afirmaciones David Rivera admitió que Interamerican no brindó ni tuvo la intención de brindar ningún "servicio de consultoría estratégica" a PDV USA (o PDVSA) como lo exige el acuerdo.

Citas

[1] Venezuela Política. “Se agota el tiempo para que David Rivera responda a demanda de PDV USA por incumplimiento de contrato de cabildeo a favor de Nicolás Maduro”. 21 de septiembre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/09/se-agota-el-tiempo-para-que-david.html

[2] Venezuela Política. “Piden a un juez de NY desestimar demanda de PDV USA (CITGO) contra consultora del excongresista David Rivera”. 28 de septiembre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/09/piden-un-juez-de-ny-desestimar-demanda.html

[3] Venezuela Política. “CITGO pagó a David Rivera los $15 millones para cabildear a favor de PDVSA (Nicolás Maduro) en los EE. UU.”. 15 de mayo de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/05/exclusiva-citgo-pago-david-rivera-los.html

[4] Venezuela Política. “Piden investigar al ex-representante David Rivera por posible violación de ley FARA”. 11 de junio de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/06/piden-investigar-al-ex-representante.html

[5] Venezuela Política. “Lo que hay detrás de los corruptos contratos de CITGO con el excontratista David Rivera”. 24 de junio de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/06/lo-que-hay-detras-de-los-corruptos.html

Piden a un juez de NY desestimar demanda de PDV USA (CITGO) contra consultora del excongresista David Rivera

Por Maibort Petit

   Los abogados de Interamerican Consulting, Inc., una empresa del ex-parlamentario republicano por el estado de la Florida, David Rivera solicitó ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York que desestime la demanda interpuesta en su contra por PDV USA alegando incumplimiento de un contrato de consultoría que buscaba supuestamente para mejorar la imagen de PDVSA y del régimen de Nicolás Maduro ante el gobierno de Estados Unidos.

  En una carta enviada al juez John G. Koeltl por parte de la abogado de Interamerican Consulting Inc, Kathryn Lee Boyd, se solicita una conferencia previa a la moción para desestimar la demanda de PDV USA porque la misma "carece de legitimación y no presenta un reclamo por incumplimiento de contrato que sea plausible a primera vista".

   La demanda por incumplimiento de contrato  —interpuesta ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York por el escritorio jurídico de CITGO, Willkie Farr & Gallagher LLP, el 13 de mayo de 2020 busca que una empresa de maletín propiedad del  cubano-americano, David Rivera— devuelva al menos $15 millones (más intereses) por servicios 'de cabildeo' que no prestó y que estaban especificados en un contrato firmado por la firma registrada en la Florida con el régimen de Nicolás Maduro en 2017.

  De acuerdo a los argumentos de los abogados de Rivera,  "PDV USA carece de legitimación para hacer cumplir el contrato".

  Sostiene que un "reclamo por incumplimiento de acuerdo requiere hechos suficientes para demostrar la existencia de un contrato; el desempeño del demandante; el incumplimiento por parte del acusado; y daños resultantes del incumplimiento". 

  Según los representantes legales de la empresa de Rivera, la Demanda no alega adecuadamente los referidos elementos y en su lugar recita sin rodeos, “declaraciones concluyentes de que el acusado violó un contrato” sin establecer obligaciones específicas acordadas o cualquier hecho que demuestre que esas obligaciones no se cumplieron. 

  En los alegatos se señala que "la denuncia no cumple los términos del acuerdo porque el demandante, PDV USA (CITGO) no proporcionó el Acuerdo, lo que en sí mismo fue motivo de despido dada la conclusión".

  Como mínimo, el demandante debe "establecer los términos del acuerdo sobre el cual se basa la responsabilidad", advierten los abogados.

   Sostiene que la demanda de PDV USA está desprovista de los términos obligatorios que definan qué “servicios" Interamerican acordó brindar a PDVSA. 

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   La demanda dice que eran "servicios de consultoría estratégica", pero los abogados de Rivera dicen que no indica qué implicaron esos servicios. 

    También se refiere a la prestación de “apoyo en la planificación y ejecución de un plan estratégico” que Interamerican no proporcionó, sin ofrecer ninguna información sobre la naturaleza de dicho "apoyo" o cualquier "plan estratégico". 

     La defensa advirtió que a la fecha de vigencia de la cesión, [PDV USA] cede, vende, transfiere y entrega a [PDVSA] todos los derechos.  bajo el acuerdo." 

    Informan que van adjuntar en la moción el acuerdo para que el tribunal desestime la demanda porque podrán revisar los elementos del mismo, de tal manera que quede evidenciado las alegaciones inexactas establecidas en la Demanda.

          Sostienen que el contrato de consultoría tenía un plazo de 92 días, vigente a partir del 21 de marzo de 2017. El 5 de octubre de 2017, después de que finalizó el plazo del Acuerdo, PDV USA cedió, por escrito, todos sus derechos en el Contrato a Petróleos de Venezuela, S.A.

   En consecuencia, el PDV USA no puede presentar la demanda porque decidió los derechos a PDVSA.

   Entre otros aspectos se señala que la demanda no define ni “trabajo” o “significativo” bajo el Acuerdo. 

  La Demanda refiere que la empresa de Rivera debía “identificar oportunidades para construir relaciones a largo plazo entre terceros clave, líderes de opinión y funcionarios públicos”, sin especificar ninguna “oportunidad” ni quienes eran los“terceros claves, líderes de opinión y funcionarios públicos”.

    La representación legal de Rivera asegura que la demanda de PDV USA "está repleta de declaraciones erróneas de los términos reales del Acuerdo", llegando a establecer sin fundamento que el Demandante contrató a Interamerican para proporcionar servicios no en beneficio del firmante, el Demandante, sino de una entidad completamente diferente: PDVSA. 

 Alega falsamente que los supuestos “servicios” fueron “con el propósito de 'mejorar la reputación y el prestigio a largo plazo de PDVSA' en los Estados Unidos” y que “Se suponía que Interamerican debía desarrollar e implementar un plan estratégico para PDVSA”.  Los abogados de Interamerican sostiene que "el lenguaje sencillo del Acuerdo indica como partes únicamente PDV USA y la empresa. El Acuerdo no menciona a PDVSA".

  Advierten que PDVSA no es un beneficiario de ninguno de los servicios que proporcionará Interamerican. "El intento para referirse a material ajeno al Acuerdo para alegar derechos adeudados por Interamerican a PDVSA".

 La demanda que alega que Interamerican no cumplió con sus obligaciones contractuales no evidencia en qué falló la empresa, lo cual es fatal para una reclamación por incumplimiento de contrato, incluso si los otros elementos necesarios se alegan correctamente". 

 El demandante acordó pagar a Interamerican $ 50,000,000: un depósito inicial, cuotas y un pago final, sin embargo, los pagos vencieron durante la vigencia del Acuerdo. 

  El demandante no alega que hizo los pagos requeridos; sino todo lo contrario: que no pagó el dinero adeudado, es decir, el equivalente a “$ 35 millones que no se pagaron”. 

    La moción dice que la denuncia no alega ninguna infracción que pueda ser catalogada como un incumplimiento de contrato porque para ello se requiere "más que acusaciones genéricas de incumplimiento", como por ejemplo, no “entregar oportunamente los bienes necesarios de acuerdo con la calidad acordada”, no "compartir información relevante de inmediato o no “rendir cuentas adecuadamente” a un demandante. 

  La demanda no establece ningún hecho de que Interamerican no brindó “consultoría estratégica” o “asistencia en el desarrollo de estrategias para informar a los formuladores de políticas y líderes de opinión sobre las iniciativas y logros del cliente”, acota la defensa.

 En la Demanda se alega que "Según el Acuerdo, Interamerican debía proporcionar informes detallados del trabajo que haría para promover los intereses de PDVSA en los Estados Unidos" pero los abogados dicen  que PDVSA es una entidad designada en la lista del gobierno de EE. UU. y que las entidades estatales sujetas a sanciones". 

   Las acusaciones falsas que vinculan a Interamerican con PDVSA son incendiarias y no tienen fundamento y son falsas.

 Sostiene que alegar cualquier hecho de que Interamerican no ayudó en la “planificación y ejecución de un plan estratégico dirigido a las partes interesadas específicas”, otro término real del contrato. 

  La Demanda tampoco alega qué estrategias estaría desarrollando el “cliente” para las cuales Interamerican no ayudó. Además, la Demanda no alega la propia "planificación y ejecución de un plan estratégico dirigido a las partes interesadas" por parte del Demandante (es decir, del cliente) para lo cual Interamerican no ayudó.

 El Demandante alega que Interamerican de hecho proporcionó tanto servicios como informes relacionados con esos servicios. 

  La Demanda hace declaraciones concluyentes de que los informes incluían terminología "genérica", no describían los componentes de un "plan" y no eran "significativos". Sin embargo, no existe ningún requisito en el Acuerdo de que los informes utilicen una terminología particular, incluyan un nivel específico de detalle, describan un “trabajo significativo” o incluso estén escritos. Tales alegaciones no constituyen plausiblemente ninguna infracción.

 El demandante alega que "nunca expresó satisfacción con los servicios de Interamerican" y "más de tres años después", no es que retuviera la satisfacción. La afirmación desnuda del demandante es concluyente, irrazonable y de mala fe.

La denuncia no alega daños

   Los daños en una acción por incumplimiento de contrato deben ser "atribuibles al incumplimiento" pero la Demanda carece de hechos que establezcan la naturaleza del daño o cómo fue supuestamente causado por Interamerican. 

  El demandante renunció a cualquier reclamo contractual “Cuando una de las partes cumple un contrato y la otra parte acepta ese desempeño, sin objeciones, se asume que el desempeño fue según lo contemplado por el acuerdo." 

  El demandante admite que recibió "servicios" y en ninguna parte se alega que estaba insatisfecho con el desempeño de Interamerican. Por lo tanto, renunció a cualquier reclamo de que Interamerican violó el Acuerdo al no cumplir bajo la ley de Nueva York  sin incumplimiento la parte puede optar por seguir cumpliendo el contrato. 

   El demandante también alega "indemnización", sin embargo, la supuesta cláusula de "indemnización" del Acuerdo no deja al Demandante indemne contra reclamos de terceros. En cambio, el lenguaje citado en la Demanda es una simple disposición de cambio de tarifas. 

  Un reclamo por los honorarios de los abogados no es una causa de acción separada en Nueva York.

Rivera dice que el dinero lo usó Leopoldo López

  Rivera aseguró que él nunca acordaría trabajar para Maduro y que cuando decidió hacer el acuerdo con PDV USA lo hizo con gente de la oposición controlada por Leopoldo López.  

Se agota el tiempo para que David Rivera responda a demanda de PDV USA por incumplimiento de contrato de cabildeo a favor de Nicolás Maduro

Por Maibort Petit

  El juez de Nueva York, John G. Köetl otorgó a los abogados del ex-congresista, David Rivera, hasta el 30 de septiembre de 2020 para que responda a la demanda incoada en contra de una empresa de maletín de su propiedad, Interamerican Consulting Inc, que pretende recuperar USD15 millones pagados por el servicio de un contrato fraudulento que entregó PDV USA a la firma para que realizara labores de cabildeo para el régimen de Nicolás Maduro, cuyo trabajo no realizó. 

  Rivera tardó meses en responder ante la corte, a la demanda que fue introducida el 13 de mayo de 2020 y que debía ser respondida antes del 5 de agosto (12 de agosto según los abogados). 

 Los presentantes de Rivera dijeron al juez que habían conversado con los abogados de CITGO, PDV USA y se llegó a un acuerdo para que la defensa pidiera un lapso hasta el 30 de septiembre para dar respuesta a la querella.

 La defensa de Interamerican Consulting Inc, está representada por Kathryn Lee Boyd de Hecht Partners LLC.

  La  demanda por incumplimiento de contrato  fue interpuesta ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York por el escritorio jurídico de CITGO, Willkie Farr & Gallagher LLP que representa a una de las empresas asociadas  PDV USA busca que Interamerican Consulting Inc,  devuelva al menos $15 millones (más intereses) por servicios 'de cabildeo' que no prestó y que estaban especificados en un contrato firmado por empresa registrada en la Florida con el régimen de Nicolás Maduro en 2017.  

   Las tres facturas "por servicios profesionales" eran por el monto de $5 millones cada una, para un total de $15 millones, y "se pagó por una orden de arriba". Para ese momento, José Pereira (actualmente bajo arresto en Venezuela, acusado por delitos de corrupción) era el vicepresidente de Finanzas y fue quien ordenó a Gina Coon (actual Tesorera) que pagara la cuenta porque era una orden del CEO de CITGO, Nelson  Martínez (fallecido en custodia del Estado venezolano en diciembre de 2018). El jefe de Servicio de Compliance era Rick Esser. 

 CITGO pagó las facturas a la empresa del excongresista David Rivera, y "todos aquellos que se quejaron fueron removidos de sus puestos de trabajo". La aprobación de los pagos de $15 millones violó todas las reglas de la empresa y es una razón suficiente para que haya sanciones legales. 

  Los récords muestran que CITGO emitió 3 pagos de $5 millones cada uno; las transferencias bancarias se hicieron a la cuenta de David Rivera (Interamerican Consulting) se enviaron en 3/24/2017; 04/10/2017 y 04/19/2017. Es decir se pagaron $15 millones en menos de cuatro semanas (27 días),  "por lo que se evidenció que había una intención corrupta de sacar $50 millones de CITGO de una manera expedita", comentó una fuente vinculada al caso, quien agregó que con la aprobación de dichas operaciones por parte de CITGO, "José Pereira y Gina Coon violaron todos los controles de revisión y autorización con este contrato y sus facturas relacionadas".

   El Departamento de Justicia de los Estados Unidos investiga esta operación —entre otras que se cometieron durante la presidencia de Nelson Martínez— para favorecer al régimen de Nicolás Maduro.

Piden investigar al ex-representante David Rivera por posible violación de ley FARA

Por Maibort Petit

@maibortpetit

    El Centro Legal de Campaña solicitó al Departamento de Justicia de Estados Unidos investigar al ex-representante de la Florida, David Rivera por una posible violación de la Ley de Registros de Agentes Extranjeros (FARA). Rivera, a través de su empresa Interamerican Consulting Inc, habría prestado servicios de cabildeo a la petrolera venezolana PDVSA, controlada por el régimen de Nicolás Maduro, sin cumplir con el requerimiento de registrarse como agente para trabajar a favor de un gobierno foráneo.

   Rivera firmó un contrato por $50 millones para cabildear a favor de Petróleos de Venezuela, S.A, ante las instituciones del gobierno y del congreso estadounidense.

   Kedric L. Payne, Consejero General y Director Senior, Ética del Centro legal de Campaña envió una solicitud formal para la apertura de la investigación contra Rivera al Fiscal General Adjunto de Seguridad Nacional Departamento de Justicia, [División de Seguridad Nacional, Unidad FARA], John C. Demers. 

   En la misiva, Payne señala que hay una presunta violación por parte de Rivera "porque los servicios incluyeron informar a los responsables políticos y líderes de opinión con respecto a las iniciativas y logros de PDVSA”, acciones que corresponde a las empresas de lobby.

  Rivera se comprometió en el contrato a reforzar un mejor posicionamiento entre importantes funcionarios públicos y líderes de opinión con el objetivo de mejorar a largo plazo "la reputación" de PDVSA y su "prestigio" con los "interesados ​​directos".

  "El hecho de que el ex-representante Rivera no se registre, socava uno de los propósitos declarados por el Departamento de Justicia  en la ley FARA para "ayudar a proteger la integridad de la democracia estadounidense mediante la lucha encubierta influencia del gobierno extranjero en nuestro proceso político", dice la carta. 

  Recuerdan que la democracia de los Estados Unidos es más vulnerable a la interferencia extranjera si se permite a los ex funcionarios de los EE. UU. "presionar en secreto por entidades gubernamentales extranjeras, mientras que el público permanece en la oscuridad sobre cómo los gobiernos extranjeros y sus agentes intentan influir en los estadounidenses política y derecho". 

   El hecho de que el Representante Rivera no se registre amerita una investigación, ya que la Ley FARA requiere que las personas que acuerden actuar como agentes de directores extranjeros deben registrarse con el Departamento de Justicia.

   Agrega que una persona se convierte en un "agente de un director extranjero" si, bajo la dirección o control del principal extranjero, acuerdan participar en: 1) En actividades políticas para los intereses de dicho principal extranjero; 2) Para actuar como un abogado de relaciones públicas; 3) Consultor político para o en interés de dicho principal extranjero; 4) Representar los intereses de dicho principal extranjero ante cualquier agencia u oficial de el gobierno de los Estados Unidos.

 
 Destaca que la FARA define como "actividades políticas" cualquier acción que la persona que participa cree que hará con la intención de influir de alguna manera en cualquier agencia u oficial del Gobierno de los Estados Unidos o cualquier sección del público dentro de los Estados Unidos con referencia a la formulación, adopción o cambio de una política o relación con un gobierno extranjero.

Rivera como consultor

  Sostiene que el ex-representante Rivera acordó realizar "Servicios de consultoría estratégica" para la petrolera estatal de Venezuela. El 13 de mayo de 2020, PDVSA USA, la subsidiaria de propiedad total de PDVSA, presentó una demanda en una corte federal contra la firma consultora de  Rivera, Interamericana Consulting Inc. por incumplimiento de contrato.

 Según la demanda, el 21 de marzo de 2017, PDV USA (bajo la dirección de PDVSA)" firmó un contrato con Interamerican, para proporcionar "Servicios de consultoría estratégica para mejorar la reputación y la posición de PDVSA". 

 En el momento de la firma del contrato, PDVSA estaba controlada por el régimen de Nicolás Maduro. 

  Resulta llamativo que la empresa contratada por PDVSA sólo tiene dos empleados, Rivera y su hermana, Diana Rivera McKenzie. Adicionalmente, la dirección principal del negocio es la casa del representante.

  La comunicación sostiene que Rivera afirmó en informes contractualmente requeridos que los servicios prestados incluían contactos con "importantes formuladores de políticas y líderes de opinión en los Estados Unidos, Funcionarios públicos clave, partes interesadas objetivo, y partes interesadas del sector público y sector privado", por lo cual Rivera probablemente violó a FARA al no registrarse como Agente extranjero en nombre de PDVSA.

  Asegura que Rivera debería haberse registrado como agente extranjero porque aceptó realizar actividades políticas, servir como asesor de relaciones públicas y actuar como político consultor para un director extranjero para PDVSA que es una empresa controlada por un gobierno.

   Aunque "Rivera fue pagado por la subsidiaria estadounidense de PDVSA, la evidencia sugiere que él entendió que estaba realizando sus servicios de consultoría para para un gobierno extranjero", acota. 

   El trabajo de consultoría estaba bajo la dirección o control de PDVSA, una empresa estatal venezolana y un director extranjero para fines de FARA.

   El trabajo de consultoría que, según la denuncia, el Representante Rivera acordó proporcionar abarca los tipos de actividades que requieren registro bajo FARA.

 El acuerdo de Rivera lo caracteriza como un "consultor político" al servicio de PDVSA para lo cual debía estar registrado de acuerdo a la ley FARA.