Juicio de Ali Sadr Hasheminejad: Un error de PDVSA en un pagó a la empresa del iraní alertó a las autoridades sobre la presunta violación de las sanciones de EE. UU. contra Irán

    En este juicio el poder del dinero se siente. Hay en escena media docena de los mejores abogados litigantes del país acompañados de paralegales, asistentes y expertos que evalúan cada palabra pronunciada por los testigos de la fiscalía para demolerlos en los contrainterrogatorios. La jueza, Alison Nathan es acuciosa, determinante y evita que haya atropellos entre las partes. El esquema de violación de las sanciones que el gobierno de los Estados Unidos impuso a Irán, y los mecanismos de lavado de dinero de este caso no son muy diferentes a otros que han sido juzgados previamente y que he tenido oportunidad de cubrir. En este —en particular— la diferencia es el despliegue exuberante de recursos. En la audiencia del viernes 6 de marzo, se pudo apreciar al acusado sonriente, 'triunfador' cuando su defensor puso contra las cuerdas al testigo experto en sanciones del Citibank, uno de los bancos víctimas de esta trama, según la fiscalía. A continuación les cuento parte de la jornada del proceso que se desarrolla en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

  Era la quinta audiencia del juicio. Los diligentes abogados de Ali Sadr Hasheminejad estaban organizados para empezar la jornada. Los fiscales federales dispusieron a dos testigos para el día que representaban a los dos bancos víctimas del esquema de lavado de dinero, fraude bancario y violación de las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra la República Islámica de Irán, cargos por los cuales es procesado el millonario empresario, cuyo padre es el dueño de un gran emporio de empresas de construcción e infraestructura, Stratus International Group Holding, que —según la fiscalía y los testigos— ha recibido contratos millonarios para la reconstrucción de la infraestructura de Irán, desde que concluyó a la guerra con Irak. 

  Ali Sadr Hasheminejad y su familia trabajaron para el régimen de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro a través de la empresa Iranian International Housing Co., ejecutando un contrato para supuestamente construir 12 mil viviendas financiadas por PDVSA a través de Ducolsa. El proyecto formó parte de los acuerdos firmados por la República Bolivariana de Venezuela y la República Islámica de Irán acordados en 2006, en el cual se incluyó un convenio para el Desarrollo Habitacional Nueva Ciudad Fabricio Ojeda, ubicado en el municipio Lagunillas del estado Zulia. Hugo Chávez Frías y el presidente iraní para la época, Mahmoud Ahmadineyad, contrataron a la empresa de los Sadr, IIHC, para lo cual previeron un presupuesto de US.475,734,000,00. Por años todo el proceso se desarrolló 'sin inconvenientes' con la justicia, hasta que en 2013 y 2014, un error en unas órdenes de pago que PDVSA envió a sus bancos en Nueva York, JP Morgan Chase y Citibank, en las cuales colocaron el nombre de la empresa como beneficiaria [Iranian International Housing Company (IIHC)] .
La palabra "iranian" prendió las alarmas y las transacciones fueron bloqueadas y reportadas por los bancos a la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro (OFAC), a la unidad que se encarga de investigar las violaciones de las sanciones estadounidenses. 'Las palabras "Irán" o "iranian" son tóxicas', dijo la defensa y por ello, Ali Sadr registró empresas en otros países, compró la nacionalidad de San Cristóbal y Nieves (junto a su padre y hermanas), y abrió cuentas en un banco suizo. Todas éstas acciones le permitirían obviar las alertas de las autoridades y escapar de las sanciones que por 40 años EE. UU. ha impuesto contra Irán, buscando que haya un cambio de conducta en el régimen encabezado por el líder Supremo, el ayatolá, Alí Jamenei. 

   Entre las cientos de comunicaciones que los fiscales mostraron al jurado a lo largo de la jornada —con el objetivo de demostrar, más allá de la duda razonable que Ali Sadr es culpable de los seis cargos que se le imputan— nos llamó la atención que en varios de los correos enviados en julio de 2010, se menciona —en varias oportunidades— al millonario argentino Diego Marynberg —señalado de ser uno de los hombres que ayuda al régimen de Maduro a mover capitales por el mundo— y las empresas Mercantil Valores Uruguay, Pinnacle Investment SA de Venezuela y Finanzas S.A. de Suiza.  

  Debido a los problemas que tenían con la empresa que aparecía originalmente en el contrato con los regímenes de Irán y Venezuela era Iranian International Housing Company (IIHC) —y la palabra Iranian es objeto de alarmas a las autoridades financieras— Ali Sadr y su padre Mohammad Sadr Hasheminejad decidieron registrar dos firmas para sacudirse ese problema: Straturk International JS en Istambul, Turquía y Clarity Trade en Suiza. ¡Asunto arreglado¡

  Asimismo, los Sadr abrieron una cuenta en el banco helvético Hyposwiss Private Bank AG. para lo cual, padre e hijo usaron los pasaportes que compraron en la isla del Caribe, San Cristóbal y Nieves y una dirección de residencia en Dubai. Con esos 'elementos' desaparecían los problemas con las autoridades estadounidenses, y ponían fin a los miedos que había generado en el acusado y a su familia la posibilidad que fueran a ser enjuiciados por mover el dinero a través del sistema financiero norteamericano, rompiendo las reglas establecidas desde 1979 y reforzadas por varias órdenes ejecutivas hasta la actualidad.

Fiscales pueden concluir con la presentación de testigos

  Este lunes, 9 de marzo, se espera que la Fiscalía de los Estados Unidos concluya con la lista de testigos para probar el caso contra  Ali Sadr Hasheminejad.

 El domingo 8 de marzo, la fiscalía sometió a consideración de la corte varias mociones que buscan  excluir a dos testigos expertos que la defensa de Hasheminejad propuso para ser presentados al jurado el martes. La fiscalía sostiene que uno de los candidatos a testificar es Trita Parsi, ex presidente y fundador del National Iranian American Council, una organización sin fines de lucro "dedicada a fortalecer la voz de los estadounidenses iraníes y promover una mayor comprensión entre el pueblo estadounidense e iraní".

   Los fiscales sostiene que Parsi no cumple con los requerimientos de la ley para ser testigo y por tanto carece de legitimidad para discutir el concepto de "eliminación del riesgo". 

 Los documentos de la fiscalía señalan que Parsi "nunca ha trabajado para un banco o en cumplimiento bancario, ni había publicado ningún artículo ni llevado a cabo ningún estudio científico sobre cómo eliminar riesgos". 

 La defensa de Sadr Hasheminejad asegura que la supuesta experiencia de Parsi en "eliminar riesgos" viene de la experiencia que éste ha acumulado durante los años en los que ha participado en discusiones personales con iraníes-estadounidenses.

  Los fiscales aseguran que Parsi sólo puede referirse a un asunto técnico que requiere conocimiento basándose en sus anécdotas, lo cual obviamente le resta veracidad, y es contrario a lo que establecen las leyes para calificar a alguien de experto.

  Otro de los testigos de la defensa que fue rechazado por la fiscalía es el  abogado del bufete Crowell Moring, Robert Burns, ya que de acuerdo al gobierno Burn nunca ha trabajado en bancos, o en departamentos de cumplimiento bancario, y no cumple con los requisitos para calificar como experto en "reducción de riesgos" de acuerdo a las normas de la corte.

Evidencias que generan problemas

 En la audiencia de este lunes 9 de marzo se discutirán los problemas que han surgido con una evidencia presentada por la fiscalía, y que no formaba parte del material 3500 que los acusadores deben entregar a la defensa antes de juicio. Se trata de la pieza marcada como GX 411 que corresponde a una comunicación sobre una divulgación voluntaria que el Banco-1 realizó a OFAC después de liquidar un pago de una entidad afiliada con PDVSA en Venezuela a favor de Stratus International Contracting, que fue una de los entidades  usadas por Ali Sadr para  recibir los pagos en nombre del IIHC. El correo tiene fecha del 16 de junio de 2011 y en banco señala que había procesado el Pago el 4 de abril de 2011, pero que lo marcó como posible lavado de dinero después de las acciones ocurridas, el 20 de abril de 2011. 

El banco había alertado que luego se una investigación se supo que “Stratus se fundó en 1978 en Teherán, Irán; Stratus International se especializa en proporcionar servicios de contratación para proyectos de infraestructura tales como carreteras, ferrocarriles, presas, túneles, aeropuertos y edificios; Stratus está trabajando actualmente en un Proyecto de Desarrollo de Viviendas de la Unidad de Apartamentos 7000 "Nuevo Ojeda" en Venezuela". 

Asimismo, se reveló en la comunicación de la fiscalía que el 12 de mayo de 2011, el Banco-1 recibió una respuesta a su consulta al banco remitente, indicando, en suma y sustancia, que la dirección de Stratus se encuentra en Turquía, está registrada en Turquía, se encuentra en construcción, entre otros lugares, Venezuela, y el pago fue por la "construcción de un proyecto de 7000 unidades de apartamentos" en Venezuela. Bank-1 concluyó que "Aunque Stratus no figura como SDN, y el pago no indica ninguna participación directa de Irán o con Irán, debido a la información contradictoria entre el sitio web y la respuesta enviada por el banco en Caracas, considera apropiado compartir esta información con OFAC ya que Stratus puede ser una compañía iraní. 

La discusión sobre este tema, que es clave en el caso se dará durante la audiencia de hoy. 

Seguiremos informando.

Cuando Maduro llegó al poder hubo cambios en el contrato de la empresa iraní que construyó viviendas en Venezuela, conoce todos los detalles en esta entrega

   Ali Sadr Hasheminejad luce risueño y muy confiado en su propio juicio. En la audiencia de este miércoles, estaba acompañado por su esposa, su madre, dos hermanas y su enorme equipo de abogados. También estuvo en la sala un hombre joven que fue recibido con mucho cariño por Ali Sadr, acusado de haber violado las sanciones impuestas por Estados Unidos a Irán, y de haber creado, junto a su padre, un complejo esquema de lavado de dinero proveniente de un contrato de construcción de viviendas del gobierno venezolano, entre los años de 2006 hasta 2014. Este caso es impresionante. En la medida que los fiscales van mostrando las voluminosas evidencias, se va armando un rompecabezas que no sólo revela la corrupción y el saqueo a las arcas del tesoro venezolano sino también el lado oscuro, casi inaccesible, de los convenios bilaterales firmados por Hugo Chávez y el entonces presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad cuyos contenidos y alcances permanecen  ocultos  para los venezolanos. A continuación les sigo contando la historia de un enorme entramado de lavado de dinero protagonizado por un iraní que quiso esconder su identidad para hacer negocios libremente por el mundo, violando con ello las sanciones impuestas por EE. UU. a Irán.

Por Maibort Petit

@maibortpetit

   En el tercer día del juicio contra Ali Sadr Hasheminejad se continúo con el interrogatorio de quien fuera uno de los principales ejecutivos de Stratus International Holding Group, Farshid Kazerani, un ciudadano iraní que reside en la ciudad de Seattle, en el estado de Washington.  Kazerani fue obligado a testificar contra Sadr por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Recibió una orden de la Corte del Distrito Sur de Nueva York luego de los trámites hechos por los fiscales federales. Durante su testimonio— hecho en farsi— el hombre explicó cómo llegó a trabajar en la empresa del padre de Ali Sadr, Mohammad Sadr Hasheminejad por 21 años y aclaró que nunca tuvo problemas con sus antiguos empleadores y que por ley estaba obligado a contar frente al jurado su experiencia laboral con el acusado y con el conglomerado de sus empresas.

   Kazerani dijo que conoció el proyecto de viviendas del gobierno de Venezuela en 2009. Inicialmente, era para construir una ciudad con 7 mil residenciales a través de la empresa del emporio Sadr, Iranian International Housing Company (IIHC) que tenía un acuerdo con el gobierno de la República Islámica de Irán y con la administración de Hugo Chávez Frías. Al plan original se e agregaron 5 mil unidades adicionales que sumaban un total 12 mil residencias. El testigo dijo que él trabajaba desde Teherán para Stratus International Holding Group que es el emporio que abarca todas las empresas de la familia Sadr Hasheminejad.

Un enorme volumen de evidencias

   Durante la jornada se mostraron varios correos electrónicos que dejaban claro que el acusado, Ali Sadr Hasheminejad ejercía funciones en el llamado Proyecto Venezuela. Uno de los correos —relativo a una reunión que hubo el 2 de mayo de 2009— daba detalles del sistema de financiamiento que se requería para ejecutar el ambicioso proyecto que contaba con el apoyo del  principal banco del gobierno de Irán. El tema fue discutido por el consejo directivo que inicialmente era de 7 miembros y luego pasó a tener 9, incluyendo a Ali Sadr. 

   Se lee en las comunicaciones que la presentación del proyecto incluyó una ceremonia con el presidente venezolano Hugo Chávez y el iraní, Mahmoud Ahmadinejad en Caracas en el cual se daría a conocer el terreno.

    La fiscalía insistió en preguntar sí el acusado, Ali Sadr, y su padre, Mohammad Sadr Hasheminejad habían sido perseguidos por el gobierno de Ahmadinejad, a lo cual el testigo dijo "no" repetidamente. El hombre aclaró que las empresas de esa familia hicieron muchos proyectos gubernamentales de infraestructura,  y que el grupo Stratus pasó a ser cliente del gobierno iraní.

     Comentó que el proyecto de construcción de Nueva ciudad Ojeda en la Costa Oriental del Lago fue patrocinado y presentado por el mismo presidente Mahmoud Ahmadinejad, quien —personalmente— diligenciaba con su homólogo Hugo Chávez, los problemas en el proceso de ejecución del mismo o el tema logística.

      Fashid Kazerani se refirió que en un período de desarrollo del proyecto, recibió una comunicación que le informaba que el gobierno de Venezuela no tenía suficientes fondos para pagar las facturas pendientes de IIHC por el trabajo que había realizado hasta la fecha, debido entre otras cosas al cambio de autoridades en Venezuela ocurrido en 2013. Entonces el grupo empresarial  evaluó la decisión de suspender el proyecto porque pensaban que los problemas no se podían resolver, y que el proyecto se iba a retrasar. Fue entonces cuando ocurrió una reunión  en Teherán donde se revisó el contrato y se hizo un addendum. 

       Dijo el testigo que algunos de los pagos debían hacerse en bolívares, que es una moneda débil cuyo valor se deteriora a diario. "Venezuela había previsto pagar en dólares en la primera instancia de la firma del contrato, pero las circunstancias cambiaron". Sostuvo que para la época los abogados de Stratus International Contracting Company —empresa del mismo grupo desarrollador— estaban preocupados constantemente por el tema de la violación de las sanciones que Estados Unidos había impuesto a Irán. Ante este obstáculo se planteó cambiar el nombre a la empresa para borrar la palabra "Irán" del proyecto, de los documentos, del contrato.

La poderosa defensa contra ataca

     Uno de los abogados de Ali Sadr, Reid H. Weingarden, preguntó a Fashid Kazerani si sabía si la primera parte del proyecto Venezuela había sido pagado en euros. El hombre respondió "No estoy seguro". 

        

          Weingarden le interrogó si consideraba que el pago que le había hecho Sadr por sus servicios profesionales pagados luego de su renuncia al emporio empresarial desde una cuenta de la empresa Straturk en Turquía a su cuenta del Bank of America en Estados Unidos violaban las sanciones. Una vez más el testigo dijo:"no".

Más comunicaciones entre IIHC, Stratus y PDVSA - Ducolsa

  Un paralegal que trabaja para la Fiscalía subió al estrado para testificar sobre una enorme cantidad de correos electrónicos comprometedores. Matthew Nelson leyó, de manera parsimoniosa, los correos puesto a la vista del jurado. Había muchos datos dispersos en esas comunicaciones. Uno correo dirigido a Ali Sadr —fechado el 7 de junio de 2009— decía que el contrato Venezuela establecía que el pago inicial de 30%, equivalente a $115 millones se debía concretar en octubre de 2008, pero debido a los problemas que se habían presentado con la forma de los pagos desde Venezuela a Irán se había retrasado.

    Otro correo decía que había 107 trabajadores venezolanos en el proyecto y 6 ejecutivos. En una comunicación aparecía  una hoja de auditoría en la que destacaba una lista que decía: "83 venezolanos,  65 iraníes, 2 turcos y 1 británico para un total de 151". El correo refería que la auditoría estaba bajo la responsabilidad de la ingeniero, Yusmila de Nicolo, de PDVSA con una copia a Emilia Ruza y Virginia Mares, gerente  regional encargada, Región Occidental Ducolsa, PDVSA.

   En una de las comunicaciones,  Ali Sadr le informaba a su padre sobre un reporte que explicaba lo ocurrido en una reunión realizada el 17 de diciembre de 2011, a la que acudieron el Embajador de Irán en Venezuela, Abdolreza Mesri y el Ministro de Petróleo de Venezuela, Rafael Ramírez Carreño "para clarificar el proyecto". Agrega que "Mesri dijo que no acepta retraso".  Reseñaba que había preocupación ante la posibilidad que IIHC pudiera violar los convenios con el gobierno de Irán, con el Ministro de Infraestructura y con el Banco de Desarrollo Iraní, y los convenios bilaterales Irán-Venezuela que establecía que para diciembre 2011 se terminaran las 1760 unidades acordadas. Bahram Karini, que era el jefe del proyecto, dijo que "le escribió al presidente de Irán", dice el reporte.

 En otra comunicación se anunciaba que el 22 de junio de 2012,  los presidentes Hugo Chávez y Mahmoud Ahmadineyad harían una ceremonia para entregar 384 apartamentos. "Se recibieron órdenes del Ministro de Petróleo, Rafael Ramírez Carreño para evaluar lo realizado por Ducolsa e IIHC y la relación con PDVSA".

  El 25 de junio de 2012, se realizó una reunión en PDVSA, en la cual José Luis Parada Sánchez clarificó a IICH que los pagos se harían en Bolívares y dólares americanos (una parte se hará en dólares y la otra en moneda local bolívares). Asimismo se discutió sobre las maquinarias usadas para la construcción del proyecto.

  En otro correo electrónico de fecha 13 de junio de 2013, Sadr le explica a su padre que en un reporte del grupo decía que se había discutido con Parada los temas pendientes con los pagos, y que el Embajador le iba a enviar una carta al Ministro de Relaciones Exteriores, Elías Jaua Milano para que se discutiera con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro el tema del retraso del proyecto y sobre la decisión que debía tomarse "que era muy importante", ya que si se paraban las operaciones, la decisión iba a repercutir en la reputación de la empresa, y si se seguía, debían asumir los costos que derivan de la devaluación del bolívar y de la inflación en la compra de materiales. 

  Se hizo referencia al hecho que en Venezuela "habían cambiado los altos oficiales del gobierno, incluyendo al presidente". Dice que se había señalado que el 67 % del proyecto estaba completado, pero una evaluación posterior revelaba que los trabajos hechos correspondían sólo un 57 %. Advertían que para julio de 2014 se debían concluir 700 unidades. 

  Se aclaró además que un1 $ equivalía a 6.3 Bolívares, que el pago del 55% del contrato se haría en Bolívares y el 45% en dólares americanos. Todo esto luego de la reconsideración de los oficiales del gobierno iraníes.

  Otra comunicación que involucra a Sadr explicaba que se realizaría una reunión el 20 de febrero de 2014, entre funcionarios de Venezuela, Teherán e Istambul para discutir la agenda de trabajo pendiente.

  Se había discutido previamente "el 13 de febrero de 2014 lo relativo a la depreciación del bolívar", ya que había un pago de 1345 billones de bolívares, y un pago que correspondía a diciembre de 2013 por $20 mil, más uno de $240 mil que correspondía al pago de salarios de Mehr. 

  El 27 de junio de 2014 se le envió un reporte del proyecto a Sadr, en el que se informaba que se había aprobado un pago de $2,776,995.

Otro testigo se pone frente al jurado

  En horas de la tarde, subió al estrado el testigo número 4, Ted Kim, un alto oficial del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, experto en las sanciones impuestas por Estados Unidos a la República Islámica de Irán.

  Kim explicó al jurado el alcance de las sanciones, las diferentes Órdenes Ejecutivas, y las prohibiciones que las mismas imponen a los ciudadanos y entidades norteamericanas si se violan dichas regulaciones.

 Comentó que las sanciones buscan generar presión en los países donde se aplican para cambiar el comportamiento del gobierno. 

El jueves 5 de marzo continuará el testimonio de Kim.

  Ali Sadr Hasheminejad está acusado de trasladar $ 115 millones dólares estadounidenses de un proyecto de vivienda venezolano a través del sistema bancario estadounidense, y a través de compañías que la Fiscalía de los Estados Unidos acusa de estar vinculadas con el gobierno de Irán.

  Sadr Hasheminejad enfrenta seis delitos federales, entre los que se incluyen el incumplimiento de las sanciones estadounidenses contra Irán, el lavado de dinero y el fraude bancario.

  La fiscalía asegura que Ali Sadr Hasheminejad usó mecanismos fraudulentos para disfrazar su identidad iraní, comprando la ciudadanía de San Cristóbal y Nieves, para evitar las sanciones estadounidenses.

“Debido a las serias amenazas que Irán planteó contra Estados Unidos, se impusieron sanciones. Prácticamente todos los negocios relacionados con Irán están prohibidos. El acusado sabía de estas sanciones. Incluso vivió aquí en los Estados Unidos por un tiempo y decidió violar las reglas".

  La fiscalía afirma que la familia Sadr Hasheminejad llegó a un acuerdo con el gobierno de Irán y el de Venezuela para construir un proyecto de vivienda en el estado Zulia por un monto de $ 500 millones,  y  estableció empresas en Turquía, Suiza y otros países, utilizando una dirección de Dubai para esconderse, y abrió cuentas bancarias suizas para poder ocultar sus conexiones iraníes y recibir el pago en dólares estadounidenses.

  “El esquema funcionó por un tiempo. El acusado recibió copias de cartas enviadas a Venezuela para pagar las facturas a través de las compañías que había establecido para ese fin. En los años 2013-2014, tuvo problemas porque el gobierno venezolano no estaban pagando”, dijo la fiscal Stephanie L. Lake, quien en nombre del gobierno acusó a Ali Sadr Hasheminejad de planear el crimen por el cual está acusado de seis delitos federales, incluyendo incumplimiento de sanciones, lavado de dinero y fraude bancario.

  Lake dijo al jurado que los correos electrónicos de Sadr Hasheminejad revelarán "sus palabras sin adornos, aconsejando no decir "Irán"... verán el contrato real y el contrato manipulado, que elimina la palabra "Irán". Verán que el acusado le indica a su asistente que retroceda un documento. Toda la ruta $ 115 millones de los bancos aquí en Manhattan a una compañía iraní".

Esta historia continúa.....