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viernes, 17 de septiembre de 2021

Empantanado hasta el cuello, Hugo Carvajal amenaza con no hundirse solo

Por Maibort Petit  

  Quien fuera uno de los hombres más cercanos a Hugo Chávez está usando sus últimos recursos para evitar a toda costa ser entregado al gobierno de los Estados Unidos, donde diversos documentos, testimonios e informes, lo acusan, no solamente de participar en actividades de narcotráfico, sino también de haber brindado protección a muchos capos de la droga.

   Desde el día de su captura, tras pasar más de un año y medio fugitivo, el mayor general y exjefe de la inteligencia venezolana, Hugo “El Pollo” Carvajal Barrios, se hunde en un pantano. Cada vez se hace más complejo el caso, en la medida en que se amplía el plazo para que concrete su extradición a los Estados Unidos, donde es acusado de delitos de narcoterrorismo. En una acción de emergencia, la Audiencia Nacional de España suspendió cautelarmente su entrega a las autoridades norteamericanas prevista para el miércoles 15 de septiembre, alegando que el Ministerio del Interior debía resolver una petición de asilo que solicitó en 2019 y que luego se supo que había denegado en septiembre de ese mismo año.  Ahora ha concedido una audiencia para el lunes 20 de septiembre donde expondrá las relaciones de las FARC y el grupo terrorista ETA, según se anunció el pasado jueves.

   En su hundimiento, Carvajal ha amenazado con arrastrar a otros consigo. “Si caigo, no caeré solo. Caerán varios países”, ha sentenciado.

    La amenaza, la habría formulado a personas de su entorno que lo dieron a conocer al portal Libertad Digital que informa lo que habría sido el remate de su advertencia: “Con la gasolina que hay en España, si soy extraditado tiraré una cerilla desde mi avión para que arda".

   Carvajal Barrios quien habría manifestado el hartazgo que le provoca lo que ha vivido en los últimos días en España, tendría como intención demostrar "su inocencia" con base a pruebas que dice tener. Incluso, habría propuesto ser juzgado en España por los mismos delitos de que se le acusa en EE. UU.

     De acuerdo a las fuentes del citado portal, “El Pollo” Carvajal se dedicó durante el tiempo en que se mantuvo prófugo, a recabar información que afectaría al gobierno de Pedro Sánchez y otras administraciones socialistas del pasado[2].

   El general venezolano trata por todos los medios a su alcance, evitar ser trasladado a los EE. UU. donde documentos e investigaciones lo señalan como protector de narcotraficantes, tal como lo reseñaremos líneas más adelante.

    Sobre la solicitud de asilo, el ministerio del Interior habría informado al tribunal y a la prisión de Estremera en la que se encuentra recluido Carvajal Barrios, que el asilo fue denegado en 2019.

    Así lo recoge una nota de la agencia española EFE y que agrega que “El Pollo” Carvajal “solicitó protección internacional en junio de 2019, meses después de haber sido detenido tras entrar en España con un pasaporte falso (…) Su petición se tramitó y se negó por parte de la Oficina de Asilo del Ministerio del Interior al no cumplir los requisitos, una resolución que el 23 de septiembre de 2019 fue remitida a la cárcel de Estremera porque en esa prisión había ingresado Carvajal y porque el solicitante no había señalado ningún domicilio particular en España”.

   Una nota de El Mundo de España, sostiene que Hugo Carvajal le pidió a la justicia española impedir su extradición a los Estados Unidos, toda vez que, supuestamente, habría actuado como confidente de los servicios de inteligencia de la nación ibérica[4].

   También El Mundo, en otra nota, informó que el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional de España citó a Carvajal a declarar el lunes 19 de septiembre con relación a “unas diligencias abiertas por terrorismo internacional”, esto a solicitud de la defensa del general venezolano

   Antes de darse a la fuga, la Audiencia Nacional había ofrecido a Carvajal actuar como testigo protegido “siempre y cuando aportara información relevante relacionada con los vínculos de ETA con Venezuela”. Esto no se concretó en aquel momento y ahora, luego de su detención, Carvajal decidió colaborar por voluntad propia. Igualmente ha ofrecido aportar información sobre las FARC[5].

Custodio de narcos

   Una investigación periodística llevada a cabo por Proyecto ITEMP — acrónimo de “Investigación de Temas Periodísticos”— denominada “Los secretos más oscuros del jefe de los espías venezolanos”[6], explica cómo “El Pollo” Carvajal, a la luz del poder que ostentaba, habría brindado protección y cooperación a narcotraficantes que, en territorio venezolano, encontraron un aliviadero para sus actividades criminales.

   “Pregúntele a Carvajal qué hacía Yesid Ríos en su casa y en su velero en Margarita, en la marina de la isla, ¿por qué lo protegía allá? ¡Demasiadas cosas están claras! Le brindó documentación, carros, escoltas, todo”, es una de las citas que la nota periodística hace del testimonio rendido por un narcotraficante colombiano que, para el momento del reportaje, rendía cuentas a la justicia estadunidense.

   Dicho capo de la droga habría disfrutado durante, por lo menos, seis años de la protección de Carvajal y ahora es testigo clave de la acusación contra exjefe de inteligencia venezolano. Se trata de Yesid Ríos Suárez, también conocido como “El Enano”, quien era un proveedor de drogas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que operaba entre Apure y Carabobo y de allí iba a supervisar los laboratorios de cocaína en el departamento colombiano de Arauca, desde donde la droga pasaba a Venezuela para, desde pistas aéreas clandestinas, ser enviada a sus destinos finales. Entre los jerarcas del grupo guerrillero —era miembro de su Estado Mayor— a los que Ríos Suárez le servía de agente, se encontraba Noé Suárez Rojas, alias “Germán Suárez Briceño” o “Grannobles”.

  “El Enano” sostiene pudo mantener su base de operaciones en Venezuela, gracias al respaldo que “el Pollo” Carvajal le brindaba con custodia directa, escoltas y documentación oficial venezolana.

   A los fiscales estadunidenses, “El Enano” entregó pruebas de sus afirmaciones, las cuales incluían “una lista de oficiales venezolanos a su servicio, honorarios pagados, además de información única del exjefe de inteligencia”. El récord entregado por el narcotraficante colombiano incluía “a seis oficiales, hoy con rango de generales, que hicieron parte del Gobierno de Hugo Chávez en cargos estratégicos de seguridad, y actualmente se desempeñan en otros puestos en la administración de Nicolás Maduro”, recoge la investigación de ITEMP que, además, refiere haber conversado con el abogado defensor de Yesid Ríos Suárez: “Lo que relató mi cliente, relacionado con los servicios que le brindó Carvajal, es totalmente cierto, y sirvió de mucho a los fiscales para armar otros casos”.

   Igualmente se refiere que estos datos de “El Enano” coinciden con las versiones aportadas por otro colaborador suyo que fue condenado por una corte de Nueva York. Este certificó que Hugo Carvajal, a cambio de comisiones en dólares, asistía a “El Enano” en tanto en Colombia, el gobierno de Álvaro Uribe combatía a la guerrilla desde 2002. “Cuando en Venezuela nos informaron que iba la deportación a Colombia y después seguro a USA, llamé al general Carvajal a su celular. Me atendió y le pregunté ‘¿qué pasó?’, a ver si podía ayudarnos. Respondió que ya eso escapaba de sus manos y colgó”, manifestó el operario y así lo recoge el reportaje.

  ITEMP cita también el caso de Yon Pelayo Garzón Garzón, testigo con el que también la fiscalía ha ensamblado el caso contra “El Pollo” Carvajal. Se trata de un miliciano que se infiltró en las FARC en procura de información para la inteligencia colombiana. Este trabajó para El Enano” y cuenta que, en una ocasión, octubre de 2002, fue a una reunión que se celebró en frontera entre el estado Apure venezolano y el departamento de Arauca colombiano, donde se discutió la entrega de armas por parte de Hugo Carvajal y la custodia que este brindaría a los narcos. Garzón se convirtió en testigo protegido de la DEA.

   Lo curioso, según el reportaje, es que estos hechos que los periodistas conocieron en documentos suministrados por medio del abogado defensor de un caso de narcotráfico en Colombia en el que “El Pollo” Carvajal estaba involucrado figuran en el expediente 499-2002 de neogranadina “a la que Garzón sirvió como testigo en varios casos de droga, una muestra de que el Gobierno colombiano conocía el historial delincuencial del confidente de Chávez mucho antes de su ascenso como jefe de la inteligencia militar venezolana. Una revisión de los registros públicos judiciales en Colombia revela que en todos estos años la Fiscalía de ese país nunca abrió un caso criminal en contra de Carvajal, a pesar de lo que sabía”.

   El expresidente Álvaro Uribe les dijo a los periodistas de ITEMP que él le había informado a Hugo Chávez sobre los campamentos que las FARC tenían en Venezuela, pero este lo negó. Sobre Carvajal, manifestó no recordar que le advirtiera de su protección a narcoguerrilleros. Los comunicadores refieren que le enviaron un cuestionario a Hugo Carvajal una semana antes de que este se fugara en 2019, pero que este no contestó debido a dicha circunstancia.

   La actividad de protección y custodia de narcotraficantes y drogas le habría brindado grandes beneficios económicos a Hugo Carvajal, según recoge Proyecto ITEMP. En tal sentido citan el caso de un capo de la cocaína detenido en Venezuela y que después fue extraditado desde Colombia a Estados Unidos, quien declaró para el reportaje y aseguró que pagaba al mayor general venezolano “miles de dólares al general, mensualmente, aunque dependía de la carga que se enviaba”.

“Uno de estos narcotraficantes relató a la DEA que le dispensaba pagos periódicos a Carvajal de 50.000 dólares, mientras el general custodiaba sus rutas, y habló de la ‘guardia pretoriana’ de oficiales de las fuerzas armadas y políticos del Gobierno de Venezuela que ejercían de intermediario en este negocio”.

  El reportaje también hace referencia a la relación de “El Pollo” Carvajal con otros narcotraficantes, como Luis Frank Tello Candelo, alias el “Negro Frank”, quien luego de ser extraditado a EE. UU., ha suministrado valiosa información a los fiscales de Nueva York y Miami sobre las supuestas actividades delictivas de Carvajal Barrios.

   Entre lo referido por Tello Candelo está un hecho ocurrido en febrero de 2006, cuando “Previo a una operación de gran valor que se iba a realizar en Venezuela, en febrero de 2006, el Cartel de Sinaloa envió al ‘Negro Frank’ un millón de dólares que iban, supuestamente, para cortejar a Carvajal”. De todos se advierte en la nota que “El emisario del Cartel de Sinaloa con el botín, sin embargo, nunca pudo constatar si el dinero realmente fue entregado o si era para Carvajal, indicó en la entrevista, porque para aquella cita a la que asistió con Tello Candelo en un restaurante al este de Caracas nunca se apersonó el general”.

El cabecilla del Cártel de los Soles

   ITEMP tuvo acceso a un informe de la DEA que refiere que Hugo Carvajal cooperó con el crimen organizado y las guerrillas prácticamente como una rama de su oficio, indicando que el general se reunía con miembros del gobierno de Hugo Chávez, “con o sin participación del mandatario”, se advierte y en dichos encuentros se planificaban operaciones de narcotráfico y apoyo a las FARC.

  El documento daría cuenta de los lugares de las citas, sus participantes y funciones, revelando que Chávez habría sido el verdadero cabecilla del llamado “Cartel de los Soles” y “hasta dónde sus más cercanos colaboradores, como Diosdado Cabello o Tareck El Aissami, fueron partícipes de una empresa criminal para retener el poder alrededor de esta organización”.

   El reporte de la DEA, de acuerdo a ITEMP, asevera que “aparte de Carvajal, algunos de los otros miembros del Cártel de los Soles que ejercieron en los niveles más altos del Gobierno de Venezuela fueron el expresidente Hugo Chávez, el exvicepresidente Tareck El Aissami y el exvicepresidente Diosdado Cabello”.

   Igualmente, hace mención a uno de los testigos contra el general quien sería un exjuez (Testigo 1), quien indicó que en 2005 asistió a una reunión en el palacio de gobierno en la que estaban presentes el presidente Chávez, Carvajal, el general Henry Rangel Silva (para la fecha jefe de la DISIP), Diosdado Cabello y Tareck El Aissami. “Durante la reunión, Chávez instó al grupo a promover sus objetivos políticos, incluido combatir a Estados Unidos ‘inundando’ el país de cocaína. Chávez les ordenó a Carvajal, Cabello, Rangel Silva y otros coordinarse con las FARC, y asignó al Testigo 1, entre otros, evitar que las autoridades del orden público interfirieran con estas actividades. El Testigo 1 más tarde se enteró de que este grupo se reunía mensualmente y asistió aproximadamente a cuatro encuentros mensuales”.

  Estiman en ITEMP que el referido magistrado, según datos recabados, podría ser el exmagistrado del tribunal Supremo de Justicia, Eladio Aponte Aponte.

Los señalamientos de Leamsy Salazar

  El informe de la DEA citado por Proyecto ITEMPt también menciona que teniente de la Armada venezolana Leamsy Salazar Villasaña, ex-escolta de Diosdado Cabello y de Hugo Chávez en la Casa Militar, ha aportado datos en el caso que Estados Unidos mantiene contra Hugo “El Pollo” Carvajal Barrios, Cabello y el Cartel de los Soles. Se lo identifica como Testigo 2.

   El informe de la DEA refiere que Salazar dijo que “a mediados de 2008 proporcionó la seguridad en una reunión organizada por Chávez en su rancho, a la que asistieron, entre otros, el ministro del Interior venezolano, Ramón Rodríguez Chacín, y el cabecilla de las FARC Luciano Marín, alias ‘Iván Márquez’ (…) Durante la reunión, el Testigo 2 ‘escuchó a Márquez describir la necesidad de apoyo logístico, como uniformes, barcos y computadores, y Chávez indicó que los fondos serían provistos a las FARC por Petróleos de Venezuela (PDVSA) ’ (…) El Testigo 2‘ oyó a Chávez hablando por teléfono de Carvajal. Durante la llamada, escuchó a Chávez referirse a Carvajal por su apodo, el ‘Pollo’ y ordenarle que suministrara armas a las FARC’”.

  También Salazar habría sido testigo de que como en tiempos en que ya se desempeñaba como escolta de Diosdado Cabello, vio cómo el El Pollo Carvajal coordinó el despacho de lo que parecía ser cocaína en unas lanchas rápidas en el Cabo San Román.

REFERENCIAS

[1] OK Diario. “La Audiencia Nacional suspende cautelarmente la extradición de ‘El Pollo’ Carvajal a EEUU”. 14 de septiembre de 2021. https://okdiario.com/espana/audiencia-nacional-suspende-cautelarmente-extradicion-pollo-carvajal-eeuu-7788916

[2] Libertad Digital. “El 'Pollo' Carvajal amenaza con tirar de la manta y señala al Gobierno: ‘Si caigo, no caeré solo’”. 14 de septiembre de 2021. https://www.libertaddigital.com/espana/2021-09-14/pollo-hugo-carvajal-amenaza-tirar-manta-gobierno-6817716/

[3] EFE “Hugo ‘Pollo’ Carvajal saca las garras y pide declarar ante el juez español sobre ETA y las FARC”. 16 de septiembre de 2021.

[4] El Mundo. “'El Pollo' Carvajal esgrime que trabajó con "el CNI" para evitar su extradición a EEUU”. 15 de septiembre de 2021. https://www.elmundo.es/espana/2021/09/15/61422b00e4d4d89b3f8b4587.html

[5] El Mundo. “La Audiencia Nacional cita a 'El Pollo' Carvajal el lunes para declarar sobre terrorismo”. 16 septiembre 2021. https://www.elmundo.es/espana/2021/09/16/61436f06e4d4d86a6c8b45b4.html

[6] Proyecto ITEMP. “Los secretos más oscuros del jefe de los espías venezolanos”. 31 de diciembre de 2020. https://www.itempnews.org/2020/12/31/jefe-espias/

lunes, 19 de julio de 2021

El Foro de Sao Paulo, según Hilda Molina: Se trata de una organización surgida a la medida de los intereses y objetivos de Fidel Castro y su proyecto expansionista

Por Maibort Petit

  El Foro de Sao Paulo es una organización regional creada a instancia de Fidel Castro, quien impulsó al expresidente de Brasil, Luz Inácio “Lula” Da Silva, —para ese entonces solamente líder del Partido de los Trabajadores y candidato presidencial— a promoverla y conformarla con el objetivo de servirle de plataforma a su proyecto expansionista, así como de fuente de financiamiento.
  Así lo refiere Hilda Molina, médica neurocirujana cubana que conformó el grupo de fundadores del Centro Internacional de Restauración Neurológica (CIREN) de Cuba y fue diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular de la isla que, en 1994, rompió con Fidel Castro y su movimiento. En la actualidad reside en Argentina.

  Molina subraya que Fidel Castro se planteó desde 1959, dos objetivos fundamentales, primero, someter al pueblo cubano; y segundo, colonizar a América Latina.

Castro se vale de Lula Da Silva

  Vislumbrando la caída de la Unión Soviética, desde 1988 o antes, Castro comenzó a visualizar la manera de financiar y darle sustento a su proyecto. Previendo la debacle que se avecinaba, en 1989 convenció a Lula Da Silva de conformar la organización.

  Molina explica que Fidel Castro para desarrollar su proyecto expansionista por toda Latinoamérica, primero buscó hacerlo por la vía armada, para lo cual la conformación de grupos guerrilleros era la estrategia. El fracaso de esta vía lo llevó a seguir la batalla de las ideas, y formó guerrilleros ideológicos que se encargan de llevar la revolución por el continente de manera silenciosa.

  Castro vio el Lula Da Silva el vehículo para cumplir sus objetivos, pues para ese entonces el brasileño aspiraba a la presidencia de su país y, aunque perdió dichos comicios, sí atendió el llamado del dictador cubano y en 1991 materializaron la idea.

  Indica Hilda Molina que en esa fecha se reunieron en Sao Paulo 68 organizaciones integradas por subversivos de los más variados perfiles de 22 países de América Latina y el Caribe. La denominación de Foro de Sao Paulo la recibió la organización en su segunda reunión llevada a cabo en 1991.

Objetivos del FSP

  Advierte Molina que detrás del Foro de Sao Paulo siempre ha estado la mano de Fidel Castro, el castrismo y sus intereses.

  A través de su integrante en el grupo, el Partido Comunista, Cuba era el único integrante de la organización que ostentaba el poder al momento de su conformación.

  Igualmente, destaca Hilda Molina, el estado mayor del FSP nació en Cuba dirigido por Fidel Castro y siempre ha estado radicado en Cuba.

  Indica que el plenario del Foro de Sao Paulo se reúne periódicamente para desarrollar agendas confeccionadas por el castrismo, las cuales son aprobadas casi literalmente. Estas decisiones y declaraciones deben ser cumplidas por los integrantes en el ámbito internacional y también en sus países respectivos de acuerdo a sus particularidades.

   Hace mención a los objetivos del FSP y Molina cita en primer lugar, realizar la revolución socialista en el continente, valiéndose, ya no de la lucha armada, sino de la vía electoral. “Llegar al poder por vías democráticas y después desmantelar las instituciones propias de la democracia”, es el fin.

  Tal objetivo expansionista, el FSP lo lleva a cabo mediante su brazo político, constituido este por los “guerrilleros ideológicos”, quienes han infiltrado e infiltran los ámbitos de la sociedad, “construyendo con su revolución silente, el poder político”, refiere Molina.

   Luego hace mención al segundo objetivo, el cual es la subversión social y política de la región. Para e lo, sostiene, el castrismo cuenta con su brazo armado conformado por las sucesivas generaciones de guerrilleros ideológicos que se han formado a instancias de la dictadura cubana. A ellos les corresponde protagonizar protestas violentas para vandalizar, desestabilizar y sembrar el terror.

   El tercer objetivo es económico, siendo el Foro de Sao Paulo una importante fuente de dinero ilícito para el régimen cubano, sobre todo cuando algunos de sus integrantes se encuentran en el poder.

  Como cuarto objetivo del FSP, Hilda Molina enumera el espionaje, alertando que el Foro ha resultado de gran valor para los eficaces servicios de inteligencia del castrismo.

  Hilda Molina recuerda que Venezuela con Hugo Chávez a la cabeza, fue en 1998 el segundo país del FSP en llegar al poder por la vía democrática. Es en esa etapa —dice— que “Fidel Castro y su castrismo mutan transformándose en la dictadura regional llamada Socialismo del Siglo 21, Castro-Chavismo, que hoy avanza en su objetivo de colonizar América Latina”. 


martes, 8 de junio de 2021

¿Cómo opera la asociación estratégica entre Irán y Venezuela?

Por Maibort Petit   

  El régimen islámico de Irán y el venezolano han desarrollado una sociedad poco transparente en la que el objetivo principal es la evasión de las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos y, por otra parte, hacer avanzar la presencia iraní en la región occidental y, lograr que el proceso revolucionario venezolano se expanda por Latinoamérica.

     Con Hugo Chávez, primero, y luego con su sucesor, Nicolás Maduro, la asociación estratégica de los regímenes de Irán y Venezuela ha ido profundizando tanto en las relaciones comerciales, como en otras que, a la luz de los hechos, no están perfectamente claras, a saber, las del plano militar.

  Sobre la turbidez de esta sociedad hace advertencia, Joseph M. Humire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura y experto en amenazas transnacionales en el continente americano, en un informe denominado “Irán y Venezuela: una asociación estratégica”, publicado en la Revista Diálogo, del Comando Sur de los Estados Unidos.

  Allí hace un recuento de cómo se ha llevado a cabo la relación iraní-venezolana —que no es una novedad del chavismo, pues es vigente desde el pasado siglo, pero sólo circunscrita al aspecto cultural y diplomático— pero que sí encontró cabida en la revolución bolivariana para expandirse a otros terrenos, como ya hemos advertido.

  Centenares de acuerdos y decenas de proyectos dieron entrada a negocios y actividades non claras que, de acuerdo al reporte, han facilitado la red mundial de adquisiciones ilícitas que Irán realiza a través de Venezuela, actividades que han permito impulsar financieramente a la república Islámica en Latinoamérica.

  Refiere Humire que, de acuerdo a estimaciones conservadoras, Irán y Venezuela establecieron un fondo, un banco y una línea de crédito binacional que le facilita al régimen iraní valores declarados de empresas conjuntas, capitalizaciones, préstamos e inversiones que accedieron a más de USD 16.000 millones, a través del sistema financiero venezolano.

La red de empresas ficticias

  Así surgieron, bajo la administración del Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas de Irán y la compañía militar de Venezuela CAVIM, proyectos militares conjuntos que han servido para ocultar, a través de la industria petrolera, las transacciones financieras de las entidades iraníes sancionadas.

   Fue, entonces como en Venezuela comenzaron a operar una gran cantidad de empresas ficticias relacionadas con el CGRI, tal es el caso de Parchin Chemical Industries, involucrada en los programas de misiles y armas de destrucción masiva iraníes, de acuerdo a la Resolución 1747 del Consejo de Seguridad de la ONU.

  Igualmente, Qods Aviation, otra compañía de fachada sancionada del CGRI, la cual, se instaló al lado de la base aérea El Libertador, en Maracay, estado Aragua, para entrenar a los militares venezolanos para fabricar vehículos aéreos no tripulados (UAV, en inglés).

  El complejo industrial militar venezolano-iraní se aprecia en proyectos conjuntos de UAV, motores de reacción, fabricación de municiones y partes de helicópteros, estableciendo un esquema de evasión de sanciones que sentó precedentes para las actividades “comerciales” actuales de Irán en Venezuela.

  Ya con Maduro en el poder —luego de un breve receso luego de la muerte de Chávez— este visitó dos veces Teherán en 2015, reanudando así la cooperación conjunta. En 2016, el presidente iraní, Hassan Rouhani, hizo su primer y único viaje a Venezuela, específicamente a la isla de Margarita, para participar en una cumbre anual del Movimiento de Países No Alineados. Allí se firmaron una serie de acuerdos bilaterales en materia de ciencia, nanotecnología, petróleo y agricultura.

  Entretanto, en 2017, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) se valía de Venezuela como centro de transbordo de productos estratégicos como minerales, metales, materiales y tecnología, comprados en toda Latinoamérica para apoyar sus programas de armas convencionales y de destrucción masiva en Irán. Para Irán era fundamental legitimar su impacto “comercial” en Venezuela, si quería aprovechar el fin del embargo de armas de la ONU el 18 de octubre de 2020.

  Pero mientras en territorio iraní se cosechaban los beneficios financieros del acuerdo nuclear del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), la economía venezolana se iba hasta el fondo, todo a pese a contar con una de las reservas de petróleo más grandes del mundo.

  Venezuela enfrenta una colosal escasez de combustible, una circunstancia que abrió una nueva puerta para que Irán incrementara su presencia en la zona mediante el envío de gasolina, alimentos, técnicos y hasta la apertura del primer supermercado en Caracas, inaugurado en 2020. Estaba legitimándose la actividad comercial iraní en la Venezuela de Maduro. En apariencia, una relación inocua, pero en el fondo, el mecanismo para fortalecer su presencia militar en el futuro.

El puente aéreo y marítimo

  De este modo —continúa el informe de Humire— en 2020, Irán conformó un puente aéreo y marítimo a través del Océano Atlántico, sustentado en una red del CGRI en terceros países. Tal situación generó múltiples rutas entre Irán y Venezuela, como la abierta en Argelia y Serbia, como puntos de reabastecimiento de combustible para rutas aéreas, mientras que Sudáfrica se ha convertido en un punto de circunnavegación alternativo a la ruta marítima entre ambos países.

   El experto en temas de seguridad subraya que el puente marítimo permite al CGRI valerse de diversas tácticas de evasión marítima, tales como el cambio de banderas, el nombre y el color de las embarcaciones iraníes, así como de apagar sus transpondedores a la mitad del viaje, todo para hacer que los barcos iraníes arriben a Venezuela sin ser detectados. Pero pese a estos esfuerzos, en 2020, fue posible incautar el cargamento de algunos petroleros iraníes, gracias a esfuerzos de decomiso civil estadounidense. De todas maneras, esto no ha sido óbice para que Irán siga luchando por legitimar su presencia en Venezuela.

La clave

  El reporte de Joseph Humire sostiene que para Irán y el régimen de Nicolás Maduro, la clave es pasar de un esquema de evasión de sanciones —implementado durante los años de Hugo Chávez— a una estrategia de resistencia a dichas sanciones.

  Para ello, se basan en una narrativa de victimización conjunta dirigida a deslegitimar el uso y la efectividad de las sanciones estadounidenses e internacionales.

  De tener éxito en este cometido, es probable que Irán refuerce su presencia militar en Venezuela, puesto que el régimen de Maduro busca enfrentar a sus vecinos de Guyana, Brasil y Colombia. Un objetivo en el que, al parecer, no van a cejar de ninguna manera. La estrategia expansionista de ambos regímenes continúa a todo trance.


Avanza en Nueva York el juicio por narcoterrorismo contra el general Cliver Alcalá Cordones

   El militar venezolano fue acusado el 26 de marzo de 2020.  Su caso fue excluido de un juicio rápido. El cambio de abogados también ha retrasado el proceso.

Por Maibort Petit

   El juez estadounidense, Alvin K. Hellerstein dio a conocer un nuevo calendario procesal del juicio contra el general, Cliver Alcalá Cordones, un militar venezolano, acusado por el gobierno de los Estados Unidos por cargos de narcoterrorismo. En una audiencia realizada el lunes 7 de junio, la corte autorizó a la defensa y a la fiscalía para que presenten, dentro de los siguientes 60 días, las mociones del caso. 

   El gobierno de los Estados Unidos acusa al general (r) Clíver Alcalá Cordones de formar parte del Cártel de los Soles, y de haber participado en actividades vinculadas al narcoterrorismo por dos décadas, junto a funcionarios de alto nivel del régimen venezolano desde la época de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

    Durante la audiencia, el juez Hellerstein hizo referencia a la Ley de Procedimientos de Información Clasificada, destacando que la data que forma parte de las evidencias (descubrimiento) estarán protegidas y no podrán ser divulgadas por los abogados de la defensa. 
    
     El magistrado  Hellerstein fijó una nueva audiencia para el 14 de agosto en la mañana.  
       
       La defensa del general Cliver Alcalá Cordones ha reclamado al tribunal más tiempo para revisar el voluminoso expediente que el gobierno estadounidense tiene contra el militar venezolano. Los abogados dijeron que los fiscales continúan presentando pruebas contra el acusado, y que éste necesita tiempo para revisar los material con sus abogados. 

  Los fiscales Amanda Houle, Matthew Laroche, Jason A. Richman y Kyle Wirshba habían pedido con anterioridad un aplazamiento en el 2020, debido a las dificultades que generó la pandemia de COVID-19 en las cortes federales. 

  Cliver Alcalá se entregó a las autoridades estadounidenses el 26 de marzo en Colombia y fue trasladado a Nueva York. Desde el 27 de marzo vive en una cárcel en Putnam, en las afueras de Manhattan, donde según sus defensores "lo han tratado bien".

 Alcalá Cordones se declaró no culpable de los cargos ante un juez federal en Nueva York, en una audiencia por Internet con el programa Skype el 31 de marzo de 2020.

  De acuerdo a los documentos federales, durante los últimos 20 años, desde que Hugo Chávez asumiera el poder en 1999, el Ejecutivo venezolano participó en una violenta y corrupta conspiración con las FARC para traficar con cocaína para ser traficada a los EE. UU.

  Estados Unidos calcula que las FARC y el Cártel de los Soles consiguieron ingresar en territorio estadounidense unas 250 toneladas de cocaína de manera anual desde 2004. 

lunes, 3 de mayo de 2021

Siria y no Cuba: El modelo con el cual destruyeron la democracia venezolana

   Se trata de un proceso diseñado desde hace mucho tiempo, incluso, desde antes de la incursión de Hugo Chávez en el panorama venezolano, pues él sólo fue el instrumento de una estrategia que llevaba años proyectada.

Por Maibort Petit

   La grave crisis que padece Venezuela en todos los órdenes sin que, hasta la fecha, las iniciativas adoptadas para restituir el sistema democrático, tanto a lo interno como lo externo, hayan dado resultado, obedecería a un mal diagnóstico de la misma, lo cual ha derivado en propuestas de solución equivocadas y la agudización del problema. Quien así lo considera es Joseph Humire, experto en seguridad global, especializado en el análisis de amenazas transregionales en el hemisferio occidental del Centro para una Sociedad Libre y Segura (SFS, por las siglas en inglés de Center for a Secure Free Society).
  Explica Humire que, en 2017, cuando la crisis venezolana estaba en su punto más neurálgico, decidieron darle un vuelco a los análisis que hasta el momento se había, formulado hasta el momento, los cuales acusaban a Cuba como la responsable de dirigir el colapso de Venezuela y, además, de presentar sólo como criminal al régimen de Nicolás Maduro. Un mal diagnóstico que a ojos del experto ha llevado al fracaso de todas las iniciativas para acabar con la tiranía que gobierna el país suramericano. Luego de una serie de estudios el SFS ha desarrollado una exposición denominada “Venezuela, de crisis a conflicto” que se han propuesto difundir a objeto de que todos comprendan lo que en realidad ocurre en el país.

  Humire sustenta su mensaje en dos premisas, la primera, que no se trata de una amenaza con conflicto convencional y, por tanto, no requiere fuerza militar para atenderlo; y la segunda, que el venezolano es mucho más que un régimen criminal —sin que esto signifique el régimen no recurra al crimen— sino que lo utiliza como método, mas no como objetivo.
  “Están usando el crimen organizado, las redes ilícitas, como herramientas para llegar a otro fin con una visión geopolítica que ni siquiera nace en Venezuela, no es propio de Hugo Chávez ni de Nicolás Maduro, sino que viene específicamente del Medio Oriente. Esto no vino de Cuba, esto no es la estrategia de Cuba, sino de Siria”, sostiene.

  Se remite a Gamal Abdel Nasser, ex-presidente egipcio entre 1954 y 1970, como el personaje de la historia que guarda más similitudes con el finado mandatario venezolano, Hugo Chávez, precursor de la revolución bolivariana que llevó al caos a Venezuela. Sus historias, asegura, son idénticas, destacando del primero la conquista que hizo de Siria sin un solo disparo, algo que logró con la implementación de una estrategia asimétrica, construyendo una identidad socio-cultural, ganando y manipulando a los pueblos árabes. A través de ella constituyó la República Árabe Unida, anexionándose a Siria, bajo la premisa de que no existe frontera ni soberanía, sino que eran un país Pan-árabe.
Los antecedentes

  Y en tal sentido refiere que Hugo Chávez aplicó esta estrategia en la implementación de revolución bolivariana, aprendiéndola, no de Fidel Castro —lo que no quiere decir que no haya trabajado de cerca con Cuba— sino de personeros sirios. Cuba participó en la ejecución, no en el diseño.

   Pero advierte que el finado presidente fue sólo el implementador del proyecto que busca implementar la revolución bolivariana en toda Latinoamérica como simulación de la Gran Colombia de Simón Bolívar, pues se trata de una idea que tiene mucho más tiempo en gestación. En este sentido recuerda que a Venezuela han arribado tres migraciones masivas provenientes de Siria, la primera, en el siglo 19, en 1880, por efecto de la agresión otomana a la comunidad cristiana maronita; la segunda, en 1910, cuando los turcos arremetieron contra el pueblo de Armenia; la tercera, en los años 60 del siglo 20, cuando se instala la dictadura en Siria y luego durante la guerra civil en Líbano.

  En esta última ocasión, comienzan a infiltrarse entre los refugiados ciertos actores subversivos, entre ellos Nehemet Chagin Simón, conocido en Venezuela como “Simón el Árabe”, quien en 1964 ayuda a escapar a líderes del Partido Comunista de Venezuela (PCV) del Cuartel san Carlos, donde estaban presos por su colaboración con cubanos que buscaban implementar las guerrillas en el país.

  Luego llega entre los años 60 y 70, el padre de Tareck El Aissami, Zaidan Amin El-Aissami “El Mufi”, con el propósito de enseñar a los comunistas cómo hacer una revolución con otras estrategias y tácticas, sin necesidad de recurrir a las fuerzas armadas. Se buscaba implementar la táctica denominada “comparmentalización”, consistente en la utilización del propio equipo, la propia red, para crear división y conquistar más terreno. “Así es como el partido Baaz conquistó Siria y después a Irak”. Del padre de Tareck El-Aissami, aprende Chávez l táctica para expandir su revolución bolivariana.

  Como dato curioso, Joseph Humire apunta que más de 350 mil venezolanos viven en Siria en la región de As Suwayda, conocida como la pequeña Venezuela, mientras en Brasil solamente hay 280 mil venezolanos.

  Destaca Humire que As Suwayda es el corazón del pueblo venezolano Siria y que esta red migratoria actúa como un comando de control de todos aspectos ilícitos que unen el régimen con Irán, Hezbollah, Rusia. “Para comprender todo lo relativo a Álex Saab, a Hezbollah, etc., es necesario conocer lo que sucede en As Suwayda”, subraya.

El protagonismo de Tareck El-Aissami

  Todo este antecedente le sirve a Joseph Humire para resaltar el papel que en esta historia juega Tareck El-Aissami, quien se perfila a su modo de ver como un hombre con gran poder, incluso, superior al del propio Nicolás Maduro. Recuerda que este maneja cadenas de migración históricas que han construido la revolución bolivariana y agrega que, si no fuera por su línea familiar, no habría existido Hugo Chávez ni Nicolás Maduro. “No existiera la revolución bolivariana si no fuera por los refugiados sirios”.
   Humire lleva más de una década estudiando a Tareck El-Aissami, análisis que varió de rumbo a partir de 2017, cuando dejó de lado el mapeo típico del personaje, concentrado en sus negocios, actividades ilícitas, conexiones, etc., y se enfiló hacia su biografía, su historia.

   Recuerda que un asesor diplomático de la embajada de Venezuela en Irak documentó la vinculación de las redes de El-Aissami con los consulados de Venezuela en el Medio Oriente y miembros de grupos terroristas, especialmente Hezbollah. La conclusión es que el asunto sobrepasa el mero suministro de pasaportes a terroristas, sino que apunta a la construcción de identidades e historia a personas que necesitan tener presencia en dos lugares al mismo tiempo. “Al ver los apellidos se puede ver claramente que estaban construyendo dinastías”. Son las familias más poderosas de Siria y Líbano que están relacionadas de una manera muy íntima con el gobierno de Venezuela y eso fue el propósito, construir una doble identidad.

  Todo esto fue perfectamente diseñado y el papel de Tareck El-Aissami es fundamental, pues sus vínculos con Hezbollah son determinantes.

domingo, 25 de abril de 2021

Enrevesadas interpretaciones convierten a activos venezolanos en el extranjero en objeto de demandas de resarcimiento económico para víctimas de las FARC

  El hijo de una político y diplomático colombiano secuestrado y asesinado por las FARC en 1999, considera que puede cobrarse una sentencia de daños y perjuicios a su favor, con activos de PDVSA.


Por Maibort Petit


  Los activos de Venezuela se han convertido en motivo de controversias en los principales tribunales de los Estados Unidos, donde acreedores en posesión de bonos de la deuda pública o agentes que se consideran víctimas de las políticas de expropiación implementados por el gobierno de venezolano desde la llegada de Hugo Chávez al poder, reclaman indemnizaciones a través de bienes que el país posee en territorio estadunidense. La declaratoria de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) como alter ego de la República de Venezuela en el caso de la minera canadiense Crystallex, marcó pauta para cualquier afectado por las políticas venezolana se plantee verse resarcido con dichos activos.

  De estos activos, los ojos de los acreedores se vuelcan principalmente sobre CITGO Petroleum Corporation, la más valiosa propiedad venezolana extra fronteras.


    Pero no solamente quienes tienen deudas de carácter económico aspiran a ello, sino también aquellos que se consideran afectados por las políticas y acciones del gobierno chavista, exploran la posibilidad de obtener dividendos para compensar los daños morales que estiman haber sufrido.


   Por ejemplo, Meudy Albán Osío, la viuda del concejal de Primero Justicia, Fernando Albán, muerto en extrañas circunstancias mientras estaba detenido en la sede del SEBIN, demandó por daños y perjuicios en el Tribunal del Distrito Sur de la Florida, a Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, Maikel Moreno, Néstor Luis Reverol Torres, Tarek William Saab, así como a las FARC y al Cartel de los Soles. Ella y sus hijos sostienen en la corte que los demandantes deben resarcirlos por daños y perjuicios en razón del secuestro, tortura y asesinato de Fernando Alberto Albán, el posterior encubrimiento del asesinato, difamación y nuevas represalias contra sus familiares sobrevivientes, por parte de Nicolás Maduro Moros, su aparato ilegal y los diputados controlan Venezuela y sus co-conspiradores narcoterroristas[1]. Es de deducir que cualquier sentencia que se dictare a su favor, los lleve a querer cobrarse con bienes de Venezuela en EE. UU.


  Pero otras deducciones y análisis más enrevesados, han llevado a otros —incluso fuera de Venezuela y afectados por circunstancias que en nada tendrían que ver con el país— a pretender cobrarse con activos venezolanos los daños sufridos por hechos como el secuestro. Tal es el caso de Antonio Caballero, hijo de un ex-diplomático colombiano asesinado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1999, quien a raíz del hecho se exilió en los Estados Unidos y allí demandó al grupo terrorista por daños y perjuicios[2] y ganó el pleito legal.


   El demandante —hijo de Carlos Caballero, un dirigente del Partido Liberal, cinco veces senador y, además, embajador de Colombia en la ONU, secuestrado y asesinado por la guerrilla— obtuvo una sentencia compensatoria de USD 45.000.000 en daños no económicos compensatorios reales y USD 1.729.667 en daños económicos compensatorios reales más intereses posteriores al juicio a una tasa del 0,15 por ciento anual. De este dinero sólo ha cobrado una pequeña parte, luego de una operación de rastreo de bienes de los guerrilleros en EE. UU. implementada por sus abogados[3].


  El resto USD 41.734.153,93, Antonio Caballero aspira a cobrarlos con activos venezolanos en Estados Unidos. ¿Cómo es esto posible? La teoría del demandante es que la petrolera estatal es un agente y/o instrumentalidad de las FARC y, por tanto, puede cobrarse con ellos el monto de la sentencia.


   Este hecho lo reseñamos en entrega anterior[4] en la que dimos a conocer en la que dimos a conocer los detalles de la demanda que Antonio Caballero mantiene en el Tribunal del Distrito Sur de Texas-División de Houston en contra de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia alias FARC-EP alias Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia; y contra el “El Cartel del Norte del Valle” y contra Vitol INC., destinada a hacer valer la Ley de Aclaración Antiterrorista que promulgó el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la cual permite que las víctimas de grupos terroristas recibir activos que los EE. UU. hayan incautado con base en leyes antidroga.


  Específicamente, Caballero busca cobrar una sentencia del 20 de mayo de 2020, que el Tribunal del Distrito Sur de Florida emitió a su favor, la cual determinó que en razón de los daños que le había ocasionado las FARC, tiene derecho a recuperar su reclamo por daños y perjuicios de conformidad con la Ley Antiterrorista contra las FARC y el Cartel del Norte de Valle (NDVC). Dicha sentencia le otorgó USD 45.000.000 en daños no económicos compensatorios reales y USD 1.729.667 en daños económicos compensatorios reales más intereses posteriores al juicio a una tasa del 0,15 por ciento anual.


   La pretensión de Caballero es cobrarse con activos de Petróleos de Venezuela S.A. por un monto de USD 9.444.116,76, así como de la empresa rusa Rosneft Trading S.A. por un total de USD 12.661.259,98 los cuales se encuentran poder de Vitol Inc. pero que se encuentran bloqueados a consecuencia de las sanciones impuestas contra esta última por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).


   Desde entonces que se dictó la sentencia a su favor, Antonio Caballero batalla para hacer efectivo el cobro de la indemnización que ha cobrado sólo en parte y tiene un saldo pendiente de USD 41.734.153,93. Sus esfuerzos apuntan a Vitol Inc., dado que esta posee activos bloqueados Rosneft y PDVSA, pues considera a estas dos empresas como agentes o instrumentalidades de las FARC, uno de los deudores del juicio.


  Antonio Caballero sostiene que los fondos bloqueados y que él pretende embargar le corresponden por ser Rosneft un agente o instrumentalidad de las FARC y, por tanto, de acuerdo con la Regla 668 de las Reglas de Procedimiento Civil de Texas, el tribunal debe sentenciar sumariamente a su favor y ordenar a Vitol Inc. pagarle los referidos fondos bloqueados.


   Considera que debe otorgársele la moción en su totalidad; negar el pedido de Vitol de recuperar los honorarios de abogados o costos de los Fondos Bloqueados; ordenar pagarle USD 12.661.259,98 dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que se dicte el fallo; otorgarle todos los honorarios de abogados y costos de la corte incurridos en el proceso y todas las demás reparaciones a las que él pueda tener derecho.


La posición de Vitol


    Mientras esta era la posición de Antonio Caballero, Vitol Inc., 15 de enero de 2021 introdujo ante la Corte del el Distrito Sur de Texas-División de Houston, un Aviso de Retiro de la causa que cursaba en el tribunal del Distrito Judicial 284 del Condado de Montgomery, Texas, para trasladarlo a la Corte del Distrito Sur de Texas-División Houston.


    Igualmente, le manifestó al tribunal que se reservaban el derecho a presentar todas las defensas, mociones y/u objeciones que consideren conveniente en cuanto al servicio, jurisdicción o lugar, o cualquier otra defensa u objeción que puedan tener a esta acción.


  Vitol cuestiona los alegatos de Caballero para considerar que Rosneft y PDVSA son "agentes o instrumentalidades" del Deudor de la Sentencia (FARC) bajo la Ley de seguro contra riesgos de terrorismo de 2002, Pub. L. No. 107-297 (TRIA).


   Esto obedeció a que luego de haber el Tribunal del Distrito Sur de Florida sentenciado a favor de Antonio Caballero, este registró la sentencia en el citado Tribunal de Montgomery el 28 de septiembre de 2020 y, desde entonces, inició varios casos complementarios en un intento de cobrar la sentencia.


Los casos relacionados


   Antonio Caballero informó al Tribunal del Distrito Sur de Texas-División Houston acerca de los casos que lo involucran a él y a los deudores de la sentencia, a saber, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia también conocidas como FARC también conocidas como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Norte Cartel del Valle, en el Caso identificado con el número 4: 20-MC-02719.


   Igualmente, el caso Antonio Caballero contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y otros, en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, División de Houston, donde Caballero registró una sentencia extranjera dictada en el Caso Nº 18-25337.



  También, Antonio Caballero contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y otros, en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida. La sentencia de este caso fue registrada el 23 de septiembre de 2020 en el Distrito Sur de Texas.


    Caballero presentó tres procedimientos de embargo en el 284 ° Distrito Judicial del Condado de Montgomery, Texas, donde ejerció su derecho a satisfacer el Fallo Final de tres embargos diferentes en posesión de activos de Petróleos de Venezuela (PDVSA), cuyos activos fueron bloqueados por la OFAC el 28 de enero de 2019 de conformidad con la Orden Ejecutiva 13850. Subrayó que PDVSA ha sido declarada por numerosos tribunales como una “agencia o instrumentalidad” de las FARC de conformidad con la sección 201 (a) de TRIA.


REFERENCIAS


[1] Venezuela Política. “Viuda de Fernando Albán demandó a Maduro, Padrino, Maikel Moreno, Tarek Saab, Reverol, las FARC y al Cartel de los Soles en corte de la Florida”. https://www.maibortpetit.info/2021/03/viuda-de-fernando-alban-demando-maduro.html


[2] El Tiempo. “Demandan a las Farc y ELN en EE.UU. por muerte de Carlos Caballero”. S/F. https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12469805


[3] CNN en español. “Hijo de diplomático colombiano asesinado por las guerrillas recibe narcodinero como indemnización”. 28 de febrero de 2017. https://cnnespanol.cnn.com/2017/02/28/hijo-de-diplomatico-colombiano-asesinado-y-torturado-por-las-guerrillas-recibe-un-millon-de-dolares-de-narcodinero/


[4] Venezuela Política. “Víctima de las FARC quiere cobrar indemnización con activos de PDVSA y Rosneft en manos de Vitol”. 12 de febrero de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/02/victima-de-las-farc-quiere-cobrar.html



lunes, 12 de abril de 2021

Tribunal de Apelaciones confirma decisión que concedió laudo arbitral a Huntington Ingalls por repotenciación de dos barcos de armada venezolana

   La corte estableció que, efectivamente como lo había determinado el tribunal de distrito de Mississippi, un arbitraje sobre el asunto en Venezuela era impracticable dada la situación política del país.

Por Maibort Petit

   El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos confirmó decisión del Tribunal de Distrito Federal de Mississippi, el cual reconoció y ejecutó un laudo emitido por un tribunal arbitral.
   Esto se refiere a una decisión del 19 de febrero de 2018 adoptada por un tribunal arbitral que emitió el Laudo contra Venezuela y a favor de Huntington Ingalls por USD 128.862.457, 27 sin incluir los intereses posteriores a dicho laudo. Posteriormente, el 26 de junio de 2019, Huntington Ingalls presentó una moción para reconocer y ejecutar el laudo en el Distrito Sur de Mississippi y la corte le concedió el 31 de marzo de 2020. La sentencia se dictó el 4 de junio de 2020 por un monto de USD 137.977.646,43[1].

   La sentencia de la Corte de apelaciones recapitula en su decisión que poco más de un año antes de que Hugo Chávez llegara asumiera la presidencia de Venezuela, la empresa Huntington Ingalls Incorporated —anteriormente conocida como Northrop Grumman Ship Systems Inc. e Ingalls Shipbuilding Inc.— un contratista con sede en Estados Unidos, acordó renovar dos buques de guerra para el Ministerio de Defensa de la República de Venezuela. Un par de años más tarde, con Chávez ya en el poder, la empresa buscó arbitrar una disputa por sobrecostos con el referido despacho gubernamental venezolano.

   Refiere la sentencia que, aunque el contrato de las partes designaba a Venezuela como el foro arbitral exclusivo, el tribunal de distrito de Mississippi ordenó el arbitraje fuera de este país, toda vez que la acción sería impracticable en razón del entorno político hostil reinante en la nación caribeña, pues los tribunales venezolanos se pondrían del lado del Ministerio de Defensa de manera injusta. Tras la determinación de impracticabilidad del tribunal de distrito, la causa se trasladó el arbitraje a Brasil, donde se otorgó a Huntington Ingalls más de USD 128 millones. Luego, el tribunal de distrito hizo cumplir el laudo arbitral y dictó sentencia a favor de Huntington Ingalls.

 Se concluyó que el tribunal de distrito no había ignorado manifiestamente el acuerdo de las partes ni la ley, por lo cual se afirma la sentencia.

Los antecedentes

  Este casio surge en 1997, cuando Huntington Ingalls celebró un contrato de USD 315 millones con el Ministerio de Defensa de Venezuela para reparar dos fragatas de la Armada venezolana, a saber la ARV Mariscal Sucre y la ARV Almirante Brión, tarea que se llevaría a cabo en el astillero de Huntington Ingalls en Pascagoula, Mississippi. Entre otras disposiciones, se establecía en el contrato que el arbitraje , en caso de controversia, se llevaría a cabo en Caracas, Venezuela.

  En 2002, las partes tuvieron un desacuerdo sustancial sobre los sobrecostos y en vista de que Huntington Ingalls no logró que el Ministerio de Defensa pagar por los trabajos, presentó una demanda en el Distrito Sur de Mississippi, buscando daños, medidas cautelares y arbitraje obligatorio. El Ministerio no se presentó y el secretario del tribunal lo declaró en rebeldía.

   A partir de entonces se inició una disputa con relación al arbitraje, toda vez que Huntington Ingalls estimaba que las circunstancias políticas imperantes en venezuela impedían la realización de un proceso justo. Se acotó la dependencia del poder judicial venezolano del poder ejecutivo, dado que la mayoría de los jueces del país tenían carácter provisorio y estaban sujetos a los dictámenes del gobierno.

  El tribunal de distrito aceptó la moción de Huntington Ingalls y ordenó el arbitraje en Mississippi con el argumento de que "la situación política violentamente inestable en Venezuela ha convertido a ese país en un foro inadecuado en este momento". El tribunal arbitral designado, a su vez, trasladó el procedimiento a la Ciudad de México, México "para asegurar la mayor igualdad entre las partes".

   Dado de que antes de que se cumpliera el arbitraje, el Ministerio compareció ante el tribunal de distrito y procedió a anular la orden de arbitraje o, alternativamente, a suspenderlo, lo cual fue concedido por la corte, pero antes de que hubiera un pronunciamiento, el abogado de la demandada ofreció a Huntington Ingalls USD 70 millones para resolver el caso y esta aceptó. Por ello, el tribunal de distrito emitió una orden desestimando el caso con prejuicio.

  Ocurrió que el Ministerio no había autorizado a su abogado a llegar a un acuerdo sino simplemente a negociarlo y procedió a contratar a un nuevo abogado y a anular la orden de despido del tribunal de distrito. El tribunal de distrito rechazó la moción del Ministerio y aplicó el acuerdo de conciliación.

  El procedimiento de arbitraje de la Ciudad de México finalmente terminó sin una decisión en 2008.

 El Ministerio apeló, impugnando tanto la decisión del tribunal de distrito de hacer cumplir el acuerdo de conciliación como la negativa anterior de obligar al arbitraje en Venezuela.

  Después de escuchar a expertos se determinó la impracticabilidad de realizar el arbitraje en Venezuela. Luego las partes informaron al tribunal de distrito que acordaron someterse a un arbitraje en Washington, DC., pero el Ministerio advirtió que lo solo aceptó el arbitraje en DC "bajo protesta". La corte razonó que el incumplimiento del Ministerio de arbitrar en Washington había eliminado efectivamente cualquier acuerdo sobre el foro arbitral.

  Fue así que, luego de un proceso de judicial de siete días y numerosas rondas informativas, el tribunal otorgó a Huntington Ingalls más de USD 128 millones en compensación, intereses previos al laudo y costos.

   Por ello, Huntington Ingalls se movió para hacer cumplir ese premio en el Distrito Sur de Mississippi, donde el tribunal de distrito aceptó la moción y rechazó los argumentos del Ministerio de que el tribunal se había equivocado al ordenar el arbitraje fuera de Venezuela, así como sus argumentos de que el tribunal, a su vez, se había equivocado al trasladar el arbitraje a Brasil. El Ministerio apeló oportunamente.

  Huntington Ingalls primero intentó hacer cumplir el laudo en el Distrito del Distrito de Columbia, pero ese tribunal desestimó la moción de Huntington Ingalls a la luz de la continua jurisdicción del Distrito Sur de Mississippi sobre el caso.

Las consideraciones del caso

  El tribunal de apelaciones refirió, en primer lugar, que el asunto de la impracticabilidad del arbitraje ya había sido considerado y decidido por otro panel en ocasión anterior, esto ya es ley del caso no revisable.

  Advierte la sentencia que esto sólo sería revisable si: (1) se presentaron al tribunal de distrito pruebas "sustancialmente diferentes" en prisión preventiva; (2) la autoridad de control ha cambiado la ley aplicable a la emisión; o (3) las decisiones del panel anterior eran claramente erróneas, de modo que su aplicación continua daría lugar a una "injusticia manifiesta". Dado que ninguno de estos casos se aplica, el tribunal de apelaciones determinó que el panel anterior no decidió erróneamente al concluir que la impracticabilidad está disponible como defensa ante los arbitrajes comprendidos en la Convención de Panamá.

  El Tribunal había establecido tanto la jurisdicción del tribunal de distrito bajo el Código de Estados Unidos, bajo la Ley Federal de Arbitraje, 9 USC §§ 203, 302, que codifica la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional (Convención de Panamá), la cual rige generalmente los arbitrajes internacionales en América.

  Por ello, el tribunal rechazó la invitación del Ministerio a reconsiderar si el análisis de impracticabilidad previo al arbitraje de las cláusulas del foro arbitral es apropiado en virtud de la Convención de Panamá o si el tribunal de distrito estaba obligado a abordar la divisibilidad en prisión preventiva.

   Por otra parte, el tribunal de apelaciones concluyó que el tribunal de distrito no se equivocó al determinar que las condiciones políticas hacían impracticable el arbitraje en Venezuela y que tales condiciones eran imprevisibles para Huntington Ingalls en el momento en que firmó el contrato.

  El tribunal de distrito concluyó que las condiciones en Venezuela se elevaron a ese nivel. Al hacerlo, el tribunal de distrito aparentemente acreditó la opinión de Gómez de que "el arbitraje en Caracas no sería factible" y la opinión de Canova González de que litigar contra el gobierno venezolano en el país "no daría como resultado un resultado justo, ya que el sistema legal dentro de Venezuela favorece juicios para el gobierno ".

  Refiere la sentencia que la corte concluyó que el tribunal de distrito no incurrió en error al considerar impracticable la aplicación de la cláusula del foro arbitral, una decisión en la se sustentó en la opinión de expertos y evidencias que indicaban que el arbitraje de las partes en Venezuela probablemente se vería afectado por la influencia política y que Huntington Ingalls probablemente se vería afectado.

  Por todo ello, el tribunal de apelaciones consideró que el tribunal de distrito no se equivocó al determinar que sería impracticable que Huntington Ingalls arbitrara el caso en Venezuela.

  Igualmente, determinó que no era previsible que Huntington Ingalls pudiera prever que una situación como esa pudiera ocurrir cuando firmó el contrato con el ministerio.

  El tribunal de apelaciones refiere que consideró ampliamente el contrato y la ley venezolana incorporados al mismo.

  Sin embargo, evaluó que lo allí establecido quedó efectivamente inoperante por la anterior decisión de impracticabilidad del tribunal de distrito y, por separado, por el acuerdo de las partes de arbitrar en Washington, algo que que el tribunal razonó que el Ministerio no podía incumplir.

  Del mismo modo, el tribunal razonó que el acuerdo de las partes sobre Washington también había fracasado porque el Ministerio seguía presionando por el arbitraje en Caracas. Sin una cláusula de foro arbitral viable y en ausencia de otro acuerdo efectivo, el tribunal razonó que la disposición de elección de la ley del contrato requería que el propio tribunal determinara el foro arbitral apropiado según la ley venezolana. Ejerciendo esa autoridad, el tribunal luego trasladó la sede del arbitraje a Brasil para "salvaguardar tanto la neutralidad como la integridad del arbitraje".

  Advierte finalmente la sentencia que habiéndose hecho todas estas consideraciones, determinó que la decisión del tribunal "extrae su esencia" de la acuerdo y no "ignoró manifiestamente el acuerdo de las partes o la ley al mover el arbitraje a Brasil y, por tanto, concluyó que el tribunal de distrito ejecutó correctamente el laudo arbitral.













[1] Venezuela Política. “Huntington Ingalls quiere cobrar su deuda con acciones de CITGO”. 8 de octubre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/10/huntington-ingalls-quiere-cobrar-su.html