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lunes, 22 de febrero de 2021

Serie: Los papeles secretos de la Electricidad de Caracas (Parte II)

  Bajo administración de Javier Alvarado, la Electricidad de Caracas otorgó a Derwick Associates S.A y Duro Felguera contratos que superan los US$ 1637 millones de dólares.

Por Maibort Petit

  Entre septiembre de 2008 y junio de 2009 la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas otorgó al menos USD 1.637.179.180,80 en contratos a un grupo de empresas altamente cuestionadas, resultando las más favorecidas Derwick Associates S.A y Duro Felguera. Unas negociaciones que significaron un desfalco al erario público venezolano, máxime porque dichas contrataciones no remediaron el problema que se suponía iban a solucionar: la crisis eléctrica.    Contratos otorgados a dedo sin que se hayan realizado procesos licitatorios como exige la ley, significaron que el estado venezolano entregó a empresas altamente cuestionadas al menos USD 1.637.179.180,80 —de algunos no disponemos la cifra— en menos de un año al amparo de la emergencia decretada por el gobierno. Así lo revelan una serie de documentos, actas y contratos de C.A. Electricidad de Caracas que están en nuestras manos.

  En esta segunda entrega de la serie en la que estamos dando a conocer la documentación que prueba las contrataciones que la C.A. Electricidad de Caracas llevó a cabo durante la gestión de Javier Alvarado como presidente de la empresa estatal y en los que se puede apreciar como las cuestionadas Derwick Associates S.A. y la española Duro Felguera figuran entre las compañías favoritas con que negoció para atender la crisis eléctrica que ha padecido Venezuela en los últimos años y que, lejos de solucionarse, se ha agravado.

  Ambas empresas han sido seriamente cuestionadas al relacionárseles con hechos de corrupción derivados de su gestión en el contexto de la referida crisis eléctrica. La primera ha sido señalada de supuestamente vender equipos chatarra con sobreprecio. A la segunda se le acusa de presuntamente haber estafado a Venezuela con la construcción de una central eléctrica inservible, con problemas operativos y de diseño, así como con un 400 por ciento de incremento de su valor real.

  Además, la Asamblea Nacional determinó que la EDC pagó un gran anticipo a Duro Felguera por los trabajos y esta solamente entregó un 10 por ciento de la obra. “El gobierno venezolano pagó un adelanto a Duro Felguera para la construcción de la planta eléctrica y la compañía apenas entregó el 10%. El pago de comisiones y mordidas fue en detrimento del diseño y la calidad de la obra. Hubo graves problemas con la tubería de enfriamiento, que estaba a cargo de Protesa, empresa asociada a Duro Felguera”, aseguró el diputado opositor Julio Montoya, quien dirigió las investigaciones llevadas a cabo en el seno del parlamento venezolano y que presentó una denuncia en contra de la empresa española ante la Fiscalía Anticorrupción de esa nación en declaraciones que recoge el portal Aserne y en el cual también puede leerse que “La empresa española no cumplió ni los plazos de entrega ni la calidad prometidas en su proyecto, según concluyen los informes parlamentarios que también han sido trasladados a la fiscalía venezolana”.

  Según su página web, Duro Felguera es una “compañía especializada en la ejecución de proyectos ‘llave en mano’ para los sectores energético, industrial y de Oil & Gas; la prestación de servicios especializados para la industria y la fabricación de bienes de equipo. Con más de 150 años de experiencia en las actividades industriales, actualmente DF desarrolla proyectos integrales para la construcción de todo tipo de centrales de generación eléctrica, instalaciones para el tratamiento de minerales y el manejo de graneles, plantas para almacenamiento de combustibles y otras instalaciones en el sector de Oil & Gas. La compañía lleva a cabo todo el proceso de los proyectos: ingeniería, suministros, montaje, puesta en marcha, operación y mantenimiento”.

   De esto dimos un adelanto en la primera entrega, pues en dicha nota vimos cómo comenzó a prepararse el terreno para las acciones ulteriores de la directiva de EDC que derivaron en los hechos de corrupción de que ha dado cuenta abundantemente la prensa internacional, en mayor medida y, la prensa venezolana en la posibilidad de que han logrado sortear la censura impuesta por los dos últimos gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

  En estos hechos tiene un especial protagonismo Javier Alvarado, quien se convirtió en presidente de la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas en 2007 cuando el para entonces vicepresidente ejecutivo de la república, Jorge Rodríguez, lo juramentó, junto al resto de los integrantes de dicho cuerpo rector. Quedó integrada dicha directiva —además de Alvarado— por quienes cumplían funciones como directores principales, Antonio Simancas, Alejandro Borjas, Jesús Rangel, Alberto Urdaneta, mientras que como suplentes fungían Nicolás Veracierta, Darío Merchan, Carlos Luengo y Genel Severeyn.

  En los resúmenes de las actas que de reunión de la junta directiva de la EDC que presentamos a continuación y en las próximas entregas, veremos cómo fueron configurándose los hechos acusados en las primeras líneas por parte de la directiva de la C.A. Electricidad de Caracas en conjunción con las empresas señaladas.

  Igualmente, podremos observar cómo Luis Carlos De León Pérez, exfuncionario de la Electricidad de Caracas, gerente funcional de asuntos legales de la empresa, quien en la actualidad es acusado por el gobierno de los Estados Unidos de delitos de corrupción, blanqueo de capitales y violación de la ley de Prácticas Corruptas, pasó de ser un “invitado permanente” a las reuniones de junta directiva de la empresa estatal, a convertirse en directivo de la misma.

  De este personaje ya hemos referido en el reporte anterior, que llegó a alcanzar un poder inexplicable dentro de la Electricidad de Caracas con atribuciones y facultades más allá de las que su cargo le permitía.

Comienzan a concretarse las contrataciones

  El 5 de septiembre de 2008 la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas constituida por Javier Alvarado en su carácter de presidente, Genel Severeyn, Alberto Urdaneta y Nicolás Veracierta, con la presencia del invitado permanente Luis Carlos De León Pérez (gerente funcional de asuntos legales) e Iliany Mata, como secretaria, aprobó el plan especial de contrataciones en el área de distribución; asimismo la contratación de las obras de movimiento de tierra para la Planta Termoeléctrica Termocentro y la Subestación El Castaño; se aprobó la contratación por vía de excepción lo relativo a la recuperación del alumbrado público y sistemas de distribución de algunos sectores del casco central de Caracas; se analizó la oferta de equipos complementarios de tres unidades modulares de generación como parte del Proyecto de Generación de Respuesta Rápida para la Gran Caracas, el estado Vargas y Nueva Esparta.

  Igualmente se discutió el incremento de la capacidad de generación de 500 MW a 1.610 MW del Complejo Generador Termocentro.

  También se estudió la solicitud de autorización para ejecutar la contratación de GTME de Venezuela S.A. para el servicio de contratación de obras eléctricas y de acometida de distribución para la Zona Metropolitana, regiones Centro, Este y Oeste y la región Vargas de la C.A. Electricidad de Caracas.

  Se delegó en el director de operaciones y/o el gerente operativo de producción, la suscripción de documentación del proceso, incluida el acta de inicio, el otorgamiento de las adjudicaciones y la firma de los contratos respectivos.

  Javier Alvarado pidió analizar la oferta de equipos complementarios de tres unidades modulares de generación como parte del proceso del Proyecto de Generación de Respuesta Rápida para la Gran Caracas, el estado Vargas y Nueva Esparta. Sobre esto el gerente funcional de ingeniería y proyectos, José Romero, recomendó la compra del Generador Diesel para Black Star, equipos de tratamiento y suministro de agua, equipos de filtrado y suministro de diésel, equipos de tratamiento y compresión de gas, así como repuestos para garantizar el funcionamiento de las unidades de generación.

  La junta directiva resolvió autorizar la compra con la empresa Wellington Turbines LLC de los equipos complementarios y repuestos para la unidades de generación Pratt & Wittney de 60 MW, tipo FT8 Swiftpac cuya compra se aprobó por la directiva el 20 de agosto de 2008, por USD 17.327.907 para asegurar la puesta en marcha de las unidades en el Proyecto de Generación de Respuesta Rápida en los terrenos de La Raisa en el contexto del Complejo Generador Termocentro.

  La directiva también autorizo a la gerencia funcional de ingeniería y proyectos para solicitar ofertas técnico-económicas a las empresa Duro Felguera S.A. para las obras y servicios de la ejecución preliminar y del IPC de la Planta Termoeléctrica Termocentro; y a Turbocare C.A. para servicios de rehabilitación de dos turbogrupos W501DS, suministro de equipos y repuestos, instalación, puesta en marcha y asesoría técnica en el proyecto Planta de Generación La Raisa.

  Alvarado igualmente pidió autorización para contratar a la empresa GTME de Venezuela S.A. para el servicio de construcción de obras eléctricas y acometida de distribución para la Zona Metropolitana, regiones Centro, Este y Oeste y la región Vargas de la C.A. Electricidad de Caracas

  Se incrementa el presupuesto 2008 y uso del Fondo Chino

   El 24 de septiembre de 2008 la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas integrada por Javier Alvarado (presidente), Genel Severeyn, Alberto Urdaneta y Nicolás Veracierta, con Luis Carlos De León Pérez como invitado permanente e Iliany Mata, como secretaria, discutió el proyecto de presupuesto de la empresa para 2009 y el proyecto modificado del presupuesto 2008; al estrategia de contratación del Proyecto de Ampliación de Generación en el Conjunto Generador Josefa Joaquina Sánchez Bastidas, Planta Picure y Generación de Respuesta Rápida (GRR); la autorización para delegar en el director de finanzas la facultad de aprobar operaciones de colocaciones por montos superiores a 2 millones de unidades tributarias.

  Javier Alvarado intervino para solicitar la aprobación de la contratación con recursos del Fondo Conjunto China Venezuela (FCCV) para procura de unidades modulares de generación como parte del Proyecto de Generación de Respuesta Rápida para la Gran Caracas, Vargas y Nueva Esparta.

   Lo anterior contemplaba la ampliación de la subestación Tacoa 230 KV; la nueva subestación y sistema de transmisión asociada al CC 540 MW; desmantelamiento y construcción de almacenes;: desmantelamiento y construcción del campamento de contratistas; adecuación de la estación de gas existente; adecuación de líneas de transmisión de interconexiones existentes; demolición y disposición de componentes de la Planta Arrecife para futuros proyectos; reubicación de helipuerto; estudio de operación y mantenimiento.

  Alvarado explicó que la distribución de los recursos del FCCV sería: USD 195 millones asignados al Proyecto Complejo Termoeléctrico Termocentro; y USD 115 millones asignados al Proyecto de Ampliación de Generación en la Isla de Margarita.

  La idea era dotar a la región central de autonomía dada su excesiva dependencia de la generación de las centrales hidroeléctricas de Guayana y la transmisión asociada que se manifestó en la falla eléctrica del 29 de abril de 2008. En este sentido, la junta directiva de Corpoelec aprobó la fusión en un megaproyecto de la Planta La Raisa y el Complejo Generador Termocentro.

   Asimismo, la falla eléctrica del 1° de septiembre de 2008 llevó a decidir la ampliación del Proyecto Generador Josefa Joaquina Sánchez Bastidas y de la Planta La Raisa.

  Las decisiones fueron: aprobar la ampliación del Proyecto Generador Josefa Joaquina Sánchez Bastidas; ampliar el Proyecto La Raisa como parte del Complejo Generador Termocentro para instalar 200 MW adicionales a los 330 MW de Generación de Respuesta Rápida que, sumados a los 1.080 MW de la Planta El Sitio suman 1.610 MW para el Complejo Generador Termocentro.

   Se decidió ajustar el presupuesto 2008 a USD 116 millones que debían ser reasignados al proyecto de ampliación de generación Margarita y cargados el proyecto del Complejo Generador Josefa Joaquina Sánchez Bastidas reasignado para los proyecto a ejecutar en 2008.

  Se resolvió ampliar la facultad del director de finanzas para aprobar operaciones de colocaciones por montos superiores a 2 millones de unidades tributarias con una vigencia comprendida entre el 1° de octubre de 2008 y el 31 de marzo de 2009.

Entran Derwick y Duro Felguera en escena

   En reunión de junta directiva de la que no podemos precisar fecha al no contar con esa parte del documento, pero que estimamos ronde entre los meses de septiembre y diciembre de 2009, Javier Alvarado solicitó aprobar la oferta de dos unidades de generación como parte del Proyecto de Generación de Respuesta Rápida para la Gran Caracas, Vargas y Nueva Esparta.

   En virtud de que el 20 de agosto de 2008 la directiva aprobó la compra de equipos modulares de generación por ser la mejor opción para la fase inicial del Proyecto de Generación de Respuesta Rápida por su flexibilidad, tiempo de entrega, instalación, transporte y operación con gas y diésel y en razón de que Derwick Associates S.A. presentó el 7 de noviembre de 2008 una oferta de dos equipos de generación de 22 MW, marca General Electric, tipo LM2500 PC Turbines para ser entregadas, una unidad en diciembre de 2008 y otra en enero de 2009, se expuso la conveniencia de aprobar la contratación, como en efecto se resolvió por USD 31.300.000.

  También se aprobó, deducimos que en la misma fecha, contratar a la empresa Duro Felguera S.A. para las obras y servicios de la ejecución preliminar de la Planta Termocentro por USD 215.000.000. Se aprobó que el director de integración de procesos suscribiría el contrato con la empresa española.

Nuevo contrato a Derwick y se amplía vigencia del de Duro Felguera

   El 27 de marzo de 2009 la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas conformada por Javier Alvarado (presidente), Genel Severeyn, Alberto Urdaneta y Nicolás Veracierta, con Luis Carlos De León Pérez como invitado permanente e Iliany Mata, como secretaria, se presentó la propuesta de estrategia de contratación y, en tal sentido, se pidió a la directiva autorizar la solicitud de oferta a Derwick Associates S.A., representante en Venezuela de ProEnergy Services lo que resultó aprobado basado en el numeral 1 del artículo 76 de la Ley de Contrataciones Públicas vigente para la fecha y que estaba referido a los supuestos que permitían la contratación directa independientemente del monto de la contratación, siempre y cuando la máxima autoridad del órgano o ente contratante, mediante acto motivado, justificara adecuadamente su procedencia. Se le solicitaría la actualización de la contratación de IPC para la instalación de equipos modulares de generación (3 x 60 MW Pratt & Witney) para la Planta de Generación.

La Raisa asociada al Complejo Generador Termocentro

   Alvarado también pidió a la junta directiva aprobar la extensión de la contratación de la empresa Duro Felguera S.A. para obras y servicios preliminares de la Planta de Generación Termocentro el cual se suscribió el 3 de diciembre de 2008 con vigencia hasta el 31 de marzo de 2009, mientras se acordaban los términos de la oferta definitiva. En razón de que la oferta presentada por la empresa el 4 de febrero aún estaba en estudio, se solicitó aprobar un Addendum del citado contrato de diciembre de 2008. Se aprobó la extensión hasta el 30 de abril de 2009.Otros contratos, otras empresas

   En fecha no determinada, pues no figura en la parte de los papeles que están en nuestro poder, la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas resolvió con base a las recomendaciones de la Comisión de Contrataciones N° 2, adjudicar los lotes 1 y 2 a la empresa China Profit Co. LTD por USD 72.200.000, equivalentes a Bs 155.230.000 (precio FOB). Los gastos de importación e impuestos serían asumidos por la EDC. Se acordó un anticipo del 30 por ciento y el 70 por ciento restante mediante Carta de Crédito Confirmada.

 Como segunda opción se aprobó adjudicar los lotes 1 y 2 a la empresa World Business en caso de que la otra empresa no mantuviera la oferta no suministrara las garantías debidas o le fuera anulada la adjudicación por haber suministrado información falsa.

  También se aprobó adjudicar como primera opción el lote 3 a la empresa World Business S.A. por USD 19.800.000 equivalentes a Bs. 42.570.000 (precio FOB). La C.A. Electricidad de Caracas asumió los gastos de importación e impuestos. Se dará un anticipo de 20 por ciento y el restante 80 por ciento mediante Carta de Crédito Confirmada. La segunda opción era para China Profit Co. LTD.

Nuevo contrato a Derwick

  El 29 de abril de 2009 la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas presidida por Javier Alvarado (presidente), con la participación de los directores Genel Severeyn, Alberto Urdaneta y Nicolás Veracierta, con Iliany Mata, como secretaria, a solicitud de la presidencia se analizó y se resolvió aprobar la contratación de la empresa Derwick Associates S.A. para los servicios de ingeniería, procura y construcción de la instalación de dos unidades de generación LM2500 y dos unidades de generación LM6000 en el Proyecto de Ampliación de Generación en el Complejo Generador Planta Josefa Joaquina Sánchez Bastidas por USD 50.814.011 (componente en dólares y Bs. 29.679.6955,20.

También Duro Felguera se hace de otro contrato

  El 27 de mayo de 2009 la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas conformada por Javier Alvarado (presidente), Genel Severeyn, Alberto Urdaneta, Carlos Luengo y Nicolás Veracierta, con Luis Carlos De León Pérez como invitado permanente e Iliany Mata, como secretaria, analizó la solicitud de autorización para declarar desierto y dar por terminados los concursos internos de oferta de las gerencias operativas de generación y transmisión previstos en el plan excepcional de contrataciones y resolvió aprobar, de acuerdo al numeral 1 del artículo 76 de la Ley de la Ley de Contrataciones Públicas, la contratación de la empresa Duro Felguera S.A. para los servicios de Ingeniería, procura y construcción (IPC) de la Planta de Generación Termocentro asociado al Complejo Generador Termocentro.

  El costo del contrato fue de € 510.241.202, USD 911.973.314 y Bs. 1.239.791.128.

Luis Carlos De León Pérez se integra a la directiva de la EDC

   El 10 de junio de 2009 la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas conformada por Javier Alvarado en su carácter de presidente), los directores Genel Severeyn, Alberto Urdaneta. Se incorporó ahora también como directivo de la empresa estatal, Luis Carlos De León Pérez (no disponemos del acta de la junta directiva en la que se le incorporó como integrante, pero obviamente fue un hecho ocurrido entre los últimos días de mayo y los primeros días de junio del citado año 2009) y fungiendo Iliany Mata como secretaria, autorizó la solicitud de oferta técnico-económica de las empresas:

   GTME de Venezuela S.A. para los servicios de ingeniería, procura y construcción de la instalación de dos unidades de generación (85 MW 700IEA General Electric) en la Planta de Generación La Raisa asociada al Complejo Generador Termocentro.

  Derwick Associates S.A. para la adquisición de dos unidades de generación de 45 MW cada una, marca General Electric, modelo LM6000 para la Planta de Generación La Raisa asociada al Complejo Generador Termocentro.

   Derwick Associates Corporation para los servicios de ingeniería, procura y construcción de la instalación de dos unidades de generación de 45 MW cada una, marca General Electric, modelo LM6000 para la Planta de Generación La Raisa asociada al Complejo Generador Termocentro.

  La Gerencia Funcional de Ingeniería y Proyectos debía hacer la evaluación de las ofertas y presentarla a la consideración de la junta directiva para su aprobación.

   Se aprobó la contratación de la empresa Inversora Cerro Azul C.A. para servicios de ingeniería, procura y construcción del gasoducto asociado al Complejo Generador Termocentro por USD 9.063.928,80 y Bs. 91.589.071,48 incluyendo IVA, con una anticipo de 50 por ciento de la porción en dólares y de 30 por ciento para la porción en bolívares del contrato.

   En la próxima entrega continuaremos dando a conocer a nuestros amables lectores, los procesos de contratación de la C.A. Electricidad de Caracas durante la gestión de Javier Alvarado, negociaciones que construyeron un fraude al estado venezolano pero que enriquecieron a un grupo de personas de los cuales algunos enfrentan a la justicia en la actualidad.

miércoles, 17 de febrero de 2021

Los papeles secretos de Andorra: La poderosa maquinaria de Pdvsa (Parte I)

Por Maibort Petit

Un documento emanado del Tribunal Supremo de Justicia del Principado de Andorra que se está en nuestro poder, revela como Diego Salazar y otros altos personeros del oficialismo —entre ellos Nervis Villalobos, Javier Alvarado Ochoa, Omar Farías Luces— estaban siendo investigados por blanqueo de capitales valiéndose para ello del establecimiento de un sistema que obligaba a empresas al pago de jugosas comisiones para verse beneficiadas con contratos de PDVSA y sus filiales. De este modo, a través de cuentas de los señalados y de sociedades panameñas por ellos controladas ingresaron a la BPA más de dos mil millones de euros.
   AnuncioAmante del vino Pomerol Petrus de 1990 cuyo precio es 5.560 euros la botella, decidió adquirir en diciembre de 2012, 694 unidades del néctar y otras selectas bebidas como Dom Perignon que lo harían extender un pago a favor de Lavinia, en el bulevar de la Madelaine de París, por 493.573 euros. Otras menudencias, como compras en joyerías por tres millones de euros, dos millones en obras de arte, más de medio por alquiler de helicópteros, caviar, jamón, delicatesen, formar su propia orquesta y grabar un disco dada su afición por cantar aunque posea pocos atributos para hacerlo. Comprar por 3,4 millones de euros un centenar de relojes Rolex y Cartier. Pasión y gusto por la buena vida, los placeres y las excentricidades que terminaron delatándolo: una propina de 99 mil euros obsequiada al “concierge” —empleado hotelero encargado de complacer a los clientes— del hotel Crillón en París y que habría llevado a éste a declararla a sus jefes y a estos, a su vez, a referir el hecho a los entes fiscales, encendió las alarmas y dirigió las miradas escrutadoras de las autoridades financieras galas hacia Diego Salazar Carreño.


   Las averiguaciones llevaron a que la Banca Privada de Andorra, BPA, por orden judicial, congelara el 5 de diciembre de 2012, una de las cuentas que Diego Salazar mantenía en esa entidad. Estados Unidos a través de acciones del FBI, fiscales de Miami y Nueva York, había iniciado la investigación y logró rastrear los fondos irregulares de Salazar desde cuentas de empresas de maletín de Belice y Panamá.

   En Venezuela, el 1° de diciembre de 2017, el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, informó que Diego Salazar Carreño, primo del exministro de Energía y Petróleo y expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, había sido detenido por su presunta vinculación al conocido caso de blanqueo de capitales en la Banca Privada de Andorra. Quien pasara de ser un modesto vendedor de seguros a un multimillonario egocéntrico fue imputado por los delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y corrupción impropia.

  Saab también anunció que las investigaciones que adelanta su despacho guardan relación con la utilización de la BPA para lavar más de 4 mil 200 millones de euros. “Hemos decidido abrir una investigación penal (…) al ciudadano Rafael Ramírez (…) porque en uno de los documentos que hemos encontrado el ciudadano Diego Salazar lo señala directamente, lo incrimina como su socio directo en operaciones de intermediación de compraventa de petróleo”, señaló el fiscal, al tiempo que agregó que igualmente por el mismo caso solicitaron la extradición de Nervis Villalobos, exviceministro de Energía Eléctrica quien “aparece como el segundo cabecilla de esta organización criminal”.

   Hasta ese momento Salazar se habría creído inmune a la justicia —aunque la actuación del fiscal Saab muchas veces parezca más una venganza o la manifestación de una lucha poderes a lo interno del chavismo— creyendo que su parentesco con el exzar petrolero podría mantenerlo a salvo, lejos del alcance de las autoridades no solamente venezolanas, sino también de las internacionales. Pero la caída en desgracia de Rafael Ramírez también lo arrastró a él.


   Desde su arresto en Caracas se encuentra detenido bajo la custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), según precisó Saab, quien informó que el familiar de Rafael Ramírez es el primer aprehendido de una trama que las investigaciones señalan que podría resultar en la detención de otras personas que integraban esta red de corrupción. En los primeros señalamientos, la fiscalía indicó que los “reportes de movimientos y apertura de cuentas bancarias, traspasos”, así como otros documentos encontrados por el Ministerio Público vinculaban a Salazar Carreño con el blanqueo de capitales a través de una trama de la que fue artífice y que manejó fondos milmillonarios entre los años 2011 y 2012. Los estimados de la fiscalía venezolana ubican en mil 347 millones 339 mil 972 euros el dinero manejado bajo este esquema de corrupción.

   Extra fronteras venezolanas, las investigaciones han determinado que los pagos efectuados por Diego Salazar tenían por detrás un enrevesado mecanismo por el cual se accionaban 37 cuentas bancarias que se manejaron entre 2007 y 2012 en la Banca Privada d’Andorra (BPA). A su vez, los depósitos en estas cuentas involucraban a sociedades creadas en Panamá. Las averiguaciones emprendidas por la juez de Andorra, Canòlic Mingorance, tratan de rastrear si la red de Salazar se valió de este conjunto de cuentas para cobrar comisiones ilegales a empresas extranjeras que habrían sido beneficiadas con millonarios contratos de la estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). Según da cuenta El País, después de estas maniobras financieras el dinero era enviado desde el Principado a paraísos fiscales, tales como Suiza o Belice, un objetivo que se lograba valiéndose “de una laberíntica arquitectura concebida para enmascarar fondos, según las pesquisas”.

 La nota agrega que el periódico español tuvo acceso a las cuentas corrientes de los protagonistas de la trama de corrupción, así como a los detalles confidenciales sobre sus sociedades instrumentales. Añade que ante el banco andorrano se justificaban los millonarios ingresos de los integrantes de la red —Diego Salazar, los exviceministros de Energía venezolanos Nervis Villalobos y Javier Alvarado y directivos de PDVSA— bajo la denominación de honorarios por trabajos de asesoría a empresas. Así se argumentó ante el órgano de fiscalización de la BPA para prevenir la evasión de capitales. De acuerdo a las investigaciones, estos supuestos trabajos de asesoría nunca tuvieron lugar. La jueza Mingorance intuye que los involucrados cobraron comisiones de entre el 10 y el 15 por ciento a empresas extranjeras, especialmente chinas, que luego fueron beneficiadas con contratos de extracción de petróleo gestionados por PDVSA y sus filiales. Las averiguaciones del tribunal establecen que los manejos de la red conectan con un acuerdo suscrito entre Venezuela y China que estipula que el primero de los países recibió un préstamo de 20.000 millones de dólares de parte del segundo a cambio de petróleo.

Sobre Javier Alvarado —expresidente de la Electricidad de Caracas y Bariven— se conoció que las autoridades venezolanas procedieron al allanamiento de su vivienda ubicada en la urbanización La Lagunita, recoge una nota del portal 7 Clicks que reseña una información dada a conocer por el periodista de investigación Casto Ocando. Esto se contradice con la decisión de la jueza 37 en funciones de Control, Luisa Renee Garrido, quien a petición de la Fiscalía dejó sin efecto las órdenes internacionales de aprehensión contra Nervis Villalobos Cárdenas y Javier Alvarado Ochoa.

  El portal agrega que tanto Javier Alvarado, como Nervis Villalobos Cardenas colaboran ahora con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para el esclarecimiento de esta trama de corrupción. Indica la reseña que Alvarado salió de España rumbo EE. UU., llevando una amplia información sobre Bariven. Estos detalles no fueron confirmados por ninguna de las fuentes que esta comunicadora tiene en diversas agencias federales.

  Por otra parte, es preciso recordar que Nervis Villalobos y Javier Alvarado también son investigados por el caso de haber recibido presuntos sobornos de Duro Felguera en Venezuela a cambio de contratos.

  Duro Felguera es un grupo empresarial internacional con sede en el Principado de Asturias, (España), que se especializa en la ejecución de proyectos llave en mano para los sectores energético e industrial.

  La Fiscalía Anticorrupción de España ha señalado a Javier Alvarado cuando estuvo al frente de la Electricidad de Caracas en 2009, de haber recibido sobornos de Duro Felguera, empresa que se adjudicó la construcción de una central termoeléctrica en la capital venezolana por más de 1.500 millones de euros, reseña el portal Expansión.

  En diciembre de 2017 Duro Felguera fue notificada por el juzgado central de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional sobre la admisión a trámite de “la querella formulada contra la compañía por la Fiscalía Especial por los delitos de corrupción internacional y blanqueo de capitales en el caso de supuestos pagos de comisiones ilegales de más de 88 millones de euros a expolíticos y funcionarios venezolanos para la consecución de la obra de construcción de la central térmica de ciclo combinado de Termocentro”, informó el sitio web La Nueva España.

 Tratamos de establecer comunicación con Javier Alvarado Ochoa y con sus supuestos abogados pero hasta el cierre de esta nota no logramos respuesta a nuestra solicitud.
Su debilidad por la ostentación lo delató

La debilidad por lo excéntrico y el derroche, han terminado como indicios que han permitido a las autoridades seguirle la pista, tal como lo señala una nota de El País en la que se refiere que el ostentoso pago de 3,4 millones de euros en joyería, se habría gestionado a través de una sociedad panameña controlada por Salazar.

Igualmente, mediante otra empresa panameña, a saber Josland Investments, Salazar Carreño pagó en 2011 una factura de compra de dos relojes de oro amarillo marca Rolex, por 90.500 euros, un adquisición en la que figura el exviceministro de Energía, Nervis Villalobos, arrestado en Madrid en octubre de 2017 por un caso distinto también investigado en Andorra.

Para Salazar Carreño el lujo y exhibir su fortuna era un asunto vital y así lo demuestra su manía de hospedar a sus relacionados en los mejores hoteles, tal es el caso Javier R. e Irma T., cuyo alojamiento en el Ritz de París corrió por su cuenta pese a que la cuenta alcanzó los 575.000 euros por varias estadías en un periodo de diez años que incluían cargos de 34.216 euros por el alquiler de limusinas y de 6.223 por unos tragos en el bar del establecimiento, el Hemingway.

En 2011 también cubrió la estadía de dos venezolanas en el Four Seasons de París. En esa ocasión la factura sumó 150.000 euros por varias temporadas.

El portal RunRun.es refiere que cuatro altos gerentes de la Banca Privada Andorra aceptaron grandes comisiones para blanquear 2 mil millones de dólares provenientes de fondos públicos venezolanos entre los que se encontraban los de Salazar. Se trataba de una jugada para “ocultar la procedencia del dinero venezolano a todos los órganos de control”.

Conversaciones de Salazar Carreño habían sido grabadas por la Guardia Civil española y ello permitió en una operación que recibió el nombre de “Clotilde” y que pinchó a Andre Petrov por una serie de acciones irregulares que involucraban a la BPA, que las conversaciones con los venezolanos salieran a flote. Allí Diego Salazar habría admitido poseer una cuenta con 1.000 millones y en “otra, hablan de sobornar a la fiscalía andorrana, acaban de pagarle 80.000 dólares a un jefe de la policía venezolana que ha osado investigarles. Casualmente la petrolera estatal PDVSA, en la que trabaja Salazar y al frente de la cual está su primo el ministro del petróleo, acabará generando una deuda de 90.000 millones. Los investigadores sospechan que es la banca andorrana quien se encarga del desvío de fondos y el blanqueo igual que lo hace con la mafia rusa. El comandante de la Unidad de Información nos los explica con una comparación. Los rusos hablan de 100 millones de euros, los venezolanos de miles de millones de dólares”. Se lee en la reseña del citado portal.

El fiscal dijo que se pensaba que el grupo delictivo de Salazar pudo haber venido funcionando desde el año 2006, estimándose que el monto de los capitales legitimados superará los 4.200 millones de dólares. Añadió que los detenidos estaban vinculados con una compañía conformada por al menos 40 personas, algunos de los cuales son exfuncionarios de PDVSA.

Agregó que esta organización “utilizó aproximadamente 40 empresas fantasmas y unas pocas reales para manejar y blanquear fondos derivados de hechos de corrupción y, a la vez, ocultar la identidad de los beneficiarios”.

Tarek William Saab dijo que estos hechos de corrupción contaron con la complicidad de la Banca Privada de Andorra, la cual ayudó a la conformación de empresas y aceptó efectuar transacciones sin respaldos.

Al frente de todas estas irregularidades, estaba supuestamente, a decir de Saab, Diego Salazar Carreño.

Se conoció que también arrestado José Enrique Luongo, quien junto a Salazar, representaba a la empresa Antigua Omega INC.
El documento del Tribunal Supremo de Justicia de Andorra

En nuestro poder se encuentra un documento oficial de los tiempos en que se inició la averiguación referida líneas arriba y que mundialmente se conoce como el “Caso de Andorra”.


El citado oficio del Tribunal Supremo de Justicia del Principado de Andorra, clasificado con el número 4103434/2012, hace mención a las diligencias previas que arrojaron los primeros señalamientos a conjunto de personas involucrados en hechos de corrupción, entre los cuales se encuentran Diego José Salazar Carreño, Luis Mariano Rodríguez Cabello, Estibaliz Basoa de Rodríguez, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, Javier Alvarado Ochoa, Anna Piñero Carrabina, Cristina Lozano Bonet, Luis Pablo Laplana Moraes, José Luis Zabala y Omar Farías Luces.

El documento en nuestras manos es una rogatoria que hacen las autoridades del Principado de Andorra a las autoridades de Francia solicitando información sobre los antes señalados, así como otras personas e instituciones que se sirvieron para instrumentar la trama de legitimación de capitales a través de la BPA.

El Tribunal Supremo de Justicia del Principado de Andorra acusó a estas personas de haber cometido presuntamente los delitos de blanqueo masivo de capitales y valores tipificado en el artículo 409 y 410 del Código Penal de ese país. Asimismo, se aclara que Diego José Salazar Carreño es primo hermano de Rafael Ramírez Carreño, quien para la época de la comisión del delito era el Ministro de Energía y Petróleo y presidente de PDVSA.

Entretanto, de Nervis Villalobos se dice que fue viceministro de Energía, que Javier Alvarado Ochoa fungió como presidente de la empresa estatal Electricidad de Caracas y Omar Farías Luces era el propietario de una de las empresas del sector seguro más importantes de Venezuela, a saber, Seguros Constitución.

Se indica que Salazar Carreño, Villalobos Cárdenas, Alvarado Ochoa, Farías Luces están acusados de aprovecharse de su influencia en los círculos de poder y de, con la ayuda del resto de las personas imputadas, organizar un sistema de comisiones o sobornos relacionados a los contratos públicos de la petrolera venezolana PDVSA, que establecía que las empresas que accedían a las licitaciones estaban obligadas a contratar con ese entramado empresarial para poder conseguir las adjudicaciones. Por este “servicio”, lo imputados cobraban millones de euros por concepto de gastos de asesoramiento, a menudo verbales, en contrapartida por sus gestiones. Quedó establecido que los pagos de sobornos eran un requisito imprescindible para conseguir el acceso al mercado público de PDVSA y sus filiales.

Cita el documento que gran parte de los pagos se hacían a través de cuentas de los acusados y de sociedad panameñas controladas por ellos en la entidad bancaria Banca Privada de Andorra, determinándose que por las mismas circularon más de dos mil millones de euros (€2.000.000.000).

En la rogatoria se hace referencia a que la investigación se inició con sustento en una información recibida por la Unidad de Inteligencia de Andorra (UIFAND), del Servicio Lucha contra el Lavado de Dinero del Ministerio de Finanzas francés, TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins), relacionada a la averiguación de la sociedad panameña Highlands Assets Corp., desde cuya cuenta en la Banca Privada de Andorra se efectuó una transferencia por USD 99.980,00 a Francia, cuyo beneficiario era un empleado de una cadena hotelera gala, un pago que representaba una gratificación o regalo por los servicios prestados por dicho empleado. La sociedad Highlands Assets Corp. que está bajo investigación, es propiedad de Diego Salazar Carreño, cuyo representante es Luis Mariano Rodríguez Cabello.

Se conoció que la averiguación había determinado que los implicados y, principalmente, Diego Salazar Carreño y su hombre de confianza, Luis Mariano Rodríguez, pasaban temporadas en París, donde gastaban millones de euros en establecimientos hoteleros y boutiques de lujo. También habrían efectuado transferencias a bancos ubicados en esa ciudad, como el banco Monte Paschi Banque S.A de París.

La citada nota de El País indica que a pesar de que la Banca Privada de Andorra tuvo recelos, terminó abriendo las cuentas bajo sospecha, obviando las advertencias de su unidad de fiscalización interna que alertó la condición de Personas Políticamente Expuestas (PEP), por haber ocupado un cargo público y a quienes debe someterse a un control especial para prevenir el blanqueo.

Hay que apuntar que las autoridades de Andorra intervinieron el BPA en marzo de 2015 luego de que Estados Unidos denunciara que este banco fue empleado por bandas criminales para la legitimación de capitales, una acusación que los dueños de la entidad financiera niegan.
Los involucrados en la trama de corrupción

En enrevesado mecanismo de corrupción fue configurándose por Diego Salazar Carreño, uno de sus principales protagonistas, y en torno a él, fueron apareciendo otros personeros que le dieron cuerpo a la trama.


El 17 de julio de 2015 se dicta auto de detención, aún vigente, y se acuerda el embargo y bloqueo de todos los bienes de los que dispongan las siguientes personas:

1. Luis Mariano Rodríguez Cabello, nacido el 06-12-1965 en Venezuela, de nacionalidad venezolana, número 036731648.
2. Estibaliz Basoa de Rodríguez, nacida el 09-03-1973 en Bilbao, España, nacionalidad venezolana, pasaporte número D0665766.
3. Diego José Salazar Carreño, nacido 23-02-1968 en Caracas, Venezuela, nacionalidad venezolana, pasaporte número 9423332.
4. Rosycela Díaz Gil, nacida el 04-09-1972 en Caracas, Venezuela, de nacionalidad venezolana, pasaporte número 10806551
5. Omar Jesús Farías Luces, nacido el 15-08-1962 en Güiria, Venezuela, de nacionalidad venezolana, pasaporte 005880296
6. José Luis Zabala, nacido el 12-06-1973 en Caracas, Venezuela, de nacionalidad venezolana, pasaporte número 009633799
7. José Enrique Luongo Rotundo, nacido el 24-01-1954 en Venezuela, de nacionalidad venezolana, documento de identidad número V-4083540

8. Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, nacido el 11-06-1967 en Maracaibo, Venezuela, de nacionalidad venezolana, titular de la cédula de identidad número V-7830467

Así como también de las siguientes empresas: Memoser Compañía de Seguros S.A.; Westshore International Limited; Baychester Investment S.A.; Baluja International Limited; Lutmill International S.A.; Fundación Terramar Hall; Vida I Patrimonio Corretaje de Seguros C.A.; ISB Sociedad de Corretaje de Seguros I Reaseguros C.A.; Lomond Overseas S.A.; Mills Advisores S.A.; Trismas Foundation; Monterrey Management Limited; Tristaina Trading S.A.; Josland Investment S.A.; Megana International LTD; Highland Assets Corp.; High Rise Proyects S.A.; Central Berfort S.A.; Fundation Caixa Bella; Wordwide Traders Line S.A.; Red Boutique Fundation; Calabrias Overseas S.A.; ISB Sociedad CS, S.A.; Antigua Omega INC.
El pedido a Francia

El documento del Tribunal Supremo de Justicia del Principado de Andorra en su primer considerando señala que dado el estado de las cosas, se hace necesario solicitar la cooperación de las autoridades judiciales francesas para determinar si parte de los beneficios objeto de la medida acordada por el Principado se encuentran en su territorio y, en caso de ser afirmativo, piden que se proceda al bloqueo de los mismos.

En el considerando dos se señala que la información a la que se hace referencia en el considerando uno, al tratarse de procedimientos judiciales extranjeros solo pueden ser obtenidos mediante una comisión rogatoria y en vista del artículo 2 de la Ley de Cooperación Internacional y la Lucha Contra el Blanqueo de Capital y Valores Producto de la Delincuencia Internacional y Contra el Terrorismo que establece que tal rogatoria precisa de una exposición que informe suficientemente de los hechos y el objeto del procedimiento, así como de una exposición del motivo de la demanda, se procede en consecuencia.

Agrega que considerando que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en concreto de la sentencia 572-2011 del 2 de abril 2012, establece que las comisiones rogatorias tienen el acuerdo auto motivado cuando puede resultar afectado el derecho a la intimidad, deben respetarse las garantías para la protección de lo establecido en el código de procedimiento penal.

Igualmente, considerando que los hechos investigados son sumamente graves y podrían constituir delitos establecidos en el artículo (409.1) sobre blanqueo de dinero o valores, y ante la necesidad de identificar el destino de los bienes afectados por la medida cautelar a fin de poder continuar con la presente medida de instrucción, se procederá oportunamente a enviar comisión rogatoria a la autoridad judicial competente de Francia, no pudiendo obtener dicha información de manera oficial por otro medio.
Decisiones

El Tribunal Supremo de Justicia del Principado de Andorra decidió transmitir la comisión rogatoria a las autoridades competentes francesas para que se proceda a investigar el patrimonio de los implicados y verificar las personas físicas y jurídicas afectadas por el bloqueo decretado el 15 de julio de 2015, a los fines de garantizar la respectiva efectividad de la medida.

La corte determinó que los vinculados se aprovecharon de sus influencias políticas para organizar un esquema de corrupción para apoderarse de contratos públicos de la empresa PDVSA. Asimismo, refiere que los implicados establecieron una trama que obligada a pagar comisiones para poder conseguir las adjudicaciones, cobrando millones de euros a los aplicables por concepto de asesoramiento en contrapartida por sus gestiones. Además, se determinó que el pago era imprescindible para entrar al mercado público de PDVSA y sus filiales.

El Tribunal también estableció que gran parte de los sobornos fueron pagados a través de sociedades panameñas controladas por los implicados en cuentas del Banca Privada de Andorra por las cuales transitaron más de 2.000.000.000 de euros.

Refiere el tribunal que el 30 de noviembre de 2012 se inició una causa penal y se dictó el primer bloqueo, un hecho que ocurrió antes de que la entidad bancaria tramitara una transferencia de Diego Salazar Carreño por 40 millones de euros a Francia, vía Suiza para la adquisición de una unidad inmobiliaria en París, hace suponer que el imputado tenía ingresos económicos en dicha ciudad.

En consecuencia, el Tribunal dictaminó el 17 de julio de 2015 llevar a cabo un bloqueo y embargo de las cuentas cuyos beneficiarios estaban relacionados con esta trama de corrupción.
La intervención de Villepin

Ante la acción de bloqueo por parte de las autoridades francés de 200 millones de dólares de la cuenta en la BPA, Diego Salazar Carreño procedió a contratar como su abogado al exprimer ministro francés (2005-2007), Dominique de Villepin, quien se convirtió en el artífice de las acciones que llevó que el Tribunal de Corts, la instancia judicial penal de Andorra, autorizara a BPA la devolución de fondos multimillonarios por falta de pruebas a exfuncionarios del gobierno de Hugo Chávez y otros miembros de la denominada boliburguesía venezolana, refiere el portal Cuentas Claras Digital.

En esas mismas páginas se hace referencia a las grabaciones que la Guardia Civil española realizó al ejecutivo de cuentas y consejero delegado, Luis Pablo Laplana Moraes, investigado por lavado de dinero junto con otros dos empleados del banco andorrano. Allí se indica que durante una llamada realizada en diciembre de 2012, Dominique de Villepin le dijo a Luis Laplana de parte de Diego Salazar que estaba trabajando lograr el desbloqueo de los 200 millones de dólares de su cliente.

En una ocasión Villepin le comentó a Laplana la estrategia de la defensa que haría de Salazar: “Ahora bien… y aquí viene la pequeña trampa… que el hecho de que estas personas operen aquí con sociedades de Belice o de Panamá, es por un tema de evasión fiscal que no es delito en Andorra, por lo tanto no se les puede acusar… de ocultar el origen del dinero”.

Puntualiza Cuentas Claras que a juzgar por los resultados de la defensa “la estrategia de relacionar el tema con evasión de impuestos y alejarlo de la averiguación del origen de fondos, fue exitosa. La sentencia del tribunal penal andorrano basa el desbloqueo de las cuentas en la imposibilidad de las autoridades policiales en descubrir el origen de los fondos, que se legitimaron a través de una extensa red de empresas en Panamá e Islas Vírgenes, así como en la inexistencia de antecedentes penales en los jerarcas venezolanos afectados. En una de las grabaciones, Laplana y Dominique de Villepin comentan jocosamente que ‘Diego de lo único que se ocupa es de disfrutar de la vida y de lo hermoso que es París’. Al parecer, ‘el primo’ también sabe cómo escoger a sus abogados y, sobre todo, le sobra con qué pagarles”.

Otra nota del sitio web Secretos Revelados refiere que Villalobos y Alvarado intentaron detener las averiguaciones en su contra a través de la compra de jueces y policías en Europa. Se cita allí que Diego Salazar manejó la posibilidad de sobornar a investigadores europeos, pero desistieron de ello al entender que la justicia y jueces europeos no se manejaban con el mismo desparpajo que los venezolanos.

Agrega la información que el hombre de confianza de Diego Salazar, Luis Mariano Rodríguez, “confesó los planes de la red para comprar voluntades al exdirectivo de BPA, Pablo Laplana. Y puso como ejemplo un soborno a policías que Salazar ejecutó en Venezuela. La conversación se desarrolló el 5 de diciembre de 2012”.
¿Quién es Diego Salazar?

Sobre Diego Salazar Carreño el portal Poderopedia informa que es hijo del exguerrillero, exconstituyente y miembro fundador del Movimiento Quinta República (MVR), Diego Antonio Salazar Luongo y primo por la línea materna de Rafael Ramírez.

Agrega que de acuerdo a la periodista Olga Wornat, del diario La Nación de Argentina, “Salazar Carreño pasó de vendedor de pólizas de seguro a convertirse en uno de los hombres más ricos de Venezuela, todo gracias a su poderoso pariente, quien le otorgó el multimillonario contrato de la póliza de seguros y reaseguros de Petróleos de Venezuela, S.A.

El portal refiere que se le conoce como el “Rojo de Oro” y lo describe como un hombre a quien le encanta la fiesta, el derroche y los lujos, que vacaciona en Dubái, a donde se traslada en su avión, con mucamas, chefs y custodios. Posee mansiones en Estados Unidos y Europa, mientras que en Caracas adquirió un lujoso piso en la urbanización Campo Alegre que, al resultarle insuficiente, lo llevó a decir comprar el edificio entero.

Se da cuenta de que dada su afición al canto decidió formar su propia orquesta de salsa conformada por cien músicos a quienes paga salarios en dólares y con los que ensaya tres veces por semana en el Hotel Marriott, cuya planta baja se cierra para él y su banda.

Durante años se le ha adjudicado al exguerrillero Douglas Bravo la autoría de un artículo aparecido el 9 de diciembre de 2011 en el portal “ABC de la semana” titulado “A quien pueda interesar” en donde se hace referencia a la vida y andares de Diego Salazar Carreño, a quien califica de “boliburgués” que —además de lo ya señalado sobre él en estas líneas— es propietario de varias oficinas en la Torre Edicampo, también en Campo Alegre, “donde funciona su holding empresarial de intermediación de negocios de alta factura con organismos del Estado, llamado ‘Inversiones y Asesorías Inverdt S.A.’ y la Fundación Diego Salazar, este último un artificio sin fines de lucro para darle algo de shampoo social a las actividades de este filántropo de la revolución y quizás para evadir algunas de las obligaciones fiscales con el generoso Estado socialista y revolucionario”.

Refiere que a los ensayos de su orquesta llega “con su sequito de espalderos dirigidos por su jefe de seguridad, el Comisario General (antigua PTJ) Leonardo Díaz Paruta. El mismísimo primo menor, socio y compinche de Rafael Ramírez Carreño, presidente de PDVSA, a cumplir con su sueño de ser cantante, con orquesta propia, pero sin cualidades especiales en el gañote. Son bien conocidas las presentaciones artísticas del magnate bolivariano Diego Salazar Carreño, rociadas por varios frascos de bebidas espirituosas de exquisita selección en la que se alternan en la sección de vinos: el Château Lafite Rothschild, el Petrus Pomerol, el Romanée-Conti, el Château Margaux. En la sección de champagne Perrier Jouet o el Dom Pierre Pérignon y para los paladares criollos wiskiceros el Johnnie Walker Blue Label y Buchanans Red Seal. Eso sin olvidar los elaborados menús realizados por su cheff privado, dignos de tirar cohetes. Entre los caprichos de mi ahijado boliburgués no solo se destaca su especial hábito de vacacionar con su familia, amigotes más allegados y parte de su séquito de espalderos y asistentes a la paradisiaca locación saudita de Dubái, sin dejar de pasar la compra hace ya unos años, de una acción en el Caracas Country Club. Este hecho tuvo alguna resonancia en las altas esferas de la oligarquía ortodoxa capitalina, ya que por no tener pedigrí encopetado, se corrió el rumor de que la directiva del club le iba a cerrar el paso a su incorporación, echándole la tradicional ‘bola negra’. La maniobra fue inteligentemente contrarrestada, con el oportuno lobby de algunos amigotes de ocasión (Bobby Pocaterra, Tite Oteyza Scull y Fernando Sozaya Iturbe, quien para ese entonces era presidente de la junta directiva) y del desinteresado obsequio a cada uno de los 10 miembros de la Junta Directiva, de un Rolex Day Date de oro amarillo. Los mencionados obsequios ablandaron de manera casi mágica los orgullos clasistas y respingados de una Junta Directiva que rechazan visceralmente, las guayaberas rojas”.

De este escrito Douglas Bravo se desdijo en una entrevista que le hiciera Alicia Hernández para la página KonZapata.com, en la que aseguró que “ese no soy yo” y advierte que ha ido a protestar al respecto y no ha obtenido respuesta. “Yo he criticado al gobierno, he hecho análisis profundos, hemos sido inflexibles. Pero nunca he usado el lenguaje despreciativo, insultante, que usa este gobierno. Hago análisis. De modo que ese @douglasarrecho no soy yo. Y lo que hizo ese fulano fue, ante las denuncias que hicimos, copiarse muchas cosas mías”. Agregó que no ha tenido contactos con Salazar Carreño, pues su relación era con el padre de este y que solamente lo llamó por teléfono para comentarle el artículo en cuestión y advertirle que no era el autor del mismo. “…me dijo que ellos sabían que ese no era yo, porque ellos sí sabían que yo atacaba duro al gobierno, con estilo… Soy más duro que esas ridiculeces”.
¿Las verdaderas razones?

Lo cierto es que resulta altamente curioso que todas estas acusaciones salgan a la luz sólo hasta ahora, pese a que durante años se llamó la atención sobre las irregularidades cometidas por Rafael Ramírez y su primo.

Más aun, el propio Tribunal Supremo de Justicia dejó sin efecto las investigaciones que sobre el exzar petrolero adelantó la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional sobre la malversación de 11 mil millones de dólares en la petrolera estatal PDVSA, a través de manejos irregulares entre 2004 y 2014.

Al respecto, en el portal TururuTururu.com de la periodista Berenice Gómez se afirma que la actuación del fiscal Tarek William Saab se encuentra muy alejada de la intención de impartir justicia, toda vez que Diego Salazar operaba dentro y fuera de Venezuela con total impunidad sin que las instancias judiciales trataran de poner fin a esta situación. “Diego Salazar siguió operando con toda libertad en Venezuela y en el exterior… hasta que fue víctima, no de la justicia… para nada. Ha sido víctima de la pelea por las caletas de dinero que Hugo Chávez le encomendó a Ramírez, un fondo para sus hijos de USD 3 mil millones, y que Ramírez no quiere entregarle a Cilia y Maduro… entonces, el régimen desempolvó la investigación, las rogatorias y denuncias de Andorra sobre un cuarteto de primos, donde la cabeza de Rafael Ramírez, el dojo, dojito…”.

Igualmente, en la Asamblea Nacional fueron bloqueadas todas las iniciativas de investigación tan pronto la información salió a la luz a través de la prensa española. El diputado Julio Montoya del opositor partido Primero Justicia encabezó las averiguaciones pero su colega oficialista Pedro Carreño, en el seno de la Comisión Permanente de Contraloría articuló todos los mecanismos para impedir que se investigara a Carlos Aguilera Borjas, exdirector de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención de Venezuela (Disip) con una estrecha amistad con el parlamentario chavista.

miércoles, 2 de diciembre de 2020

Guillermo Salas: Resolución de las elecciones de EE. UU. en las cortes podría poner en evidencia las trampas del sistema de votación venezolano

Por Maibort Petit

  Los tribunales pueden ser el escenario donde — sin ser catalogadas como teorías conspirativas y sin el veto de los medios de comunicación— se conozca en toda su dimensión la perversidad del sufragio automatizado.

  Las denuncias de fraude electoral en los Estados Unidos por parte del equipo del presidente Donald Trump que terminen en la Corte, permitirían que salieran a la luz las vulnerabilidades y trampas del sistema electrónico de votación implementado en Venezuela a través de la empresa Smartmatic, toda vez que él mismo ha sido acusado por importantes voceros de la campaña del mandatario norteamericano, como la causa de que en estos momentos se le tenga como el perdedor de la contienda.

  Específicamente, Rudy Giuliani y Sidney Powell, han hecho referencia a la utilización de software electoral diseñado por la empresa vinculada al chavismo en los pasados comicios presidenciales del 3 de noviembre.

“No es posible creer que la empresa dueña de esta maquinaria electoral sea aliada de Hugo Chávez, sea aliada de Nicolás Maduro y aliada de George Soros. ¿Qué tenemos que hacer para llegar a la verdad?", advirtió Giuliani, mientras que Powell aseguró tener evidencias de que el fraude electoral implementado en Estados Unidos tiene su origen en Venezuela[1].

  Muchas voces se han levantado en Estados Unidos para refutar esto, incluso desde el seno del propio Partido Republicano, queriendo descalificar las denuncias al calificarlas como meras teorías conspirativas.

  Pero apelar a catalogar las irregularidades denunciadas como teorías conspirativas es, al mismo tiempo, parte de la estrategia implementada a la hora de llevar a cabo un fraude electoral, advierte Guillermo Salas, fundador de la organización de contraloría electoral Esdata, un experto con larga trayectoria explicando lo que es un fraude electoral desde el punto de vista de la ciencia.

  Salas refiere que en el caso venezolano toda persona que atacara al sistema electrónico de votación impuesto por Jorge Rodríguez cuando presidía el Consejo Nacional Electoral (CNE) era catalogado de antipatriota o de divisor de la oposición, entre otras cosas.

   La sacralización del sistema electoral venezolano se convirtió, pues, en tema vetado aun entre el círculo opositor, toda vez que las referencias a su vulnerabilidad pasaban a considerarse obstruccionistas de cualquier posibilidad de entendimiento o de resolución a la crisis política imperante en el país.

  Salas subraya que todo fraude electoral de cierta envergadura lleva asociada una conspiración, la cual se puede inferir, incluso, a través de un método matemático planteado en 2007 por uno de los grupos matemáticos más importantes del mundo, Wolfram Research.

Las denuncias de Salazar

   Hay que recordar que en Estados Unidos las referencias a las irregularidades del sistema electoral venezolano no son un tema reciente, toda vez que el exjefe de seguridad del finado expresidente Hugo Chávez y luego de Diosdado Cabello, Leamsy Salazar, presentó una declaración jurada en la que habló, de acuerdo a lo que se sabe de ella pues se encuentra sellada en la actualidad, de la supuesta existencia de un sistema de control que permitía monitorear los resultados e interactuar con las máquinas de votación en tiempo real.
 
  Esta declaración jurada de Salazar, podría conocerse más profundidad en el proceso judicial que se iniciaría en caso de prosperar las denuncias de la campaña de Donald Trump ante la corte.

  “Creo que, en estos momentos, cuando se lleve a cabo en la corte de justicia de los Estados Unidos todo lo relativo al supuesto fraude cometido contra Donald Trump, permitirá también destapar el caso de Smartmatic en Venezuela. Se va a saber mucho de lo que pasó en el referendo y que continuó pasando para tapar todas las evidencias de fraude, lo cual fue asqueroso”, alerta Salas.

  Las denuncias de Leamsy Salazar fueron recogidas en el libro “Boomerang Chávez: los fraudes que llevaron al colapso a Venezuela”, del periodista español Emili Blasco que en una de sus partes señala que “Un sistema informático paralelo al oficial permitía al chavismo saber en tiempo real a lo largo del día la evolución del voto y le facultaba conocer el número de votos falsos que debía producir para girar el resultado. Eso ocurría en el marco de un proceso completamente electrónico, como es habitual en Venezuela, y con la complicidad de quien debía ser su árbitro, el Centro Nacional Electoral (CNE). Gran parte de la trampa se gestionó desde Cuba”.

El fraude es comprobable en una corte

 Guillermo Salas asegura que el fraude electoral cometido electrónicamente es perfectamente comprobable y, de hecho, las pruebas estadísticas son válidas en los tribunales estadounidenses.

  Citó el caso de un recurso introducido hace pocos años ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela en el exilio, en el que aun cuando ninguno de los magistrados era proclive a la tesis del fraude electoral, luego de escuchar toda la exposición sin que existiera el bloqueo de los medios de comunicación donde el asunto es vetado, concluyeron con la prohibición del voto electrónico y exigieron que se auditara el registro electoral y se impusieran una serie de condiciones para que pueda haber unas elecciones transparentes en el país.

  Luego de comentar que ningún medio de comunicación nacional comentó esta decisión —dado el veto señalado—, algunos de los magistrados se pronunciaron por la necesidad de procesar el caso penalmente.

  Con relación al caso estadounidense, Salas apunta que los juicios se deciden por el número de indicios, sobre los cuales el jurado se pronuncia acerca de si el imputado es culpable o inocente. Por lo tanto, habrá que esperar para ver si en este, la evidencia delata al cuestionado sistema electoral venezolano.

REFERENCIA

[1] Independientes en Español. “Trump 'election fraud' lawyer claims communist plot from Venezuela to help Democrats win”. 20 de noviembre de 2020. https://www.independentespanol.com/noticias/giuliani-trump-fraude-electoral-venezuela-b1758714.html

Smartmatic, la empresa electoral que carga con el lastre de su relación con el chavismo

   Un largo historial de acusaciones en su contra ponen en tela de juicio cualquier proceso electoral en sus manos.

Por Maibort Petit

    Desde que el equipo legal que asesora la campaña de Donald Trump aseguró que el voto en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos del pasado 3 de noviembre, fue pirateado y se cambiaron las boletas correspondientes al actual mandatario para su adversario Joe Biden, el nombre de la empresa Smartmatic ha comenzado a resonar nuevamente como supuesta responsable del fraude acusado Rudy Giuliani.

  El abogado personal de Trump, sugirió que la presunta manipulación del voto habría sido responsabilidad de “una empresa propiedad de afiliados de Chávez y Maduro (…) No es posible creer que la empresa dueña de esta maquinaria electoral sea aliada de Hugo Chávez, sea aliada de Nicolás Maduro y aliada de George Soros. ¿Qué tenemos que hacer para llegar a la verdad?", advirtió Giuliani.

   A las acusaciones de Giuliani se suma Sidney Powell, quien dijo tener evidencia de que el supuesto fraude “vino de Venezuela, de Nicolás Maduro, de Hugo Chávez, de Cuba y de China, que tiene importantes intereses en Venezuela”[1].

   Los señalamientos alcanzan igualmente a Dominion Voting System, una empresa canadiense supuestamente ligada a compañía que impuso el voto automatizado en Venezuela.

   El propio Donald Trump aseguró que 2,7 millones de votos a su favor fueron “eliminados” por el sistema de votación electrónica, acusaciones que apuntan directamente a Dominion Voting System, compañía de la que en 2019 se la reportó desde la Secretaría de Estado en Texas, como llena de vulnerabilidades.

   Smartmatic niega las acusaciones en su contra, al asegurar que, en los comicios en Pensilvania, Georgia, Arizona, Nevada, Michigan o Carolina del Norte, entidades en las que la campaña de Donald Trump cuestionó o impugnó los resultados electorales, hayan usado tecnología de su propiedad.

   Igualmente, Dominion desestimó los señalamientos y se remitió a las conclusiones de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA), instancias adscrita al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que aseguró que las elecciones presidenciales del 3 de noviembre "fueron las más seguras en la historia" desde un punto de vista técnico[2].

  Smartmatic sostiene que nunca ha proporcionado a Dominion Voting Systems ningún software, hardware u otra tecnología y que más bien son competidores en el mercado.

  Documentos oficiales refieren que la única relación existente entre Smartmatic y Dominion se remonta al año 2010 cuando la segunda licenció a la primera para usar escáneres ópticos en una elección de Filipinas. Una información que niega la afirmación del equipo de Trump que aseguró que aun cuando Dominion es una empresa canadiense, el software que utiliza es propiedad de Smartmatic. La advertencia de la campaña del actual presidente estadounidense se debe a que Dominion participó en las elecciones en 28 estados[3].

Smartmatic según ella misma

  Según la página web de Smartmatic, esta empresa fundada en el estado de la Florida en el año 2000 por los venezolanos Antonio Mugica, Alberto Anzola y Roger Piñate, está enfilada a “crear tecnologías de votación más seguras, accesibles y fáciles de usar, diseñadas para salvaguardar el proceso de principio a fin”, al tiempo que asegura que es “la compañía de tecnología de elecciones más grande, avanzada e innovadora del mundo”, habiendo “diseñado e implementado con éxito tecnología de votación segura para comisiones electorales en los cinco continentes en 25 países”.

   Refiere que es un proveedor aprobado del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, al tiempo que es miembro fundador del Subsector de Infraestructura Electoral del Departamento de Seguridad Nacional y agrega que no se basa en ninguna aplicación única para garantizar la integridad de las elecciones. “Utilizamos múltiples capas de protección, medidas de seguridad y mecanismos de control en todos nuestros sistemas de votación. Nuestra tecnología protege los votos en cada paso, desde la recopilación de datos a prueba de manipulaciones hasta el cifrado de extremo a extremo y los registros completamente auditables”[4].

   En la actualidad la compañía está en manos de Mugica y Piñate, siendo que el 83 por ciento de las acciones del capital se propiedad de sus familias, 10 por viento es de los empleados y el restante 7 por ciento, a otros inversores. Smartmatic niega ser una empresa venezolana.

   Lo cierto es que esta empresa que en el momento de su fundación funcionó en la casa de los padres de Mugica, en Boca Ratón, luego de encargarse del referendo revocatorio convocado en Venezuela para consultar a la población si quería terminar el mandato del finado expresidente, Hugo Chávez, la empresa comenzó un proceso de expansión, siete meses después habría comprado una de las empresas más grandes en los Estados Unidos encargada del conteo de votos, a saber, Sequoia Voting System firma que mantuvo bajo su dominio en 2007 cuando la vendió. A la versión de que Sequoia se convirtió en Dominion Voting System y esta sostiene que en 2010 compró "ciertos activos" a Sequoia. Después, Smartmatic comenzó a operar por Latinoamérica, habiéndose encargado de procesos electorales.

  La vertiginosa expansión de Smartmatic a partir de su participación en el referendo venezolano y también fue comentada por la Embajada de de los Estados Unidos en Venezuela, tal como reveló un cable de la instancia diplomática fechado en julio de 2006, divulgado por WikiLeaks, el cual advertía que la empresa “pasó de ser una pequeña startup tecnológica a un importante actor en el mercado, catapultado por su participación en el referendo revocatorio de agosto de 2004” y remataba diciendo que “sus verdaderos dueños —probablemente miembros de la élite venezolana de diferentes afiliaciones políticas— permanecen ocultos detrás de una red de holdings en Holanda y Barbados“.

   En 2017, Smartmatic denunció, luego de haber participado en las elecciones para la Asamblea nacional Constituyente, que la presidenta para entonces del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, supuestamente había manipulado el boletín de participación de los comicios[5].

¿La mano de Soros?

   Los señalamientos acusan la mano de George Soros estaría detrás de todas estas irregularidades, al afirmarse que Dominion fue comprada por Staple Street Capital, que cuenta entre sus directorio  con William Earl Kennard, ex-embajador del gobierno de Barack Obama en la Unión Europea.

  Se declara [sin evidencia] que Lord Mark Malloch-Brown segunda voz de mando de la empresa especulativa Quantum Funds, propiedad de George Soros, es "padrino" de Smartmatic. Malloch-Brown preside la empresa holding SGO Corporation Ltd, presuntamente matriz operativa de Smartmatic.

 Según Giuliani, Soros y los Clinton estarían detrás del fraude cibernético, una afirmación que le valió la arremetida de todos los medios de comunicación adscritos a George Soros y a su conglomerado Project Syndicate que califica las denuncias como "teorías de la conspiración" sin fundamento.

  Desde el portal The Nation de Pakistán se dice que "el presidente de la firma del software para las votaciones ligado a Soros se encuentra en el equipo de transición de Biden": a saber, el almirante retirado, Peter Neffenger, a quien califica de ser el “mandamás de Smartmatic en EEUU”[6].

  Hay quienes van más allá y sostienen que Soros es propietario de Smartmatic desde 2014, lo cual se habría dado, como se dijo líneas arriba, a través de Mark Malloch-Brown, quien se asociaría a Antonio Mugica y conformaron la organización llamada SGO Corporation Ltd.

  Malloch-Brown es periodista que se inició en The Economist, fue funcionario de carrera de las Naciones Unidas desde al menos 1979, suponiéndose que su trabajo con los refugiados habría sido lo que lo vinculó a Soros con motivo del conflicto en los Balcanes.

  Fue administrador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y desde allí se ofreció para colaborar con el diálogo entre el gobierno de Hugo Chávez y la oposición venezolana cuando se promovía la realización del referendo revocatorio.

  Se dejado ver que el despliegue de Smartmatic coincide con la contratación de Malloch-Brown, luego de que la empresa registrada en la Florida consiguiera el contrato de la automatización del referendo revocatorio y que “el impulso de la firma como solución electoral haya venido de Malloch Brown y de Soros. Para esto fue muy conveniente posicionar la idea de que Smartmatic era una creación del chavismo”[7].

CITAS

[1] Independientes en Español. “Trump 'election fraud' lawyer claims communist plot from Venezuela to help Democrats win”. 20 de noviembre de 2020. https://www.independentespanol.com/noticias/giuliani-trump-fraude-electoral-venezuela-b1758714.html

[2] Telemundo. “Smartmatic, Hugo Chávez y un supuesto fraude: empresas rechazan acusaciones de la campaña de Trump”. 23 de noviembre del 2020. https://www.telemundoutah.com/noticias/decision/elecciones-estados-unidos-acusaciones-fraude-de-trump-smartmatic-hugo-chavez-venezuela/2036757/

[3] El Diario. “¿Dominion, empresa que gestiona el software en el conteo de votos de EE UU, es propiedad de Smartmatic?”. 13 de noviembre de 2020. https://eldiario.com/2020/11/13/dominion-votos-eeuu-smartmatic/

[4] SmarTmatic. https://www.smartmatic.com/es/

[5] BBC Mundo. “Smartmatic, la empresa a cargo del sistema de votación en Venezuela, denuncia "manipulación" en la elección de la Constituyente y el CNE lo niega”. 2 de agosto de 2017. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-40804551

[6] Mundo. “Protestas en Filadelfia tras las elecciones presidenciales en EEUU ¿Existió fraude de los "algoritmos de Soros" en las elecciones de EEUU?”. 20 de noviembre de 2020. https://mundo.sputniknews.com/firmas/202011201093564491-existio-fraude-de-los-algoritmos-de-soros-en-las-elecciones-de-eeuu/

[7] AlbaSuiza. “Smartmatic Es Propiedad De George Soros (Oficialmente) Desde 2014”. 4 de agosto de 2017. http://www.albasuiza.org/es/2017/08/smartmatic-es-propiedad-de-george-soros-oficialmente-desde-2014/

miércoles, 18 de noviembre de 2020

Amir Nassar Tayupe: Negocios gracias a las relaciones con el poder (II)

  Sus irregulares actuaciones en el ámbito judicial se llevan a cabo con el aval de altos personeros del chavismo.

Por Maibort Petit

    Entre las relaciones que Amir Nassar Tayupe estableció a raíz de la adjudicación del un contrato para la Gran Misión Vivienda Venezuela que el gobierno de Hugo Chávez Frías le otorgó a la empresa Fondo Global de la Construcción de Alex Saab, está la del gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro, para quien edificó un conjunto de obras de infraestructura en esa entidad[1].

   Igualmente, la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, denunció que Saab y sus abogados, entre quienes se cuenta Amir Nassar, llevaron a cabo múltiples operaciones de importación de alimentos por orden del entonces gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, a través del programa gubernamental de alimentación de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).

  Fuentes ligadas a la investigación del caso, refieren que, igualmente, Amir Nassar Tapuye entabló negociaciones particulares con estos mandatarios regionales. En el caso de García Carneiro, Nassar Tapuye logró acceder a él a través del exembajador de Venezuela en Colombia y expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, Iván Rincón Urdaneta, cuyo hijo, del mismo nombre, es pupilo de Amir Nassar en el bufete de abogados que dirige.

   Un reporte de una investigación en curso en nuestro poder,  sostiene que "Amir Nassar Tapuye es el abogado personal y privado en Venezuela" de la política y exsenadora colombiana, Piedad Córdova, ligada, según algunos entendidos, al Fondo Global de la Construcción en razón de sus vínculos con Álex Nain Saab y con las FARC. Según testimonios de la investigación, esta empresa "es el vehículo mediante el cual fluye el dinero del régimen venezolano a las FARC".

  A este abogado también se le vincula con supuestos fraudes cometidos en Ecuador donde logró liberar para el Fondo Global de la Construcción la cantidad de USD 54.000.000, los cuales se encontraban retenidos en ese país en la moneda creada por Hugo Chávez, a saber, el Sucre.

  La fiscalía ecuatoriana había apelado la orden de un tribunal para evitar que el dinero fuera devuelto a la empresa de Saab, pero el juez penal de Guayaquil, Galo Ramos Viteri negó la apelación. La fiscalía sostiene que los accionistas y representantes del Fondo Global de la Construcción supuestamente cometieron lavado de activos. Los acusados eran Álvaro Pulido Vargas, Luis Zúñiga Burneo, Luis Sánchez Yánez y Amir Nassar Tayupe. Tal acusación la hace en razón de que la empresa recibió USD 159,9 millones de Elm Import (de Venezuela) a través del sistema Sucre, pero la ecuatoriana solo envió mercadería por USD 3,1 millones. El Consejo de la Judicatura abrió una investigación administrativa en contra del juez[2].

Socio de Gonzalo Tirado

  Los Papeles de Panamá revelaron que Amir Nassar Tapuye supuestamente era socio, testaferro y defensor del ex-banquero, Gonzalo Tirado, señalado de cometer un fraude en el Stanford Bank.

  Y es que hasta 2007, Tirado fue presidente de Ema Business Inc., una empresa registrada en Panamá a través del bufete Mossack Fonseca con una capital de USD 10.000.

  Como socios de Tirado figuraban Pedro Paredes, Edgar Monserrat, Omar González, Daniel Vitrián, Sacha Ratti, Francisco Gadea, Eduardo Salturno y Amir Nassar Tapuye [3].

Abogado de Moris Beracha

  Amir Nassar Tapuye prestó sus servicios como abogado a Moris Beracha, uno de los denominados “bolichicos”, acusado de estafar al estado venezolano y hacerle perder a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) USD 20 millones a través de la empresa Fractal Fund Management LTD.

  Aprovechándose de la ausencia de domicilio en un contrato, la empresa de Beracha procuraba que una inversión hecha en dólares por PDVSA se resolviera en bolívares, una pretensión que se lograría con la anuencia de un juez vinculado a Nassar Tapuye[4].

Artífice de un despojo

  Del mismo modo, gracias a las supuestas irregulares actuaciones de Nassar Tapuye ante los tribunales, Williams Vílchez y Olaff Pérez, tomaron el control del concesionario Toyota-Toyo Oeste, despojando a su legítimo propietario, Carlos Nagel.

  Tal objetivo lo habría logrado Amir Nassar Tapuye gracias a su relación con Elvis Amoroso y Reinaldo Carvallo, la cual le permitió que los magistrados de la Sala de casación del Tribunal Supremo de Justicia, Iván Bastardo y Guillermo Blanco, maniobraran a su favor y ampararan el despojo. En tal acción, Nassar Tapuye supuestamente también habría contado con el respaldo y complicidad del general Armas López, presidente actual de CAVIM.

  Es decir, al Poder Judicial legitimando el fraude como lo denunció Juan Alberto Castro, Juez de Municipio de Caracas, quien acusó haber sido presionado a través de “múltiples llamadas y actos de amedrentamiento, tanto a mi persona como a mis familiares, a través de magistrados y en especial del General del Ejército, ciudadano Carlos José Armas López (hoy presidente de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares CAVIM), se me impuso ‘ayudar’ a los accionistas minoritarios de dicho concesionario, ciudadanos  Olaff Pérez  y William Vílchez siendo la principal instrucción lograr mediante actuaciones judiciales que éstos obtuvieran ‘un aval legal’ para el control (ROBO) del concesionario TOYOTA , TOYO OESTE, todo ello direccionado por la Presidencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia venezolano y bajo la Aprobación de Toyota de Venezuela”.

  Y agrega: “Por su parte, los abogados de Olaff Pérez y Williams Vilches , ciudadanos, Parra Saluzzo, Amir Nassar Tayupe y José Miguel Azocar, a sabiendas de que se estaba procediendo de forma contraria a derecho, interpusieron varios  juicios creando una falsa controversia entre accionistas de Toyo Oeste, para que en la sentencia de fondo, se estableciere que no había vicio alguno con las actas de asamblea fraudulentas, y de esa manera crear una sentencia que sirviera de precedente inmediato para eliminar los riesgos de eventuales juicios de nulidad por las asambleas ilegales”[5].



[1] YouTube. “Inauguración Coliseo Hugo Chávez”. 14 de julio de 2014. https://www.youtube.com/watch?v=lSEiOVty5yY


[2] El Universo. “Juez reafirma la devolución de $ 56,4 millones a Fondo Global”. 12 de marzo de 2016. https://www.eluniverso.com/noticias/2016/03/12/nota/5458020/juez-insiste-que-dinero-se-devuelva-fondo-global


[3] Panamapapers. “Gonzalo Tirado: un plan premeditado para proteger su herencia”. http://panamapapersvenezuela.com/gonzalo-tirado-un-plan-premeditado-para-proteger-su-herencia/


[4] Maibort Petit. “PDVSA podría perder 20 millones de dólares en tribunales venezolanos”. https://maibortpetit.wordpress.com/2018/04/10/maibort-petit-pdvsa-podria-perder-20-millones-de-dolares-en-tribunales-venezolanos/


[5] Noti Express. “¡Juego sucio! Juez denuncia presiones de mafias y altos funcionarios militares para validar judicialmente “robo” de concesionario Toyota en La Yaguara”. 7 de diciembre de 2017. http://www.notiexpresscolor.com/venezuela/2017/12/6567/juego-sucio-juez-denuncia-presiones-de-mafias-y-altos-funcionarios-militares-para-validar-judicialmente-robo-de-concesionario-toyota-en-la-yaguara/