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lunes, 3 de mayo de 2021

Siria y no Cuba: El modelo con el cual destruyeron la democracia venezolana

   Se trata de un proceso diseñado desde hace mucho tiempo, incluso, desde antes de la incursión de Hugo Chávez en el panorama venezolano, pues él sólo fue el instrumento de una estrategia que llevaba años proyectada.

Por Maibort Petit

   La grave crisis que padece Venezuela en todos los órdenes sin que, hasta la fecha, las iniciativas adoptadas para restituir el sistema democrático, tanto a lo interno como lo externo, hayan dado resultado, obedecería a un mal diagnóstico de la misma, lo cual ha derivado en propuestas de solución equivocadas y la agudización del problema. Quien así lo considera es Joseph Humire, experto en seguridad global, especializado en el análisis de amenazas transregionales en el hemisferio occidental del Centro para una Sociedad Libre y Segura (SFS, por las siglas en inglés de Center for a Secure Free Society).
  Explica Humire que, en 2017, cuando la crisis venezolana estaba en su punto más neurálgico, decidieron darle un vuelco a los análisis que hasta el momento se había, formulado hasta el momento, los cuales acusaban a Cuba como la responsable de dirigir el colapso de Venezuela y, además, de presentar sólo como criminal al régimen de Nicolás Maduro. Un mal diagnóstico que a ojos del experto ha llevado al fracaso de todas las iniciativas para acabar con la tiranía que gobierna el país suramericano. Luego de una serie de estudios el SFS ha desarrollado una exposición denominada “Venezuela, de crisis a conflicto” que se han propuesto difundir a objeto de que todos comprendan lo que en realidad ocurre en el país.

  Humire sustenta su mensaje en dos premisas, la primera, que no se trata de una amenaza con conflicto convencional y, por tanto, no requiere fuerza militar para atenderlo; y la segunda, que el venezolano es mucho más que un régimen criminal —sin que esto signifique el régimen no recurra al crimen— sino que lo utiliza como método, mas no como objetivo.
  “Están usando el crimen organizado, las redes ilícitas, como herramientas para llegar a otro fin con una visión geopolítica que ni siquiera nace en Venezuela, no es propio de Hugo Chávez ni de Nicolás Maduro, sino que viene específicamente del Medio Oriente. Esto no vino de Cuba, esto no es la estrategia de Cuba, sino de Siria”, sostiene.

  Se remite a Gamal Abdel Nasser, ex-presidente egipcio entre 1954 y 1970, como el personaje de la historia que guarda más similitudes con el finado mandatario venezolano, Hugo Chávez, precursor de la revolución bolivariana que llevó al caos a Venezuela. Sus historias, asegura, son idénticas, destacando del primero la conquista que hizo de Siria sin un solo disparo, algo que logró con la implementación de una estrategia asimétrica, construyendo una identidad socio-cultural, ganando y manipulando a los pueblos árabes. A través de ella constituyó la República Árabe Unida, anexionándose a Siria, bajo la premisa de que no existe frontera ni soberanía, sino que eran un país Pan-árabe.
Los antecedentes

  Y en tal sentido refiere que Hugo Chávez aplicó esta estrategia en la implementación de revolución bolivariana, aprendiéndola, no de Fidel Castro —lo que no quiere decir que no haya trabajado de cerca con Cuba— sino de personeros sirios. Cuba participó en la ejecución, no en el diseño.

   Pero advierte que el finado presidente fue sólo el implementador del proyecto que busca implementar la revolución bolivariana en toda Latinoamérica como simulación de la Gran Colombia de Simón Bolívar, pues se trata de una idea que tiene mucho más tiempo en gestación. En este sentido recuerda que a Venezuela han arribado tres migraciones masivas provenientes de Siria, la primera, en el siglo 19, en 1880, por efecto de la agresión otomana a la comunidad cristiana maronita; la segunda, en 1910, cuando los turcos arremetieron contra el pueblo de Armenia; la tercera, en los años 60 del siglo 20, cuando se instala la dictadura en Siria y luego durante la guerra civil en Líbano.

  En esta última ocasión, comienzan a infiltrarse entre los refugiados ciertos actores subversivos, entre ellos Nehemet Chagin Simón, conocido en Venezuela como “Simón el Árabe”, quien en 1964 ayuda a escapar a líderes del Partido Comunista de Venezuela (PCV) del Cuartel san Carlos, donde estaban presos por su colaboración con cubanos que buscaban implementar las guerrillas en el país.

  Luego llega entre los años 60 y 70, el padre de Tareck El Aissami, Zaidan Amin El-Aissami “El Mufi”, con el propósito de enseñar a los comunistas cómo hacer una revolución con otras estrategias y tácticas, sin necesidad de recurrir a las fuerzas armadas. Se buscaba implementar la táctica denominada “comparmentalización”, consistente en la utilización del propio equipo, la propia red, para crear división y conquistar más terreno. “Así es como el partido Baaz conquistó Siria y después a Irak”. Del padre de Tareck El-Aissami, aprende Chávez l táctica para expandir su revolución bolivariana.

  Como dato curioso, Joseph Humire apunta que más de 350 mil venezolanos viven en Siria en la región de As Suwayda, conocida como la pequeña Venezuela, mientras en Brasil solamente hay 280 mil venezolanos.

  Destaca Humire que As Suwayda es el corazón del pueblo venezolano Siria y que esta red migratoria actúa como un comando de control de todos aspectos ilícitos que unen el régimen con Irán, Hezbollah, Rusia. “Para comprender todo lo relativo a Álex Saab, a Hezbollah, etc., es necesario conocer lo que sucede en As Suwayda”, subraya.

El protagonismo de Tareck El-Aissami

  Todo este antecedente le sirve a Joseph Humire para resaltar el papel que en esta historia juega Tareck El-Aissami, quien se perfila a su modo de ver como un hombre con gran poder, incluso, superior al del propio Nicolás Maduro. Recuerda que este maneja cadenas de migración históricas que han construido la revolución bolivariana y agrega que, si no fuera por su línea familiar, no habría existido Hugo Chávez ni Nicolás Maduro. “No existiera la revolución bolivariana si no fuera por los refugiados sirios”.
   Humire lleva más de una década estudiando a Tareck El-Aissami, análisis que varió de rumbo a partir de 2017, cuando dejó de lado el mapeo típico del personaje, concentrado en sus negocios, actividades ilícitas, conexiones, etc., y se enfiló hacia su biografía, su historia.

   Recuerda que un asesor diplomático de la embajada de Venezuela en Irak documentó la vinculación de las redes de El-Aissami con los consulados de Venezuela en el Medio Oriente y miembros de grupos terroristas, especialmente Hezbollah. La conclusión es que el asunto sobrepasa el mero suministro de pasaportes a terroristas, sino que apunta a la construcción de identidades e historia a personas que necesitan tener presencia en dos lugares al mismo tiempo. “Al ver los apellidos se puede ver claramente que estaban construyendo dinastías”. Son las familias más poderosas de Siria y Líbano que están relacionadas de una manera muy íntima con el gobierno de Venezuela y eso fue el propósito, construir una doble identidad.

  Todo esto fue perfectamente diseñado y el papel de Tareck El-Aissami es fundamental, pues sus vínculos con Hezbollah son determinantes.

domingo, 25 de abril de 2021

Enrevesadas interpretaciones convierten a activos venezolanos en el extranjero en objeto de demandas de resarcimiento económico para víctimas de las FARC

  El hijo de una político y diplomático colombiano secuestrado y asesinado por las FARC en 1999, considera que puede cobrarse una sentencia de daños y perjuicios a su favor, con activos de PDVSA.


Por Maibort Petit


  Los activos de Venezuela se han convertido en motivo de controversias en los principales tribunales de los Estados Unidos, donde acreedores en posesión de bonos de la deuda pública o agentes que se consideran víctimas de las políticas de expropiación implementados por el gobierno de venezolano desde la llegada de Hugo Chávez al poder, reclaman indemnizaciones a través de bienes que el país posee en territorio estadunidense. La declaratoria de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) como alter ego de la República de Venezuela en el caso de la minera canadiense Crystallex, marcó pauta para cualquier afectado por las políticas venezolana se plantee verse resarcido con dichos activos.

  De estos activos, los ojos de los acreedores se vuelcan principalmente sobre CITGO Petroleum Corporation, la más valiosa propiedad venezolana extra fronteras.


    Pero no solamente quienes tienen deudas de carácter económico aspiran a ello, sino también aquellos que se consideran afectados por las políticas y acciones del gobierno chavista, exploran la posibilidad de obtener dividendos para compensar los daños morales que estiman haber sufrido.


   Por ejemplo, Meudy Albán Osío, la viuda del concejal de Primero Justicia, Fernando Albán, muerto en extrañas circunstancias mientras estaba detenido en la sede del SEBIN, demandó por daños y perjuicios en el Tribunal del Distrito Sur de la Florida, a Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, Maikel Moreno, Néstor Luis Reverol Torres, Tarek William Saab, así como a las FARC y al Cartel de los Soles. Ella y sus hijos sostienen en la corte que los demandantes deben resarcirlos por daños y perjuicios en razón del secuestro, tortura y asesinato de Fernando Alberto Albán, el posterior encubrimiento del asesinato, difamación y nuevas represalias contra sus familiares sobrevivientes, por parte de Nicolás Maduro Moros, su aparato ilegal y los diputados controlan Venezuela y sus co-conspiradores narcoterroristas[1]. Es de deducir que cualquier sentencia que se dictare a su favor, los lleve a querer cobrarse con bienes de Venezuela en EE. UU.


  Pero otras deducciones y análisis más enrevesados, han llevado a otros —incluso fuera de Venezuela y afectados por circunstancias que en nada tendrían que ver con el país— a pretender cobrarse con activos venezolanos los daños sufridos por hechos como el secuestro. Tal es el caso de Antonio Caballero, hijo de un ex-diplomático colombiano asesinado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1999, quien a raíz del hecho se exilió en los Estados Unidos y allí demandó al grupo terrorista por daños y perjuicios[2] y ganó el pleito legal.


   El demandante —hijo de Carlos Caballero, un dirigente del Partido Liberal, cinco veces senador y, además, embajador de Colombia en la ONU, secuestrado y asesinado por la guerrilla— obtuvo una sentencia compensatoria de USD 45.000.000 en daños no económicos compensatorios reales y USD 1.729.667 en daños económicos compensatorios reales más intereses posteriores al juicio a una tasa del 0,15 por ciento anual. De este dinero sólo ha cobrado una pequeña parte, luego de una operación de rastreo de bienes de los guerrilleros en EE. UU. implementada por sus abogados[3].


  El resto USD 41.734.153,93, Antonio Caballero aspira a cobrarlos con activos venezolanos en Estados Unidos. ¿Cómo es esto posible? La teoría del demandante es que la petrolera estatal es un agente y/o instrumentalidad de las FARC y, por tanto, puede cobrarse con ellos el monto de la sentencia.


   Este hecho lo reseñamos en entrega anterior[4] en la que dimos a conocer en la que dimos a conocer los detalles de la demanda que Antonio Caballero mantiene en el Tribunal del Distrito Sur de Texas-División de Houston en contra de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia alias FARC-EP alias Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia; y contra el “El Cartel del Norte del Valle” y contra Vitol INC., destinada a hacer valer la Ley de Aclaración Antiterrorista que promulgó el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la cual permite que las víctimas de grupos terroristas recibir activos que los EE. UU. hayan incautado con base en leyes antidroga.


  Específicamente, Caballero busca cobrar una sentencia del 20 de mayo de 2020, que el Tribunal del Distrito Sur de Florida emitió a su favor, la cual determinó que en razón de los daños que le había ocasionado las FARC, tiene derecho a recuperar su reclamo por daños y perjuicios de conformidad con la Ley Antiterrorista contra las FARC y el Cartel del Norte de Valle (NDVC). Dicha sentencia le otorgó USD 45.000.000 en daños no económicos compensatorios reales y USD 1.729.667 en daños económicos compensatorios reales más intereses posteriores al juicio a una tasa del 0,15 por ciento anual.


   La pretensión de Caballero es cobrarse con activos de Petróleos de Venezuela S.A. por un monto de USD 9.444.116,76, así como de la empresa rusa Rosneft Trading S.A. por un total de USD 12.661.259,98 los cuales se encuentran poder de Vitol Inc. pero que se encuentran bloqueados a consecuencia de las sanciones impuestas contra esta última por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).


   Desde entonces que se dictó la sentencia a su favor, Antonio Caballero batalla para hacer efectivo el cobro de la indemnización que ha cobrado sólo en parte y tiene un saldo pendiente de USD 41.734.153,93. Sus esfuerzos apuntan a Vitol Inc., dado que esta posee activos bloqueados Rosneft y PDVSA, pues considera a estas dos empresas como agentes o instrumentalidades de las FARC, uno de los deudores del juicio.


  Antonio Caballero sostiene que los fondos bloqueados y que él pretende embargar le corresponden por ser Rosneft un agente o instrumentalidad de las FARC y, por tanto, de acuerdo con la Regla 668 de las Reglas de Procedimiento Civil de Texas, el tribunal debe sentenciar sumariamente a su favor y ordenar a Vitol Inc. pagarle los referidos fondos bloqueados.


   Considera que debe otorgársele la moción en su totalidad; negar el pedido de Vitol de recuperar los honorarios de abogados o costos de los Fondos Bloqueados; ordenar pagarle USD 12.661.259,98 dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que se dicte el fallo; otorgarle todos los honorarios de abogados y costos de la corte incurridos en el proceso y todas las demás reparaciones a las que él pueda tener derecho.


La posición de Vitol


    Mientras esta era la posición de Antonio Caballero, Vitol Inc., 15 de enero de 2021 introdujo ante la Corte del el Distrito Sur de Texas-División de Houston, un Aviso de Retiro de la causa que cursaba en el tribunal del Distrito Judicial 284 del Condado de Montgomery, Texas, para trasladarlo a la Corte del Distrito Sur de Texas-División Houston.


    Igualmente, le manifestó al tribunal que se reservaban el derecho a presentar todas las defensas, mociones y/u objeciones que consideren conveniente en cuanto al servicio, jurisdicción o lugar, o cualquier otra defensa u objeción que puedan tener a esta acción.


  Vitol cuestiona los alegatos de Caballero para considerar que Rosneft y PDVSA son "agentes o instrumentalidades" del Deudor de la Sentencia (FARC) bajo la Ley de seguro contra riesgos de terrorismo de 2002, Pub. L. No. 107-297 (TRIA).


   Esto obedeció a que luego de haber el Tribunal del Distrito Sur de Florida sentenciado a favor de Antonio Caballero, este registró la sentencia en el citado Tribunal de Montgomery el 28 de septiembre de 2020 y, desde entonces, inició varios casos complementarios en un intento de cobrar la sentencia.


Los casos relacionados


   Antonio Caballero informó al Tribunal del Distrito Sur de Texas-División Houston acerca de los casos que lo involucran a él y a los deudores de la sentencia, a saber, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia también conocidas como FARC también conocidas como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Norte Cartel del Valle, en el Caso identificado con el número 4: 20-MC-02719.


   Igualmente, el caso Antonio Caballero contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y otros, en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, División de Houston, donde Caballero registró una sentencia extranjera dictada en el Caso Nº 18-25337.



  También, Antonio Caballero contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y otros, en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida. La sentencia de este caso fue registrada el 23 de septiembre de 2020 en el Distrito Sur de Texas.


    Caballero presentó tres procedimientos de embargo en el 284 ° Distrito Judicial del Condado de Montgomery, Texas, donde ejerció su derecho a satisfacer el Fallo Final de tres embargos diferentes en posesión de activos de Petróleos de Venezuela (PDVSA), cuyos activos fueron bloqueados por la OFAC el 28 de enero de 2019 de conformidad con la Orden Ejecutiva 13850. Subrayó que PDVSA ha sido declarada por numerosos tribunales como una “agencia o instrumentalidad” de las FARC de conformidad con la sección 201 (a) de TRIA.


REFERENCIAS


[1] Venezuela Política. “Viuda de Fernando Albán demandó a Maduro, Padrino, Maikel Moreno, Tarek Saab, Reverol, las FARC y al Cartel de los Soles en corte de la Florida”. https://www.maibortpetit.info/2021/03/viuda-de-fernando-alban-demando-maduro.html


[2] El Tiempo. “Demandan a las Farc y ELN en EE.UU. por muerte de Carlos Caballero”. S/F. https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12469805


[3] CNN en español. “Hijo de diplomático colombiano asesinado por las guerrillas recibe narcodinero como indemnización”. 28 de febrero de 2017. https://cnnespanol.cnn.com/2017/02/28/hijo-de-diplomatico-colombiano-asesinado-y-torturado-por-las-guerrillas-recibe-un-millon-de-dolares-de-narcodinero/


[4] Venezuela Política. “Víctima de las FARC quiere cobrar indemnización con activos de PDVSA y Rosneft en manos de Vitol”. 12 de febrero de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/02/victima-de-las-farc-quiere-cobrar.html



lunes, 12 de abril de 2021

Tribunal de Apelaciones confirma decisión que concedió laudo arbitral a Huntington Ingalls por repotenciación de dos barcos de armada venezolana

   La corte estableció que, efectivamente como lo había determinado el tribunal de distrito de Mississippi, un arbitraje sobre el asunto en Venezuela era impracticable dada la situación política del país.

Por Maibort Petit

   El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos confirmó decisión del Tribunal de Distrito Federal de Mississippi, el cual reconoció y ejecutó un laudo emitido por un tribunal arbitral.
   Esto se refiere a una decisión del 19 de febrero de 2018 adoptada por un tribunal arbitral que emitió el Laudo contra Venezuela y a favor de Huntington Ingalls por USD 128.862.457, 27 sin incluir los intereses posteriores a dicho laudo. Posteriormente, el 26 de junio de 2019, Huntington Ingalls presentó una moción para reconocer y ejecutar el laudo en el Distrito Sur de Mississippi y la corte le concedió el 31 de marzo de 2020. La sentencia se dictó el 4 de junio de 2020 por un monto de USD 137.977.646,43[1].

   La sentencia de la Corte de apelaciones recapitula en su decisión que poco más de un año antes de que Hugo Chávez llegara asumiera la presidencia de Venezuela, la empresa Huntington Ingalls Incorporated —anteriormente conocida como Northrop Grumman Ship Systems Inc. e Ingalls Shipbuilding Inc.— un contratista con sede en Estados Unidos, acordó renovar dos buques de guerra para el Ministerio de Defensa de la República de Venezuela. Un par de años más tarde, con Chávez ya en el poder, la empresa buscó arbitrar una disputa por sobrecostos con el referido despacho gubernamental venezolano.

   Refiere la sentencia que, aunque el contrato de las partes designaba a Venezuela como el foro arbitral exclusivo, el tribunal de distrito de Mississippi ordenó el arbitraje fuera de este país, toda vez que la acción sería impracticable en razón del entorno político hostil reinante en la nación caribeña, pues los tribunales venezolanos se pondrían del lado del Ministerio de Defensa de manera injusta. Tras la determinación de impracticabilidad del tribunal de distrito, la causa se trasladó el arbitraje a Brasil, donde se otorgó a Huntington Ingalls más de USD 128 millones. Luego, el tribunal de distrito hizo cumplir el laudo arbitral y dictó sentencia a favor de Huntington Ingalls.

 Se concluyó que el tribunal de distrito no había ignorado manifiestamente el acuerdo de las partes ni la ley, por lo cual se afirma la sentencia.

Los antecedentes

  Este casio surge en 1997, cuando Huntington Ingalls celebró un contrato de USD 315 millones con el Ministerio de Defensa de Venezuela para reparar dos fragatas de la Armada venezolana, a saber la ARV Mariscal Sucre y la ARV Almirante Brión, tarea que se llevaría a cabo en el astillero de Huntington Ingalls en Pascagoula, Mississippi. Entre otras disposiciones, se establecía en el contrato que el arbitraje , en caso de controversia, se llevaría a cabo en Caracas, Venezuela.

  En 2002, las partes tuvieron un desacuerdo sustancial sobre los sobrecostos y en vista de que Huntington Ingalls no logró que el Ministerio de Defensa pagar por los trabajos, presentó una demanda en el Distrito Sur de Mississippi, buscando daños, medidas cautelares y arbitraje obligatorio. El Ministerio no se presentó y el secretario del tribunal lo declaró en rebeldía.

   A partir de entonces se inició una disputa con relación al arbitraje, toda vez que Huntington Ingalls estimaba que las circunstancias políticas imperantes en venezuela impedían la realización de un proceso justo. Se acotó la dependencia del poder judicial venezolano del poder ejecutivo, dado que la mayoría de los jueces del país tenían carácter provisorio y estaban sujetos a los dictámenes del gobierno.

  El tribunal de distrito aceptó la moción de Huntington Ingalls y ordenó el arbitraje en Mississippi con el argumento de que "la situación política violentamente inestable en Venezuela ha convertido a ese país en un foro inadecuado en este momento". El tribunal arbitral designado, a su vez, trasladó el procedimiento a la Ciudad de México, México "para asegurar la mayor igualdad entre las partes".

   Dado de que antes de que se cumpliera el arbitraje, el Ministerio compareció ante el tribunal de distrito y procedió a anular la orden de arbitraje o, alternativamente, a suspenderlo, lo cual fue concedido por la corte, pero antes de que hubiera un pronunciamiento, el abogado de la demandada ofreció a Huntington Ingalls USD 70 millones para resolver el caso y esta aceptó. Por ello, el tribunal de distrito emitió una orden desestimando el caso con prejuicio.

  Ocurrió que el Ministerio no había autorizado a su abogado a llegar a un acuerdo sino simplemente a negociarlo y procedió a contratar a un nuevo abogado y a anular la orden de despido del tribunal de distrito. El tribunal de distrito rechazó la moción del Ministerio y aplicó el acuerdo de conciliación.

  El procedimiento de arbitraje de la Ciudad de México finalmente terminó sin una decisión en 2008.

 El Ministerio apeló, impugnando tanto la decisión del tribunal de distrito de hacer cumplir el acuerdo de conciliación como la negativa anterior de obligar al arbitraje en Venezuela.

  Después de escuchar a expertos se determinó la impracticabilidad de realizar el arbitraje en Venezuela. Luego las partes informaron al tribunal de distrito que acordaron someterse a un arbitraje en Washington, DC., pero el Ministerio advirtió que lo solo aceptó el arbitraje en DC "bajo protesta". La corte razonó que el incumplimiento del Ministerio de arbitrar en Washington había eliminado efectivamente cualquier acuerdo sobre el foro arbitral.

  Fue así que, luego de un proceso de judicial de siete días y numerosas rondas informativas, el tribunal otorgó a Huntington Ingalls más de USD 128 millones en compensación, intereses previos al laudo y costos.

   Por ello, Huntington Ingalls se movió para hacer cumplir ese premio en el Distrito Sur de Mississippi, donde el tribunal de distrito aceptó la moción y rechazó los argumentos del Ministerio de que el tribunal se había equivocado al ordenar el arbitraje fuera de Venezuela, así como sus argumentos de que el tribunal, a su vez, se había equivocado al trasladar el arbitraje a Brasil. El Ministerio apeló oportunamente.

  Huntington Ingalls primero intentó hacer cumplir el laudo en el Distrito del Distrito de Columbia, pero ese tribunal desestimó la moción de Huntington Ingalls a la luz de la continua jurisdicción del Distrito Sur de Mississippi sobre el caso.

Las consideraciones del caso

  El tribunal de apelaciones refirió, en primer lugar, que el asunto de la impracticabilidad del arbitraje ya había sido considerado y decidido por otro panel en ocasión anterior, esto ya es ley del caso no revisable.

  Advierte la sentencia que esto sólo sería revisable si: (1) se presentaron al tribunal de distrito pruebas "sustancialmente diferentes" en prisión preventiva; (2) la autoridad de control ha cambiado la ley aplicable a la emisión; o (3) las decisiones del panel anterior eran claramente erróneas, de modo que su aplicación continua daría lugar a una "injusticia manifiesta". Dado que ninguno de estos casos se aplica, el tribunal de apelaciones determinó que el panel anterior no decidió erróneamente al concluir que la impracticabilidad está disponible como defensa ante los arbitrajes comprendidos en la Convención de Panamá.

  El Tribunal había establecido tanto la jurisdicción del tribunal de distrito bajo el Código de Estados Unidos, bajo la Ley Federal de Arbitraje, 9 USC §§ 203, 302, que codifica la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional (Convención de Panamá), la cual rige generalmente los arbitrajes internacionales en América.

  Por ello, el tribunal rechazó la invitación del Ministerio a reconsiderar si el análisis de impracticabilidad previo al arbitraje de las cláusulas del foro arbitral es apropiado en virtud de la Convención de Panamá o si el tribunal de distrito estaba obligado a abordar la divisibilidad en prisión preventiva.

   Por otra parte, el tribunal de apelaciones concluyó que el tribunal de distrito no se equivocó al determinar que las condiciones políticas hacían impracticable el arbitraje en Venezuela y que tales condiciones eran imprevisibles para Huntington Ingalls en el momento en que firmó el contrato.

  El tribunal de distrito concluyó que las condiciones en Venezuela se elevaron a ese nivel. Al hacerlo, el tribunal de distrito aparentemente acreditó la opinión de Gómez de que "el arbitraje en Caracas no sería factible" y la opinión de Canova González de que litigar contra el gobierno venezolano en el país "no daría como resultado un resultado justo, ya que el sistema legal dentro de Venezuela favorece juicios para el gobierno ".

  Refiere la sentencia que la corte concluyó que el tribunal de distrito no incurrió en error al considerar impracticable la aplicación de la cláusula del foro arbitral, una decisión en la se sustentó en la opinión de expertos y evidencias que indicaban que el arbitraje de las partes en Venezuela probablemente se vería afectado por la influencia política y que Huntington Ingalls probablemente se vería afectado.

  Por todo ello, el tribunal de apelaciones consideró que el tribunal de distrito no se equivocó al determinar que sería impracticable que Huntington Ingalls arbitrara el caso en Venezuela.

  Igualmente, determinó que no era previsible que Huntington Ingalls pudiera prever que una situación como esa pudiera ocurrir cuando firmó el contrato con el ministerio.

  El tribunal de apelaciones refiere que consideró ampliamente el contrato y la ley venezolana incorporados al mismo.

  Sin embargo, evaluó que lo allí establecido quedó efectivamente inoperante por la anterior decisión de impracticabilidad del tribunal de distrito y, por separado, por el acuerdo de las partes de arbitrar en Washington, algo que que el tribunal razonó que el Ministerio no podía incumplir.

  Del mismo modo, el tribunal razonó que el acuerdo de las partes sobre Washington también había fracasado porque el Ministerio seguía presionando por el arbitraje en Caracas. Sin una cláusula de foro arbitral viable y en ausencia de otro acuerdo efectivo, el tribunal razonó que la disposición de elección de la ley del contrato requería que el propio tribunal determinara el foro arbitral apropiado según la ley venezolana. Ejerciendo esa autoridad, el tribunal luego trasladó la sede del arbitraje a Brasil para "salvaguardar tanto la neutralidad como la integridad del arbitraje".

  Advierte finalmente la sentencia que habiéndose hecho todas estas consideraciones, determinó que la decisión del tribunal "extrae su esencia" de la acuerdo y no "ignoró manifiestamente el acuerdo de las partes o la ley al mover el arbitraje a Brasil y, por tanto, concluyó que el tribunal de distrito ejecutó correctamente el laudo arbitral.













[1] Venezuela Política. “Huntington Ingalls quiere cobrar su deuda con acciones de CITGO”. 8 de octubre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/10/huntington-ingalls-quiere-cobrar-su.html


  

viernes, 26 de marzo de 2021

Conozca las razones por las que la viuda de Fernando Albán acusa a Maduro y su empresa criminal del asesinato de su esposo

  ¿Qué alega Meudy Albán Osío para responsabilizar al dictador venezolano y socios, las FARC y el Cartel de los Soles de la muerte del concejal de Primero Justicia ocurrida bajo custodia del SEBIN?

Por Maibort Petit

   La viuda del concejal Fernando Albán, Meudy Albán Osío, demandó por daños y perjuicios a Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, Maikel Moreno, Néstor Luis Reverol Torres, Tarek William Saab, así como a las FARC y al Cartel de los Soles, en el Tribunal del Distrito Sur de Florida. La familia del dirigente de Primero Justicia responsabiliza al mandatario venezolano del asesinato de este cometido el 8 de octubre de 2018, mientras se encontraba detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN).

   Los cargos de la demanda son ocho, el primero por Violación de la Ley Antiterrorista de Florida; el segundo cargo, es Muerte por negligencia; el tercer cargo es por violación a la ley Federal Civil RICO; el cuarto, por Conspiración para violar RICO Federal Civil; el quinto, por Difamación per se, el sexto, por Conspiración, el séptimo, por Falso encarcelamiento; y el octavo, por Infligir intencionalmente angustia emocional.

  En la demanda, los demandados recuerdan que Estados Unidos y el mundo han condenado al régimen de Nicolás Maduro por la tortura y asesinato de Fernando Albán y se cita, en primer lugar, a la portavoz de la Casa Blanca para la fecha de los hechos, Sarah Sanders, quien dijo: “Las autoridades venezolanas detuvieron a Albán el 5 de octubre, a su regreso de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde habló al mundo sobre la importancia de devolver la democracia al pueblo de Venezuela. Murió tres días después mientras estaba bajo la custodia del servicio de inteligencia de Venezuela ".

  Asimismo, citan al portavoz del Departamento de Estado, Robert Palladino, quien se hizo eco de los sentimientos de la Casa Blanca y afirmó que el asesinato de Fernando Albán "destaca un patrón continuo de abusos de derechos humanos en ese país, represión y uso excesivo de la fuerza".

  Del mismo modo hacen referencia a la declaración de la Conferencia Episcopal Venezolana y del secretario de la OEA, Luis Almagro,que responsabilizaron al régimen de Maduro de la muerte de Albán;  los representantes Carlos Curbelo (FL-26), Ileana Ros-Lehtinen (FL-27), Mario Díaz-Balart (FL-25) y Albio Sires (NJ-08), así como el senador Marco Rubio (FL), quienes exigieron una investigación exhaustiva e independiente sobre la muerte de Fernando Albán y solicitaron sanciones contra los responsables.

El papel del cartel de los Soles

   Sostiene la demanda que un miembro del ejército venezolano, a través de sobornos, se involucró en el tráfico de drogas en la década de 1990, mientras que para 1992, Hugo Chávez formó integró el que para la fecha se denominaba "Cártel Bolivariano", nombre que cambió en 1993 a "Cártel de los Soles". Ya en la presidencia, Chávez hizo crecer el cártel, otorgando inmunidad a los funcionarios venezolanos involucrados en el tráfico de drogas a cambio de su lealtad. En 2005, expulsó a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) de Venezuela y el país se convirtió en una ruta más atractiva para el tráfico de drogas. El Cártel de los Soles comenzó a coordinarse con las FARC para traficar cocaína, mientras las bases de la fuerza aérea venezolana comenzaron a albergar aviones cargados de cocaína que llegaban de Colombia.

  Cuando Chávez murió en 2013, Nicolás Maduro se convirtió en uno de los líderes del Cártel en el que Néstor Reverol Torres y Vladimir Padrino López son figuras importantes. Entretanto, Tarek William Saab y Maikel José Moreno Pérez también apoyan las actividades del cartel.

Las FARC

  Igualmente, se hace mención en la demanda a las FARC como una organización armada y violenta con sede principalmente en Colombia, de la cual varios de sus integrantes, luego de que esta guerrilla depusiera sus armas, desde pues del acuerdo de paz de 2016, se instalaron en Venezuela con la anuencia y apoyo de Nicolás Maduro. Estos en alianza, procuran descarrilar el proceso de paz y desestabilizar todos los niveles del gobierno colombiano mediante la violencia, asesinatos y toma de rehenes, terrorismo.

   Las FARC han sido y siguen siendo fuertemente antiamericanas, considerando a los estadunidenses como "objetivos militares". Para este grupo el narcotráfico en un medio de sustento, particularmente en la frontera con Venezuela.

   Desde el 8 de octubre de 1997 el Departamento de Estado de los Estados Unidos, considera a las FARC como organización terrorista extranjera designada.

La empresa criminal de Maduro

  En la demanda de los Albán se indica que la Empresa Criminal Maduro es una asociación que incluye, entre otros, al propio Nicolás Maduro, su régimen, el Cartel de los Soles, las FARC y los individuos demandados (Saab, Moreno, Reverol).

  Sostiene que los miembros de la Empresa Criminal Maduro han conspirado y acordado cometer una amplia variedad de delitos interrelacionados entre ellos (a) el tráfico de estupefacientes; (b) actos de terrorismo que incluyen pero de ninguna manera se limitan al narcoterrorismo; (c) violaciones de derechos humanos, incluidos secuestros, torturas y asesinatos; (d) delitos de corrupción pública; y (e) blanqueo de capitales.

   Cada una de estas actividades delictivas es intrínseca y necesaria para la funcionalidad de la empresa criminal en general, siendo un objetivo central de la empresa y la conspiración, retener el control autoritario sobre Venezuela. Al garantizar que Maduro controle ilegalmente el estado venezolano, la Empresa Criminal Maduro asegura que puede continuar cometiendo delitos rentables, como el tráfico de narcóticos y el saqueo del tesoro venezolano, con impunidad y sin interferencia de la aplicación de la ley legítima.

  Agrega que, a través de actos de terrorismo y abusos a los derechos humanos, la Empresa Criminal Maduro reprime la oposición a su narcotráfico, la corrupción pública y el control autoritario sobre Venezuela.

Las líneas clave de la Empresa Criminal Maduro

   El narcotráfico y el narcoterrorismo son parte fundamental de la Empresa Criminal Maduro, habiendo sus miembros —durante al menos 20 años hasta el día de hoy— actuado junto a las FARC en una vasta conspiración de narcoterrorismo y, a través de ella, ha inundado intencionalmente a Estados Unidos con cocaína, no solo para enriquecer al propio Maduro junto con los demás miembros de su organización, sino también para dañar a EE. UU.

   Cita que el 26 de marzo de 2020, el Departamento de Justicia reveló las acusaciones que imputan una miríada de delitos contra Maduro, otros líderes venezolanos y sus co-conspiradores de las FARC, por narcotráfico y narcoterrorismo. Luego la demanda hace un recuento de todos los pronunciamientos formulados desde distintas instancias del gobierno estadunidense en los que se describe la conducta criminal de Maduro, su empresa criminal y de sus co-conspiradores en conjunto con el grupo terrorista colombiano. Se indica cómo estos aprovecharon su poder autoritario en Venezuela para apoyar la conspiración de narcoterrorismo y narcotráfico.

  Del mismo modo se hace referencia al hecho de que un grupo disidente de unos 2.500 miembros de las FARC se ha apoderado de la frontera entre Venezuela y Colombia con apoyo del régimen de Maduro para sus actividades narcoterroristas, permitiéndoles usar el país como un refugio seguro desde el cual pueden continuar conduciendo su tráfico de cocaína y su insurgencia armada.

  Entre otros, la demanda cita el caso de los sobrinos de Cilia Flores, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores, condenados a 18 años de prisión por conspiración para contrabandear cocaína a Estados Unidos y usar parte de las ganancias en la campaña electoral para la Primera Dama de Venezuela. Los condenados idearon un plan para trabajar con las FARC para enviar literalmente toneladas de cocaína a Estados Unidos.

   Agrega la demanda que un rasgo definitorio de la Empresa Criminal Maduro es la relación simbiótica entre sus principales miembros y el Cartel de los Soles y las FARC, trabajando mano a mano para perpetrar una conspiración narcoterrorista masiva, continua y altamente rentable dirigida contra Estados Unidos.

  Venezuela también proporciona un refugio seguro para las FARC y estas han asumido funciones estatales en regiones del país, teniendo un gran interés en apoyar al régimen de Maduro. La expansión a Venezuela ha permitido a las FARC llevar a cabo ataques en Colombia y resistir los golpes de las fuerzas de seguridad colombianas. Del mismo modo, refiere la demanda, Maduro proporciona a las FARC armas y municiones militares de alta gama, como armas antitanques lanzadas desde el hombro. A cambio, las FARC capacitan a las milicias y colectivos que funcionan como una unidad de las fuerzas armadas del Cartel de los Soles.

Los DDHH y el papel del SEBIN

   La demanda suma a las líneas de acción de la Empresa Criminal Maduro, los abusos contra los derechos humanos del régimen, siendo el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), uno de los brazos ejecutores de estas prácticas. Esta fuerza policial política es conocida por el hostigamiento, arresto, tortura y asesinato de presos políticos en Venezuela.

   Precisa que el SEBIN tortura habitualmente a detenidos y presos en su sede, un edificio de oficinas de 16 pisos en la Plaza Venezuela de Caracas. Este edificio también incluye cinco pisos subterráneos, apodados "La Tumba" por los funcionarios venezolanos. Allí, los presos políticos se mantienen en condiciones inhumanas a temperaturas bajo cero y sin ventilación, saneamiento ni luz natural. Las celdas son de dos por tres metros, con una cama de cemento, cámaras de seguridad y puertas enrejadas, cada celda alineada una al lado de la otra para que no haya interacciones entre los presos. Estas condiciones han provocado que los presos enfermen gravemente, a pesar de lo cual se les niega el tratamiento médico. El SEBIN también detiene a presos políticos en un segundo edificio, conocido como El Helicoide. La demanda describe toda la actividad criminal del SEBIN.

Cleptocracia y corrupción

  La demanda además describe al régimen de Nicolás Maduro como una cleptocracia que ha saqueado sistemáticamente a Venezuela, según lo ha afirmado la Fiscal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, Ariana Fajardo Orshan.

  La Empresa Criminal Maduro blanqueó el producto de sus actividades delictivas a través de los Estados Unidos, especialmente el sur de Florida, indica la demanda.

La Empresa Criminal Maduro contra Albán

  Ante las denuncias que Fernando Albán formuló contra el régimen criminal de Nicolás Maduro, incluso en la asamblea de la ONU, la familia comenzó a recibir amenazas de muerte que llevaron a que la esposa del concejal y sus hijos tuvieran que huir a los Estados Unidos donde pidieron y obtuvieron asilo en julio de 2018.

  Tales denuncias, sostienen los demandantes que a razón de la persecución que el régimen de Maduro emprendió contra Albán y la delegación de su partido político, Primero Justicia en Nueva York, decidió arremeter contra el dirigente, capturarlo y luego asesinarlo.

   Para ello, la Empresa Criminal Maduro secuestró, a través del SEBIN, a Fernando Albán en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar cuando regresó de Nueva York a Venezuela el 5 de octubre de 2018.

  La demanda describe todo lo que califica como un secuestro y cómo le fabricaron cargos para justificar su detención y cómo agentes del SEBIN lo trasladaron al Palacio de Justicia donde fue presentado a un tribunal que declinó competencia y lo remitió al Tribunal de Control de Terrorismo, una instancia judicial utilizada por el régimen de Maduro para atacar a los líderes de la oposición.

  Asegura la demanda que el régimen de Maduro torturó y asesinó a Fernando Albán.

  El lunes 8 de octubre de 2018, el SEBIN, luego de torturarlo y asesinarlo, arrojó el cadáver de Albán desde el décimo piso de su sede.

  El fiscal general, Tarek William Saab, anunció por teléfono durante una transmisión por la televisora estatal VTV, que Albán “se había suicidado”, una historia que no resistió el escrutinio por mucho tiempo porque los baños en desde los cuales se dijo que se había lanzado, no tienen ventanas.

  Más tarde, el ministro del Interior, Néstor Reverol, hizo una declaración diferente, según la cual, Albán se lanzó desde la sala de espera.

  La demanda describe todas las contradicciones en que el régimen incurrió al informar del caso.


 

jueves, 4 de marzo de 2021

Conozca la declaración del fiscal que hizo desmoronar el caso contra Ali Sadr Hashemi Nejad, el iraní que lavó más de $100 de los programas de vivienda de Hugo Chávez

   El tribunal del Distrito Sur de Nueva York permitió la divulgación de la declaración del fiscal Garret Lych con respecto a la evidencia que la fiscalía pretendió ocultar a la defensa.

Por Maibort Petit
  A raíz de que se conociera que los fiscales del Distrito Sur de Nueva York encargados de imputar a Ali Sadr Hashemi Nejad, incurrieron en mala conducta y ocultaron a los abogados del imputado un documento que habría ayudado en la defensa, el tribunal ordenó a los involucrados, presentar sus declaraciones.

   Como se recordará, Sadr Nejad fue declarado culpable por un jurado de los delitos de violación de las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a Irán, fraude bancario y conspiración para lavado de dinero internacional con fondos provenientes de los programas de viviendas que el régimen de Hugo Chávez acordó con la República Islámica de Irán[1]. En razón de conocerse las irregularidades cometidas en el proceso, la juez de la causa, Alison Nathan, anuló el veredicto, recomendó al Departamento de Justicia investigar los hechos. El 17 de febrero de 2021, la magistrada permitió el acceso público a las declaraciones de la fiscalía y a los documentos que esta aspiraba mantener bajo sello.

   El documento que ocultó la fiscalía es una carta del Commerzbank, fechada el 16 de junio de 2011, remitida al Departamento del Tesoro de Estados Unidos a la atención del despacho encargado de hacer cumplir las sanciones. Esta comunicación quedó identificada como GX 411 en el proceso judicial.

  El 16 de septiembre de 2020, la juez del Distrito Sur de Nueva York, Alison Nathan, ordenó a los fiscales involucrados en el caso de Alí Sadr presentaran declaraciones sobre la aparente mala conducta en la que habrían incurrido y así determinar si se requería una mayor investigación de los hechos. Ante este requerimiento, el 16 de octubre de 2020e, el l fiscal Garrett Lynch presentó su declaración ante el tribunal y el 17 de febrero de 2021, solicitó a la Corte presentar la declaración adjunta y los anexos en su nombre, en razón de que no tiene privilegios de presentación electrónica.

La declaración de Lynch
   Bajo pena de perjurio, el fiscal Garret Lynch declaró el 16 de octubre de 2020 ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York que trabaja como asistente del fiscal de distrito en la oficina de Cyrus R. Vance, Jr., fiscal de distrito del condado de Nueva York (DANY), donde fue asignado como Fiscal Adjunto Especial Unido (SAUSA) en junio de 2017.

  En tal declaración, Lynch responde a una serie de preguntas formuladas en la orden judicial del 16 de septiembre de 2020, siendo la primera de estas interrogantes: “¿Cuándo se enteró por primera vez de GX 411?”.

  Refirió que el documento que se convirtió en GX 411 fue presentado al fiscal de distrito del condado de Nueva York (DANY) y otras agencias de investigación federales y estatales de forma voluntaria en marzo de 2015.

  Manifestó que en el cuarto trimestre de 2015 revisó la carta del Commerzbank en relación con una investigación sobre posibles violaciones de la ley del estado de Nueva York, entre ellas la falsificación de registros comerciales relacionados con la evasión de las leyes y regulaciones de sanciones de EE. UU. Indicó que le pareció relevante para la investigación que adelantaban los fiscales de DANY.

  Ante la segunda pregunta sobre cuándo se había dado cuenta de que GX 411 no había sido revelado a la defensa de Ali Sadr y por qué no divulgó inmediatamente el documento, Garret Lynch le manifestó al tribunal que entregó documentos e información obtenida por DANY en la Investigación de Vivienda Venezolana a los diversos Fiscales Federales Auxiliares asignados a este caso a lo largo del tiempo. Los fiscales manejaron la producción del descubrimiento en el caso de Sadr y GX 411 se encuentra entre los documentos que proporcionados. 

   Advirtió no recordar haber considerado si había sido presentado por los AUSA a la defensa, hasta que, entre la tarde del viernes 6 y sábado 7 de marzo de 2020, supo que no se había revelado. “En el momento en que me enteré de esta no divulgación, los fiscales estaban en proceso de divulgar GX 411 a la defensa”.

   Garret Lynch hace un aparte para referir, a modo de antecedentes, que mientras revisaba archivos en su oficina el 19 diciembre de 2019 antes del juicio de Ali Sadr, se encontró con GX 411 y en un intercambio de correo electrónico con los AUSA, resaltó que el Commerzbank actuaba como un banco intermediario en el primer pago en dólares a la empresa Stratus Turquía. Se estableció que este último tenía conexión con la entidad iraní, y presentó un informe a la OFAC.
  Prosigue la declaración de Lynch indicando que el 7 de enero de 2020, mientras AUSA-1 estaba revisaba la evidencia obtenida de conformidad con las citaciones emitidas por DANY relativas a cada una de las transferencias electrónicas en cuestión en el caso, el fiscal le envió un correo electrónico preguntando sobre una transferencia de 2011, un pago mencionado en GX 411.

   En dicho correo Stephanie Lake le refiere a Lynch y los otros fiscales que los pagos reflejados en una hoja de cálculo que adjuntan, no encontró confirmación de la transferencia bancaria de USD 29 millones del 4 de abril de 2011. Indicó que halló una referencia a este pago en las declaraciones de citaciones de CHIPS y que este parecía mostrar que había pasado del “Fondo Chino-Venezolano” a Stratus International Contracting. Lake le preguntó a Lynch si tenían una confirmación de dicha transferencia.
  Lake agrega que notó que las confirmaciones de transferencias por lo general no muestran el banco intermediario de EE. UU. y se preguntaba si no faltaba documentación con esta información.
  Lynch les manifestó a los otros fiscales que GX 411 podría ser probatorio en el caso del gobierno.
   Garret Lynch dijo en su declaración al tribunal que la discusión sostenida con los otros fiscales a principios de enero de 2020, “expresé mi opinión de que GX 411 sería prueba probatoria en el juicio porque, en mi opinión, reflejaba un intento por parte del Sr. Sadr de engañar al Banco con respecto a la conexión con Irán de la entidad beneficiaria de los hallazgos a que se refiere el documento, así como de los propietarios de la entidad.

  Informó que, a fines de enero de 2020, preguntó si el gobierno deseaba considerar que el Commerzbank proporcionara un testigo para explicar GX 411, así como para autenticar y proporcionar la base para admitir el registro de transferencia bancaria del 4 de abril de 2011 del pago que la fiscalía estaría ofreciendo como prueba. Subraya que, en tal sentido, se ofreció para contactar a la entidad.
   Explica que en otro correo del 31 de enero de 2020 informó a los otros fiscales luego de contactar al Commerzbank, donde obtuvo información de que el GX 411 no se había preparado en el momento de la transferencia que el gobierno planeaba introducir en el juicio, sino en un momento posterior. La Investigación Bancaria determinó que el pago ocurrió en abril de 2011, mientras que GX 411 fue de junio de 2011.
  Después de este intercambio, Garret Lynch habló con AUSA-1 sobre los antecedentes de GX-411, la cual se generó como parte de un ejercicio de "revisión retrospectiva" de cumplimiento realizado después del registro del cable del 4 de abril de 2011 y que fue divulgada voluntariamente a DANY en la Investigación Bancaria.

  AUSA-1 estimó que, en vista de los antecedentes, las pruebas en cuanto a GX 411 serían indebidamente complejas y consideró que no había necesidad de convocar un testigo del Commerzbank para que hablara en torno a GX 411. “En consecuencia, dejé mis esfuerzos para conseguir un testigo del Banco para testificar sobre GX 411 y no recuerdo ningún contacto posterior con el Banco hasta el 6 de marzo de 2020”.

  La tercera pregunta a Garret Lynch requería datos de comunicaciones específicas sobre GX 411 o su divulgación con otros fiscales, ya sea oral, escrita o electrónica.

  Al respecto, el fiscal Lynch le refirió al tribunal que, además de las conversaciones y comunicaciones electrónicas descritas anteriormente, el viernes 6 de marzo de 2020 conversó con AUSA-1 y ella le transmitió que, con base en el contrainterrogatorio de la defensa de un testigo bancario ese mismo día, ella creía ahora que el gobierno debería convocarlo para el lunes 9 de marzo de 2020.
  Después de esta conversación, Lynch se comunicó con el banco para convocar el testigo.
  Acerca de cuándo estimó Lynch que GX 411 tenía valor exculpatorio para Sadr, el fiscal le manifestó a la Corte que esto ocurrió cuando la defensa planteó este problema luego de recibir el documento del gobierno el 7 de marzo de 2020. “Creí que el documento era totalmente inculpatorio porque, como lo vi en combinación con otras pruebas”.
    Pensó que el Banco había llevado a cabo la debida diligencia en el pago del 4 de abril de 2011 para determinar si Stratus International era una entidad iraní o estaba relacionada con Irán, pero no pudo tomar esa determinación de manera concluyente porque fue engañado por Alí Sadr, pues este dio información parcial y engañosa sobre esta entidad al banco venezolano remitente. Por ello, Commerzbank no pudo verificar que la entidad en realidad fuera iraní, a pesar de sus sospechas, que informó a la OFAC.

  Garret Lynch le aseguró al tribunal que no redactó una carta que la fiscalía remitió el 8 de marzo de 2020 relativa a la Orden del 16 de septiembre.
   “No recuerdo y no he encontrado comunicaciones o documentos que reflejen que fui incluido en alguna comunicación electrónica u oral relacionada con la carta del gobierno, editada después de las 9:42 PM cuando comenté el borrador de AUSA-1, y tal como se envió en forma final el 8 de marzo de 2020 bajo Dkt. Nº 277. No participé en conversaciones con un Jefe de Unidad ni con las AUSA de juicio sobre el cambio de lenguaje al que se refiere la Corte. Aparte de los cambios realizados para reflejar mis comentarios (enviados a las 9:42), no sé por qué se modificó la versión de la carta que revisé a las 9:31 p.m.”.

   Finalmente, Garret Lynch le aseguró al tribunal que desconocía que la sentencia del caso había sido anulada.













[1] Venezuela Política. “Ali Sadr Hasheminejad fue declarado culpable de violar las sanciones de EE. UU. contra Irán, fraude bancario y lavado de dinero de los programas de viviendas de Hugo Chávez”. 16 de marzo de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/03/ali-sadr-hasheminejad-fue-declarado.html





 

lunes, 22 de febrero de 2021

Serie: Los papeles secretos de la Electricidad de Caracas (Parte II)

  Bajo administración de Javier Alvarado, la Electricidad de Caracas otorgó a Derwick Associates S.A y Duro Felguera contratos que superan los US$ 1637 millones de dólares.

Por Maibort Petit

  Entre septiembre de 2008 y junio de 2009 la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas otorgó al menos USD 1.637.179.180,80 en contratos a un grupo de empresas altamente cuestionadas, resultando las más favorecidas Derwick Associates S.A y Duro Felguera. Unas negociaciones que significaron un desfalco al erario público venezolano, máxime porque dichas contrataciones no remediaron el problema que se suponía iban a solucionar: la crisis eléctrica.    Contratos otorgados a dedo sin que se hayan realizado procesos licitatorios como exige la ley, significaron que el estado venezolano entregó a empresas altamente cuestionadas al menos USD 1.637.179.180,80 —de algunos no disponemos la cifra— en menos de un año al amparo de la emergencia decretada por el gobierno. Así lo revelan una serie de documentos, actas y contratos de C.A. Electricidad de Caracas que están en nuestras manos.

  En esta segunda entrega de la serie en la que estamos dando a conocer la documentación que prueba las contrataciones que la C.A. Electricidad de Caracas llevó a cabo durante la gestión de Javier Alvarado como presidente de la empresa estatal y en los que se puede apreciar como las cuestionadas Derwick Associates S.A. y la española Duro Felguera figuran entre las compañías favoritas con que negoció para atender la crisis eléctrica que ha padecido Venezuela en los últimos años y que, lejos de solucionarse, se ha agravado.

  Ambas empresas han sido seriamente cuestionadas al relacionárseles con hechos de corrupción derivados de su gestión en el contexto de la referida crisis eléctrica. La primera ha sido señalada de supuestamente vender equipos chatarra con sobreprecio. A la segunda se le acusa de presuntamente haber estafado a Venezuela con la construcción de una central eléctrica inservible, con problemas operativos y de diseño, así como con un 400 por ciento de incremento de su valor real.

  Además, la Asamblea Nacional determinó que la EDC pagó un gran anticipo a Duro Felguera por los trabajos y esta solamente entregó un 10 por ciento de la obra. “El gobierno venezolano pagó un adelanto a Duro Felguera para la construcción de la planta eléctrica y la compañía apenas entregó el 10%. El pago de comisiones y mordidas fue en detrimento del diseño y la calidad de la obra. Hubo graves problemas con la tubería de enfriamiento, que estaba a cargo de Protesa, empresa asociada a Duro Felguera”, aseguró el diputado opositor Julio Montoya, quien dirigió las investigaciones llevadas a cabo en el seno del parlamento venezolano y que presentó una denuncia en contra de la empresa española ante la Fiscalía Anticorrupción de esa nación en declaraciones que recoge el portal Aserne y en el cual también puede leerse que “La empresa española no cumplió ni los plazos de entrega ni la calidad prometidas en su proyecto, según concluyen los informes parlamentarios que también han sido trasladados a la fiscalía venezolana”.

  Según su página web, Duro Felguera es una “compañía especializada en la ejecución de proyectos ‘llave en mano’ para los sectores energético, industrial y de Oil & Gas; la prestación de servicios especializados para la industria y la fabricación de bienes de equipo. Con más de 150 años de experiencia en las actividades industriales, actualmente DF desarrolla proyectos integrales para la construcción de todo tipo de centrales de generación eléctrica, instalaciones para el tratamiento de minerales y el manejo de graneles, plantas para almacenamiento de combustibles y otras instalaciones en el sector de Oil & Gas. La compañía lleva a cabo todo el proceso de los proyectos: ingeniería, suministros, montaje, puesta en marcha, operación y mantenimiento”.

   De esto dimos un adelanto en la primera entrega, pues en dicha nota vimos cómo comenzó a prepararse el terreno para las acciones ulteriores de la directiva de EDC que derivaron en los hechos de corrupción de que ha dado cuenta abundantemente la prensa internacional, en mayor medida y, la prensa venezolana en la posibilidad de que han logrado sortear la censura impuesta por los dos últimos gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

  En estos hechos tiene un especial protagonismo Javier Alvarado, quien se convirtió en presidente de la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas en 2007 cuando el para entonces vicepresidente ejecutivo de la república, Jorge Rodríguez, lo juramentó, junto al resto de los integrantes de dicho cuerpo rector. Quedó integrada dicha directiva —además de Alvarado— por quienes cumplían funciones como directores principales, Antonio Simancas, Alejandro Borjas, Jesús Rangel, Alberto Urdaneta, mientras que como suplentes fungían Nicolás Veracierta, Darío Merchan, Carlos Luengo y Genel Severeyn.

  En los resúmenes de las actas que de reunión de la junta directiva de la EDC que presentamos a continuación y en las próximas entregas, veremos cómo fueron configurándose los hechos acusados en las primeras líneas por parte de la directiva de la C.A. Electricidad de Caracas en conjunción con las empresas señaladas.

  Igualmente, podremos observar cómo Luis Carlos De León Pérez, exfuncionario de la Electricidad de Caracas, gerente funcional de asuntos legales de la empresa, quien en la actualidad es acusado por el gobierno de los Estados Unidos de delitos de corrupción, blanqueo de capitales y violación de la ley de Prácticas Corruptas, pasó de ser un “invitado permanente” a las reuniones de junta directiva de la empresa estatal, a convertirse en directivo de la misma.

  De este personaje ya hemos referido en el reporte anterior, que llegó a alcanzar un poder inexplicable dentro de la Electricidad de Caracas con atribuciones y facultades más allá de las que su cargo le permitía.

Comienzan a concretarse las contrataciones

  El 5 de septiembre de 2008 la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas constituida por Javier Alvarado en su carácter de presidente, Genel Severeyn, Alberto Urdaneta y Nicolás Veracierta, con la presencia del invitado permanente Luis Carlos De León Pérez (gerente funcional de asuntos legales) e Iliany Mata, como secretaria, aprobó el plan especial de contrataciones en el área de distribución; asimismo la contratación de las obras de movimiento de tierra para la Planta Termoeléctrica Termocentro y la Subestación El Castaño; se aprobó la contratación por vía de excepción lo relativo a la recuperación del alumbrado público y sistemas de distribución de algunos sectores del casco central de Caracas; se analizó la oferta de equipos complementarios de tres unidades modulares de generación como parte del Proyecto de Generación de Respuesta Rápida para la Gran Caracas, el estado Vargas y Nueva Esparta.

  Igualmente se discutió el incremento de la capacidad de generación de 500 MW a 1.610 MW del Complejo Generador Termocentro.

  También se estudió la solicitud de autorización para ejecutar la contratación de GTME de Venezuela S.A. para el servicio de contratación de obras eléctricas y de acometida de distribución para la Zona Metropolitana, regiones Centro, Este y Oeste y la región Vargas de la C.A. Electricidad de Caracas.

  Se delegó en el director de operaciones y/o el gerente operativo de producción, la suscripción de documentación del proceso, incluida el acta de inicio, el otorgamiento de las adjudicaciones y la firma de los contratos respectivos.

  Javier Alvarado pidió analizar la oferta de equipos complementarios de tres unidades modulares de generación como parte del proceso del Proyecto de Generación de Respuesta Rápida para la Gran Caracas, el estado Vargas y Nueva Esparta. Sobre esto el gerente funcional de ingeniería y proyectos, José Romero, recomendó la compra del Generador Diesel para Black Star, equipos de tratamiento y suministro de agua, equipos de filtrado y suministro de diésel, equipos de tratamiento y compresión de gas, así como repuestos para garantizar el funcionamiento de las unidades de generación.

  La junta directiva resolvió autorizar la compra con la empresa Wellington Turbines LLC de los equipos complementarios y repuestos para la unidades de generación Pratt & Wittney de 60 MW, tipo FT8 Swiftpac cuya compra se aprobó por la directiva el 20 de agosto de 2008, por USD 17.327.907 para asegurar la puesta en marcha de las unidades en el Proyecto de Generación de Respuesta Rápida en los terrenos de La Raisa en el contexto del Complejo Generador Termocentro.

  La directiva también autorizo a la gerencia funcional de ingeniería y proyectos para solicitar ofertas técnico-económicas a las empresa Duro Felguera S.A. para las obras y servicios de la ejecución preliminar y del IPC de la Planta Termoeléctrica Termocentro; y a Turbocare C.A. para servicios de rehabilitación de dos turbogrupos W501DS, suministro de equipos y repuestos, instalación, puesta en marcha y asesoría técnica en el proyecto Planta de Generación La Raisa.

  Alvarado igualmente pidió autorización para contratar a la empresa GTME de Venezuela S.A. para el servicio de construcción de obras eléctricas y acometida de distribución para la Zona Metropolitana, regiones Centro, Este y Oeste y la región Vargas de la C.A. Electricidad de Caracas

  Se incrementa el presupuesto 2008 y uso del Fondo Chino

   El 24 de septiembre de 2008 la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas integrada por Javier Alvarado (presidente), Genel Severeyn, Alberto Urdaneta y Nicolás Veracierta, con Luis Carlos De León Pérez como invitado permanente e Iliany Mata, como secretaria, discutió el proyecto de presupuesto de la empresa para 2009 y el proyecto modificado del presupuesto 2008; al estrategia de contratación del Proyecto de Ampliación de Generación en el Conjunto Generador Josefa Joaquina Sánchez Bastidas, Planta Picure y Generación de Respuesta Rápida (GRR); la autorización para delegar en el director de finanzas la facultad de aprobar operaciones de colocaciones por montos superiores a 2 millones de unidades tributarias.

  Javier Alvarado intervino para solicitar la aprobación de la contratación con recursos del Fondo Conjunto China Venezuela (FCCV) para procura de unidades modulares de generación como parte del Proyecto de Generación de Respuesta Rápida para la Gran Caracas, Vargas y Nueva Esparta.

   Lo anterior contemplaba la ampliación de la subestación Tacoa 230 KV; la nueva subestación y sistema de transmisión asociada al CC 540 MW; desmantelamiento y construcción de almacenes;: desmantelamiento y construcción del campamento de contratistas; adecuación de la estación de gas existente; adecuación de líneas de transmisión de interconexiones existentes; demolición y disposición de componentes de la Planta Arrecife para futuros proyectos; reubicación de helipuerto; estudio de operación y mantenimiento.

  Alvarado explicó que la distribución de los recursos del FCCV sería: USD 195 millones asignados al Proyecto Complejo Termoeléctrico Termocentro; y USD 115 millones asignados al Proyecto de Ampliación de Generación en la Isla de Margarita.

  La idea era dotar a la región central de autonomía dada su excesiva dependencia de la generación de las centrales hidroeléctricas de Guayana y la transmisión asociada que se manifestó en la falla eléctrica del 29 de abril de 2008. En este sentido, la junta directiva de Corpoelec aprobó la fusión en un megaproyecto de la Planta La Raisa y el Complejo Generador Termocentro.

   Asimismo, la falla eléctrica del 1° de septiembre de 2008 llevó a decidir la ampliación del Proyecto Generador Josefa Joaquina Sánchez Bastidas y de la Planta La Raisa.

  Las decisiones fueron: aprobar la ampliación del Proyecto Generador Josefa Joaquina Sánchez Bastidas; ampliar el Proyecto La Raisa como parte del Complejo Generador Termocentro para instalar 200 MW adicionales a los 330 MW de Generación de Respuesta Rápida que, sumados a los 1.080 MW de la Planta El Sitio suman 1.610 MW para el Complejo Generador Termocentro.

   Se decidió ajustar el presupuesto 2008 a USD 116 millones que debían ser reasignados al proyecto de ampliación de generación Margarita y cargados el proyecto del Complejo Generador Josefa Joaquina Sánchez Bastidas reasignado para los proyecto a ejecutar en 2008.

  Se resolvió ampliar la facultad del director de finanzas para aprobar operaciones de colocaciones por montos superiores a 2 millones de unidades tributarias con una vigencia comprendida entre el 1° de octubre de 2008 y el 31 de marzo de 2009.

Entran Derwick y Duro Felguera en escena

   En reunión de junta directiva de la que no podemos precisar fecha al no contar con esa parte del documento, pero que estimamos ronde entre los meses de septiembre y diciembre de 2009, Javier Alvarado solicitó aprobar la oferta de dos unidades de generación como parte del Proyecto de Generación de Respuesta Rápida para la Gran Caracas, Vargas y Nueva Esparta.

   En virtud de que el 20 de agosto de 2008 la directiva aprobó la compra de equipos modulares de generación por ser la mejor opción para la fase inicial del Proyecto de Generación de Respuesta Rápida por su flexibilidad, tiempo de entrega, instalación, transporte y operación con gas y diésel y en razón de que Derwick Associates S.A. presentó el 7 de noviembre de 2008 una oferta de dos equipos de generación de 22 MW, marca General Electric, tipo LM2500 PC Turbines para ser entregadas, una unidad en diciembre de 2008 y otra en enero de 2009, se expuso la conveniencia de aprobar la contratación, como en efecto se resolvió por USD 31.300.000.

  También se aprobó, deducimos que en la misma fecha, contratar a la empresa Duro Felguera S.A. para las obras y servicios de la ejecución preliminar de la Planta Termocentro por USD 215.000.000. Se aprobó que el director de integración de procesos suscribiría el contrato con la empresa española.

Nuevo contrato a Derwick y se amplía vigencia del de Duro Felguera

   El 27 de marzo de 2009 la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas conformada por Javier Alvarado (presidente), Genel Severeyn, Alberto Urdaneta y Nicolás Veracierta, con Luis Carlos De León Pérez como invitado permanente e Iliany Mata, como secretaria, se presentó la propuesta de estrategia de contratación y, en tal sentido, se pidió a la directiva autorizar la solicitud de oferta a Derwick Associates S.A., representante en Venezuela de ProEnergy Services lo que resultó aprobado basado en el numeral 1 del artículo 76 de la Ley de Contrataciones Públicas vigente para la fecha y que estaba referido a los supuestos que permitían la contratación directa independientemente del monto de la contratación, siempre y cuando la máxima autoridad del órgano o ente contratante, mediante acto motivado, justificara adecuadamente su procedencia. Se le solicitaría la actualización de la contratación de IPC para la instalación de equipos modulares de generación (3 x 60 MW Pratt & Witney) para la Planta de Generación.

La Raisa asociada al Complejo Generador Termocentro

   Alvarado también pidió a la junta directiva aprobar la extensión de la contratación de la empresa Duro Felguera S.A. para obras y servicios preliminares de la Planta de Generación Termocentro el cual se suscribió el 3 de diciembre de 2008 con vigencia hasta el 31 de marzo de 2009, mientras se acordaban los términos de la oferta definitiva. En razón de que la oferta presentada por la empresa el 4 de febrero aún estaba en estudio, se solicitó aprobar un Addendum del citado contrato de diciembre de 2008. Se aprobó la extensión hasta el 30 de abril de 2009.Otros contratos, otras empresas

   En fecha no determinada, pues no figura en la parte de los papeles que están en nuestro poder, la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas resolvió con base a las recomendaciones de la Comisión de Contrataciones N° 2, adjudicar los lotes 1 y 2 a la empresa China Profit Co. LTD por USD 72.200.000, equivalentes a Bs 155.230.000 (precio FOB). Los gastos de importación e impuestos serían asumidos por la EDC. Se acordó un anticipo del 30 por ciento y el 70 por ciento restante mediante Carta de Crédito Confirmada.

 Como segunda opción se aprobó adjudicar los lotes 1 y 2 a la empresa World Business en caso de que la otra empresa no mantuviera la oferta no suministrara las garantías debidas o le fuera anulada la adjudicación por haber suministrado información falsa.

  También se aprobó adjudicar como primera opción el lote 3 a la empresa World Business S.A. por USD 19.800.000 equivalentes a Bs. 42.570.000 (precio FOB). La C.A. Electricidad de Caracas asumió los gastos de importación e impuestos. Se dará un anticipo de 20 por ciento y el restante 80 por ciento mediante Carta de Crédito Confirmada. La segunda opción era para China Profit Co. LTD.

Nuevo contrato a Derwick

  El 29 de abril de 2009 la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas presidida por Javier Alvarado (presidente), con la participación de los directores Genel Severeyn, Alberto Urdaneta y Nicolás Veracierta, con Iliany Mata, como secretaria, a solicitud de la presidencia se analizó y se resolvió aprobar la contratación de la empresa Derwick Associates S.A. para los servicios de ingeniería, procura y construcción de la instalación de dos unidades de generación LM2500 y dos unidades de generación LM6000 en el Proyecto de Ampliación de Generación en el Complejo Generador Planta Josefa Joaquina Sánchez Bastidas por USD 50.814.011 (componente en dólares y Bs. 29.679.6955,20.

También Duro Felguera se hace de otro contrato

  El 27 de mayo de 2009 la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas conformada por Javier Alvarado (presidente), Genel Severeyn, Alberto Urdaneta, Carlos Luengo y Nicolás Veracierta, con Luis Carlos De León Pérez como invitado permanente e Iliany Mata, como secretaria, analizó la solicitud de autorización para declarar desierto y dar por terminados los concursos internos de oferta de las gerencias operativas de generación y transmisión previstos en el plan excepcional de contrataciones y resolvió aprobar, de acuerdo al numeral 1 del artículo 76 de la Ley de la Ley de Contrataciones Públicas, la contratación de la empresa Duro Felguera S.A. para los servicios de Ingeniería, procura y construcción (IPC) de la Planta de Generación Termocentro asociado al Complejo Generador Termocentro.

  El costo del contrato fue de € 510.241.202, USD 911.973.314 y Bs. 1.239.791.128.

Luis Carlos De León Pérez se integra a la directiva de la EDC

   El 10 de junio de 2009 la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas conformada por Javier Alvarado en su carácter de presidente), los directores Genel Severeyn, Alberto Urdaneta. Se incorporó ahora también como directivo de la empresa estatal, Luis Carlos De León Pérez (no disponemos del acta de la junta directiva en la que se le incorporó como integrante, pero obviamente fue un hecho ocurrido entre los últimos días de mayo y los primeros días de junio del citado año 2009) y fungiendo Iliany Mata como secretaria, autorizó la solicitud de oferta técnico-económica de las empresas:

   GTME de Venezuela S.A. para los servicios de ingeniería, procura y construcción de la instalación de dos unidades de generación (85 MW 700IEA General Electric) en la Planta de Generación La Raisa asociada al Complejo Generador Termocentro.

  Derwick Associates S.A. para la adquisición de dos unidades de generación de 45 MW cada una, marca General Electric, modelo LM6000 para la Planta de Generación La Raisa asociada al Complejo Generador Termocentro.

   Derwick Associates Corporation para los servicios de ingeniería, procura y construcción de la instalación de dos unidades de generación de 45 MW cada una, marca General Electric, modelo LM6000 para la Planta de Generación La Raisa asociada al Complejo Generador Termocentro.

  La Gerencia Funcional de Ingeniería y Proyectos debía hacer la evaluación de las ofertas y presentarla a la consideración de la junta directiva para su aprobación.

   Se aprobó la contratación de la empresa Inversora Cerro Azul C.A. para servicios de ingeniería, procura y construcción del gasoducto asociado al Complejo Generador Termocentro por USD 9.063.928,80 y Bs. 91.589.071,48 incluyendo IVA, con una anticipo de 50 por ciento de la porción en dólares y de 30 por ciento para la porción en bolívares del contrato.

   En la próxima entrega continuaremos dando a conocer a nuestros amables lectores, los procesos de contratación de la C.A. Electricidad de Caracas durante la gestión de Javier Alvarado, negociaciones que construyeron un fraude al estado venezolano pero que enriquecieron a un grupo de personas de los cuales algunos enfrentan a la justicia en la actualidad.