EE. UU. exige decomisar $100 millones a la enfermera y guardaespaldas de Hugo Chávez, Claudia Díaz Guillén y Adrián Velázquez Figueroa, obtenidos de sus operaciones criminales

Por Maibort Petit

 Los abogados de la extesorera del régimen venezolano, Claudia Díaz Guillén y el exguardaespaldas de Hugo Chávez, Adrián Velázquez, pidieron al tribunal federal de Fort Lauderdale que niegue la solicitud hecha por la Fiscalía de los Estados Unidos para que el tribunal emita una sentencia de decomiso de $100 millones de dólares provenientes de sus actividades delictivas.

  Díaz Guillén y Velásquez Figueroa se opusieron conjuntamente a la moción del gobierno de una sentencia de decomiso de dinero por considerarla "injusta".

 La defensa pidió—basado en la Regla 32.2, permite que los demandados tengan una audiencia para discutir la confiscación de sus bienes en este caso—la denegación de la moción de los fiscales estadounidenses.

 El Tribunal determina el monto de la sentencia monetaria “basado en la evidencia que ya está en el expediente, incluido cualquier acuerdo de declaración de culpabilidad por escrito y cualquier evidencia o información presentada por las partes y aceptada por el tribunal como relevante y confiable."

Más de $139 millones de ganancias ilícitas

 Los Demandados participaron en una conspiración mediante la cual Díaz Guillén—como tesorero de Venezuela— aceptó más de $100 millones en sobornos a través de su esposo, Adrián Velázquez, para que ella "le proporcionara a los conspiradores accedieran a tipos de cambio de divisas favorables al permitirles comprar bonos del Reino Unido con fondos del erario público venezolano".

 Como establecieron los fiscales en el juicio de los dos venezolanos corruptos, y como acredita el veredicto de culpabilidad del jurado, "el caso se trató de una conspiración que involucró dinero en efectivo escondido en cajas de cartón, compañías ficticias en el extranjero, transferencias electrónicas internacionales, cuentas bancarias suizas, aviones privados, yates, e incluso una empresa de moda de alta gama".

  Los fiscales probaron ante el jurado que hubo una conspiración que tenía como objetivo el lavado de dinero promociona, "Díaz Guillén y Velásquez Figueroa obtuvieron al menos $136.752.007,46 en pagos de sobornos".

 

  Los fiscales calcularon el monto de la sentencia sumando los montos de las planillas “AV” enviadas por Raúl Gorrín ($79.824.051,46), las cantidades que Gorrín envió desde su empresa Andiron a Invesco Capital Fund ($21,422,956) y los montos que Gorrín pagó por aviones privados para los Demandados ($35,505,000).

 De hecho, los fiscales dicen que no sumaron para la totalización del monto de la sentencia de dinero, "todas las facturas", porque hubo dos cantidades que no se contabilizaron en las hojas de cálculo AV y no se presentaron al jurado.

 La acusación contra Díaz y Velázquez se basa en una trama de corrupción ejecutada por Raúl Gorrín y otros, que planearon (y lo hicieron) comprar bonos del Reino Unido desde Venezuela y explotar la diferencia entre el precio de los bonos y tipos de cambio no oficiales. "Para concretar las operaciones los coacusado necesitaban sobornar sus contactos dentro de la tesorería venezolana".

Para Gorrín y sus socios ese “contacto” era Claudia Díaz y su marido, Adrián Velásquez.

  Los fiscales pidieron al juez evaluar los anexos presentados que se usaron para calcular el fallo monetario contra los dos exfuncionarios corruptos.

  En la moción de los fiscales alega que durante los tiempos en los que se produjo la conspiración, Venezuela tenía dos tipos de cambio de dólares a bolívares: no era el tipo de cambio oficial venezolano, que durante el período relevante fue de 4,3 bolívares por dólares y el otro era un "no oficial", "mercado abierto" o tipo de cambio del “mercado negro”.

 El tipo de cambio del mercado negro era fluctuante; por ejemplo, entre junio de 2011 y junio de 2012, osciló entre 8,25 y 9,47 bolívares por por dólar. Los conspiradores compraron bonos del Reino Unido utilizando bolívares venezolanos al tipo de cambio fijo, [esencialmente intercambiando bolívares por libras esterlinas], que luego se convirtieron a dólares estadounidenses.

Luego, los conspiradores cambiarían los dólares a bolívares utilizando el mercado negro más alto.

 El tipo de cambio permitió a los conspiradores (a veces) duplicar su dinero, al comprar bonos a la tasa legal, convertirlos a dólares y venderlos a la tasa del mercado negro, podrían hacer “grandes ganancias”.

A modo de ejemplo:

• Los conspiradores compraron un bono de $ 1 millón, utilizando el cambio fijo de 4,3 bolívares por dólar estadounidense, es decir, $4, 30 millones.

• Los conspiradores vendieron los dólares utilizando el tipo de cambio del mercado negro de 9,39 por dólar estadounidense, recibiendo 9,39 millones de bolívares;

• Como resultado de las transacciones, los conspiradores obtuvieron una ganancia de 5,09 millones de bolívares. Y en la medida que aumentaron las cifras de "inversión" (por ejemplo, bonos de £160 millones).

•Para lograr la aprobación de los dólares preferenciales, los conspiradores pagaron sobornos a Claudia Díaz Guillén, que tenía la potestad de aprobar dichas transacciones.

• En un esfuerzo por ocultar los sobornos que estaba recibiendo, el esposo de Claudia Díaz, Adrián Velázquez, actuó como intermediario de su mujer, aceptando los sobornos en su nombre.

•La Participación de los dos convictos en el Esquema de Intercambio del Tesoro de Venezuela fue notable porque Claudia Díaz era la tesorera de Venezuela después de otro funcionario corrupto y convicto por corrupción y violación de la Ley de Prácticas corruptas en el extranjero, Alejandro Andrade (aunque no de manera consecutiva).

•Mientras Alejandro Andrade era tesorero aceptó mil millones de dólares en sobornos de Raúl Gorrín, un corrupto milloanrio venezolano y otros.

•Cuando Gorrín sobornó a Andrade, no transfirió todo el dinero del soborno a las cuentas del exfuncionario. Por el contrario, Gorrín se aferró a la ganancia.

• Claudia Díaz aceptó la oferta de Raúl Gorrín que incluyó la trama corrupta de la compra de un bono de £160 millones, estafando con ello las finanzas públicas de los venezolanos.

1. Esquema de corrupción usado por Raúl Gorrín

 Según la evidencia, Raúl Gorrín, presidente de Globovisión, buscó aliados de la oficina de tesorería nacional, para ofréceles grandes ganancias, a cambio que hicieran las transferencias a Suiza para la custodia gratuita de instrumentos financieros.

  Una vez que su banco tuviese la custodia de estos instrumentos financieros, ordenaba a los funcionarios de su banco que los vendieran. Debían tener listos a dos propietarios de bancos venezolanos que permitieran la recepción de grandes cantidades de bolívares.

 Las venta de los instrumentos en dólares a los banqueros o empresarios venezolanos, se hacía a precio del dólar libre. El Tesoro Nacional tenía que pagar el bono asignado en bolívares, al tipo de cambio oficial.

 En las instrucciones dadas por Gorrín a los exfuncionarios corruptos, hacía hincapié en que no debían hacer caso "a los daños colaterales de la economía venezolana" con la venta de dólares al precio del mercado dólar.

 En las instrucciones — dadas a conocer en las evidencias presentadas por los fiscales al jurado— Gorrín establecía que "en la tarea de intentar ser el único proveedor de dólares en el mercado venezolano, debes actuar sin escrúpulos". es decir, no debes importarle si los precios de los alimentos, medicamentos, los bienes o servicios aumentaban o no. "Eso es un problema de mercado".

 Gorrín prometió conseguir aliados políticos para defender a Claudia Díaz y a Andrade. "Con las ganancias obtenidas, compré el canal de TV (Globovisión), aseguradoras, casas de bolsa y bancos", e incluso, trató de entrar en el mercado petrolero".

 Gorrín contabilizó los pagos de soborno de Alejandro Andrade y pagó sus facturas tal como éste lo pidió.

 Después que Andrade renunció a la Tesorería de Venezuela, Gorrín le pidió que lo acercarse a Díaz Guillén "para ver si continuaba haciendo con ella las mismas transacciones de cambio monetario que estaba haciendo con él", y en ese sentido, le preguntó si la exenfermera de Chávez aceptaría sobornos de parte de Gorrín para darle prioridad en la compra de bonos.

 En marzo de 2011, Claudia Díaz, Adrián Velázquez y Alejandro Andrade se conocieron en persona en Wellington Florida. El encuentro fue negociado por Gorrín, para asegurar que Díaz. Guillén se convirtiera en tesorera de Venezuela.

 Andrade le planteó el "negocio" a Díaz, quien estuvo de acuerdo y comenzó a hacer los intercambios con Gorrín.

 Después de la reunión en Florida, Velázquez le dijo al entonces amigo y socios de negocios ilícitos. Maximillian Camino Berán que "la reunión fue muy bien y que Díaz probablemente sería la próxima tesorera de Venezuela, lo cual resultó ser correcto".

 Bajo el acuerdo de soborno que Gorrín acordó con Claudia Díaz, el 50% de las ganancias del esquema cambiario eran para la corrupta tesorera, el 25% para Gorrín, y el 25% para Alejandro Andrade.

 Díaz finalmente aceptó pagos de soborno de Gorrín para adjudicar a Gorrín y sus empresas. el derecho a comprar bonos del Reino Unido del tesoro venezolano. Vale destacar que el fisco venezolano podía aceptar o rechazar ofertas de compra de bonos.

 Andrade ingresó al esquema con Díaz y Gorrín, mientras era tesorero, Díaz se reunía semanalmente con Gorrín y con Gustavo Perdomo —quien es cuñado y socio de Gorrín— y por su parte, Velázquez se reunía con Gorrín y Perdomo de dos a tres veces por semana.

 Además, había dos o tres encuentros por semana entre Velázquez y Moisés Ricardo Zapata Ruiz—guardaespaldas de Díaz—que era el encargado de recoger cajas que le enviaba Raúl Gorrín. En dos ocasiones, Zapata vio las cajas abiertas—una que abrió el propio Velázquez, y según su testimonio "estaban llenas de dinero en efectivo".

2. Lavado de dinero proveniente de los sobornos por parte de Díaz Guillén y Velázquez

 Después que Díaz se convirtió en tesorera de Venezuela, ella y su marido cambiaron su estilo de vida “de manera radical", volviéndose "exuberantes" con "muchas propiedades" y "muchos vehículos".

 El jurado también condenó a los demandados por conspiración para cometer lavado de dinero, proveniente de los sobornos que les pagó y les blanqueó Raúl Gorrín.

 Gorrín financió—entre otras compras y pagos a favor de Díaz y Velázquez— 3 jets privados, 2 yates (el Oro y Sean), la empresa de ropa de los demandados (Patric Love), bienes inmuebles, fincas y de10 a 14 vehículos.

 Gorrín hizo pagos a Díaz y Velázquez a través de una variedad de compañías de su propiedad, incluidas las siguientes:Andiron, IBCDB, Bell Site Overseas, Vineyard Ventures, Mahogany, Comercial y Cabo Occidental.

 Gorrín compró tres aviones privados para Díaz y Velázquez, dos de los aviones fueron costaron $5.7 millones y $23.4 millones.

 Otro pago hecho por Gorrín a Díaz se realizó bajo unos contratos identificados como FOREX, firmados por la extesorera. Velázquez ordenó a Unique Jet Aviation que facturara a Gorrín por la compra de un jet privado un total de $6,405,000.

 Los fiscales mostraron las facturas de los pagos de Gorrín a Patric Love, MJ Box Tool, usando las empresas como Interglobal Yacht Sales a Interglobal Yacht Sales y Unique Jet Aviation.

Una de las empresas a través de las cuales los Demandados recibieron los pagos de los sobornos fue Invesco. "Invesco fue sociedad constituida en Panamá por Maximilian Camino, con Velázquez como oficial y accionista".

 Invesco no brindó ningún servicio, no tenía empleados, y no producía ningún producto.

 Velázquez era un signatario autorizado en la cuenta bancaria de Invesco, donde se recibieron únicamente dinero de las coimas.

Velázquez también usó la cuenta de correo electrónico "InvescoCF@gmail.com" como su dirección de correo electrónico en la trama de corrupción.

 Velázquez dispuso que Gorrín pagara los sobornos a través de Invesco. "Para ocultar los sobornos, Maximilian Camino redactó un documento que decía que Velázquez recibió un ingreso anual de $12 millones a través de la firma Invesco".

"En realidad, Velázquez no hizo “nada” para ganar el supuesto salario de $12 millones", dijeron los fiscales.

 Aproximadamente, en octubre de 2012, Maximilian Camino transfirió todas las acciones de Invesco a Velázquez, y a su hermano, a pedido de Velázquez, "porque quería controlar su dinero".

 De manera similar, a petición de Velázquez, Maximilian Camino transfirió el control sobre la cuenta bancaria su socio corrupto.

 Otra empresa a través de la cual Claudia Díaz y su marido recibieron las ganancias de los sobornos fue MJ Box Tool. Velázquez compró MJ Box Tool, una pequeña empresa venezolana de servicios petroleros, en 2012 en para “canalizar el dinero de los sobornos”, de acuerdo a los fiscales.

 Velázquez abrió una cuenta a nombre de la firma MJ Box Tool en en el banco BSI de Suiza. En el tinglado de corrupción también usaron cuentas de Gorrín en Andiron Corp SA en Western Cape.

 En las transferencias había más de $50 millones en activos y esperaban recibir $95 millones en los primeros 12 a 18 meses de "la relación" bancaria.

Y al 31 de diciembre de 2012, MJ Box valía aproximadamente 98,8 millones de dólares.

Los acusados también crearon Patric Love, una empresa de ropa o “couture”, que sería manejada por Díaz después que salió de la oficina de la Tesorería.

 Para "lanzar" Patric Love, los acusados recibieron $4 millones de Gorrín a través de Andiron Corp SA.

 Para rastrear los pagos de sobornos y dar cuenta de los montos que debían a los Demandados (de la misma manera que hizo para Andrade), Gorrín creó hojas de cálculo, que enviaba periódicamente por correo electrónico a los acusados a través de Velázquez.

3. Los Demandados Recibieron al Menos $136,752,007. 46 en pagos de Sobornos

 El testimonio y las pruebas documentales en el juicio establecieron que los acusados recibieron al menos $136.752.007,46 en moneda estadounidense en pagos de sobornos basados en registros bancarios que documentan las transferencias.

 Mientras los Demandados trataban de disfrazar este pago de soborno como el pago de un préstamo, María Mercedes Matsuo testificó que nunca le dijeron que el pago se basaba en un préstamo o que tendría que devolverlo.

 La testigo, que era la encargada de la empresa de ropa de Díaz, aseguró que su firma fue tomada de su pasaporte para falsificar los documentos del préstamo.

 El jurado acreditó el testimonio de la Sra. Matsuo y no creyó que el pago de $4 millones fuera un pago de préstamo.

 Según las hojas de cálculo AV de Raúl Gorrín los demandados se hicieron acreedores de ($79.824.051,46), más ($35,505,000).

 En el juicio, la agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional, Brittney Suárez testificó sobre los documentos bancarios recibidos de Suiza.

 Mirando la cuenta bancaria suiza de Invesco, la agente especial Suárez dijo que las siguientes transferencias electrónicas (por un total de $ 21,422,956) fueron hechas desde las empresas de Gorrin a la cuenta Invesco:

• El 18 de octubre de 2011, $4.134.806,00 de Vineyard Ventures a Invesco, y

• El 26 de enero de 2012, $17.288.150,00 de Bellsite Overseas a Invesco.

 Y finalmente, después de que se cerró la cuenta de Invesco, todos los montos en esta cuenta de Invesco se transfirieron a MJ Box Tool.

 Asimismo, Jailyne Padrón, una contadora forénse de Deloitte que trabaja para HSI, revisó las hojas de cálculo “AV” contenidas en los Anexos de la fiscalía y preparó un cuadro resumido de sobornos que Gorrín pagó a los Demandados, y que aparecen en su propia contabilidad.

 Además, la agente especial Suárez testificó sobre dos cables adicionales en la cuenta bancaria suiza: el 12 de octubre de 2011, $ 1,399,898.02 y el 16 de abril de 2012, $3.840.000,00.

 Si bien las transferencias contenían ganancias de sobornos, eran transferencias entre las cuentas de Invesco y no está claro si estas cantidades se contabilizaron en otra parte.

 Los fiscales no utilizaron estos últimos montos en el cálculo de la sentencia monetaria que pidieron al juez.

 Los fiscales mostraron unas piezas de evidencia que prueban que la cuenta bancaria de MJ Box Tool se cerró y todos los montos se transfirieron a una cuenta a nombre de Niham Corp. Aclararon que el anexo de esta transferencia no fue admitido en el juicio, pero aún puede ser considerado por el juez para revisar el monto de la sentencia.

 Gorrín compró tres aviones para los Demandados: números de matrículas: N90RZ, N64AV y N452AC. "Esos aviones, en total, cuestan $35,505,000". 

La compra de N90RZ fue por $6,405,000, el N64AV por $5,700,000 y la compra de N452AC por $23,400,000.

 En las hojas de cálculo de Gorrín, revisadas por los testigos de la fiscalía, no se contabilizaron la compra de los tres aviones (o yates que compró para su beneficio, incluidos los Oro o Sean).

 Con base en el registro de este caso, el valor total de las propiedades involucradas en los delitos de lavado de dinero de la conspiración de Díaz Guillén y Velázquez y que debe ser objeto de la condena monetaria es de $ 136,752,007.46.

 En el documento, los fiscales dicen que Estados Unidos no ha podido localizar todos los bienes directamente decomisables a Díaz y Velázquez.

 En el cálculo de la sentencia no se incluyen los dos yates (Oro y Sean) debido a la naturaleza poco clara de cómo los barcos fueron financiado. Por tanto, el cálculo del Gobierno es conservador ya que los bienes decomisables no pueden localizarse mediante el ejercicio de la debida diligencia, y hasta ahora no se ha podido determinar si los mismos fueron transferidos, vendidos o depositados con un tercero; o fueron colocados fuera de la jurisdicción de la Corte.

 E Los fiscales piden al juez que "la Corte debe dictar el proyecto de resolución adjunto, en el que se dispone al registro de una sentencia de decomiso de dinero contra los Demandados; la inclusión del decomiso como parte de la sentencia, la condena de los acusados en este caso; y el permiso para llevar a cabo el descubrimiento para localizar los bienes ordenados decomisados.

Díaz y Velázquez no quieren entregar el dinero ni las propiedades

 Los dos exfuncionarios corruptos exigen al juez negar la petición del gobierno de una sentencia de decomiso por más de cien millones de dólares, argumentando que dicha solicitud viola la cláusula de multas excesivas de la Octava Enmienda. (United States v. Seher).

 Alegan los abogados de Díaz Guillén y Velásquez Figueroa que una jurisprudencia de la Corte Suprema en Honeycutt vs. United States, 137 S. Ct. 1626 (2017) prohíbe que el gobierno solicite la sentencia monetaria de más de cien millones de dólares y prohíbe que el gobierno atribuya esa misma cantidad a cada Demandado como responsable solidario.

 Igualmente, argumentan que una condena, por sí sola, no autoriza al gobierno a obtener una sentencia monetaria de más de cien millones de dólares. "Aquí, es responsabilidad del gobierno probar el monto del decomiso mediante una preponderancia de la evidencia", dice la defensa.

  

¿Por qué el tribunal de EE. UU. negó la petición de sentencia absolutoria o nuevo juicio a la enfermera y el guardaespaldas de Hugo Chávez, Claudia Díaz Guillén y Adrián Velázquez Figueroa ?

   El juez William P. Dimitrouleas, del tribunal federal de Fort Lauderdale, confirmó que la sentencia de los dos exfuncionarios chavistas corruptos se leerá el 17 de abril de 2023.

Por Maibort Petit

   La corte federal de Florida negó hoy una petición hecha por la enfermera y el guardaespaldas de Hugo Chávez, Claudia Díaz Guillén y Adrián Velázquez Figueroa, para obtener una sentencia absolutoria o un nuevo juicio. Ambos exfuncionarios del régimen venezolano fueron hallados culpables de delitos de lavado de dinero y recibimiento de sobornos de operadores chavistas como Raúl Gorrín y otros sujetos que también han sido acusados por el gobierno de Estados Unidos.

  La ex tesorera nacional de Venezuela y su esposo, quien fungió como exjefe de seguridad de Hugo Chávez, fueron declarados culpables de lavado de dinero en un juicio en EEUU. Ambos serán sentenciados el próximo 17 de abril de 2023. Inicialmente, la lectura de la condena estaba pautada para el 21 de septiembre pero atrasó la fecha a petición de la abogada de la defensa.

  El 13 de diciembre de 2022, el jurado halló culpable a Díaz Guillén de dos de los tres cargos que se le imputaron y a Velázquez Figueroa culpable de los tres cargos.

  Los abogados de Guillén y Velázquez trataron sin éxito de que el juez Dimitrouleas aceptara el argumento de que el Gobierno estadounidense carecía de “jurisdicción extraterritorial” en este caso. 

  La acusación federal alega que Raúl Gorrín Belisario, prófugo de la justicia estadounidense, pagó millones de dólares en sobornos a dos altos funcionarios venezolanos —Díaz Guillén y Alejandro Andrade Cedeño, que también fue tesorero nacional— para obtener los derechos de efectuar transacciones de cambio de divisas con tasas favorables y en detrimento del Estado venezolano. 

   Además de realizar transferencias de dinero a los funcionarios, Gorrín Belisario presuntamente pagó gastos relacionados con jets privados, yates, residencias, caballos de campeonato, relojes de lujo y una línea de moda.

  Alejandro Andrade Cedeño—que antes de ser tesorero nacional, fue guardaespaldas de Chávez y había fijado su residencia en EEUU después de su muerte— se declaró culpable y fue sentenciado a 10 años de prisión en 2018, que comenzó a cumplir en febrero de 2019, según lo acordado. Luego le rebajaron la condena y salió en libertad en febrero del 2022 y hasta ahora permanece en territorio norteamericano.

  Como parte del acuerdo de culpabilidad, Andrade aceptó el decomiso de 1.000 millones de dólares y la confiscación de todos los activos involucrados en el esquema de corrupción, incluidos bienes raíces, vehículos, caballos, relojes, aviones y cuentas bancarias

   Díaz Guillén y Velázquez Figueroa sometieron a consideración del tribunal una Solicitud Conjunta de Sentencia Absolutoria o Nuevo Juicio el  20 de enero de 2023 . 

  La Corte informó que para tomar la decisión negatoria contra los dos convictos, revisó cuidadosamente la respuesta del Gobierno del 10 de febrero de 2023 y la de los Demandados del 8 de marzo de 2023.

   La decisión del juez se basa en los siguientes puntos:

1. El 16 de agosto de 2018 fue imputado Raúl Gorrín Belisario quien hasta el momento sigue prófugo de la justicia. El 15 de diciembre de 2020, se dió a conocer una segunda Acusación contra Gorrín, que incluyó  a Díaz Guillén y  Velázquez Figueroa como conspiradores. 

 El juez William P. Dimitrouleas recordó que Díaz Guillén y Velázquez Figueroa fueron acusados de Conspiración para Cometer Lavado de Dinero y los Cargos (9 y 10): Lavado de Instrumentos Monetarios. 

 El delito de conspiración ocurrió entre 2008 y 2017. El cargo 9 ocurrió el 15 de marzo de 2013 y el cargo 10 ocurrió el 17 de mayo de 2013.

2. El 13 de mayo de 2022 compareció ante el tribunal Díaz Guillén, luego de haber sido extraditada desde España. 

3. El 12 de julio de 2022, el Tribunal denegó la Solicitud Conjunta de Desestimación de los Cargos 2, 9 y 10 de Díaz Guillén. 

4. El 3 de octubre de 2022, la fiscalía presentó una Notificación de presentación clasificada  y un aviso el 13 de octubre de 2022.  

  El Tribunal llevó a cabo una revisión a puerta cerrada con las partes y emitió una orden.

5. En documentos separados, el 14 de octubre de 2022 compareció ante el Tribunal, Adrián Velázquez Figueroa, luego de haber sido extraditado de España. 

6. El 18 de octubre de 2022, el Tribunal denegó una Moción para excluir a William Luther como testigo, una Moción para Desestimar el testimonio, una Moción para Desestimar el Cargo 9 y otra para Desestimar los Cargos 2, 9 y 10.

7. El 13 de diciembre de 2022, luego de un juicio de trece (13) días, ambos acusados fueron declarados culpables de los Cargos 2 y 10; Velázquez Figueroa fue solamente declarado culpable del Cargo Nueve. 

8. En petición de solicitud de sentencia absolutoria, Díaz Guillén y Velázquez Figueroa sostienen que:

A. No hubo pruebas suficientes para los Cargos 2, 9 y 10 porque Díaz Guillén nunca realizó un “acto oficial”1; su aprobación fue puramente ministerial, no similar a una demanda ni a la adjudicación de un contrato gubernamental. 

  En ese sentido, el Tribunal determinó que había suficiente evidencia circunstancial de que Díaz tenía la autoridad para aprobar la venta de bonos y utilizó esa autoridad para tal fin. "De hecho, el testimonio de Díaz apoyó esa conclusión. En consecuencia, no procede ningún desagravio", dice la orden del juez.

B. Fue un error instruir al Jurado en los Cargos 2, 9 y 10 de que las violaciones de la FCPA podrían ser una actividad ilegal específica porque Raúl Gorrín no era una preocupación doméstica; él era simplemente un dueño de propiedad residencial en la Florida y no un residente permanente. 

  Sobre este argumento, el Tribunal determinó que le correspondía al jurado decidir si el tiempo que Raúl Gorrín pasaba en la Florida, los viajes frecuentes a los Estados Unidos, el registro de empresas en Florida, etc. De hecho, la apertura de cuentas bancarias era suficiente para considerarlo residente. 

 Además, los Demandados sostienen que no había pruebas suficientes de que Raúl Gorrín participara de manera corrupta en la actividad necesaria mientras estaba en los Estados Unidos. Aquí, el Tribunal determina que hubo suficiente evidencia circunstancial de reuniones en los Estados Unidos y correos electrónicos de él mientras estuvo en suelo norteamericano.

  Además, —aclara el fallo del juez—no se requiere que Díaz Guillén o Velázquez Figueroa hayan estado físicamente presentes en los Estados Unidos para cometer el delito.

  Resalta el juez que varios testigos: Andrade, Matsuo, Brakha, Zingg y Camino testificaron ante el jurado que  las actividades del acusado mientras estuvo en los Estados Unidos. "En consecuencia, no procede ningún desagravio", advirtió.

C. La prueba del Cargo 10 fue insuficiente donde Díaz Guillén ya no era tesorero. El Tribunal fallará de manera consistente con las denegaciones previas de las mociones de la Regla 29, por lo tanto, ningún alivio es apropiado.

D. En el Cargo 2, no hubo evidencia suficiente de que ocurrió un acuerdo ilegal en los Estados Unidos. Aquí, la Corte encuentra que hubo suficiente evidencia circunstancial para sustentar la condena.

E. En cuanto a los Cargos 2, 9 y 10, no hubo pruebas de que los delitos de lavado de dinero fueran independientes de las actividades ilícitas especificadas contrarias a U.S. v. Christo, 129 F. 3d 578, 579 (11th Cir. 1997). El Tribunal considera que Christo es distinguible. En consecuencia, no procede ningún desagravio.

  En la decisión de la corte, se señala que "cuando Díaz Guillén decidió testificar, puso en duda su credibilidad". Es decir, el jurado tenía derecho a no creer en su testimonio cuando la acusada negó la criminalidad y, por ende, se considera como evidencia sustantiva.

¿Por qué se negó la solicitud de un nuevo juicio? 

Los Demandados se argumentan lo siguiente:

A. Correos electrónicos y resumen, que contiene rumores, se introdujeron incorrectamente como evidencia. 

  El Tribunal admitió debidamente la prueba y falló conforme a las sentencias en juicio; por lo cual, es denegado.

B. Fue un error que el tribunal no permitiera que el abogado defensor participara en el proceso de CIPA. 

   El Tribunal fallará de manera consistente con sus órdenes anteriores. Denegado.

C. Alejandro Andrade debió ser excluido como testigo. No se ha demostrado ningún abuso de discreción. Su credibilidad era para que el jurado decidiera.

D.  El testimonio de Maximilian Camino fue falso. 

 El Tribunal determina que le correspondía al jurado sopesar su testimonio. Denegado.

Juez archiva investigación contra Nicolás Maduro por supuestos pagos al asesor de campaña de Hugo Chávez con fondos sobrantes de la campaña electoral brasileña

 La supuesta falta de pruebas llevó a la decisión.

Por Maibort Petit

  Ricardo Augusto Soares Leite, juez del Juzgado Federal de la 1ª Región de Brasil, ordenó el archivo de una causa presentada por el Ministerio Público de la Federación a raíz de una denuncia del periodista, João Cerqueira de Santana Filho, y esposa Mônica Regina Cunha Moura, procesados por la recepción de sobornos por parte de la constructora Odebrecht en el contexto del caso Lava Jato, quienes revelaron que Nicolás Maduro, actual presidente de Venezuela, supuestamente entregó, cuando era canciller, recursos no contabilizados a Franklin de Souza Martins, exsecretario de prensa del gobierno del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, y a la periodista, Mônica Amorim Monteiro, con el objeto de prestar el servicio de publicidad de la campaña presidencial de Hugo Chávez en Venezuela, en el año 2012.

  La revelación de Santana Filho y Cunha Moura fue forma parte de una investigación policial abierta a raíz de los Convenios de Colaboración Otorgados a estos. Además, estos refirieron a las autoridades brasileñas que de Souza Martins y Amorim Monteiro, también recibieron fondos, tanto de la ya referida Odebrecht como de la constructora Andrade Gutiérrez.

  La decisión del juez Soares Leite refiere que el Ministerio Público Federal llevó a cabo diversas diligencias en conjunto con la policía con el objeto de esclarecer el caso y los análisis de la documentación y audiencia de los colaboradores João Cerqueira de Santana Filho y Mônica Regina Cunha Moura y de los investigados Franklin de Souza Martins y Mônica Amorim Monteiro, entre otras diligencias.

 Sin embargo, las averiguaciones concluyeron que las pruebas no permitieron deducir la ocurrencia de ningún delito en territorio brasileño, por lo que se ordenó el cierre de las investigaciones. 

  Esto llevó al magistrado a establecer que no era factible continuar con el caso, por cuanto no existe evidencia sobre la autoría y materialidad, así como por la falta de una línea de investigación idónea.

“Las declaraciones de los colaboradores João Cerqueira de Santana Filho y Mônica Regina Cunha Moura no fueron confirmadas por las investigaciones, como destaca el MPF”, refiere la decisión judicial.

“A pesar de ser sugerido por los colaboradores, los elementos corroborantes y los testimonios no indicaron que los recursos del 'efectivo 2' y los sobrantes de las campañas electorales brasileñas fueran utilizados para pagar los servicios de los colaboradores o Franklin Martins en la campaña de Hugo Chávez (...)”, cita el fallo de la información policial.

 Para la decisión del juez Soares Leite también privó el hecho de que el informe policial refirió que los “empleados tampoco lograron probar que recibieron dinero en efectivo de Nicolás Maduro o depósitos de las empresas constructoras antes mencionadas para pagar los honorarios de las empresas, empleados y Franklin Martins”.

 Por todo ello, el tribunal acogió el pronunciamiento del Ministerio Público de la “ausencia de justa causa para la presentación de la denuncia” y procedió a ordenar el archivo de la investigación policial.

La permanencia de Maduro en el poder impide que PDVSA sea tenida como víctima de la corrupción y pueda pedir la restitución de lo robado

   La actitud delincuencial manifestada por los más altos funcionarios de PDVSA, así como los más bajos, evidencia ante las autoridades judiciales de EE. UU., el carácter cómplice de la conducta de quienes han sido procesados en las cortes por corrupción.

Por Maibort Petit

   El daño patrimonial que la corrupción ha causado a Petróleos de Venezuela S.A., al parecer, resulta incuantificable, tanto como imposible resultaría cualquier intento por tratar de que los miles de millones de dólares esquilmados a la petrolera estatal venezolana le sean restituidos, por lo menos ante la justicia de los Estados Unidos donde decenas de casos de este tipo se ventilan en las cortes. Así será, al menos, en tanto el régimen de Nicolás Maduro tenga vigencia. ¿La razón? El precedente que sienta el hecho de que el Departamento de Justicia de EE. UU. estimó que PDVSA no es víctima sino cómplice en la trama de corrupción y lavado de dinero que protagonizaron Francisco Convit Guruceaga, José Vicente Amparan Croquer, Carmelo Antonio Urdaneta Aquí, Abraham Edgardo Ortega, Gustavo Adolfo Hernández Frieri, Hugo Andre Ramalho Gois, Marcelo Federico Gutierrez Acosta y Lara, Mario Enrique Bonilla Vallera. También decisiones en cortes federales servirían de sustento a esta negativa.

  No ser tenida como víctima impide —mientras el chavismo continúe en el poder en Venezuela— que la que otrora fue la principal industria del país y una de las más grandes e importantes del mundo, sea beneficiaria de los fondos incautados por las autoridades de los EE. UU. tal como lo establece el Estatus de Víctima y Restitución.

  Tanto el régimen de Nicolás Maduro, como el gobierno interino que encabeza Juan Guaidó han intentado reclamar la restitución de los capitales confiscados a exfuncionarios y contratistas corruptos procesados en las cortes de los EE. UU. Tal es el caso del reclamo de condición víctima solicitado por ambas administraciones ante el juez Gray Miller de la Corte del Distrito Sur de Texas en 2016, cuando procuraban hacerse de los fondos y bien es incautados a Roberto Rincón y Abraham Shiera.

   En los dos casos, bien la solicitud formulada ante la Corte de Texas como la presentada ante el tribunal de la Florida, fueron denegadas y con ello también cualquier otra aspiración de rescatar lo robado a la petrolera.

La posición de la fiscalía

  Fue la, para entonces, fiscal para el Distrito Sur de la Florida, Ariana Fajardo Orshán, a través del ex- fiscal auxiliar, Michael B. Nadler, quien mediante una respuesta de su despacho a una moción de PDVSA que reclamaba el estatus de víctima y la restitución ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, solicitó denegar tal condición en razón de que el gobierno consideraba que la estatal petrolera, como organismo estatal, no calificaba como víctima según la CVRA.

   Además, la fiscalía acusó la complicidad de PDVSA en los esquemas de soborno y lavado de dinero lo cual le impedía ser tratada como una víctima bajo la Ley de Restitución Obligatoria a las Víctimas (MVRA) y la Ley de Derechos de las Víctimas del Crimen (CVRA).

  Igualmente, estimaba la fiscalía, según su interpretación, que PDVSA no tenía derecho a la restitución en virtud de la MVRA por ningún presunto daño que resultara de una conducta que no fue imputada o por presuntos daños no causados directa y próximamente por la conducta delictiva del demandado Abraham Edgardo Ortega.

  Bajo estos alegatos, el gobierno de los EE. UU. sostuvo ante el tribunal que no había necesidad de suministrar más información ni de mostrar pruebas, por lo que la solicitud alternativa de PDVSA para una audiencia de restitución también debía ser denegada.

  PDVSA, solicitó alternativamente en esa ocasión una “audiencia de restitución”, basada esta en la presunción, errónea a decir de la fiscalía, de que ya se había determinado que la corporación venezolana era una víctima con derecho a restitución. Al respecto el gobierno sostuvo que no era necesario presentar más pruebas para determinar que PDVSA no tenía los derechos de las víctimas porque participó en la conducta corrupta generalizada y porque no puede demostrar un vínculo causal directo y próximo entre la conducta de Ortega y cualquier perjuicio supuestamente sufrido por la empresa.

  Acota el gobierno que las operaciones de PDVSA durante el periodo en que ocurrieron los hechos, ha estado controlada por el Ministerio de Petróleo y la Junta Directiva, designada por el expresidente venezolano Hugo Rafael Chávez Frías y el expresidente Nicolás Maduro.

  Para le fecha en que se presentó la respuesta de la fiscalía, las autoridades de los Estados Unidos habían investigado y enjuiciado a varias personas por soborno y lavado de dinero que involucra a PDVSA y sus subsidiarias de propiedad absoluta. Hasta ese momento, se habían anunciado cargos contra 15 contratistas de la estatal petrolera venezolana que pagaron sobornos, 11 funcionarios de dicha empresa que recibieron sobornos y 5 intermediarios. También, 12 contratistas de PDVSA que pagaron sobornos, 8 funcionarios que los recibieron y un intermediario, se habían declarado culpables en relación con las investigaciones en curso de Estados Unidos sobre corrupción en la corporación petrolera de Venezuela.

  Sobre Abraham Edgardo Ortega, la fiscalía informó que este acusado en el caso en cuestión, había sido Director Ejecutivo de Planificación Financiera de PDVSA, quien se declaró culpable de una conspiración de lavado de dinero, en la que admitió haber recibido y lavado USD 12 millones en relación con dos esquemas de corrupción separados que ocurrieron en 2012 y entre 2014 y 2015, respectivamente.

PDVSA sin derechos

  Aseguraba el gobierno en su escrito, que PDVSA no tenía derecho a los derechos de una víctima en virtud de la CVRA, en razón de que la definición de víctima de dicho instrumento legislativo no incluye a una instrumentalidad estatal de un gobierno extranjero.

  Recordó que la CVRA define una "víctima" de un delito como "una persona directa e inmediatamente perjudicada como resultado de la comisión de un delito federal".

 En tal sentido, el gobierno apuntó que la jurisprudencia ha establecido que el Congreso de los EE. UU. no incluyó entidades gubernamentales, como ciudades, estados, los Estados Unidos o naciones extranjeras en su definición de “persona”.

  Asimismo, el gobierno consideró que cualquier afirmación de que PDVSA debe ser vista simplemente como una corporación y no como una agencia del gobierno venezolano no es convincente a la luz de sus propias declaraciones hechas en el litigio, las conclusiones de hecho de otro tribunal sobre el estado legal de PDVSA y la Corte Suprema análoga. Por tanto, el estatus como agencia de un gobierno extranjero impide que PDVSA buscar el estatus de víctima bajo la CVRA y no tiene derecho a los derechos garantizados a las víctimas de delitos de conformidad con ese estatuto.

  Al ser PDVSA cómplice de la conducta ilegal, no tiene a los derechos de víctima, alegó el gobierno.

  Recuerda la fiscalía que los tribunales han negado tres intentos por parte de una entidad estatal de afirmar que fue defraudada por sus empleados y aquellas personas que pagaron sobornos en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y enjuiciamientos por lavado de dinero, sosteniendo cada vez que el estado no calificó para la condición de víctima y restitución por su complicidad en los delitos.

  En tal sentido, se apunta que otros países, además de EE. UU., han abierto investigaciones y enjuiciamientos por conducta corrupta en PDVSA. También otros empleados de PDVSA han estado implicados en esquemas de soborno y lavado de dinero en los Estados Unidos, entre ellos Abraham Edgardo Ortega y César Rincón, exgerente general de la filial de compras de PDVSA, quienes admitieron su participación en los esquemas.

   El gobierno subrayó que la actividad delictiva en PDVSA ha ocurrido desde los niveles más altos de la gerencia hacia abajo y, como tal, la empresa fue cómplice y no podía ser considerada una víctima.

  Finalmente, al no poder comprobar PDVSA que directamente perjudicada por el delito de condena del demandado, que sufrió alguna pérdida pecuniaria o que existe una conexión causal entre la conducta del demandado y la pérdida alegado, su reclamo de reparación bajo la MVRA debía ser denegado.

El dólar: La propia moneda a combatir se convirtió en el atractivo para quienes instrumentalizaron las corruptelas y fraude del Sistema Sucre (Conclusiones I)

 Las conclusiones de la investigación desarrollada por una Comisión de la Asamblea Nacional del Ecuador determinaron que el sistema de compensación creado por Hugo Chávez y Rafael Correa únicamente fue un mecanismo defraudación.

Por Maibort Petit

  Paradójicamente el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos Sucre, creado por los gobiernos socialistas de Hugo Chávez y Rafael Correa para combatir la hegemonía del dólar del tan aborrecible para ellos imperio de los Estados Unidos, encontró en la propia moneda el atractivo para poner en funcionamiento dicho sistema de pago y llevar a cabo el gran cúmulo de irregularidades y corruptelas que la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional del Ecuador ha evidenciado en una investigación cuyos resultados están contenidos en un informe publicado el 13 de diciembre de 2021. Y es que, para los artífices de su instrumentación, las operaciones únicamente tenían atractivo si se llevaban a cabo con la moneda estadounidense que circula en el sistema financiero ecuatoriano.

  Así lo refiere el ente parlamentario en las conclusiones del informe final de la investigación que establece que las presuntas irregularidades que pudiesen haberse cometido en las diferentes modalidades de comercio exterior entre Ecuador y Venezuela, bajo el sistema Sucre, “se tornaron atractivas por el uso de una moneda sólida como es el dólar, la misma que es de curso legal en nuestro país”.

   Se determinó, igualmente, que la mayor parte de las operaciones de exportación de productos desde Ecuador hacia Venezuela, estaban sobrevaloradas y, en su mayoría, eran ficticias. Se comprobó que, por todas las transacciones comerciales internacionales, ya habían mediado los valores compensatorios que, sin lugar a dudas, eran los dólares que circulaban en el sistema financiero ecuatoriano. El propio subdirector del Servicio de Rentas Internas del Ecuador así lo reconoció en su comparecencia ante la comisión parlamentaria.

   En pocas palabras, el enemigo a combatir se convirtió en la razón de su implementación a través de una trama de corrupción que involucró la creación de empresas de maletín detrás de las cuales estaría quien es señalado de ser el supuesto testaferro de Nicolás Maduro, Álex Saab —actualmente en proceso judicial en una corte de la Florida por lavado de dinero— y su socio, Álvaro Pulido. 

  Todo deja ver que se constituyeron empresas en Venezuela exclusivamente para importar desde Venezuela a través del Fondo Global de Construcción (Foglocons). De nada importó que las compañías involucradas carecieran de la experiencia y credenciales necesarias para llevar a cabo las tareas para las que se les contrató. 

  Señala informe que las compañías no tenían siquiera “antecedentes mínimos en el comercio exterior y peor aún en el uso y manejo de recursos económicos que sustenten la viabilidad financiera de tales actividades. La empresa Thermo Group, tiene como objeto social, comercializar productos para cabello; y, la empresa ELM Import, carecía de experiencia en temas de construcción”.

  Refiere el informe parlamentario que el mayor volumen de requerimientos de materiales-órdenes de importación tuvieron como origen Venezuela, a través de la compañía ELM Import. Se trataba de órdenes de compra de materiales para la construcción de casas prefabricadas destinadas a las clases más necesitadas en Venezuela. El gobierno venezolano suscribió para ello un contrato con la citada empresa cuyo representante legal es Héctor David Sirit Rodríguez, quien también firmó el contrato para construir 5.600 viviendas multifamiliares. El precio del contrato fueron USD 435 millones.

  Acota el informe que el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, solicitó el 28 de febrero de 2013 al Superintendente Nacional Aduanero y Tributario (SENIAT) de Venezuela, José David Cabello Rondón, información detallada de todas las importaciones realizadas por ELM Import, Thermo Group C.A. y cualquier otra compañía que hubiera declarado como proveedor extranjero a la empresa ecuatoriana Fondo Global de Construcciones (Foglocons) entre octubre de 2012 a la fecha de la solicitud, sin que se haya atendido la solicitud por el funcionario venezolano.

  Destaca el informe de la comisión de la AN del Ecuador el conocimiento público que se tiene de que las referidas ELM Import y Thermo Group C.A. tienen vínculos con el señor Álex Naim Saab Morán y Álvaro Enrique Pulido Vargas. Asimismo, de que José David Cabello Rondón, quien dirigía y controlaba las importaciones y exportaciones en Venezuela, es hermano de Diosdado Cabello, uno de los funcionarios más poderosos del régimen chavista.

  No escapó a la comisión parlamentaria la responsabilidad que también tenía, por su reincidente accionar de carácter omisivo, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), cuyos funcionarios pudieran tener responsabilidades administrativas y/o presuntamente penales, por el posible incumplimiento en sus funciones.

   Otra irregularidad detectada fue el hecho de que varias empresas domiciliadas en España, Colombia, Holanda, Estados Unidos, los cuales no eran estados miembros y/o beneficiarios del Sistema Sucre y, sin embargo, “se les permitió favorecerse de dichos mecanismos con la anuencia de las autoridades aduaneras ecuatorianas, presumiéndose la participación de estos funcionarios dentro de una organización delictiva”.

  Apunta el informe que, presumiblemente, se habría querido ocultar deliberadamente la presencia o participación de Foglocons de Venezuela, cuando en determinados actos de comercio exterior entre Ecuador y Venezuela, se encontraban etiquetadas de la empresa, a pesar de tener otro destino que era la Red de Abastos Bicentenario S.A.

  Para los parlamentarios es evidente que funcionarios del SENAE buscaban ocultar, disimular o impedir la determinación real de la naturaleza o procedencia de los bienes objeto de las exportaciones y su destino.

Las relaciones de Saab y Pulido con el régimen venezolano

  Las conclusiones del informe parlamentario sobre el Sistema Sucre refieren que es público y notorio el vínculo existente entre Álex Saab Morán y el gobierno venezolano.

  Una relación que, incluso, tenía carácter legal y formal, en razón del contrato suscrito entre la administración de Hugo Chávez y el empresario colombiano para la construcción de unidades habitacionales para el programa gubernamental “Gran Misión Vivienda”.

Las empresas de papel

  La investigación desarrollada por la comisión determinó que se habría conformado una estructura jerárquicamente organizada que constituyó “aproximadamente 308 empresas, muchas de las cuales, prestaron sus nombres tanto para ordenar pedidos de materiales de construcción de viviendas y otros productos, como para exportarlos desde los países de origen requeridos, como es en el presente caso entre Venezuela y Ecuador respectivamente”.

  Remitiéndose a una información del Diario El Comercio a través de YouTube[1], indican que el representante legal de Foglocons en Colombia, era Álex Naim Saab Morán, quien suscribió de manera pública dicho convenio con el ministro de Industria de Venezuela, Ricardo Menéndez, ante la presencia del finado Hugo Chávez Frías, del expresidente de Colombia Juan Manuel Santos; y, del entonces canciller venezolano, Nicolás Maduro Moro, el día 28 de noviembre de 2011. Dicha empresa se había conformado apenas cuatro días antes de la firma del contrato, por lo que se le estaba asignando la responsabilidad a una compañía recién creada, sin ninguna experiencia en el campo de la construcción y sin el historial financiero necesario para llevar a cabo un multimillonario proyecto social de vivienda.

  Deja sentado el informe que es evidente que la única intención de un convenio binacional entre Venezuela y Colombia, país este último que no integra el Sistema Sucre, solamente tenía por objetivo, “integrar al esquema preconcebido, a la empresa Foglocons, y a sus dos principales operadores, también de nacionalidad colombiana: Álex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, quienes liderarían las actividades desde Venezuela”.

   Entretanto, Fondo Global de Construcción-Foglocons (Ecuador), fue constituida el 19 de septiembre de 2012, ante la Notaria Trigésima Séptima encargada del cantón Guayaquil dirigida por Wendy María Vera Ríos. Los socios propietarios de esta persona jurídica eran Álvaro Enrique Pulido Vargas y Luis Eduardo Sánchez Yánez.

  Este último compareció ante la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional del Ecuador durante la fase investigativa. Esto ocurrió el 10 de noviembre de 2021, cuando Sánchez Yánez manifestó que conoció a Pulido Vargas en agosto de 2011, durante una reunión social en la que conversaron sobre el proyecto “Misión Vivienda” en el que Álex Naim Saab Morán, firmó el convenio antes mencionado. En aquel entonces, Nicolás Maduro fungía como canciller venezolano. Dijo que, en enero de 2012, se reunió con Álvaro Pulido Vargas en Venezuela, en donde conversaron respecto de su contratación, y reconoce la existencia de la empresa Foglocons.

   Luis Sánchez Yánez informó a la comisión que Foglocons operaba en Venezuela, Colombia y Ecuador, constituyéndose un holding de empresas, “una estructura corporativa o un velo desde Malta, con empresas españolas, para que a futuro absorbieran las acciones de las compañías anteriormente referidas. Por información de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, se desprende que los accionistas de Foglocons actuales, son de origen español y se denominan: Fondo Global Petrolero SL; y, Grupo FGDC Latinoamericana Sociedad Limitada, “tomando en consideración que los socios de las referidas empresas españolas, son los mismos integrantes del paquete accionario en ambas personas jurídicas”.

   Sánchez Yánez confirmó su sociedad con Álvaro Pulido Vargas y que además conoció a Álex Saab Morán, como parte del proceso de constitución del holding empresarial que tenía sucursales en España, Colombia, Venezuela y Ecuador. También informó que viajó varias veces a Ecuador en aviones privados propiedad de Saab y Pulido Vargas.

  Dijo que Foglocons con sede en Ecuador se constituyó en septiembre de 2012, fecha en que no ingresó a Ecuador, según información obtenida del Ministerio de Gobierno y manifestó que, posiblemente, firmó el documento de creación en Venezuela. Sin embargo, en el informe de la notaria Wendy Vera Ríos, se dice que comparecieron personalmente. Entretanto, los registros migratorios dan cuenta de que en la fecha de la suscripción de la escritura de constitución de Foglocons, Álvaro Pulido Vargas y Luis Eduardo Sánchez Yánez, no estaban en Ecuador.

  Aunque Luis Eduardo Sánchez Yánez negó tener otros negocios o relaciones comerciales con Álvaro Pulido Vargas y Alex Saab Morán, al siguiente día de la constitución de Foglocons, en la misma notaría, constituyó la Constructora Jaar S.A. (CONSJARSE) en la que figuran como socios Pulido Vargas y Sánchez Yánez. Se trata de una con el mismo nombre de otra domiciliada en Caracas-Venezuela, ubicada en el 9no piso de la torre Marriott, en la misma oficina, donde opera la empresa ELM Import, en la que laboraba Álvaro Pulido Vargas.

Los beneficios del diferencial cambiario

   Se advierte que con el sistema de control cambiario que operaba en Venezuela, las empresas venezolanas que ordenaban supuestas importaciones del Ecuador, obtuvieron millonarios beneficios y recursos monetarios a través de ese diferencial cambiario.

  Tal situación ocasionaba al mismo tiempo una afectación a la circulación propia del dólar en el territorio ecuatoriano, en razón de que se recibían tales cuantías de las exportaciones fantasmas, estos recursos eran enviados a paraísos fiscales e, inclusive, a los propios Estados Unidos.

  Se indica que el SENAE certificó que las recién creadas empresas exportadoras de material de construcción, casi en su totalidad, nunca llegaron a realizar dichas operaciones comerciales internacionales. Agregan que llegaron a una situación que se agravó cuando también evadieron el pago de los tributos que le corresponderían al estado ecuatoriano.

Los vínculos con Rafael Correa

  Los vínculos de Saab y Pulido con el gobierno de Rafael correa estarían dados por Luis Sánchez Yánez, cuyo hermano Jaime Sánchez Yánez, fue asesor del mandatario ecuatoriano.

  Ante la comisión parlamentaria, el exgerente del Banco Central del Ecuador, Mateo Villalba, informó que Jaime Sánchez Yánez, visitó al presidente del directorio del BCE, Diego Martínez Vinueza, para hablar sobre el sistema de compensación Sucre.

  Villalba refirió que, tras la visita de Jaime Sánchez Yánez, Martínez, elevó el caso a conocimiento del secretario de la Presidencia de la República Omar Simons.

  Del mismo modo, Mateo Villalba relató que, por información del Fiscal General del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, conoció que algunos de los socios de Foglocons podían tener antecedentes de narcotráfico y con medidas de seguridad. Se trataba de Álvaro Pulido, quien vivía “rodeado de policías y guardaespaldas armados, tenía guardias en su casa, en los fines de semana, e inclusive cuando viajaba a Venezuela a las reuniones del Consejo Monetario Regional en Caracas, era con escolta armada, por eso para él fue bien difícil olvidarse de este evento porque fue muy traumático".

   Lo expuesto por Villalba ante la comisión parlamentaria, deja sentado que la máxima autoridad penal del Ecuador, Galo Chiriboga Zambrano, conocía que los socios de Foglocons estaban vinculados al narcotráfico, lo cual además fue confirmado a través del informe suscrito por el Agente Especial de la DEA-Embajada Americana, con sede en Bogotá, Edward Martínez, de fecha 26 de marzo de 2018, así como otros informes de la justicia estadounidense del mismo año, en los que se identifica a Álvaro Pulido Vargas, “con operaciones de narcotráfico, hecho que se encuentra relatado en la investigación realizada por el periodista Gerardo Reyes”.

REFERENCIAS

[1] YouTube. Diario el Comercio Videos. “¿Quién es ALEX SAAB y cómo se enriqueció con el régimen de NICOLÁS MADURO?”. S/F. https://www.youtube.com/watch?v=G29yyvJvf18

Sistema Sucre: Un entramado de corrupción económica erigido sobre la plataforma política e ideológica del chavismo

 El informe de la comisión parlamentaria ecuatoriana que investiga el caso, narra en detalle cómo la exsenadora colombiana, Piedad Córdoba, vinculó a Álex Saab con el gobierno venezolano.

Por Maibort Petit

  La investigación parlamentaria desarrollada por la comisión especializada permanente de fiscalización y control político de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador sobre el “Proceso de fiscalización Caso Sucre-Foglocons” que determinó que el Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre) había derivado en un mecanismo delitos de "enriquecimiento ilícito, peculado, defraudación tributaria", estableció que dicho entramado se estructuró gracias a una plataforma político-ideológica. Los supuestos postulados de igualdad, justicia social y lucha contra el imperialismo, devinieron en una estructura corrupta entre Venezuela y Ecuador que habría permitido blanquear USD 2.000 millones a través de los bancos centrales de ambos países, así como de una trama de exportaciones ficticias. Una trama en la que, Piedad Córdoba, exsenadora colombiana, jugaría un papel fundamental.

   En alarde de verborrea, Hugo Chávez —junto a su homólogo ecuatoriano, Rafael Correa— aseguró el 7 de junio del 2011 que con el Sistema-Sucre “nos estamos librando de la dictadura del dólar”, arenga pronunciada durante la rueda en la que exhortó a los exportadores ecuatorianos y los bancos regionales a usar una novedosa divisa, denominada Sucre en honor al prócer independentista. “Algún día me imagino, el Sucre será físico, Rafael, hasta ahora es virtual (...) Juguemos duro con el Sucre, no seamos mezquinos, es un mecanismo maravilloso, nos estamos liberando de la dictadura del dólar a nivel nacional, con una divisa que hemos creado que es el Sistema Único de Compensación Regional”[1].

  Se trataba de un sistema de pagos internacional instrumentado a través de una unidad monetaria común y virtual, que apuntaba a la minimización del uso del dólar —un objetivo absolutamente contrario al efectivamente logrado— y crear una arquitectura paralela que haga frente al sistema financiero de Estados Unidos.

  Según el Tratado Constitutivo del SUCRE, esta divisa brindaría facilidades al sistema de pagos de los países miembros, para compensar el intercambio comercial.

Política del “contra”

 Habrían aplicado los ideólogos de la nueva moneda virtual una política de creación de modelos que enfrentaran a los impulsados por EE. UU.

  De este modo, para acabar con la hegemonía del dólar, instituyeron el Sucre; para enfrentar al Tratado de Libre Comercio-ALCA (TLC), constituyeron el Tratado por el Comercio de los pueblos (TPC); el ALBA fue la respuesta al ALCA.

   En este contexto se movió el denominado por Chávez, Socialismo del Siglo XXI, siempre con el objetivo de y contraponerse a los EE. UU.

    Así, el Sucre fue promocionado por la prensa oficialista como uno de los principales logros de la ALBA. Con su ejecución, sostenían, sería posible la sustitución del dólar en las operaciones comerciales entre los países de la alianza bolivariana[2].

   Pero no solamente en Venezuela, Chávez se empeñaba en su objetivo de subyugar al dólar y con él a los EE. UU., sino también en Ecuador, donde su homólogo, Rafael Correa, criticaba la dolarización imperante en su país: “La dolarización fue una pésima decisión, pero tuvimos suerte con un dólar continuamente depreciándose (...) La moneda nacional es un emblema de soberanía nacional”, dijo en una reunión con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos[3].

   Estos postulados se quedaron solamente en eso, en enunciados y declaraciones de guerra contra el dólar, pues el Sucre, más allá de su componente ideológico y geopolítico, no llegó a prosperar.

¿Cómo operó el Sucre en Ecuador?

   El cuestionado sistema de pagos tuvo su génesis a pocos meses de llegar al poder en Ecuador Rafael Correa Delgado, quien el 1 de junio de 2007, emitió el Decreto Ejecutivo Nº 334, en línea y concordancia directa con la propuesta de Hugo Chávez. El decreto estuvo acompañado de la constitución de la Comisión Técnica Presidencial y toda la arquitectura financiera que serviría para enfrentar al dólar.

   Entretanto, Correa establecía su hegemonía y control político en Ecuador a través de un movimiento denominado “Alianza País”, liderado por él mismo, que tenía la mayoría absoluta dentro de la Asamblea Nacional. Igualmente, controlaba la Corte Constitucional — misma que posteriormente fue cesada por actos de corrupción— incidiendo en la asignación de sus magistrados; en la Corte Nacional del Ecuador con la asignación de los jueces.

   El control se extendía al Contralor General del Estado —sentenciado y prófugo en los Estados Unidos— así como en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cesado en sus funciones mediante consulta popular, en febrero de 2017. Tenía, pues Correa, el control total de las funciones del Estado.

  En ese contexto, crearon el andamiaje de la estructura financiera que sirvió para dar viabilidad y funcionamiento al sistema Sucre, el mismo tras el cual ocultarían después los actos de corrupción que ahora son objeto de investigación.

   Con el control institucional que ejercía, Rafael Correa no encontró obstáculos para instaurar la estructura del Sucre, luego de que el 16 de octubre del 2009, los demás mandatarios de los países del ALBA, suscribieron el Tratado Constitutivo del Sistema Unitario de Compensación de Pagos, en Cochabamba, Bolivia.

   Hechos los nombramientos en las distintas comisiones y entes, se plantearon los objetivos del Sucre: minimización del uso del dólar en el comercio exterior, mayor eficiencia, generación de liquidez adicional para el comercio entre los países y reducción de costos de transacción.

  Aseguraron que los riesgos que enfrentaría el Ecuador al ratificar el Sucre serían mínimos y obtendrían múltiples beneficios, como la reducción de la salida de divisas, el establecimiento de un seguro para las exportaciones, coadyuvar a la regulación de precios para beneficiar a los pequeños productores.

  De este modo, el 1 de junio del 2010, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el Tratado Constitutivo del Sucre con 63 votos a favor, 29 negativos y 11 abstenciones. La Alianza País —con el 48 por ciento de los escaños, a saber, 59— se impuso con los votos del Movimiento Popular Democrático y algunos independientes.

    Para lograr la aprobación del Convenio Constitutivo del Banco del Sur, suscrito en Venezuela el 26 de septiembre de 2009, Correa se valió igualmente de su control sobre la Corte Constitucional y la Asamblea Nacional, logrando así que el Poder Legislativo aprobara el 1 de junio del 2010, el referido convenio con 78 votos a favor.

  Posteriormente, Rafael Correa, emitió los decretos 935 y 936 que viabilizaban la operatividad del Sistema Sucre y del Banco del Sur.

  El artículo 3 del Reglamento General del Sucre estableció que los Bancos Centrales, son las instituciones que ejercen las funciones de banca central de cada Estado Parte, acreditadas ante el Consejo Monetario Regional (CMR) del Sucre para operar en el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos. Se designó como representantes de Ecuador al Gerente General y al Subgerente de Servicios, en calidad de directores, principal y suplente, ante el CMR.

   Desde Caracas, bajo control del chavismo, operaban los organismos de operación y control del Sistema Sucre (CMR y Banco del ALBA), hasta la presente fecha, en que el Sucre se encuentra en “pausa administrativa”, por decisión venezolana.

   Refiere el informe que, del Banco del Sur, no queda una sola sucursal en pie, “aunque sí sobreviven, un enorme costo económico por auditar y un cementerio de documentos inservibles”.

De sistema de compensación a mecanismo de lavado

  El informe deja sentado que el corazón de la ALBA, fue el Sistema Sucre y el Banco del Sur y advierte que, aunque sus postulados integracionistas y liberadores sumaron respaldos ideológicos, en la práctica el proyecto nació contaminado.

   Indica que las primeras operaciones comerciales entre Ecuador y Venezuela evidenciaban opacidad, silencio gubernamental y uso irregular del dólar para realizar exportaciones. De ello advirtió la prensa ecuatoriana en 2011, cuando dio a conocer el fraude comercial que encerraba el Sucre.

   Ese mismo año, específicamente en noviembre, se suscribió un convenio estratégico entre Venezuela y Colombia, mediante el cual el régimen chavista dotaría de viviendas populares a miles de humildes familias, estableciéndose un contrato con el Fondo Global de Construcción (Foglocons), una empresa de papel conformada días antes por Álex Naim Saab Morán y Álvaro Enrique Pulido Vargas. La negociación era para la importación de casas prefabricadas, lo cual degeneró en una de las mayores tramas de corrupción del chavismo.

  A la pregunta de por qué buscaron a Ecuador, un país deficitario en materiales de construcción, el informe de la comisión parlamentaria de esa nación recuerda que es una nación dolarizada.

Los nexos de Saab y Pulido con Miraflores

  Advierte el informe de la comisión especializada permanente de fiscalización y control político de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador que sin el apoyo de la exsenadora colombiana Piedad Córdova, Álex Saab Morán, continuaría siendo el empresario barranquillero de textiles en bancarrota que era antes de relacionarse con el gobierno venezolano.

   Sin ambages, el informe sostiene que “Saab no se hubiera levantado y amasado su fortuna sin la intermediación de Córdoba, con el gobierno de Venezuela, para cobrar USD 30 millones, que Cadivi le debía por exportaciones desde Colombia. Fue Piedad Córdoba la que tendió a Saab, la alfombra roja para su ingreso al Palacio de Miraflores”.

  Recuerda que Piedad Córdoba era la ficha de Hugo Chávez en Colombia, la “mujer de la revolución” en la nación neogranadina, “la que mapeaba a los enemigos del chavismo en su país y enlistaba prioridades. Piedad era la elegida del chavismo para ser presidenta de Colombia para, por fin, terminar con las turbulentas relaciones con su vecino”. Pero subraya que aun sin ser funcionaria, solo siendo la “elegida por Chávez”, Córdoba se convirtió en la tramitadora de empresarios amigos con el gobierno de Venezuela.

   En su libro “Alex Saab. La verdad del empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro”, el periodista de Univisión, Gerardo Reyes, dice que Piedad Córdoba se aprovechó de su ascendencia con el chavismo para usarla a su favor, “ella tenía la influencia y los empresarios el dinero”. A ella acudían los empresarios colombianos cuando Hugo Chávez congeló en 2010 los pagos de la Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi) a varias empresas colombianas, pues se convirtió en su lobista. Córdova, aprovechó su cercanía con Chávez para interceder por ellos.

  A Álex Saab, Córdoba se refería como el “palestino amigo” y agotó sus esfuerzos para que Cadivi les pagara a las empresas de este, a saber, Yumah, Canali Color Siete, Metas, Corporación All, Importadora GLM, Distrimodas, entre otras.

    Destaca el informe que Piedad Córdova, incluso, recurrió al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela y en un correo fechado en septiembre de 2010, “le ruega angustiosamente a un Miguel Eduardo Rodríguez Torres del SEBIN, que se les pague primero las deudas de Cadivi a un listado de ‘empresarios árabes que siempre los han apoyado’. En la comunicación, deja claro que ella es la tramitadora”.

Cómo comenzó la relación entre Saab y Córdoba

   Gerardo Reyes cuenta en su libro que todo empezó en 2009, cuando Lorenzo Hernández presentó a Álex Saab con Piedad Córdoba, a quien le contó en esa misma primera cita, su complicada situación con los papeles de Cadivi en Venezuela. Ella se comprometió a ayudarle a liberar USD 29.546.849 a cambio de un 10 por ciento de comisión.

   Narra Reyes que en su desesperación por lograr los desembolsos del Cadivi, Álex Saab se mudó en 2009 a Caracas, donde por dos meses vivió en las suites de Piedad Córdova en el Hotel Gran Meliá, las cuales eran pagadas desde 2007 por el gobierno venezolano. Incluso, Córdoba habría pedido a los asistentes del entonces canciller, Nicolás Maduro, que se encargaran de la seguridad del empresario, luego de que Saab fuera víctima de un robo en Caracas.

  Se indica en el libro que Álex Saab devolvió el favor a Piedad Córdoba prestándole cuentas de sus empresas en Barranquilla, Maquila Textiles y Confecciones S.A., para que la exsenadora canalizara a través de ellas, las coimas por otros favores que hizo a otros empresarios con Cadivi.

  Aunque Córdoba aceptó que ayudó a cobrar los USD 30 millones para 19 empresas de Álex Saab, destacó que lo hizo “gratuitamente”.

  Pero, “Los asistentes de Piedad Córdoba confirmaron que el retraso en los pagos del Cadivi no solo se debió a la restricción que impuso Chávez, sino porque las empresas de Saab figuraban como sospechosas por exportaciones ficticias a Venezuela”, advierte el informe.

 Gerardo Reyes relata que la presión de pagos en el Cadivi se convirtió en el modus operandi para financiar las campañas políticas de Córdoba en Colombia, algo que corroboró un cercano asesor a la exsenadora, Andrés Alberto Vásquez Moreno.

  Se explica que la amistad entre Córdoba y Saab era tal, que un hijo de la primera, Camilo Castro presidía la empresa panameña Papalma Investment S.A. a través de la cual se harían negocios el empresario. Los hijos de Córdoba Juan Luis y Camilo Castro, se convirtieron en 2011, en los responsables de los manejos relacionados a Saab.

   Aunque Piedad Córdoba niega vehementemente haber amparado a Saab y haberlo presentado con Hugo Chávez y Nicolás Maduro, la investigación de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional del Ecuador confirmó la estrecha relación y afinidad. Se indica que Álex Saab, Piedad Córdova y Camilo Castro, arribaron a Quito en vuelo privado proveniente desde Bogotá el 8 de julio del 2013. Se trataba de la aeronave Bombardier 45, con matrícula N72LJ de la empresa Aircraft Guaranty Corporation, propiedad de Debra Lynn Mercer-Erwin, una mujer que es investigada por transportar narcóticos hacia EE. UU. en sus aviones.

  Asimismo, el informe refiere los nexos de Piedad Córdoba con la guerrilla colombiana de las FARC y su papel como mediadora para la liberación de secuestrados por la organización terrorista, por solicitud de la propia guerrilla desde 2007, siempre de la mano de Hugo Chávez. El nombre de la exsenadora figuraba también en los correos electrónicos de la computadora de Raúl Reyes, en los que se la identificaba como “Teodora”

“La cercanía que empezó a forjarse entre el gobierno de Juan Manuel Santos con Hugo Chávez, en gran medida es el mérito de Piedad Córdova, como mediadora por la paz con la guerrilla. Después de todos los cobros a Cadivi, gracias a Piedad Córdoba, Alex Saab terminó siendo el protagonista del gran acto de reconciliación entre Colombia y Venezuela”, refiere el informe parlamentario que agrega que la mujer fue igualmente el nexo para restablecer las relaciones binacionales entre Colombia y Venezuela.

Saab firma el convenio

  El convenio entre Colombia y Venezuela para la construcción de casas prefabricadas para la Gran Misión Vivienda, no fue firmado por ningún funcionario colombiano, sino por Álex Saab. Esto ocurrió el 28 de noviembre del 2011 en el Palacio de Miraflores en Caracas.

  El informe parlamentario subraya que en este acto “el presidente Juan Manuel Santos fue un accesorio testigo. Por Venezuela, firmó Ricardo Menéndez, ministro del Poder Popular de Industrias”.

  El contrato se le entregó sin que mediara para ello licitación alguna, a la empresa colombiana Fondo Global de Construcción-Foglocons, propiedad de Álex Saab. Una compañía sin experiencia en la materia constituida apenas cuatro días antes. Igualmente, se firmaron convenios con la empresa ELM Import de Saab y Pulido, para construir 8.400 casas, por USD 654 millones.

  Era el inicio de los grandes y millonarios negociados de Álex Saab, “todo, gracias a Teodora de Bolívar”.

  “Piedad Córdoba fue el engranaje que le faltaba a Saab para triunfar de nuevo en los negocios, la bisagra perfecta que intercedió con Hugo Chávez para que Foglocons ganara el contrato de la Gran Misión Vivienda, que terminó siendo un atraco a los más humildes de Venezuela”, sostiene el informe.

Los dólares de Ecuador

   A pesar de que Ecuador es uno de los países menos industrializados de la región, exportador prominente de materias primas y nulo productor de mercancías elaboradas, tiene una mina de dólares. De allí su escogencia para participar en el negocio del Sistema Sucre para acceder a dólares preferenciales de Cadivi.

   Alex Saab y Álvaro Pulido, dueños de Foglocons, apuraron entonces la creación de una compañía gemela en Ecuador, nación en la que se requería un operador político, quien no fue otro que Jaime Sánchez Yánez[4], de quien hablamos en entrega anterior. Al no poder figurar pues era asesor de Rafael Correa, su lugar lo ocupó su hermano, Luis Eduardo Sánchez Yánez, quien, junto a Álvaro Pulido Vargas, en ausencia, registraron la empresa Fondo Global de Construcción Ecuador, en septiembre del 2012.

Comenzaba la gran estafa del Sucre

[1] YouTube. “Chávez: el SUCRE nos libera de la dictadura del dólar”. 7 de junio de 2011. https://www.youtube.com/watch?v=4ivo-_oBXY4

[2] Youtube. Telesur. Creación de Sucre, logro de ALBA. 15 de diciembre del 2010. https://www.youtube.com/watch?v=lstpm2ssWaQ

[3] YouTube. Telesur. “Ecuador quiere recuperar moneda ‘emblema de soberanía’: Correa”.  15 de diciembre del 2014.  https://www.youtube.com/watch?v=vb_GGHak7Ps

[4] Venezuela Política. “Los hermanos Luis y Jaime Sánchez: Los socios necesarios de Álex Saab para poner en práctica sus operaciones en Ecuador”. 23 de diciembre de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/12/los-hermanos-luis-y-jaime-sanchez-los.html