Oponerse al ideario del pensamiento oficialista derivó en causa de prisión durante el periodo que se inició con el ascenso de Hugo Chávez a la presidencia de la república, una situación que se agravó en tiempos de su sucesor, Nicolás Maduro.
Por Maibort Petit
La vena autoritaria del fallecido ex-mandatario venezolano, Hugo Chávez Frías, le impedía aceptar el pensamiento divergente y, mucho menos, la disidencia política. Quien no estaba alineado con sus ideas y difería de sus decisiones, sencillamente era, no su adversario como en toda sociedad democrática ocurre, sino su enemigo y como tal era tratado por el régimen que encabezaba.
El accionar del Chávez, se dirigió desde el inicio de su gestión en el rebase institucional del país, la acumulación y acaparamiento del poder a través de la aniquilación de la separación de poderes que lo llevó tanto al control político, como de los tribunales y la conformación de un alto militar constituido por acólitos.
Presos políticos
El chavismo, pues desde sus comienzos, se encaminó a la conformación de un régimen totalitario en el que la disidencia política es inaceptable para la cúpula gubernamental. Situación que lejos de cambiar con la asunción de Nicolás Maduro al poder a la muerte de Chávez, se ha incrementado a niveles en el que ya ni las formas se guardan y el pensamiento político divergente se ha convertido en un delito y la figura del preso por la objeción de conciencia está ya prácticamente institucionalizada, así el oficialismo insista en recurrir al eufemismo de asegurar de que “no se trata de presos sino de políticos presos”. Al 25 de octubre del presente 2021, el Foro Penal contabiliza 254 presos políticos en Venezuela, de los cuales 15 son mujeres, 132 son militares y uno es un adolescente[1].
El “Reporte sobre la represión en Venezuela” que emite el referido Foro Penal indica en el informe correspondiente al mes de agosto de 2021 que, entre los meses de enero a agosto del citado año, se contabilizaron un total de cuarenta y dos personas registradas como “detenidos políticos”, ubicándose en ese octavo mes la cifra de estos en 264 personas. La ONG señala que el número de “detenciones con fines políticos desde enero de 2014 hasta agosto de 2021 es de 15.762 personas arrestadas, de las cuales 875 civiles han sido procesados en tribunales militares en ese período”.
Destaca el reporte que Gabriel Medina Díaz, murió el 29 de agosto mientras se encontraba en custodia tras sufrir un paro respiratorio. Medina Díaz estaba recluido en el anexo “Nelson Mándela” del Internado Judicial de Monagas, recinto conocido popularmente como “La Pica”. Pese a encontrarse en grave estado de salud desde hacía casi 2 meses, no recibió atención médica. Sólo fue trasladado de emergencia a un hospital el día previo a su muerte donde finalmente falleció. Este deceso elevó a nueve el número presos político muertos bajo custodia estatal. Le precedieron desde el año 2015 hasta agosto de 2021: Nelson Martínez, Salvador Fernando Franco, Pedro Pablo De San Lu Santana Carballo, Rafael Acosta Arévalo, Fernando Alberto Albán, Rafael Eduardo Arreaza Soto, Carlos Andrés García y Rodolfo Pedro González Martínez[2].
De estas muertes es bastante significativa la del exconcejal del municipio Libertador de Caracas por el partido Primero Justicia, Fernando Albán, la cual ocurrió el 8 de octubre de 2018 cuando cayó de unos de los últimos pisos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Aunque en un principio las autoridades insistieron en que se trataba de un suicidio, la oposición venezolana denunció que lo habían lanzado sus torturadores. El fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, quien se hizo eco de esta tesis desde un principio, cambió su versión en 2021 cuando acusó “homicidio culposo” por parte de sus custodios[3]. Un viraje que, de acuerdo a la opinión de no pocos, obedece más a un intento de evitar que la Corte Penal Internacional abra un caso contra el régimen de Nicolás Maduro en razón de su política de violación a los Derechos Humanos, que de un afán de justicia.
La 'joya' de la corona
Del castigo a la disidencia a los adversarios políticos, catalogados más bien como “enemigos” por el chavismo, tal vez que haya tenido mayor relevancia derivada de la repercusión internacional que tuvo, fue el del dirigente del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, tenido como “la joya de la corona” pues, por años, fue moneda de cambio en las negociaciones entre el gobierno y la oposición.
Para Hugo Chávez resultó ser un sujeto incómodo, dado que su gestión en la administración pública adquirió notoriedad, incluso internacional y por ello maniobró para truncar su acceso a nuevas posiciones de poder promoviendo su inhabilitación política. Chávez tampoco olvidaba el papel de López en el golpe de estado de abril de 2002.
El pleito entre López y el chavismo tuvo su clímax ya en tiempos de Nicolás Maduro, cuando su marcado espíritu confrontacional derivó en acusaciones penales en su contra que concluyeron en un juicio sin garantías de ningún tipo que lo condenó a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión[4].
El propio fiscal del caso, Franklin Nieves, huyó a los Estados Unidos poco tiempo después y denunció que el juicio a López había sido una farsa y aseguró que la orden de su detención y enjuiciamiento provino directamente de Nicolás Maduro[5].
No solamente los adversarios políticos
El castigo a la disidencia no se limita a los rivales del chavismo militantes de la oposición, sino que ha restado dirigido a quienes, perteneciendo a las filas del oficialismo, han osado manifestar su descontento o desacuerdo con las políticas del gobierno.
El caso del general Raúl Isaías Baduel, exministro de la defensa del gobierno de Hugo Chávez, es quizás el más emblemático e ilustrativo de esta situación. Quien fuera el responsable de la restitución de Hugo Chávez en el poder luego del golpe de estado que lo sacó de la presidencia durante 48 horas en 2002, murió en una celda el 12 de octubre de 2021 en brazos de su hijo —también preso político— Josnar Adolfo Baduel, en las instalaciones del servicio de inteligencia venezolano en la sede que se conoce como El Helicoide. La fiscalía dijo que el deceso fue por causa del Covid-19 sin que a la par haya explicado por qué, entonces, no estaba en un centro de salud[6].
Chávez no le perdonó a Baduel el haber denunciado la intención totalitaria de su mandato, ni su oposición a la reforma constitucional propuesta por el finado mandatario en 2007. La venganza por esto se materializó en 2009, cuando el militar fue arrestado y condenado a 8 años de prisión por delitos de corrupción[7]. En mayo de 2015 salió de la cárcel gracias a una medida de libertad condicional, pero fue nuevamente encarcelado en 2017.
Arremetida a los opositores
En 2017, cuando el pueblo venezolano se lanzó a las calles en protesta por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de usurpar las funciones y poderes de la Asamblea Nacional, titular del Poder Legislativo, de mayoría opositora luego de que la ciudadanía se pronunciara en favor de la disidencia política en los comicios parlamentarios de 2015. La respuesta del gobierno de Nicolás Maduro a los reclamos populares fue la violencia y brutalidad a niveles de extremo. “(…) la magnitud y la gravedad de la represión en 2017 alcanzó niveles inéditos en la historia reciente de Venezuela”, refirieron Human Rights Watch y el Foro Penal en un informe denominado “Arremetida contra opositores. Brutalidad, tortura y persecución política en Venezuela”, publicado el 29 de noviembre del referido año.
El informe documentó 88 casos en los que se vieron afectados 314 personas que fueron víctimas de graves violaciones de derechos humanos entre abril y septiembre de 2017 por parte de fuerzas de seguridad estatal y por los grupos paramilitares conocidos en Venezuela como “colectivos” en 13 estados del país. El reporte advierte que no se trata de casos aislados, ni fueron el resultado de excesos por parte de miembros insubordinados de las fuerzas de seguridad, sino que forman parte de una práctica sistemática de las fuerzas de seguridad venezolanas.
En este último sentido, HRW y el Foro Penal indican en el informe que sus conclusiones coinciden con las del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), fechado en agosto de 2017 alertando la “existencia de una política destinada a reprimir el disenso político e infundir temor en la población a fin de frenar las manifestaciones” en Venezuela. El ACNUDH manifestó en su informe que identificó ‘un uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva y detenciones arbitrarias contra los manifestantes’, así como ‘un esquema de otras violaciones de derechos humanos, que abarcan violentos allanamientos de viviendas, torturas y malos tratos a los detenidos en relación con las protestas’”.
El informe da cuenta de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los detenidos en las protestas, detenciones y juicios arbitrarios, uso excesivo de la fuerza pública, así como de la falta de rendición de cuentas y responsabilidad por parte de altos funcionarios gubernamentales. Una situación que respondería al hecho de que “Desde que en el 2004 el ex Presidente Hugo Chávez y sus aliados en la Asamblea Nacional de entonces tomaron el control político del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, el poder judicial ha dejado de actuar como rama independiente del Estado, como freno ante los abusos de poder por parte del ejecutivo y como garante de derechos fundamentales”.
Cita el caso de la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, antigua aliada del chavismo del que se distanció a comienzos de 2017. Tal cambio de actitud le valió el puesto, siendo destituida por la Asamblea Nacional Constituyente oficialista que la reemplazó por un partidario oficialista, a saber, Tarek William Saab[8].
El representante chavista del Ministerio Público ha devenido en gendarme del régimen valiéndose de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, con instrumento para arremeter en contra de todo aquel que se muestre en desacuerdo de la gestión chavista.
Desde entonces, la política de acabar con la disidencia política por los métodos que sea ha ido in crescendo, multiplicándose las llamadas “desapariciones forzadas” como método de control dirigido a mantener en el carril al movimiento opositor y es que, en Venezuela, pensar distinto es un delito.
REFERECIAS
[1] Foro Penal. https://foropenal.com/
[2] Foro Penal. “Reporte sobre la represión en Venezuela. Agosto 2021”. 6 de octubre de 2021. https://foropenal.com/reporte-sobre-la-represion-en-venezuela-agosto-2021/
[3] Infobae. “Quiénes son los 10 presos políticos del régimen de Maduro que murieron bajo custodia en Venezuela desde 2014”. 13 de octubre de 2021. https://www.infobae.com/america/venezuela/2021/10/13/quienes-son-los-10-presos-politicos-del-regimen-de-maduro-que-murieron-bajo-custodia-en-venezuela-desde-2014/
[4] El País. “La Justicia venezolana condena a Leopoldo López a 13 años de prisión”. 11 de septiembre de 2015. https://elpais.com/internacional/2015/09/10/actualidad/1441891200_087531.html
[5] El Nacional. “Franklin Nieves: "La orden de detener a Leopoldo López partió directamente de Maduro". 1 de noviembre de 2015. https://web.archive.org/web/20160303222030/http://www.el-nacional.com/presos_politicos/Franklin-Nieves-Leopoldo-Lopez-Maduro_0_730726939.html
[6] DW. “Venezuela: muere en prisión Raúl Isaías Baduel, considerado ‘preso político’". 13 de octubre de 2021. https://www.dw.com/es/venezuela-muere-en-prisi%C3%B3n-ra%C3%BAl-isa%C3%ADas-baduel-considerado-preso-pol%C3%ADtico/a-59487079
[7] Notiamérica. “La Justicia venezolana condena a 7 años y 11 meses de cárcel al ex ministro de Defensa Raúl Isaías Baduel”. 8 de mayo de 2010. https://www.notimerica.com/politica/noticia-venezuela-justicia-venezolana-condena-anos-11-meses-carcel-ex-ministro-defensa-raul-isaias-baduel-20100508061425.html
[8] HRW. “Arremetida contra opositores. Brutalidad, tortura y persecución política en Venezuela”. 29 de noviembre de 2017. https://www.hrw.org/es/report/2017/11/30/arremetida-contra-opositores/brutalidad-tortura-y-persecucion-politica-en
