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domingo, 12 de abril de 2020

La acusación contra Nicolás Maduro: Detalles de la conspiración de narcoterrorismo (Parte II)

   En esta entrega se detalla cómo Maduro y sus cómplices, no solamente conspiraron para importar cocaína a los Estados Unidos, sino que sus operaciones narcotráfico estuvieron protegidas con armamento de guerra.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  La acusación formulada por la fiscalía de los Estados Unidos en contra de Nicolás Maduro Moros, a Diosdado Cabello Rondón, a Hugo Carvajal Barrios (a) “El Pollo”, Clíver Alcalá Cordones, Luciano Arango (a) “Iván Márquez” y Seuxis Paucis Hernández Solarte (a) “Jesús Santrich”, establece que las actividades de narcotráfico de que se les acusa estuvieron acompañadas del porte de armas de guerra con el objetivo de apoyar y garantizar el éxito de sus propósitos de importar cocaína al territorio de los EE. UU.

Conspiración para importar cocaína a EE. UU.

  El Departamento de Justicia encontró elementos para acusar a Nicolás Maduro Moros, a Diosdado Cabello Rondón, a Hugo Carvajal Barrios (a) “El Pollo”, Clíver Alcalá Cordones, Luciano Arango (a) “Iván Márquez” y Seuxis Paucis Hernández Solarte (a) “Jesús Santrich”, de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos.

  Consideró la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York que desde 1999 hasta 2020, los acusados en un delito iniciado y cometido fuera de la jurisdicción de cualquier estado o distrito particular de los Estados Unidos, incluidos Venezuela, Colombia, México, Irán, Siria, Líbano y otros lugares, intencional y conscientemente combinados, conspiraron y acordaron violar las disposiciones del Título 21, Código de los Estados Unidos, Capítulo 13, Subcapítulo II.

  La conspiración de los demandados y otros desconocidos, procuró importar una sustancia controlada —y efectivamente así lo hicieron— a los Estados Unidos, en violación del Título 21, Código de los Estados Unidos, Secciones 952 (a) y 960 (a) (1).

  Una parte y objetivo de la conspiración de los acusados y otros desconocidos, fue fabricar con la intención de distribuir una sustancia controlada. Existen motivos razonables para creer que dicha sustancia se importaría ilegalmente a los EE. UU. y a una distancia de 12 millas de la costa, en violación del Título 21, Código de los Estados Unidos, Secciones 959 (a) y 960 (a) (3).

  Refiere la demanda que fue un objetivo de los acusados y otros desconocidos, ingresar a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos, una sustancia controlada con la intención de distribuirla, violando así el Título 21, Código de los Estados Unidos, Secciones 959 (c) y 960 (a) (3).

   Sostiene la acusación que Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Hugo Carvajal, Clíver Alcalá, Luciano Marín (a) “Iván Márquez” y Seuxis Hernández (a) “Jesús Santrich”, conspiraron para (i) importar a los Estados Unidos y al territorio aduanero de los EE. UU. desde un lugar fuera de los mismo; (ii) fabricar y distribuir, con la intención, como se estima para ser importada ilegalmente a los Estados Unidos y en aguas dentro de una distancia de 12 millas de la costa de los EE. UU. desde un lugar fuera de los mismos; y (iii) fabricar, distribuir 5 o más kilogramos y más mezclas y sustancias que contenían una cantidad detectable de cocaína, a bordo de un avión registrado en los Estados Unidos, en violación del Título 21, Código de los Estados Unidos, Sección 960 (b ) (1) (B).

Posesión de armas de guerra

  El tercer cargo en la demanda presentada por la fiscalía de EE. UU. es posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, considerando el Gran Jurado que existen elementos de convicción para creer que, entre 1999 y 2020, los acusados cometieron un delito de tráfico de drogas fuera de la jurisdicción de cualquier estado o distrito de los Estados Unidos, entre ellos, Venezuela, Colombia, México, Irán, Siria, Líbano y otros lugares, por el cual pueden ser procesados en un tribunal de los Estados Unidos, en virtud de que las sustancias controladas referidas en la primera y segunda demanda, estuvo acompañada del porte de armas de fuego, como ametralladoras, capaces de disparar automáticamente más de un disparo, sin recarga manual, mediante una sola función del gatillo, así como dispositivos destructivos, esto en violación del Título 18, Código de Estados Unidos, Secciones 924 (c) (1) (A), 924 (c) (1) (B) (ii), 3238 y 2.


Conspiración para poseer armas de guerra

   El cuarto cargo de la demanda contra de los acusados es el de Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

  Se cree que entre 1999 y 2020, los acusados cometieron un delito que se inició fuera de la jurisdicción de cualquier estado o distrito particular de los Estados Unidos, entre ellos Venezuela, Colombia, México, Irán, Siria, Líbano y otros lugares, para intencional y conscientemente violar el Título 18, Código de Estados Unidos, Sección 924 (c).

  Refiere la demanda que Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Hugo Carvajal, Clíver Alcalá, Luciano Marín (a) “Iván Márquez” y Seuxis Hernández (a) “Jesús Santrich”, y otros desconocidos, portaron armas de fuego, entre ellas ametralladoras, en apoyo a la comisión de los delitos de sustancias controladas referidos en las demandas 1 y 2, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 924 (c) (1) (A) (i) y 924 (c) (1) (B) (ii).

Otros aspectos de la demanda

  La demanda refiere que como resultado de la comisión de los delitos que se le imputan a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Hugo Carvajal, Clíver Alcalá, Luciano Marín (a) “Iván Márquez” y Seuxis Hernández (a) “Jesús Santrich”, perderán en los Estados Unidos, de conformidad con el Título 21 , Código de los Estados Unidos, Secciones 853 y 970, todos y cada uno de los bienes que posean directa o indirectamente, como resultado de los delitos,  así como todos y cada uno de los bienes utilizados, o destinados a ser utilizados, de cualquier manera o parte, para cometer y facilitar la comisión de los delitos de que se les señala en las demandas uno y dos.


    Los acusados, como resultado de comisión de delitos de armas de fuego acusados en las demandas 3 y 4, perderán en los Estados Unidos, de conformidad con el Título 18, Estados Unidos Código, Sección 924 (d), todas las armas de fuego y municiones involucradas y utilizadas en la comisión de los delitos acusados.

   Si alguno de los bienes confiscables descritos anteriormente, como resultado de cualquier acto u omisión de los acusados: a) no puede ubicarse en el ejercicio de la debida diligencia; b) ha sido transferido o vendido o depositado con una tercera persona; c) ha sido colocado fuera de la jurisdicción de la Corte; d)  ha disminuido sustancialmente en valor; o f) se ha mezclado con otra propiedad que no puede subdividirse sin dificultad, es la intención de los Estados Unidos, de conformidad con el Título 21, Estados Unidos Código, Secciones 853 (p) y 970, y el Título 28, Código de los Estados Unidos, Sección 2461 ( c), buscar cualquier otra propiedad de los acusados hasta cubrir el valor de la propiedad decomisable anterior, todo esto de conformidad con el Título 21, Código de Estados Unidos, Secciones 853 y 970; y Título 28, Código de Estados Unidos, Sección 2461 (c).




jueves, 26 de marzo de 2020

Esta es la acusación contra Nicolás Maduro y 14 funcionarios venezolanos por delitos de narcoterrorismo, corrupción y lavado de dinero

  El Departamento de Justicia norteamericano acusó a Nicolás Maduro Moros y a 14 funcionarios de alto rango del régimen venezolano de haberse asociado con el grupo terrorista de las FARC para usar la cocaína como arma para "inundar" a los Estados Unidos. 

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   El Departamento de Justicia de EEUU anunció este jueves cargos por narcotráfico, terrorismo, corrupción y lavado de dinero contra las principales figuras del régimen de Venezuela, y ofreció una recompensa de USD 15 millones a las personas que ayuden a la captura  y enjuiciamiento de Nicolás Maduro.

  El fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, señaló que la frontera entre Colombia y Venezuela ha sido tomada por las disidencias de las FARC bajo amparo de Nicolás Maduro. Por esas razones, acusó al régimen de tramar una conspiración con las FARC para “inundar a Estados Unidos de drogas”. 

  El fiscal Barr dijo que se estima que la organización criminal del cártel de los Soles que entre 200 y 250 toneladas métricas de cocaína son enviadas fuera de Venezuela por las rutas de la alianza criminal, que equivalen hasta a 30 millones de dosis letales.

  Por su parte, el fiscal para el Distrito Sur de Nueva York, Geoffrey Berman, dijo: “Anunciamos cargos criminales contra Nicolás Maduro por llevar adelante, junto a sus principales lugartenientes, una sociedad narcoterroristas con las FARC por los últimos 20 años. El alcance y la magnitud de la droga traficada sólo fue posible porque Maduro y las instituciones corruptas de Venezuela proveyeron protección política y militar para los crímenes de narcoterrorismo”. Además, Berman sostuvo que la cúpula chavista presionó a otros gobiernos para que permitan el despliegue de la trama criminal.

  El fiscal mostró un cuadro donde aparecen dos tipos de recompensas para quienes ayuden a capturar y procesar a los miembros de la empresa criminal. Por la cabeza de Nicolás Maduro se ofrecen USD 15 millones y por las de Diosdado Cabello, Hugo Carvajal, Clíver Alcalá y Tareck El Aissami USD 10 millones por cada uno y hasta $ 5 millones por información que conduzca al arresto y / o condena de Marín Arango.
   En el cuadro aparece Nicolás Maduro Moros, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno en primera plana, y posteriormente 11 funcionarios (y exfuncionarios) civiles y militares. 

  Los acusados serán procesados, de llegarse a capturar, en tres distritos: Nueva York; Washington DC y Miami. En la acusación aparecen también dos líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

  "Durante la última década, funcionarios corruptos del gobierno venezolano han saqueado sistemáticamente a Venezuela de miles de millones de dólares", dijo la fiscal federal Ariana Fajardo Orshan. 

  “Con demasiada frecuencia, estos funcionarios corruptos y sus co-conspiradores han usado bancos e inmuebles del sur de la Florida para ocultar y perpetuar su actividad ilegal. Como muestran las caricaturas recientes, la corrupción venezolana y el lavado de dinero en el sur de Florida se extienden incluso a los niveles más altos del sistema judicial de Venezuela. En los últimos años, la Oficina del Fiscal de los EE. UU. En el sur de Florida y sus socios federales encargados de hacer cumplir la ley se han unido para presentar docenas de cargos penales contra funcionarios del régimen de alto nivel y conspiradores que resultan en incautaciones de aproximadamente $ 450 millones de dólares ”

  "Estas acusaciones exponen la devastadora corrupción sistémica en los niveles más altos del régimen de Nicolás Maduro", dijo el administrador interino de la DEA, Uttam Dhillon. 

 “Estos funcionarios traicionaron repetidamente y con conocimiento al pueblo de Venezuela, conspirando, para beneficio personal, con narcotraficantes y organizaciones terroristas extranjeras designadas como las FARC. Las acciones de hoy envían un mensaje claro a los funcionarios corruptos en todas partes de que nadie está por encima de la ley o más allá del alcance de la policía estadounidense", sostuvo Dhillon. 

 Aseguró además que el Departamento de Justicia y la Administración de Control de Drogas continuarán protegiendo al pueblo estadounidense de los traficantes de drogas despiadados, sin importar quiénes sean o dónde vivan ".

  "La naturaleza colaborativa de esta investigación es representativa del trabajo continuo que HSI y las agencias internacionales de aplicación de la ley realizan cada día, a menudo detrás de escena y desconocido para el público, para hacer que nuestras comunidades sean más seguras y libres de corrupción", dijo el Director Asociado Ejecutivo Interino de HSI Alysa D. Erichs. 

  "El anuncio de hoy destaca el alcance y el compromiso global de HSI para identificar, atacar e investigar agresivamente a las personas que violan las leyes de los EE. UU., Explotan los sistemas financieros y se esconden detrás de la criptomoneda para promover su actividad criminal ilícita". 

Los acusados son los siguientes:

En el Distrito Sur de Nueva York (SDNY):

Nicolás Maduro Moros, de 57 años; Diosdado Cabello Rondón, 56, jefe de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela; Hugo Armando Carvajal Barrios, alias “El Pollo”, 59, ex director de inteligencia militar; Cliver Antonio Alcalá Cordones, 58, ex general de las fuerzas armadas venezolanas; Luciano Marín Arango, alias "Iván Márquez", 64, miembro de la Secretaría de las FARC, que es el máximo órgano de liderazgo de las FARC; y Seuxis Paucis Hernández Solarte, también conocido como "Jesús Santrich", de 53 años, miembro del Alto Mando Central de las FARC, que es el segundo cuerpo de liderazgo más alto de las FARC. El caso está pendiente ante el juez federal de distrito Alvin K. Hellerstein.

  Maduro Moros, Cabello Rondón, Carvajal Barrios, Alcalá Cordones, Marín Arango y Hernández Solarte han sido acusados ​​de: 

(1) participar en una conspiración narcoterrorista, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 20 años y un máximo de cadena perpetua. prisión, 

(2) conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años y un máximo de cadena perpetua; 

(3) usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de las conspiraciones de narcotráfico e importación de cocaína, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 30 años y un máximo de la vida en prisión; y 

(4) conspirar para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de las conspiraciones de narcotráfico e importación de cocaína, lo que conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua en prisión. 

La acusación

  De acuerdo con las acusaciones contenidas en la acusación sustituta, otras presentaciones judiciales y declaraciones realizadas durante los procedimientos judiciales:

  Desde al menos 1999, Maduro Moros, Cabello Rondón, Carvajal Barrios y Alcalá Cordones, actuaron como líderes y gerentes de Cártel de Los Soles. El nombre del cártel se refiere a las insignias del sol pegadas a los uniformes de los oficiales militares venezolanos de alto rango. 

  Maduro Moros y los otros miembros del Cartel acusados  en la presente conspiración ​​abusaron del pueblo venezolano y corrompieron las instituciones legítimas de Venezuela, incluidas partes del ejército, el aparato de inteligencia, la legislatura y el poder judicial, para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. 

  "El Cártel de Los Soles buscó no solo enriquecer a sus miembros y mejorar su poder, sino también "inundar" a los Estados Unidos con cocaína e infligir los efectos nocivos y adictivos de la droga en los usuarios de los Estados Unidos", dice el documento del gobierno.

  Marín Arango y Hernández Solarte son líderes de las FARC. A partir de aproximadamente 1999, mientras las FARC pretendían negociar la paz con el gobierno colombiano, los líderes de las FARC acordaron con los líderes del Cártel de Los Soles reubicar algunas de las operaciones de las FARC en Venezuela bajo la protección del Cartel. Posteriormente, las FARC y el Cártel de Los Soles enviaron cocaína procesada desde Venezuela a los Estados Unidos a través de puntos de transbordo en el Caribe y América Central, como Honduras. 

  Aproximadamente en 2004, el Departamento de Estado de EE. UU. estimó que 250 o más toneladas de cocaína transitaban por Venezuela por año. Los envíos marítimos se enviaron al norte desde la costa de Venezuela utilizando embarcaciones rápidas, barcos de pesca y portacontenedores. Los envíos aéreos a menudo se enviaban desde pistas de aterrizaje clandestinas, típicamente hechas de tierra o hierba, concentradas en el Estado Apure. 

  Según el Departamento de Estado de EE. UU., aproximadamente 75 vuelos no autorizados sospechosos de actividades de narcotráfico ingresaron al espacio aéreo hondureño solo en 2010, utilizando lo que se conoce como la ruta de cocaína "puente aéreo" entre Venezuela y Honduras.

  En su papel de líder del Cártel de Los Soles, Maduro Moros negoció múltiples envíos de toneladas de cocaína producida por las FARC; ordenó que el Cártel de Los Soles proporcione armas de grado militar a las FARC; coordinó asuntos con Honduras y otros países para facilitar el tráfico de drogas a gran escala; y solicitó asistencia de los líderes de las FARC para capacitar a un grupo de milicianos no autorizados que funcionaba, en esencia, como una unidad de las fuerzas armadas para el Cártel de Los Soles.

  La Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA, la Fuerza de Ataque de Nueva York y la División de Campo de Miami llevaron a cabo la investigación. 

  Este caso está siendo manejado por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para la Unidad Internacional de Narcóticos y Terrorismo del Distrito Sur de Nueva York. Los fiscales federales adjuntos Amanda L.Houle, Matthew J. Laroche, Jason A. Richman y Kyle A. Wirshba están a cargo de la acusación.

Vladimir Padrino López

   Asimismo, el comunicado del Departamento de Justicia refiere una acusación presentada hoy en el Distrito de Columbia que alega que desde marzo de 2014 hasta mayo de 2019, Vladimir Padrino López, actual Ministro de Defensa de Venezuela, conspiró con otros para distribuir cocaína a bordo de un avión registrado en los Estados Unidos.

  Padrino López, quien tiene el rango de General en las fuerzas armadas venezolanas, tenía la autoridad para interceptar aviones—muchos de los cuales están registrados en los Estados Unidos sospechosos de ser utilizados para traficar drogas desde Venezuela a países de América Central. 

  En numerosas ocasiones, Padrino López ordenó o autorizó al ejército venezolano a obligar a aterrizar o derribar el avión. Sin embargo, Padrino López permitió que otras aeronaves cuyos coordinadores de narcotráfico le pagaban sobornos  transitaran con seguridad por el espacio aéreo venezolano.

  Recuerda que el 25 de septiembre de 2018, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. incluyó a Padrino López en su Lista de nacionales especialmente designados. De conformidad con la Ley de designación de narcotraficantes de narcóticos extranjeros, esto significa que sus activos están bloqueados y que a los estadounidenses generalmente se les prohíbe realizar transacciones financieras con Padrino López.

  La Oficina de Distrito de la DEA en Orlando dirigió la investigación, que fue apoyada por el programa de la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado de Drogas y la Oficina de Operaciones de Aplicación de la División Criminal. El subjefe interino Charles Miracle y los abogados litigantes Michael Christin y Kirt Marsh de la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas de la División Criminal están procesando el caso.

Maikel José Moreno Pérez

   Maikel José Moreno Pérez, de 54 años, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, fue acusado mediante una denuncia penal en el Distrito Sur de Florida de conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero en relación con el presunto recibo corrupto o el recibo previsto de decenas de millones de dólares y sobornos para arreglar ilegalmente docenas de casos civiles y penales en Venezuela.
  La demanda señala que el acusado autorizó la incautación y venta de una planta automotriz de General Motors con un valor estimado de $ 100 millones a cambio de un porcentaje personal de los ingresos. 

  Del mismo modo, la denuncia alega que el acusado recibió sobornos para autorizar el despido de dibujos animados o la liberación contra venezolanos, incluido uno acusado en un esquema de fraude multimillonario contra la compañía petrolera estatal venezolana.

   De acuerdo con la denuncia penal, en octubre de 2014 o alrededor de esa fecha, Moreno Pérez le dijo a las autoridades estadounidenses una solicitud de visa donde señalaba que ganaba aproximadamente el equivalente a aproximadamente $ 12,000 por año de su trabajo en Venezuela. 

  De 2012 a 2016, los registros bancarios del acusado en los EE. UU. muestran entradas de aproximadamente $ 3 millones en las cuentas del acusado, principalmente de grandes transferencias de dólares en efectivo de corporaciones fantasmas.

Tareck Zaidan EL Aissami
  En una acusación sustituta separada revelada por las autoridades del Distrito Sur de Nueva York, se señala que fueron acusados: 
 1) Tareck Zaidan El Aissami Maddah, de 45 años, actual el vicepresidente de economía de Venezuela
  2) Joselit Ramírez Camacho, de 33 años, el superintendente de criptomonedas de Venezuela (Sunacrip) y, 
  3) Samark López Bello, de 45 años, un empresario venezolano, con una serie de delitos relacionados con esfuerzos por evadir las sanciones impuestas por la OFAC contra Maduro Moros, El Aissami Maddah y López Bello.
  La acusación formal alega que desde febrero de 2017 hasta marzo de 2019, El Aissami Maddah y Ramírez Camacho trabajaron con personas estadounidenses y entidades con sede en los EE. UU. para proporcionar servicios de vuelos privados en beneficio de la campaña presidencial de Maduro 2018, en violación de las sanciones de la OFAC dirigidas a Maduro después de organizarse elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente ilegítima que ahora dirige Cabello Rondón.

  El Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de su Programa de recompensas de narcóticos, ofrece una recompensa de hasta $ 10 millones por información que conduzca al arresto y/o condena de El Aissami Maddah.

   La Oficina de Campo de Nueva York de HSI realizó la investigación. Este caso está siendo manejado por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para la Unidad Internacional de Narcóticos y Terrorismo del Distrito Sur de Nueva York. Los fiscales federales adjuntos Sam Adelsberg y Amanda L. Houle están a cargo de la acusación.

Otras acusaciones separadas

   Luis Motta Domínguez, de 67 años, ex ministro de Energía, fue acusado en el Distrito Sur de Florida por su presunto papel en el lavado del producto de las violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) en relación con su presunto recibo de sobornos para adjudicar negocios de Corpoelec. a empresas con sede en los Estados Unidos.
Néstor Reverol Torres, 55, ex Director General de La Oficina Nacional Antidrogas (ONA) de Venezuela y ex comandante de la Guardia Nacional de Venezuela y Edylberto José Molina Molina, 57, ex Subdirector de la ONA de Venezuela y actualmente agregado militar de Venezuela a Alemania, fueron acusados en el Distrito Este de Nueva York con la participación en una conspiración internacional de distribución de cocaína donde supuestamente ayudaron a los narcotraficantes a importar cocaína a los Estados Unidos.
Vassyly Kotosky Villarroel Ramírez, alias "Mauro" y "Ángel", 47, ex capitán de la Guardia Nacional venezolana, fue acusado en una tercera acusación en el Distrito Este de Nueva York de participar en una conspiración internacional de distribución de cocaína entre el 1 de enero. , 2004 y 1 de diciembre de 2009.
Rafael Antonio Villasana Fernández, de 48 años, ex oficial de la Guardia Nacional de Venezuela, fue acusado en el Distrito Este de Nueva York de participar en una conspiración internacional de distribución de cocaína entre el 1 de enero de 2004 y el 1 de diciembre de 2009. Según el tribunal documentos, Kotosky y Villasana supuestamente utilizaron vehículos oficiales del gobierno para transportar más de siete toneladas métricas de cocaína desde la frontera colombiana a varios aeropuertos y puertos marítimos en Venezuela para su importación final a los Estados Unidos.

Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, de 52 años, ex viceministro de Energía de Venezuela, fue acusado en una acusación de 20 cargos en el Distrito Sur de Texas de conspiración para cometer lavado de dinero, lavado de dinero y conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) por su presunto papel en un esquema internacional de lavado de dinero que involucra sobornos pagados por los propietarios de empresas con sede en los Estados Unidos a funcionarios del gobierno venezolano para asegurar corruptamente contratos de energía y prioridad de pago en facturas pendientes.
Oscar Rafael Colmenarez Villalobos, 51, ex oficial de la Fuerza Aérea Venezolana, acusado en el Distrito de Arizona de violaciones de la Ley de Control de Exportación de Armas. 

  Supuestamente conspiró con otros, incluidos individuos asociados con una compañía de aviación en Arizona, para contrabandear desde Estados Unidos. a los motores de aviones militares T-76 de Venezuela utilizados en los aviones OV-10 Bronco a personas en Venezuela y supuestamente hicieron declaraciones falsas y engañosas en los documentos de control de envío y exportación para ocultar las actividades y transacciones prohibidas de la detección del gobierno de los EE. UU.


viernes, 20 de septiembre de 2019

Hugo Carvajal , "el ave" que se le escapó dos veces a la justicia de los Estados Unidos

Por tratarse de delitos militares y por sustentarse en razones políticas, España negó extradición del Pollo Carvajal a EE. UU. El gobierno norteamericano solicitó a España que apele la decisión de no extraditar al acusado de ser un narcotraficante. La defensa dice que está dispuesta a llegar hasta el Comité Europeo de Derechos Humanos. 

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La decisión de la Audiencia Nacional advierte que por más repudiables que resulten los hechos señalados a Hugo Carvajal, actuó bajo las órdenes o directrices la Presidencia de la República, en específico de Hugo Chávez Frías. El fallo se basó en los argumentos de la defensa y el rechazo al planteamiento hecho por la fiscalía española que alegaba que el país que estaba solicitando en extradición al acusado contaba con una de las democracias más modernas del mundo. Los alegatos de la fiscalía y los elementos enviados por el gobierno norteamericano no ejercieron ninguna influencia en el panel de jueces que se apegaron a lo expuesto por el ex jefe de inteligencia de Hugo Chávez y por sus abogados.  
Por su condición de militar supeditado a las órdenes y directrices de la Presidencia de la República y a que su actuación se enmarcó como parte de la estrategia que el gobierno venezolano desplegó dentro de sus funciones militares y de contrainteligencia exceptuados por la legislación española, la Audiencia Nacional negó la solicitud de extradición formulada por Estados Unidos al Reino de España, con relación a la persona de Hugo Armando Carvajal Barrios, alias “El Pollo”, al no haberse cubierto las exigencias que permiten la aplicación del Tratado de Extradición entre ambos países.

Igualmente, el máximo órgano de justicia español adujo para justificar su decisión, que la solicitud estadounidense estaba sustentada en razones de tipo político.

El pasado 17 de septiembre del corriente año 2019, los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Alfonso Guevara Marcos, Ángeles Barreiro Avellaneda y Clara E. Bayarri García, emitieron el fallo sobre la solicitud de extradición 0000021/2019, Rollo de Sala 20/2019 correspondiente al proceso de extradición contra el venezolano Hugo Carvajal a quien las instancias de EE. UU. reclamaban.

La ponencia con relación a quien se encontraba detenido desde 12 de abril de 2019 y cuya libertad condicional fue acordada por auto del 16 septiembre de 2019, estuvo a cargo de Alfonso Guevara Marcos.

Este conjunto de magistrados acordó “Denegar la extradición a los Estados Unidos de América del nacional venezolano Hugo Armando Carvajal Barrios, para su enjuiciamiento por los hechos-delitos comprendidos en la Acusación de Reemplazo del tribunal de Distrito de Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, de 15 de abril de 2019, en el Caso S1 11 Cr. 250 (AKH), y subsiguiente Orden de Aprehensión de igual fecha del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York”.
En tal sentido, la decisión dejó sin efecto las medidas cautelares que hasta la fecha se habían adoptado respecto al reclamado y se comunicó al Ministerio de Justicia, específicamente a la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional, a objeto de dejar constancia de lo acordado por la Audiencia Nacional y se diera a conocer el fallo a las autoridades de Estados Unidos y a la Interpol.

Exposición de antecedentes

Refiere la ponencia Guevara Marcos, en primer término, la providencia del Juzgado Central de Instrucción N° 6 de fecha 12 de abril de 2109, la cual permitió dar inicio al procedimiento de extradición número 21/2019, la cual el mismo día se comunicó a la Interpol la detención en Madrid de Adolfo José Mouriño Olsen, quien resultó ser Hugo Armando Carvajal Barrios cuando se le practicó un cotejo decadactilar, sobre quien recaía orden de aprehensión  CRIM 205 de 3 de agosto de 2011, emitida por el juez del Distrito Sur de Nueva York, por delito de tráfico de drogas.

Dado que Carvajal Barrios no consistió la extradición simplificada y no renunció al principio de especialidad, se acordó su prisión provisional e incondicional.

En segundo lugar, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, remitió el 26 de abril de 2019 al Juzgado Central un conjunto de notas verbales habidas entre la Embajada de Estados Unidos y el despacho de gobierno, con el fin de que comenzaran a computarse los 45 días conforme al tratado bilateral y se participara sobre la solicitud formal de EE. UU. de extradición de Hugo Carvajal, alias “El Pollo”.

El 17 de junio de 2019, el Ministerio de Justicia le comunicó al Juzgado Central que por acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de junio de 2019, se autorizó continuar el procedimiento por vía jurisdiccional, para lo cual se adjuntaron los documentos recibidos de Estados Unidos a través de su Embajada.

Tales documentos fueron la Nota Verbal de la Embajada de EE. UU. en España N° 360 de fecha 9 de mayo de 2019; la Declaración Jurada en apoyo de la Extradición; las Pruebas A (Copia de la Acusación formal), B (Copia de la Orden de Aprehensión), C (Folios 325 y siguientes relativos al Código de Estados Unidos) y D (Folios 335 y siguientes, relativos a la Declaración Jurada del agente especial de la DEA encargado de la investigación).

Carvajal no permite su extradición

Luego el magistrado de la Audiencia Nacional española hace una larga exposición sobre los términos de la acusación emitida por el Gran Jurado de los Estados Unidos contra Hugo Carvajal Barrios, detallando cada cargo y los sustentos jurídicos de los mismos, según la visión y legislación estadounidense.

Dichos cargos, a saber son, Conspiración de narcoterrorismo, Conspiración para importar cocaína, Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, Conspiración con otros para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos

Entonces, se procede a referir la negativa manifiesta de Hugo Carvajal de no consentir su extradición y su no renuncia al principio de especialidad. El juzgado dispuso elevar las actuaciones a la Sección tercera de la Sala de lo penal.

Para el día 12 de septiembre de 2019, durante la vista extradicional con presencia del Ministro Fiscal, Hugo Carvajal, reconoció su identidad y se opuso a ser entregado a los Estados Unidos por considerar que la demanda tiene una finalidad espuria pues las autoridades requirentes pretenden obtener información sobre Nicolás Maduro, dada su condición de exdirector de Inteligencia Militar en Venezuela. Refirió que sus contactos con miembros de las FARC lo fueron por orden de Hugo Chávez y el beneplácito de las autoridades colombianas en orden al proceso de paz. No renunció al principio de especialidad.

El Ministerio Fiscal solicitó que se accediera a la demanda de extradición al cumplirse los preceptos del tratado bilateral España-EE. UU. y de la Ley de Extradición Pasiva. La defensa solicitó denegar la extradición.

Fundamentos jurídicos

La ponencia pasa a explicar los fundamentos jurídicos de su decisión y refiere, en primer término, que la extradición entre el Reino de España y los Estados Unidos está amparada por la Constitución española, por el Acuerdo de Extradición entre la Unión Europea y EE. UU. y el Tratado Suplementario de Extradición y por la Ley de Extradición Pasiva.

Se advierte en segundo lugar que no hay cuestionamiento en cuanto a la identidad del reclamado pese a que en principio portaba un pasaporte con otro nombre, el cual, según declaró, le fue otorgado conforme a la legislación venezolana.

Se hace referencia a la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos a través de su embajada para procesar judicialmente a Hugo Armando Carvajal Barrios, alias “El Pollo” en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York por los delitos de asociación ilícita dolosa para involucrarse en el narcoterrorismo; asociación ilícita para importar una sustancia controlada dentro de EE. UU. y dentro del territorio de aduanas de los EE. UU. desde un lugar fuera del país, manufacturar y distribuir una sustancia controlada con intención y a sabiendas de que esa sustancia venía importada ilegalmente a los EE. UU.; uso o posesión de armas de fuego para cometer o posesión de armas durante y en relación con los delitos de sustancias controladas y colaborar e instigar en los mismos y participación en asociación ilícita para usar o poseer armas de fuego durante y en relación con los delitos de sustancias controladas y colaborar e instigar en los mismos.

Se establece que tal solicitud cumple formalmente y sin perjuicio con los requisitos legales, así como con las formalidades acostumbradas en este tipo de diligencias.

En cuarto lugar, se menciona que la defensa cuestionó la competencia del órgano judicial que emite la orden de aprehensión que determinó la detención de Carvajal, así como la que sustenta la reclamación extradicional, al considerar que en su caso los hechos objeto de la solicitud habrían acaecido fuera del territorio de EE. UU. y la aplicación de los establecido en el Código de los Estados Unidos llevaría a entender como competentes a los tribunales del Distrito de Columbia y no a los del Distrito Sur de Nueva York. El magistrado ponente desestimó los alegatos por carecer de sustento.

En quinto lugar, para negar la demanda cursada por Estados Unidos para extraditar a Hugo Carvajal, la Audiencia Nacional estimó que aun cuando la presentación del caso por parte de los Estados Unidos se sustenta en su legislación para formular los cargos en contra del reclamado y para hacer la solicitud sobre la base de que los delitos imputados son considerados como tales por ambos países, el magistrado considera que no se aprecia en relación con el reclamado Hugo Carvajal Barrios.

“Tales preceptos llevan indudablemente a concluir que la doble incriminación debe referirse a los ‘hechos’ que provisionalmente y de manera justificada —sistema anglosajón que inspira el tratado entre el Reino de España y los Estados Unidos de América— se atribuyen a la persona cuya entrega extradicional se demanda. No basta una relación de hechos que, aun siendo subsumibles en determinados tipos delictivos, no describan la conducta concreta e individualizada que se atribuye al reclamado y que integre el delito o delitos objeto de solicitud extradicional”.

Se indica en el reclamo de los EE. UU., fuera de la afirmación de que Hugo Carvajal y otros miembros del Cártel de los Soles entre los que se cita a Hugo Chávez, a Tareck El Aissami y a Diosdado Cabello, usando la cocaína como arma contra los EE. UU. además de obtener el enriquecimiento propio, trabajan con terroristas y otros narcotraficantes de América del Sur para despachar miles de kilos de cocaína desde Venezuela para su importación a estados Unidos con protección armada del referido Cartel de los Soles y las FARC, no se precisa qué actos concretos de carácter delictivo llevara a cabo el el reclamado a quien se identifica como subdirector y director de la agencia de inteligencia militar de Venezuela (DIM) en diversas fechas bajo los mandatos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, así como Cónsul y diputado, hay una descripción huérfana de determinación tanto local como temporalmente en relación con el reclamado.
En sexto lugar, el magistrado ponente estimó para negar la solicitud de extradición de Carvajal Barrios, que además de existir una “falta de un verdadero relato de hechos concretados en la persona del reclamado”, la  solicitud debe negarse por aplicación del artículo V.A4 “cuando el delito sea estrictamente militar” y del artículo 4.2° de la LEP “Cuando se trate de delitos militares tipificados por la legislación española y sin perjuicio de lo establecido al respecto en las Convenciones Internacionales suscritas y ratificadas por España”.

Luego de hacer varias referencias a lo establecido en las leyes españolas aplicables para determinar que se estaba en presencia de delitos militares cometidos por un militar, el magistrado determinó que “la conducta que las autoridades de Estados Unidos imputan a Hugo Carvajal Barrios se refieren ‘indudablemente al ejercicio del servicio de inteligencia militar’ del que fue subdirector y director, dentro de la estrategia dirigida desde la Presidencia de la República para, en coordinación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), atacar intereses de los EE. UU., mediante el transporte hacia los Estados Unidos de grandes cantidades de cocaína, proveyendo de armas a las FARC como pago de la sustancia o facilitando a los guerrilleros protección armamentística. 
Así, en el resumen de la investigación que hace el agente de la DEA (Prueba D de la solicitud extradicional) se refiere a Carvajal como, director de la agencia militar de Venezuela (División de Inteligencia Militar “DIM”), como uno de los altos funcionarios de Venezuela, miembro del denominado Cartel de los Soles, al que pertenecían el presidente Chávez y los vicepresidentes Tareck El Aissami y Diosdado Cabello, que trabajaban con los cabecillas de las FARC coordinando actividades de tráfico de drogas en Venezuela y Colombia, como ‘arma contra los Estados Unidos’ según se reseña en el punto 2 del Cargo Uno de la acusación formal de reemplazo”.

La ponencia advierte que por más repudiables que resulten los hechos señalados a Hugo Carvajal, no existen dudas de que las mismos los llevó a cabo bajo las órdenes u directrices la Presidencia de la República, en específico de Hugo Chávez frías, tal como lo declara el propio agente de la DEA.

Agrega que aun cuando se entienda que el reclamo de Carvajal Barrios por parte de Estados Unidos se sustente en unos hechos concretos y precisos constitutivos de delito, “lo que según hemos dicho no ocurre”, la conducta del reclamado debe calificarse como “delito militar”, lo que es causa obligatoria de denegación de la extradición a tenor de los establecido en las leyes. “La actuación del responsable de la inteligencia militar venezolana debe calificarse como militar en cuanto estrategia del gobierno que Hugo Armando Carvajal Barrios desplegaría dentro de sus funciones militares y de contra inteligencia”.

Del mismo modo, el magistrado Alfonso Guevara Marcos argumenta que las razones del reclamo tienen una motivación política, al demandarse la entrega del reclamado por su condición de exdirector de la DIM de Chávez y Maduro, “dentro de la estrategia estadounidense respecto a Venezuela”,  lo cual es “Causa de denegación por ‘razones políticas’ que el instrumento atribuye a la decisión del gobierno de la parte requerida”.

Estados Unidos contraataca

Una vez conocida la decisión a favor de Carvajal, representantes de la  diplomacia estadounidense solicitaron a las autoridades españolas apelar, así como también pidieron colaborar para facilitar la extradición del reclamado, acusado por delitos de narcotráfico y asociación con grupos criminales, terroristas.

Carrie Filipetti, vicesecretaria para Venezuela y Cuba del Departamento de Estado, recordó que a Carvajal se le acusa de traficar con cinco toneladas de cocaína y la manera en que los Estados Unidos trata con narcotraficantes es extremadamente clara. 

Dijo: "Creemos que deben ser llevados ante la justicia para rendir cuentas, independientemente de otros delitos que hayan podido cometer. Por lo tanto, es muy importante para nosotros que podamos tener ese apoyo España para asegurarnos de que el acusado venga aquí y pueda responder a las acusaciones en su contra".

Advirtió que se estaban haciendo todas las diligencias para que la fiscalía española continúe sus gestiones frente a la Audiencia Nacional y los órganos de justicia superiores para que se procesa a la extradición del acusado.





miércoles, 28 de junio de 2017

Marco Rubio: El gobierno de Maduro es una empresa criminal

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El gobierno de Nicolás Maduro no es solo una dictadura, sino una empresa criminal que ha quedado al descubierto, aseguró el senador Marco Rubio durante la apertura del encuentro sobre "Delincuencia Organizada Transnacional en las Américas", celebrado en el Instituto Empresarial Americano (AEI) en Washington DC, el lunes 26 de junio de 2017.

El senador por el estado de la Florida considera que el
el Crimen Organizado Trasnacional no es una amenaza nueva para los Estados Unidos y el Hemisferio Occidental, pero -definitivamente- es un asunto cada vez más peligroso que hay que atender de manera eficiente y rápida.

Un informe elaborado por el AEI señala que la delincuencia transnacional organizada es una de las grandes amenazas que enfrenta el hemisferio en la actualidad, ya sea por la mortífera crisis de opioides que afecta a las comunidades estadounidenses, por el catastrófico colapso  de Venezuela, un país rico en petróleo manejado por una pandilla debilitada, o la violencia que se experimenta en toda Centroamérica y que ha terminado por colarse en las calles de las ciudades americanas.

De acuerdo al informe de  AEI, "La crisis se pueden remontar a las redes criminales que recogen los billones de la producción de drogas ilícitas, del tráfico humano, y de la extorsión."

Si bien el gobierno de los Estados Unidos ha reconocido desde hace tiempo las amenazas que plantea la delincuencia organizada transnacional, durante años no ha hecho lo suficiente para hacer frente a dichas amenazas. Tal abandono ha llevado a la muerte y el sufrimiento de demasiadas personas, tanto en naciones de todo el hemisferio como en los EEUU.

Venezuela es una empresa criminal

En su presentación, el senador Rubio se refirió a Venezuela, señalando que el régimen de Maduro ha socavado completamente la constitución democrática de ese país. "Está encarcelando y torturando a los miembros de la oposición, ha matado a los manifestantes con impunidad, ha destruido la economía de la nación", acotó el legislador.

Rubio sostiene que Venezuela es uno de los países más ricos de la región en términos de recursos, ya que es un estado petrolero, que también posee tierras ricas para el cultivo. Sin embargo, tiene un gobierno corrupto y dictatorial que se está quedando sin dinero y no es capaz -ni siquiera- de alimentar a su propio pueblo.

"A medida que esa nación sigue derritiéndose, las crecientes redes criminales transnacionales del régimen están siendo expuestas. El gobierno de Maduro no es sólo una dictadura, sino también una empresa criminal", dijo el senador.

Recordó que el Departamento del Tesoro impuso sanciones contra el Vicepresidente venezolano Tareck El-Aissami el 13 de febrero de 2017, designándolo narcotraficante bajo la Ley Kingpin por desempeñar un importante papel en el narcotráfico internacional. Junto a El Aissami fue sancionado Samark José López-Bello como su testaferro.

Rubio hizo referencia a lo señalado en el informe de AEI, y que ha sido noticia permanente en Venezuela, "Un tribunal federal de Estados Unidos condenó a dos de los sobrinos del presidente Maduro, Efraín Antonio Campo Flores y su primo Franqui Francisco Flores de Freitas, por conspirar para enviar 800 kilos de cocaína a Estados Unidos".

Hace dos años, los funcionarios del Departamento de Justicia de EE. UU. informaron al Wall Street Journal que creían que Diosdado Cabello, ex presidente de la Asamblea Nacional, era jefe de un cartel de la droga, agregó el parlamentario.

Rubio llamó la atención de los presentes al afirmar que es escandaloso que el vicepresidente de Venezuela, los sobrinos del Presidente, el ex presidente de la Asamblea Nacional, están involucrados o han sido acusados ​​de estar involucrados en el crimen organizado transnacional.

Al referirse a Colombia, el legislador dijo que veía con creciente preocupación la implementación del acuerdo de paz con las FARC. "Muchas armas de las FARC siguen desaparecidas y demasiados miembros de las FARC se están uniendo a grupos remanentes y siguen beneficiándose del tráfico ilegal de narcóticos".

"La ayuda externa de Estados Unidos y las relaciones militares y policiales con Colombia deben continuar", aseguró Rubio. Entre el año fiscal 2000 y el año fiscal 2016, el Congreso de los Estados Unidos asignó más de $10 mil millones en ayuda bajo el Plan Colombia y estrategias sucesivas.

Considera que los miembros de las FARC que han cometido atrocidades deben ser responsabilizados por el sistema judicial colombiano. Dijo además que Colombia debe extraditar a los miembros de las FARC acusados ​​en los Estados Unidos para que enfrenten la justicia aquí.

Más allá de las FARC, la explosión del cultivo de coca en Colombia es otra preocupación importante y que ha alimentando el escepticismo sobre el acuerdo de paz. Los números de producción de coca en Colombia han aumentado constantemente durante las negociaciones de paz, aumentó en más del 141 por ciento de 2012 a 2016, incluyendo un fuerte aumento a partir de 2015.

Estos acontecimientos son probablemente el resultado directo de la decisión del gobierno de 2015 de poner fin a la erradicación del aérea de las plantas de coca. Rubio cree que fue un error haber aceptado ese aspecto dentro de las concesiones otorgadas a las FARC para lograr un acuerdo de paz en Colombia.

El legislador se refirió además al llamado "Clan del Golfo" que es la banda de drogas más grande de Colombia, al ELN, otro grupo marxista similar a las FARC que se ocupa del terrorismo y del narcotráfico, y otros grupos paramilitares conocidos como bandas criminales o bacrim, que han surgido como los principales beneficiarios de la producción de coca producción. 

Aseguró que el Clan del Golfo controla el 70 por ciento de la producción de cocaína en Colombia, según la propia policía de ese país. Y el ELN tiene un estimado de 1.500 combatientes, lo que es aproximadamente una quinta parte de la fuerza paramilitar de las FARC antes de la movilización.

En México, se ha visto una escalada asombrosa del crimen transnacional organizado. Desde 2006, cuando México comenzó su gran empuje contra esos carteles, algunos estiman que 130.000 personas han muerto. Eso es más o menos igual a la población de Gainesville, Florida. 

El senador afirmó que los carteles mexicanos están luchando para traer drogas a los EEUU que envenenan y matan a nuestra gente. Un número récord de estadounidenses, casi 60.000 personas murieron en 2016 por el consumo de las drogas.

Rubio aseguró que existe una preocupación por el aumento de la producción de la heroína mexicana, la metanfetamina, y el tráfico de fentanilo que se fabrica en China. No obstante, dijo que a diferencia de Venezuela, los EEUU tienen en el gobierno de México un socio dispuesto a trabajar contra las empresas criminales. 

Desde 2008, el Congreso de los Estados Unidos ha asignado $2.8 mil millones para los esfuerzos para combatir a los cárteles.

"La lucha, sin embargo, no se puede ganar sólo con dinero y armas. También debemos brindar asistencia a los tribunales mexicanos, a las fuerzas del orden ya los funcionarios públicos", aseguró Rubio

El informe divulgado por AEI dice que al menos 12 ex-gobernadores mexicanos fueron acusados ​​de corrupción, lavado de dinero o narcotráfico. Y destaca que 7 de 10 crímenes en México ni siquiera son reportados.

Si la gente no confía en sus instituciones, desde la policía local de sus vecindarios hasta los fiscales y funcionarios electos, el gobierno mexicano va a poder ganar esta pelea. Es por eso que seguimos luchando desde el Congreso para asegurar los fondos que van a programas que trabajan con otros países para reforzar la aplicación de la ley, el estado de derecho, y la promoción de la estabilidad y la democracia. Estos fondos tienen un impacto directo en nuestra seguridad y son esenciales este año.

Rubio dijo que se debe continuar financiando los programas de seguridad integrales para contrarrestar las organizaciones criminales transnacionales en el Hemisferio Occidental.

En Venezuela, los chavistas que están en el poder son la raíz del problema. "Y espero que podamos generar presión internacional en todos los foros posibles, incluyendo la OEA y la U.N., además de aumentar las sanciones a cualquiera que en Venezuela oprime al pueblo en todos los niveles", acotó Rubio.

El senador reiteró su apoyo al pueblo venezolano en su lucha por la libertad. "Como miembro del Comité de Apropiaciones del Senado, estoy pidiendo fondos para programas de promoción de la democracia. Cuando Maduro y sus compinches sean removidos, habrá fondos disponibles para ayudar a Venezuela a recuperarse de esta larga pesadilla", afirmó.

"En Colombia, necesitamos convencer al pueblo colombiano de que Estados Unidos apoya la implementación de todos esos elementos de seguridad, pero que se exigirán condiciones. El pueblo colombiano tendrá elecciones democráticas en 2018 y tendremos que trabajar con el nuevo gobierno colombiano para asegurar que los crímenes cometidos por las FARC no queden impunes y que las víctimas de las FARC sean adecuadamente compensadas", dijo.
Rubio alentó al gobierno de Colombia a reanudar la erradicación aérea de las plantas de coca. "La amenaza de la heroína también está en aumento, con el cultivo de adormidera ahora presente en Colombia, en Guatemala y cada vez más en México", dijo. 

-Esperamos trabajar con ellos para enfrentar agresivamente ese problema. Los actores malos de las redes criminales transnacionales deben comparecer ante la justicia mediante la utilización plena de todos los instrumentos jurídicos para atacar a los narcotraficantes y sus bienes.

Rubio dijo que en los EEUU debe desalentarse el abuso y la dependencia de las drogas.

Reiteró que los legisladores norteamericanos, el gobierno y sus pares en la región tienen mucho trabajo que realizar para lograr el éxito en la lucha contra el crimen organizado trasnacional.