Cliver Alcalá Cordones, militar acusado de ser miembro del cártel de los Soles, será sentenciado en NY tras haberse declarado culpable. Será un testigo del gobierno de EE. UU. contra "El Pollo" Carvajal

 De acuerdo a fuentes familiarizadas con el caso, el venezolano podría lograr una sentencia menor a 60 meses de prisión contando con el tiempo servido.

 Por Maibort  Petit

  El exmilitar venezolano, Cliver Alcalá Cordones será sentenciado en Nueva York, el próximo miércoles 4 de octubre, tras haberse declarado culpable de haber participado en una conspiración con las FARC. El acusado acordó colaborar con la justicia de los Estados Unidos, y será testigo clave en el caso en contra del exjefe de Inteligencia del régimen venezolano, Hugo Carvajal, alias "El Pollo", encauzado por narcotráfico en un expediente que incluye a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros miembros de la élite chavista.

  Cliver Alcalá iba a ser juzgado en la corte del Distrito Sur de Nueva York  por cargos de conspiración con el grupo rebelde colombiano FARC para enviar cocaína a Estados Unidos. No obstante, el militar se declaró culpable de los cargos de brindar apoyo material a un grupo terrorista y transferencia ilícita de armas de fuego en junio de 2023. 

 Se espera que su sentencia sea muy leve ya que exmilitar se encuentra colaborando con los fiscales en casos relacionados con exfuncionarios venezolanos. Su testimonio es crucial en el juicio por narcotráfico del exjefe de expías del régimen venezolano, Hugo Carvajal Barrios. 

  El Pollo Carvajal fue extraditado de España a Estados Unidos en  julio de 2023 para enfrentar cargos de narcoterrorismo, narcotráfico y posesión de armas. En su primera aparición en el tribunal se declaró no culpable y su equipo de defensa ha anunciado irá a juicio, aunque fuentes informaron a Venezuela Política que está negociando con los federales un posible acuerdo de culpabilidad. 

  Carvajal Barrios está siguiendo los pasos de su compañero de armas y de faena, Alcalá Cordones quien se declaró inocente de esos cargos imputados poco después de entregarse a agentes estadounidenses en Colombia en 2020. Luego de dos años y medios de negociaciones cambió su declaración a culpable de los cargos de brindar apoyo material a un grupo terrorista y transferencia ilícita de armas de fuego, según los registros judiciales.

   La defensa de Alcalá Cordones dijo en comunicado en junio de 2023 que "El general  aceptó un acuerdo de culpabilidad ampliamente negociado en el que se declaró culpable de delitos menores no contenidos en la acusación en su contra: brindar apoyo material a las FARC cuando era un general venezolano. Esta resolución no incluye ningún delito de narcóticos".

¿Quién es ?

  El exfuncionario del régimen venezolano fue uno de los militares que acompañó a Hugo Chávez Frías en la asonada golpista con el gobierno de Carlos Andrés Pérez el 4 de febrero de 1992. Ocupó puestos claves en claves en la administración de Chávez, habiendo encabezado en 2002, la intervención de la Policía Metropolitana, entonces bajo el mando del alcalde Alfredo Peña. En 2008 fue jefe de la Guarnición de Valencia y después fue líder de la Guarnición de Maracay. Fue señalado por el exmagistrado del Tribunal Superior de Justicia, Eladio Aponte Aponte, de estar incurso en delitos de narcotráfico. En 2013 fue comandante general de la Región de Defensa Integral Guayana (REDI-Guayana).

La entrega

 Cliver Alcalá se entregó ante la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia el 27 de marzo de 2020, un hecho que ocurrió luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo integrara a la lista de solicitados y ofreció USD 10 millones de recompensa por su captura.

La acusación original

   El 26 de marzo de 2020, Cliver Alcalá Cordones, fue acusado por el gobierno de los Estados Unidos por supuestamente participar, junto a Nicolás Maduro y otros altos jerarcas de su régimen y aliados ideológicos —Diosdado Cabello, Hugo Carvajal, Luciano Martín Arango, alias “Iván Márquez”, y Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich”— de participar en delitos de narcotráfico.

  En total, fueron acusados 14 funcionarios venezolanos, indicándose que Cliver Alcalá era uno de los lugartenientes de Maduro que actuaba —con todo el clan— para “inundar Estados Unidos con cocaína para socavar la salud y el bienestar de nuestra nación. Maduro usó cocaína de forma muy deliberada como arma”, de acuerdo a lo argumentado por los fiscales.

   Los cargos presentados contra Cliver Alcalá Cordones son: 

(1) participar en una conspiración de narcoterrorismo, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 20 años y un máximo de cadena perpetua en prisión; 

(2) conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, lo que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años y un máximo de cadena perpetua; 

(3) usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de las conspiraciones de narcoterrorismo e importación de cocaína, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 30 años y una pena máxima de cadena perpetua; y 

(4) conspirar para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover las conspiraciones de narcoterrorismo e importación de cocaína, que conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua en prisión.

De socios a enemigos

   De participar en la asonada militar y luego del oficialismo chavista que se instituyó en Venezuela desde el ascenso de Hugo Chávez al poder, de compartir con su heredero, Nicolás Maduro, supuestamente, en actividades de narcotráfico a través del Cartel de los Soles, Alcalá Cordones se declaró enemigo del dictador venezolano.

  Quien fuera uno de los hombres de confianza del finado expresidente, Hugo Chávez, se habría deslindado de su sucesor a quien ahora combate desde todas las instancias.

  De hecho, él y otros exministros de Hugo Chávez conformaron la “Plataforma por la Defensa de la Constitución Bolivariana” y se pronunciaron en contra de Maduro, advirtiendo el “avance gradual pero sostenido y permanente en la limitación y eliminación de los derechos constitucionales de los ciudadanos y ciudadanas y de las organizaciones del pueblo venezolano”.

  Tras el deslinde con el régimen de Maduro, Cliver Alcalá huyó a Barranquilla, Colombia, donde vivió dos años hasta el 27 marzo de 2020, fecha en la que se entregó a las autoridades de ese país para ser extraditado a los Estados Unidos. Entonces, acusó al mandatario de emprender una campaña de destrucción en su contra.

Los hechos y argumentos de la acusación

  Las actividades de narcotráfico entre Alcalá Cordones y Nicolás Maduro habrían comenzado —de acuerdo a los documentos del tribunal— en 1999 y se extendieron hasta 2020, por lo que la supuesta ruptura con el mandatario tendría que haber ocurrido para esta última fecha.

   Los imputados, según la acusación, participaron en una conspiración narcoterrorista corrupta y violenta de la que formaron parte el Cartel de los Soles venezolano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Este última se convirtió en uno de los mayores productores de cocaína del mundo y perpetró actos de violencia contra ciudadanos y bienes de Estados Unidos. Entretanto, el Cartel de los Soles es una organización venezolana de narcotráfico compuesta por funcionarios venezolanos de alto rango que corrompieron la institucionalidad para facilitar la importación de toneladas de cocaína a EE. UU.

  Maduro, Alcalá Cordones, Carvajal barrios, Cabello Rondón actuaron como líderes y gerentes del referido Cartel de los Soles y la conspiración narcoterrorista de las FARC.

  La acusación describe una serie de eventos desarrollados a partir de las instrucción que en 2005 el finado Hugo Chávez dictó a Nicolás Maduro, para entonces diputado de la Asamblea Nacional, así como a jueces —juez que se negara debía ser destituido—y otros altos funcionarios para que protegieran a las FARC. Ese año Venezuela finalizó su colaboración con la DEA.

    En 2006 Chávez nombró a Maduro como Canciller y ese mismo año las FARC le pagaron a este USD 5 millones en ingresos provenientes de la droga, a través de un tercero, en relación con un esquema de lavado de dinero que formaba parte de la conspiración del narcoterrorismo. En 2008, Diosdado Cabello, Hugo Carvajal y Cliver Alcalá acordaron en una reunión que este último asumiría funciones adicionales coordinando las actividades de narcotráfico del Cartel de Los Soles y las FARC.

Apoyo a  Juan Guaidó

  Dos días antes de su arresto en Colombia, las autoridades neogranadinas incautaron un arsenal de armas que, supuestamente, estaba destinado a una operación para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro.

  Presuntamente, Cliver Alcalá Cordones participó en este movimiento en el que también formó parte Juan Guaidó quien con Juan José Rendón suscribió un contrato con un mercenario estadounidense para que comandara la operación de derrocamiento[1]. Juan Guaidó negó tener relación con Cliver Alcalá y el armamento en Colombia.

  El Juez de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Alvin K. Hellerstein fijó la sentencia para el 4 de octubre de 2023. El exmilitar enfrenta una condena de más de 10 años de prisión pero la misma será menos severa debido a que el acusado está colaborando con la justicia de los Estados Unidos.

  Fuentes cercanas al caso informaron que el rango de sentencia que recibiría el militar estaría en un tiempo no mayor a los 60 meses de cárcel, debido a los niveles de colaboración que el acusado tiene con los fiscales federales.

REFERENCIAS

[1] Venezuela Política. “Se inicia en Nueva York el proceso judicial contra Cliver Alcalá Cordones, presentación inicial se hizo vía telefónica”. 31 de marzo de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/03/se-inicia-en-nueva-york-el-proceso.html

[2] Venezuela Política. “Conoce los últimos detalles del caso de Cliver Alcalá Cordones en corte de Nueva York”. 29 de junio de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/06/conoce-los-ultimos-detalles-del-caso-de.html

[3] Venezuela Política. “Clíver Alcalá Cordones pide a la corte un abogado de oficio porque no tiene dinero para pagar los privados”. 29 de junio de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/06/cliver-alcala-cordones-pide-la-corte-un.html

[4] Venezuela Política. “Juez de Nueva York ordena a Clíver Alcalá Cordones demostrar que no tiene dinero para pagar su defensa”. 2 de julio de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/07/juez-de-nueva-york-ordena-cliver-alcala.html

[5] Department of Justice. “Nicolás Maduro Moros and 14 Current and Former Venezuelan Officials Charged with Narco-Terrorism, Corruption, Drug Trafficking and Other Criminal Charges”. 26 de marzo de 2020. https://www.justice.gov/opa/pr/nicol-s-maduro-moros-and-14-current-and-former-venezuelan-officials-charged-narco-terrorism

[6] Policía Nacional de Colombia. “Incautamos un gran cargamento de armas de fuego”. 25 de Marzo de 2020. https://www.policia.gov.co/noticia/incautamos-gran-cargamento-armas-fuego

[7] Infobae. “El general venezolano Clíver Alcalá Cordones se entregó en Colombia y será extraditado a los Estados Unidos”. 27 de marzo de 2020. https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/03/27/el-general-venezolano-cliver-alcala-cordones-se-entrego-en-colombia-y-sera-extraditado-a-los-estados-unidos/

[8] El Nacional. “Juan Guaidó negó tener relación con Cliver Alcalá y el armamento en Colombia”. 29 de marzo de 2020. https://www.elnacional.com/venezuela/juan-guaido-nego-tener-relacion-con-cliver-alcala-y-el-armamento-en-colombia/

[9] El Nacional. “Clíver Alcalá Cordones discute declararse culpable en Estados Unidos”. 17 de septiembre de 2021. https://www.elnacional.com/venezuela/cliver-alcala-cordones-discute-declararse-culpable-en-estados-unidos/

[10] El Nacional. “Clíver Alcalá Cordones no tiene intención de declararse culpable”. 27 de septiembre de 2021. https://www.elnacional.com/venezuela/cliver-alcala-cordones-no-tiene-intencion-de-declararse-culpable/

[11]  Departamento del Tesoro de EEUU saca a Cliver Alcalá Cordones de la lista ‘capos del narcotráfico. 1 de diciembre de 2021.  https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg1295.aspx

Continúa el contrapunteo entre Cliver Alcalá Cordones y la fiscalía por entrega de pruebas que supuestamente lo exculparían

  El gobierno sostiene que al militar venezolano se le han entregado todas las evidencias que ha pedido y aún más.

Por Maibort Petit

    En la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Clíver Alcalá Cordones, acusado de crímenes de narcoterrorismo, sigue en la brega para que la fiscalía haga entrega de unas supuestas evidencias que, según su defensa, 'lo exculparían' de los delitos que se le imputan y, más aún, demostrarían su divorcio del régimen de Nicolás Maduro, su oposición al mismo y las acciones que ha llevado a cabo para que se concrete el fin de la dictadura venezolana.

  El 11 de octubre de 2022, el Fiscal de los Estados Unidos Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, a través de sus fiscales auxiliares, Kaylan E. Lasky y Kyle A. Wirshba, remitió al juez, Alvin K. Hellerstein, las versiones redactadas de los memorandos de ley pertinentes para el expediente público del caso que se ventila en dicha instancia judicial entre los Estados Unidos y Clíver Antonio Alcalá Cordones.

  El gobierno refirió al magistrado que Alcalá Cordones presentó el 11 de mayo de 2022 una moción sellada cuya respuesta de la fiscalía en oposición, también sellada, fue entregada al tribunal el 15 de junio de 2022.

La moción sellada de Alcalá Cordones

  El 11 de mayo de 2022, los abogados de Clíver Alcalá Cordones, presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, un Memorándum de ley en apoyo de la moción renovada por el solicitada para la producción de material de conformidad con Brady v. Maryland y la Regla Federal de Procedimiento Penal 5(F).

   El acusado insiste en que la Corte debe obligar a la fiscalía a cumplir con lo establecido en la norma. Refiere que es necesario que el gobierno presente la evidencia de demuestra la hostilidad y la rebelión armada del general Alcalá Cordones contra Nicolás Maduro y sus otros presuntos cómplices, pues el material, a juicio de la defensa, demostraría que el acusado se retiró de la conspiración acusada en 2014. Se trata de pruebas exculpatorias que la fiscalía debe entregar.

  Recuerdan que Alcalá Cordones se retiró del ejército en julio de 2013, tras 30 años de servicio y luego de que se produjera la muerte de Hugo Chávez en marzo de dicho año. Luego de eso, anunció públicamente su antipatía con el régimen de Maduro y, poco después, en 2014, se sumó a la sociedad civil que se oponía abiertamente al gobierno. En 2017, se comprometió en derrocar a Maduro mediante una insurrección armada y, entre ese año y 2020 mantuvo varias reuniones con oficiales de la CIA y oficiales de inteligencia colombianos para discutir la referida revuelta.

  Se indica en el memorándum que la acusación original de este caso fue presentada en 2011 únicamente contra Hugo Carvajal, a quien se señaló de participar en una conspiración de narcóticos. 

  En 2019, una acusación de reemplazo seguía solamente demandando a “El Pollo”. Entretanto, Alcalá Cordones seguía participando en complot contra Maduro. 

  El 5 de marzo de 2020, una segunda acusación de reemplazo incluye en la conspiración de narcotráfico y delitos conexos a Cliver Alcalá Cordones, junto a otros imputados. En esta segunda acusación se dice que el demandado participó en una conspiración de narcoterrorismo que contemplaba más de 20 años y lo señaló de formar parte del Cartel de los Soles. Sin embargo, a pesar de contemplar 21 años de conspiración, los abogados refieren que a su cliente sólo se menciona una vez en 2008, cuando junto a Diosdado Cabello y Hugo Carvajal, habría participado de una reunión en la que se le encomendaron labores adicionales de coordinación del referido Cartel de los Soles.

  Refiere en memorándum que el 30 de octubre de 2020, el tribunal ordenó la entrega de material según Brady, pero hasta la fecha solamente se ha hecho revelaciones parciales de hechos comprendidos entre 2016 y 2020 a la defensa.

 Se indica que el 22 de noviembre de 2021, el General Alcalá Cordones demandó del gobierno material Brady sobre testigos y miembros del gobierno de EE. UU. que conocían su participación en dos intentos de golpe, así como la planificación de un tercero, contra el gobierno de Maduro. 

  Luego, el 28 de enero de 2022 presentó mociones previas al juicio que incluían el material Brady y el 17 de marzo de 2022 la corte denegó la primera moción argumentando que no era necesaria una orden porque el gobierno parecía estar cumpliendo con sus obligaciones. 

  Después, el 29 de marzo de 2022 mantuvo una reunión con el tribunal ex parte  sobre la solicitud pendiente del gobierno de una orden de protección de conformidad con la Sección 4 de la Ley de Procedimientos de Información Clasificada. A raíz de esto, Alcalá Cordones presentó la actual moción renovada  para la divulgación del material Brady en posesión del gobierno el cual comprobaría su retiro, en caso de que así fuere, como resultado de su oposición al régimen de Nicolás Maduro.

  Entre otros materiales no divulgados, Cliver Alcalá Cordones exige a la fiscalía toda la documentación de la reunión del 13 de noviembre de 2013 entre el acusado y el agente de la DEA, Slade Searight, en Madrid; así como de la reunión del 23 de julio de 2014 con el fiscal Michael Lockard y los Agentes de la DEA Sandalio González y Gregg Mervis en Bogotá, Colombia.

La oposición del gobierno

  La fiscalía para el Distrito Sur de Nueva York, a través de los fiscales auxiliares, Kyle A. Wirshba y Kaylan E. Lasky, presentó un memorandum en oposición a la moción de Clíver Alcalá Cordones.

  El gobierno sostiene que el acusado está equivocado, primero, porque la conspiración de narcoterrorismo imputada tiene un plazo de prescripción de al menos ocho años y no de cinco años. Por ello, sostiene la fiscalía, aunque Alcalá se hubiera retirado de la conspiración en 2014, seguiría siendo culpable de de la conspiración de narcoterrorismo. 

  Asimismo, la fiscalía asegura que ha cumplido y superado sus obligaciones en lo atinente a la presentación de pruebas, tanto por la norma como Brady y otras, pues al demandado se le proporcionó material de varios casos acusados diferentes, de una investigación en curso por parte de la fiscalía para el Distrito Sur de Florida y de cada una de las reuniones del demandado con agentes de la DEA y fiscales.

  El gobierno advirtió que el material solicitado por Cliver Alcalá Cordones no está en posesión de los fiscales acusadores ni de ninguna agencia que haya participado en las investigaciones, por lo que el tribunal debe denegar la petición del acusado.

  El memorando de oposición refiere que los cargos de la acusación tienen que ver con hechos ocurridos en los que los acusado participaron entre 1999 y 2020 y en los que están involucrados el Cartel de los Soles y las FARC.

  Del mismo modo, el gobierno advierte que en la Oposición del Gobierno a las Mociones Previa al Juicio queda establecido el papel de líder de Cliver Alcalá Cordones en el Cartel de los Soles, lo que contemplaba el brindarle seguridad a Luciano Marín Arango alias  “Iván Márquez”, uno de los más altos cargos de las FARC. 

 Además, los fiscales dicen que la evidencia deja clara la participación de Alcalá en varias reuniones con otros integrantes del referido cartel y con narcotraficantes asociados al grupo terrorista colombiano. En esos encuentros se planificó cómo el Cartel de los Soles cooperaría con las FARC en las actividades de narcotráfico y, además, conspiraron para suministrar armas a dichos terroristas.

  El gobierno hizo un largo recuento de la entrega del descubrimiento a la defensa y de las distintas diligencias que se han desarrollado en el proceso judicial.

  La fiscalía especificó, respecto al material solicitado por la defensa, que el 4 de septiembre de 2020, presentó notas de una reunión del 16 de julio de 2014 entre Alcalá, sus abogados, agentes de la DEA y fiscales de Nueva York; el 13 de junio de 2020, entregó notas de la reunión del 13 de noviembre de 2013 con agentes de la DEA en Madrid. También se produjo un informe de la DEA de una reunión de Alcalá y la DEA el 7 de abril de 2014.

 En esos encuentros el acusado negó su participación en el narcotráfico, pero los registros muestran su admisión de tener relación con las FARC y de asistir a una reunión de Marín y Hugo Carvajal. Allí Carvajal ofreció lanzacohetes a las FARC y unos 15 días después de esto, Carvajal entregó lanzacohetes a Alcalá, quien a su vez los entregó a las FARC.

  La fiscalía pidió que el tribunal desestime el pedido de Cliver Alcalá Cordones.

 

Conozca quién es Carlos Orense Azócar alias “El Gordo”, el narco ligado al Cártel de los Soles enjuiciado en NY

  Su papel en la organización criminal era como operador logístico, una posición a la que habría llegado gracias a sus conexiones con “El Pollo Carvajal” y Pedro Luis Martín Olivares.

Por Maibort Petit

  Una de las piezas claves en la estructura logísticas del denominado Cartel de los Soles se enfrenta a la justicia de los Estados Unidos en una Corte de Nueva York. Se trata de Carlos Eduardo Orense Azócar, alias “El Gordo”, quien es acusado de cuatro cargos de narcotráfico y posesión de armas.

  Luego de haber sido detenido en una pensión de Casalvieri, una localidad de la provincia de Frosinone, Italia, en mayo de 2021, Orense Azócar fue extraditado en junio de 2022 atendiendo a un pedido del gobierno de EE. UU. formulado un año antes. Su primera comparecencia ante la justicia estadounidense se produjo el 23 de junio de este 2022 en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York donde se declaró inocente de cuatro cargos de narcotráfico.

  Específicamente, se le señala de (1) Conspiración para producir, manufacturar, distribuir y poseer sustancias prohibidas por las leyes de los Estados Unidos (Cocaína); (2) Conspiración para violar las leyes marítimas de lucha contra las drogas por haber utilizado barcos, cargueros productos con cocaína, en violación del Título 21 del Código de EE. UU.; (3) Posesión de Armas de alto calibre, ametralladoras, y artefactos de destrucción para defender su empresa criminal de cocaína; y (4) Conspiración para poseer armas de alto calibre, ametralladoras y artefactos de destrucción[1].

  Igualmente, durante esta primera cita con la justicia de EE. UU., el acusado se declaró insolvente, por lo que la juez Valerie Figueredo, revisó su declaración financiera jurada y le designó un defensor público. Del mismo modo, el caso se remitió al juez de distrito Vernon S. Broderick[2].

  De acuerdo a la información que se maneja proveniente de fuentes policiales venezolanas, Carlos Orense Azócar dentro de la estructura del Cártel de los Soles estaba encargado de coordinar los envíos, de la logística del dinero, así como del envío de la droga al exterior. Este hombre habría manejado alrededor de 40 por ciento de las 40 toneladas que supuestamente moviliza el cartel.

Los antecedentes de “El Gordo”

  El historial de Carlos Eduardo Orense Azócar siempre ha estado ligado a lo irregular, por cuanto en su haber este hombre, quien trabajó en el Ministerio de Finanzas en 1989, enfrentó una demanda que le entabló un banco privado en enero de 2011 por el impago de una deuda por tarjetas de crédito. Por este hecho, el Juzgado del Área Metropolitana de Caracas le dictó prohibición de enajenar y gravar sobre un inmueble del que era propietario.

  Del mismo modo, fue al banquillo de los acusados por la muerte de quien era señalado como su socio, Carlos Ramón Cedeño. El hecho ocurrió el 20 de noviembre de 2011, en El Tigre, estado Anzoátegui, caso, cuando en medio de una riña “El Gordo” mató a Cedeño y luego alegó defensa propia. Consiguió beneficios procesales y no cumplió su condena completa.

 Se habría desempeñado como interventor de aduanas en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía y también habría trabajado bajo las órdenes del exdirector de contrainteligencia de la vieja Disip, Pedro Luis Martín Olivares, quien es señalado de la comisión hechos de narcotráfico[3].

 La acusación que Estados Unidos le formula sostiene que habría conspirado para importar droga a territorio estadounidense a través de una trama criminal que operó en Venezuela, Colombia, República Dominicana y México entre los años 2003 y 2021.

Su papel en el Cartel de los Soles

 Como se sabe, el Cártel de los Soles es una organización criminal integrada por militares y altos funcionarios gubernamentales del régimen chavista, teniendo entre sus cabecillas, a Diosdado Cabello y Tareck El Aissami, como figuras principales. Según los datos que hasta la fecha se manejan en los órganos de investigación estadounidenses, el Cartel de los Soles estaría integrado por “17 generales venezolanos en activo y con altos cargos, cuatro exministros del chavismo, seis jueces, una larga lista de funcionarios de la administración pública y cinco acaudalados empresarios que se pusieron al servicio del narcotráfico”.

  Versiones de prensa señalan que Carlos Orense Azócar dentro del Cartel de los Soles trabajaría con Pedro Luis Martín Olivares y Hugo “El Pollo” Carvajal, el primero de ellos, responsable de la logística de la organización criminal. Por ello, su aprehensión y extradición a los EE. UU. supondría un gran peligro para Diosdado Cabello en razón de la información que maneja[4].

“El Gordo”, refieren las investigaciones, desde su posición como colaborador en las operaciones del cártel, habría ayudado a legitimar dinero de Tareck El Aissami en alianza con Samark López Bello, tenido como uno de sus testaferros.

  Carlos Orense Azócar supuestamente fue conectado con Tareck El Aissami cuando se desempeñaba como ministro del interior entre los años 2008 y 2012, a través del exjefe de inteligencia financiera de la policía política venezolana, Pedro Luis Martín Olivares, y del general Hugo Carvajal. Mediante esta conexión, “El Gordo” también estrechó su vínculo con Walid Makled.

  Toda esta estructura que lo ligaba a los servicios de inteligencia, le habría permitido a Carlos Orense Azócar, operar desde una oficina en la sede del Sebin ubicada en El Helicoide. Habría sido de esta manera como, presuntamente, trabajó con capos colombianos en el traslado de droga por vía terrestre al centro del territorio venezolano con protección del referido servicio de inteligencia y de la Guardia Nacional.

  Esta conexión con El Pollo Carvajal y Martín Olivares, le permitió a Carlos Orense Azócar manejar el envío de cocaína a República Dominicana a través de lanchas, así como el paso de la droga entre Colombia y Venezuela por aire y tierra. La finca “Los Garañones” en Guárico habría sido centro de despacho de por lo menos ocho cargamentos.

“El Gordo” también está ligado a una empresa de energía con sede en Nueva York, la cual le permitió, de acuerdo a las investigaciones, obtener contratos de suministro para PDVSA y, al mismo tiempo, camuflar el dinero ilícito de las operaciones de narcotráfico entre 2004 y 2009. Se determinó que la asignación de contratos a la empresa energética ligada a Carlos Orense Azócar, fue posible gracias a su relación con el entonces presidente de CITGO, Luis Marín. El otro respaldo necesario para llevar a cabo estas operaciones y obtener los pagos de la filial de la estatal petrolera venezolana, habría sido Eudomario Carruyo, expresidente de finanzas de Petróleos de Venezuela.

 Otro apoyo necesario a Orense Azócar provino supuestamente de la oficina de identificación venezolana, Saime, donde se les suministraron pasaportes a los diversos grupos para legitimar el dinero del narcotráfico con colaboración del Banco Peravia de República Dominicana[5].

 El papel de Orense Azócar dentro de la organización criminal del cártel de los Soles también la corroboran datos obtenidos en una amplia investigación del portal de periodismo Itemp, en la cual se estableció que “El Gordo” pudo llevar a cabo todas sus operaciones irregulares, gracias al respaldo que la brindó su relación con “El Pollo Carvajal” y Martín Olivares

  En una entrevista formulada por Itemp a uno de los fiscales refirió que el testimonio de Antonio Arvelaiz, detenido en 2017 por sus vínculos con el blanqueo de capitales, sirvió para instrumentar los expedientes de Carvajal y Martín Olivares. “‘El Pollo’, al igual que Pedro Luis, nos proporcionó credenciales de los servicios de inteligencia venezolanos que permitieron a Orense Azócar viajar tranquilamente por Venezuela; nos entregó armas de servicio y suministró vehículos del Estado”, informó Arvelaiz al fiscal, de acuerdo a lo indicado por Itemp.

 Agrega el trabajo periodístico que El Gordo, El Pollo y Martín Olivares “‘cobraban un porcentaje por la custodia y paso de la droga, por la instalación de radares aéreos para el despegue de aeronaves y resguardo y salida de embarcaciones’, dijo Arvelaiz, el motor financiero de la organización liderada por ‘El Gordo Orense’”, se lee en la nota de Itemp[6].

  Tocará ahora que la fiscalía de los Estados Unidos pruebe todas estas acusaciones contra Carlos Eduardo Orense Azócar en el proceso judicial que recién se inicia.

[1] Venezuela Política. “Narcotraficante venezolano alias ‘El Gordo’ se declara no culpable en un tribunal de Nueva York". 24 de junio de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/06/narcotraficante-venezolanos-alias-el.html

[2] https://cvvnews.com/the-fall-of-carlos-orense-azocar-the-drug-trafficker-linked-to-chavismo/ The fall of Carlos Orense Azocar, the drug trafficker linked to Chavismo

[3] Suprema Injusticia. “Presunto operador del Cártel de Los Soles está en manos de justicia de EEUU”. 13 de julio de 2022. https://supremainjusticia.org/presunto-operador-carte-de-los-soles/

[4] https://cvvnews.com/the-fall-of-carlos-orense-azocar-the-drug-trafficker-linked-to-chavismo/

[5] Diario Las Américas. “El imperio del narcotráfico estuvo al servicio de Hugo Chávez”. 8 de junio de 2018. https://www.diariolasamericas.com/america-latina/el-imperio-del-narcotrafico-estuvo-al-servicio-hugo-chavez-n4152829/amp

[6] Itemp. “The darkest secrets of a spy chief”. 30 de diciembre de 2020. https://www.itempnews.org/2020/12/30/the-darkest-secrets-of-a-spy-chief/

 

Hermanos Khalil Majzoub: ¿Empresarios surgidos a la sombra del chavismo? (II Parte)

  En esta segunda entrega seguimos dando a conocer aspectos relacionados con los empresarios de origen libanés señalados de haberse enriquecido irregularmente gracias a los favores del chavismo.

Por Maibort Petit

  De Majed Khalil Majzoub y Khaled Khalil Majzoub no solamente se ha dicho que se hicieron millonarios gracias a las supuestas relaciones turbias con la dirigencia chavista, sino que también presuntamente han amparado el terrorismo, el narcotráfico y se han dedicado a la estafa.

   De hecho, en estas páginas damos a conocer una denuncia sobre el supuesto timo que los Khalil Majzoub le hicieron a otro empresario venezolano.

Las acusaciones de Chambra

   Los hermanos Khalil fueron acusados de fraude por otro empresario. Antonio Chambra, presidente de la cadena de tiendas Traki CCB Plus C.A., en 2013, a través de una carta los señaló de haberlo estafado.

  En la misiva, Chambra narró que el 13 mayo del 2013 los llamaron Khaled y Majed Khalil Majzoub para ofrecerle en venta un monto determinado de dólares en una estructura paralela al régimen de cambio de divisas preferenciales que tenía establecido el gobierno venezolano. Explicó que en razón de que no tenía acceso a dólares divisas preferenciales por no operar con productos de primera necesidad, “habitualmente hacemos este tipo de operaciones estructuradas para honrar nuestros compromisos con nuestros proveedores internacionales y mantener nuestras tiendas en óptimo abastecimiento para atender los requerimientos del pueblo venezolano, especialmente los de menores recursos. Razones por las cuales nos mostramos muy interesados en la operación ofrecida por el Sr. Carlos Khalil”.

   Refirió que los parámetros de la operación eran los habituales y conocidos en el mundo financiero, por lo que cerraron la compra de USD 10 millones a la tasa de cambio establecida en BsF.21 por dólar. Acordaron el 17 de mayo como la fecha de pago de los bolívares en las cuentas de los Khalil en Banplus y el 24 de mayo como la fecha de pago de los dólares en cuentas de los proveedores de Chambra en China directamente.

  El pago por parte de Khalil Majzoub no se produjo en la fecha prevista y alegaron “una demora puntual en la logística de PDVSA de donde ellos supuestamente recibirían los fondos, y nos pidieron una semana adicional inicialmente. Luego fueron extendiendo las fechas en días, luego semanas, y luego meses. Ante nuestra preocupación por la falta de pago y de la devaluación agresiva que sufría específicamente la tasa de cambio en el mercado paralelo, ellos siempre mantuvieron su compromiso absoluto de honrar nuestra operación alegando que ellos ya habían comprado las divisas, que estaban en su poder y que era cuestión de días estructurar el pago a cuenta de nuestros proveedores”.

  Indica que fue el 23 de octubre de 2013 cuando los Khalil hicieron dos pagos de un millón de dólares cada uno a dos de los proveedores de Chambra y prometieron hacer el resto de las cancelaciones en las semanas siguientes, lo cual nunca ocurrió. En noviembre del mismo año, “Carlos [Khaled] Khalil nos dijo que el no piensa honrar el pago restante de los US$8 Millones, diciéndonos que si queríamos nos pagaba el equivalente de esos Dólares en Bolívares al tipo de cambio insuficiente de Bs.28 cuando el tipo de cambio paralelo al que nosotros honramos nuestras deudas internacionales para esa fecha ya rondaba los Bs.70”.

  Chambra asegura que, incluso, recibió amenazas personales y económicas por parte de los hermanos Khalil que el propietario de Traki manifestó no estar dispuesto a aceptar. “Es por ello que no estamos dispuestos a dejarnos atropellar por alguien que en vez de apelar a su buena fe y a sus vastos recursos económicos (Documentos adjuntos en anexos diversos donde se demuestra su relación directa a más de 54 empresas y sus posiciones económicas y participación en diversos proyectos adjudicados por el estado) para hacer frente a sus obligaciones, decide apelar a las amenazas y a escudarse en su mal uso y abuso de sus supuestas relaciones, amistades e inclusive sociedades económicas con reconocidas figuras de la política nacional, que no harían más que horrorizarse y repudiar el uso vil, mezquino e injuriante de sus nombres y de su imagen personal y posición pública por parte el Sr. Khaled Khalil con la simple finalidad de extorsionar a comerciantes cuyo único error apostar a la prosperidad y al desarrollo económico de Venezuela de buena fe”[1].

Sobre Majed Khalil Majzoub

  Majed Khalil Majzoub nació el 23 de abril de 1970, es portador de la Cédula de Identidad número V-13.526.338 y está registrado en el la parroquia Baruta, municipio Baruta, estado Miranda[2].

De acuerdo al portal Poderopedia[3], se trata de empresario de origen libanés que tiene que ver con un conjunto de empresas que, a saber, son Hardwell Technologies, Pacific Rim Energy, Petroltect Fluidos de Venezuela, Editorial Exito XXI, Serfoca y KK Inversiones, todas registradas en Panamá. En Venezuela mantendría vínculos —según señalan versiones de prensa y surge del cruce de nombres entre las compañías— con Eveba, Sun Channel, Serviseguros y Seguros Universitas. También habría registrado seis firmas en España entre 2012 y 2014.

  Es el hermano menor del también empresario Khaled Khalil Majzoub, dueño de Prospisca, una empresa que es propiedad de la atunera Eveba.

   De los dos hermanos, Majed quien comenzó a amasar su fortuna en 1999, a la par de la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela, es el que ha tenido más encontronazos con las autoridades, tanto venezolanas como estadounidenses. De hecho, pese a sus relaciones con el chavismo, en febrero de 2010 fue detenido por unos pocos días en la sede de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) en Boleíta, Caracas, un percance del cual logró salir bien librado por una decisión judicial que lo amparó ante la solicitud de la Fiscalía Militar. 

  La detención obedeció a un proceso por incumplimiento de un contrato de USD 5 millones suscrito con la Dirección General Sectorial de Inteligencia Militar para la compra de la plataforma informática de esa instancia como parte del Proyecto Millenium 2001. El contrato se había otorgado el 31 de diciembre de 2002 a su compañía Hardwell Computer Inc., la cual está registrada en Florida.

  Se había iniciado en 2009 una investigación contra Majed y su empresa por orden de la Fiscalía Militar inició el proceso penal en un tribunal militar. En aquel entonces, Hugo Carvajal se desempeñaba como director de la DIM. A pedido del Ministerio de la Defensa se inició también una demanda civil para el cobro de la fianza a la empresa Seguros Altamira, fiadora de Hardwell.

  Poderopedia refiere que del proceso penal no se tiene más información desde noviembre de 2010, cuando se conoció el levantamiento de la medida de presentación cada ocho días y prohibición de salida del país.

  Aunque ya la información ya no se refleja en El Nuevo Herald, Poderopedia refiere que una nota publicada en ese medio en 2004, bajo la firma del periodista Gerardo Reyes, el gobierno de los Estados Unidos decidió revocar la visa de Khaled Khalil Majzoub. La reseña indicó que “Una fuente cercana a la embajada de EEUU en Caracas, que pidió no ser identificada, dijo que el gobierno federal ha tenido bajo la mira los movimientos financieros y las exportaciones a Venezuela de una empresa en la Florida de la que son socios Majed y su hermano Khaled”.

  Agrega que el empresario le aseguró a Reyes que la embajada le informó que la negativa obedecía a razones de Estado. Majed Khalil Majzoub manifestó su malestar y aseguró que sus relaciones comerciales con EE. UU. eran óptimas y mantenía sus cuentas en ese país, pues no tenía nada que ocultar. Precisó que su empresa Hardwell representaba en Venezuela a Raytheon, “la multinacional de Massachusetts especializada en equipos de defensa y que tiene millonarios contratos con el gobierno de EEUU”.

Los negocios de Majed

  El portal Resistencia 58 revela que Pacific Rim Energy (Prenergy), es una empresa que está inscrita en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) con el RIF J295000430. Su sede es en El Rosal, Caracas, y su capital de 34 millones de bolívares. Como propietario figura Khaled Khalil Majzoub.

  Agrega que Prenergy suscribió contratos para ejecutar obras del sistema eléctrico venezolano, entre las que cita las termoeléctricas Josefa Camejo (Falcón), Alberto Lovera (Anzoátegui) y Ezequiel Zamora (Guárico).

  Refiere la nota que el diputado a la Asamblea Nacional para la época, Juan José Molina, pidió en 2010, una investigación a Diosdado Cabello, entonces ministro de Obras Públicas, así como sus supuestas vinculaciones a Khaled Khalil Majzoub. El parlamentario dijo que las empresas de Khalil Majzoub eran las “preferidas” del sector público siendo recurrentemente favorecidas con contratos de ejecución de proyectos y prestación de servicios, de los cuales muchos estarían avalados por Cabello. El entonces parlamentario agregó que todos los trabajos eléctricos encargados a la compañía del empresario presentaban retrasos superiores a un año. Molina dijo que se sospechaba que el libanés pudiera ser un “testaferro de Cabello”[4].

  Entretanto, Poderopedia refiere que, en estados Unidos, Majed khalil Majzoub tenía registradas las empresas Hardwell Technologies y Orinoco International Trading, las cuales están inactivas desde 2010.

  Hace mención también a los contratos que Pacific Rim Energy recibió para obras de construcción de plantas eléctricas en 2005 para construir, mencionando este portal la Josefa Camejo, en Paraguaná y la de Cabrutica en Anzoátegui. Esto ocurrió cuando Nervis Villalobos fungía como viceministro de Energía Eléctrica. Cinco años después sólo habían concluido una de las obras.

  Todos los contratos los hizo junto a la estadounidense Pro Energy, que es la empresa que en 2009 se alió con Derwick, para comprar equipos chatarra que vendieron como nuevos y con sobreprecio al estado venezolano. También debieron construir plantas eléctricas por un monto superior a los USD 2 mil millones.

   Igualmente, una información del Diario La Verdad refiere que Majed Khalil Majzoub supuestamente cobró una comisión de USD 8 millones a una empresa de Estados Unidos por el contrato de Termozulia IV[5].

  Una empresa relacionada con Majed, Serviseguros, obtuvo 2012 el contrato por el seguro de HCM de los trabajadores de Cadafe.

  En 2007 registró el Grupo Editorial Exxito 21. Luego se convirtió en productor televisivo y dueño de Sun Channel, canal dedicado a la difusión del turismo. En Madrid inscribió en 2012 una empresa con el mismo nombre. También en España, junto a Sun Channel registró seis dedicadas a diferentes actividades.

  En Venezuela además de Hardwell, Grupo Editorial Exxito 21 y Sun Channel, es propietario o directivo de: Petroltect Fluidos de Venezuela, Serfoca y KK Inversiones, inscrita en Panamá.

Sobre Khalil Majzoub Khaled

   El portal Dateas informa que Khalil Majzoub Khaled nació el 26 de agosto de 1965. Es titular de la Cédula de Identidad número V-6.290.182. está registrado en la parroquia Baruta, municipio Baruta, estado Miranda[6].

   Es licenciado en Farmacia egresado de la Universidad de El Cairo, al tiempo que figura como un importante miembro de la comunidad islámica en Caracas. Dirige las comunicaciones de Sheikh Ibrahim Bin Abdulaziz Mezquita de Caracas.

  Asimismo, Poderopedia informa que se trata de un empresario del sector alimentos, energía y tecnológico que está vinculado a más de 15 compañías registradas en Venezuela, Panamá y Barbados. Una de estas firmas es Productos Piscícolas Propisca de la cual es dueño del 100 por ciento de las acciones. Al mismo tiempo, Empaque Venezolano de Bacalao (Eveba), es propietaria de la mayoría de la acciones de Propisca, como también lo es de

  A su vez, la mayoría accionaria de esta firma pertenece a que también es de Proeba y de su planta en Chacopata, estado Sucre.

  Khalil Majzoub Khaled es directivo y dueño de Distribuidora Agromar, de Pacific Rim Energy, de Grupo Orbis y de Hardwell Technologies, empresas en la con su hermano menor, Majed Khalil, comparte propiedad.

 Argenta Zona Libre, Sigma International Services, Kimbra International Corporation y otras, son compañías que posee en Panamá, además de relacionársele con Hevensa. En Barbados inscribió a Pacific Rim Energy.

   Se le vincula con el dirigente del PSUV y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, un rumor en el que se insiste desde que se encuentra al frente de Eveba[7].

  Empresas de los Khalil Majzoub se encuentran entre las compañías con sede en Panamá sancionadas por el gobierno de Nicolás Maduro en 2018.

   Se trata de Casa Blanca, S.A. de Khaled Khalil Majzoub, dueño de la totalidad accionaria de Productos Piscícolas, C.A. (Propisca) con sede en Venezuela. La medida de Maduro fue una acción de reciprocidad para con el gobierno panameño, que a través de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, publicó una lista de 55 venezolanos políticamente expuestos que pueden suponer un “alto riesgo en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”, entre quienes se encontraban el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno; el dirigente del PSUV, Diosdado Cabello; la ex-presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena; el fiscal general Tarek William Saab y varios ministros[8].

CITAS

[1] El Publique. “Majed Khalil, el mayor contratista de la corrupción en Venezuela”. 10 de marzo de 2020. https://www.elpublique.me/2020/03/majed-khalil-el-mayor-contratista-de-la.html

[2] Dateas. Khalil Majzoub Majed. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/khalil-majzoub-majed-10064798

[3] Poderopedia. Majed Khalil Majzoub. https://poderopediave.org/persona/majed-khalil-majzoub/

[4] Resistencia58. “Pacific Rim Energy: la empresa favorita de Diosdado Cabello para realizar negocios en el sector eléctrico (+ vídeo)”. 13 de agosto de 2019. https://www.resistenciav58.com/pacific-rim-energy-la-empresa-favorita-de-diosdado-cabello-para-realizar-negocios-en-el-sector-electrico-video/

[5] La Verdad. “El guiso de Termozulia IV”. 30 de septiembre de 2014. http://www.laverdad.com/economia/61195-el-guiso-de-termozulia-iv.html

[6] Dateas. Khalil Majzoub Khaled. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/khalil-majzoub-khaled-10063771

[7] Poderopedia. Khaled Khalil Majzoub. https://poderopediave.org/persona/khaled-khalil-majzoub/

[8] El Estímulo. “Ciudadanos de origen árabe representan varias empresas sancionadas por Maduro”. 6 de abril de 2018. https://elestimulo.com/elinteres/ciudadanos-de-origen-arabe-representan-varias-empresas-sancionadas-por-maduro/

  

La acusación contra Nicolás Maduro: Detalles de la conspiración de narcoterrorismo (Parte II)

   En esta entrega se detalla cómo Maduro y sus cómplices, no solamente conspiraron para importar cocaína a los Estados Unidos, sino que sus operaciones narcotráfico estuvieron protegidas con armamento de guerra.

Por Maibort Petit

@maibortpetit

  La acusación formulada por la fiscalía de los Estados Unidos en contra de Nicolás Maduro Moros, a Diosdado Cabello Rondón, a Hugo Carvajal Barrios (a) “El Pollo”, Clíver Alcalá Cordones, Luciano Arango (a) “Iván Márquez” y Seuxis Paucis Hernández Solarte (a) “Jesús Santrich”, establece que las actividades de narcotráfico de que se les acusa estuvieron acompañadas del porte de armas de guerra con el objetivo de apoyar y garantizar el éxito de sus propósitos de importar cocaína al territorio de los EE. UU.

Conspiración para importar cocaína a EE. UU.

  El Departamento de Justicia encontró elementos para acusar a Nicolás Maduro Moros, a Diosdado Cabello Rondón, a Hugo Carvajal Barrios (a) “El Pollo”, Clíver Alcalá Cordones, Luciano Arango (a) “Iván Márquez” y Seuxis Paucis Hernández Solarte (a) “Jesús Santrich”, de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos.

  Consideró la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York que desde 1999 hasta 2020, los acusados en un delito iniciado y cometido fuera de la jurisdicción de cualquier estado o distrito particular de los Estados Unidos, incluidos Venezuela, Colombia, México, Irán, Siria, Líbano y otros lugares, intencional y conscientemente combinados, conspiraron y acordaron violar las disposiciones del Título 21, Código de los Estados Unidos, Capítulo 13, Subcapítulo II.

  La conspiración de los demandados y otros desconocidos, procuró importar una sustancia controlada —y efectivamente así lo hicieron— a los Estados Unidos, en violación del Título 21, Código de los Estados Unidos, Secciones 952 (a) y 960 (a) (1).

  Una parte y objetivo de la conspiración de los acusados y otros desconocidos, fue fabricar con la intención de distribuir una sustancia controlada. Existen motivos razonables para creer que dicha sustancia se importaría ilegalmente a los EE. UU. y a una distancia de 12 millas de la costa, en violación del Título 21, Código de los Estados Unidos, Secciones 959 (a) y 960 (a) (3).

  Refiere la demanda que fue un objetivo de los acusados y otros desconocidos, ingresar a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos, una sustancia controlada con la intención de distribuirla, violando así el Título 21, Código de los Estados Unidos, Secciones 959 (c) y 960 (a) (3).

   Sostiene la acusación que Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Hugo Carvajal, Clíver Alcalá, Luciano Marín (a) “Iván Márquez” y Seuxis Hernández (a) “Jesús Santrich”, conspiraron para (i) importar a los Estados Unidos y al territorio aduanero de los EE. UU. desde un lugar fuera de los mismo; (ii) fabricar y distribuir, con la intención, como se estima para ser importada ilegalmente a los Estados Unidos y en aguas dentro de una distancia de 12 millas de la costa de los EE. UU. desde un lugar fuera de los mismos; y (iii) fabricar, distribuir 5 o más kilogramos y más mezclas y sustancias que contenían una cantidad detectable de cocaína, a bordo de un avión registrado en los Estados Unidos, en violación del Título 21, Código de los Estados Unidos, Sección 960 (b ) (1) (B).

Posesión de armas de guerra

  El tercer cargo en la demanda presentada por la fiscalía de EE. UU. es posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, considerando el Gran Jurado que existen elementos de convicción para creer que, entre 1999 y 2020, los acusados cometieron un delito de tráfico de drogas fuera de la jurisdicción de cualquier estado o distrito de los Estados Unidos, entre ellos, Venezuela, Colombia, México, Irán, Siria, Líbano y otros lugares, por el cual pueden ser procesados en un tribunal de los Estados Unidos, en virtud de que las sustancias controladas referidas en la primera y segunda demanda, estuvo acompañada del porte de armas de fuego, como ametralladoras, capaces de disparar automáticamente más de un disparo, sin recarga manual, mediante una sola función del gatillo, así como dispositivos destructivos, esto en violación del Título 18, Código de Estados Unidos, Secciones 924 (c) (1) (A), 924 (c) (1) (B) (ii), 3238 y 2.

Conspiración para poseer armas de guerra

   El cuarto cargo de la demanda contra de los acusados es el de Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

  Se cree que entre 1999 y 2020, los acusados cometieron un delito que se inició fuera de la jurisdicción de cualquier estado o distrito particular de los Estados Unidos, entre ellos Venezuela, Colombia, México, Irán, Siria, Líbano y otros lugares, para intencional y conscientemente violar el Título 18, Código de Estados Unidos, Sección 924 (c).

  Refiere la demanda que Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Hugo Carvajal, Clíver Alcalá, Luciano Marín (a) “Iván Márquez” y Seuxis Hernández (a) “Jesús Santrich”, y otros desconocidos, portaron armas de fuego, entre ellas ametralladoras, en apoyo a la comisión de los delitos de sustancias controladas referidos en las demandas 1 y 2, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 924 (c) (1) (A) (i) y 924 (c) (1) (B) (ii).

Otros aspectos de la demanda

  La demanda refiere que como resultado de la comisión de los delitos que se le imputan a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Hugo Carvajal, Clíver Alcalá, Luciano Marín (a) “Iván Márquez” y Seuxis Hernández (a) “Jesús Santrich”, perderán en los Estados Unidos, de conformidad con el Título 21 , Código de los Estados Unidos, Secciones 853 y 970, todos y cada uno de los bienes que posean directa o indirectamente, como resultado de los delitos,  así como todos y cada uno de los bienes utilizados, o destinados a ser utilizados, de cualquier manera o parte, para cometer y facilitar la comisión de los delitos de que se les señala en las demandas uno y dos.

    Los acusados, como resultado de comisión de delitos de armas de fuego acusados en las demandas 3 y 4, perderán en los Estados Unidos, de conformidad con el Título 18, Estados Unidos Código, Sección 924 (d), todas las armas de fuego y municiones involucradas y utilizadas en la comisión de los delitos acusados.

   Si alguno de los bienes confiscables descritos anteriormente, como resultado de cualquier acto u omisión de los acusados: a) no puede ubicarse en el ejercicio de la debida diligencia; b) ha sido transferido o vendido o depositado con una tercera persona; c) ha sido colocado fuera de la jurisdicción de la Corte; d)  ha disminuido sustancialmente en valor; o f) se ha mezclado con otra propiedad que no puede subdividirse sin dificultad, es la intención de los Estados Unidos, de conformidad con el Título 21, Estados Unidos Código, Secciones 853 (p) y 970, y el Título 28, Código de los Estados Unidos, Sección 2461 ( c), buscar cualquier otra propiedad de los acusados hasta cubrir el valor de la propiedad decomisable anterior, todo esto de conformidad con el Título 21, Código de Estados Unidos, Secciones 853 y 970; y Título 28, Código de Estados Unidos, Sección 2461 (c).

Esta es la acusación contra Nicolás Maduro y 14 funcionarios venezolanos por delitos de narcoterrorismo, corrupción y lavado de dinero

  El Departamento de Justicia norteamericano acusó a Nicolás Maduro Moros y a 14 funcionarios de alto rango del régimen venezolano de haberse asociado con el grupo terrorista de las FARC para usar la cocaína como arma para "inundar" a los Estados Unidos. 

Por Maibort Petit

@maibortpetit

   El Departamento de Justicia de EEUU anunció este jueves cargos por narcotráfico, terrorismo, corrupción y lavado de dinero contra las principales figuras del régimen de Venezuela, y ofreció una recompensa de USD 15 millones a las personas que ayuden a la captura  y enjuiciamiento de Nicolás Maduro.

  El fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, señaló que la frontera entre Colombia y Venezuela ha sido tomada por las disidencias de las FARC bajo amparo de Nicolás Maduro. Por esas razones, acusó al régimen de tramar una conspiración con las FARC para “inundar a Estados Unidos de drogas”. 

  El fiscal Barr dijo que se estima que la organización criminal del cártel de los Soles que entre 200 y 250 toneladas métricas de cocaína son enviadas fuera de Venezuela por las rutas de la alianza criminal, que equivalen hasta a 30 millones de dosis letales.

  Por su parte, el fiscal para el Distrito Sur de Nueva York, Geoffrey Berman, dijo: “Anunciamos cargos criminales contra Nicolás Maduro por llevar adelante, junto a sus principales lugartenientes, una sociedad narcoterroristas con las FARC por los últimos 20 años. El alcance y la magnitud de la droga traficada sólo fue posible porque Maduro y las instituciones corruptas de Venezuela proveyeron protección política y militar para los crímenes de narcoterrorismo”. Además, Berman sostuvo que la cúpula chavista presionó a otros gobiernos para que permitan el despliegue de la trama criminal.

  El fiscal mostró un cuadro donde aparecen dos tipos de recompensas para quienes ayuden a capturar y procesar a los miembros de la empresa criminal. Por la cabeza de Nicolás Maduro se ofrecen USD 15 millones y por las de Diosdado Cabello, Hugo Carvajal, Clíver Alcalá y Tareck El Aissami USD 10 millones por cada uno y hasta $ 5 millones por información que conduzca al arresto y / o condena de Marín Arango.

   En el cuadro aparece Nicolás Maduro Moros, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno en primera plana, y posteriormente 11 funcionarios (y exfuncionarios) civiles y militares. 

  Los acusados serán procesados, de llegarse a capturar, en tres distritos: Nueva York; Washington DC y Miami. En la acusación aparecen también dos líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

  "Durante la última década, funcionarios corruptos del gobierno venezolano han saqueado sistemáticamente a Venezuela de miles de millones de dólares", dijo la fiscal federal Ariana Fajardo Orshan. 

  “Con demasiada frecuencia, estos funcionarios corruptos y sus co-conspiradores han usado bancos e inmuebles del sur de la Florida para ocultar y perpetuar su actividad ilegal. Como muestran las caricaturas recientes, la corrupción venezolana y el lavado de dinero en el sur de Florida se extienden incluso a los niveles más altos del sistema judicial de Venezuela. En los últimos años, la Oficina del Fiscal de los EE. UU. En el sur de Florida y sus socios federales encargados de hacer cumplir la ley se han unido para presentar docenas de cargos penales contra funcionarios del régimen de alto nivel y conspiradores que resultan en incautaciones de aproximadamente $ 450 millones de dólares ”

  "Estas acusaciones exponen la devastadora corrupción sistémica en los niveles más altos del régimen de Nicolás Maduro", dijo el administrador interino de la DEA, Uttam Dhillon. 

 “Estos funcionarios traicionaron repetidamente y con conocimiento al pueblo de Venezuela, conspirando, para beneficio personal, con narcotraficantes y organizaciones terroristas extranjeras designadas como las FARC. Las acciones de hoy envían un mensaje claro a los funcionarios corruptos en todas partes de que nadie está por encima de la ley o más allá del alcance de la policía estadounidense", sostuvo Dhillon. 

 Aseguró además que el Departamento de Justicia y la Administración de Control de Drogas continuarán protegiendo al pueblo estadounidense de los traficantes de drogas despiadados, sin importar quiénes sean o dónde vivan ".

  "La naturaleza colaborativa de esta investigación es representativa del trabajo continuo que HSI y las agencias internacionales de aplicación de la ley realizan cada día, a menudo detrás de escena y desconocido para el público, para hacer que nuestras comunidades sean más seguras y libres de corrupción", dijo el Director Asociado Ejecutivo Interino de HSI Alysa D. Erichs. 

  "El anuncio de hoy destaca el alcance y el compromiso global de HSI para identificar, atacar e investigar agresivamente a las personas que violan las leyes de los EE. UU., Explotan los sistemas financieros y se esconden detrás de la criptomoneda para promover su actividad criminal ilícita". 

Los acusados son los siguientes:

En el Distrito Sur de Nueva York (SDNY):

Nicolás Maduro Moros, de 57 años; Diosdado Cabello Rondón, 56, jefe de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela; Hugo Armando Carvajal Barrios, alias “El Pollo”, 59, ex director de inteligencia militar; Cliver Antonio Alcalá Cordones, 58, ex general de las fuerzas armadas venezolanas; Luciano Marín Arango, alias "Iván Márquez", 64, miembro de la Secretaría de las FARC, que es el máximo órgano de liderazgo de las FARC; y Seuxis Paucis Hernández Solarte, también conocido como "Jesús Santrich", de 53 años, miembro del Alto Mando Central de las FARC, que es el segundo cuerpo de liderazgo más alto de las FARC. El caso está pendiente ante el juez federal de distrito Alvin K. Hellerstein.

  Maduro Moros, Cabello Rondón, Carvajal Barrios, Alcalá Cordones, Marín Arango y Hernández Solarte han sido acusados ​​de: 

(1) participar en una conspiración narcoterrorista, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 20 años y un máximo de cadena perpetua. prisión, 

(2) conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años y un máximo de cadena perpetua; 

(3) usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de las conspiraciones de narcotráfico e importación de cocaína, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 30 años y un máximo de la vida en prisión; y 

(4) conspirar para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de las conspiraciones de narcotráfico e importación de cocaína, lo que conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua en prisión. 

La acusación

  De acuerdo con las acusaciones contenidas en la acusación sustituta, otras presentaciones judiciales y declaraciones realizadas durante los procedimientos judiciales:

  Desde al menos 1999, Maduro Moros, Cabello Rondón, Carvajal Barrios y Alcalá Cordones, actuaron como líderes y gerentes de Cártel de Los Soles. El nombre del cártel se refiere a las insignias del sol pegadas a los uniformes de los oficiales militares venezolanos de alto rango. 

  Maduro Moros y los otros miembros del Cartel acusados  en la presente conspiración ​​abusaron del pueblo venezolano y corrompieron las instituciones legítimas de Venezuela, incluidas partes del ejército, el aparato de inteligencia, la legislatura y el poder judicial, para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. 

  "El Cártel de Los Soles buscó no solo enriquecer a sus miembros y mejorar su poder, sino también "inundar" a los Estados Unidos con cocaína e infligir los efectos nocivos y adictivos de la droga en los usuarios de los Estados Unidos", dice el documento del gobierno.

  Marín Arango y Hernández Solarte son líderes de las FARC. A partir de aproximadamente 1999, mientras las FARC pretendían negociar la paz con el gobierno colombiano, los líderes de las FARC acordaron con los líderes del Cártel de Los Soles reubicar algunas de las operaciones de las FARC en Venezuela bajo la protección del Cartel. Posteriormente, las FARC y el Cártel de Los Soles enviaron cocaína procesada desde Venezuela a los Estados Unidos a través de puntos de transbordo en el Caribe y América Central, como Honduras. 

  Aproximadamente en 2004, el Departamento de Estado de EE. UU. estimó que 250 o más toneladas de cocaína transitaban por Venezuela por año. Los envíos marítimos se enviaron al norte desde la costa de Venezuela utilizando embarcaciones rápidas, barcos de pesca y portacontenedores. Los envíos aéreos a menudo se enviaban desde pistas de aterrizaje clandestinas, típicamente hechas de tierra o hierba, concentradas en el Estado Apure. 

  Según el Departamento de Estado de EE. UU., aproximadamente 75 vuelos no autorizados sospechosos de actividades de narcotráfico ingresaron al espacio aéreo hondureño solo en 2010, utilizando lo que se conoce como la ruta de cocaína "puente aéreo" entre Venezuela y Honduras.

  En su papel de líder del Cártel de Los Soles, Maduro Moros negoció múltiples envíos de toneladas de cocaína producida por las FARC; ordenó que el Cártel de Los Soles proporcione armas de grado militar a las FARC; coordinó asuntos con Honduras y otros países para facilitar el tráfico de drogas a gran escala; y solicitó asistencia de los líderes de las FARC para capacitar a un grupo de milicianos no autorizados que funcionaba, en esencia, como una unidad de las fuerzas armadas para el Cártel de Los Soles.

  La Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA, la Fuerza de Ataque de Nueva York y la División de Campo de Miami llevaron a cabo la investigación. 

  Este caso está siendo manejado por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para la Unidad Internacional de Narcóticos y Terrorismo del Distrito Sur de Nueva York. Los fiscales federales adjuntos Amanda L.Houle, Matthew J. Laroche, Jason A. Richman y Kyle A. Wirshba están a cargo de la acusación.

Vladimir Padrino López

   Asimismo, el comunicado del Departamento de Justicia refiere una acusación presentada hoy en el Distrito de Columbia que alega que desde marzo de 2014 hasta mayo de 2019, Vladimir Padrino López, actual Ministro de Defensa de Venezuela, conspiró con otros para distribuir cocaína a bordo de un avión registrado en los Estados Unidos.

  Padrino López, quien tiene el rango de General en las fuerzas armadas venezolanas, tenía la autoridad para interceptar aviones—muchos de los cuales están registrados en los Estados Unidos— sospechosos de ser utilizados para traficar drogas desde Venezuela a países de América Central. 

  En numerosas ocasiones, Padrino López ordenó o autorizó al ejército venezolano a obligar a aterrizar o derribar el avión. Sin embargo, Padrino López permitió que otras aeronaves —cuyos coordinadores de narcotráfico le pagaban sobornos—  transitaran con seguridad por el espacio aéreo venezolano.

  Recuerda que el 25 de septiembre de 2018, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. incluyó a Padrino López en su Lista de nacionales especialmente designados. De conformidad con la Ley de designación de narcotraficantes de narcóticos extranjeros, esto significa que sus activos están bloqueados y que a los estadounidenses generalmente se les prohíbe realizar transacciones financieras con Padrino López.

  La Oficina de Distrito de la DEA en Orlando dirigió la investigación, que fue apoyada por el programa de la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado de Drogas y la Oficina de Operaciones de Aplicación de la División Criminal. El subjefe interino Charles Miracle y los abogados litigantes Michael Christin y Kirt Marsh de la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas de la División Criminal están procesando el caso.

Maikel José Moreno Pérez

   Maikel José Moreno Pérez, de 54 años, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, fue acusado mediante una denuncia penal en el Distrito Sur de Florida de conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero en relación con el presunto recibo corrupto o el recibo previsto de decenas de millones de dólares y sobornos para arreglar ilegalmente docenas de casos civiles y penales en Venezuela.

  La demanda señala que el acusado autorizó la incautación y venta de una planta automotriz de General Motors con un valor estimado de $ 100 millones a cambio de un porcentaje personal de los ingresos. 

  Del mismo modo, la denuncia alega que el acusado recibió sobornos para autorizar el despido de dibujos animados o la liberación contra venezolanos, incluido uno acusado en un esquema de fraude multimillonario contra la compañía petrolera estatal venezolana.

   De acuerdo con la denuncia penal, en octubre de 2014 o alrededor de esa fecha, Moreno Pérez le dijo a las autoridades estadounidenses una solicitud de visa donde señalaba que ganaba aproximadamente el equivalente a aproximadamente $ 12,000 por año de su trabajo en Venezuela. 

  De 2012 a 2016, los registros bancarios del acusado en los EE. UU. muestran entradas de aproximadamente $ 3 millones en las cuentas del acusado, principalmente de grandes transferencias de dólares en efectivo de corporaciones fantasmas.

Tareck Zaidan EL Aissami

  En una acusación sustituta separada revelada por las autoridades del Distrito Sur de Nueva York, se señala que fueron acusados: 

 1) Tareck Zaidan El Aissami Maddah, de 45 años, actual el vicepresidente de economía de Venezuela

  2) Joselit Ramírez Camacho, de 33 años, el superintendente de criptomonedas de Venezuela (Sunacrip) y, 

  3) Samark López Bello, de 45 años, un empresario venezolano, con una serie de delitos relacionados con esfuerzos por evadir las sanciones impuestas por la OFAC contra Maduro Moros, El Aissami Maddah y López Bello.

  La acusación formal alega que desde febrero de 2017 hasta marzo de 2019, El Aissami Maddah y Ramírez Camacho trabajaron con personas estadounidenses y entidades con sede en los EE. UU. para proporcionar servicios de vuelos privados en beneficio de la campaña presidencial de Maduro 2018, en violación de las sanciones de la OFAC dirigidas a Maduro después de organizarse elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente ilegítima que ahora dirige Cabello Rondón.

  El Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de su Programa de recompensas de narcóticos, ofrece una recompensa de hasta $ 10 millones por información que conduzca al arresto y/o condena de El Aissami Maddah.

   La Oficina de Campo de Nueva York de HSI realizó la investigación. Este caso está siendo manejado por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para la Unidad Internacional de Narcóticos y Terrorismo del Distrito Sur de Nueva York. Los fiscales federales adjuntos Sam Adelsberg y Amanda L. Houle están a cargo de la acusación.

Otras acusaciones separadas

   Luis Motta Domínguez, de 67 años, ex ministro de Energía, fue acusado en el Distrito Sur de Florida por su presunto papel en el lavado del producto de las violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) en relación con su presunto recibo de sobornos para adjudicar negocios de Corpoelec. a empresas con sede en los Estados Unidos.

Néstor Reverol Torres, 55, ex Director General de La Oficina Nacional Antidrogas (ONA) de Venezuela y ex comandante de la Guardia Nacional de Venezuela y Edylberto José Molina Molina, 57, ex Subdirector de la ONA de Venezuela y actualmente agregado militar de Venezuela a Alemania, fueron acusados en el Distrito Este de Nueva York con la participación en una conspiración internacional de distribución de cocaína donde supuestamente ayudaron a los narcotraficantes a importar cocaína a los Estados Unidos.

Vassyly Kotosky Villarroel Ramírez, alias "Mauro" y "Ángel", 47, ex capitán de la Guardia Nacional venezolana, fue acusado en una tercera acusación en el Distrito Este de Nueva York de participar en una conspiración internacional de distribución de cocaína entre el 1 de enero. , 2004 y 1 de diciembre de 2009.

Rafael Antonio Villasana Fernández, de 48 años, ex oficial de la Guardia Nacional de Venezuela, fue acusado en el Distrito Este de Nueva York de participar en una conspiración internacional de distribución de cocaína entre el 1 de enero de 2004 y el 1 de diciembre de 2009. Según el tribunal documentos, Kotosky y Villasana supuestamente utilizaron vehículos oficiales del gobierno para transportar más de siete toneladas métricas de cocaína desde la frontera colombiana a varios aeropuertos y puertos marítimos en Venezuela para su importación final a los Estados Unidos.

Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, de 52 años, ex viceministro de Energía de Venezuela, fue acusado en una acusación de 20 cargos en el Distrito Sur de Texas de conspiración para cometer lavado de dinero, lavado de dinero y conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) por su presunto papel en un esquema internacional de lavado de dinero que involucra sobornos pagados por los propietarios de empresas con sede en los Estados Unidos a funcionarios del gobierno venezolano para asegurar corruptamente contratos de energía y prioridad de pago en facturas pendientes.

Oscar Rafael Colmenarez Villalobos, 51, ex oficial de la Fuerza Aérea Venezolana, acusado en el Distrito de Arizona de violaciones de la Ley de Control de Exportación de Armas. 

  Supuestamente conspiró con otros, incluidos individuos asociados con una compañía de aviación en Arizona, para contrabandear desde Estados Unidos. a los motores de aviones militares T-76 de Venezuela utilizados en los aviones OV-10 Bronco a personas en Venezuela y supuestamente hicieron declaraciones falsas y engañosas en los documentos de control de envío y exportación para ocultar las actividades y transacciones prohibidas de la detección del gobierno de los EE. UU.