NY: Cambian fecha del juicio por narcotráfico del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández para abril de 2023

  El voluminoso descubrimiento obliga a la Corte del Distrito Sur de Nueva York al cambio del cronograma del proceso que amenaza con convertirse en un caso polémico por el apoyo que le dio Estados Unidos, al ahora acusado, cuando éste era jefe de Estado.

Por Maibort Petit

  Un juez de Distrito de Nueva York aprobó posponer el inicio del juicio con jurado del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández  para el 24 de abril de 2023, debido a que las partes, la fiscalía y la defensa, pidieron más tiempo para preparar el caso por supuestos  delitos de narcotráfico del ex-mandatario centroamericano.

  De acuerdo al fallo del tribunal, firmado por el magistrado Kevin Castel la prórroga responde a un acuerdo de las partes que argumentaron no estar listos para que el proceso contra el exjefe de Estado que se preveía comenzar el 17 de enero de 2023. 

  Castel dijo que era necesario más tiempo para que las partes puedan prepararse para el juicio. Asimismo, la audiencia que se tenía prevista para el 28 de septiembre de 2022, fue cambiada para el 27 de octubre, según los documentos judiciales.

  En 2021, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, encabezado por el fiscal, Damian Williams, presentó la acusación formal dictada por un Gran Jurado en contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, también conocido como “JOH”, la cual comprende tres cargos.

   Conspiración de importación de cocaína, es el primero de los cargos, el cual establece que Hernández es un exmiembro del Congreso de Honduras y expresidente de la referida nación centroamericana, quien entre 2004 y 2022 participó en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Por ello JOH habría recibido millones de dólares de parte de múltiples organizaciones de narcotraficantes en Honduras, México y otros lugares, entre ellos, el exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo".

  Se indica en la acusación que Juan Orlando Hernández habría usado las ganancias del narcotráfico para enriquecerse, financiar sus campañas políticas y cometer fraude electoral, específicamente en los comicios presidenciales de Honduras de 2013 y 2017. A cambio, JOH protegió a los narcotraficantes, incluido su hermano y ex-diputado del Congreso Nacional de Honduras, Juan Antonio Hernández Alvarado, alias "Tony Hernández".

 Juan Orlando Hernández facilitó información delicada a los traficantes de drogas relativa a las fuerzas del orden público y militares, ayudándolos de este modo en sus actividades delictivas. También dispuso que miembros de la Policía Nacional y militares de Honduras protegieran cargamentos de droga en ese país, al tiempo que permitió una violencia brutal sin consecuencias.

  Sostiene la acusación que JOH abusó de su posición como presidente de Honduras para operar el país como un narcoestado, esto con el fin de enriquecerse, obtener y mantener el poder de manera corrupta. Asimismo, corrompió las instituciones legítimas de Honduras y al tiempo que se presentaba públicamente como un aliado de los Estados Unidos, contribuía con sus cómplices a que su país se convirtiera en uno de los puntos de transbordo más grandes del mundo para la cocaína destinada a los Estados Unidos.

Los medios de la conspiración

  Al explicar los medios y métodos utilizados por JOH para la presunta comisión de la Conspiración de narcotráfico, la acusación explica que desde 2004, varias organizaciones de narcotraficantes en Honduras y otros lugares trabajaron juntas para recibir varias toneladas de cocaína enviadas a Honduras desde Colombia y Venezuela, a través de rutas marítimas y aéreas. Los envíos marítimos se enviaron hacia el norte desde la costa de Venezuela utilizando lanchas rápidas, barcos de pesca y portacontenedores, mientras los envíos aéreos a menudo se enviaban desde pistas de aterrizaje clandestinas, generalmente hechas de tierra o hierba, en Colombia y Venezuela, y se recibían en pistas de aterrizaje clandestinas similares en Honduras. Desde Honduras, los narcotraficantes la transportaban hacia la frontera con Guatemala y, finalmente, a los EE. UU.

 Agrega que desde 2004, los miembros de la conspiración transportaron a través de Honduras más de 500.000 kilos de cocaína con destino a Estados Unidos, para lo cual los narcotraficantes consiguieron el apoyo, protección y participación directa de JOH y otros destacados funcionarios públicos hondureños. A estos, las organizaciones de narcotráfico les pagaron sobornos a cambio de que les proporcionaran protección contra investigaciones y el arresto.

  Hernández y otros destacados funcionarios públicos, supuestamente coordinaron con narcotraficantes en apoyo de la conspiración para transportar y distribuir estos grandes cargamentos de cocaína, al tiempo que hacía que otros brindaran seguridad fuertemente armada para proteger a los miembros de la conspiración y sus cargamentos de cocaína.

 JOH supuestamente interfirió con las investigaciones de narcotráfico, impidió la extradición a Estados Unidos de narcotraficantes; se enriqueció mientras el pueblo de Honduras soportaba condiciones de pobreza y violencia desenfrenada; y obtuvo y mantuvo el poder político a través de sobornos a otros, con ganancias del narcotráfico para asegurar su elección, incluso a través del fraude electoral.

Los hechos

  Juan Orlando Hernández, de acuerdo a la acusación, junto a otros miembros de la conspiración, en tiempos cuando se despeñaba como congresista y se postulaba a la reelección, en 2005, presuntamente aceptó USD 40.000 en ganancias del narcotráfico de Víctor Hugo Díaz Morales, alias "El Rojo", el exlíder de una organización de narcotraficantes con base en Honduras y Guatemala, cuyo soborno fue pagado a través de Juan Antonio Hernández Alvarado. A cambio, la organización de Díaz Morales recibió información y protección de la policía hondureña en las operaciones de transporte de grandes cantidades de cocaína con destino a Estados Unidos a través de Honduras y Guatemala.

  En 2009, JOH hizo campaña para convertirse en presidente del Congreso Nacional de Honduras, tiempo en el que Díaz Morales le entregó aproximadamente USD 100.000 en ganancias del narcotráfico y a cambio ofreció que funcionarios amigos del narcotraficante serían colocados en los principales puestos policiales y brindarían información que les permitiera contrarrestar sus actividades delictivas.

  Del mismo modo, refiere la acusación que entre 2004 y 2016, Díaz Morales recibió información confidencial a cambio de los sobornos pagados a JOH, sobre las actividades en contra del narcotráfico emprendidas por las fuerzas del orden público y el ejército en Honduras. En ese mismo período, Díaz Morales y Tony Hernández trabajaron para transportar a través de Honduras aproximadamente 140.000 kilogramos de cocaína con destino a los Estados Unidos.

Aparece en escena Porfirio Lobo

  La acusación refiere que, en 2009, Porfirio Lobo, aliado político de JOH, comenzó una campaña para convertirse en presidente de Honduras y, en ese tiempo, trabajaron juntos para obtener aproximadamente USD 2.000.000 en ganancias del narcotráfico de Amílcar Alexander Ardon Soriano, alias "Chande", un ex-narcotraficante hondureño y, por entonces, alcalde de El Paraíso en Honduras.

  Hernández y Lobo Sosa le prometieron a Ardón Soriano, protegerlo del arresto y extradición a los Estados Unidos, así como también nombrarían a un pariente y co-conspirador (CC-1) de Ardón Soriano en un puesto en el gobierno nacional hondureño.

  En noviembre de 2009, Porfirio Lobo Sosa fue elegido presidente de Honduras y en enero de 2010, JOH se convirtió en presidente del Congreso Nacional. Posteriormente, y a cambio del soborno de USD 2.000.000 antes mencionado de Ardón Soriano, JOH y Lobo designaron a CC-1 como jefe de una agencia del gobierno hondureño y le otorgaron contratos gubernamentales a través de compañías de fachada controladas por narcotraficantes.

   En enero de 2010, con JOH como presidente del Poder Legislativo hondureño, Tony Hernández y Ardón Soriano participaron en múltiples envíos de cocaína por mes, para lo cual utilizaron varios medios de transporte. Juan Antonio Hernández Alvarado y Ardón Soriano trabajaron juntos para transportar a través de Honduras más de 30.000 kilogramos de cocaína con destino a EE. UU. Para ello contaron con el apoyo de JOH y miembros de la Policía Nacional de Honduras.

  En 2012, JOH apoyó públicamente una enmienda a la Constitución de Honduras que autorizó la extradición de ciudadanos hondureños a los Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico. Sin embargo, durante reuniones privadas, JOH, Tony Hernández Alvarado y otros funcionarios públicos prominentes en Honduras, prometieron proteger a sus aliados del narcotráfico a cambio de grandes pagos de ganancias del narcotráfico y apoyo en las próximas elecciones.

  En 2013, JOH comenzó a hacer campaña para convertirse en presidente de Honduras y presuntamente habría aceptado USD 1.000.000 en ganancias del narcotráfico de Guzmán Loera que llegaron a sus manos a través de su hermano Tony Hernández Alvarado quien, para la época, trabajaba en coordinación con Ardón Soriano y otra organización narcotraficante liderada por Miguel Arnulfo Valle Valle y Luis Antonio Valle Valle para proporcionar al Cártel de Sinaloa cantidades masivas de cocaína y seguridad armada para el transporte de esos cargamentos a través de Honduras. JOH envió a Tony Hernández Alvarado y un asociado, armados con ametralladoras, a cobrar el millón de dólares de Guzmán Loera.

El Cártel de Sinaloa en Honduras

  La acusación explica que, en 2013, previo a las elecciones presidenciales, JOH ordenó a CC-1 y a otros que sobornaran a ciertos políticos y funcionarios electorales utilizando los fondos de la campaña financiados con las ganancias del narcotráfico. Esto con el objetivo de asegurar que Juan Orlando Hernández ganara las elecciones.

  En 2013 y 2014, cuando JOH fue elegido presidente de Honduras, como parte de su participación continua en la conspiración de tráfico de cocaína se asoció con Geovanny Fuentes Ramírez y este le proporcionó USD 25.000 a cambio de protección. JOH quería acceder a un laboratorio de cocaína controlado por Fuentes Ramírez debido a su proximidad a un puerto en Honduras y acordó con éste el uso de personal de las fuerzas armadas hondureñas como seguridad para sus actividades de narcotráfico. JOH instruyó a Fuentes Ramírez acerca de que Tony Hernández Alvarado estaba manejando actividades de narcotráfico en Honduras y que a él debía reportarle directamente.

Este miércoles: Juan Orlando Hernández podría ser extraditado a EE. UU.

Por Maibort Petit 

  Este miércoles 20 de abril será entregado a las autoridades de los Estados Unidos, el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández (2014-2022), según informaciones recibidas por fuentes ligadas al caso en Tegucigalpa. El exmandatario es requerido por la justicia norteamericana que lo juzgará por delitos de narcotráfico.

    Juan Orlando Hernández será juzgado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por delitos de narcotráfico, al igual que su hermano, Juan Antonio Hernández que fue condenado a dos cadenas perpetuas tras ser hallado culpable de delitos de tráfico de drogas y de mentir a la justicia de EE. UU., entre otros delitos.

 

   Este martes, en horas de la tarde, se realizaron los últimos protocolos para la entrega de Hernández a la representación de la Agencia Antidrogas de EE. UU. en el país centroamericano. 

    La fuente sostuvo que el expresidente será llevado éste 20 de abril, en un helicóptero de la Policía Nacional, escoltado por helicópteros de la Fuerza Aérea desde su centro de detención, en el Cuartel General de las Fuerzas Especiales de la PN, a la base Aérea hondureña, Coronel, Hernán Acosta Mejías de Tegucigalpa, donde será entregado a las autoridades de los EE. UU.

   Los agentes federales estadounidenses serán quienes trasladen al exmandatario a la Base Aérea, José Enrique Soto Cano, Palmerola [que comparten la Fuerza Aérea Hondureña con los Estados Unidos]. Desde ese centro, Juan Orlando Hernández será trasladado a Nueva York, en un avión del gobierno norteamericano (US. Marshals) a cargo del Servicio de Alguaciles de EE. UU.

La carrera judicial

  Un total de 15 magistrados, que integran el Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)  de Honduras firmaron un fallo que ratificó la decisión de extraditar a Juan Orlando Hernández, adoptada por un juez de primera instancia el 16 de marzo de 2022.

  Luego de cumplir con la normativa, un juez ordenó la entrega inmediata del ciudadano Juan Orlando Hernández a Estados Unidos, en colaboración con la Secretaría de Seguridad, Secretaría de Defensa y también Cancillería", informó hace una semana la CSJ.

  El 14 de febrero, Estados Unidos solicitó al gobierno de Honduras  la extradición de Hernández, acusado de "conspiración violenta de narcotráfico, para transportar aproximadamente 500.000 kilogramos de cocaína a través de Honduras con destino a Estados Unidos", incluso antes de que fuera presidente, entre 2014 y 2022.

  Desde su arresto, el 15 de febrero, Juan Orlando Hernández ha permanecido en la prisión de un cuartel policial conocido como "Los Cobras", en el este de Tegucigalpa. Sus abogados apelaron, sin éxito,, la decisión judicial de extradición ante la Corte Suprema y luego intentó impedirla con un recurso de amparo, que también fue rechazado.

  El proceso concluye casi un mes después que el pasado 7 de febrero del presente año 2022, el Departamento de Estado de los Estados Unidos informara de la desclasificación y publicitación de la inclusión del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández en la Lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos de los EE. UU. desde el 1 de julio de 2021, en razón de que múltiples informes creíbles daban cuenta de la supuesta participación del exmandatario en hechos de corrupción y narcotráfico, así como en la utilización de las ganancias de dichas actividades ilícitas en la facilitación de campañas políticas[1].

Actividades criminales

  Sobre JOH existían sospechas desde el año 2004, de acuerdo a lo que revelan documentos que fueron desclasificados que indican que “participó en una conspiración violenta de narcotráfico” en esa época en que ejercía como diputado del Congreso Nacional del que, incluso, era directivo.

  Para la defensa de JOH es fundamental que el expresidente permanezca en Honduras y en ese sentido giran sus actuaciones, entre ellas, el haber sacado a relucir los supuestos 32 casos que su representado tiene abiertos en instancias de su país. Los abogados, buscaron frenar la extradición advirtiendo que era necesario que antes se investiguen las denuncias y sea juzgado en la nación centroamericana.

  Juan Orlando Hernández se enfrenta a una experiencia similar a la de su hermano, el exdiputado Juan Antonio Hernández, condenado a cadena perpetua por delitos similares.

  El primero de los cargos imputado a JOH es por conspiración para importar sustancia controlada a los Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo, así como fabricar y distribuir una sustancia controlada con la intención y el conocimiento de que dicha sustancia sería importada a ese país. El segundo cargo, es por usar o portar armas de fuego o ayudar e instigar al uso, el porte y la posesión de armas de fuego en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos de la que se le acusa en el cargo uno. En tercer lugar, se le señala de conspiración para usar o portar armas de fuego en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos.

  Juan Orlando Hernández ha negado insistentemente los cargos en su contra, personalmente, y a través de sus abogados o por intermedio de su esposa, Ana García de Hernández, quien sostiene que JOH es víctima de una venganza orquestada por parte de narcotraficantes hondureños que fueron extraditados a los EE. UU. y buscan bajar sus penas.

   García advirtió que el convenio suscrito entre EE. UU. y Honduras no es una normativa que, de acuerdo al derecho, permita la extradición de nacionales hondureños. Debe aplicarse la ley hondureña y recordó que el país centroamericano es suscriptor de tratados internacionales que protegen a los conciudadanos de ser víctimas de penas inhumanas y degradantes.

La justicia de Estados Unidos condenó a 12 años de prisión al ex-policía hondureño, Juan Manuel Ávila Meza, por delitos de narcotráfico.

Por Maibort Petit

  Juan Manuel Ávila Meza, ex miembro de la Policía Nacional de Honduras, fue sentenciado a 12 años de prisión por conspirar para importar cocaína a Estados Unidos. Ávila Meza se declaró culpable anteriormente ante la jueza de distrito de los Estados Unidos Lorna G. Schofield en 2018.

   La agente especial a cargo de la División de Operaciones Especiales de la DEA, Wendy C. Woolcock y la Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York Audrey Strauss hicieron el anuncio en conjunto en Nueva York.

“Juan Manuel Ávila Meza aprovechó su posición en la aplicación de la ley y como abogado para intentar elevarse por encima de la ley, beneficiándose de las actividades criminales reprensibles que ayudó a facilitar”, dijo el agente especial a cargo Woolcock. 

Sostuvo la funcionaria que “La sentencia de hoy reafirma que Estados Unidos nunca dejará de controlar la corrupción en la aplicación de la ley. La Administración de Control de Drogas, junto con nuestros socios nacionales e internacionales, continuará trabajando incansablemente para llevar ante la justicia a todos aquellos que participan en el tráfico de drogas ”.

“Juan Manuel Ávila Meza conspiró para transportar grandes cargamentos de cocaína hacia, dentro y fuera de Honduras, incluidos envíos con destino a los Estados Unidos”, dijo el Fiscal Federal Strauss. 

“Brindó información confidencial sobre las fuerzas del orden a los miembros de Los Cachiros para permitirles sus operaciones de tráfico, y negoció reuniones con otros funcionarios corruptos para facilitar el lavado de dinero y el tráfico de cocaína. Juan Manuel Ávila Meza empañó la insignia que llevaba protegiendo a los narcotraficantes en lugar de a aquellos a quienes juró proteger y servir ”.

Según la acusación, otros documentos judiciales y declaraciones realizadas durante los procesos judiciales, entre al menos aproximadamente 2004 y 2014, Ávila Meza trabajó con miembros de una organización de narcotráfico conocida como Los Cachiros, que era un sindicato criminal prolífico y violento que dependía de conexiones con políticos, personal militar y fuerzas del orden para transportar cocaína hacia, dentro y desde Honduras. Durante ese tiempo, y mientras Ávila Meza presuntamente hacía cumplir la ley como oficial de policía y, más tarde, como abogado, Ávila Meza participó en la empresa criminal de Los Cachiros al involucrarse en el tráfico de drogas, lavado de dinero, evasión de sanciones y cobro de deudas.

A partir de 2004, Ávila Meza proporcionó a los Cachiros información confidencial de las fuerzas del orden público para facilitar el transporte de cocaína. 

Ávila Meza también ayudó a los Cachiros con el lavado de dinero y la evasión de las sanciones estadounidenses. En mayo de 2013, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. Identificó públicamente a Los Cachiros como un grupo importante de narcóticos extranjeros de conformidad con la Ley de designación de cabecillas de narcóticos extranjeros. 

A partir de agosto de 2013, el acusado, como miembro activo tanto de la Policía Nacional de Honduras como de los Cachiros, ayudó a los Cachiros con una transacción de lavado de dinero basada en activos relacionada con una gran propiedad inmobiliaria en San Pedro Sula, Honduras.

En febrero de 2014, Ávila Meza ayudó a organizar y asistió a una reunión entre uno de los líderes de Los Cachiros y Juan Antonio Hernández Alvarado, [también conocido como "Tony Hernández", otro importante narcotraficante condenado que es hermano del actual presidente hondureño Juan Orlando Hernández], para discutir transacciones de lavado de dinero entre una empresa fachada de Cachiros y el gobierno hondureño.

 En junio de 2014, Ávila Meza se reunió con otros seis miembros de la Policía Nacional de Honduras, Fabio Lobo Sosa, el ahora condenado hijo de Porfirio Lobo Sosa, el presidente hondureño que precedió a Juan Orlando Hernández, y dos fuentes confidenciales de la DEA que supuestamente eran miembros de el Cartel de Sinaloa. Durante la reunión, Ávila Meza dirigió una discusión sobre la mejor manera de confiar en la Policía Nacional de Honduras para asegurar el paso seguro de un gran cargamento de cocaína.

Otros seis ex miembros de la Policía Nacional Hondureña, entre ellos, Víctor Oswaldo López Flores, Ludwig Criss Zelaya Romero, Carlos José Zavala Velásquez y Carlos Alberto Valladares García, fueron condenados en este caso por delitos de tráfico de armas y / o drogas por conspirando para importar cocaína a los Estados Unidos. Cada uno de esos individuos se ha declarado culpable en un tribunal federal, junto con el co-conspirador Fabio Lobo. El 5 de septiembre de 2017 Lobo fue condenado a 24 años de prisión; el 6 de febrero de 2018 Flores fue condenado a cinco años de prisión; el 27 de junio de 2018 Velásquez fue sentenciado a 12 años de prisión; y el 27 de septiembre de 2018 García fue condenado a 14 años de prisión. Zelaya Romero espera sentencia del juez Schofield.

 El 18 de octubre de 2019, Hernández Alvarado fue condenado en un juicio ante el juez P. Kevin Castel por delitos de importación de cocaína, armas y declaraciones falsas.

Además de la pena de prisión, Ávila Meza, de 50 años, fue condenado a cuatro años de r supervisado

Las relaciones con el poder y la policía garantizaron el éxito de los negocios de narcotráfico de Geovanny Fuentes Ramírez

  Su ascendente con altos funcionarios gubernamentales y policiales se convirtió en el atractivo de sus operaciones de narcotráfico.

Por Maibort Petit

   Uno de los aportes más significativos del testimonio que Devis Leonel Rivera Maradiaga rindió ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York durante el juicio de Geovanny Fuentes Ramírez, fue que el éxito y la prosperidad del negocio de narcotráfico de este último se debía a sus conexiones con la policía, el poder militar y político en Honduras, lo cual incluía presidentes, alcaldes, representantes del Congreso, generales militares y jefes de policía.

  Rivera Maradiaga, exlíder del cártel de “Los Cachiros” quien mantuvo una sociedad con Fuentes Rivera que se extendió entre 2011 y 2013, dijo en el tribunal que la ascendencia que este último tenía en la policía era tal que, con una llamada a sus contactos, lograba que se retiraran los puestos de control a lo largo de la carretera por donde él planeaba transportar sus cargamentos de droga.

   Narró que él se reunió con Melvin Sanders, alias “Metro” en el taller mecánico "Torres Servicio", ubicado en San Pedro Sula, para discutir los contactos de Geovanny Fuentes Rivera con la policía hondureña. Rivera Maradiaga había conocido de las relaciones del hoy acusado con la Policía Nacional de San Pedro Sula, los cuales “trabajaban”, tanto para Fuentes Ramírez, como para un narcotraficante conocido como "Paico".

  Rivera Maradiaga precisó que entre los nombres de metro le refirió como contactos de Fuentes Ramírez en la policía, estaban el coronel Motiño; el Comisionado Martínez, quien fue un alto oficial de la Policía Nacional de Honduras; el oficial Nuila; el oficial Roja. Todos estos policías trabajarían con Rivera Maradiaga, Metro y Geovanny Fuentes Ramírez, escoltando los envíos de cocaína, resolviendo cualquier inconveniente, o haciendo cualquier otra cosa que fuera necesaria para garantizar el éxito de las operaciones.Los contactos policiales utilizados por los narcotraficantes estaban ubicados en todas partes de Honduras.

  Apuntó Rivera Maradiaga que, durante uno de los envíos de drogas, uno de sus trabajadores fue arrestado en la carretera mientras estaba fuertemente armado en el traslado de un cargamento. De inmediato, Fuentes Ramírez llamó al Comisionado de Policía Martínez para pedirle que llamara al oficial responsable del arresto y ordenara la liberación, pero este no respondió. Entonces, Fuentes llamó al actual alcalde de Choloma y precandidato al Congreso por el Partido Liberal, Leopoldo Crivelli, conocido como “Polo” Crivelli, para pedirle la liberación del hombre y este fue puesto en libertad y le devolvieron su arma.

  Refirió Rivera Maradiaga que Leopoldo Crivelli también informaba a Geovanny Fuentes Rivera sobre las fechas en que la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) de Tegucigalpa o San Pedro Sula, planificaba realizar operaciones en Choloma. Esta información le permitía a Fuentes sacar cualquier arma de su casa para no tener problemas si la allanaban.

El laboratorio de drogas

  Geovanny Fuentes Rivera le pidió a Devis Rivera Maradiaga que invirtiera entre USD 300.000 y USD 500.000 para ayudar a traer la base de cocaína de Colombia al laboratorio de drogas. Rivera Maradiaga respondió que lo pensaría, pero dejó sentado que no estaba interesado porque era un riesgo adicional llevar la base de cocaína al país, pues podía ser incautada. Para él no tenía sentido la inversión, pues solamente importaba cocaína terminada.

  Durante esa reunión sobre la inversión del laboratorio de drogas, Rivera Maradiaga compró dos autos a Fuentes Ramírez para "ayudarlo". Se trataba de dos vehículos valorados en USD 20.000 cada uno, pero por los cuales pagó USD 70.000 en billetes de 20.

   Pero esa no fue la única conversación sostenida en torno a establecer una sociedad en el laboratorio de drogas, pues Geovanny Fuentes Rivera, “Metro” y Devis Rivera Maradiaga sostuvieron otras reuniones para discutir el asunto.

  Las citas tenían lugar en un taller mecánico llamado “Torres Servicio”, lugar donde se acondicionaban los vehículos utilizados para transportar drogas.

Policía investiga el laboratorio

   Durante su declaración ante el Tribunal del distrito Sur de Nueva York, Devis Rivera Maradiaga dijo que, en fecha no especificada, “Metro” concertó otra reunión con él para discutir sobre el laboratorio de drogas ubicado en los cerros del departamento de Cortés.

  Fuentes Ramírez le manifestó a Rivera Maradiaga su preocupación por el hecho de que la policía de San Pedro Sula estuviera investigando el laboratorio, el cual operaba en una propiedad de un comerciante local llamado Fuad Jarufe.

  A través del hijo del alcalde de Choloma, “Polito Crivelli”, Fuentes Ramírez se había enterado de la investigación. Supo que José Miguel Handal Pérez (a) “Chepe” Handal, le dijo a Crivelli del asunto a objeto de que procediera a manejar a la policía para evitarlo. Advertía Handal que cualquier investigación establecería la relación del laboratorio con Geovanny Fuentes Ramírez.

  Por ello, Fuentes le pidió a Rivera que a través de sus contactos averiguara sobre la posible investigación del laboratorio. Rivera Maradiaga contactó a Carlos Valladares, de la policía de investigaciones, quien se encargaría de la averiguación.    

Los envíos de droga

  El testimonio de Devis Rivera Maradiaga también versó sobre los envíos de droga que, según dijo, se recibieron cargamentos en varias partes del país, los cuales arribaron a los departamentos de Cortés, Gracias a Dios, Yoro, áreas en Santa Rosa de Copán, incluyendo El Espíritu, Copán; San Esteban, Olancho; entre otros.

 Durante el testimonio se habló en especificó de tres envíos de droga en los que Fuentes Ramírez estuvo involucrado.

  En primer término, dijo que, en 2011, él se comunicó con Geovanny Fuentes Ramírez a través de “Metro” para informarle que la cocaína procedía de Venezuela y para que escoltara la carga. Se trataba del primer trabajo de Fuentes y Rivera juntos.

  Refirió que el avión transportaba entre 425 y 530 kilos de cocaína que fueron desembarcados en el Valle de Sico y luego llevados a una finca en la vereda El Tigre, ambas localidades del departamento de Colón. Luego la carga se llevó a El Espíritu, Copán.

  Todos los hombres iban armados, Fuentes Rivera con AR-15, Glock verde con selector; Metro con lanzagranadas y pistola dorada; Rivera Maradiaga con AR15 y 93R. El resto del equipo también estaba armado. Acotó que Geovanny también llevaba un pequeño lanzagranadas conocido como "El Moñito" o "El Mono" para ayudar a proteger las drogas.

  Narró que “Metro” llevó un carro con compartimentos secretos que estaban llenos de armas para brindar seguridad al cargamento de drogas. La cocaína se contaba en la finca y se colocaba en compartimentos secretos dentro del NPR (tipo de camión que suele tener aproximadamente 12 pies de largo). Geovanny Fuentes Ramírez tenía tres o cuatro vehículos adicionales por seguridad y dijo que viajaría detrás del camión. La previsión era que, si se encontraba con un puesto de control policial, llamaría a sus contactos, específicamente al comisionado de policía Martínez para que la policía retirara el puesto de control.

  Rivera Maradiaga dijo al tribunal que el cargamento fue entregado a los hermanos Luis y Arnulfo Valle Valle, en El Espíritu (Copán) en su finca. Rivera Maradiaga pagó a Metro y a Fuentes Ramírez entre USD 60.000 y  USD 70.000 en persona para este envío.

  Seguidamente, a instancia de los fiscales, Devis Rivera Maradiaga hizo referencia a otro envío de cocaína, el cual tuvo lugar 3 o 4 meses después del segundo envío. Dijo que se comunicó con Fuentes Ramírez a través de “Metro” pidiéndole que se trasladara a Tocoa a recibir otro envío.

  El avión de la droga transportaba entre 500 y 700 kilos de cocaína y llegó a San Esteban, Olancho, a una pista de aterrizaje clandestina controlada por Fredy Nájera (un exrepresentante del Congreso que se declaró culpable en Estados Unidos con quien Riviera traficaba).

  Se trataba de una cocaína que a Rivera le había vendido Rafael Sierra, uno de los líderes del cartel de Rentería, la cual vendieron luego a los hermanos Valle Valle y entregada en El Espíritu, Copán.

  A su arribo a destino, la cocaína fue llevada a un rancho en Zamoro, Colón donde se encontraban Geovanny Fuentes Ramírez, “Metro”, el camionero y el colombiano de Rentería (“Yuca”).

 Por este cargamento, Rivera Maradiaga pagó Geovanny Fuentes Ramírez en efectivo y en persona.

 El tercer envío a que se hizo referencia en el juicio durante el testimonio de Rivera Maradiaga, el cual ocurrió en 2012, el cual se hizo en otro avión cargado de cocaína procedente de Colombia, el cual quería que Fuentes Ramírez lo recibiera.

  El avión llevaba entre 425 y 500 kilos de cocaína y aterrizó en una pista clandestina junto al río en Baracoa, en el departamento de Cortés, en una zona conocida como “Tapón de los Ojos”, la cual estaba bajo el control de Geovanny Fuentes Ramírez. La droga la recibió “Jack”, un narcotraficante guatemalteco que luego la iba a vender a mexicanos que, a su vez, la venderían en Estados Unidos.

   El avión aterrizó en la franja y Fuentes Ramírez transportó la carga en camión a los hermanos Valle en El Espíritu, Copán, quienes luego se lo entregaron a “Jack”, quien pagó a Rivera Maradiaga el 10 por ciento de la cocaína. Rivera usó después la cocaína para pagar Fuentes y a Metro.

Tony Hernández confesó a la DEA que recibió regalos de varios narcotraficantes

Por Maibort Petit

@maibortpetit

El ex diputado hondureño, Juan Antonio Hernández confesó a un agente de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA) que había recibido regalos de los narcotraficantes Víctor Hugo Díaz Morales, alias "el Rojo" y de Carlos Mauricio Toledo por "agradecimiento". Entre los obsequios nombrado por el acusado están una yegua peruana, dos pistolas y un reloj Rolex de unos 4 ó 5 mil dólares.

La confesión de Hernández, quien es el hermano del actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ocurrió el 23 de noviembre de 2018, cuando fue arrestado en a su llegada a los Estados  Unidos en el Aeropuerto Internacional de Miami, en el estado de la Florida.

Juan Antonio Hernández es acusado por el gobierno estadounidense de conspirar para traficar cocaína a los Estados Unidos, uso de armas para operar con el narcotráfico y de mentir a la justicia. En el quinto día del juicio, la fiscalía llamó al testificar al Agente Especial de la DEA, Sandalio González, quien estuvo al frente de la operación que involucró a Tony Hernández y a sus asociados, algunos de los cuales aún no han sido capturados por las autoridades.

Desde el estrado, el agente González explicó —acompañado por el video grabado el día del arresto en Miami— que había seguido todos los procedimientos establecidos en la ley para un arresto, destacando que había leído al acusado los derechos Miranda en español, y que habían llamado en varias oportunidades al abogado  Manuel Retureta pero que éste no había respondido.

El agente González  aseguró que había mostrado a Tony Hernández la orden de arresto judicial, y le informó sobre los  delitos de  narcotráfico. Asimismo, le dijo que tenía la opción de cooperar con las autoridades o no, de declararse culpable o no. La respuesta del acusado fue que estaba listo y que tenía disposición de cooperar ampliamente con el gobierno de los Estados Unidos.

El jurado pudo ver el video donde Tony Hernández dice que a su pueblo natal, Lempira llegaron muchos narcotraficantes que manejaban "el negocio", y que iban a reclutar jóvenes. Su mejor amigo, Carlos Mauricio Toledo, quien vivía en su casa en Tegucigalpa, empezó a trabajar con el narcotráfico. "Cuando el tenía necesidad de dinero iba a San Pedro de Sula y trabajaba con Don H (Héctor Emilio Fernández Rosa)  y el Rojo", dijo señalando a dos narcotraficantes que operaban en la zona.

Aseguró que "Carlitos" (Carlos Mauricio Toledo) era su mejor amigo y con el tiempo varios de sus coterráneos entraron al negocio del narcotráfico como Marío José Calix, otro narcotraficante que es primo de Soraya Cálix, jefa de la dirección de Lucha contra el Narcotráfico del gobierno de Honduras.

Tony Hernández manifestó que "el Rojo" le había dicho en una oportunidad que la droga tenía que pasar por Honduras para ser enviada a los Estados Unidos, "porque no podía quedarse en territorio hondureño porque traía muchos problemas".

Sostuvo el acusado que al narcotraficante Héctor Emilio Fernández Rosa, alias "Don H", le había hablado dos veces para saludar. El agente de la DEA le preguntó ¿Nunca le pasaste información a esa gente? Y Tony Hernández respondió: "Yo le decía a Carlos y él me explicaba cómo aterrizaban con unas luces que parecían de Navidad".

Fue entonces cuando Tony Hernández confesó a la DEA que "Carlitos" le había regalado una yegua peruana "por una plata que él me había debiendo del alquiler de una casa". Afirmó además que recibió un reloj rolex, y comentó que "Carlitos" era trabajador del Rojo, pero que los regalos eran por una gratificación de su amigo. ¿Y usted las aceptó?, requirió  el agente González y Tony admitió: "Yo acepté los regalos, las dos pistolas del Rojo".

El agente de la DEA también mostró a Tony Hernández una foto de su teléfono celular  de un kilo de cocaína con la marca TH y le preguntó ¿Qué es esto? Y el acusado dijo "supuestamente es Tony Hernández..cómo van a poner las iniciales en un kilo, un paquete de supuesta droga", a la vez que se reía visiblemente nervioso. 

¿Cuándo empezó usted en el negocio del narcotráfico? preguntó el agente, y Tony Hernández dijo que no había participado directamente "Yo no sabía para dónde iba, por dónde pasaba". Y ¿por qué no hizo nada?, entonces argumentó "yo era un simple mortal, pasaba tranquilo".

Sandalio González le dijo "era el hermano del presidente y eso es poder en Honduras". 

Le preguntó cuáles narcotraficantes conocía y mencionó los siguientes: "El Rojo", Mario José Calix, Los Cachiros, Los Nachos, los hermanos Luis y Miguel Valle Valle,  Miguel Pinto y a su hermano de Copán, los Mata y uno que fue alcalde en Copán "Chante" [Alexander  Ardón] "que tenía sitiado todo el pueblo, con cámaras por todos lados" y a su hermano Hugo Ardón.

El juicio continuará el jueves 10 de octubre con el testimonio del agente González debido a que este miércoles se celebra el Yom Kipur y no habrá actividades en la corte.

Al término de la sesión el juez Kevin Castel denunció que unos sujetos habían tomado fotografías a los miembros del jurado (cuya identidad permanece sellada) a su salida de la corte. EL magistrado ordenó a los alguaciles de los Estados Unidos vigilar las afueras del tribunal y advirtió que el hecho representa una delito federal (que podría conllevar a una declaración de juicio nulo), lo cual es calificado como obstrucción a la justicia.

Castel dijo que los responsables serían castigados con todo el peso de la ley porque no estaba dispuesto a permitir que esto ocurriera en su sala y en un caso bajo su conducción.