Expresidente de Honduras se declaró no culpable de cargos de narcotráfico ante un juez de NY, defensa denuncia que JOH es tratado como un terrorista

  La defensa denunció ante el juez que al exmandatario se le están violando los derechos, incluyendo la posibilidad de comprar comida en el comisariato, consultar correos electrónicos, llamar a su familia, hacer ejercicios una hora al día y hablar con sus abogados para preparar su juicio.

Por Maibort Petit

  Durante la primera audiencia presencial del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández en la Corte del Distrito Sur de Nueva York., el ex-mandatario se declaró no culpable de los cargos interpuestos en su contra por el gobierno de los Estados Unidos que incluyen conspiración para narcotráfico y dos de uso de armas.

      El exmandatario llegó a la sala del juez Kevin Castel vistiendo un uniforme de presidiario color azul, una camiseta y zapatos deportivos naranja. Se le veía sereno, pálido y bastante delgado. Cuando el magistrado le preguntó si se declaraba culpable o no culpable, en español dijo: "No culpable su señoría".

     En el marco de la audiencia el abogado de Hernández, Raymond Colón denunció ante el juez lo que la defensa considera una violación de los derechos del ex-mandatario, al señalar que es tratado como un terrorista a pesar que en este caso no hay violencia. En ese sentido,  afirmó que no sabía por qué Hernández está en una celda aislado las 24 horas del día, no se le permite hacer ejercicios, el sistema rechaza el dinero que la defensa le deposita para que pueda comprar comida en el comisariato de la cárcel, no puede llamar a su familia como el resto de los recluidos en el Centro Metropolitano de Brooklyn, y no puede leer correos electrónicos ni reunirse con la defensa para prepararse para el juicio.

   El magistrado Castel ordenó a los fiscales tomar nota de toda la denuncia y presentar un reporte ante su despacho en 7 días, aclarando que las condiciones descritas por el abogado Colón no representan la esencia del sistema de justicia de Estados Unidos, ni del gobierno, prometiendo que todo acusado tiene derecho a los beneficios denunciados y a ser tratado con respeto, tal cual lo establecen las leyes del país.

   El juez también ordenó a los fiscales preparar las evidencias del caso que incluyen grabaciones de reuniones, documentos, datas extraída de aparatos electrónicos, información sobre redes sociales y otras evidencias fuertes. El descubrimiento (evidencias del caso) deben ser entregadas a la defensa en 60 días, y las mismas deben incluir pruebas que ayuden a exculpar al acusado.

 ya había comparecido virtualmente a la presentación inicial ante un juez accidental de Manhattan, cuando fue extraditado a los Estados Unidos. Mañana, el juez del caso Kevin Castell leerá el expediente en el que se describen los detalles de la acusación contra Hernández, acusado de haber formado parte de una conspiración para enviar cocaína a suelo estadounidense, utilizando para ello su poder político como jefe de Estado.

    Una vez concluyó la audiencia, Hernández agradeció a sus abogados y saludó a los presentes en la sala levantando el brazo. De manera poco regular, algunos activistas que estaban en la sala gritaron insultos contra el exmandatario sin que hubiese un llamado de atención por parte de los alguaciles de la corte. 

     Una vez fuera de las instalaciones, el abogado de JOH, explicó que estaban realizando los trámites para solicitar una fianza ante el tribunal, para lo cual se requiere que se presenten los documentos de las propiedades de los garantes, que forman parte de la comunidad judía de Honduras y de Nueva York.

    La defensa de Hernández informó que "está preparada para desmontar las acusaciones de los fiscales federales, y que para ello están elaborando una investigación detallada de los testigos de la fiscalía, que en su mayoría son narcotraficantes extraditados cuando JOH era presidente".

La estrategia de la defensa

  Tan pronto el nombre de Juan Orlando Hernández surgió en anteriores procesos judiciales que tuvieron lugar en 2019 en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, este comenzó a negar la veracidad de las afirmaciones que testigos del gobierno habían expresado en dichos juicios.

  JOH sostiene que los señalamientos en su contra no son más que una “venganza” de los narcotraficantes que fueron extraditados a Estados Unidos durante su gobierno.

  En aquel entonces escribió en su cuenta personal en la red social Twitter: "Ahora vean como delincuentes confesos que han cometido los peores crímenes, expolicías depurados, políticos buscando venganza, (los narcotraficantes) buscando que les rebajen sus penas dicen y dirán cualquier bajeza para sacarse clavos y obtener, entre otros, beneficios en sus sentencias".

  Durante el juicio de Juan Antonio Hernández Alvarado, el fiscal federal, Jason A. Richman, le dijo al jurado que JOH había recibido un millón de dólares como contribución de Joaquín “Chapo” Guzmán a su campaña electoral. La defensa de Hernández ha referido que el abogado de Guzmán negó esa afirmación del fiscal en unas declaraciones publicadas en The New York Post.

   De hecho, el defensor de Guzmán, Jeffrey Litchman calificó en 2019, en el marco del proceso contra su cliente que se desarrolló en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que la acusación contra JOH era mentira.

  “No hay ningún testimonio de que el Chapo Guzmán haya sobornado al presidente de Honduras”, dijo Lichtman. “En todo caso, lo hizo uno de los testigos del gobierno y su gran grupo de cooperadores”(1).

  Otro argumento que ha esgrimido a su favor JOH y que seguramente será un elemento usado por la defensa, es el hecho de que la Constitución Política de la República de Honduras de 1982, establecía en su artículo 102 que “Ningún hondureño podrá ser expatriado ni entregado por las autoridades a un Estado extranjero”[7], siendo él durante su gestión como presidente del Congreso, quien promovió la reforma constitucional que permitió la entrega de narcotraficantes a Estados Unidos. Asimismo, ya en el ejercicio de la presidencia de Honduras, JOH aprobó la extradición de 32 narcotraficantes, aunque efectivamente se extraditaron 31, pues uno deberá purgar primero condena en Honduras para luego ser entregado a la justicia de EE. UU. Esto podría haber sido simplemente un método de sacar de en medio a competidores y rivales, han alertado algunos analistas consultados.

  Voceros de la defensa de Hernández han señalado extraoficialmente que la Fiscalía estadounidense subirá, aproximadamente, 32 testigos al estrado para sustentar su acusación más allá de la duda razonable. Se adelantado además que los defensores del hondureño buscará enfrentarlas con la declaración de 16 testigos.

  Apuntar al descrédito de los testigos del gobierno sería el objetivo de los abogados Colón y Pérez, toda vez que el principal de los convocados de la fiscalía sería quien, igualmente, ha jugado un papel estelar en anteriores causas, a saber, Devis Rivera Maradiaga, exlíder de Cartel de Los Cachiros, como también lo serían los hermanos Valle Valle, quienes presentan un amplio prontuario criminal.

  Poner en duda ante el jurado tales testimonios recordando, por ejemplo, que el propio Rivera Maradiaga admitió en corte su participación en el asesinato de más de 75 personas, seguramente será la estrategia y el objetivo de los abogados cuando enfrenten en el estrado las afirmaciones de los testigos.

  Colón dijo a los periodistas a las afueras de la corte que la defensa estaba  lista para desmentir los señalamientos que en contra de JOH esgrimen los fiscales.

  Colón aseguró que "tienen todo preparado para tratar de desvirtuar frente a los jueces en una primera parte la acusación de los narcotraficantes contra Hernández indicando que se trata de una venganza".

Los testigos de las partes

  Uno de los testigos que presentará la fiscalía en este caso es el líder del violento cártel hondureño conocido como los Cachiros, Devis Rivera Maradiaga que ha participado como testigo cooperante del gobierno en los principales casos de narcotráfico de Honduras, incluyendo el de Fabio Lobo, hijo del expresidente, Pepe Lobo y Juan Antonio Hernández, hermano del expresidente, Juan Orlando Hernández, ambos sentenciados en Nueva York por delitos de narcotráfico.

  Ángel Martínez, un investigador privado de Estados Unidos, contratado por el despacho de abogados defensores de Juan Orlando Hernández, para investigar a los testigos de la fiscalía, ha sorprendido con algunas afirmaciones. Este investigador sostiene que el gobierno ha levantado su caso únicamente con el testimonio de narcos, algo que podría hacer tambalear la acusación ante el jurado, toda vez que la defensa se enrumbará a descalificar a los exlíderes de los Cachiros y el Clan Valle Valle.

  Y aunque luzca algo peregrina, Martínez ha dejado colar una tesis que asegura que la carta bajo la manga del gobierno sería Tony Hernández, a quien los fiscales estarían presionando para que acceda a testificar contra su propio hermano. “La clave de este juicio es convencer a ‘Tony’ Hernández porque si es el hermano que habla, el jurado lo va a ver desde otro ángulo, porque él puede salvarse o salvar a su hermano”[3].

   Por su parte, los abogados de Juan Orlando Hernández han indicado que mientras la fiscalía sentará en el estrado a testificar a delincuentes para poder respaldar su acusación, la defensa llamará a altos funcionarios y exfuncionarios del gobierno estadounidense a objeto de que reiteren ante el jurado lo que muchas veces, en ocasiones anteriores, han asegurado acerca de su defendido.

  Y es que durante las administraciones de Barack Obama y Donald Trump, se calificó al entonces presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, como un aliado de los EE. UU. y gran colaborador en materia de lucha contra el narcotráfico. La defensa, ha dicho, echará mano de información publicada por el Departamento de Estado y el Comando Sur de los Estados Unidos, que así lo certificarían.

Se juzgarán conductas y no opiniones

  Fuentes consultadas por Venezuela Política ven como un hecho muy poco probable el que la defensa pueda llamar a declarar en favor de JOH, a los expresidentes Obama y Trump, así como a los exsecretarios de estado, Hillary Clinton y Mike Pompeo, o al jefe del Comando Sur, quienes calificaron Hernández como un gran socio de los EE. UU. en materia de lucha contra el narcotráfico. Mucho menos al actual presidente, Joe Biden, quien ejerció como vicepresidente en gestión de Obama.

 Estas mismas fuentes advirtieron que aún cuando la defensa argumente que el propio gobierno estadounidense ha destacado el papel de JOH en la lucha contra el narcotráfico en otras ocasiones, y busque descalificar a los testigos del gobierno, será difícil que pueda rebatir los hechos y acciones en que habría incurrido el expresidente Hernández y que muy seguramente presentará la fiscalía como sustento del caso.

  No desestiman a rajatabla que el juez llame a los exaltos funcionario gubernamentales de EE. UU. a declarar, pero lo ven con muy poco probable. 

  La acusación contra JOH seguramente contendrá hechos concretos, específicos que son los que realmente conforman la base del caso contra con el expresidente hondureño. Es el comportamiento de Juan Orlando Hernández lo que se juzgará en el Tribunal del distrito Sur de Nueva York, no las opiniones sobre él. Subrayan que, en todo caso, lo que quedaría en evidencia es la doble vida de Hernández, quien a modo de mampara habría exhibido una conducta ante sus homólogos y el gobierno de EE. UU., mientras que al mismo tiempo llevaba a cabo los actos por los cuales ahora se le juzgará.

  En todo caso, nuestras fuentes expertas advierten que esta no sería la primera vez que la justicia de EE. UU. siente en el banquillo de los acusados a antiguos aliados, tal fue el caso de Manuel Noriega, ex-dictador de Panamá.

  Lo que sí no descartan estas fuentes es que este juicio sirva para ponderar y censurar la poca previsión de las pasadas administraciones a la hora de emitir sus reconocimientos.

    El juez Castel fijó como probable fecha del juicio el 17 de enero de 2023. Pidió a las partes que dejarán el calendario abierto para que en la fecha por él seleccionada se inicie la selección del jurado que tendrá la responsabilidad de juzgar a un expresidente que jugó un rol protagónico en las alianzas de EE. UU. en los países del triángulo norte para la lucha contra el narcotráfico en la región. 

Cazador cazado.

[1] EFE. “Hernández atribuye a venganza la denuncia de que usó dinero del narcotráfico”. 4 de agosto de 2019. https://www.efe.com/efe/espana/mundo/hernandez-atribuye-a-venganza-la-denuncia-de-que-uso-dinero-del-narcotrafico/10001-4036843

[2] Venezuela Política. “Fiscalía de EE. UU. asegura que el presidente de Honduras recibió un millón de dólares para su campaña de Joaquín El Chapo Guzmán”. 2 de octubre de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/10/fiscalia-de-ee-uu-informa-que-el.html

[3] Justia Honduras. Constitución Política de la República de Honduras de 1982. https://honduras.justia.com/federales/constitucion-politica-de-la-republica-de-honduras-de-1982/titulo-iii/capitulo-ii/

Conozca la acusación formal por narcotráfico presentada contra Juan Orlando Hernández en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York

 Conspiración de importación de cocaína; Posesión de Ametralladoras y Dispositivos Destructivos; y Conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos; son los tres cargos que se le imputan al expresidente hondureño.

Por Maibort Petit 

    Ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, el fiscal por el distrito homónimo, Damian Williams, presentó la acusación formal dictada por un Gran Jurado en contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, también conocido como “JOH”, la cual comprende tres cargos.

   Conspiración de importación de cocaína, es el primero de los cargos, el cual establece que Hernández es un exmiembro del Congreso de Honduras y expresidente de la referida nación centroamericana, quien entre 2004 y 2022 participó en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Por ello JOH habría recibido millones de dólares de parte de múltiples organizaciones de narcotraficantes en Honduras, México y otros lugares, entre ellos, el exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo".

  Se indica que Juan Orlando Hernández habría usado las ganancias del narcotráfico para enriquecerse, financiar sus campañas políticas y cometer fraude electoral, específicamente en los comicios presidenciales de Honduras de 2013 y 2017. A cambio, JOH protegió a los narcotraficantes, incluido su hermano y ex-diputado del Congreso Nacional de Honduras, Juan Antonio Hernández Alvarado, alias "Tony Hernández".

 Juan Orlando Hernández facilitó información delicada a los traficantes de drogas relativa a las fuerzas del orden público y militares, ayudándolos de este modo en sus actividades delictivas. También dispuso que miembros de la Policía Nacional y militares de Honduras protegieran cargamentos de droga en ese país, al tiempo que permitió una violencia brutal sin consecuencias.

  Sostiene la acusación que JOH abusó de su posición como presidente de Honduras para operar el país como un narcoestado, esto con el fin de enriquecerse, obtener y mantener el poder de manera corrupta. Asimismo, corrompió las instituciones legítimas de Honduras y al tiempo que se presentaba públicamente como un aliado de los Estados Unidos, contribuía con sus cómplices a que su país se convirtiera en uno de los puntos de transbordo más grandes del mundo para la cocaína destinada a los Estados Unidos.

Los medios de la conspiración

  Al explicar los medios y métodos utilizados por JOH para la presunta comisión de la Conspiración de narcotráfico, la acusación explica que desde 2004, varias organizaciones de narcotraficantes en Honduras y otros lugares trabajaron juntas para recibir varias toneladas de cocaína enviadas a Honduras desde Colombia y Venezuela, a través de rutas marítimas y aéreas. Los envíos marítimos se enviaron hacia el norte desde la costa de Venezuela utilizando lanchas rápidas, barcos de pesca y portacontenedores, mientras los envíos aéreos a menudo se enviaban desde pistas de aterrizaje clandestinas, generalmente hechas de tierra o hierba, en Colombia y Venezuela, y se recibían en pistas de aterrizaje clandestinas similares en Honduras. Desde Honduras, los narcotraficantes la transportaban hacia la frontera con Guatemala y, finalmente, a los EE. UU.

 Agrega que desde 2004, los miembros de la conspiración transportaron a través de Honduras más de 500.000 kilos de cocaína con destino a Estados Unidos, para lo cual los narcotraficantes consiguieron el apoyo, protección y participación directa de JOH y otros destacados funcionarios públicos hondureños. A estos, las organizaciones de narcotráfico les pagaron sobornos a cambio de que les proporcionaran protección contra investigaciones y el arresto.

  Hernández y otros destacados funcionarios públicos, supuestamente coordinaron con narcotraficantes en apoyo de la conspiración para transportar y distribuir estos grandes cargamentos de cocaína, al tiempo que hacía que otros brindaran seguridad fuertemente armada para proteger a los miembros de la conspiración y sus cargamentos de cocaína.

 JOH supuestamente interfirió con las investigaciones de narcotráfico, impidió la extradición a Estados Unidos de narcotraficantes; se enriqueció mientras el pueblo de Honduras soportaba condiciones de pobreza y violencia desenfrenada; y obtuvo y mantuvo el poder político a través de sobornos a otros, con ganancias del narcotráfico para asegurar su elección, incluso a través del fraude electoral.

Los hechos

  Juan Orlando Hernández, de acuerdo a la acusación, junto a otros miembros de la conspiración, en tiempos cuando se despeñaba como congresista y se postulaba a la reelección, en 2005, presuntamente aceptó USD 40.000 en ganancias del narcotráfico de Víctor Hugo Díaz Morales, alias "El Rojo", el exlíder de una organización de narcotraficantes con base en Honduras y Guatemala, cuyo soborno fue pagado a través de Juan Antonio Hernández Alvarado. A cambio, la organización de Díaz Morales recibió información y protección de la policía hondureña en las operaciones de transporte de grandes cantidades de cocaína con destino a Estados Unidos a través de Honduras y Guatemala.

  En 2009, JOH hizo campaña para convertirse en presidente del Congreso Nacional de Honduras, tiempo en el que Díaz Morales le entregó aproximadamente USD 100.000 en ganancias del narcotráfico y a cambio ofreció que funcionarios amigos del narcotraficante serían colocados en los principales puestos policiales y brindarían información que les permitiera contrarrestar sus actividades delictivas.

  Del mismo modo, refiere la acusación que entre 2004 y 2016, Díaz Morales recibió información confidencial a cambio de los sobornos pagados a JOH, sobre las actividades en contra del narcotráfico emprendidas por las fuerzas del orden público y el ejército en Honduras. En ese mismo período, Díaz Morales y Tony Hernández trabajaron para transportar a través de Honduras aproximadamente 140.000 kilogramos de cocaína con destino a los Estados Unidos.

Aparece en escena Porfirio Lobo

  La acusación refiere que, en 2009, Porfirio Lobo, aliado político de JOH, comenzó una campaña para convertirse en presidente de Honduras y, en ese tiempo, trabajaron juntos para obtener aproximadamente USD 2.000.000 en ganancias del narcotráfico de Amílcar Alexander Ardon Soriano, alias "Chande", un ex-narcotraficante hondureño y, por entonces, alcalde de El Paraíso en Honduras.

  Hernández y Lobo Sosa le prometieron a Ardón Soriano, protegerlo del arresto y extradición a los Estados Unidos, así como también nombrarían a un pariente y co-conspirador (CC-1) de Ardón Soriano en un puesto en el gobierno nacional hondureño.

  En noviembre de 2009, Porfirio Lobo Sosa fue elegido presidente de Honduras y en enero de 2010, JOH se convirtió en presidente del Congreso Nacional. Posteriormente, y a cambio del soborno de USD 2.000.000 antes mencionado de Ardón Soriano, JOH y Lobo designaron a CC-1 como jefe de una agencia del gobierno hondureño y le otorgaron contratos gubernamentales a través de compañías de fachada controladas por narcotraficantes.

   En enero de 2010, con JOH como presidente del Poder Legislativo hondureño, Tony Hernández y Ardón Soriano participaron en múltiples envíos de cocaína por mes, para lo cual utilizaron varios medios de transporte. Juan Antonio Hernández Alvarado y Ardón Soriano trabajaron juntos para transportar a través de Honduras más de 30.000 kilogramos de cocaína con destino a EE. UU. Para ello contaron con el apoyo de JOH y miembros de la Policía Nacional de Honduras.

  En 2012, JOH apoyó públicamente una enmienda a la Constitución de Honduras que autorizó la extradición de ciudadanos hondureños a los Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico. Sin embargo, durante reuniones privadas, JOH, Tony Hernández Alvarado y otros funcionarios públicos prominentes en Honduras, prometieron proteger a sus aliados del narcotráfico a cambio de grandes pagos de ganancias del narcotráfico y apoyo en las próximas elecciones.

  En 2013, JOH comenzó a hacer campaña para convertirse en presidente de Honduras y presuntamente habría aceptado USD 1.000.000 en ganancias del narcotráfico de Guzmán Loera que llegaron a sus manos a través de su hermano Tony Hernández Alvarado quien, para la época, trabajaba en coordinación con Ardón Soriano y otra organización narcotraficante liderada por Miguel Arnulfo Valle Valle y Luis Antonio Valle Valle para proporcionar al Cártel de Sinaloa cantidades masivas de cocaína y seguridad armada para el transporte de esos cargamentos a través de Honduras. JOH envió a Tony Hernández Alvarado y un asociado, armados con ametralladoras, a cobrar el millón de dólares de Guzmán Loera.

El Cártel de Sinaloa en Honduras

  La acusación explica que, en 2013, previo a las elecciones presidenciales, JOH ordenó a CC-1 y a otros que sobornaran a ciertos políticos y funcionarios electorales utilizando los fondos de la campaña financiados con las ganancias del narcotráfico. Esto con el objetivo de asegurar que Juan Orlando Hernández ganara las elecciones.

  En 2013 y 2014, cuando JOH fue elegido presidente de Honduras, como parte de su participación continua en la conspiración de tráfico de cocaína se asoció con Geovanny Fuentes Ramírez y este le proporcionó USD 25.000 a cambio de protección. JOH quería acceder a un laboratorio de cocaína controlado por Fuentes Ramírez debido a su proximidad a un puerto en Honduras y acordó con éste el uso de personal de las fuerzas armadas hondureñas como seguridad para sus actividades de narcotráfico. JOH instruyó a Fuentes Ramírez acerca de que Tony Hernández Alvarado estaba manejando actividades de narcotráfico en Honduras y que a él debía reportarle directamente.

   En 2014, con JOH en la presidencia, se reunió con Tony Hernández Alvarado, Ardón Soriano y CC-1, entre otros, para discutir las extradiciones pendientes de Miguel Valle y Luis Valle a los Estados Unidos. JOH había decidido extraditarlos en respuesta a los informes de que estos planeaban asesinarlo.

  En 2017, mientras JOH estaba en campaña para la reelección, se reunió con Ardón Soriano en Copán, Honduras y manifestó su preocupación ante la posibilidad de perder las próximas elecciones y le pidió que financiara su campaña en Copán y Lempira, a cambio de seguir protegiéndolo de arresto y extradición. Ardón Soriano destinó USD 1.500.000 provenientes del narcotráfico para sobornar a otros políticos y funcionarios electorales.

  En 2018, Tony Hernández Alvarado fue acusado en el Distrito Sur de Nueva York en relación con su participación en la conspiración de tráfico de cocaína, y posteriormente fue condenado después de un juicio, el 18 de octubre de 2019 por delitos de narcotráfico.

  Mientras el caso de Hernández Alvarado estaba pendiente, JOH continuó coordinando con narcotraficantes la promoción de la conspiración. Durante el juicio de Tony Hernández Alvarado, se presentó como evidencia una fotografía recuperada del teléfono celular de este que mostraba una ametralladora inscrita con el nombre de JOH, así como los registros de drogas pertenecientes a otro narcotraficante hondureño (CC-2) que contenían anotaciones con el nombre de Juan Antonio Hernández Alvarado y las iniciales de "JOH", junto con las entradas correspondientes que reflejaban grandes pagos a estos. Aproximadamente una semana después de la condena de Tony Hernández Alvarado, el 26 de octubre de 2019, CC-2 fue asesinado en la cárcel.

Las armas

  El segundo cargo que contiene la acusación formal contra Juan Orlando Hernández es por Posesión de Ametralladoras y Dispositivos Destructivos, habiendo determinado el Gran Jurado que desde 2004 hasta 2022, en Honduras, Guatemala, Venezuela, Colombia, México y en otros lugares, en un delito iniciado y cometido fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos, el acusado, quien  puede ser procesado en un tribunal de los estadounidense por la conspiración de importación de cocaína imputada en el Primer Cargo, usó y portó armas de fuego en apoyo de dicho delito y ayudó e instigó a su uso, porte y posesión.

 El tercer cargo contra JOH es por Conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos, estableciendo la acusación que este y otros, confabularon durante la comisión del delito del primer cargo, para usar y portar armas de fuego para promover dicho delito.

Alegación de decomiso

  Finalmente, la acusación formal contra Juan Orlando Hernández, contempla que este perderá en favor de los Estados Unidos todas las armas de fuego y municiones involucradas y utilizadas en la comisión de los delitos imputados en los Cargos Dos y Tres.

  Se prevé que si cualquiera de los bienes decomisables antes descritos, como resultado de cualquier acto u omisión de el acusado no puede ser localizado en el ejercicio de la debida diligencia; ha sido transferido o vendido a, o depositado con, una tercera persona; ha sido colocado fuera de la jurisdicción de la Corte; ha disminuido sustancialmente su valor; o se ha mezclado con otros bienes que no pueden subdividirse sin dificultad, Estados Unidos solicitará el decomiso de cualquier otra propiedad del demandado hasta el valor de los bienes confiscables antes mencionados.

Justicia de Honduras autoriza extradición del expresidente Juan Orlando Hernández a EE. UU.

  Por Maibort Petit

  Este lunes los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Honduras ratificaron la extradición del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández a los Estados Unidos, donde es requerido por una acusación por delitos de narcotráfico. Siete magistrados nacionalistas, siete liberales y el juez de la causa discutieron la procedencia de la solicitud del gobierno norteamericano.

  El proceso concluye casi un mes después que el pasado 7 de febrero del presente año 2022, el Departamento de Estado de los Estados Unidos informara de la desclasificación y publicitación de la inclusión del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández en la Lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos de los EE. UU. desde el 1 de julio de 2021, en razón de que múltiples informes creíbles daban cuenta de la supuesta participación del exmandatario en hechos de corrupción y narcotráfico, así como en la utilización de las ganancias de dichas actividades ilícitas en la facilitación de campañas políticas[1].

   Luego del primer paso, se inició un proceso que, una semana después — el 14 de febrero— se tradujo en la solicitud de extradición de JOH por parte de la administración estadounidense. 

   Posteriormente, la cancillería hondureña informó a través de su cuenta en la red social Twitter que había remitido a la Corte Suprema una comunicación oficial de la Embajada de los EE. UU, en la que pedía formalmente el arresto provisional de "un político hondureño" cuyo nombre omitieron, con el propósito de extradición a la nación de norteamericana. 

   El arresto de Juan Orlando Hernández se produjo el 15 de febrero, cuando se encontraba en su residencia en Tegucigalpa y  17 de marzo, el juez de Extradición de Primera Instancia, Edwin Ortez, aprobó la extradición sustentada en delitos de narcotráfico y porte de armas.

  Una vez que se hizo el mencionado procedimiento, los abogados de Juan Orlando Hernández apelaron la orden el 20 de marzo de 2022, cuando el equipo defensor de exmandatario presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la nación centroamericana contra el fallo que autorizó su traslado a EE. UU., siendo esta la decisión definitiva que se adoptó este lunes por parte de la máxima instancia, definitiva.

Sospechas de actividades criminales

  Sobre JOH existían sospechas desde el año 2004, de acuerdo a lo que revelan documentos que fueron desclasificados que indican que “participó en una conspiración violenta de narcotráfico” en esa época en que ejercía como diputado del Congreso Nacional del que, incluso, era directivo.

 Para la defensa de JOH es fundamental que el expresidente permanezca en Honduras y en ese sentido giran sus actuaciones, entre ellas, el haber sacado a relucir los supuestos 32 casos que su representado tiene abiertos en instancias de su país. Los abogados, en vísperas a que se produzca una decisión por parte de la Corte Suprema, buscan frenar la posible extradición advirtiendo que es necesario que antes se investiguen las denuncias y sea juzgado en la nación centroamericana.

  La justicia estadounidense solicita al exmandatario hondureño para sentarlo en el banquillo de los acusados del Tribunal para el Distrito Sur d e Nueva York y allí responda por los tres cargos relacionados narcotráfico que le imputa la fiscalía homónima a dicha corte. De concretarse la extradición, Juan Orlando Hernández se enfrentaría a una experiencia similar a la de su hermano, el exdiputado Juan Antonio Hernández, condenado a cadena perpetua por delitos similares.

  El primero de los cargos imputado a JOH es por conspiración para importar sustancia controlada a los Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo, así como fabricar y distribuir una sustancia controlada con la intención y el conocimiento de que dicha sustancia sería importada a ese país. El segundo cargo, es por usar o portar armas de fuego o ayudar e instigar al uso, el porte y la posesión de armas de fuego en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos de la que se le acusa en el cargo uno. En tercer lugar, se le señala de conspiración para usar o portar armas de fuego en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos.

  Juan Orlando Hernández ha negado insistentemente los cargos en su contra, personalmente, y a través de sus abogados o por intermedio de su esposa, Ana García de Hernández, quien sostiene que JOH es víctima de una venganza orquestada por parte de narcotraficantes hondureños que fueron extraditados a los EE. UU. y buscan bajar sus penas.

 La ex primera dama asegura que existen suficientes argumentos legales para frenar la extradición de su marido y el asunto se resuelva a favor de este.

  García advirtió que el convenio suscrito entre EE. UU. y Honduras no es una normativa que, de acuerdo al derecho, permita la extradición de nacionales hondureños. Debe aplicarse la ley hondureña y recordó que el país centroamericano es suscriptor de tratados internacionales que protegen a los conciudadanos de ser víctimas de penas inhumanas y degradantes.

Las maniobras de la defensa

  Pero antes de ser juzgado en tierras de Estados Unidos debe serlo en la propia Honduras, donde enfrenta denuncias y acusaciones por los mismos delitos. “El señor Juan Orlando Hernández Alvarado tiene en nuestro país una cantidad de denuncias e investigaciones preliminares pendientes, que forman parte del proceso penal que deben ser dilucidadas previo a su extradición a un país extranjero”, dijo Rosa Elena Bonilla Galindo, integrante del equipo de abogados que lo defiende.

  Eco de estas afirmaciones son los dichos de Iván Martínez, otro de los letrados del equipo legal, quien manifestó que su cliente tiene causas en Honduras por los mismos hechos que se investigan en Estados Unidos. Las denuncias están desde hace mucho tiempo en la fiscalía hondureña, por lo que, según agregó, el “Ministerio Público, sus razones tendrá, no ha elevado el proceso al órgano competente, sólo ellos podrán responder”.

  Lo que procuran los abogados de JOH es evitar que este vaya a ser condenado en EE. UU. a cadena perpetua por delitos de narcotráfico que en Honduras enfrentan penas menores. Para los representantes legales de Juan Orlando Hernández “los tratados de extradición se basan en el hecho de que no debe menoscabarse la soberanía del estado, ni por medio de un proceso de extradición sed evite que el Estado requirente desconozca la verdad”, explicó Félix Ávila, otro de los abogados del expresidente.

“Sí Honduras concede la extradición de un hondureño, estando obligado según los convenios que se ha suscrito a respetar y garantizar los derechos humanos, permitiendo que ese hondureño sea condenado en otro país a penas perpetuas, es lo mismo que las imponga mediante su sistema legal, violando flagrantemente la normativa nacional e internacional”[9].

  Los abogados también han solicitado a la CSJ que analiza la extradición, que se lleve a cabo una consulta prejudicial ante la Corte Centroamericana de Justicia a objeto de que esta emita un informe sobre los alcances y prerrogativas que la inmunidad concede a los diputados del Parlacen[10].

Son solamente denuncias, no requerimientos

  A las afirmaciones de la defensa le salió al paso el Ministerio Público a través de un vocero, Yuri Mora, quien confirmó que sobre el expresidente Hernández, efectivamente, pesan 32 denuncias, pero aclaró que el convenio suscrito entre Honduras y Estados Unidos “establece que al menos que tenga procedimientos judiciales, como requerimientos fiscales o acusaciones a través de requerimientos fiscales, es que se puede considerar para la extradición”.

  En este sentido, el vocero de la fiscalía dejó sentado que el hecho de que JOH tenga 32 denuncias no causa ningún efecto en el proceso de extradición, pues así lo establece el Tratado de Extradición con Estados Unidos[11].

JOH al control de la justicia

  Pero mientras algunos consideran que le ha llegado la hora de rendir cuentas a Juan Orlando Hernández, otros piensan que sigue manteniendo el control del sistema de justicia hondureño.

  Una de los que así piensan es la diputada Silvia Ayala, quien forma parte de la comisión parlamentaria especial encargada de los temas de extradición la cual tiene como misión generar un informe y estudio sobre el contexto hondureño y el convenio de extracción que existe entre la nación centroamericana y los Estados Unidos[12], país que en la actualidad mantiene acusaciones sobre JOH, el exjefe de policía Juan Carlos Bonilla; y Tokiro Rodas un supuesto pandillero, a quienes señala de mantener vínculos con el narcotráfico.

  La diputada Ayala y el resto de los integrantes del ente legislativo analizan las listas de extradición, estima que Juan Orlando Hernández “sigue controlando el sistema judicial”, aún cuando en estos momentos lo mantiene en reclusión y uno de sus integrantes ha aprobado su extradición a EE. UU.

“Que ahora aparezcan 32 denuncias en contra de Juan Orlando Hernández, cuando en ocho años no se presentó ningún requerimiento, indica que sigue controlando la justicia”, aseveró Ayala.

 Precisó que “En lo que conocemos no hubo nunca un proceso de investigación, sino en este momento cuando Hernández ha sido capturado por el pedido de extradición, y el Ministerio Público dice que ¡tiene investigación en torno a actor irregulares del expresidente y su grupo criminal que sigue controlando la impartición de justicia”[13].

No desafiar a EE. UU.

 Otros se atreven a dar consejos a la Corte Suprema de Justicia de Honduras respecto a la decisión que debe tomar respecto a la extradición de JOH.

  Se trata de un analista político hondureño, Raúl Pineda Alvarado, para quien “No es inteligente, no es lógico, no es coherente pensar que Honduras va a desafiar a la potencia más grande del mundo, particularmente en el caso del expresidente Hernández, que no tiene ningún apoyo del gobierno de su país”.

   Desde su visión, Pineda Alvarado estima que solamente “un milagro puede salvar a don Juan Orlando Hernández de enfrentar a los fiscales y a los jueves norteamericanos y hasta donde yo conozco los abogados no hacemos milagros”[14].

REFERENCIAS

[1] Departamento de Estado. “U.S. Actions Against Former Honduran President Juan Orlando Hernandez for Corruption”. 7 de febrero de 2022. https://www.state.gov/u-s-actions-against-former-honduran-president-juan-orlando-hernandez-for-corruption/

[2] DW. “EE.UU. solicita extradición de expresidente hondureño Juan Orlando Hernández”. 15 de febrero de 2022. https://www.dw.com/es/eeuu-solicita-extradici%C3%B3n-de-expresidente-hondure%C3%B1o-juan-orlando-hern%C3%A1ndez/a-60778444#:~:text=Estados%20Unidos%20solicit%C3%B3%20a%20Honduras,fuentes%20oficiales%20cercanas%20al%20proceso.

[3] El País. “Detenido el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández acusado de narcotráfico por Estados Unidos”. 15 de febrero de 2022. https://elpais.com/internacional/2022-02-15/ee-uu-solicita-la-extradicion-del-expresidente-de-honduras-juan-orlando-hernandez-por-narcotrafico.html

[4] France24. “Honduras: juez autorizó extradición del expresidente Juan Orlando Hernández a Estados Unidos”. 17 de marzo de 2022. https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20220317-juan-orlando-hernandez-extradicion-estados-unidos 

[5] CNN Español. “El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández apela fallo que autoriza su extradición EE.UU.”. 20 de marzo de 2022. https://cnnespanol.cnn.com/2022/03/20/honduras-expresidente-juan-orlando-hernandez-apela-fallo-extradicion-ee-uu-orix/

[6] La Prensa. “Paso a paso: El camino de Juan Orlando Hernández hacia su extradición o libertad”. 16 de marzo de 2022. https://www.laprensa.hn/honduras/paso-a-paso-el-camino-de-juan-orlando-hacia-su-extradicion-o-libertad-XX6541011

[7] La Prensa. “Tres cargos de peso: Las acusaciones de EEUU contra Juan Orlando Hernández”. 16 de marzo de 2022. https://www.laprensa.hn/honduras/esta-denunciado-por-narcotrafico-en-honduras-abogado-de-juan-orlando-hernandez-FY6742263

[8] La Prensa. “Ana García de Hernández asegura que existen argumentos legales para frenar extradición de JOH”. 24 de marzo de 2022. https://www.laprensa.hn/honduras/ana-garcia-de-hernandez-asegura-que-existen-argumentos-legales-para-frenar-extradicion-de-joh-YD6775472

[9] La Prensa. “Está denunciado por narcotráfico en Honduras: Abogado de Juan Orlando Hernández”. 23 de marzo de 2022. https://www.laprensa.hn/honduras/esta-denunciado-por-narcotrafico-en-honduras-abogado-de-juan-orlando-hernandez-FY6742263

[10] La Prensa. “Juan Orlando Hernández tiene 32 investigaciones en contra en Honduras: Defensa”. 21 de marzo de 2022. https://www.laprensa.hn/honduras/extradicion-juan-orlando-hernandez-casos-fiscalia-honduras-abogados-KX6671862

[11] La Prensa. “MP: Juan Orlando Hernández solo tiene denuncias no requerimientos”. 22 de marzo de 2022. https://www.laprensa.hn/honduras/ministerio-publico-juan-orlando-hernandez-tiene-denuncias-no-requerimientos-EX6716420

[12] La Prensa. “Comisión conocerá hoy nombres de más extraditables hondureños”. 23 de marzo de 2022. https://www.laprensa.hn/honduras/comision-conocera-hoy-nombres-de-mas-extraditables-hondurenos-NK6729285

[13] La Prensa. “‘Juan Orlando Hernández sigue controlando la justicia’: Diputada Silvia Ayala”. 23 de marzo de 2022. https://www.laprensa.hn/honduras/juan-orlando-hernandez-sigue-controlando-la-justicia-diputada-silvia-ayala-JX6734920

[14] La Prensa. “No es lógico desafiar a EEUU negando extradición de Juan Orlando Hernández: Raúl Pineda”. 24 de marzo de 2022. https://www.laprensa.hn/honduras/no-es-logico-desafiar-a-eeuu-negando-extradicion-de-juan-orlando-hernandez-raul-pineda-YI6794010

 

Juan Orlando Hernández: De Casa Presidencial a prisión en espera de una decisión sobre su pedido de extradición a Estados Unidos

  Acusado de cargos de narcotráfico, la justicia estadounidense lo ha pedido al gobierno hondureño, cuyo sistema judicial ahora debate la solicitud.

Por Maibort Petit

   El revuelo se apoderó de Honduras en los últimos días luego de conocerse que el gobierno de los Estados Unidos había solicitado en extradición el expresidente de esa nación centroamericana, Juan Orlando Hernández, al ser acusado por la justicia estadounidense de la comisión de delitos de narcotráfico. El pedido fue formulado ante la cancillería hondureña por la Embajada de los EE. UU, en Tegucigalpa, de acuerdo a lo informado a través de un mensaje en Twitter por el ministerio de exteriores hondureño. Entre las últimas decisiones del caso, destaca la adoptada durante la primera audiencia celebrada en la Corte Suprema de Justicia de decretar la detención provisional del expresidente hasta que tenga lugar la segunda audiencia el próximo 16 de marzo.

"La Cancillería de acuerdo a ley ha remitido a la CSJ (Corte Suprema de Justicia) comunicación oficial de la Embajada de los EE.UU., solicitando formal arresto provisional de un político hondureño con el propósito de extradición a los Estados Unidos de América", rezó el mensaje de la red social que obviaba la mención del nombre del exmandatario[1]. Entretanto el órgano del gobierno hondureño era escueto en su información, la prensa se explayaba en datos que referían que la solicitud de extradición presentada ante la CSJ sostenía que JOH “participó en una ‘violenta conspiración de narcotráfico’ que desde 2004 ha transportado 500 toneladas de cocaína desde Venezuela y Colombia a los Estados Unidos a través de Honduras (…) [y que] recibió millones de dólares en sobornos por facilitar los envíos y proteger a los traficantes del enjuiciamiento”.

Hablan los abogados y el PNH

  Cuando la noticia corrió, los abogados de JOH informaron que este se entregaría de forma voluntaria "para seguir el proceso legal y defender su inocencia". Mas tarde, uno de sus representantes legales, Hermes Ramírez, denunció como “atropello” el acoso que se había formado en torno a la figura del expresidente de Honduras y exigieron el cumplimiento de las normas en este tipo de procedimientos[2].

  También su organización política, el Partido Nacional de Honduras pidió que se respetaran los derechos humanos y el debido proceso en el caso, mediante un comunicado en el que la dirigencia del mismo expresó su solidaridad con el expresidente, al tiempo que lo felicitó por su decisión de "entregarse y someterse de forma voluntaria al procedimiento de extradición, decisión acertada y correcta que debe ser tomada en cuenta por los órganos de seguridad en este momento"[3].

Orden de captura y arresto

   En la víspera de su detención la Corte Suprema de Justicia confirmó la recepción de la solicitud y, a través de un comunicado, dio a conocer la convocatoria “a una sesión del pleno” cuyo objetivo tenía como “punto único” designar al “juez natural” que analizaría “la solicitud de extradición procedente de la Embajada de los Estados Unidos de América y remitida por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional”[4].

  Tal magistrado resultó ser Edwin Ortez, [un hombre señalado por estar supuestamente ligado al partido de Manuel Zelaya y de su mujer, ahora presidente, Xiomara Zelaya, Libertad y Refundación], quien procedió a dictar la orden de detención de inmediato.

  Acto seguido el pedido se activaron los mecanismos judiciales y Tegucigalpa se convirtió en un hervidero ante las distintas versiones del caso que circulaban, hasta que el propio Hernández se pronunció a través de un mensaje grabado que difundió en Twitter en el que confirmó la petición de captura con fines de extradición formulada por Estados Unidos, un pedido al que dijo estar “presto y listo para colaborar”.

“Son las 5 y 44 de la mañana, les mando un mensaje a todos los que me han acompañado con sus oraciones, con sus buenos deseos, muchísimas gracias. No es un momento fácil, a nadie se lo deseo, pero también el propósito de este mensaje es que la Policía Nacional, a través de mis apoderados, ha recibido ya el mensaje que estoy presto y listo para colaborar y llegar voluntariamente con su acompañamiento en el momento que el juez natural que designe la honorable Corte Suprema de Justicia así lo decida, para poder enfrentar esta situación y defenderme“, expresó Hernández en su cuenta personal en la red social[5].

   Un mensaje que emitía JOH mientras su casa en la capital hondureña se encontraba rodeada por las fuerzas de seguridad desde la noche del lunes 14, desplegadas a las órdenes del ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, quien se apersonó para proceder a la captura de Hernández. Quien ahora encabeza el referido despacho gubernamental fue hasta hace poco prófugo de la justicia, luego de huir con su familia tras su destitución de la policía bajo la administración de Hernández. Irónicamente, ahora le correspondía a él arrestar a su perseguidor [6].

   Un operativo que se vio coronado con el expresidente saliendo de su casa cubierto con una gorra azul y mascarilla, para ser inmediatamente esposado de pies y manos y ponerle un chaleco antibalas. Lo próximo fue subirlo a un vehículo blindado para trasladarlo a la Policía Nacional para rendir su declaración preliminar en el proceso judicial sobre su extradición[7].

  Tan pronto las imágenes de quien había gobernado Honduras por ocho años se difundieron, se dejaron escuchar fuegos artificiales en Tegucigalpa, mientras una centena de manifestantes celebraban el arresto en las afueras de la residencia de JOH.

Ante la Corte

  El objetivo de los abogados de JOH desde el momento en que se conoció el pedido de extradición y la disposición del gobierno de cumplirla, fue la de alcanzar las mejores condiciones para su representado. De este modo, el arresto domiciliario era la meta entretanto bregan para liberar a JOH de tener que enfrentarse a la justicia de EE. UU.

  De este modo, el equipo de cuatro abogados que conforman su defensa —Hermes Ramírez Ávila, Félix Ávila Ortiz, Rosa Bonilla Galindo e Iván Martínez— se dispone a interponer un recurso de apelación cuando se cumplan los tres días hábiles tras la audiencia de información a la que se presentó JOH ante el CSJ por solicitud de EE. UU.

  La aceptación de la apelación permitiría a Hernández dejar de cumplir prisión provisional o detención preventiva en la sede de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE) y someterse al arresto domiciliario. El pedido inicial ante el tribunal durante la primera audiencia resultó infructuoso[8].

  Pero en la audiencia la situación fue otra y el magistrado Edwin Ortez, juez designado del caso, le informó a JOH los cargos que Estados Unidos le imputa, al tiempo que le dio a conocer los derechos que le asisten.

  Ante el pedido de los abogados de Hernández para que se le concediera el arresto domiciliario, la corte descartó en razón de que el auto acordado aplicable a los procedimientos de extradición, no permite establecer una medida distinta a la detención provisional.

Se conoció que Hernández manifestó sentir temor tras lo ocurrido el día de su captura cuando fue trasladado al comando de Fuerzas Especiales y recibió el abucheo de un grupo de personas agolpados en la policía.

  El juez Ortez anunció que la próxima audiencia se celebrará el 16 de marzo.

En las afueras de la corte

  Mientras esto ocurría en la sala de audiencia, en las afueras de la sede de la Corte Suprema de Justicia se dieron cita seguidores de JOH para expresarle su apoyo.

“Juan Orlando estamos contigo” y “Estamos apoyando a Juan Orlando y su familia”, rezaban algunas de las pancartas que enarbolaban los miembros de este grupo, quienes asimismo criticaron la que calificaron como posición “cobarde” de los 44 diputados del partido de JOH en el Congreso Nacional.

  Transcurrido el tiempo, en el lugar fueron caldeándose los ánimos entre simpatizantes y opositores del exmandatario, al extremo de llegar a los golpes y lanzamiento de piedras y botellas. Por unos diez minutos se mantuvo la trifulca que solamente amainó con la intervención policial[9].

JOH pide mediación de Israel

  Una nota publicada por The Times of Israel refiere que Juan Orlando Hernández habría solicitado la intermediación de Israel para evitar su extradición a Estados Unidos.

   De acuerdo a la publicación, JOH sostiene que Israel le habría dado garantías de que actuaría en su favor en caso de que EE. UU. solicitara su arresto por narcotráfico. Esto habría ocurrido en junio de 2021 cuando el entonces presidente hondureño llegó a Israel para inaugurar la nueva embajada de su país en Jerusalén. Allí les dijo a funcionarios del primer ministro, Naftali Bennett, que durante la administración de Benjamín Netanyahu le prometieron hacer todo lo posible para evitar su extradición, esto supuestamente a cambio de que ordenara el traslado de la misión diplomática hondureña de Tel Aviv a Jerusalén.

  También en noviembre de 2021, cuando el ministro israelí Eli Avidar visitó Honduras para participar en la apertura de una nueva embajada israelí en Tegucigalpa, Juan Orlando Hernández volvió a hablar del tema.

  Sin embargo, la nota que cita informes del Canal 12, refiere que un aliado de Benjamin Netanyahu aseguró que “los hondureños nunca habían presentado ninguna solicitud para evitar la extradición de Hernández”[10].

Los preliminares

   Previamente a todos estos acontecimientos, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, Bob Menéndez, le solicitó al gobierno de Joe Biden, a través de sendas comunicaciones dirigidas, por una parte, al Secretario de Estado, Antony Blinken y, por la otra, a la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, designar oficialmente a Juan Orlando Hernández como “traficante extranjero de narcóticos”.

  Tal pedido estuvo acompañado también de la solicitud de revocación inmediata de la visa del exmandatario, todo en consonancia con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico.

  El senador demócrata instó al gobierno a pedir al expresidente hondureño sobre su papel como co-conspirador e instó al gobierno a adoptar una posición firme en apoyo del estado de derecho en Centroamérica.

  Bob Menéndez sustentaba su posición con el creciente cuerpo de evidencia incriminatoria existente en contra de Juan Orlando Hernández, las cuales hacen presumir su participación en actividades de narcotráfico[11].

  Para esos mismos días, específicamente el 7 de febrero, el secretario de Estado, Antony Blinken, dio lo que pudiera interpretarse como una respuesta al pedido de Menéndez cuando informó que Estados Unidos había incluido a Juan Orlando Hernández en su lista de lista de “actores corruptos y antidemocráticos” del Triángulo Norte centroamericano, algo que había ocurrido a finales de enero antes de dejar su cargo como presidente.

  Blinken refirió que ya el 1 de julio de 2021, el ahora expresidente hondureño fue incorporado al listado de personas señaladas de corrupción o de socavar la democracia en El Salvador, Guatemala y Honduras, tal como lo establece la ley que obliga al Departamento de Estado a reportar al Congreso estos casos haciéndolos no elegibles para visa o admisión a Estados Unidos[12].

REFRENCIAS

[1] Euronews. “EEUU solicita ‘formal arresto provisional de un político hondureño’". 14 de febrero de 2022. https://es.euronews.com/2022/02/15/estados-unidos-solicita-la-extradicion-del-expresidente-juan-orlando-hernandez

[2] France 24 https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20220215-eeuu-solicita-a-honduras-extradici%C3%B3n-del-expresidente-juan-orlando-hern%C3%A1ndez

[3] Infobae. “Partido del expresidente hondureño Hernández pide respeto al debido proceso”. 15 de febrero de 2022. https://www.infobae.com/america/agencias/2022/02/15/partido-del-expresidente-hondureno-hernandez-pide-respeto-al-debido-proceso/

[4] Prensa Libre. “EE. UU. solicita a Honduras extradición del expresidente Juan Orlando Hernández y policía rodea su residencia”. 14 de febrero de 2022. https://www.prensalibre.com/internacional/ee-uu-solicita-a-honduras-extradicion-del-expresidente-juan-orlando-hernandez-vinculado-al-narcotrafico-breaking/

[5] Twitter. Juan Orlando H. @JuanOrlandoH. https://twitter.com/JuanOrlandoH/status/1493553766062243840?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1493553766062243840%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.prensalibre.com%2Finternacional%2Fhernandez-dice-estar-listo-a-colaborar-ante-peticion-de-extradicion-de-eeuu-breaking%2F

[6] El País. “Auge y caída de la dinastía política de Juan Orlando Hernández en Honduras”. 15 de febrero de 2022. https://elpais.com/internacional/2022-02-16/auge-y-caida-de-la-dinastia-politica-de-juan-orlando-hernandez-en-honduras.html

[7] Prensa Libre. “Capturan a expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández tras pedido de extradición de EE. UU.”. 15 de febrero de 2022. https://www.prensalibre.com/internacional/capturan-a-expresidente-de-honduras-juan-orlando-hernandez-tras-pedido-de-extradicion-de-ee-uu-breaking/

[8] La Prensa. “Arresto domiciliario: objetivo de abogados de Juan Orlando Hernández”. 16 de febrero de 2022. https://www.laprensa.hn/honduras/juan-orlando-hernandez-defensa-honduras-abogados-extradicion-prision-domiciliaria-CK5837271

[9] La Prensa. “Juan Orlando Hernández seguirá detenido en instalaciones de los Cobras”. 16 de febrero de 2022. https://www.laprensa.hn/honduras/juan-orlando-hernandez-seguira-detenido-en-instalaciones-de-los-cobras-LG5822148

[10] The Time of Israel. “Honduran ex-president reportedly asked Israel to help prevent his extradition to US”. 17 de febrero de 2022. https://www.timesofisrael.com/honduran-ex-president-reportedly-asked-israel-to-help-prevent-his-extradition-to-us/

[11] Venezuela Política. “Comité de Relaciones Exteriores del Senado pide al gobierno de Biden designar a expresidente de Honduras como capo del narcotráfico”. 5 de febrero de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/02/comite-de-relaciones-exteriores-del.html

[12] Prensa Libre. “EE. UU. incluye al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández en lista de actores corruptos”. 7 de febrero de 2022. https://www.prensalibre.com/internacional/ee-uu-incluye-al-expresidente-hondureno-juan-orlando-hernandez-en-lista-de-actores-corruptos/

Comité de Relaciones Exteriores del Senado pide al gobierno de Biden designar a expresidente de Honduras como capo del narcotráfico

  El pedido lo formuló el presidente de la instancia parlamentaria al Secretario de Estado, Antony Blinken, y a la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen.

Por Maibort Petit 

  Designar oficialmente a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, como traficante extranjero de narcóticos, fue la solicitud formal que el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Menéndez, le formuló al gobierno de Joe Biden, a través de sendas comunicaciones dirigidas, por una parte, al Secretario de Estado, Antony Blinken y, por la otra, a la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen.

   A los altos funcionarios de la administración Biden, Menéndez les pidió revocar de inmediato la visa y sancionar como un "traficante de narcóticos extranjero importante" según la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico, a Hernández, conocido popularmente como JOH.

  Asimismo, el senador demócrata instó al gobierno a pedir al exmandatario hondureño, cuentas como co-conspirador y a adoptar una posición firme en apoyo del estado de derecho en Centroamérica. Tal posición la sostiene Menéndez con base al creciente cuerpo de evidencia incriminatoria existente en contra de Juan Orlando Hernández, sobre quien todo hace presumir su participación en actividades de narcotráfico.

  “Ya es hora de que el gobierno de los EE. UU. busque medidas de rendición de cuentas contra Juan Orlando Hernández, comenzando con una revocación pública de su visa y designación en virtud de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico”, señala la carta.

— Estados Unidos debe continuar demostrando su apoyo al estado de derecho y a los pueblos de las Américas identificando, denunciando y sancionando a los funcionarios extranjeros involucrados en el narcotráfico y socavando la democracia en el hemisferio, independientemente de que dichos actores sean presidentes o altos funcionarios de los países socios —reza uno de los fragmentos que Menéndez dirigió a los secretarios de Estado y del Tesoro.

   Igualmente, subrayó que varios casos judiciales federales sugieren en sus alegatos que Juan Orlando Hernández se encuentra involucrado en actividades delictivas y narcotráfico, al tiempo que advirtió que tal proceder del expresidente hondureño “han puesto en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos y la prosperidad del pueblo” de la nación centroamericana.

  Menéndez estima que ya es momento de que se haga responsable a Hernández por sus actividades y se le sancione en virtud de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico, así como “revocar su visa”. En tal sentido, manifestó que “el gobierno de Biden puede afirmar su compromiso de promover el estado de derecho en Centroamérica y emitir una declaración inequívoca de que la impunidad del gobierno no será tolerada en ningún lugar”.

  Del mismo modo, en sus comunicaciones, Robert Menéndez recordó los casos del exvicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, y el presidente colombiano, Ernesto Samper, a quienes el gobierno de los EE. UU. sancionó, por lo que ahora la administración Biden, debe guiar en ese sentido las acciones contra Juan Orlando Hernández.

  Destacó el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado que, de acuerdo Departamento de Justicia, “la impunidad entre los funcionarios gubernamentales de alto rango involucrados en actividades de tráfico de drogas en Honduras ha contribuido a que el país se convierta en 'uno de los principales puntos de transbordo de cocaína con destino a Estados Unidos' y en un 'narcoestado en ruinas'”.

  Fue así como Menéndez criticó la exclusión del expresidente Hernández de la lista del Departamento de Estado que incluye actores corruptos y antidemocráticos en el Triángulo Norte. “Me temo que la omisión de Juan Orlando Hernández en estas listas está enviando un mensaje equivocado al pueblo hondureño en un momento de transición de su democracia, así como a los funcionarios públicos de toda la región”.

  En las comunicaciones Menéndez refiere que, si bien Juan Orlando Hernández “no ha sido acusado formalmente, las pruebas presentadas en varios casos judiciales federales de EE. UU. desde 2019, lo han implicado de manera creíble como co-conspirador en delitos de narcotráfico”.

   En específico, se refiere a la Presentación de sentencia del gobierno de los EE. UU. en el caso de Estados Unidos contra Juan Antonio Hernández Alvarado —exdiputado y hermano de JOH— donde se hace mención directa al expresidente Hernández y su “papel de liderazgo en una conspiración de tráfico de drogas violenta y patrocinada por el estado”.

  Y aunque JOH ha negado estas acusaciones, Robert Menéndez subraya que los materiales presentados en tres casos de la corte federales involucran a familiares y ex-socios que han presentado evidencia incriminatoria de la participación directa del exmandatario de Honduras en actividades de narcotráfico.

  Cita que, en febrero de 2021, documentos judiciales daban cuenta de la investigación que fiscales de EE. UU. seguían a Hernández y otros funcionarios gubernamentales de alto rango, por su presunta participación en esquemas de tráfico de drogas.

   También menciona que el 30 de marzo de 2021, Tony Hernández fue condenado a cadena perpetua después de haber sido declarado culpable de conspiración para traficar al menos 185.000 kilogramos de cocaína a los Estados Unidos.

  “Las pruebas presentadas en los procedimientos judiciales en el caso de Estados Unidos v. Juan Antonio Hernández Alvarado demostraron que “entre 2004 y 2019, [Tony Hernández] obtuvo y distribuyó millones de dólares en sobornos derivados de las drogas a Juan Orlando Hernández”, quien fungió como su co-conspirador.

  La comunicación de Robert Menéndez al gobierno de Biden, también recuerda que, en 2013, Tony Hernández, dirigido por Juan Orlando Hernández, aceptó USD 1 millón del Chapo Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa, un dinero que habría sido inyectado a la campaña presidencial de JOH, destino que, de acuerdo a lo que rezan los documentos judiciales, no habría sido negado por el exmandatario.

   Se hace mención también al pedido que Juan Orlando Hernández habría formulado en 2013 de USD 1,6 millones en ganancias de drogas al narcotraficante Ardón Soriano, dinero que igualmente habría estado destinado a su campaña electoral y las de su partido político.

  El narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez, condenado por narcotráfico el 22 de marzo de 2021, proceso judicial en el que se conoció que JOH era uno de los socios que recibió “decenas de miles de dólares [de Fuentes Ramírez] a cambio de una promesa continua de protección… del escrutinio de las fuerzas del orden público y apoyo militar a sus actividades de narcotráfico”, entre otros señalamientos que el senador Menéndez cita en sus comunicaciones.

  Sustentado en estos records, Robert Menéndez insta a Antony Blinken y Janet Yellen, a responsabilizar públicamente a Juan Orlando Hernández por sus acciones, pues su omisión en las listas de Actores Corruptos y Antidemocráticos en Centroamérica del Departamento de Estado, envía un mensaje equivocado al pueblo hondureño en el actual momento de transición de su democracia.

  Finalmente, Robert Menéndez destaca que Estados Unidos debe seguir demostrando su apoyo al estado de derecho y a los pueblos de las Américas, procediendo a identificar, denunciar y sancionar a los funcionarios extranjeros que se encuentran involucrados en el narcotráfico y socavan la democracia en el hemisferio, “sin importar si dichos actores son presidentes o altos funcionarios de países socios (…) Al sancionar al expresidente Hernández en virtud de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico y revocar su visa, el gobierno de Biden puede afirmar su compromiso de promover el estado de derecho en Centroamérica y emitir una declaración inequívoca de que la impunidad del gobierno no será tolerada en ningún lugar”.

EE. UU. condenó a cadena perpetua al hermano del presidente de Honduras por delitos de narcotráfico

  Juan Antonio 'Tony' Hernández fue sentenciado en un tribunal federal de Manhattan y se le ordenó el decomiso de 138 millones de dólares.

Por Maibort Petit

   Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue condenado por  la Corte del Distrito Sur de Nueva York a cadena perpetua, tras ser sentenciado por lo que los fiscales describieron como “tráfico de drogas patrocinado por el estado”. 

  El juez Kevin Castel,  también le ordenó sentencia de dinero de 138,5 millones de dólares por distribuir 185 toneladas de cocaína,  y armas de fuego relacionadas y delitos de declaraciones falsas

  Hernández fue hallado culpable por un jurado en octubre de 2019 por cargos que conllevaban una sentencia mínima obligatoria de 40 años de prisión.

  El fiscal federal adjunto Matthew Laroche le dijo al juez que Hernández durante 15 años alimentó una avalancha de envíos de cocaína a los Estados Unidos al pagar millones de dólares a altos funcionarios hondureños como su hermano, el presidente de la República.

  Hernández participó en la importación de al menos 185.000 kilogramos de cocaína; pagó millones de dólares en sobornos a funcionarios hondureños; Seguridad fuertemente armada, incluidos miembros de la Policía Nacional y Militar de Honduras.

  La fiscal federal de Manhattan, Audrey Strauss, dijo que “El excongresista hondureño Juan Antonio Hernández Alvarado estuvo involucrado en todas las etapas del tráfico a través de Honduras de cargas de varias toneladas de cocaína destinadas a los Estados Unidos, seguridad para los envíos de cocaína, y negoció grandes sobornos de los principales narcotraficantes a poderosas figuras políticas, incluidos los presidentes anteriores y actuales de Honduras. Hernández fue cómplice de al menos dos asesinatos. Hoy Tony Hernández fue sentenciado con razón a cadena perpetua ”.

   Por su parte, el agente especial del FBI que estuvo a cargo del caso, Wendy C. Woolcock sostuvo que “Explotar una posición de alto rango en el gobierno para ejercer el poder del estado para apoyar el tráfico de drogas es tan nefasto como parece. La condena y sentencia de Tony Hernández es un recordatorio de que no existe una posición lo suficientemente poderosa como para protegerse de enfrentar a la justicia cuando violas las leyes de drogas de Estados Unidos al enviar toneladas de cocaína a nuestro país. Tan importante como es esta convicción para el pueblo de los Estados Unidos, también es importante para los ciudadanos de Honduras a quienes Hernández intencionalmente puso en peligro para su propio beneficio personal. La sentencia de hoy es una victoria para el estado de derecho y estamos agradecidos a nuestros socios federales e internacionales que lo hicieron posible ".

   El fiscal Laroche sostuvo ante el juez que “Tony Hernández" conspiró con su hermano, el presidente de Honduras. Provocó brutales actos de violencia. Canalizó el dinero de la droga hacia campañas del Partido Nacional a cambio de promesas de protección ... esto es tráfico de drogas patrocinado por el estado”.

  El abogado de Hernández, Peter Brill, había abogado por la indulgencia, diciendo que Estados Unidos debería centrar los esfuerzos contra el tráfico de drogas en el apetito voraz de sus ciudadanos por las drogas.

  En los documentos judiciales, los fiscales habían abogado por una cadena perpetua, citando los antecedentes penales de Tony Hernández.

  Su hermano se desempeñó como líder del Congreso de Honduras antes de asumir la presidencia en enero de 2014.

  “El acusado era un congresista hondureño que, junto con su hermano Juan Orlando Hernández, desempeñó un papel de liderazgo en una violenta conspiración de tráfico de drogas patrocinada por el estado”, escribieron los fiscales en documentos judiciales.

  “Durante un período de 15 años, el acusado corrompió las instituciones democráticas de Honduras para enriquecerse transportando al menos 185.000 kg de cocaína, una cantidad asombrosa de veneno que ayudó a importar a Estados Unidos”, escribieron los fiscales. Dicen que también vendió ametralladoras y municiones a narcotraficantes, algunos de los cuales provenían del ejército de Honduras, y de laboratorios de drogas controlados en Colombia y Honduras.

  "Entre 2004 y 2019, el acusado consiguió y distribuyó millones de dólares en sobornos derivados de las drogas a [su hermano] Juan Orlando Hernández, el ex presidente hondureño Porfirio Lobo Sosa y otros políticos asociados con el Partido Nacional de Honduras", dijeron los fiscales.

   Alegaron que entre esos sobornos había un millón de dólares del notorio capo mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán a Juan Orlando Hernández.

  Juan Orlando Hernández ha negado en repetidas ocasiones cualquier vínculo con narcotraficantes, al igual que Lobo, cuyo hijo actualmente cumple una condena de 24 años por narcotráfico en Estados Unidos.

  En la corte el martes, Tony Hernández se veía pálido y abatido. Cuando se le dio al acusado la oportunidad de hablar, trató de convencer al juez de que se le había negado un juicio justo debido a un equipo de defensa inadecuado que apenas respondió a sus correos electrónicos.

“Siento que me han mentido”, dijo a través de un traductor.

El caso

  Como se refleja en la acusación sustitutiva, otras presentaciones en la corte federal de Manhattan, la evidencia en el juicio y declaraciones hechas en procedimientos judiciales señalan lo siguiente:

1) Hernández jugó un papel de liderazgo en una violenta conspiración de narcotráfico patrocinada por el estado. Durante un período de 15 años, Hernández  fabricó y distribuyó al menos 185.000 kilogramos de cocaína que se importó a Estados Unidos. 

2) Hernández estaba al mando de miembros fuertemente armados del ejército hondureño y de la Policía Nacional de Honduras; vendió ametralladoras y municiones a narcotraficantes, algunas de las cuales obtuvo del ejército hondureño; controló laboratorios de cocaína en Colombia y Honduras; aseguró millones de dólares en ingresos provenientes de la droga para las campañas del Partido Nacional de Honduras en relación con las elecciones presidenciales de 2009, 2013 y 2017; y ayudó a causar al menos dos asesinatos.

3)  Hernández ganó al menos $ 138.5 millones a través de sus actividades de tráfico de drogas, dinero que se le ordenó perder en relación con la sentencia dictada por el juez Castel.

Conducta del narcotráfico de Hernández

   Según la fiscalía, la carrera de narcotraficante de Hernández comenzó alrededor de 2004 cuando comenzó a brindar información confidencial sobre las fuerzas del orden y el ejército a los principales narcotraficantes hondureños Víctor Hugo Díaz Morales, alias "El Rojo", y Héctor Emilio Fernández Rosa, alias "Don H.” 

   Los fiscales sostienen que Hernández  proporcionó a Víctor Hugo Díaz Morales información sobre, entre otras cosas, las operaciones de la Armada de Honduras; los esfuerzos de los Estados Unidos para capacitar a los pilotos de la Fuerza Aérea Hondureña para que vuelen de noche para realizar operaciones antinarcóticos; capacidades de radar militar para que los envíos de aviones de cocaína pudieran evitar ser detectados; y esfuerzos de interdicción por parte de algunos oficiales de la Policía Nacional de Honduras. A lo largo de su relación, Hernández ayudó a Fernández Rosa y Díaz Morales a distribuir aproximadamente 140.000 kilogramos de cocaína.

   Para 2008, el narcotráfico de Hernández se había expandido y también estaba fabricando su propia cocaína en un laboratorio que controlaba cerca de El Aceitico, Colombia. Hernández les dijo a sus co-conspiradores que parte de la cocaína fabricada en su laboratorio estaba sellada con sus iniciales “TH” y una fotografía de un kilogramo de cocaína sellada con “TH” fue interceptada durante el curso de la investigación. Hernández suministró a sus co-conspiradores toneladas de cocaína que se producía en su laboratorio.

  A partir de 2008, Hernández se asoció con Amilcar Alexander Ardon Soriano, ex narcotraficante y alcalde hondureño, bajo la protección de miembros de la dirección del Partido Nacional. El testimonio en el juicio estableció que Hernández y Ardon Soriano obtuvieron protección contra la investigación, el arresto y la extradición a través de sobornos masivos pagados a políticos de alto rango, incluidos, entre otros, Porfirio “Pepe” Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández. 

  En relación con las elecciones nacionales de 2009, los sobornos contra el tráfico de drogas pagados a cambio de protección incluyeron: (i) Ardon Soriano pagó $ 2 millones para apoyar la campaña presidencial de Lobo Sosa y la campaña de reelección de Juan Orlando Hernández para un puesto en el Congreso de Honduras; (ii) Díaz Morales pagó $ 100,000 a Hernández para apoyar las campañas del Partido Nacional; y (iii) Ardón Soriano sobornó a tres congresistas bajo la dirección de Juan Orlando Hernández para que los congresistas apoyaran los esfuerzos de Juan Orlando Hernández para convertirse en presidente del Congreso.

  Juan Orlando Hernández fue nombrado presidente del congreso a principios de 2010. Su hermano, Tony Hernández, Ardón Soriano y sus co-conspiradores, incluido el coacusado Mario José Calix Hernández, teniente de alcalde hondureño, y el coacusado Mauricio Hernández Pineda, entonces miembro de la La Policía Nacional de Honduras y primo de Hernández, aprovecharon la protección del Partido Nacional para seguir transportando enormes cantidades de cocaína. Una o dos veces al mes en 2010, HERNÁNDEZ envió cargamentos de cocaína a Ardón Soriano de aproximadamente 300 kilogramos; y una vez al mes en 2011 y 2012, HERNÁNDEZ envió cargamentos de cocaína marítima a Ardón Soriano de entre 700 y 1.600 kilogramos.

   En 2013, Hernández estaba haciendo campaña para convertirse en congresista y Juan Orlando Hernández estaba haciendo campaña para convertirse en presidente. Alrededor de este tiempo, según el testimonio en el juicio, Juan Orlando Hernández solicitó $ 1.6 millones en ganancias de la droga de Ardón Soriano para mantenerse a sí mismo y a las campañas del Partido Nacional. También durante la campaña de 2013, Hernández aceptó $ 1 millón del exlíder del Cártel de Sinaloa Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias "Chapo", para apoyar la campaña presidencial de Juan Orlando Hernández. 

   Durante las reuniones con el Chapo en Honduras, Hernández prometió brindar protección a los miembros de su conspiración y sus envíos de cocaína a través del territorio hondureño si Juan Orlando Hernández era elegido presidente.

  En noviembre de 2013, Hernández fue elegido para el congreso hondureño y Juan Orlando Hernández fue elegido presidente. Entre 2015 y 2017, según el testimonio del juicio, Tony Hernández y Juan Orlando Hernández continuaron obteniendo grandes sumas de las ganancias de las drogas para las campañas del Partido Nacional a cambio de proteger a los narcotraficantes. Por ejemplo, hubo testimonio en el juicio de que aproximadamente seis meses antes de las elecciones nacionales de noviembre de 2017, Tony Hernández  y Juan Orlando Hernández se reunieron con Ardon Soriano en Copán, Honduras. Durante esa reunión, Hernández y Juan Orlando Hernández solicitaron $ 500,000 y 1.6 millones de Lempira en ganancias de la droga de Ardón Soriano para "financiar" la campaña del Partido Nacional en los departamentos de Copán y Lempira.

   En 2018, Hernández continuó participando en grandes cargamentos de cocaína con Nery López Sanabria, otro importante narcotraficante hondureño. Las autoridades hondureñas arrestaron y detuvieron a López Sanabria en relación con un incidente de tránsito y recuperaron, entre otras cosas, varios libros de contabilidad de drogas en un compartimiento secreto de su automóvil. Uno de los libros de contabilidad tenía la etiqueta “Trabajo duro” 2018 y reflejaba un envío de cocaína de 650 kilogramos con Hernández . Al menos uno de los otros libros de contabilidad incautados por la policía hondureña en 2018 contenía referencias a "JOH", iniciales utilizadas por Juan Orlando Hernández. López Sanabria fue asesinado en una prisión hondureña, como se describe a continuación, poco después de que se presentaran sus libros de contabilidad de drogas en el juicio de Hernández.

Posesión de armas y actos de violencia de Hernández

   Hernández  utilizó armas de fuego en todo su tráfico de drogas. Las armas personales de Hernández  incluían un AR-15 modificado, una Uzi inscrita con el nombre de Juan Orlando Hernández, "Presidente de la República", y una ametralladora de cinta M60.

  Tony Hernández  también vendió ametralladoras y municiones a narcotraficantes. En 2010, Díaz Morales obtuvo entre 4.000 y 6.000 cartuchos de munición de rifle de asalto de un miembro de la Policía Nacional de Honduras que le dijo a Díaz Morales que obtuvo las municiones de Tony. En 2012, Hernández  entregó 40 M16 a otro narcotraficante.

  El sentenciado también coordinó al menos dos asesinatos relacionados con las drogas. En 2011, Hernández y Ardon Soriano provocaron el asesinato de un narcotraficante rival llamado Franklin Arita en el departamento de Copán. 

   Hernández ordenó a Juan Carlos “Tigre” Bonilla Valladares, el jefe regional de la Policía Nacional Hondureña responsable del departamento de Copán en ese momento, que dispusiera el asesinato de Arita, que fue ejecutado por sicarios utilizando dos lanzagranadas de 40 milímetros, M16 y de fabricación israelí. Rifles de asalto Galil. En 2013, Tony Hernández  trabajó con otros narcotraficantes, incluido Ardon Soriano, para asesinar a un narcotraficante llamado Chino porque a Hernández le preocupaba que Chino pudiera cooperar con la policía.

La obstrucción de Hernández y otros esfuerzos para influir en la investigación

  Asimismo, los fiscales dijeron que Hernández  realizó declaraciones falsas a las fuerzas del orden y la Corte durante el curso de esta investigación y procesamiento, y obstruyó la justicia. Hernández (i) viajó a Estados Unidos en 2016 e hizo declaraciones falsas a las fuerzas del orden sobre sus actividades de tráfico de drogas; (ii) hizo declaraciones falsas sobre sus activos durante una audiencia de fianza en enero de 2019; (iii) hizo que se divulgara información confidencial de testigos en Honduras en violación de una orden de protección en octubre de 2019; y (iv) hizo declaraciones falsas sobre sus activos durante una solicitud de abogado designado en febrero de 2020.

  Ocho días después de que el jurado declarara culpable a Hernández  el 26 de octubre de 2019, López Sanabria --el narcotraficante a quien se confiscaron los libros de contabilidad con el nombre de Hernández y las iniciales de Juan Orlando Hernández-- fue asesinado en una prisión de máxima seguridad en Honduras. 

   Los abogados de López Sanabria confirmaron a los medios de comunicación que: uno de los familiares de Hernández  y un investigador contratado por la familia de Hernández habían realizado visitas no autorizadas a López Sanabria antes del juicio de Hernández; López Sanabria había rechazado sus esfuerzos por obtener información sobre si estaba cooperando con la DEA; y López Sanabria había planeado cooperar con la DEA contra Juan Orlando Hernández y Hernández. El video de vigilancia filtrado del asesinato muestra a López Sanabria hablando con el director de la instalación, Pedro Ildefonso Armas, mientras un hombre enmascarado pasa y abre una puerta cercana. Varios individuos que se cree que son prisioneros luego asaltan la puerta y disparan y apuñalan a López Sanabria hasta la muerte. El 9 de diciembre de 2019, un grupo de desconocidos asesinó a José Luis Pinto, abogado que representaba a López Sanabria. Tres días después, el 12 de diciembre de 2019, un grupo de pistoleros desconocidos en motocicletas asesinó a Ildefonso Armas, el alcaide de la instalación en la que fue asesinado López Sanabria, en Tegucigalpa. 

Co-conspiradores de Hernández

  El 8 de agosto de 2019 Fernández Rosa fue condenado en este Distrito a cadena perpetua por, entre otras cosas, su participación en la conspiración de importación de cocaína de Hernández  y por la comisión de 18 asesinatos. Varios de los otros co-conspiradores de Hernández, incluidos, entre otros, Hernández Pineda, Calix Hernández, Bonilla Valladares, Arnaldo Urbina Soto, Carlos Fernando Urbina Soto y Miguel Angel Urbina Soto, también están imputados en este Distrito por delitos de armas de fuego y narcotráfico con base en sobre, entre otras cosas, su participación en la conspiración de importación de cocaína de Tony Hernández. 

   El 12 de febrero de 2020 Hernández Pineda se rindió en este Distrito y se encuentra a la espera de juicio. El 22 de marzo de 2021, el coacusado y cómplice de Hernández, Geovanny Fuentes Ramírez, fue condenado en juicio en este Distrito por delitos de tráfico de drogas y armas. La sentencia de Fuentes Ramírez está programada para el 22 de junio de 2021.

  Además de la pena de prisión, Hernández, de 42 años, fue condenado a cinco años de libertad supervisada.