Conozca cómo opera el crimen organizado en las regiones de Venezuela (III)

   En esta entrega hacemos referencia a los estados Bolívar, Apure, Falcón y Nueva Esparta.

Por Maibort Petit

   El crimen organizado y la corrupción han pasado a ser parte integrante de la realidad venezolana en la cual actúan, según todo lo deja ver, con la anuencia y complicidad de funcionarios del estado. Hemos dado a conocer en las últimas entregas cómo operan las organizaciones criminales en algunos estados del país, específicamente se hace mención a Aragua, Delta Amacuro, Falcón, Nueva Esparta y Sucre, al igual que se hace referencia a Apure, Barinas, Bolívar, Táchira y Zulia.

   Estos datos son parte del informe “Crimen organizado y corrupción en Venezuela: Un problema de Estado”, elaborado por Transparencia Venezuela donde se hace un recuento acerca de las organizaciones criminales, los tipos delitos, situación regional en varios estados, el papel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), además de presentar una serie de iniciativas para combatir el problema y darle solución.

En Bolívar

  Sus límites con la República Cooperativa de Guyana y con Brasil, especialmente con este último, constituyen un vasto territorio para que en el estado Bolívar tengan lugar delitos graves y grandes oportunidades de “negocios” que han convertido a esta zona oriental como una de las más cruentas de Venezuela.

  Allí los delitos más frecuentes son aquellos relacionados con el negocio del oro, el tráfico de armas, de gasolina y narcotráfico, en ese orden.

  Transparencia Venezuela realizó entrevistas para la redacción del informe en las que se concluyó que en que el tráfico ilícito de todas esas mercancías y material estratégico, la participación de las autoridades y de integrantes de las fuerzas de seguridad y defensa, es fundamental, agregando tal circunstancia a estos delitos el abuso de autoridad, corrupción propia, tráfico de influencias, extorsión y lavado de dinero.

   El territorio es disputado por los mal llamados “sindicatos del oro”, “pranes” que controlan sectores con grupos de minas y mineros, además del comercio de suministros necesarios para la extracción. También manejan distribución de drogas, comida, medicinas, transporte y la prostitución.

“La vida del minero y el mercado del oro, involucra a autoridades y actores regionales, locales, nacionales e internacionales. Las toneladas y montos manejados en el contrabando de oro lo convierten en el negocio ilícito más importante después de la gasolina. Los cálculos realizados por los especialistas permiten precisar que la fuga del oro solo en 2018 superó los USD 2.700 millones”.

  La explotación del Arco Minero del Orinoco (AMO) se convirtió desde 2016 en un incentivo perverso de la actividad delictiva en la región.

“En este territorio, que se superpone a cinco parques nacionales, conviven mafias, mineros ilegales, guerrilleros colombianos, traficantes de drogas junto con indígenas que se han sumado a las labores mineras, explotando incluso territorios protegidos, como Canaima. También participan militares y exintegrantes de las FARC”, reza el informe.

  El territorio de las minas se lo disputan el ELN, protegido por las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB), y las bandas irregulares armadas, a la cuales se les conoce como “sindicatos del oro” o “pranatos”, los cuales, de acuerdo a testimonio recogidos para la redacción del informe, están vinculados a un exgobernador del estado Bolívar y al Cartel de los Soles. De este modo se han configurando alrededor de 25 grupos delictivos cuyos nombres aún permanecen ocultos en su mayoría.

  El delito y el vínculo con el gobierno opera dentro de cada una de las instituciones locales y regionales, sostiene el informe y, al respecto, un miembro de la sociedad civil de la zona para el estudio, manifestó que “Cuando un ex comandante del REDI, como Jesús Mantilla Oliveros, oculta la presencia del ELN, ya de una manera los ampara, o cuando los guardias nacionales ignoran la presencia del ELN luego de la alcabala de Casablanca, constatada por diputados de la Asamblea Nacional que iban rumbo a Anacoco, eso es criminal”.

  Se precisa que en el estado Bolívar, los grupos que controlan el hierro son distintos a los del coltán o el diamante. Como jefes de banda se habla “el Negro Fabio”, “El Coporo”, “Capitán o Gordo Bayón”, apodos tras los cuales permanecen en secreto sus verdaderos nombres.

  Entretanto, “El Jairo” es el líder del grupo del ELN en la entidad quien tiene presencia en la zona desde hace dos años y medio, a la salida del exgobernador, general Francisco Rangel Gómez y la llegada del nuevo mandatario, general Justo Noguera Pietri, quien habría dado carta blanca al ELN para erradicar el sistema de bandas mineras creadas por su antecesor. Este hombre habría reclutado francotiradores entre efectivos y exfuncionarios de las fuerzas armadas venezolanas, para controlar las minas y a la población de la zona de Tumeremo y El Callao, donde estableció un toque de queda en esas localidades. Estos francotiradores tienen un sueldo de USD 400. También reclutan a jóvenes para que sean guerrilleros y les pagan USD 300.

  Otro líder es “El Toto”, quien gobierna en El Callao, una de las zonas más ricas en yacimientos auríferos. Sería el autor de unos comunicados que sostienen que el gobernador Justo Noguera Pietri, abrió las puertas a los guerrilleros colombianos y también señala que el alcalde de la zona, Alberto Hurtado, recibió oro de su parte para la campaña electoral.

  Se estima que solamente entre 10 y 30 por ciento del total del oro extraído, es procesado por la empresa Minerven y entregado al Banco Central de Venezuela (BCV). El resto sale de Venezuela por los diversos caminos en camiones, aviones, helicópteros y hasta con “mulas” humanas.

“El negocio del oro en el estado Bolívar se realiza en forma artesanal, lo que está causando destrucción ambiental en los 112.000 km del llamado Arco Minero del Orinoco (AMO), porque no se cuenta con ningún programa de protección del medio ambiente”, acota el informe.

  La quiebra de las empresas básicas y la crisis económica, llevó a los trabajadores a sumarse a la minería ilegal que se lleva a cabo con mercurio, también conocido como azogue, un material que los expone al envenenamiento.

  Igualmente, las actividades delictivas han impactado negativamente en las poblaciones indígenas, especialmente sobre el pueblo Pemón, que ha visto en peligro la ocupación de sus territorios.

En Apure

  En esta entidad llanera opera comúnmente el ELN, FARC y ex-integrantes de este grupo guerrillero. En el alto Apure está el Ejército Popular de Liberación (EPL), el FBL o “Los Boliches”, la delincuencia común y los colectivos violentos.

  Se cree que estos grupos están vinculados a representantes de los gobiernos municipal, regional y nacional.

  En Apure también operan bandas de cuatreros y de exfuncionarios, así como paramilitares.

  El informe cita a un dirigente político. Que sostiene que “En la zona de Guasdualito operan tres grupos: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que tiene mayor fuerza, es decir, mayor presencia de campamentos. Están las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cuyos miembros después del acuerdo de paz, no han querido dejar las armas y se han unido al ELN, aunque también hay campamentos propios de los disidentes de las FARC. La tercera fuerza insurgente es una guerrilla venezolana que se hace llamar Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL), la cual también tiene una división en el grupo Fuerzas Patrióticas Bolivarianas de Liberación, identificado con las siglas FPBL, con presencia en Guasdualito, del municipio Muñoz –ubicado en el medio Apure- y en los estados Barinas y Táchira. En medio Apure operan las FARC, sin presencia destacable de campamentos del ELN. En el bajo Apure operan las FARC y el ELN”.

    Con relación al narcotráfico, el informe de Transparencia Venezuela asegura que todos los grupos irregulares están comprometidos con este delito. El mismo dirigente político antes citado refirió que “En Pedro Camejo, específicamente en la zona de Santa Bárbara de Cunaviche, estaba un puesto comando de la Guardia Nacional que ahora está abandonado, no sabemos por qué razón. A menos de 10 kilómetros de ese puesto de comando abandonado hay aproximadamente 6 pistas clandestinas hechas de concreto, allí hay unas poblaciones indígenas que son las mulas de carga de los alijos de cocaína”.

  Señala el informe con expresión de la cleptocracia la fusión de instancias y actores gubernamentales con grupos irregulares del crimen organizado, que se materializa en la creación de las FBPL, impulsada desde el Gobierno. El dirigente político entrevistado señaló que esta guerrilla fue armada con fusiles del Ejército venezolano entregados por Elías Jaua Milano, vicepresidente de la República para la época, quien ya anteriormente, desde el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) y el Ministerio de Comunas, les entregaba armas. Con las FBPL también habrían colaborado diputados nacionales; Érika Farías, alcaldesa de Caracas; Aristóbulo Istúriz, ministro de Educación; del gobernador de Apure, Ramón Carrizalez; del alcalde del municipio Páez, José María Romero; de los ex-constituyentes José Domingo Santana, José Lisandro Solórzano y Orlando Zambrano.

  Concluye el informe con respecto a esta entidad, que allí las instituciones públicas percibidas como las más corruptas son las alcaldías, las gobernaciones, los cuerpos policiales y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

En Falcón

   El informe de Transparencia Venezuela se hace eco de la sentencia de los pobladores del estado Falcón que afirman que en esa entidad “existe una cultura de contrabando por su posición geográfica”.

   Los delitos más frecuentes son el tráfico de drogas, contrabando de combustible y otros derivados del petróleo, el lavado de dinero y la corrupción. También el contrabando de materiales estratégicos cables de cobre y tuberías de acero. Desde el estado Bolívar supuestamente llega el oro vía terrestre y sale por vía aérea por pistas clandestinas ubicadas en la Sierra de Coro. El informe hace referencia a varios casos de tráfico de drogas.

   Para la redacción del estudio, Transparencia Venezuela entrevistó a un grupo de ex-comisarios experimentados en materia de crimen organizado, quienes destacaron cuáles son las actividades delictivas que se desarrollan en el estado Falcón, indicando el tráfico ilícito de armas desde las islas de Aruba, Curazao y Bonaire; el sicariato; el contrabando de los bloques de Jirahara, además de granito y arena; la producción de éxtasis, específicamente en Punto Fijo; el tráfico de drogas, que sale por “la puerta grande” y sitios oficiales: Puerto Guaranao, Puerto Real de la Vela de Coro, Tucacas, Chichiriviche y Sabana Alta.

   Las bandas criminales que allí operan son el grupo de Emilio Martínez apodado “El Chiche Smith” (narcotráfico); la mafia de “Los Camacaro”; la banda de Simón Álvarez (ya fallecido); “Los Cruz” dirigidos por José Ángel Cruz, quien tiene notificación roja de Interpol por el delito de homicidio; también existe una mafia que controla la comercialización del agua ante la escasez de este recurso; la banda de los combustibles, dirigida por “Caramelito”.

  Un militar retirado consultado para la redacción del informe, citó el caso de “El Chiche Smith”, quien sería supuestamente una suerte de Pablo Escobar en la población de Carirubana, “pues reparte comida, regala teléfonos móviles y hasta dólares, todo producto de los recursos provenientes del narcotráfico” . Su aliado sería el alcalde de Carirubana: Alcides Goitía.

  Señala el informe que al alto mando de la policía regional de Falcón fue totalmente desmantelado en la gestión del Jesús Mantilla, decisión que contribuyó al crecimiento y fortalecimiento de los grupos criminales.

  La producción caprina (chivos) ha ido desapareciendo por la presencia del narcotráfico y el robo de ganado y de las cabras, es constante. Además, los productores han abandonado sus fincas y las nuevas unidades productivas tienen pistas clandestinas.

En Nueva Esparta

  Conformado por las islas Margarita, Coche y Cubagua, se han identificado en él, más de 60 bandas criminales operando en su territorio.

 Advierte el informe, en primer lugar, que, aunque para los organismos de investigación policial e inteligencia controlar a esas organizaciones delictivas en un estado isla sería una tarea fácil, la falta de voluntad política lo impide.

  Recuerda que la policía estatal de la entidad está intervenida por el gobierno nacional de Nicolás Maduro debido a una retaliación política y sin que tal acción se haya traducido en el mejoramiento del problema de la inseguridad.

  Tajantemente denuncia el informe que en Nueva Esparta el control territorial del estado. Está en manos de la organización terrorista Hezbollah, grupo nacido el Líbano en 1982 luego de la ocupación israelí. Esta agrupación cuenta con un brazo político y otro armado y tiene el respaldo de Irán y del gobierno sirio de Bashar Al Assad, aliados del chavismo-madurismo.

  La presencia de Hezbollah en Venezuela está documentada, presumiéndose que se dedica al lavado de dinero, transporte de drogas y el control de actividades de contrabando en todo el continente. También tiene presencia en Bolivia y Nicaragua, “pero sus integrantes al parecer han encontrado seguridad en Venezuela”.  Se estima que Venezuela es el mayor centro de operaciones de hezbollah en el continente.

  Ghazi Atef Salameh Nassereddine Abu Ali, cabecilla de Hezbollah, fue nacionalizado venezolano en el 2002 y junto a sus dos hermanos habría coordinado la célula de esa organización en Venezuela.

  Asevera al reporte que las bandas han conformado un pseudogobierno del crimen que se alimenta del miedo de la gente, siendo los delitos cometidos el tráfico de drogas desde y hacia las islas, robos, sicariatos, cobro de vacunas, tráfico de influencias, extorsión, legitimación de capitales y trata de personas. Denuncias sostienen que cuentan con el apoyo del gobierno regional y algunas autoridades nacionales.

  Las actividades de estos grupos han afectado el turismo, actividad fundamental de Nueva Esparta. Igualmente, la pesca.

  En lo político, el abuso de poder es un atributo que fractura la institucionalidad y favorece las acciones delictivas.

Douglas Farah: Reconocer el bolivarianismo como una empresa criminal es vital para combatirlo y vencerlo

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Por Maibort Petit

   Advierte que ni en América Latina ni Estados Unidos, hay conciencia ni consenso acerca de lo que representa la revolución bolivariana para el hemisferio.

   De manera determinante el consultor y analista de seguridad nacional, Douglas Farah, afirmó que para vencer el bolivarianismo es fundamental, en primer lugar, reconocerlo como una empresa criminal conjunta a la que es preciso combatir para impedir su avance en América Latina. Igualmente, alerta acerca de la necesidad de que esta lucha se emprenda de manera conjunta a objeto de poder tener éxito en el cometido de frenarlo.

   El experto, quien es miembro visitante senior en el Centro de Operaciones Complejas de la Universidad de Defensa Nacional y presidente de la empresa especialista en servicios estratégicos de seguridad nacional, IBI Consultants, lanzó la advertencia al momento de afirmar que el bolivarianismo forma parte del denominado “eje del mal” al que es preciso detener cuanto antes.

  Subraya que aun cuando la coyuntura actual por la pandemia del Covid-19 ha hecho que los esfuerzos del mundo democrático se vuelquen en atenderlo, no puede descuidarse ningún frente por el cual pueda colarse el crimen organizado trasnacional para instaurarse en más países de América Latina.

  Farah recordó que, de hecho, el bolivarianismo ostenta el poder en varios países de la región, por lo que es menester evitar a toda costa su expansión. Para ello es preciso tomar acciones como las que ya emprendió en su momento el Grupo de Lima pero que fueron abandonadas en razón de la pandemia. Debe existir un consenso en torno a su condición de empresa criminal conjunta al que no se puede atacar como individualidades, sino mantener la conciencia de que se trata de mafias que controlan a los estados. Tal acceso al poder les brinda la oportunidad, por ejemplo, de emitir pasaportes diplomáticos a los criminales, exportar bienes sin registrar, llevar a cabo negocios irregulares, como es el caso de Nicolás Maduro en Venezuela que se vale de los recursos del país, como el oro, el cual comercia irregularmente y le permite financiarse.

  La posibilidad de éxito de los países democráticos frente al bolivarianismo, reitera, se sustenta en que actúen conjunta y mancomunadamente, como una totalidad. Esta es una tarea inaplazable tanto para los países latinoamericanos como par Estados Unidos, este último muy distraído de estas lides por la proximidad de las elecciones presidenciales. De no ser así, las fuerzas del eje del mal seguirán avanzando y ganando terreno.

  A pesar de esto, el presidente de IBI Consultants refiere que es posible algunas iniciativas han sido posibles y han logrado derrotar la extrema izquierda criminal en Latinoamérica, como ocurrió, por ejemplo, en Bolivia, donde Evo Morales salió del poder. Igualmente cuenta como éxito la salida de los bolivarianos de Ecuador, el gobierno de Sebastián Piñera en Chile y de Iván Duque en Colombia. Pero conforme reconoce estos avances, subraya los retrocesos, tal es el regreso de Cristina Fernández al gobierno argentino, la permanencia de Daniel Ortega en Nicaragua, la fuerza que mantiene el Frente Farabundo Martí en El Salvador. “Entonces, hay varios retrocesos y algunos pequeños avances”.

  Douglas Farah lanza una nueva alerta acerca de la falta de consenso y conciencia existente en Estados Unidos y América Latina, los cuales carecen de un consenso que les permita una visión global de la problemática y, por ende, de la solución. “No existe un consenso sobre lo que representa la revolución bolivariana para el hemisferio”.

  Por ello llama a un entendimiento conjunto en la región que se traduzca en acciones concretas, como la aplicación de sanciones económicas a regímenes como el de Nicolás Maduro en Venezuela, de manera de frenar su avance y acciones criminales.

 “Eso se planteó en el Grupo de Lima, pero después nunca se hizo. Creo que mientras los estados tradicionales se preocupan por cuestiones de salud, en diferentes países criminalizados no tienen que hacerlo. Entonces vemos a Nicaragua sin ningún control sobre la pandemia y moviendo drogas y oro. Estamos viendo a Nicolás Maduro a quien realmente no le importa la salud de su pueblo y está dejando los espacios a los grupos criminales. Realmente creo que muy poco lo que estamos haciendo en un momento muy débil potencialmente y estamos un poco complicados”, dijo Farrah.

 Determinante, Douglas Farah sentencia que, a pesar de la atención que la pandemia del Covid 19 requiere, es indispensable mantenerse atentos para impedir que la coyuntura sirva para que la acción de los grupos criminales siga su curso en pos de tomar el poder, pues las consecuencias son fatales para los pueblos cuyos gobiernos caen en manos de estos grupos criminales.

 Y es que mientras los países democráticos deben atender sus cotidianidades, solucionar sus problemas, los regímenes criminales simplemente se avocan a acabar con la institucionalidad que les estorba la consecución de sus objetivos. Es decir, mantener las instituciones del estado distrae a los países democráticos de atacar la criminalidad adecuadamente.

 “En un estado criminal, todo el estado está al servicio del crimen organizado y eso les da más recursos y una impunidad increíble y margen para actuar fuera de lo que uno considere grave, normalmente la ilegalidad”.

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III Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo: Naciones democráticas preocupadas por las actividades de las redes de Hezbollah en el hemisferio occidental

COMUNICADO CONJUNTO

III CONFERENCIA MINISTERIAL HEMISFÉRICA DE LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

El 20 de enero de 2020, la República de Colombia albergó la III Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo, en continuidad a los esfuerzos del hemisferio en la lucha contra el terrorismo y su financiamiento y como seguimiento a las Conferencias celebradas en Washington 2018 y Buenos Aires 2019.

Con la participación de los siguientes Estados:

Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, República Dominicana, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía.

En Calidad de observadores asistieron: Israel, México, Uruguay, Venezuela, el Comité contra el Terrorismo de las Naciones Unidas, el Comité Interamericano contra el Terrorismo (OEA), INTERPOL, AMERIPOL.

Los Gobiernos participantes:

1. Condenaron al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, cualesquiera que sean sus motivaciones, enfatizando que constituye una amenaza para la paz y la seguridad de los países y de la comunidad internacional toda; así como para los derechos humanos, la estabilidad democrática, el desarrollo económico y social y los ciudadanos dentro y fuera de sus territorios nacionales, deplorando sus efectos en el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las víctimas. En tal sentido, expresaron que no es admisible justificar o validar el terrorismo como medio de acción política en la democracia.

2. Reconocieron que el terrorismo transnacional no conoce frontera geográfica, y en tal sentido, ratificaron el compromiso indeclinable de los Estados para que, denieguen refugio, asilo, albergue y/o cualquier tipo de apoyo a quienes financien, planifiquen o cometan actos terroristas, o a quienes les presten colaboración, de conformidad con las legislaciones nacionales, las obligaciones del derecho internacional, los tratados internacionales y las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, entre ellas: la 1267 (1999),1373 (2001),1540 (2004), 1988 (2011), 2178 (2014), 2309 (2016), 2322 (2016), 2368 (2017), 2396 (2017), 2482 (2019), 2462 (2019); la resolución de la Asamblea General 74/194 (2019); y en línea con el cumplimiento de las recomendaciones 5, 6, 7 y 8 del Grupo de Acción Financiera Internacional – GAFI.

3. Destacaron la importancia de un enfoque holístico, que tenga en consideración los vínculos que existen entre el terrorismo y su financiamiento, los cuales pueden incluir diversas manifestaciones de la Delincuencia Organizada Transnacional. En tal sentido, reafirmaron la responsabilidad de los Estados de negar cobijo financiero, operacional o cualquier otro tipo de apoyo a los terroristas, y ponerlos a disposición de la justicia. Así mismo, condenaron las acciones de aquellos actores que intencionalmente brindan apoyo o protección a grupos u organizaciones terroristas, perpetradores, organizadores y patrocinadores del terrorismo.

4. Afirmaron que las organizaciones terroristas ISIS/Daesh y Al-Qaida, y sus organizaciones afiliadas, constituyen una amenaza a la seguridad colectiva, a la seguridad de los ciudadanos dentro y fuera de sus territorios, y a todas las personas dentro de sus respectivas jurisdicciones.

5. Expresaron su preocupación por las actividades que redes de Hezbolá continúan realizando en algunas áreas del hemisferio occidental. Aplaudieron las acciones recientes de Estados de la región para contrarrestar las actividades de las redes de Hezbolá; así como alentaron a otros gobiernos a buscar formas más efectivas de abordar esta amenaza.

6. Reconocieron como una amenaza a la estabilidad de la región, la acción del autodenominado Ejército de Liberación Nacional (ELN), el cual perpetra actos terroristas y actividades criminales de inaceptable violencia y obtiene financiamiento de origen ilícito. Asimismo, expresaron su rechazo a las actividades criminales de Sendero Luminoso.

7. Condenaron el atentado terrorista perpetrado por el autodenominado Ejército de Liberación Nacional -ELN contra la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, el 17 de enero de 2019, en el que 21 cadetes colombianos y 1 cadete ecuatoriana fueron vilmente asesinados, así como otros cadetes que resultaron heridos.

8. Expresaron su rechazo y condena a las acciones terroristas y actividades criminales como las perpetradas por el autodenominado Ejército de Liberación Nacional- ELN- y por el Grupo Armado Organizado Residual -GAO-r, que constituyen una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, a la libertad, al régimen democrático y a los Derechos Humanos.

9. Reconocieron como una amenaza a la estabilidad de la región las acciones terroristas de organizaciones como el autodenominado Ejército de Liberación Nacional (ELN), las cuales perpetran actos de inaceptable violencia y barbarie, y obtienen su financiamiento de actividades ilícitas relacionadas con la Delincuencia Organizada Transnacional.

10. Expresaron su preocupación que organizaciones que cometen actos terroristas como el autodenominado Ejército de Liberación Nacional -ELN-, puedan ampararse en situaciones de debilidad institucional, conflicto interno u otros similares, como por ejemplo en Venezuela, para potenciar actos terroristas y actividades delictivas en la región.

11. Reafirmaron su compromiso de fortalecer la cooperación contra los delitos transnacionales y el terrorismo, mejorando la coordinación estatal para responder a la amenaza del terrorismo en todos los espacios (físicos y digital).

12. Coincidieron en la necesidad de promover e implementar las iniciativas hemisféricas de lucha contra el terrorismo, de forma tal que permitan una adecuada articulación regional para combatir el accionar de las organizaciones terroristas transnacionales.

13. Destacaron la importancia de incrementar la cooperación internacional y el fortalecimiento de escenarios de articulación regional, principalmente en el marco del Comité Interamericano Contra el Terrorismo (CICTE), en materia de capacitación, intercambio de información e inteligencia, así como la cooperación internacional en materia judicial, la extradición y la implementación de alertas de viaje.

14. Incentivaron a los gobiernos de la región a usar las herramientas y capacidades de la Organización Internacional de Policía Criminal INTERPOL, incluido el sistema seguro de comunicación global I-24/7 y las notificaciones y difusiones, para prevenir y afectar el movimiento de terroristas, y reprimir el financiamiento del terrorismo, como lo indican las resoluciones de las Naciones Unidas 2178 (2014), 2396 (2017) y 2462 (2019). Así mismo, expresaron su voluntad de fortalecer la Comunidad de Policías de América – AMERIPOL, como un mecanismo regional efectivo para combatir el asocio del terrorismo con el crimen transnacional organizado.

15. Expresaron su compromiso para participar y utilizar, en el marco de la Organización de los Estados Americanos / Comité Interamericano Contra el Terrorismo OEA / CICTE, la nueva Red Interamericana contra el Terrorismo, que fue propuesta en la Reunión Preparatoria de Santiago de Chile y convenida por los Estados en la II Conferencia contra el terrorismo en Buenos Aires, la cual está abierta las 24 horas, los 7 días de la semana, con el fin de facilitar el intercambio oportuno de información para responder de manera más efectiva a las amenazas terroristas.

16. Notaron que prácticas tales como participar en la Red Interamericana contra el Terrorismo 24/7, está entre las herramientas más efectivas de que disponen los Estados para detectar y prevenir viajes de terroristas y otras amenazas, conforme la Resolución 2396 (2017) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y otros compromisos internacionales.

17. Resaltaron la importancia de prevenir, combatir, contrarrestar y reprimir el uso con fines terroristas del internet, de las nuevas tecnologías, las plataformas virtuales FINTECH, las redes sociales y de activos virtuales, como medio para la planificación, la radicalización, el reclutamiento de personas, la recaudación de fondos y el financiamiento; al tiempo que se toman medidas para mantener un internet abierto, libre y un ciberespacio seguro, con respeto pleno a la privacidad y la libertad de expresión.

18. Reafirmaron su compromiso en redoblar los esfuerzos para combatir las fuentes de financiación del terrorismo, incluyendo aquellas que resultan del lavado de activos.

19. Resaltaron la necesidad de seguir fortaleciendo sus marcos legales nacionales para implementar sanciones financieras y otras medidas efectivas para congelar los activos vinculados a organizaciones terroristas; y evitar que los Grupos Armados Organizados y Grupos Delictivos Organizados Transnacionales utilicen los sistemas financieros y/o económicos para dar apariencia de legalidad u ocultar el origen ilícito de esos activos.

20. Renovaron su compromiso para fortalecer sus unidades de inteligencia financiera a efectos de crear espacios regionales de cooperación, con el fin de ubicar, rastrear, recuperar e incautar los activos de las organizaciones criminales en sus jurisdicciones.

21. Ratificaron su compromiso de fortalecer sus capacidades en materia de control de fronteras, equipos conjuntos de investigación, inteligencia, incluida la inteligencia financiera, transporte transfronterizo de efectivo y valores negociables, para luchar contra el terrorismo, el crimen organizado y sus medios de financiación; así como prevenir el flujo de combatientes terroristas extranjeros retornados en la región.

22. Subrayaron las acciones que a nivel de los mecanismos bilaterales están disponibles para las autoridades de los Estados, de conformidad con las resoluciones de las organizaciones internacionales. En este sentido, apoyaron experiencias exitosas entre países y organizaciones internacionales, que fomentan nuevas formas de cooperación.

23. Reafirmaron el convencimiento de que los esfuerzos de los Estados en la lucha contra el terrorismo y su financiamiento, tanto en el ámbito de las respuestas individuales como colectivas, deben realizarse en el marco del Estado de Derecho y la legislación nacional, el respeto a los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, de conformidad con el Derecho Internacional vigente.

24. La Delegación del Perú anunció su ofrecimiento para ser sede de la IV Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo.

Bogotá, DC. 20 de enero de 2020

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Hezbollah ha extendido sus operaciones en América Latina bajo el manto de la impunidad

Por Maibort Petit

@maibortpetit

La lucha contra el terrorismo islámico es un asunto que no ha sido considerado como prioritario en América Latina a pesar de que su presencia ha sido avistada en varias oportunidades, y en muchos países, las autoridades han documentado su incursión de manera fehaciente. Joseph Humire, experto en contraterrorismo y director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura (SFS), cree que luego de que Argentina designó a Hezbollah como grupo terrorista, otros países de Latinoamérica podrían hacer lo mismo, lo cual permitiría incrementar la lista de 58 naciones que actualmente luchan contra el terrorismo islámico. 

Durante el foro "Mejorando la cooperación contraterrorista tras una tragedia", celebrado en el Senado de los Estados Unidos, organizado por (SFS) en la conmemoración del 25 aniversario por el atentado terrorista contra la AMIA, Humire presentó a varios ponentes que explicaron los avances que se han dado en la lucha contra el terrorismo en el hemisferio.

Entre los principales oradores estuvieron presentes el senador (R) Ted Cruz, Director General Adjunto del Departamento de Justicia, John P. Cronan y el diputado al Congreso de Argentina, Luis Petri, entre otros.

Humire destacó que buena parte de los países latinoamericanos no han registrado a Hezbollah como una organización terrorista, a pesar de la amenaza que representa para la región.

El grupo chiíta ha estado vinculado a varias actividades ilegales en Latinoamérica para generar fondos que financien actividades terroristas en el Medio Oriente.

Estados Unidos y la Unión Europea y ahora Argentina han considerado al grupo chiíta del Líbano, Hezbollah, como una organización terrorista.

El gobierno estadounidense también designó a Irán como el principal partidario de Hezbollah, como estado patrocinador de terrorismo.

Humire dijo que la lucha contra el terrorismo no es un asunto únicamente de los Estados Unidos, la Unión Europea o el Medio Oriente, sino que el ataque a la Asociación Mutual Argentino-Israelí (AMIA) en 1994 y a la embajada de Israel en Argentina (1992), demostraron que la pelea es también contra los latinos.

"Estos eventos cambiaron las conversaciones de contraterrorismo en América Latina", acotó el experto.

— Por mucho tiempo —admitió— Latinoamérica se quedó atrás en la lucha contra el terrorismo porque no lo vio como un problema netamente de la región sino un problema del Medio Oriente, Europa, Estados Unidos, pero lo ocurrido en 1994 con la AMIA y la explosión de la embajada de Israel en 1992, demostró que es un asunto que incluye toda la región.

Humire cree que a la lista de 58 países que a nivel mundial que ya tienen designado a Hezbollah como grupo terrorista se unirán algunas naciones latinoamericanas, que permitirán que sean entre 68 o 78 naciones que puedan luchar en conjunto contra el terrorismo. “Ahora se podrá realizar una conversación sobre terrorismo en nuestro vecindario, ya que si los grupos están operando en América Latina, significa que también están operando en Estados Unidos”.

"Esperamos que este sea un punto de inflexión para muchos países latinoamericanos", acotó.

"La mayoría de los latinoamericanos no ven el terrorismo islamista como una amenaza importante en su región y se ha ejercido poca presión pública sobre el establecimiento, la reforma o la mejora de las leyes antiterroristas débiles o inexistentes en toda la región. Como consecuencia, Hezbollah y otras redes islámicas se han extendido en Sudamérica con impunidad”, advierte.

Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, Venezuela ha proporcionado un "entorno permisivo" que ha permitido que Hezbollah prospere en la región.

El año pasado, Michael Braun, un exjefe de operaciones de la DEA, dijo a los legisladores estadounidenses que Hezbollah está generando cientos de millones a partir de un "plan de lavado de dinero con cocaína" en América Latina que "proporciona una fuente de financiación interminable" para sus operaciones terroristas en Siria y en otra parte.

Argentina pasó a ser el primer país de la región en reconocer a Hezbollah como una organización terrorista. En el marco de la conmemoración del 25° aniversario del atentado terrorista de la AMIA, el presidente de esa nación, Mauricio Macri, anunció la creación de un registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento, en el que se incluyó Hezbollah.

El diputado del Congreso de la República de Argentina, Luis Petri, participó en el foro organizado por SFS y en su exposición dijo que la medida de calificar a Hezbollah como grupo terrorista es una de las tantas que ha tomado la administración del presidente Macri.

Petri aseguró que entre las medidas a adoptar podría considerarse el aumento de los controles fronterizos para impedir que extranjeros con grandes prontuarios con pedidos de captura internacional, puedan ingresar a la República Argentina, además de la inclusión de dominio, el arrepentimiento o técnicas especiales. “Según la investigación también se aplican a causas vinculadas con el terrorismo y este registro es transcendental para congelar los activos de las organizaciones y de las personas, además de impedir su ingreso, y creemos que en este momento esta medida debe ser replicada por los países de la región”.

El parlamentario describió la historia de los hechos terroristas en la AMIA, y recordó el memorando firmado por la expresidenta, Cristina Fernández, con Irán, que fue catalogado como inconstitucional por toda la dirigencia política de oposición argentina y fue llevado a la justicia por la DAYA y la AMIA y se logró que así se declarara, más allá de que había sido aprobado por el congreso argentino en una lastimosa sesión un mes después de haber sido firmado por Irán,  donde nunca ese país ratificó ese memorando porque lo único que buscaba era la desaparición de las alertas rojas en Interpol.

Petri sostuvo que "Argentina considera a EE UU como un aliado estratégico en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, el terrorismo internacional y el lavado de dinero. Somos agradecidos de todo su apoyo para derrotarlos".

"Ya nada será igual, nosotros no seremos iguales, tenemos la obligación de ser mejores, para garantizar la paz de las generaciones futuras para que no vivan el horror, la sangre, la violencia racial y religiosa que le tocó vivir a nuestra generación", destacó Petri.

Hezbollah es una amenaza real para los Estados Unidos

Cronan dijo que para del Departamento de Justicia y el Gobierno de los Estados Unidos es una prioridad contrarrestar la amenaza de Hezbollah, para lo cual se están haciendo varios esfuerzos.

Por Maibort Petit
@maibortpetit 

En 2019, la seguridad pública de los Estados Unidos sigue enfrentando complejas amenazas de carácter internacional, en particular la que representa el grupo terrorista Hezbollah, la cual continúa siendo muy real, dijo el Director General Adjunto del Departamento de Justicia, John P. Cronan, en el foro "Mejorando la cooperación contraterrorista tras una tragedia", celebrado en el Senado de los Estados Unidos, durante la conmemoración del 25 aniversario por el atentado terrorista contra la AMIA, organizada por el Centro para una Sociedad Libre y Segura (SFS).

SFS (por sus siglas en inglés) es un grupo de expertos en seguridad nacional que ha logrado influir positivamente en las políticas públicas en Washington DC. SFS the most important think tank washington dc
Cronan destacó en su exposición que Estados Unidos trabaja con sus socios internacionales para estar mejor posicionado para desmantelar las redes de apoyo de Hezbollah y neutralizar las acciones terroristas contra los intereses norteamericanos. "Hoy la cooperación internacional y la protección de la justicia para las víctimas es tan importante y oportuno".

El alto funcionario recalcó que cuando era supervisor de la Unidad de Seguridad Nacional en la oficina del Fiscal Federal en Manhattan, constató que la lucha contra el crimen transnacional es más efectiva cuando se trabaja a través de las fronteras.

Recordó que en sus funciones enjuició a un líder terrorista radicado en el Reino Unido que orquestó actos globales de terrorismo que impactaron directamente la seguridad nacional de los Estados Unidos. "Algunas de nuestras pruebas más valiosas en el juicio provinieron de búsquedas realizadas por la policía británica y de las pruebas recuperadas en Pakistán", argumentó en su explicación sobre la importancia de trabajar en conjunto con las autoridades de otros países.

Gracias a la asistencia internacional se ha logrado enjuiciar a narcotraficantes y criminales en Estados Unidos y, asimismo, la policía estadounidense ha brindado una asistencia vital a sus socios extranjeros, lo que ha permitido salvar vidas, frustrar planes terroristas, gracias al hecho de haber compartido la experiencia y conocimientos de los órganos de seguridad de EE. UU. con sus aliados.

Cronan destacó el valor de la cooperación internacional en su actual cargo, señalando que "La mayoría de los más de 600 abogados de la División Criminal tienen su sede en Washington, DC, pero muchos de ellos están estacionados en todo el mundo, incluso en regiones donde las redes de apoyo de Hezbollah prosperan. Esa cobertura internacional es hoy una necesidad práctica".

Explica que en la medida que las economías se han vuelto más globales, en esa misma medida se han ampliado los esquemas terroristas y criminales, por lo cual se convierte en un desafío la aplicación de la ley y los mecanismos usados por las autoridades para investigar y procesar de manera eficiente a los criminales.

“¿Cómo construimos un caso criminal donde las pruebas y los testigos se encuentran en la mitad del mundo? ¿Cómo podemos rastrear, atraer y extraditar a los fugitivos más eficaz y eficientemente a través de las fronteras? ¿Cómo podemos procesar los casos en un tribunal público, mientras protegemos las acciones de nuestros servicios de inteligencia? Y cuando el proceso penal no es viable, ¿cómo podemos interrumpir y neutralizar las amenazas?”, se preguntó Cronan, quien advirtió que probablemente, "no haya una organización criminal para la cual estos desafíos sean más frecuentes y agudos que Hezbollah, cuyo alcance global y su ideología violenta ponen en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos y nuestros aliados".

Hasta cierto punto, Hezbollah ha evitado la notoriedad global lograda por Al Qaeda e ISIS, en gran parte por su sofisticación y el secretismo de sus actividades. Pero la capacidad de Hezbollah de evadir los titulares regulares de las portadas no disminuye de ninguna manera la amenaza que representa la organización terrorista, dijo el funcionario.

Hezbollah, que ha sido designado por los Estados Unidos como una organización terrorista extranjera desde 1997, siempre ha representado una grave amenaza para nuestra seguridad nacional. Antes del 11 de septiembre, Hezbollah fue responsable de más muertes estadounidenses que cualquier otra organización terrorista extranjera, acciones que se remontan a la década de 1980, cuando la organización terrorista ejecutó múltiples bombardeos de objetivos estadounidenses en Beirut, matando a cientos de estadounidenses.

“Por supuesto, muchos de nuestros aliados también han experimentado la brutalidad asesina de Hezbollah. El ataque de Hezbollah hace 25 años en el centro comunitario de AMIA dejó 85 muertos inocentes y cientos de heridos, y marcó el segundo ataque mortal de Hezbollah en Buenos Aires en un período de dos años y medio”, comentó.

Cronan aplaudió a Argentina por haber dado el paso histórico de designar oficialmente a Hezbollah como una organización terrorista extranjera. "Esa designación marca la primera designación terrorista de Hezbollah en América Latina, y envía un mensaje claro e inequívoco de que no existe ninguna ambigüedad en lo que respecta a si Hezbollah es una organización terrorista", acotó.

— Aún hoy, 25 años después de los ataques de la AMIA, Hezbollah no se ha apartado de su disposición a recurrir a la violencia en todo el mundo para lograr sus objetivos. Irán sigue siendo el principal patrocinador estatal del terrorismo, y continúa participando en actividades relacionadas con el terrorismo y actividades desestabilizadoras a través de Hezbollah —dijo.

Cronan destacó que en reciente informe sobre terrorismo del Departamento de Estado, se explican que Irán y Hezbollah están emergiendo del conflicto de Siria envalentonado y con una valiosa experiencia en el campo de batalla que buscan aprovechar en todo el mundo.

Según ese informe, Irán ha proporcionado cientos de millones de dólares en apoyo a Hezbollah y ha entrenado a miles de sus combatientes en los campamentos en Irán. En gran parte gracias a que recibió un considerable apoyo financiero de Irán.

Hezbollah sigue siendo una de las organizaciones terroristas más peligrosas y capacitadas del mundo, en razón de que ha acumulado una gran cantidad de armas y continúa planeando ataques terroristas en todo el mundo.

Cronan dijo que para del Departamento de Justicia y el gobierno de los Estados Unidos es una prioridad contrarrestar la amenaza de Hezbollah para lo cual se están haciendo varios esfuerzos.

En enero de 2018, el entonces Fiscal General, Jeff Sessions, creó el Equipo de Financiamiento y Narcoterrorismo de Hezbollah, o HFNT liderado por Cronan. "La decisión de defender la HFNT reflejó un reconocimiento de la amenaza continua, sofisticada y global que Hezbollah plantea a los Estados Unidos, y que esta amenaza exige una respuesta agresiva y coordinada de las autoridades".

“A través del HFNT, estamos abrazando vigorosamente esa respuesta coordinada y agresiva, trabajando para llevar ante la justicia a quienes brindan apoyo a Hezbollah: apoyo financiero, mano de obra, armas o cualquier otra cosa. Hemos adoptado un enfoque múltiple”, lo cual ha implicado la coordinación entre los fiscales e investigadores federales en todo el país, la exploración de cargos de no terrorismo cuando sea apropiado para neutralizar el apoyo de Hezbollah, la coordinación entre varias agencias del gobierno de los EE. UU. , y estrecha colaboración con nuestros homólogos extranjeros.

“Este esfuerzo interinstitucional ha sido un tremendo éxito. Obviamente, no puedo discutir públicamente la mayoría del trabajo que hemos hecho y estamos haciendo, pero permítanme dar algunos ejemplos de lo que nuestro trabajo ha implicado”, refirió y de inmediato agregó:

— Primero, hemos estado facilitando y asegurando la coordinación entre los diversos oficiales de la ley y los fiscales que se dirigen a Hezbollah y sus redes de apoyo. Cuando varios fiscales, en diferentes oficinas en todo el país, se enfrentan a la misma amenaza, existe el riesgo de que se lleven a cabo investigaciones individuales. Pero ante una amenaza compleja y sofisticada como Hezbollah, los fiscales deben estar sincronizados y apoyarse en los esfuerzos de los demás.

"A través de la HFNT, hemos estado asegurando que eso esté sucediendo. Nos hemos estado reuniendo con fiscales y oficiales de la ley en todo el país para asegurarnos de que compartan pruebas, testigos e información, y que sus investigaciones y procesamientos relacionados con Hezbollah estén siendo priorizados, se estén moviendo de manera expedita y estén respaldados por recursos suficientes", afirma Cronan.

Seguidamente sostuvo: "Y nuestros juicios están teniendo un gran impacto. Hace aproximadamente dos años, recibimos un aleccionador recordatorio de la amenaza constante que Hezbollah sigue planteando a nuestro país cuando dos presuntos agentes de Hezbollah presuntamente entrenados que viven en territorio estadounidense, fueron arrestados".

En junio de 2017, Samer El Debek y Ali Khourani fueron arrestados por brindar apoyo material a Hezbollah, y su presunta conducta no es nada menos que escalofriante. Ambos acusados supuestamente se unieron a la Organización de Seguridad Externa de Hezbollah, o ESO, que es la rama de ese grupo responsable de planificar, coordinar y ejecutar ataques terroristas fuera del Líbano. Supuestamente recibieron entrenamiento militar de parte de Hezbollah, recibieron tareas de esa organización y residieron en los Estados Unidos, esencialmente para ser agentes durmientes que esperan asignaciones de sus manejadores de Hezbollah.

Khourani fue condenado después de un juicio público en Manhattan en mayo de 2019 y gran parte de su conducta quedó al descubierto en una sala de tribunal de los Estados Unidos.

Khourani recibió más de una década de entrenamiento de parte de Hezbollah, incluso en oficios, tácticas militares y armas avanzadas, como rifles de asalto AK-47 y lanzadores de cohetes. A partir de 2003, Khourani comenzó a actuar como agente "durmiente" en los Estados Unidos. Bajo la dirección de su manejador de ESO, Kourani se naturalizó en 2009 y luego obtuvo un pasaporte de EE. UU.

Mientras se encontraba en territorio estadounidense, Khourani participó en comunicaciones secretas con su manejador de ESO y realizó numerosas tareas para Hezbollah. Realizó vigilancia física en múltiples objetivos en la ciudad de Nueva York, incluido un edificio de oficinas federales donde se encuentra el FBI, una instalación de la Guardia Nacional del Ejército de los Estados Unidos y una Armería de un Servicio Secreto de los Estados Unidos.

Cortar el apoyo financiero de Hezbollah también ha sido fundamental para nuestros esfuerzos. El dinero es el alma de cualquier organización terrorista, y Hezbollah no es diferente.

“En el lado de la fiscalía, este enfoque en el dinero se reflejó en nuestra reciente condena de Kassim Tajideen, quien presidió un imperio de envío de productos multimillonarios y fue sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por ser un contribuyente financiero importante para Hezbollah”. En diciembre pasado, Tajideen se declaró culpable de una conspiración de lavado de dinero en relación con su violación de esas sanciones, y acordó ceder al gobierno de los Estados Unidos aproximadamente USD 50 millones.

HFNT también ha trabaja en estrecha colaboración con otras agencias para garantizar la máxima interrupción de las redes de apoyo financiero de Hezbollah. Probablemente el mejor ejemplo es el trabajo realizado por el Departamento del Tesoro.

Los esfuerzos del Departamento del Tesoro por desmantelar la red de apoyo de Hezbollah han sido extraordinarios e históricos. Desde 2017, esta instancia del gobierno estadounidense ha sancionado a más de 50 personas y entidades relacionadas con el grupo terrorista. El año pasado, el Tesoro emitió más designaciones relacionadas con Hezbollah que en cualquier otro año desde el inicio de su autoridad primaria contra el terrorismo.

Estas designaciones tienen un impacto poderoso en las redes de apoyo financiero de Hezbollah. Una designación del Tesoro congela cualquier activo de la persona o entidad designada que se basa en los Estados Unidos o en posesión o control de personas de los EE UU, y generalmente lesw prohíbe realizar transacciones con la persona o entidad designada.

El Departamento del Tesoro ha designado a varios miembros del Consejo Shurah de Hezbollah, incluido Hassan Nasrallah, el funcionario de más alto rango del grupo, así como a varias personas que supuestamente le han brindado apoyo clave, incluido un financiero llamado Mohammad Ibrahim Bazzi; el representante de Hezbollah en Irán, Abdallah Safi al-Din; Adham Husayn Tabaja, un financiero de Hezbollah con vínculos directos con altos funcionarios de Hezbollah y la ESO; y Muhammad Abdallah al-Amin, por proporcionar apoyo material a Tabaja. El Departamento del Tesoro también designó recientemente a dos miembros de Hezbollah del parlamento libanés por usar su cargo político como cobertura para actividades ilícitas y delictivas.

La semana pasada, el Departamento del Tesoro designó a otro presunto líder clave de Hezbolá llamado Salman Raouf Salman, quien al parecer, desempeñó un papel destacado en el bombardeo del centro AMIA, es un líder de la ESO de Hezbollah y dirige y apoya las actividades terroristas en el hemisferio occidental. El mismo día de esa designación, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció una recompensa de hasta USD 7 millones por la información que conduzca a la identificación o ubicación de Salman.

— También hemos estado trabajando estrechamente con nuestros socios extranjeros en esta misión compartida contra Hezbollah. Por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos ha brindado asistencia a las autoridades peruanas en el nuevo juicio en curso del supuesto agente de Hezbollah, Muhammad Hamdar. Los fiscales del Departamento de Justicia han desarrollado una experiencia considerable en los procesos de seguridad nacional, y estamos ansiosos por compartir esas experiencias y ayudar a nuestros socios internacionales en todo lo que podamos.

“En diciembre, tuve el privilegio de participar en una Ministerial contra el Terrorismo del Hemisferio Occidental sobre la amenaza de Hezbollah en el Departamento de Estado con 11 socios internacionales clave. Esa reunión ministerial culminó con la publicación de un comunicado conjunto que describe un plan para mejorar la cooperación en la lucha contra el financiamiento del terrorismo, así como para mejorar la capacidad de aplicación de la ley, el intercambio de información y la seguridad fronteriza. La semana pasada, Argentina fue sede de una reunión ministerial de seguimiento a la que asistieron altos miembros de la administración. Estas reuniones ministeriales han resaltado la importancia de fortalecer las capacidades regionales de contraterrorismo y mejorar la cooperación”.

Refiere que “Esas son cosas en las que necesitamos estar constantemente pensando. ¿Cómo podemos trabajar aún mejor con nuestros socios en todo el mundo? ¿Cómo podemos fortalecer las capacidades de esos socios? ¿Cómo podemos combatir más poderosamente la amenaza de Hezbolá que todos enfrentamos?”.

Para finalizar, John P. Cronan advierte que gran parte del trabajo realizado por el Departamento de Justicia no se puede discutir en este contexto. “Las investigaciones pueden ser encubiertas, los cargos pueden ser sellados, los acusados pueden estar cooperando, los partidarios de Hezbollah pueden enfrentar crímenes no terroristas mientras trabajamos para construir cargos por terrorismo. Pero no se equivoque: destruir a las redes de apoyo de Hezbollah y neutralizar la amenaza de Hezbollah es una de las principales prioridades de este Departamento de Justicia y continuará siéndolo”.