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sábado, 26 de diciembre de 2020

Conozca cómo opera el crimen organizado en las regiones de Venezuela (III)

   En esta entrega hacemos referencia a los estados Bolívar, Apure, Falcón y Nueva Esparta.

Por Maibort Petit

   El crimen organizado y la corrupción han pasado a ser parte integrante de la realidad venezolana en la cual actúan, según todo lo deja ver, con la anuencia y complicidad de funcionarios del estado. Hemos dado a conocer en las últimas entregas cómo operan las organizaciones criminales en algunos estados del país, específicamente se hace mención a Aragua, Delta Amacuro, Falcón, Nueva Esparta y Sucre, al igual que se hace referencia a Apure, Barinas, Bolívar, Táchira y Zulia.

   Estos datos son parte del informe “Crimen organizado y corrupción en Venezuela: Un problema de Estado”, elaborado por Transparencia Venezuela donde se hace un recuento acerca de las organizaciones criminales, los tipos delitos, situación regional en varios estados, el papel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), además de presentar una serie de iniciativas para combatir el problema y darle solución.

En Bolívar

  Sus límites con la República Cooperativa de Guyana y con Brasil, especialmente con este último, constituyen un vasto territorio para que en el estado Bolívar tengan lugar delitos graves y grandes oportunidades de “negocios” que han convertido a esta zona oriental como una de las más cruentas de Venezuela.

  Allí los delitos más frecuentes son aquellos relacionados con el negocio del oro, el tráfico de armas, de gasolina y narcotráfico, en ese orden.

  Transparencia Venezuela realizó entrevistas para la redacción del informe en las que se concluyó que en que el tráfico ilícito de todas esas mercancías y material estratégico, la participación de las autoridades y de integrantes de las fuerzas de seguridad y defensa, es fundamental, agregando tal circunstancia a estos delitos el abuso de autoridad, corrupción propia, tráfico de influencias, extorsión y lavado de dinero.

   El territorio es disputado por los mal llamados “sindicatos del oro”, “pranes” que controlan sectores con grupos de minas y mineros, además del comercio de suministros necesarios para la extracción. También manejan distribución de drogas, comida, medicinas, transporte y la prostitución.

“La vida del minero y el mercado del oro, involucra a autoridades y actores regionales, locales, nacionales e internacionales. Las toneladas y montos manejados en el contrabando de oro lo convierten en el negocio ilícito más importante después de la gasolina. Los cálculos realizados por los especialistas permiten precisar que la fuga del oro solo en 2018 superó los USD 2.700 millones”.

  La explotación del Arco Minero del Orinoco (AMO) se convirtió desde 2016 en un incentivo perverso de la actividad delictiva en la región.

“En este territorio, que se superpone a cinco parques nacionales, conviven mafias, mineros ilegales, guerrilleros colombianos, traficantes de drogas junto con indígenas que se han sumado a las labores mineras, explotando incluso territorios protegidos, como Canaima. También participan militares y exintegrantes de las FARC”, reza el informe.

  El territorio de las minas se lo disputan el ELN, protegido por las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB), y las bandas irregulares armadas, a la cuales se les conoce como “sindicatos del oro” o “pranatos”, los cuales, de acuerdo a testimonio recogidos para la redacción del informe, están vinculados a un exgobernador del estado Bolívar y al Cartel de los Soles. De este modo se han configurando alrededor de 25 grupos delictivos cuyos nombres aún permanecen ocultos en su mayoría.

  El delito y el vínculo con el gobierno opera dentro de cada una de las instituciones locales y regionales, sostiene el informe y, al respecto, un miembro de la sociedad civil de la zona para el estudio, manifestó que “Cuando un ex comandante del REDI, como Jesús Mantilla Oliveros, oculta la presencia del ELN, ya de una manera los ampara, o cuando los guardias nacionales ignoran la presencia del ELN luego de la alcabala de Casablanca, constatada por diputados de la Asamblea Nacional que iban rumbo a Anacoco, eso es criminal”.

  Se precisa que en el estado Bolívar, los grupos que controlan el hierro son distintos a los del coltán o el diamante. Como jefes de banda se habla “el Negro Fabio”, “El Coporo”, “Capitán o Gordo Bayón”, apodos tras los cuales permanecen en secreto sus verdaderos nombres.

  Entretanto, “El Jairo” es el líder del grupo del ELN en la entidad quien tiene presencia en la zona desde hace dos años y medio, a la salida del exgobernador, general Francisco Rangel Gómez y la llegada del nuevo mandatario, general Justo Noguera Pietri, quien habría dado carta blanca al ELN para erradicar el sistema de bandas mineras creadas por su antecesor. Este hombre habría reclutado francotiradores entre efectivos y exfuncionarios de las fuerzas armadas venezolanas, para controlar las minas y a la población de la zona de Tumeremo y El Callao, donde estableció un toque de queda en esas localidades. Estos francotiradores tienen un sueldo de USD 400. También reclutan a jóvenes para que sean guerrilleros y les pagan USD 300.

  Otro líder es “El Toto”, quien gobierna en El Callao, una de las zonas más ricas en yacimientos auríferos. Sería el autor de unos comunicados que sostienen que el gobernador Justo Noguera Pietri, abrió las puertas a los guerrilleros colombianos y también señala que el alcalde de la zona, Alberto Hurtado, recibió oro de su parte para la campaña electoral.

  Se estima que solamente entre 10 y 30 por ciento del total del oro extraído, es procesado por la empresa Minerven y entregado al Banco Central de Venezuela (BCV). El resto sale de Venezuela por los diversos caminos en camiones, aviones, helicópteros y hasta con “mulas” humanas.

“El negocio del oro en el estado Bolívar se realiza en forma artesanal, lo que está causando destrucción ambiental en los 112.000 km del llamado Arco Minero del Orinoco (AMO), porque no se cuenta con ningún programa de protección del medio ambiente”, acota el informe.

  La quiebra de las empresas básicas y la crisis económica, llevó a los trabajadores a sumarse a la minería ilegal que se lleva a cabo con mercurio, también conocido como azogue, un material que los expone al envenenamiento.

  Igualmente, las actividades delictivas han impactado negativamente en las poblaciones indígenas, especialmente sobre el pueblo Pemón, que ha visto en peligro la ocupación de sus territorios.

En Apure

  En esta entidad llanera opera comúnmente el ELN, FARC y ex-integrantes de este grupo guerrillero. En el alto Apure está el Ejército Popular de Liberación (EPL), el FBL o “Los Boliches”, la delincuencia común y los colectivos violentos.

  Se cree que estos grupos están vinculados a representantes de los gobiernos municipal, regional y nacional.

  En Apure también operan bandas de cuatreros y de exfuncionarios, así como paramilitares.

  El informe cita a un dirigente político. Que sostiene que “En la zona de Guasdualito operan tres grupos: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que tiene mayor fuerza, es decir, mayor presencia de campamentos. Están las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cuyos miembros después del acuerdo de paz, no han querido dejar las armas y se han unido al ELN, aunque también hay campamentos propios de los disidentes de las FARC. La tercera fuerza insurgente es una guerrilla venezolana que se hace llamar Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL), la cual también tiene una división en el grupo Fuerzas Patrióticas Bolivarianas de Liberación, identificado con las siglas FPBL, con presencia en Guasdualito, del municipio Muñoz –ubicado en el medio Apure- y en los estados Barinas y Táchira. En medio Apure operan las FARC, sin presencia destacable de campamentos del ELN. En el bajo Apure operan las FARC y el ELN”.

    Con relación al narcotráfico, el informe de Transparencia Venezuela asegura que todos los grupos irregulares están comprometidos con este delito. El mismo dirigente político antes citado refirió que “En Pedro Camejo, específicamente en la zona de Santa Bárbara de Cunaviche, estaba un puesto comando de la Guardia Nacional que ahora está abandonado, no sabemos por qué razón. A menos de 10 kilómetros de ese puesto de comando abandonado hay aproximadamente 6 pistas clandestinas hechas de concreto, allí hay unas poblaciones indígenas que son las mulas de carga de los alijos de cocaína”.

  Señala el informe con expresión de la cleptocracia la fusión de instancias y actores gubernamentales con grupos irregulares del crimen organizado, que se materializa en la creación de las FBPL, impulsada desde el Gobierno. El dirigente político entrevistado señaló que esta guerrilla fue armada con fusiles del Ejército venezolano entregados por Elías Jaua Milano, vicepresidente de la República para la época, quien ya anteriormente, desde el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) y el Ministerio de Comunas, les entregaba armas. Con las FBPL también habrían colaborado diputados nacionales; Érika Farías, alcaldesa de Caracas; Aristóbulo Istúriz, ministro de Educación; del gobernador de Apure, Ramón Carrizalez; del alcalde del municipio Páez, José María Romero; de los ex-constituyentes José Domingo Santana, José Lisandro Solórzano y Orlando Zambrano.

  Concluye el informe con respecto a esta entidad, que allí las instituciones públicas percibidas como las más corruptas son las alcaldías, las gobernaciones, los cuerpos policiales y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

En Falcón

   El informe de Transparencia Venezuela se hace eco de la sentencia de los pobladores del estado Falcón que afirman que en esa entidad “existe una cultura de contrabando por su posición geográfica”.

   Los delitos más frecuentes son el tráfico de drogas, contrabando de combustible y otros derivados del petróleo, el lavado de dinero y la corrupción. También el contrabando de materiales estratégicos cables de cobre y tuberías de acero. Desde el estado Bolívar supuestamente llega el oro vía terrestre y sale por vía aérea por pistas clandestinas ubicadas en la Sierra de Coro. El informe hace referencia a varios casos de tráfico de drogas.

   Para la redacción del estudio, Transparencia Venezuela entrevistó a un grupo de ex-comisarios experimentados en materia de crimen organizado, quienes destacaron cuáles son las actividades delictivas que se desarrollan en el estado Falcón, indicando el tráfico ilícito de armas desde las islas de Aruba, Curazao y Bonaire; el sicariato; el contrabando de los bloques de Jirahara, además de granito y arena; la producción de éxtasis, específicamente en Punto Fijo; el tráfico de drogas, que sale por “la puerta grande” y sitios oficiales: Puerto Guaranao, Puerto Real de la Vela de Coro, Tucacas, Chichiriviche y Sabana Alta.

   Las bandas criminales que allí operan son el grupo de Emilio Martínez apodado “El Chiche Smith” (narcotráfico); la mafia de “Los Camacaro”; la banda de Simón Álvarez (ya fallecido); “Los Cruz” dirigidos por José Ángel Cruz, quien tiene notificación roja de Interpol por el delito de homicidio; también existe una mafia que controla la comercialización del agua ante la escasez de este recurso; la banda de los combustibles, dirigida por “Caramelito”.

  Un militar retirado consultado para la redacción del informe, citó el caso de “El Chiche Smith”, quien sería supuestamente una suerte de Pablo Escobar en la población de Carirubana, “pues reparte comida, regala teléfonos móviles y hasta dólares, todo producto de los recursos provenientes del narcotráfico” . Su aliado sería el alcalde de Carirubana: Alcides Goitía.

  Señala el informe que al alto mando de la policía regional de Falcón fue totalmente desmantelado en la gestión del Jesús Mantilla, decisión que contribuyó al crecimiento y fortalecimiento de los grupos criminales.

  La producción caprina (chivos) ha ido desapareciendo por la presencia del narcotráfico y el robo de ganado y de las cabras, es constante. Además, los productores han abandonado sus fincas y las nuevas unidades productivas tienen pistas clandestinas.

En Nueva Esparta

  Conformado por las islas Margarita, Coche y Cubagua, se han identificado en él, más de 60 bandas criminales operando en su territorio.

 Advierte el informe, en primer lugar, que, aunque para los organismos de investigación policial e inteligencia controlar a esas organizaciones delictivas en un estado isla sería una tarea fácil, la falta de voluntad política lo impide.

  Recuerda que la policía estatal de la entidad está intervenida por el gobierno nacional de Nicolás Maduro debido a una retaliación política y sin que tal acción se haya traducido en el mejoramiento del problema de la inseguridad.

  Tajantemente denuncia el informe que en Nueva Esparta el control territorial del estado. Está en manos de la organización terrorista Hezbollah, grupo nacido el Líbano en 1982 luego de la ocupación israelí. Esta agrupación cuenta con un brazo político y otro armado y tiene el respaldo de Irán y del gobierno sirio de Bashar Al Assad, aliados del chavismo-madurismo.

  La presencia de Hezbollah en Venezuela está documentada, presumiéndose que se dedica al lavado de dinero, transporte de drogas y el control de actividades de contrabando en todo el continente. También tiene presencia en Bolivia y Nicaragua, “pero sus integrantes al parecer han encontrado seguridad en Venezuela”.  Se estima que Venezuela es el mayor centro de operaciones de hezbollah en el continente.

  Ghazi Atef Salameh Nassereddine Abu Ali, cabecilla de Hezbollah, fue nacionalizado venezolano en el 2002 y junto a sus dos hermanos habría coordinado la célula de esa organización en Venezuela.

  Asevera al reporte que las bandas han conformado un pseudogobierno del crimen que se alimenta del miedo de la gente, siendo los delitos cometidos el tráfico de drogas desde y hacia las islas, robos, sicariatos, cobro de vacunas, tráfico de influencias, extorsión, legitimación de capitales y trata de personas. Denuncias sostienen que cuentan con el apoyo del gobierno regional y algunas autoridades nacionales.

  Las actividades de estos grupos han afectado el turismo, actividad fundamental de Nueva Esparta. Igualmente, la pesca.

  En lo político, el abuso de poder es un atributo que fractura la institucionalidad y favorece las acciones delictivas.


lunes, 9 de noviembre de 2020

Un error procedimental convierte a Ali Sadr Hashemi Nejad de acusado en acusador

  Sin embargo, en Malta estiman que los delitos de lavado de dinero no quedan exentos por el error procedimental y trabajan para extraditar a Sadr.

Por Maibort Petit

  El caso sobre el Pilatus Bank, propiedad de Ali Sadr Hashemi Nejad quien, en marzo de este año, fue declarado culpable de violar las sanciones de Estados Unidos contra Irán, fraude bancario y lavado de dinero de los programas de viviendas de Hugo Chávez, parece estar muy lejos de encontrarse cerrado, dado que continúan revelándose aspectos relacionados con la causa por parte de importantes autoridades y voceros vinculados a la trama.
  En marzo un jurado en Nueva York declaró culpable a Ali Sadr Hashemi Nejad de “violación de las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a Irán, fraude bancario y conspiración para lavado de dinero internacional con fondos provenientes de los programas de viviendas que el régimen de Hugo Chávez acordó con la República Islámica de Irán”. Por estos delitos, Sadr enfrentaba la posibilidad de pasar varias décadas en la cárcel.

  La jueza decidió no enviarlo a prisión de inmediato, sino que le permitió esperar la sentencia en arresto domiciliario con un monitor en el tobillo[1].

   Pero a raíz de que en julio pasado la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York decidiera abandonar la acusación referida a la violación de las sanciones impuestas al régimen iraní, en razón de que se conoció posteriormente a la decisión judicial que fiscales y agentes no entregaron pruebas que podrían haber exculpado al acusado, se ha desatado una ola de reacciones que dieron un revés inesperado al caso y ahora la cuestionada es la parte acusadora. La defensa de Sadr calificó de insólito que ahora el gobierno considere que el asunto de las sanciones “no sería de interés para la justicia seguir adelante con este caso", luego de haber “perseguido” a su cliente durante más de 6 años.
 
   Igualmente, los abogados subrayaron el hecho de que a mitad del proceso judicial se conociera que pruebas exculpatorias fueron suprimidas indebidamente[2].

Jueza da un vuelco al caso

  Ante tal revelación, la jueza del caso, Alison Nathan, anuló el veredicto de culpabilidad del jurado, pues transcurridos varios meses después del veredicto y más de dos años de la acusación de la fiscalía, salieron a relucir unos correos electrónicos donde un fiscal sugirió "enterrar" un documento que, finalmente, no sufrió este destino y se entregó a la defensa.

 Los abogados defensores Reid Weingarten y Brian Heberlig manifestaron su sorpresa por las tergiversaciones del Departamento de Justicia antes de que comenzara el juicio, así como sobre la forma en que el FBI revisó los correos electrónicos de Sadr pues, de haberlo hecho, el juicio no habría tenido lugar.

   La jueza exigió conocer qué abogados y supervisores del gobierno participaron y advirtió que podría ordenar investigar y castigar a la fiscalía[3].

   De hecho, la actitud del Departamento de Justicia cada vez queda más en entredicho, toda vez que durante un interrogatorio ante jueces que investigan el asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia, el ex fiscal general, Peter Grech, sostuvo su posición de no actuar frente a los grandes escándalos políticos, como el del Banco Pilatus, pues su trabajo era simplemente "dar consejos".

   Dijo que advirtió al entonces comisionado adjunto, Silvio Valletta, pedir una investigación judicial sobre Pilatus Bank si se basaba únicamente en un blog[4].

   Recientemente, el juez del caso de sanciones que involucra a Sadr, exigió publicar las presentaciones selladas del caso, según informó el bloguero financiero, Kenneth Rijock, quien agregó que el exbanquero podría haberse convertido en informante en un caso que involucra a funcionarios malteses y los documentos podría solucionar el problema.

Reclamado en Malta

   En Malta, a Ali Sadr se le relaciona con altos personeros del gobierno del ex primer ministro, Joseph Muscat, vinculados a investigaciones por corrupción de las que escribió la periodista asesinada Daphne Caruana Galizia[5].

   Y si bien en estados Unidos el caso ha sido anulado por un problema de procedimiento, lo relativo al delito de lavado de dinero se mantiene y por ello, en Malta, la Fundación Daphne Caruana Galizia pidió su extradición.

  “El hecho de que Ali Sadr haya sido procesado en los Estados Unidos significa que fue acusado sobre la base de pruebas de lavado de dinero. El enjuiciamiento finaliza sobre la base de un supuesto problema técnico y de procedimiento, y sólo en relación con los cargos de incumplimiento de las sanciones estadounidenses. Nada de esto cambia la evidencia contra Hashemi Nejad, que sigue siendo abrumadora”, dijo la fundación en un comunicado.

   La acusación de lavado de dinero refería que Sadr diseñó un esquema internacional de blanqueo de capitales por el que legitimó fondos irregulares provenientes de PDVSA. Para ello, se habría valido de empresas de fachada a través de las cuales ejecutó un plan para evadir las sanciones estadounidenses y pudo lavar más de USD 476 millones a través de una subsidiaria de PDVSA que se encargaba construir viviendas en Venezuela[6].

    La fiscalía dijo que Stratus Grupo, controlado por el padre de Sadr, el acusado y su familia, incluye a la empresa Iranian International Housing Corp., contratada por PDVSA, para construir 7 mil viviendas en el estado Zulia, en el marco de los acuerdos firmados entre Venezuela e Irán en 2006[7].

   La Fundación Daphne Caruana Galizia cree que lo ocurrido en EE. UU. para nada eximen ni impiden que la Policía de Malta y el Fiscal General procesen a Ali Sadr. "Por el contrario, ahora es más importante que nunca que sea procesado en Malta, ya que ha destruido la reputación de Malta en el proceso de utilizar el país como base para facilitar la actividad delictiva, a través de Pilatus Bank"[8].

   Habrá que ver el destino de esta solicitud, toda vez que en julio la fiscalía le garantizó al tribunal que no "buscarán ni cooperarán con" ningún intento de expulsión de Estados Unidos[9].



CITAS
[1] Venezuela Política. “Ali Sadr Hasheminejad fue declarado culpable de violar las sanciones de EE. UU. contra Irán, fraude bancario y lavado de dinero de los programas de viviendas de Hugo Chávez”. 16 de marzo de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/03/ali-sadr-hasheminejad-fue-declarado.html

[2] Law. “The Exoneration of Our Client Ali Sadr”. 24 de julio de 2020. https://www.law.com/newyorklawjournal/2020/07/24/the-exoneration-of-ali-sadr/?slreturn=20201006152101

[3] NPR. "Judge Dismisses Troubled Sanctions Case, Could Probe Prosecutors' Credibility”. 17 de julio de 2020. https://www.npr.org/2020/07/17/892320755/judge-dismisses-troubled-sanctions-case-could-probe-prosecutors-credibility

[4] The Shift News. “Former Attorney General defends inaction on major political scandals”. 30 de octubre de 2020. https://theshiftnews.com/2020/10/30/former-attorney-general-defends-inaction-on-major-political-scandals/

[5] Lovin Malta. "US Judge Demands Publication Of Sealed Filings In Pilatus Bank Owner’s Case”. 21 de octubre de 2020. https://lovinmalta.com/news/us-judge-demands-publication-of-sealed-filings-in-pilatus-bank-owners-case/

[6] Venezuela Política. “125 años de cárcel podría enfrentar el banquero iraní que logró evadir las sanciones de EE. UU. contra Irán a través de contratos con el gobierno de Hugo Chávez Frías”. 16 de febrero de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/02/125-anos-de-carcel-podria-enfrentar-el.html

[7] Venezuela Política. “Este lunes continúan las deliberaciones del jurado del juicio de Ali Sadr Hasheminejad, dueño de Pilatus Bank”. 15 de marzo de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/03/este-lunes-continuan-las-deliberaciones.html


[8] The Shift News. “Call for Ali Sadr’s extradition to Malta after US government drops case”. 6 de junio de 2020. https://theshiftnews.com/2020/06/06/call-for-ali-sadrs-extradition-to-malta-after-us-government-drops-case/

[9] Malta Today. “Pilatus banker given US guarantee over immigration removal”. 20 de julio de 2020. https://www.maltatoday.com.mt/news/world/103644/pilatus_banker_given_us_guarantee_over_immigration_removal#.X6WDBVMzaYU

 


lunes, 19 de octubre de 2020

Alexei Schacht será el abogado de Samark López Bello en Nueva York

 El abogado seleccionado por Samark López representó a Ali Kourani, un espía de Hezbollah que fue condenado a 40 años de cárcel por un tribunal de Manhattan.

Por Maibort Petit

   De acuerdo a un aviso ingresado en el expediente del caso contra Samark López Bello en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el célebre abogado penalista, Alexei Schacht fue admitido para poder recibir y ver las comunicaciones del caso que involucra a López Bello, Tareck El Aissami, Joselit Ramírez Camacho, Adel El Zabayar, entre otros.

  En una carta enviada por la Fiscalía de los Estados Unidos al juez,  Alvin K. Hellerstein se señala que el abogado Alexei Schacht presentó un aviso de comparecencia en el caso a nombre de Samark López Bello, quien sigue siendo un fugitivo en este caso.

     El gobierno de los Estados Unidos ha solicitado al tribunal que mantenga bajo sello una serie de comunicaciones relacionadas con Alejandro J. Marín, un piloto venezolano que actuaba como fuente confidencial de las agencias federales vinculadas al caso, y que fue acusado por haber mentido a los agentes sobre un dinero que formaba parte de una actividad encubierta. Ver detalles del caso aquí.

   Los fiscales señalan que Schacht aceptó recibir las comunicaciones bajo la única base que el Gobierno podrá tratar de realizar futuras presentaciones selladas en el caso que involucra a Alejandro Javier Marín, un piloto que fue arrestado por haber mentido a los agentes de la Agencia de Seguridad Nacional (HSI).  

   Reiteran los abogados del gobierno estadounidense que López Bello permanece en estatus de fugitivo y que existen  preocupaciones de seguridad relacionadas con la fuente confidencial, Alejandro J. Marín que será procesada en el mismo caso. 

   Los fiscales advierten que no está claro qué Schacht pueda tener una participación más amplia en el caso, dada la negativa de su cliente, Samark López Bello, de someterse a la autoridad de ese tribunal. 

  Los fiscales federales recordaron que de acuerdo a la doctrina, la desautorización del fugitivo priva al acusado de recurrir a los recursos de la Corte para la determinación de sus reclamos "mientras permanezca prófugo de la justicia". 

  "Un acusado que no se presenta en primera instancia o se fuga durante el curso del proceso penal viola la autoridad del tribunal no puede acceder a la documentación del proceso", acotaron los fiscales.

  Alexei Schacht tiene más de 20 años de experiencia en la defensa criminal de clientes en investigaciones gubernamentales, audiencias con grandes jurados, juicios con jurados, en tribunales, y apelaciones. 

  Según su página web, Schacht ha manejado asuntos que van desde la conspiración de narcóticos hasta el homicidio y el fraude de valores. A nivel comercial, trabaja con varias empresas de exploración de petróleo y gas, ayudando a negociar, estructurar y financiar acuerdos de producción compartida.

  Alexei Schacht fue el abogado del espía de Hezbollah, Ali Kourani, quien se mantuvo oculto en el Bronx por años. En diciembre de 2019, fue sentenciado a 40 años de prisión después de decirle a un juez de Nueva York que todavía simpatizaba con la organización terrorista.

  El caso de Ali Kourani representó la primera vez que un miembro de la Organización Jihad Islámica de Hezbollah fue sentenciado en un tribunal de Estados Unidos.  El fiscal federal adjunto de este caso,  Emil Bove, el mismo que está al frente del caso de Tareck El Aissami, Samark López, Adel El Zabayar  y Joselit Ramírez Camacho, entre otros.



sábado, 17 de octubre de 2020

Conozca las redes criminal-terroristas de Hezbollah en Venezuela

  A través de clanes que operan en distintas regiones del país, Hezbollah logra financiarse y, en contraprestación, apoya al régimen de Nicolás Maduro.

Por Maibort Petit
   La Organización de Seguridad Externa (ESO) de Hezbollah vio en las remesas de los grupos de inmigrantes libaneses establecidos en Venezuela y Colombia, una fuente de financiamiento para sus actividades criminales y terroristas y procedió, entonces, a conformar redes de apoyo que operan a través de estructuras de clanes familiares que se han integrado, igualmente, a la economía ilícita controlada por el régimen de Nicolás Maduro. Así lo revela un informe denominado “El nexo Maduro-Hezbollah: Cómo las redes respaldadas por Irán apuntalan al régimen venezolano”, suscrito por el experto en temas de seguridad, Joseph Humire, para el Adrienne Arsht Latin America Center del Atlantic Council.

  En esta entrega daremos a conocer a algunos de los clanes que integrados a la estructura criminal-terrorista que opera en el poder en Venezuela bajo el amparo del brazo armado del régimen iraní.



El clan Saleh

  El informe de Joseph Humire mención, en primer lugar, al clan Saleh y para describirlo refiere que la red criminal-terrorista de Hezbollah en Colombia y Venezuela se conoció en 2011, luego de una investigación resultante de una operación que involucró ciento treinta arrestos y la incautación de USD 23 millones de fondos ilícitos que se movían desde África Occidental al Líbano a través del Banco Libanés Canadiense.

   La investigación que duró dos años permitió conocer uno de los casos más significativos de lavado de dinero con sustento en el comercio conocida como Operación Titán sirvió para desmantelar una red transregional de tráfico de cocaína y lavado de dinero masivo dirigida por Hezbollah. Para ello, el grupo terrorista se servía de facilitadores locales en Colombia, comandados por Ayman Saied Joumaa. Este capo de la droga colombo-libanés fue acusado en Estados Unidos por traficar cocaína con Los Zetas en México. El Departamento del Tesoro sostiene que dirige una extensa red de transporte marítimo vinculada a Hezbollah.

   El reporte indica que la Operación Titán se inició en 2008 cuando autoridades de Colombia y los EE. UU. estaban tras los pasos de un cartel con sede en Medellín llamado La Oficina de Envigado, o "La Oficina". Las averiguaciones permitieron descubrir las conexiones que La Oficina tenía con la gran comunidad libanesa a lo largo de la costa del Caribe en Colombia. Los facilitadores de Hezbollah fortalecieron las conexiones del referido cartel y establecieron un complejo laberinto de comercio transfronterizo y mensajeros de grandes cantidades de efectivo entre Colombia y Venezuela.

  Joseph Humire cita, entonces, el caso de un empresario chiíta y agente de Hezbollah llamado, Ali Mohamad Saleh, quien dirigió la red transfronteriza de terrorismo y crimen en Colombia y Venezuela descubierta durante la Operación Titán. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó en 2012 a este hombre y su hermano, Kassem Mohamad Saleh, como financistas del terrorismo. Un año antes, Ali Mohamad Saleh también había sido designado como un capo de los narcóticos.

  El clan Saleh controló durante muchos años los mercados ilícitos de drogas, armas, contrabando, contrabando de efectivo a granel y lavado de dinero en Maicao, Colombia, en la frontera norte con Venezuela. Estos cárteles locales de la droga en el occidente venezolano —principalmente en el estado de Zulia— se benefician de este comercio transfronterizo ilícito que fue una vez administrado por el clan Saleh.

   Luego de la sanción de 2012, los hermanos Saleh huyeron durante la noche a Venezuela, de acuerdo versiones de los comerciantes de Maicao. En Maracaibo, donde se cree que se encuentran, trabajan con otro clan libanés prominente integrado en la burocracia del régimen de Maduro.

El clan Nassereddine

  En segundo lugar, Humire menciona en su reporte a Ghazi Nassereddine, quien fue sancionado por la OFAC en 2008 debido a sus vínculos con Hezbollah, catalogándosele como una persona de interés en 2015, por parte de la por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).

  Entretanto, Abdallah Nassereddine, hermano mayor del primero, es un prominente hombre de negocios en la isla de Margarita, propietario de varios bienes raíces, inmuebles y centros comerciales.

 El clan Nassereddine, de origen libanés, alcanzó prominencia política en Venezuela cuando Hugo Chávez asumió la presidencia de la república. Su figuración en la administración del difunto mandatario comenzó con su ingresó a la Cancillería, la cual le otorgó estatus diplomático oficia. Fue así como Abdallah Nassereddine —siempre de bajo perfil— pasó a ser una figura importante dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en el que funge como coordinador regional para el estado de Nueva Esparta.

  Por su parte, Ghazi Nassereddine, estuvo destinado en la embajada de Venezuela en Damasco, Siria, posición desde la cual contribuyó a organizar reuniones entre altos funcionarios venezolanos y operativos de alto rango de Hezbolá. Refiere Humire que informantes de la DEA, en 2009, Ghazi organizó una reunión en Siria entre Hezbollah y el entonces ministro del Interior de Venezuela, Tareck El Aissami, y el jefe de contrainteligencia militar venezolano, Hugo Carvajal Barrios.

  Dicho encuentro habría sido el origen de una operación de tráfico de cocaína que sirvió para financiar armas. Este esquema que involucró a las FARC y Hezbollah se materializó en 2014 cuando un avión libanés aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía en Caracas cargado de AK-103, lanzagranadas propulsadas por cohetes, etc. El cargamento de armas habría un pago parcial por la cocaína que las FARC proporcionaron al régimen de Maduro y fueron trasladadas a una base militar en Guárico.

  En la actualidad Ghazi Nassereddine aún colabora con el régimen de Maduro y dirige el think tank venezolano Global AZ. Ha realizado varios viajes a Francia, Alemania e Italia desde que dejó Siria en 2011.

  Se cree que otros miembros del clan Nassereddine están encargados del adoctrinamiento político, entrenamiento paramilitar y contrabando de armas y drogas en Venezuela. Otro miembro del clan dirige la seguridad del actual ministro de Petróleo de Venezuela y ex-vicepresidente, Tareck El Aissami.

  Advierte el informe de Humire que el clan Nassereddine es calificado como "reparador", o, en el caso de Ghazi, un "súper reparador", dado a que aun cuando no forman parte de la cadena de mando jerárquica de Hezbollah, son parte integral de la organización de las redes de apoyo en Venezuela que conectan a Hezbollah con el régimen de Maduro. “Estos arregladores brindan distancia y una medida de negación para que los líderes de Hezbollah oculten su conexión con el régimen de Maduro y establezcan caminos hacia la burocracia y el aparato político del régimen en Venezuela”.

El clan rada

  Desde el siglo XIX en Maicao, un centro comercial histórico en el departamento de La Guajira en Colombia, concentra una gran cantidad de inmigrantes libaneses.

  El reporte menciona que, en 2017, fue deportado un financiero de Hezbollah y con doble nacionalidad venezolano-libanesa, Abdala Rada Ramel, sospechoso de dirigir una red de tráfico de drogas y contrabando desde Maicao a Cartagena. Se trataría de un destacado miembro del clan Rada con estrechos vínculos con un líder de alto nivel de Hezbollah.

  Versiones de la prensa colombiana indican que, en su interrogatorio inicial, Abdala Rada Ramel reveló que sus actividades ilícitas en Colombia eran coordinadas con su “supervisor”, Salman Raouf Salman, “un sombrío líder de la ESO de Hezbollah que ha estado implicado en numerosos actos terroristas. en todo el mundo”. Salman, cuyo alias es Samuel Salman El Reda El Reda, dirige la red de crimen-terror de la ESO de Hezbollah en América Latina. Sobre él pesa una orden de arresto internacional emitida por Argentina en 2009, por la creencia de que se encuentra vinculado a los atentados con bombas en Buenos Aires en 1992 y 1994. También fue designado como terrorista por la OFAC en 2019 y se ofrece una recompensa de USD 7 millones por información que conduzca a su captura. Salman Raouf Salman y su hermano, José Salman El Reda El Reda, habrían creado las redes de apoyo a Hezbollah en América Latina.

  Los vínculos de Salman Raouf Salman con los eventos terroristas argentinos llevaron a las autoridades de ese país a creer que un venezolano-libanés llamado Amer Mohamed Akil Rada estuvo involucrado en el ataque de Hezbollah al edificio de la AMIA.

   Transcurridas varias décadas, Amer Mohamed Akil Rada, ahora de 53 años, estableció “pequeñas empresas de importación y exportación en Panamá, enviando textiles a Colombia y carbón vegetal al Líbano, con hasta el 80 por ciento de las ganancias utilizadas para apoyar a Hezbollah”.

   Joseph Humire dice en el informe que los familiares de Akil Rada continúan operando en Venezuela y están involucrados a la industria de las criptomonedas controlada por el régimen de Maduro. Al explicar este asunto, el reporte indica que Joselit de la Trinidad Ramírez Camacho, la jefa de criptografía del régimen de Nicolás Maduro responsable del petro, fue acusada recientemente por el Departamento de Justicia y habría obtenido USD 5 millones por ayudar a los funcionarios del régimen a evadir las sanciones de la OFAC. Ramírez Camacho tiene “profundos vínculos políticos, sociales y económicos con múltiples presuntos cabecillas de los narcóticos, incluido Tareck El Aissami”.

Red ilícita global

  El informe de Humire sostiene que los clanes Rada, Saleh y Nassereddine forman parte de una red ilícita global de mayor tamaño que integran reparadores, financieros y facilitadores de Hezbollah, quienes operan desde Venezuela con la protección del régimen de Maduro.

   A diferencia del clan Nassereddine, los integrantes de los clanes Rada y Saleh, no forman parte formalmente del régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, “cada uno de ellos maneja aspectos de las economías ilícitas de drogas, armas, contrabando, contrabando y lavado de dinero entre Venezuela, Líbano y Siria. Cada uno proporciona un servicio específico y una ventaja comparativa para conectar a Hezbollah con el régimen de Maduro, actuando como ‘puntos de convergencia’ con la economía ilícita controlada por el régimen y sectores específicos de su economía lícita, estableciendo un grado de negación plausible tanto para el régimen de Maduro como para el de Hezbollah, liderazgo, que ambos niegan cualquier cooperación directa”.
   Se refiere también en el reporte que la Operación Titán conjunta de Estados Unidos y Colombia, describió algunos de estos puntos de convergencia que establecieron puentes aéreos y marítimos entre Venezuela, Irán y Hezbollah.

   Finalmente, Joseph Humire advierte que en la medida en que se incrementa la campaña de "máxima presión" de Estados Unidos, adquieren más importancia estas redes de apoyo como estructuras fundamentales “para mantener una red de amenazas transregionales que permita a Irán y Hezbollah apuntalar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y al régimen de Bashar al-Assad en Siria”.

miércoles, 14 de octubre de 2020

Con Maduro, Hezbollah convirtió a Venezuela en eje central para la convergencia del terrorismo internacional

   La diáspora libanesa llegada a territorio venezolano, fue utilizada por Hezbollah para constituir redes de apoyo para el brazo armado del régimen iraní, con el auxilio de la dictadura de Maduro.

Por Maibort Petit

   Un informe suscrito por el experto en temas de seguridad, Joseph Humire, para el Adrienne Arsht Latin America Center del Atlantic Council, titulado “El nexo Maduro-Hezbollah: Cómo las redes respaldadas por Irán apuntalan al régimen venezolano”, advierte que la red terrorista del brazo armado del régimen iraní se mantiene activa en Latinoamérica en la actualidad mediante la cooptación de muchas familias libanesas en el Caribe y en Centro y Sur América. De este trabajo se ha encargado —desde el ataque de la AMIA Buenos Aires en 1994— la Organización de Seguridad Externa (ESO) de Hezbollah o “Unidad 910”, unidad que es responsable de sus operaciones extraterritoriales.

   Entretanto, en Venezuela, en su afán de mantenerse en poder a como dé lugar, Nicolás Maduro recurre a alianzas con el crimen organizado internacional y el terrorismo que le resultan estratégicas. ante este contexto, Estados Unidos ha desarrollado una política de máxima presión sobre el régimen venezolano con el objetivo de limitar el poder del mismo, que incluye, entre otras acciones las acusaciones formuladas por el Departamento de Estado contra Maduro y otros altos cargos y líderes oficialistas, señalados de conspirar junto a las FARC, carteles de la droga mexicanos, Irán Siria y el grupo terrorista Hezbollah. Este último, visto durante mucho tiempo en América Latina como un problema lejano y ajeno, ha convertido a Venezuela en un eje central para la convergencia de la criminalidad organizada transnacional y el terrorismo internacional.

  Advierte el informe que el ESO de Hezbollah pasó “de ser una mera red terrorista en América Latina a participar en la empresa ilícita más lucrativa de la región: los narcóticos. De las más de dos mil personas y entidades en todo el mundo designadas por el gobierno de los Estados Unidos como capos extranjeros de los narcóticos, casi doscientas están afiliadas o conectadas con Hezbollah”. De cualquier manera, se deja sentado que la participación de Hezbollah en el narcotráfico no es nueva.

  Del mismo modo, se refiere que las actividades delictivas Hezbollah fueron establecidas por el mismo fundador fallecido de la ESO, Imad Fayez Mughniyeh, dirigiendo en la actualidad la cartera de delitos transnacionales el primo del secretario general y enviado del grupo, Abdallah Safieddine, quien comparte esta responsabilidad con Adham Hussein Tabaja, quien posee su brazo de propaganda mediática ya ha establecido muchos mecanismos de inversión y negocios intensivos en efectivo y crédito para lavar las ganancias ilícitas de Hezbollah.

  Humire sostiene en su informe que Tabaja y Safieddine están vinculados a una vasta red delictiva transnacional que incluye una variedad de negocios. en América Latina que incluyen los textiles, carne de res, carbón vegetal, electrónica, turismo, bienes raíces y construcción, que le permiten el lavado de los fondos ilícitos de Hezbollah.

  Joseph Humire formula un llamado a Latinoamérica para que se percate de que en en la era actual, Hezbollah está a la altura de los cárteles en crimen organizado y terror.

Convergencia con alcance global

  Hace mención Humire en su informe a la evaluación de la convergencia del crimen organizado y el terrorismo realizada por la Universidad de Defensa Nacional (NDU), la cual en 2013 incluyó lo dicho por el ex Comandante Supremo Aliado de la OTAN y miembro de la junta del Atlantic Council, el almirante James Staviridis, quien la describe como una amenaza híbrida.

  “Las organizaciones [transnacionales] son una gran parte de la amenaza híbrida que forma el nexo del tráfico ilícito de drogas, incluidas las rutas, las ganancias y las influencias corruptas, y el terrorismo, tanto el terrorismo islámico nacional como el importado (...) Han alcanzado un grado de alcance globalizado y colaboración a través de redes, así como diversificación horizontal".

  Considera Joseph Humire que la descripción formulada por Staviridis es apta para Hezbollah, cuya estructura organizativa es un modelo multidimensional con relaciones exteriores y sectores de servicios sociales, un partido político y grupos de medios, actividades legítimas estas que combina con sus redes ilícitas clandestinas, tanto en el Líbano como en todo el mundo.

  Agrega que si bien la diáspora libanesa en todo el mundo no está involucrada en estas actividades criminales o terroristas, la significativa incidencia que las remesas de estas personas tienen en el producto interno bruto (PIB) del Líbano, ubicándose en 14 por ciento, el ESO de Hezbollah ha buscado infiltrar estas comunidades para construir redes de apoyo financiero en el extranjero. En este sentido, se indica que en América Latina, estas redes de apoyo anidadas principalmente en las comunidades árabes y libanesas, se encuentran principalmente en Brasil, Argentina, Colombia y Venezuela.

La red de apoyo de Hezbollah en Venezuela

  Seguidamente, el informe del especialista en seguridad recuerda que desde hace más de ciento cincuenta años, han arribado a venezuela olas libanesas de migración masiva, la primera de ellas  a finales del siglo XIX, durante la era otomana, otra a principios del siglo XX, una masiva llegada desde el Líbano, principalmente conformada por cristianos maronitas que se asentaron principalmente en la isla de Margarita, Puerto Cabello, Punto Fijo y La Guaira.

  Al comienzo de la guerra civil libanesa, en 1975, Venezuela se convirtió en un destino destacado para quienes buscaban escapar de las duras condiciones de la guerra.

  Para ese entonces, Venezuela exhibía una vibrante economía que ofrecía un nivel de vida relativamente alto que se erigió como un faro para muchos libaneses.

  Con la advertencia de que no toda la comunidad libanés-venezolana se ha sumado, de hecho, han hecho contribuciones significativas a la sociedad, la ruta de refugiados a Venezuela fue explotada por Hezbollah para construir redes de apoyo. Subraya que muchas veces la comunidad libanesa ignora  esta actividad clandestina, pero un “ejército” de profesionales de la logística —empresarios, abogados, contadores y otros— que formaba parte de la diáspora se constituyó “como una red de apoyo en Venezuela que ayuda a criar, ocultar, trasladar y blanquear fondos ilícitos para Hezbollah, algunos de los cuales se utilizan para promover sus operaciones terroristas en todo el mundo”.

  Finalmente, el informe de Joseph Humire indica que en Venezuela, “la red de apoyo de Hezbollah opera a través de estructuras de clanes familiares compartimentadas que se integran en la economía ilícita controlada por el régimen de Maduro y en el aparato político y la burocracia del régimen. Muchos de los clanes están asimilados dentro del estado y la sociedad venezolanos a través de las robustas comunidades libanesas y sirias que se extienden hasta la vecina Colombia”.


                                  

domingo, 13 de septiembre de 2020

Venezuela movió más USD 40 mil millones en fondos ilícitos a través de PDVSA

  El régimen venezolano controla una red internacional de actividades delictivas que le brindan sustento financiero, recursos que supuestamente son legitimados a través de la estatal petrolera.

Por Maibort Petit

 Aunque no se conoce con certeza aún el alcance de los esfuerzos criminales del régimen criminal de Venezuela liderado, primero por Hugo Chávez y después por Nicolás Maduro, se han podido hacer algunas estimaciones razonables de partes de dicha empresa criminal expansiva. Igualmente, la revisión de un conjunto de investigaciones y casos legales han permitido establecer que a través de las estructuras de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), entre 2007 y 2018, se han movilizado alrededor de USD 40 mil millones de fondos ilícitos.

  Así lo refiere un informe elaborado por el presidente de IBI Consultants, miembro invitado senior del Centro de Investigación Estratégica de la Universidad Nacional de Defensa, especialista en seguridad, terrorismo y crimen organizado transnacional en América Latina, Douglas Farah, para el Centro para América Latina “Adrienne Arsht” del Atlantic Council titulado “Las actividades ilícitas del régimen de Maduro: Una amenaza para la democracia en Venezuela y la seguridad en América Latina”, en el cual se analizan las actividades irregulares llevadas a cabo por el régimen, las cuales impiden la recuperación de las instituciones democráticas en Venezuela.

Lo que revelan las investigaciones

  El reporte refiere que una investigación llevada a cabo en 2019 un consorcio latinoamericano de periodistas de investigación denominado Connectas, estableció que, como estimación, funcionarios venezolanos desviaron USD 28 mil millones de PDVSA a través del programa Petrocaribe implementado por Hugo Chávez en 2005 en 14 países. En la práctica, advierte la investigación periodística, se ha tratado de la compra de respaldos diplomáticos[1].

  A su vez, IBI Consultants rastreó los movimientos de, por lo menos, USD 10 mil millones en fondos venezolanos que se movieron a través de la red criminal de PDVSA. En estas operaciones intervinieron aliados del régimen venezolanos en Centroamérica, como es el caso de Albanisa en Nicaragua y de Alba Petróleos en El Salvador, entre 2007 y 2018[2].

  Douglas Farah explica que las estructuras de la estatal Petróleos de Venezuela habrían servido para legitimar, entre los años 2007 y 2018, unos USD 40 mil millones en fondos de origen ilícitos, de acuerdo a lo que revelan diversas investigaciones y casos legales de diversa índole.

La estructura criminal venezolana

  El experto en seguridad, quien cataloga al régimen venezolano como una Empresa Criminal Conjunta Bolivariana, calcula que alrededor de USD 10 mil millones fueron lavados en periodo referido anteriormente 2007-2018. Farah realizó una entrevista en Ciudad de Panamá (Panamá) en diciembre de 2018 a una fuente ligada al caso, quien le aseguró que la cifra se acerca a USD 43 mil millones, lo que llevó a establecer que entre USD 10 mil millones y USD 43 mil millones en fondos estatales de Venezuela fueron legitimados.

  Farah hace una revisión de las empresas criminales del régimen venezolano, establece sus orígenes, determina la manera cómo se vale de los lazos económicos y políticos que mantiene con estados regionales e internacionales, para así promover sus redes ilícitas y las alianzas criminales con disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en operaciones de extracción de oro y drogas.

  En el reporte, se subraya el papel de Europa, toda vez que, si bien por un lado se erige como un socio único y poderoso de las fuerzas democráticas en Venezuela, por otra parte, también se ha convertido en el lugar donde los fondos ilícitos del régimen fluyen a través de sus bancos y sistema financiero.

Fondos ilícitos provenientes de las FARC y el ELN

 Parte de estos fondos ilícitos, lavados a través de PDVSA provendrían, supuestamente, de la venta de cocaína por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con el que Chávez construyó una estrecha alianza a partir de los años ´90, cuando la década de 1990, el grupo terrorista colombiano era el mayor productor de cocaína en el mundo.

  Y es que los disidentes de las FARC que rechazaron el acuerdo de paz suscrito en diciembre de 2016, así como el Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN), operan desde el territorio venezolano bajo la protección del régimen de Nicolás Maduro[3].


 


 




[1] Connnectas. “#Petrofraude”. https://www.connectas.org/especiales/petrofraude/#


 


[2] Center for Complex Operations. National Defense University. “Convergence in Criminalized States: The New Paradigm”, en Beyond Convergence: World Without Order. https://cco.ndu.edu/Portals/96/Documents/books/Beyond%20Convergence/BEYOND%20CONVERGENCE%20%20World%20Without%20Order%20.pdf?ver=2016-10-25-125406-170


[3] InSight Crime. FARC Dissidents and the ELN Turn Venezuela Into Criminal Enclave. 10 de diciembre de 2018. https://www.insightcrime.org/news/analy-sis/farc-dissidents-eln-turn-venezuela-criminal-enclave/


 


jueves, 2 de julio de 2020

Supremo de Cabo Verde rechaza segundo recurso de defensa de Alex Saab

   La Corte Suprema de Justicia ha negado, por segunda vez, la solicitud de hábeas corpus para la liberación de Alex Saab, considerado por Estados Unidos como el principal testaferro de Nicolás Maduro.
   El portal el Expresso das IIhas publicó una nota donde alega que una fuente judicial dijo que la decisión de la Corte Suprema se conocía el martes, después de haber denegado la primera solicitud a fines de junio.

   Sin embargo, Estados Unidos pidió formalmente a las autoridades de Cabo Verde que extraditaran al empresario, según la agencia Lusa.

   La solicitud formal de extradición se realizó a través de la Oficina del Fiscal General (PGR) de Cabo Verde y el proceso también incluirá una solicitud de autorización del Ministerio de Justicia, como le dijo una fuente del gobierno a Lusa.

   El proceso de extradición comprende una fase administrativa, con la intervención del Ministro de Justicia, quien puede dar su aprobación o no, y una fase judicial, que en este caso corresponde al Tribunal de Apelaciones de Barlavento (segunda instancia), en la isla de São Vicente, que comienza "después de la decisión favorable de la solicitud de extradición" de ese miembro del Gobierno, explicó previamente a Lusa fuente de la PGR.

    Desde que se decretó la detención preventiva de Alex Saab, dos días después de su arresto, Estados Unidos tuvo 18 días para solicitar su extradición. Por lo tanto, la solicitud se hizo a Cabo Verde antes del final de este período, que aún podría extenderse a 40 días.

  Alex Saab, ciudadano colombiano con pasaporte venezolano, fue arrestado la noche del 12 de junio sobre la base de una orden de arresto internacional emitida por los Estados Unidos, una decisión previamente criticada por el abogado defensor.

   Estados Unidos acusa al empresario de negocios corruptos con el régimen de, Nicolás Maduro.

  El embajador venezolano en Cabo Verde, residente en Dakar, argumentó que el arresto del empresario Alex Saab Morán constituye una violación "grave e inaceptable" de las reglas de soberanía y no injerencia en los asuntos internos de otro país.

  En nombre de Venezuela, el embajador solicitó que las autoridades judiciales de Cabo Verde pongan fin a "esta situación ilícita de manera urgente".

Fuente original 
https://expressodasilhas.cv/pais/2020/07/02/supremo-rejeita-segundo-pedido-de-habeas-corpus-para-libertar-alex-saab/70264

lunes, 20 de enero de 2020

III Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo: Naciones democráticas preocupadas por las actividades de las redes de Hezbollah en el hemisferio occidental

COMUNICADO CONJUNTO
III CONFERENCIA MINISTERIAL HEMISFÉRICA DE LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

El 20 de enero de 2020, la República de Colombia albergó la III Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo, en continuidad a los esfuerzos del hemisferio en la lucha contra el terrorismo y su financiamiento y como seguimiento a las Conferencias celebradas en Washington 2018 y Buenos Aires 2019.

Con la participación de los siguientes Estados:

Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, República Dominicana, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía.

En Calidad de observadores asistieron: Israel, México, Uruguay, Venezuela, el Comité contra el Terrorismo de las Naciones Unidas, el Comité Interamericano contra el Terrorismo (OEA), INTERPOL, AMERIPOL.

Los Gobiernos participantes:

1. Condenaron al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, cualesquiera que sean sus motivaciones, enfatizando que constituye una amenaza para la paz y la seguridad de los países y de la comunidad internacional toda; así como para los derechos humanos, la estabilidad democrática, el desarrollo económico y social y los ciudadanos dentro y fuera de sus territorios nacionales, deplorando sus efectos en el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las víctimas. En tal sentido, expresaron que no es admisible justificar o validar el terrorismo como medio de acción política en la democracia.

2. Reconocieron que el terrorismo transnacional no conoce frontera geográfica, y en tal sentido, ratificaron el compromiso indeclinable de los Estados para que, denieguen refugio, asilo, albergue y/o cualquier tipo de apoyo a quienes financien, planifiquen o cometan actos terroristas, o a quienes les presten colaboración, de conformidad con las legislaciones nacionales, las obligaciones del derecho internacional, los tratados internacionales y las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, entre ellas: la 1267 (1999),1373 (2001),1540 (2004), 1988 (2011), 2178 (2014), 2309 (2016), 2322 (2016), 2368 (2017), 2396 (2017), 2482 (2019), 2462 (2019); la resolución de la Asamblea General 74/194 (2019); y en línea con el cumplimiento de las recomendaciones 5, 6, 7 y 8 del Grupo de Acción Financiera Internacional – GAFI.

3. Destacaron la importancia de un enfoque holístico, que tenga en consideración los vínculos que existen entre el terrorismo y su financiamiento, los cuales pueden incluir diversas manifestaciones de la Delincuencia Organizada Transnacional. En tal sentido, reafirmaron la responsabilidad de los Estados de negar cobijo financiero, operacional o cualquier otro tipo de apoyo a los terroristas, y ponerlos a disposición de la justicia. Así mismo, condenaron las acciones de aquellos actores que intencionalmente brindan apoyo o protección a grupos u organizaciones terroristas, perpetradores, organizadores y patrocinadores del terrorismo.

4. Afirmaron que las organizaciones terroristas ISIS/Daesh y Al-Qaida, y sus organizaciones afiliadas, constituyen una amenaza a la seguridad colectiva, a la seguridad de los ciudadanos dentro y fuera de sus territorios, y a todas las personas dentro de sus respectivas jurisdicciones.

5. Expresaron su preocupación por las actividades que redes de Hezbolá continúan realizando en algunas áreas del hemisferio occidental. Aplaudieron las acciones recientes de Estados de la región para contrarrestar las actividades de las redes de Hezbolá; así como alentaron a otros gobiernos a buscar formas más efectivas de abordar esta amenaza.

6. Reconocieron como una amenaza a la estabilidad de la región, la acción del autodenominado Ejército de Liberación Nacional (ELN), el cual perpetra actos terroristas y actividades criminales de inaceptable violencia y obtiene financiamiento de origen ilícito. Asimismo, expresaron su rechazo a las actividades criminales de Sendero Luminoso.

7. Condenaron el atentado terrorista perpetrado por el autodenominado Ejército de Liberación Nacional -ELN contra la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, el 17 de enero de 2019, en el que 21 cadetes colombianos y 1 cadete ecuatoriana fueron vilmente asesinados, así como otros cadetes que resultaron heridos.

8. Expresaron su rechazo y condena a las acciones terroristas y actividades criminales como las perpetradas por el autodenominado Ejército de Liberación Nacional- ELN- y por el Grupo Armado Organizado Residual -GAO-r, que constituyen una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, a la libertad, al régimen democrático y a los Derechos Humanos.

9. Reconocieron como una amenaza a la estabilidad de la región las acciones terroristas de organizaciones como el autodenominado Ejército de Liberación Nacional (ELN), las cuales perpetran actos de inaceptable violencia y barbarie, y obtienen su financiamiento de actividades ilícitas relacionadas con la Delincuencia Organizada Transnacional.

10. Expresaron su preocupación que organizaciones que cometen actos terroristas como el autodenominado Ejército de Liberación Nacional -ELN-, puedan ampararse en situaciones de debilidad institucional, conflicto interno u otros similares, como por ejemplo en Venezuela, para potenciar actos terroristas y actividades delictivas en la región.

11. Reafirmaron su compromiso de fortalecer la cooperación contra los delitos transnacionales y el terrorismo, mejorando la coordinación estatal para responder a la amenaza del terrorismo en todos los espacios (físicos y digital).

12. Coincidieron en la necesidad de promover e implementar las iniciativas hemisféricas de lucha contra el terrorismo, de forma tal que permitan una adecuada articulación regional para combatir el accionar de las organizaciones terroristas transnacionales.

13. Destacaron la importancia de incrementar la cooperación internacional y el fortalecimiento de escenarios de articulación regional, principalmente en el marco del Comité Interamericano Contra el Terrorismo (CICTE), en materia de capacitación, intercambio de información e inteligencia, así como la cooperación internacional en materia judicial, la extradición y la implementación de alertas de viaje.

14. Incentivaron a los gobiernos de la región a usar las herramientas y capacidades de la Organización Internacional de Policía Criminal INTERPOL, incluido el sistema seguro de comunicación global I-24/7 y las notificaciones y difusiones, para prevenir y afectar el movimiento de terroristas, y reprimir el financiamiento del terrorismo, como lo indican las resoluciones de las Naciones Unidas 2178 (2014), 2396 (2017) y 2462 (2019). Así mismo, expresaron su voluntad de fortalecer la Comunidad de Policías de América – AMERIPOL, como un mecanismo regional efectivo para combatir el asocio del terrorismo con el crimen transnacional organizado.

15. Expresaron su compromiso para participar y utilizar, en el marco de la Organización de los Estados Americanos / Comité Interamericano Contra el Terrorismo OEA / CICTE, la nueva Red Interamericana contra el Terrorismo, que fue propuesta en la Reunión Preparatoria de Santiago de Chile y convenida por los Estados en la II Conferencia contra el terrorismo en Buenos Aires, la cual está abierta las 24 horas, los 7 días de la semana, con el fin de facilitar el intercambio oportuno de información para responder de manera más efectiva a las amenazas terroristas.

16. Notaron que prácticas tales como participar en la Red Interamericana contra el Terrorismo 24/7, está entre las herramientas más efectivas de que disponen los Estados para detectar y prevenir viajes de terroristas y otras amenazas, conforme la Resolución 2396 (2017) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y otros compromisos internacionales.

17. Resaltaron la importancia de prevenir, combatir, contrarrestar y reprimir el uso con fines terroristas del internet, de las nuevas tecnologías, las plataformas virtuales FINTECH, las redes sociales y de activos virtuales, como medio para la planificación, la radicalización, el reclutamiento de personas, la recaudación de fondos y el financiamiento; al tiempo que se toman medidas para mantener un internet abierto, libre y un ciberespacio seguro, con respeto pleno a la privacidad y la libertad de expresión.

18. Reafirmaron su compromiso en redoblar los esfuerzos para combatir las fuentes de financiación del terrorismo, incluyendo aquellas que resultan del lavado de activos.

19. Resaltaron la necesidad de seguir fortaleciendo sus marcos legales nacionales para implementar sanciones financieras y otras medidas efectivas para congelar los activos vinculados a organizaciones terroristas; y evitar que los Grupos Armados Organizados y Grupos Delictivos Organizados Transnacionales utilicen los sistemas financieros y/o económicos para dar apariencia de legalidad u ocultar el origen ilícito de esos activos.

20. Renovaron su compromiso para fortalecer sus unidades de inteligencia financiera a efectos de crear espacios regionales de cooperación, con el fin de ubicar, rastrear, recuperar e incautar los activos de las organizaciones criminales en sus jurisdicciones.

21. Ratificaron su compromiso de fortalecer sus capacidades en materia de control de fronteras, equipos conjuntos de investigación, inteligencia, incluida la inteligencia financiera, transporte transfronterizo de efectivo y valores negociables, para luchar contra el terrorismo, el crimen organizado y sus medios de financiación; así como prevenir el flujo de combatientes terroristas extranjeros retornados en la región.

22. Subrayaron las acciones que a nivel de los mecanismos bilaterales están disponibles para las autoridades de los Estados, de conformidad con las resoluciones de las organizaciones internacionales. En este sentido, apoyaron experiencias exitosas entre países y organizaciones internacionales, que fomentan nuevas formas de cooperación.

23. Reafirmaron el convencimiento de que los esfuerzos de los Estados en la lucha contra el terrorismo y su financiamiento, tanto en el ámbito de las respuestas individuales como colectivas, deben realizarse en el marco del Estado de Derecho y la legislación nacional, el respeto a los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, de conformidad con el Derecho Internacional vigente.

24. La Delegación del Perú anunció su ofrecimiento para ser sede de la IV Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo.

Bogotá, DC. 20 de enero de 2020
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lunes, 29 de julio de 2019

Hezbollah ha extendido sus operaciones en América Latina bajo el manto de la impunidad

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La lucha contra el terrorismo islámico es un asunto que no ha sido considerado como prioritario en América Latina a pesar de que su presencia ha sido avistada en varias oportunidades, y en muchos países, las autoridades han documentado su incursión de manera fehaciente. Joseph Humire, experto en contraterrorismo y director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura (SFS), cree que luego de que Argentina designó a Hezbollah como grupo terrorista, otros países de Latinoamérica podrían hacer lo mismo, lo cual permitiría incrementar la lista de 58 naciones que actualmente luchan contra el terrorismo islámico. 

Durante el foro "Mejorando la cooperación contraterrorista tras una tragedia", celebrado en el Senado de los Estados Unidos, organizado por (SFS) en la conmemoración del 25 aniversario por el atentado terrorista contra la AMIA, Humire presentó a varios ponentes que explicaron los avances que se han dado en la lucha contra el terrorismo en el hemisferio.


Entre los principales oradores estuvieron presentes el senador (R) Ted Cruz, Director General Adjunto del Departamento de Justicia, John P. Cronan y el diputado al Congreso de Argentina, Luis Petri, entre otros.

Humire destacó que buena parte de los países latinoamericanos no han registrado a Hezbollah como una organización terrorista, a pesar de la amenaza que representa para la región.

El grupo chiíta ha estado vinculado a varias actividades ilegales en Latinoamérica para generar fondos que financien actividades terroristas en el Medio Oriente.

Estados Unidos y la Unión Europea y ahora Argentina han considerado al grupo chiíta del Líbano, Hezbollah, como una organización terrorista.

El gobierno estadounidense también designó a Irán como el principal partidario de Hezbollah, como estado patrocinador de terrorismo.

Humire dijo que la lucha contra el terrorismo no es un asunto únicamente de los Estados Unidos, la Unión Europea o el Medio Oriente, sino que el ataque a la Asociación Mutual Argentino-Israelí (AMIA) en 1994 y a la embajada de Israel en Argentina (1992), demostraron que la pelea es también contra los latinos.


"Estos eventos cambiaron las conversaciones de contraterrorismo en América Latina", acotó el experto.

— Por mucho tiempo —admitió— Latinoamérica se quedó atrás en la lucha contra el terrorismo porque no lo vio como un problema netamente de la región sino un problema del Medio Oriente, Europa, Estados Unidos, pero lo ocurrido en 1994 con la AMIA y la explosión de la embajada de Israel en 1992, demostró que es un asunto que incluye toda la región.

Humire cree que a la lista de 58 países que a nivel mundial que ya tienen designado a Hezbollah como grupo terrorista se unirán algunas naciones latinoamericanas, que permitirán que sean entre 68 o 78 naciones que puedan luchar en conjunto contra el terrorismo. “Ahora se podrá realizar una conversación sobre terrorismo en nuestro vecindario, ya que si los grupos están operando en América Latina, significa que también están operando en Estados Unidos”.

"Esperamos que este sea un punto de inflexión para muchos países latinoamericanos", acotó.

"La mayoría de los latinoamericanos no ven el terrorismo islamista como una amenaza importante en su región y se ha ejercido poca presión pública sobre el establecimiento, la reforma o la mejora de las leyes antiterroristas débiles o inexistentes en toda la región. Como consecuencia, Hezbollah y otras redes islámicas se han extendido en Sudamérica con impunidad”, advierte.

Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, Venezuela ha proporcionado un "entorno permisivo" que ha permitido que Hezbollah prospere en la región.

El año pasado, Michael Braun, un exjefe de operaciones de la DEA, dijo a los legisladores estadounidenses que Hezbollah está generando cientos de millones a partir de un "plan de lavado de dinero con cocaína" en América Latina que "proporciona una fuente de financiación interminable" para sus operaciones terroristas en Siria y en otra parte.


Argentina pasó a ser el primer país de la región en reconocer a Hezbollah como una organización terrorista. En el marco de la conmemoración del 25° aniversario del atentado terrorista de la AMIA, el presidente de esa nación, Mauricio Macri, anunció la creación de un registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento, en el que se incluyó Hezbollah.

El diputado del Congreso de la República de Argentina, Luis Petri, participó en el foro organizado por SFS y en su exposición dijo que la medida de calificar a Hezbollah como grupo terrorista es una de las tantas que ha tomado la administración del presidente Macri.


Petri aseguró que entre las medidas a adoptar podría considerarse el aumento de los controles fronterizos para impedir que extranjeros con grandes prontuarios con pedidos de captura internacional, puedan ingresar a la República Argentina, además de la inclusión de dominio, el arrepentimiento o técnicas especiales. “Según la investigación también se aplican a causas vinculadas con el terrorismo y este registro es transcendental para congelar los activos de las organizaciones y de las personas, además de impedir su ingreso, y creemos que en este momento esta medida debe ser replicada por los países de la región”.

El parlamentario describió la historia de los hechos terroristas en la AMIA, y recordó el memorando firmado por la expresidenta, Cristina Fernández, con Irán, que fue catalogado como inconstitucional por toda la dirigencia política de oposición argentina y fue llevado a la justicia por la DAYA y la AMIA y se logró que así se declarara, más allá de que había sido aprobado por el congreso argentino en una lastimosa sesión un mes después de haber sido firmado por Irán,  donde nunca ese país ratificó ese memorando porque lo único que buscaba era la desaparición de las alertas rojas en Interpol.

Petri sostuvo que "Argentina considera a EE UU como un aliado estratégico en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, el terrorismo internacional y el lavado de dinero. Somos agradecidos de todo su apoyo para derrotarlos".

"Ya nada será igual, nosotros no seremos iguales, tenemos la obligación de ser mejores, para garantizar la paz de las generaciones futuras para que no vivan el horror, la sangre, la violencia racial y religiosa que le tocó vivir a nuestra generación", destacó Petri.