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martes, 26 de julio de 2022

El caso del avión de Emtrasur se inscribe en la política de amparo que el kirchnerismo mantiene con el régimen iraní

  Relación del kirchnerismo con Irán también explicaría la impunidad reinante en los casos de la AMIA y el asesinato del fiscal Nisman.

Por Maibort Petit

   Sin que al hacerlo se asome duda alguna, en la opinión del periodista y politólogo, Rodolfo Florido, en la relación existente y patente entre el kirchnerismo y la República Islámica de Irán, estarían las claves para entender el porqué de la impunidad reinante en la investigación del atentado terrorista en la Asociación Mutua Israelita de Argentina (AMIA) el 18 de julio de 1994, así como en el asesinato del fiscal encargado de aclarar el asunto, Natalio Alberto Nisman, perpetrado el 18 de enero de 2015. El caso del avión de carga venezolano de Emtrasur, se inscribiría en esta política de amparo.

  Y es que las narrativas impuestas en los gobiernos, tanto de Néstor Kirchner, como de Cristina Fernández de Kirchner, apuntaron en todo momento a insistir en la hipótesis del suicidio de Nisman y a desmeritar cualquier tesis que apuntara a establecer la responsabilidad del régimen iraní en estos casos.

  “La relación de los Kirchner con Irán no es una suposición. Hoy en día, uno de los principales voceros políticos Cristina Fernández de Kirchner e el dirigente piquetero de la República Argentina, Luis Ángel D'Elía, viajó en muchas oportunidades a Irán, se sacó fotos con Mahmud Ahmadineyad y con varios imanes, ha sido vocero de los iraníes y actualmente es vocero virtual de Cristina Fernández de Kirchner. Así que la relación entre los Kirchner e Irán, es algo real y comprobado en la República Argentina”, aseguró.

 Se remite al caso del avión de carga de la empresa venezolana Emtrasur con una extraña tripulación compuesta por 19 personas, cinco de ellas de nacionalidad iraní, los cuales aún permanecen detenidos en suelo argentino, sin que se ofrezcan explicaciones lógicas y creíbles sobre el asunto. Es más, recuerda Florido, “ya se sabe que el avión llegó con dos pasajeros menos, pero nadie en ningún lado reconoce haberlos recibido. La pregunta del millón es dónde están los dos que faltan. Salieron de un lugar y cuando llegaron al otro ya no estaban. Uno dice, un avión de pasajeros no aterriza en cualquier lugar en el camino, no, es cierto, pero a cierta altura puede abrirse y alguien tirarse con paracaídas, por ejemplo. Lo cierto es que salieron 7 y llegaron 5. Y que yo sepa nadie se los comió adentro del avión. Entonces, tenemos un problema grave. Y eran iraníes y eran funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, del chavismo. Esta es la realidad”.

  El experto, subraya el hecho de que este vuelo sólo es el d e que se tienen noticias, porque, sin dudas, ha habido otros que lograron permanecer en el anonimato.

— Sabemos que no es el primer viaje, hubo otros antes, pero este tuvo un problema y se salió del control que, obviamente, tenían, porque no deberían haber bajado acá, tenían que bajar en Uruguay. Si hubiera estado coordinado que bajaran acá, no les quepa la más mínima duda de que jamás nos hubiéramos enterado de que ese avión bajó, porque el control de los aeropuertos internacionales que tiene el gobierno por parte de todo lo que es el acceso a pista, el concesionario que tiene la explotación del aeropuerto, bajo ningún punto de vista se hubiera enfrentado con el gobierno que le dio una prórroga de la concesión.

  Rodolfo Florido advierte que, en este tipo de situaciones, cuando el gobierno no quiere que un vuelo quede registrado, sencillamente el vuelo no queda registrado. “Y cuando el gobierno no quiere que una persona que ingresa al país quede registrada, esa persona no queda registrada. La pasan por un costado, ingresa al país, en algunos casos, incluso, le llevan el pasaporte al área de aduana para que se lo sellen, pero nunca le pueden ver la cara. Cuando el gobierno quiere hacer eso, la persona no deja registros. Imagino que lo mismo debe pasar en muchísimos otros países del mundo, sino en todos, cuando un gobierno no quiere que alguien quede registrado en su acceso. O bien, alguien le dice al que hace el control que no revise con demasiado detalle el pasaporte. Es decir, hay múltiples maneras.

La base de la impunidad

  Esta relación del kirchnerismo con Irán, es lo que igualmente explica la impunidad reinante en los casos de la AMIA y el asesinato del fiscal Nisman.

— Lo cierto es que la relación con Irán lleva años. Durante el gobierno de Cristina Fernández alguien entró al país para ejecutar al fiscal Nisman. Durante el gobierno del peronismo, pero en este caso de Carlos Menem, ingresaron al país y se suicidó una persona de quien nunca se supo nada, porque quedó disuelta en el atentando contra la AMIA y vinieron de Irán. Se supone que del Hezbollah palestino, luego, ocurrió el asesinato de Nisman.

  Esto es lo que explica, de acuerdo a la perspectiva de Rodolfo Florido, el apoyo manifiesto de Luis Ángel D'Elía, vocero virtual de la vicepresidenta de la nación argentina, Cristina Fernández, a quien cataloga como la presidenta de facto, al régimen de Irán.

“Luego, [está] el apoyo [al régimen de Irán] de Luis Ángel D'Elía, vocero virtual de la vicepresidenta de la nación, casi presidenta actual en ejercicio, porque ya Alberto Fernández, como se dice en la jerga popular, ni corta ni pincha.  Que Alberto Fernández haya cambiado su relato, no me llama en absoluto la atención, pues él es como decía Groucho Marx, ‘esta es mi ideología, pero si no les gusta, tengo una docena más’. Él puede cambiar su punto de vista todo el tiempo y haber dicho como dijo      que claramente todo indica que Nisman fue asesinado y después decir todo lo contrario. Y no me extrañaría que cuando deje el poder, eventualmente vuelva a decir lo mismo que dijo al principio, es decir, acá todo el mundo ha cambiado de opinión en la política todo el tiempo.

  En lo que sí no tiene dudas Rodolfo Florido, es en afirmar y subrayar el hecho de que la impunidad en el caso de la AMIA se empezó a gestar en un gobierno peronista y continuó hasta el kirchnerismo que es otro gobierno peronista. “Cuando el fiscal avanzó, lo asesinaron”.

  Destaca que esta impunidad es la explicación a todas las torpezas con que se llevó a cabo la investigación policial del caso AMIA y, posteriormente, del asesinato de Nisman.

  En este sentido, recuerda que “alguien” se encargó de alterar todas las escenas del crimen que hubo, tanto en la AMIA como en el asesinato de Nisman.

¿La razón del atentado?

  Lo importante para Rodolfo Florido es que existe una relación entre el kirchnerismo e Irán y en dicha relación se inscriben todas las explicaciones posibles, tanto del atentado de la AMIA como del asesinato del fiscal Nisman.

  Es entonces cuando asoma la que algunos círculos han manejado como la verdadera razón del atentado terrorista: el supuesto incumplimiento del gobierno argentino con un acuerdo con Irán.

“Hay quienes especulan que el motivo por el cual sucedieron los atentados de la AMIA y en la Embajada de Israel, es porque supuestamente, la Argentina, el gobierno del peronismo, en sus distintas vertientes, no habría cumplido con un acuerdo para entregarle tecnología nuclear sensible a Irán”.

  Recuerda que la República Argentina tiene un desarrollo nuclear completo y que no desarrolla una bomba nuclear por decisión política, por un lado, y de ética por el otro. Se refiere esto último a la actitud asumida por los científicos argentinos frente al gobierno. Los científicos argentinos “le han hecho saber siempre a los poderes políticos, que no cuenten con ellos, porque Argentina no es un país maduro para tener una bomba atómica, con lo cual, vuelvo al terreno especulativo, la gente va a saber entenderme, si la Argentina no le cumplió a Irán con el traspaso de tecnología nuclear sensible y de materiales nucleares para que Irán tenga su bomba atómica, probablemente porque los científicos argentinos se negaron a que eso sucediera, es probable que Irán le haya hecho pagar el precio a la Argentina con la AMIA y la Embajada de Israel y por eso la política se ha callado la boca o ha encubierto estos atentados.

  Finalmente, Rodolfo Florido alerta que, para aclarar la veracidad de esta hipótesis, habría que preguntarles a los científicos argentinos que están en los desarrollos de esas áreas tan delicadas, si alguna vez alguien les pidió traspasar tecnología sensible o material sensible a Irán.


 

viernes, 17 de septiembre de 2021

Caso criminal contra Tareck El Aissami en Nueva York permanece sin actividad luego de la sentencia del piloto, Alejandro Javier Marín

   Poco o nada se sabe sobre las investigaciones que sobre Tareck El Aissami y Samark López Bello, ampliamente relacionadas con la causa del ahora condenado, Alejandro Javier Marín.

Por Maibort Petit
   Cuando estaba a poco tiempo de cumplirse un año de su arresto, el denominado piloto de Tareck El Aissami, Alejandro Javier Marín, fue condenado a pagar 22 meses de prisión, además de tres meses de libertad supervisada. Estaba acusado de tres cargos por hacer declaraciones falsas a un agente federal, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1001. Esto, mientras se desempeñaba como fuente confidencial en la investigación que se lleva a cabo desde enero de 2018, de quien en la actualidad se desempeña como ministro del Poder Popular de Petróleo y como vicepresidente sectorial de economía en el régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, resulta curioso que, a pesar de estar relacionado con otros importantes casos, como el de Samark López Bello, no se haya hecho nueva referencia al mismo. El expediente está en suspenso en la Corte federal  de Nueva York.
     Vale destacar que el pasado mes de julio, Samark López Bello demandó al Departamento del Tesoro alegando que es víctima de una campaña para catalogarlo de narcotraficante internacional[1].

   Alejandro Javier Marín, en julio de 2018, estando en funciones fuente confidencial para Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), robó cientos de miles de euros y mintió sobre esto en varias oportunidades durante los años siguientes.
   Por ello la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York había solicitado al juez de la causa, Alvin K. Hellerstein, una sentencia de 30 a 37 meses de prisión, inscrita en las Pautas de Sentencia de los Estados Unidos, por que tal pena estaba justificada. La fiscal Audrey Strauss también pidió al tribunal imponer el pago de USD 547.911 como suma de restitución y una multa dentro del rango de las Directrices de USD 10.000 y USD 1.095.822.
    La cantidad solicitada como restitución por parte de la fiscalía fue el estimado en el Acuerdo de declaración de culpabilidad y recomendada por la Oficina de Libertad Condicional en razón de la imposición de restitución por “un delito contra la propiedad (…) incluyendo cualquier delito cometido por fraude o engaño”). La cifra refirió la fiscal Strauss refleja tanto la cantidad de ganancias criminales que Marín robó en Venezuela como la cantidad de dinero sobre la que mintió en varias ocasiones a las autoridades estadunidenses.
   La denominación como piloto de Tareck El Aissami se debe que Alejandro Javier Marín Gómez era el propietario de la empresa de alquiler de aeronaves “MyJetSaver” que prestó servicio al alto funcionario venezolanos y sus socios, en violación a las sanciones impuestas por EE. UU.

   Como fuente confidencial, Alejandro Marín colaboraba en la investigación sobre “transacciones ilícitas y otras actividades ilegales por parte de co-conspiradores ubicados en los Estados Unidos, así como en el extranjero”, En este contexto, durante un operativo controlado, el 3 de julio de 2018, dijo al HSI que había transportado 6 paquetes de dinero que sumaban 1.297.500 euros, de los que se “extraviaron” USD 140.000 y las autoridades estadounidenses establecieron que Marín mintió en torno al destino del dinero faltante.
   Recientemente, el 2 de septiembre, el tribunal certificó según 28 U.S.C. § 1915 (a) (3) que cualquier apelación del fallo del Tribunal no se tomaría de buena fe. Igualmente, se ordenó también que el secretario de la corte enviar por correo una copia de la sentencia al Demandante y tomar nota de tal notificación en el expediente.

REFERENCIA

[1] Venezuela Política. “¿Qué es lo que busca Samark López Bello en su demanda contra el gobierno de lo EE. UU.?”. 13 de julio de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/07/que-es-lo-que-busca-samark-lopez-bello.html

martes, 11 de mayo de 2021

Fiscalía solicitó a la Corte del Distrito Sur de Nueva York Mantener el sello sobre documentos del expediente de Víctor Mones Coro

   La acción responde a un pedido de Inner City Press de abrir documentos del caso.

Por Maibort Petit

   La fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Audrey Strauss, solicitó al juez Alvin K. Hellerstein, magistrado de la referida jurisdicción, mantener bajo sello un conjunto de documentos pertenecientes al expediente del caso Estados Unidos contra Mones Coro y otros.
  Un pedido ante al cual el magistrado ordenó a la secretaría del tribunal mantener el acceso solamente al Fiscal Federal Auxiliar que maneja el caso y su personal y la corte. El gobierno informar antes del 29 de abril de 2021 qué aspectos de los documentos permanecerán sellados y cuáles se harán públicos.


  El 31 de marzo de 2021, Inner City Press, presentó una solicitud para abrir documentos en el referido caso.

  Ante tal solicitud, el juez Hellerstein había ordenado el 14 de abril a la fiscalía, reconociendo la presunción a favor de la rendición de cuentas y la presentación pública de documentos, que informara a la Corte qué partes de los documentos a su juicio debían permanecer sellados con la respectiva motivación para ello.

  El 31 de marzo de 2021, el Tribunal del distrito Sur de Nueva York sentenció a Victor Mones Coro a cumplir 55 meses de prisión por haber formado parte de un plan para proporcionar vuelos chárter privados a Tareck Zaidan El Aissami Maddah y su supuesto testaferro, Samark José López Bello; así como al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, Maikel Moreno, y a la campaña presidencial 2018 de Nicolás Maduro, violando con esta acción las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de estados Unidos (OFAC). Mones Coro se había declarado culpable de una acusación formal de cinco cargos el 4 de enero de 2021[1].








[1] Department of Justice. “Florida Man Sentenced To 55 Months In Prison For Violating Sanctions Against Senior Venezuelan Leaders”. 17 de marzo de 2021. https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/florida-man-sentenced-55-months-prison-violating-sanctions-against-senior-venezuelan

 

sábado, 26 de diciembre de 2020

Conozca cómo opera el crimen organizado en las regiones de Venezuela (III)

   En esta entrega hacemos referencia a los estados Bolívar, Apure, Falcón y Nueva Esparta.

Por Maibort Petit

   El crimen organizado y la corrupción han pasado a ser parte integrante de la realidad venezolana en la cual actúan, según todo lo deja ver, con la anuencia y complicidad de funcionarios del estado. Hemos dado a conocer en las últimas entregas cómo operan las organizaciones criminales en algunos estados del país, específicamente se hace mención a Aragua, Delta Amacuro, Falcón, Nueva Esparta y Sucre, al igual que se hace referencia a Apure, Barinas, Bolívar, Táchira y Zulia.

   Estos datos son parte del informe “Crimen organizado y corrupción en Venezuela: Un problema de Estado”, elaborado por Transparencia Venezuela donde se hace un recuento acerca de las organizaciones criminales, los tipos delitos, situación regional en varios estados, el papel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), además de presentar una serie de iniciativas para combatir el problema y darle solución.

En Bolívar

  Sus límites con la República Cooperativa de Guyana y con Brasil, especialmente con este último, constituyen un vasto territorio para que en el estado Bolívar tengan lugar delitos graves y grandes oportunidades de “negocios” que han convertido a esta zona oriental como una de las más cruentas de Venezuela.

  Allí los delitos más frecuentes son aquellos relacionados con el negocio del oro, el tráfico de armas, de gasolina y narcotráfico, en ese orden.

  Transparencia Venezuela realizó entrevistas para la redacción del informe en las que se concluyó que en que el tráfico ilícito de todas esas mercancías y material estratégico, la participación de las autoridades y de integrantes de las fuerzas de seguridad y defensa, es fundamental, agregando tal circunstancia a estos delitos el abuso de autoridad, corrupción propia, tráfico de influencias, extorsión y lavado de dinero.

   El territorio es disputado por los mal llamados “sindicatos del oro”, “pranes” que controlan sectores con grupos de minas y mineros, además del comercio de suministros necesarios para la extracción. También manejan distribución de drogas, comida, medicinas, transporte y la prostitución.

“La vida del minero y el mercado del oro, involucra a autoridades y actores regionales, locales, nacionales e internacionales. Las toneladas y montos manejados en el contrabando de oro lo convierten en el negocio ilícito más importante después de la gasolina. Los cálculos realizados por los especialistas permiten precisar que la fuga del oro solo en 2018 superó los USD 2.700 millones”.

  La explotación del Arco Minero del Orinoco (AMO) se convirtió desde 2016 en un incentivo perverso de la actividad delictiva en la región.

“En este territorio, que se superpone a cinco parques nacionales, conviven mafias, mineros ilegales, guerrilleros colombianos, traficantes de drogas junto con indígenas que se han sumado a las labores mineras, explotando incluso territorios protegidos, como Canaima. También participan militares y exintegrantes de las FARC”, reza el informe.

  El territorio de las minas se lo disputan el ELN, protegido por las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB), y las bandas irregulares armadas, a la cuales se les conoce como “sindicatos del oro” o “pranatos”, los cuales, de acuerdo a testimonio recogidos para la redacción del informe, están vinculados a un exgobernador del estado Bolívar y al Cartel de los Soles. De este modo se han configurando alrededor de 25 grupos delictivos cuyos nombres aún permanecen ocultos en su mayoría.

  El delito y el vínculo con el gobierno opera dentro de cada una de las instituciones locales y regionales, sostiene el informe y, al respecto, un miembro de la sociedad civil de la zona para el estudio, manifestó que “Cuando un ex comandante del REDI, como Jesús Mantilla Oliveros, oculta la presencia del ELN, ya de una manera los ampara, o cuando los guardias nacionales ignoran la presencia del ELN luego de la alcabala de Casablanca, constatada por diputados de la Asamblea Nacional que iban rumbo a Anacoco, eso es criminal”.

  Se precisa que en el estado Bolívar, los grupos que controlan el hierro son distintos a los del coltán o el diamante. Como jefes de banda se habla “el Negro Fabio”, “El Coporo”, “Capitán o Gordo Bayón”, apodos tras los cuales permanecen en secreto sus verdaderos nombres.

  Entretanto, “El Jairo” es el líder del grupo del ELN en la entidad quien tiene presencia en la zona desde hace dos años y medio, a la salida del exgobernador, general Francisco Rangel Gómez y la llegada del nuevo mandatario, general Justo Noguera Pietri, quien habría dado carta blanca al ELN para erradicar el sistema de bandas mineras creadas por su antecesor. Este hombre habría reclutado francotiradores entre efectivos y exfuncionarios de las fuerzas armadas venezolanas, para controlar las minas y a la población de la zona de Tumeremo y El Callao, donde estableció un toque de queda en esas localidades. Estos francotiradores tienen un sueldo de USD 400. También reclutan a jóvenes para que sean guerrilleros y les pagan USD 300.

  Otro líder es “El Toto”, quien gobierna en El Callao, una de las zonas más ricas en yacimientos auríferos. Sería el autor de unos comunicados que sostienen que el gobernador Justo Noguera Pietri, abrió las puertas a los guerrilleros colombianos y también señala que el alcalde de la zona, Alberto Hurtado, recibió oro de su parte para la campaña electoral.

  Se estima que solamente entre 10 y 30 por ciento del total del oro extraído, es procesado por la empresa Minerven y entregado al Banco Central de Venezuela (BCV). El resto sale de Venezuela por los diversos caminos en camiones, aviones, helicópteros y hasta con “mulas” humanas.

“El negocio del oro en el estado Bolívar se realiza en forma artesanal, lo que está causando destrucción ambiental en los 112.000 km del llamado Arco Minero del Orinoco (AMO), porque no se cuenta con ningún programa de protección del medio ambiente”, acota el informe.

  La quiebra de las empresas básicas y la crisis económica, llevó a los trabajadores a sumarse a la minería ilegal que se lleva a cabo con mercurio, también conocido como azogue, un material que los expone al envenenamiento.

  Igualmente, las actividades delictivas han impactado negativamente en las poblaciones indígenas, especialmente sobre el pueblo Pemón, que ha visto en peligro la ocupación de sus territorios.

En Apure

  En esta entidad llanera opera comúnmente el ELN, FARC y ex-integrantes de este grupo guerrillero. En el alto Apure está el Ejército Popular de Liberación (EPL), el FBL o “Los Boliches”, la delincuencia común y los colectivos violentos.

  Se cree que estos grupos están vinculados a representantes de los gobiernos municipal, regional y nacional.

  En Apure también operan bandas de cuatreros y de exfuncionarios, así como paramilitares.

  El informe cita a un dirigente político. Que sostiene que “En la zona de Guasdualito operan tres grupos: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que tiene mayor fuerza, es decir, mayor presencia de campamentos. Están las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cuyos miembros después del acuerdo de paz, no han querido dejar las armas y se han unido al ELN, aunque también hay campamentos propios de los disidentes de las FARC. La tercera fuerza insurgente es una guerrilla venezolana que se hace llamar Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL), la cual también tiene una división en el grupo Fuerzas Patrióticas Bolivarianas de Liberación, identificado con las siglas FPBL, con presencia en Guasdualito, del municipio Muñoz –ubicado en el medio Apure- y en los estados Barinas y Táchira. En medio Apure operan las FARC, sin presencia destacable de campamentos del ELN. En el bajo Apure operan las FARC y el ELN”.

    Con relación al narcotráfico, el informe de Transparencia Venezuela asegura que todos los grupos irregulares están comprometidos con este delito. El mismo dirigente político antes citado refirió que “En Pedro Camejo, específicamente en la zona de Santa Bárbara de Cunaviche, estaba un puesto comando de la Guardia Nacional que ahora está abandonado, no sabemos por qué razón. A menos de 10 kilómetros de ese puesto de comando abandonado hay aproximadamente 6 pistas clandestinas hechas de concreto, allí hay unas poblaciones indígenas que son las mulas de carga de los alijos de cocaína”.

  Señala el informe con expresión de la cleptocracia la fusión de instancias y actores gubernamentales con grupos irregulares del crimen organizado, que se materializa en la creación de las FBPL, impulsada desde el Gobierno. El dirigente político entrevistado señaló que esta guerrilla fue armada con fusiles del Ejército venezolano entregados por Elías Jaua Milano, vicepresidente de la República para la época, quien ya anteriormente, desde el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) y el Ministerio de Comunas, les entregaba armas. Con las FBPL también habrían colaborado diputados nacionales; Érika Farías, alcaldesa de Caracas; Aristóbulo Istúriz, ministro de Educación; del gobernador de Apure, Ramón Carrizalez; del alcalde del municipio Páez, José María Romero; de los ex-constituyentes José Domingo Santana, José Lisandro Solórzano y Orlando Zambrano.

  Concluye el informe con respecto a esta entidad, que allí las instituciones públicas percibidas como las más corruptas son las alcaldías, las gobernaciones, los cuerpos policiales y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

En Falcón

   El informe de Transparencia Venezuela se hace eco de la sentencia de los pobladores del estado Falcón que afirman que en esa entidad “existe una cultura de contrabando por su posición geográfica”.

   Los delitos más frecuentes son el tráfico de drogas, contrabando de combustible y otros derivados del petróleo, el lavado de dinero y la corrupción. También el contrabando de materiales estratégicos cables de cobre y tuberías de acero. Desde el estado Bolívar supuestamente llega el oro vía terrestre y sale por vía aérea por pistas clandestinas ubicadas en la Sierra de Coro. El informe hace referencia a varios casos de tráfico de drogas.

   Para la redacción del estudio, Transparencia Venezuela entrevistó a un grupo de ex-comisarios experimentados en materia de crimen organizado, quienes destacaron cuáles son las actividades delictivas que se desarrollan en el estado Falcón, indicando el tráfico ilícito de armas desde las islas de Aruba, Curazao y Bonaire; el sicariato; el contrabando de los bloques de Jirahara, además de granito y arena; la producción de éxtasis, específicamente en Punto Fijo; el tráfico de drogas, que sale por “la puerta grande” y sitios oficiales: Puerto Guaranao, Puerto Real de la Vela de Coro, Tucacas, Chichiriviche y Sabana Alta.

   Las bandas criminales que allí operan son el grupo de Emilio Martínez apodado “El Chiche Smith” (narcotráfico); la mafia de “Los Camacaro”; la banda de Simón Álvarez (ya fallecido); “Los Cruz” dirigidos por José Ángel Cruz, quien tiene notificación roja de Interpol por el delito de homicidio; también existe una mafia que controla la comercialización del agua ante la escasez de este recurso; la banda de los combustibles, dirigida por “Caramelito”.

  Un militar retirado consultado para la redacción del informe, citó el caso de “El Chiche Smith”, quien sería supuestamente una suerte de Pablo Escobar en la población de Carirubana, “pues reparte comida, regala teléfonos móviles y hasta dólares, todo producto de los recursos provenientes del narcotráfico” . Su aliado sería el alcalde de Carirubana: Alcides Goitía.

  Señala el informe que al alto mando de la policía regional de Falcón fue totalmente desmantelado en la gestión del Jesús Mantilla, decisión que contribuyó al crecimiento y fortalecimiento de los grupos criminales.

  La producción caprina (chivos) ha ido desapareciendo por la presencia del narcotráfico y el robo de ganado y de las cabras, es constante. Además, los productores han abandonado sus fincas y las nuevas unidades productivas tienen pistas clandestinas.

En Nueva Esparta

  Conformado por las islas Margarita, Coche y Cubagua, se han identificado en él, más de 60 bandas criminales operando en su territorio.

 Advierte el informe, en primer lugar, que, aunque para los organismos de investigación policial e inteligencia controlar a esas organizaciones delictivas en un estado isla sería una tarea fácil, la falta de voluntad política lo impide.

  Recuerda que la policía estatal de la entidad está intervenida por el gobierno nacional de Nicolás Maduro debido a una retaliación política y sin que tal acción se haya traducido en el mejoramiento del problema de la inseguridad.

  Tajantemente denuncia el informe que en Nueva Esparta el control territorial del estado. Está en manos de la organización terrorista Hezbollah, grupo nacido el Líbano en 1982 luego de la ocupación israelí. Esta agrupación cuenta con un brazo político y otro armado y tiene el respaldo de Irán y del gobierno sirio de Bashar Al Assad, aliados del chavismo-madurismo.

  La presencia de Hezbollah en Venezuela está documentada, presumiéndose que se dedica al lavado de dinero, transporte de drogas y el control de actividades de contrabando en todo el continente. También tiene presencia en Bolivia y Nicaragua, “pero sus integrantes al parecer han encontrado seguridad en Venezuela”.  Se estima que Venezuela es el mayor centro de operaciones de hezbollah en el continente.

  Ghazi Atef Salameh Nassereddine Abu Ali, cabecilla de Hezbollah, fue nacionalizado venezolano en el 2002 y junto a sus dos hermanos habría coordinado la célula de esa organización en Venezuela.

  Asevera al reporte que las bandas han conformado un pseudogobierno del crimen que se alimenta del miedo de la gente, siendo los delitos cometidos el tráfico de drogas desde y hacia las islas, robos, sicariatos, cobro de vacunas, tráfico de influencias, extorsión, legitimación de capitales y trata de personas. Denuncias sostienen que cuentan con el apoyo del gobierno regional y algunas autoridades nacionales.

  Las actividades de estos grupos han afectado el turismo, actividad fundamental de Nueva Esparta. Igualmente, la pesca.

  En lo político, el abuso de poder es un atributo que fractura la institucionalidad y favorece las acciones delictivas.


lunes, 9 de noviembre de 2020

Un error procedimental convierte a Ali Sadr Hashemi Nejad de acusado en acusador

  Sin embargo, en Malta estiman que los delitos de lavado de dinero no quedan exentos por el error procedimental y trabajan para extraditar a Sadr.

Por Maibort Petit

  El caso sobre el Pilatus Bank, propiedad de Ali Sadr Hashemi Nejad quien, en marzo de este año, fue declarado culpable de violar las sanciones de Estados Unidos contra Irán, fraude bancario y lavado de dinero de los programas de viviendas de Hugo Chávez, parece estar muy lejos de encontrarse cerrado, dado que continúan revelándose aspectos relacionados con la causa por parte de importantes autoridades y voceros vinculados a la trama.
  En marzo un jurado en Nueva York declaró culpable a Ali Sadr Hashemi Nejad de “violación de las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a Irán, fraude bancario y conspiración para lavado de dinero internacional con fondos provenientes de los programas de viviendas que el régimen de Hugo Chávez acordó con la República Islámica de Irán”. Por estos delitos, Sadr enfrentaba la posibilidad de pasar varias décadas en la cárcel.

  La jueza decidió no enviarlo a prisión de inmediato, sino que le permitió esperar la sentencia en arresto domiciliario con un monitor en el tobillo[1].

   Pero a raíz de que en julio pasado la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York decidiera abandonar la acusación referida a la violación de las sanciones impuestas al régimen iraní, en razón de que se conoció posteriormente a la decisión judicial que fiscales y agentes no entregaron pruebas que podrían haber exculpado al acusado, se ha desatado una ola de reacciones que dieron un revés inesperado al caso y ahora la cuestionada es la parte acusadora. La defensa de Sadr calificó de insólito que ahora el gobierno considere que el asunto de las sanciones “no sería de interés para la justicia seguir adelante con este caso", luego de haber “perseguido” a su cliente durante más de 6 años.
 
   Igualmente, los abogados subrayaron el hecho de que a mitad del proceso judicial se conociera que pruebas exculpatorias fueron suprimidas indebidamente[2].

Jueza da un vuelco al caso

  Ante tal revelación, la jueza del caso, Alison Nathan, anuló el veredicto de culpabilidad del jurado, pues transcurridos varios meses después del veredicto y más de dos años de la acusación de la fiscalía, salieron a relucir unos correos electrónicos donde un fiscal sugirió "enterrar" un documento que, finalmente, no sufrió este destino y se entregó a la defensa.

 Los abogados defensores Reid Weingarten y Brian Heberlig manifestaron su sorpresa por las tergiversaciones del Departamento de Justicia antes de que comenzara el juicio, así como sobre la forma en que el FBI revisó los correos electrónicos de Sadr pues, de haberlo hecho, el juicio no habría tenido lugar.

   La jueza exigió conocer qué abogados y supervisores del gobierno participaron y advirtió que podría ordenar investigar y castigar a la fiscalía[3].

   De hecho, la actitud del Departamento de Justicia cada vez queda más en entredicho, toda vez que durante un interrogatorio ante jueces que investigan el asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia, el ex fiscal general, Peter Grech, sostuvo su posición de no actuar frente a los grandes escándalos políticos, como el del Banco Pilatus, pues su trabajo era simplemente "dar consejos".

   Dijo que advirtió al entonces comisionado adjunto, Silvio Valletta, pedir una investigación judicial sobre Pilatus Bank si se basaba únicamente en un blog[4].

   Recientemente, el juez del caso de sanciones que involucra a Sadr, exigió publicar las presentaciones selladas del caso, según informó el bloguero financiero, Kenneth Rijock, quien agregó que el exbanquero podría haberse convertido en informante en un caso que involucra a funcionarios malteses y los documentos podría solucionar el problema.

Reclamado en Malta

   En Malta, a Ali Sadr se le relaciona con altos personeros del gobierno del ex primer ministro, Joseph Muscat, vinculados a investigaciones por corrupción de las que escribió la periodista asesinada Daphne Caruana Galizia[5].

   Y si bien en estados Unidos el caso ha sido anulado por un problema de procedimiento, lo relativo al delito de lavado de dinero se mantiene y por ello, en Malta, la Fundación Daphne Caruana Galizia pidió su extradición.

  “El hecho de que Ali Sadr haya sido procesado en los Estados Unidos significa que fue acusado sobre la base de pruebas de lavado de dinero. El enjuiciamiento finaliza sobre la base de un supuesto problema técnico y de procedimiento, y sólo en relación con los cargos de incumplimiento de las sanciones estadounidenses. Nada de esto cambia la evidencia contra Hashemi Nejad, que sigue siendo abrumadora”, dijo la fundación en un comunicado.

   La acusación de lavado de dinero refería que Sadr diseñó un esquema internacional de blanqueo de capitales por el que legitimó fondos irregulares provenientes de PDVSA. Para ello, se habría valido de empresas de fachada a través de las cuales ejecutó un plan para evadir las sanciones estadounidenses y pudo lavar más de USD 476 millones a través de una subsidiaria de PDVSA que se encargaba construir viviendas en Venezuela[6].

    La fiscalía dijo que Stratus Grupo, controlado por el padre de Sadr, el acusado y su familia, incluye a la empresa Iranian International Housing Corp., contratada por PDVSA, para construir 7 mil viviendas en el estado Zulia, en el marco de los acuerdos firmados entre Venezuela e Irán en 2006[7].

   La Fundación Daphne Caruana Galizia cree que lo ocurrido en EE. UU. para nada eximen ni impiden que la Policía de Malta y el Fiscal General procesen a Ali Sadr. "Por el contrario, ahora es más importante que nunca que sea procesado en Malta, ya que ha destruido la reputación de Malta en el proceso de utilizar el país como base para facilitar la actividad delictiva, a través de Pilatus Bank"[8].

   Habrá que ver el destino de esta solicitud, toda vez que en julio la fiscalía le garantizó al tribunal que no "buscarán ni cooperarán con" ningún intento de expulsión de Estados Unidos[9].



CITAS
[1] Venezuela Política. “Ali Sadr Hasheminejad fue declarado culpable de violar las sanciones de EE. UU. contra Irán, fraude bancario y lavado de dinero de los programas de viviendas de Hugo Chávez”. 16 de marzo de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/03/ali-sadr-hasheminejad-fue-declarado.html

[2] Law. “The Exoneration of Our Client Ali Sadr”. 24 de julio de 2020. https://www.law.com/newyorklawjournal/2020/07/24/the-exoneration-of-ali-sadr/?slreturn=20201006152101

[3] NPR. "Judge Dismisses Troubled Sanctions Case, Could Probe Prosecutors' Credibility”. 17 de julio de 2020. https://www.npr.org/2020/07/17/892320755/judge-dismisses-troubled-sanctions-case-could-probe-prosecutors-credibility

[4] The Shift News. “Former Attorney General defends inaction on major political scandals”. 30 de octubre de 2020. https://theshiftnews.com/2020/10/30/former-attorney-general-defends-inaction-on-major-political-scandals/

[5] Lovin Malta. "US Judge Demands Publication Of Sealed Filings In Pilatus Bank Owner’s Case”. 21 de octubre de 2020. https://lovinmalta.com/news/us-judge-demands-publication-of-sealed-filings-in-pilatus-bank-owners-case/

[6] Venezuela Política. “125 años de cárcel podría enfrentar el banquero iraní que logró evadir las sanciones de EE. UU. contra Irán a través de contratos con el gobierno de Hugo Chávez Frías”. 16 de febrero de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/02/125-anos-de-carcel-podria-enfrentar-el.html

[7] Venezuela Política. “Este lunes continúan las deliberaciones del jurado del juicio de Ali Sadr Hasheminejad, dueño de Pilatus Bank”. 15 de marzo de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/03/este-lunes-continuan-las-deliberaciones.html


[8] The Shift News. “Call for Ali Sadr’s extradition to Malta after US government drops case”. 6 de junio de 2020. https://theshiftnews.com/2020/06/06/call-for-ali-sadrs-extradition-to-malta-after-us-government-drops-case/

[9] Malta Today. “Pilatus banker given US guarantee over immigration removal”. 20 de julio de 2020. https://www.maltatoday.com.mt/news/world/103644/pilatus_banker_given_us_guarantee_over_immigration_removal#.X6WDBVMzaYU

 


lunes, 19 de octubre de 2020

Alexei Schacht será el abogado de Samark López Bello en Nueva York

 El abogado seleccionado por Samark López representó a Ali Kourani, un espía de Hezbollah que fue condenado a 40 años de cárcel por un tribunal de Manhattan.

Por Maibort Petit

   De acuerdo a un aviso ingresado en el expediente del caso contra Samark López Bello en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el célebre abogado penalista, Alexei Schacht fue admitido para poder recibir y ver las comunicaciones del caso que involucra a López Bello, Tareck El Aissami, Joselit Ramírez Camacho, Adel El Zabayar, entre otros.

  En una carta enviada por la Fiscalía de los Estados Unidos al juez,  Alvin K. Hellerstein se señala que el abogado Alexei Schacht presentó un aviso de comparecencia en el caso a nombre de Samark López Bello, quien sigue siendo un fugitivo en este caso.

     El gobierno de los Estados Unidos ha solicitado al tribunal que mantenga bajo sello una serie de comunicaciones relacionadas con Alejandro J. Marín, un piloto venezolano que actuaba como fuente confidencial de las agencias federales vinculadas al caso, y que fue acusado por haber mentido a los agentes sobre un dinero que formaba parte de una actividad encubierta. Ver detalles del caso aquí.

   Los fiscales señalan que Schacht aceptó recibir las comunicaciones bajo la única base que el Gobierno podrá tratar de realizar futuras presentaciones selladas en el caso que involucra a Alejandro Javier Marín, un piloto que fue arrestado por haber mentido a los agentes de la Agencia de Seguridad Nacional (HSI).  

   Reiteran los abogados del gobierno estadounidense que López Bello permanece en estatus de fugitivo y que existen  preocupaciones de seguridad relacionadas con la fuente confidencial, Alejandro J. Marín que será procesada en el mismo caso. 

   Los fiscales advierten que no está claro qué Schacht pueda tener una participación más amplia en el caso, dada la negativa de su cliente, Samark López Bello, de someterse a la autoridad de ese tribunal. 

  Los fiscales federales recordaron que de acuerdo a la doctrina, la desautorización del fugitivo priva al acusado de recurrir a los recursos de la Corte para la determinación de sus reclamos "mientras permanezca prófugo de la justicia". 

  "Un acusado que no se presenta en primera instancia o se fuga durante el curso del proceso penal viola la autoridad del tribunal no puede acceder a la documentación del proceso", acotaron los fiscales.

  Alexei Schacht tiene más de 20 años de experiencia en la defensa criminal de clientes en investigaciones gubernamentales, audiencias con grandes jurados, juicios con jurados, en tribunales, y apelaciones. 

  Según su página web, Schacht ha manejado asuntos que van desde la conspiración de narcóticos hasta el homicidio y el fraude de valores. A nivel comercial, trabaja con varias empresas de exploración de petróleo y gas, ayudando a negociar, estructurar y financiar acuerdos de producción compartida.

  Alexei Schacht fue el abogado del espía de Hezbollah, Ali Kourani, quien se mantuvo oculto en el Bronx por años. En diciembre de 2019, fue sentenciado a 40 años de prisión después de decirle a un juez de Nueva York que todavía simpatizaba con la organización terrorista.

  El caso de Ali Kourani representó la primera vez que un miembro de la Organización Jihad Islámica de Hezbollah fue sentenciado en un tribunal de Estados Unidos.  El fiscal federal adjunto de este caso,  Emil Bove, el mismo que está al frente del caso de Tareck El Aissami, Samark López, Adel El Zabayar  y Joselit Ramírez Camacho, entre otros.



sábado, 17 de octubre de 2020

Conozca las redes criminal-terroristas de Hezbollah en Venezuela

  A través de clanes que operan en distintas regiones del país, Hezbollah logra financiarse y, en contraprestación, apoya al régimen de Nicolás Maduro.

Por Maibort Petit
   La Organización de Seguridad Externa (ESO) de Hezbollah vio en las remesas de los grupos de inmigrantes libaneses establecidos en Venezuela y Colombia, una fuente de financiamiento para sus actividades criminales y terroristas y procedió, entonces, a conformar redes de apoyo que operan a través de estructuras de clanes familiares que se han integrado, igualmente, a la economía ilícita controlada por el régimen de Nicolás Maduro. Así lo revela un informe denominado “El nexo Maduro-Hezbollah: Cómo las redes respaldadas por Irán apuntalan al régimen venezolano”, suscrito por el experto en temas de seguridad, Joseph Humire, para el Adrienne Arsht Latin America Center del Atlantic Council.

  En esta entrega daremos a conocer a algunos de los clanes que integrados a la estructura criminal-terrorista que opera en el poder en Venezuela bajo el amparo del brazo armado del régimen iraní.



El clan Saleh

  El informe de Joseph Humire mención, en primer lugar, al clan Saleh y para describirlo refiere que la red criminal-terrorista de Hezbollah en Colombia y Venezuela se conoció en 2011, luego de una investigación resultante de una operación que involucró ciento treinta arrestos y la incautación de USD 23 millones de fondos ilícitos que se movían desde África Occidental al Líbano a través del Banco Libanés Canadiense.

   La investigación que duró dos años permitió conocer uno de los casos más significativos de lavado de dinero con sustento en el comercio conocida como Operación Titán sirvió para desmantelar una red transregional de tráfico de cocaína y lavado de dinero masivo dirigida por Hezbollah. Para ello, el grupo terrorista se servía de facilitadores locales en Colombia, comandados por Ayman Saied Joumaa. Este capo de la droga colombo-libanés fue acusado en Estados Unidos por traficar cocaína con Los Zetas en México. El Departamento del Tesoro sostiene que dirige una extensa red de transporte marítimo vinculada a Hezbollah.

   El reporte indica que la Operación Titán se inició en 2008 cuando autoridades de Colombia y los EE. UU. estaban tras los pasos de un cartel con sede en Medellín llamado La Oficina de Envigado, o "La Oficina". Las averiguaciones permitieron descubrir las conexiones que La Oficina tenía con la gran comunidad libanesa a lo largo de la costa del Caribe en Colombia. Los facilitadores de Hezbollah fortalecieron las conexiones del referido cartel y establecieron un complejo laberinto de comercio transfronterizo y mensajeros de grandes cantidades de efectivo entre Colombia y Venezuela.

  Joseph Humire cita, entonces, el caso de un empresario chiíta y agente de Hezbollah llamado, Ali Mohamad Saleh, quien dirigió la red transfronteriza de terrorismo y crimen en Colombia y Venezuela descubierta durante la Operación Titán. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó en 2012 a este hombre y su hermano, Kassem Mohamad Saleh, como financistas del terrorismo. Un año antes, Ali Mohamad Saleh también había sido designado como un capo de los narcóticos.

  El clan Saleh controló durante muchos años los mercados ilícitos de drogas, armas, contrabando, contrabando de efectivo a granel y lavado de dinero en Maicao, Colombia, en la frontera norte con Venezuela. Estos cárteles locales de la droga en el occidente venezolano —principalmente en el estado de Zulia— se benefician de este comercio transfronterizo ilícito que fue una vez administrado por el clan Saleh.

   Luego de la sanción de 2012, los hermanos Saleh huyeron durante la noche a Venezuela, de acuerdo versiones de los comerciantes de Maicao. En Maracaibo, donde se cree que se encuentran, trabajan con otro clan libanés prominente integrado en la burocracia del régimen de Maduro.

El clan Nassereddine

  En segundo lugar, Humire menciona en su reporte a Ghazi Nassereddine, quien fue sancionado por la OFAC en 2008 debido a sus vínculos con Hezbollah, catalogándosele como una persona de interés en 2015, por parte de la por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).

  Entretanto, Abdallah Nassereddine, hermano mayor del primero, es un prominente hombre de negocios en la isla de Margarita, propietario de varios bienes raíces, inmuebles y centros comerciales.

 El clan Nassereddine, de origen libanés, alcanzó prominencia política en Venezuela cuando Hugo Chávez asumió la presidencia de la república. Su figuración en la administración del difunto mandatario comenzó con su ingresó a la Cancillería, la cual le otorgó estatus diplomático oficia. Fue así como Abdallah Nassereddine —siempre de bajo perfil— pasó a ser una figura importante dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en el que funge como coordinador regional para el estado de Nueva Esparta.

  Por su parte, Ghazi Nassereddine, estuvo destinado en la embajada de Venezuela en Damasco, Siria, posición desde la cual contribuyó a organizar reuniones entre altos funcionarios venezolanos y operativos de alto rango de Hezbolá. Refiere Humire que informantes de la DEA, en 2009, Ghazi organizó una reunión en Siria entre Hezbollah y el entonces ministro del Interior de Venezuela, Tareck El Aissami, y el jefe de contrainteligencia militar venezolano, Hugo Carvajal Barrios.

  Dicho encuentro habría sido el origen de una operación de tráfico de cocaína que sirvió para financiar armas. Este esquema que involucró a las FARC y Hezbollah se materializó en 2014 cuando un avión libanés aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía en Caracas cargado de AK-103, lanzagranadas propulsadas por cohetes, etc. El cargamento de armas habría un pago parcial por la cocaína que las FARC proporcionaron al régimen de Maduro y fueron trasladadas a una base militar en Guárico.

  En la actualidad Ghazi Nassereddine aún colabora con el régimen de Maduro y dirige el think tank venezolano Global AZ. Ha realizado varios viajes a Francia, Alemania e Italia desde que dejó Siria en 2011.

  Se cree que otros miembros del clan Nassereddine están encargados del adoctrinamiento político, entrenamiento paramilitar y contrabando de armas y drogas en Venezuela. Otro miembro del clan dirige la seguridad del actual ministro de Petróleo de Venezuela y ex-vicepresidente, Tareck El Aissami.

  Advierte el informe de Humire que el clan Nassereddine es calificado como "reparador", o, en el caso de Ghazi, un "súper reparador", dado a que aun cuando no forman parte de la cadena de mando jerárquica de Hezbollah, son parte integral de la organización de las redes de apoyo en Venezuela que conectan a Hezbollah con el régimen de Maduro. “Estos arregladores brindan distancia y una medida de negación para que los líderes de Hezbollah oculten su conexión con el régimen de Maduro y establezcan caminos hacia la burocracia y el aparato político del régimen en Venezuela”.

El clan rada

  Desde el siglo XIX en Maicao, un centro comercial histórico en el departamento de La Guajira en Colombia, concentra una gran cantidad de inmigrantes libaneses.

  El reporte menciona que, en 2017, fue deportado un financiero de Hezbollah y con doble nacionalidad venezolano-libanesa, Abdala Rada Ramel, sospechoso de dirigir una red de tráfico de drogas y contrabando desde Maicao a Cartagena. Se trataría de un destacado miembro del clan Rada con estrechos vínculos con un líder de alto nivel de Hezbollah.

  Versiones de la prensa colombiana indican que, en su interrogatorio inicial, Abdala Rada Ramel reveló que sus actividades ilícitas en Colombia eran coordinadas con su “supervisor”, Salman Raouf Salman, “un sombrío líder de la ESO de Hezbollah que ha estado implicado en numerosos actos terroristas. en todo el mundo”. Salman, cuyo alias es Samuel Salman El Reda El Reda, dirige la red de crimen-terror de la ESO de Hezbollah en América Latina. Sobre él pesa una orden de arresto internacional emitida por Argentina en 2009, por la creencia de que se encuentra vinculado a los atentados con bombas en Buenos Aires en 1992 y 1994. También fue designado como terrorista por la OFAC en 2019 y se ofrece una recompensa de USD 7 millones por información que conduzca a su captura. Salman Raouf Salman y su hermano, José Salman El Reda El Reda, habrían creado las redes de apoyo a Hezbollah en América Latina.

  Los vínculos de Salman Raouf Salman con los eventos terroristas argentinos llevaron a las autoridades de ese país a creer que un venezolano-libanés llamado Amer Mohamed Akil Rada estuvo involucrado en el ataque de Hezbollah al edificio de la AMIA.

   Transcurridas varias décadas, Amer Mohamed Akil Rada, ahora de 53 años, estableció “pequeñas empresas de importación y exportación en Panamá, enviando textiles a Colombia y carbón vegetal al Líbano, con hasta el 80 por ciento de las ganancias utilizadas para apoyar a Hezbollah”.

   Joseph Humire dice en el informe que los familiares de Akil Rada continúan operando en Venezuela y están involucrados a la industria de las criptomonedas controlada por el régimen de Maduro. Al explicar este asunto, el reporte indica que Joselit de la Trinidad Ramírez Camacho, la jefa de criptografía del régimen de Nicolás Maduro responsable del petro, fue acusada recientemente por el Departamento de Justicia y habría obtenido USD 5 millones por ayudar a los funcionarios del régimen a evadir las sanciones de la OFAC. Ramírez Camacho tiene “profundos vínculos políticos, sociales y económicos con múltiples presuntos cabecillas de los narcóticos, incluido Tareck El Aissami”.

Red ilícita global

  El informe de Humire sostiene que los clanes Rada, Saleh y Nassereddine forman parte de una red ilícita global de mayor tamaño que integran reparadores, financieros y facilitadores de Hezbollah, quienes operan desde Venezuela con la protección del régimen de Maduro.

   A diferencia del clan Nassereddine, los integrantes de los clanes Rada y Saleh, no forman parte formalmente del régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, “cada uno de ellos maneja aspectos de las economías ilícitas de drogas, armas, contrabando, contrabando y lavado de dinero entre Venezuela, Líbano y Siria. Cada uno proporciona un servicio específico y una ventaja comparativa para conectar a Hezbollah con el régimen de Maduro, actuando como ‘puntos de convergencia’ con la economía ilícita controlada por el régimen y sectores específicos de su economía lícita, estableciendo un grado de negación plausible tanto para el régimen de Maduro como para el de Hezbollah, liderazgo, que ambos niegan cualquier cooperación directa”.
   Se refiere también en el reporte que la Operación Titán conjunta de Estados Unidos y Colombia, describió algunos de estos puntos de convergencia que establecieron puentes aéreos y marítimos entre Venezuela, Irán y Hezbollah.

   Finalmente, Joseph Humire advierte que en la medida en que se incrementa la campaña de "máxima presión" de Estados Unidos, adquieren más importancia estas redes de apoyo como estructuras fundamentales “para mantener una red de amenazas transregionales que permita a Irán y Hezbollah apuntalar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y al régimen de Bashar al-Assad en Siria”.

miércoles, 14 de octubre de 2020

Con Maduro, Hezbollah convirtió a Venezuela en eje central para la convergencia del terrorismo internacional

   La diáspora libanesa llegada a territorio venezolano, fue utilizada por Hezbollah para constituir redes de apoyo para el brazo armado del régimen iraní, con el auxilio de la dictadura de Maduro.

Por Maibort Petit

   Un informe suscrito por el experto en temas de seguridad, Joseph Humire, para el Adrienne Arsht Latin America Center del Atlantic Council, titulado “El nexo Maduro-Hezbollah: Cómo las redes respaldadas por Irán apuntalan al régimen venezolano”, advierte que la red terrorista del brazo armado del régimen iraní se mantiene activa en Latinoamérica en la actualidad mediante la cooptación de muchas familias libanesas en el Caribe y en Centro y Sur América. De este trabajo se ha encargado —desde el ataque de la AMIA Buenos Aires en 1994— la Organización de Seguridad Externa (ESO) de Hezbollah o “Unidad 910”, unidad que es responsable de sus operaciones extraterritoriales.

   Entretanto, en Venezuela, en su afán de mantenerse en poder a como dé lugar, Nicolás Maduro recurre a alianzas con el crimen organizado internacional y el terrorismo que le resultan estratégicas. ante este contexto, Estados Unidos ha desarrollado una política de máxima presión sobre el régimen venezolano con el objetivo de limitar el poder del mismo, que incluye, entre otras acciones las acusaciones formuladas por el Departamento de Estado contra Maduro y otros altos cargos y líderes oficialistas, señalados de conspirar junto a las FARC, carteles de la droga mexicanos, Irán Siria y el grupo terrorista Hezbollah. Este último, visto durante mucho tiempo en América Latina como un problema lejano y ajeno, ha convertido a Venezuela en un eje central para la convergencia de la criminalidad organizada transnacional y el terrorismo internacional.

  Advierte el informe que el ESO de Hezbollah pasó “de ser una mera red terrorista en América Latina a participar en la empresa ilícita más lucrativa de la región: los narcóticos. De las más de dos mil personas y entidades en todo el mundo designadas por el gobierno de los Estados Unidos como capos extranjeros de los narcóticos, casi doscientas están afiliadas o conectadas con Hezbollah”. De cualquier manera, se deja sentado que la participación de Hezbollah en el narcotráfico no es nueva.

  Del mismo modo, se refiere que las actividades delictivas Hezbollah fueron establecidas por el mismo fundador fallecido de la ESO, Imad Fayez Mughniyeh, dirigiendo en la actualidad la cartera de delitos transnacionales el primo del secretario general y enviado del grupo, Abdallah Safieddine, quien comparte esta responsabilidad con Adham Hussein Tabaja, quien posee su brazo de propaganda mediática ya ha establecido muchos mecanismos de inversión y negocios intensivos en efectivo y crédito para lavar las ganancias ilícitas de Hezbollah.

  Humire sostiene en su informe que Tabaja y Safieddine están vinculados a una vasta red delictiva transnacional que incluye una variedad de negocios. en América Latina que incluyen los textiles, carne de res, carbón vegetal, electrónica, turismo, bienes raíces y construcción, que le permiten el lavado de los fondos ilícitos de Hezbollah.

  Joseph Humire formula un llamado a Latinoamérica para que se percate de que en en la era actual, Hezbollah está a la altura de los cárteles en crimen organizado y terror.

Convergencia con alcance global

  Hace mención Humire en su informe a la evaluación de la convergencia del crimen organizado y el terrorismo realizada por la Universidad de Defensa Nacional (NDU), la cual en 2013 incluyó lo dicho por el ex Comandante Supremo Aliado de la OTAN y miembro de la junta del Atlantic Council, el almirante James Staviridis, quien la describe como una amenaza híbrida.

  “Las organizaciones [transnacionales] son una gran parte de la amenaza híbrida que forma el nexo del tráfico ilícito de drogas, incluidas las rutas, las ganancias y las influencias corruptas, y el terrorismo, tanto el terrorismo islámico nacional como el importado (...) Han alcanzado un grado de alcance globalizado y colaboración a través de redes, así como diversificación horizontal".

  Considera Joseph Humire que la descripción formulada por Staviridis es apta para Hezbollah, cuya estructura organizativa es un modelo multidimensional con relaciones exteriores y sectores de servicios sociales, un partido político y grupos de medios, actividades legítimas estas que combina con sus redes ilícitas clandestinas, tanto en el Líbano como en todo el mundo.

  Agrega que si bien la diáspora libanesa en todo el mundo no está involucrada en estas actividades criminales o terroristas, la significativa incidencia que las remesas de estas personas tienen en el producto interno bruto (PIB) del Líbano, ubicándose en 14 por ciento, el ESO de Hezbollah ha buscado infiltrar estas comunidades para construir redes de apoyo financiero en el extranjero. En este sentido, se indica que en América Latina, estas redes de apoyo anidadas principalmente en las comunidades árabes y libanesas, se encuentran principalmente en Brasil, Argentina, Colombia y Venezuela.

La red de apoyo de Hezbollah en Venezuela

  Seguidamente, el informe del especialista en seguridad recuerda que desde hace más de ciento cincuenta años, han arribado a venezuela olas libanesas de migración masiva, la primera de ellas  a finales del siglo XIX, durante la era otomana, otra a principios del siglo XX, una masiva llegada desde el Líbano, principalmente conformada por cristianos maronitas que se asentaron principalmente en la isla de Margarita, Puerto Cabello, Punto Fijo y La Guaira.

  Al comienzo de la guerra civil libanesa, en 1975, Venezuela se convirtió en un destino destacado para quienes buscaban escapar de las duras condiciones de la guerra.

  Para ese entonces, Venezuela exhibía una vibrante economía que ofrecía un nivel de vida relativamente alto que se erigió como un faro para muchos libaneses.

  Con la advertencia de que no toda la comunidad libanés-venezolana se ha sumado, de hecho, han hecho contribuciones significativas a la sociedad, la ruta de refugiados a Venezuela fue explotada por Hezbollah para construir redes de apoyo. Subraya que muchas veces la comunidad libanesa ignora  esta actividad clandestina, pero un “ejército” de profesionales de la logística —empresarios, abogados, contadores y otros— que formaba parte de la diáspora se constituyó “como una red de apoyo en Venezuela que ayuda a criar, ocultar, trasladar y blanquear fondos ilícitos para Hezbollah, algunos de los cuales se utilizan para promover sus operaciones terroristas en todo el mundo”.

  Finalmente, el informe de Joseph Humire indica que en Venezuela, “la red de apoyo de Hezbollah opera a través de estructuras de clanes familiares compartimentadas que se integran en la economía ilícita controlada por el régimen de Maduro y en el aparato político y la burocracia del régimen. Muchos de los clanes están asimilados dentro del estado y la sociedad venezolanos a través de las robustas comunidades libanesas y sirias que se extienden hasta la vecina Colombia”.


                                  

domingo, 13 de septiembre de 2020

Venezuela movió más USD 40 mil millones en fondos ilícitos a través de PDVSA

  El régimen venezolano controla una red internacional de actividades delictivas que le brindan sustento financiero, recursos que supuestamente son legitimados a través de la estatal petrolera.

Por Maibort Petit

 Aunque no se conoce con certeza aún el alcance de los esfuerzos criminales del régimen criminal de Venezuela liderado, primero por Hugo Chávez y después por Nicolás Maduro, se han podido hacer algunas estimaciones razonables de partes de dicha empresa criminal expansiva. Igualmente, la revisión de un conjunto de investigaciones y casos legales han permitido establecer que a través de las estructuras de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), entre 2007 y 2018, se han movilizado alrededor de USD 40 mil millones de fondos ilícitos.

  Así lo refiere un informe elaborado por el presidente de IBI Consultants, miembro invitado senior del Centro de Investigación Estratégica de la Universidad Nacional de Defensa, especialista en seguridad, terrorismo y crimen organizado transnacional en América Latina, Douglas Farah, para el Centro para América Latina “Adrienne Arsht” del Atlantic Council titulado “Las actividades ilícitas del régimen de Maduro: Una amenaza para la democracia en Venezuela y la seguridad en América Latina”, en el cual se analizan las actividades irregulares llevadas a cabo por el régimen, las cuales impiden la recuperación de las instituciones democráticas en Venezuela.

Lo que revelan las investigaciones

  El reporte refiere que una investigación llevada a cabo en 2019 un consorcio latinoamericano de periodistas de investigación denominado Connectas, estableció que, como estimación, funcionarios venezolanos desviaron USD 28 mil millones de PDVSA a través del programa Petrocaribe implementado por Hugo Chávez en 2005 en 14 países. En la práctica, advierte la investigación periodística, se ha tratado de la compra de respaldos diplomáticos[1].

  A su vez, IBI Consultants rastreó los movimientos de, por lo menos, USD 10 mil millones en fondos venezolanos que se movieron a través de la red criminal de PDVSA. En estas operaciones intervinieron aliados del régimen venezolanos en Centroamérica, como es el caso de Albanisa en Nicaragua y de Alba Petróleos en El Salvador, entre 2007 y 2018[2].

  Douglas Farah explica que las estructuras de la estatal Petróleos de Venezuela habrían servido para legitimar, entre los años 2007 y 2018, unos USD 40 mil millones en fondos de origen ilícitos, de acuerdo a lo que revelan diversas investigaciones y casos legales de diversa índole.

La estructura criminal venezolana

  El experto en seguridad, quien cataloga al régimen venezolano como una Empresa Criminal Conjunta Bolivariana, calcula que alrededor de USD 10 mil millones fueron lavados en periodo referido anteriormente 2007-2018. Farah realizó una entrevista en Ciudad de Panamá (Panamá) en diciembre de 2018 a una fuente ligada al caso, quien le aseguró que la cifra se acerca a USD 43 mil millones, lo que llevó a establecer que entre USD 10 mil millones y USD 43 mil millones en fondos estatales de Venezuela fueron legitimados.

  Farah hace una revisión de las empresas criminales del régimen venezolano, establece sus orígenes, determina la manera cómo se vale de los lazos económicos y políticos que mantiene con estados regionales e internacionales, para así promover sus redes ilícitas y las alianzas criminales con disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en operaciones de extracción de oro y drogas.

  En el reporte, se subraya el papel de Europa, toda vez que, si bien por un lado se erige como un socio único y poderoso de las fuerzas democráticas en Venezuela, por otra parte, también se ha convertido en el lugar donde los fondos ilícitos del régimen fluyen a través de sus bancos y sistema financiero.

Fondos ilícitos provenientes de las FARC y el ELN

 Parte de estos fondos ilícitos, lavados a través de PDVSA provendrían, supuestamente, de la venta de cocaína por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con el que Chávez construyó una estrecha alianza a partir de los años ´90, cuando la década de 1990, el grupo terrorista colombiano era el mayor productor de cocaína en el mundo.

  Y es que los disidentes de las FARC que rechazaron el acuerdo de paz suscrito en diciembre de 2016, así como el Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN), operan desde el territorio venezolano bajo la protección del régimen de Nicolás Maduro[3].


 


 




[1] Connnectas. “#Petrofraude”. https://www.connectas.org/especiales/petrofraude/#


 


[2] Center for Complex Operations. National Defense University. “Convergence in Criminalized States: The New Paradigm”, en Beyond Convergence: World Without Order. https://cco.ndu.edu/Portals/96/Documents/books/Beyond%20Convergence/BEYOND%20CONVERGENCE%20%20World%20Without%20Order%20.pdf?ver=2016-10-25-125406-170


[3] InSight Crime. FARC Dissidents and the ELN Turn Venezuela Into Criminal Enclave. 10 de diciembre de 2018. https://www.insightcrime.org/news/analy-sis/farc-dissidents-eln-turn-venezuela-criminal-enclave/