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domingo, 13 de septiembre de 2020

Venezuela movió más USD 40 mil millones en fondos ilícitos a través de PDVSA

  El régimen venezolano controla una red internacional de actividades delictivas que le brindan sustento financiero, recursos que supuestamente son legitimados a través de la estatal petrolera.

Por Maibort Petit

 Aunque no se conoce con certeza aún el alcance de los esfuerzos criminales del régimen criminal de Venezuela liderado, primero por Hugo Chávez y después por Nicolás Maduro, se han podido hacer algunas estimaciones razonables de partes de dicha empresa criminal expansiva. Igualmente, la revisión de un conjunto de investigaciones y casos legales han permitido establecer que a través de las estructuras de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), entre 2007 y 2018, se han movilizado alrededor de USD 40 mil millones de fondos ilícitos.

  Así lo refiere un informe elaborado por el presidente de IBI Consultants, miembro invitado senior del Centro de Investigación Estratégica de la Universidad Nacional de Defensa, especialista en seguridad, terrorismo y crimen organizado transnacional en América Latina, Douglas Farah, para el Centro para América Latina “Adrienne Arsht” del Atlantic Council titulado “Las actividades ilícitas del régimen de Maduro: Una amenaza para la democracia en Venezuela y la seguridad en América Latina”, en el cual se analizan las actividades irregulares llevadas a cabo por el régimen, las cuales impiden la recuperación de las instituciones democráticas en Venezuela.

Lo que revelan las investigaciones

  El reporte refiere que una investigación llevada a cabo en 2019 un consorcio latinoamericano de periodistas de investigación denominado Connectas, estableció que, como estimación, funcionarios venezolanos desviaron USD 28 mil millones de PDVSA a través del programa Petrocaribe implementado por Hugo Chávez en 2005 en 14 países. En la práctica, advierte la investigación periodística, se ha tratado de la compra de respaldos diplomáticos[1].

  A su vez, IBI Consultants rastreó los movimientos de, por lo menos, USD 10 mil millones en fondos venezolanos que se movieron a través de la red criminal de PDVSA. En estas operaciones intervinieron aliados del régimen venezolanos en Centroamérica, como es el caso de Albanisa en Nicaragua y de Alba Petróleos en El Salvador, entre 2007 y 2018[2].

  Douglas Farah explica que las estructuras de la estatal Petróleos de Venezuela habrían servido para legitimar, entre los años 2007 y 2018, unos USD 40 mil millones en fondos de origen ilícitos, de acuerdo a lo que revelan diversas investigaciones y casos legales de diversa índole.

La estructura criminal venezolana

  El experto en seguridad, quien cataloga al régimen venezolano como una Empresa Criminal Conjunta Bolivariana, calcula que alrededor de USD 10 mil millones fueron lavados en periodo referido anteriormente 2007-2018. Farah realizó una entrevista en Ciudad de Panamá (Panamá) en diciembre de 2018 a una fuente ligada al caso, quien le aseguró que la cifra se acerca a USD 43 mil millones, lo que llevó a establecer que entre USD 10 mil millones y USD 43 mil millones en fondos estatales de Venezuela fueron legitimados.

  Farah hace una revisión de las empresas criminales del régimen venezolano, establece sus orígenes, determina la manera cómo se vale de los lazos económicos y políticos que mantiene con estados regionales e internacionales, para así promover sus redes ilícitas y las alianzas criminales con disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en operaciones de extracción de oro y drogas.

  En el reporte, se subraya el papel de Europa, toda vez que, si bien por un lado se erige como un socio único y poderoso de las fuerzas democráticas en Venezuela, por otra parte, también se ha convertido en el lugar donde los fondos ilícitos del régimen fluyen a través de sus bancos y sistema financiero.

Fondos ilícitos provenientes de las FARC y el ELN

 Parte de estos fondos ilícitos, lavados a través de PDVSA provendrían, supuestamente, de la venta de cocaína por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con el que Chávez construyó una estrecha alianza a partir de los años ´90, cuando la década de 1990, el grupo terrorista colombiano era el mayor productor de cocaína en el mundo.

  Y es que los disidentes de las FARC que rechazaron el acuerdo de paz suscrito en diciembre de 2016, así como el Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN), operan desde el territorio venezolano bajo la protección del régimen de Nicolás Maduro[3].


 


 




[1] Connnectas. “#Petrofraude”. https://www.connectas.org/especiales/petrofraude/#


 


[2] Center for Complex Operations. National Defense University. “Convergence in Criminalized States: The New Paradigm”, en Beyond Convergence: World Without Order. https://cco.ndu.edu/Portals/96/Documents/books/Beyond%20Convergence/BEYOND%20CONVERGENCE%20%20World%20Without%20Order%20.pdf?ver=2016-10-25-125406-170


[3] InSight Crime. FARC Dissidents and the ELN Turn Venezuela Into Criminal Enclave. 10 de diciembre de 2018. https://www.insightcrime.org/news/analy-sis/farc-dissidents-eln-turn-venezuela-criminal-enclave/


 


jueves, 2 de julio de 2020

Supremo de Cabo Verde rechaza segundo recurso de defensa de Alex Saab

   La Corte Suprema de Justicia ha negado, por segunda vez, la solicitud de hábeas corpus para la liberación de Alex Saab, considerado por Estados Unidos como el principal testaferro de Nicolás Maduro.
   El portal el Expresso das IIhas publicó una nota donde alega que una fuente judicial dijo que la decisión de la Corte Suprema se conocía el martes, después de haber denegado la primera solicitud a fines de junio.

   Sin embargo, Estados Unidos pidió formalmente a las autoridades de Cabo Verde que extraditaran al empresario, según la agencia Lusa.

   La solicitud formal de extradición se realizó a través de la Oficina del Fiscal General (PGR) de Cabo Verde y el proceso también incluirá una solicitud de autorización del Ministerio de Justicia, como le dijo una fuente del gobierno a Lusa.

   El proceso de extradición comprende una fase administrativa, con la intervención del Ministro de Justicia, quien puede dar su aprobación o no, y una fase judicial, que en este caso corresponde al Tribunal de Apelaciones de Barlavento (segunda instancia), en la isla de São Vicente, que comienza "después de la decisión favorable de la solicitud de extradición" de ese miembro del Gobierno, explicó previamente a Lusa fuente de la PGR.

    Desde que se decretó la detención preventiva de Alex Saab, dos días después de su arresto, Estados Unidos tuvo 18 días para solicitar su extradición. Por lo tanto, la solicitud se hizo a Cabo Verde antes del final de este período, que aún podría extenderse a 40 días.

  Alex Saab, ciudadano colombiano con pasaporte venezolano, fue arrestado la noche del 12 de junio sobre la base de una orden de arresto internacional emitida por los Estados Unidos, una decisión previamente criticada por el abogado defensor.

   Estados Unidos acusa al empresario de negocios corruptos con el régimen de, Nicolás Maduro.

  El embajador venezolano en Cabo Verde, residente en Dakar, argumentó que el arresto del empresario Alex Saab Morán constituye una violación "grave e inaceptable" de las reglas de soberanía y no injerencia en los asuntos internos de otro país.

  En nombre de Venezuela, el embajador solicitó que las autoridades judiciales de Cabo Verde pongan fin a "esta situación ilícita de manera urgente".

Fuente original 
https://expressodasilhas.cv/pais/2020/07/02/supremo-rejeita-segundo-pedido-de-habeas-corpus-para-libertar-alex-saab/70264

lunes, 20 de enero de 2020

III Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo: Naciones democráticas preocupadas por las actividades de las redes de Hezbollah en el hemisferio occidental

COMUNICADO CONJUNTO
III CONFERENCIA MINISTERIAL HEMISFÉRICA DE LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

El 20 de enero de 2020, la República de Colombia albergó la III Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo, en continuidad a los esfuerzos del hemisferio en la lucha contra el terrorismo y su financiamiento y como seguimiento a las Conferencias celebradas en Washington 2018 y Buenos Aires 2019.

Con la participación de los siguientes Estados:

Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, República Dominicana, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía.

En Calidad de observadores asistieron: Israel, México, Uruguay, Venezuela, el Comité contra el Terrorismo de las Naciones Unidas, el Comité Interamericano contra el Terrorismo (OEA), INTERPOL, AMERIPOL.

Los Gobiernos participantes:

1. Condenaron al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, cualesquiera que sean sus motivaciones, enfatizando que constituye una amenaza para la paz y la seguridad de los países y de la comunidad internacional toda; así como para los derechos humanos, la estabilidad democrática, el desarrollo económico y social y los ciudadanos dentro y fuera de sus territorios nacionales, deplorando sus efectos en el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las víctimas. En tal sentido, expresaron que no es admisible justificar o validar el terrorismo como medio de acción política en la democracia.

2. Reconocieron que el terrorismo transnacional no conoce frontera geográfica, y en tal sentido, ratificaron el compromiso indeclinable de los Estados para que, denieguen refugio, asilo, albergue y/o cualquier tipo de apoyo a quienes financien, planifiquen o cometan actos terroristas, o a quienes les presten colaboración, de conformidad con las legislaciones nacionales, las obligaciones del derecho internacional, los tratados internacionales y las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, entre ellas: la 1267 (1999),1373 (2001),1540 (2004), 1988 (2011), 2178 (2014), 2309 (2016), 2322 (2016), 2368 (2017), 2396 (2017), 2482 (2019), 2462 (2019); la resolución de la Asamblea General 74/194 (2019); y en línea con el cumplimiento de las recomendaciones 5, 6, 7 y 8 del Grupo de Acción Financiera Internacional – GAFI.

3. Destacaron la importancia de un enfoque holístico, que tenga en consideración los vínculos que existen entre el terrorismo y su financiamiento, los cuales pueden incluir diversas manifestaciones de la Delincuencia Organizada Transnacional. En tal sentido, reafirmaron la responsabilidad de los Estados de negar cobijo financiero, operacional o cualquier otro tipo de apoyo a los terroristas, y ponerlos a disposición de la justicia. Así mismo, condenaron las acciones de aquellos actores que intencionalmente brindan apoyo o protección a grupos u organizaciones terroristas, perpetradores, organizadores y patrocinadores del terrorismo.

4. Afirmaron que las organizaciones terroristas ISIS/Daesh y Al-Qaida, y sus organizaciones afiliadas, constituyen una amenaza a la seguridad colectiva, a la seguridad de los ciudadanos dentro y fuera de sus territorios, y a todas las personas dentro de sus respectivas jurisdicciones.

5. Expresaron su preocupación por las actividades que redes de Hezbolá continúan realizando en algunas áreas del hemisferio occidental. Aplaudieron las acciones recientes de Estados de la región para contrarrestar las actividades de las redes de Hezbolá; así como alentaron a otros gobiernos a buscar formas más efectivas de abordar esta amenaza.

6. Reconocieron como una amenaza a la estabilidad de la región, la acción del autodenominado Ejército de Liberación Nacional (ELN), el cual perpetra actos terroristas y actividades criminales de inaceptable violencia y obtiene financiamiento de origen ilícito. Asimismo, expresaron su rechazo a las actividades criminales de Sendero Luminoso.

7. Condenaron el atentado terrorista perpetrado por el autodenominado Ejército de Liberación Nacional -ELN contra la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, el 17 de enero de 2019, en el que 21 cadetes colombianos y 1 cadete ecuatoriana fueron vilmente asesinados, así como otros cadetes que resultaron heridos.

8. Expresaron su rechazo y condena a las acciones terroristas y actividades criminales como las perpetradas por el autodenominado Ejército de Liberación Nacional- ELN- y por el Grupo Armado Organizado Residual -GAO-r, que constituyen una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, a la libertad, al régimen democrático y a los Derechos Humanos.

9. Reconocieron como una amenaza a la estabilidad de la región las acciones terroristas de organizaciones como el autodenominado Ejército de Liberación Nacional (ELN), las cuales perpetran actos de inaceptable violencia y barbarie, y obtienen su financiamiento de actividades ilícitas relacionadas con la Delincuencia Organizada Transnacional.

10. Expresaron su preocupación que organizaciones que cometen actos terroristas como el autodenominado Ejército de Liberación Nacional -ELN-, puedan ampararse en situaciones de debilidad institucional, conflicto interno u otros similares, como por ejemplo en Venezuela, para potenciar actos terroristas y actividades delictivas en la región.

11. Reafirmaron su compromiso de fortalecer la cooperación contra los delitos transnacionales y el terrorismo, mejorando la coordinación estatal para responder a la amenaza del terrorismo en todos los espacios (físicos y digital).

12. Coincidieron en la necesidad de promover e implementar las iniciativas hemisféricas de lucha contra el terrorismo, de forma tal que permitan una adecuada articulación regional para combatir el accionar de las organizaciones terroristas transnacionales.

13. Destacaron la importancia de incrementar la cooperación internacional y el fortalecimiento de escenarios de articulación regional, principalmente en el marco del Comité Interamericano Contra el Terrorismo (CICTE), en materia de capacitación, intercambio de información e inteligencia, así como la cooperación internacional en materia judicial, la extradición y la implementación de alertas de viaje.

14. Incentivaron a los gobiernos de la región a usar las herramientas y capacidades de la Organización Internacional de Policía Criminal INTERPOL, incluido el sistema seguro de comunicación global I-24/7 y las notificaciones y difusiones, para prevenir y afectar el movimiento de terroristas, y reprimir el financiamiento del terrorismo, como lo indican las resoluciones de las Naciones Unidas 2178 (2014), 2396 (2017) y 2462 (2019). Así mismo, expresaron su voluntad de fortalecer la Comunidad de Policías de América – AMERIPOL, como un mecanismo regional efectivo para combatir el asocio del terrorismo con el crimen transnacional organizado.

15. Expresaron su compromiso para participar y utilizar, en el marco de la Organización de los Estados Americanos / Comité Interamericano Contra el Terrorismo OEA / CICTE, la nueva Red Interamericana contra el Terrorismo, que fue propuesta en la Reunión Preparatoria de Santiago de Chile y convenida por los Estados en la II Conferencia contra el terrorismo en Buenos Aires, la cual está abierta las 24 horas, los 7 días de la semana, con el fin de facilitar el intercambio oportuno de información para responder de manera más efectiva a las amenazas terroristas.

16. Notaron que prácticas tales como participar en la Red Interamericana contra el Terrorismo 24/7, está entre las herramientas más efectivas de que disponen los Estados para detectar y prevenir viajes de terroristas y otras amenazas, conforme la Resolución 2396 (2017) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y otros compromisos internacionales.

17. Resaltaron la importancia de prevenir, combatir, contrarrestar y reprimir el uso con fines terroristas del internet, de las nuevas tecnologías, las plataformas virtuales FINTECH, las redes sociales y de activos virtuales, como medio para la planificación, la radicalización, el reclutamiento de personas, la recaudación de fondos y el financiamiento; al tiempo que se toman medidas para mantener un internet abierto, libre y un ciberespacio seguro, con respeto pleno a la privacidad y la libertad de expresión.

18. Reafirmaron su compromiso en redoblar los esfuerzos para combatir las fuentes de financiación del terrorismo, incluyendo aquellas que resultan del lavado de activos.

19. Resaltaron la necesidad de seguir fortaleciendo sus marcos legales nacionales para implementar sanciones financieras y otras medidas efectivas para congelar los activos vinculados a organizaciones terroristas; y evitar que los Grupos Armados Organizados y Grupos Delictivos Organizados Transnacionales utilicen los sistemas financieros y/o económicos para dar apariencia de legalidad u ocultar el origen ilícito de esos activos.

20. Renovaron su compromiso para fortalecer sus unidades de inteligencia financiera a efectos de crear espacios regionales de cooperación, con el fin de ubicar, rastrear, recuperar e incautar los activos de las organizaciones criminales en sus jurisdicciones.

21. Ratificaron su compromiso de fortalecer sus capacidades en materia de control de fronteras, equipos conjuntos de investigación, inteligencia, incluida la inteligencia financiera, transporte transfronterizo de efectivo y valores negociables, para luchar contra el terrorismo, el crimen organizado y sus medios de financiación; así como prevenir el flujo de combatientes terroristas extranjeros retornados en la región.

22. Subrayaron las acciones que a nivel de los mecanismos bilaterales están disponibles para las autoridades de los Estados, de conformidad con las resoluciones de las organizaciones internacionales. En este sentido, apoyaron experiencias exitosas entre países y organizaciones internacionales, que fomentan nuevas formas de cooperación.

23. Reafirmaron el convencimiento de que los esfuerzos de los Estados en la lucha contra el terrorismo y su financiamiento, tanto en el ámbito de las respuestas individuales como colectivas, deben realizarse en el marco del Estado de Derecho y la legislación nacional, el respeto a los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, de conformidad con el Derecho Internacional vigente.

24. La Delegación del Perú anunció su ofrecimiento para ser sede de la IV Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo.

Bogotá, DC. 20 de enero de 2020
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lunes, 29 de julio de 2019

Hezbollah ha extendido sus operaciones en América Latina bajo el manto de la impunidad

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La lucha contra el terrorismo islámico es un asunto que no ha sido considerado como prioritario en América Latina a pesar de que su presencia ha sido avistada en varias oportunidades, y en muchos países, las autoridades han documentado su incursión de manera fehaciente. Joseph Humire, experto en contraterrorismo y director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura (SFS), cree que luego de que Argentina designó a Hezbollah como grupo terrorista, otros países de Latinoamérica podrían hacer lo mismo, lo cual permitiría incrementar la lista de 58 naciones que actualmente luchan contra el terrorismo islámico. 

Durante el foro "Mejorando la cooperación contraterrorista tras una tragedia", celebrado en el Senado de los Estados Unidos, organizado por (SFS) en la conmemoración del 25 aniversario por el atentado terrorista contra la AMIA, Humire presentó a varios ponentes que explicaron los avances que se han dado en la lucha contra el terrorismo en el hemisferio.


Entre los principales oradores estuvieron presentes el senador (R) Ted Cruz, Director General Adjunto del Departamento de Justicia, John P. Cronan y el diputado al Congreso de Argentina, Luis Petri, entre otros.

Humire destacó que buena parte de los países latinoamericanos no han registrado a Hezbollah como una organización terrorista, a pesar de la amenaza que representa para la región.

El grupo chiíta ha estado vinculado a varias actividades ilegales en Latinoamérica para generar fondos que financien actividades terroristas en el Medio Oriente.

Estados Unidos y la Unión Europea y ahora Argentina han considerado al grupo chiíta del Líbano, Hezbollah, como una organización terrorista.

El gobierno estadounidense también designó a Irán como el principal partidario de Hezbollah, como estado patrocinador de terrorismo.

Humire dijo que la lucha contra el terrorismo no es un asunto únicamente de los Estados Unidos, la Unión Europea o el Medio Oriente, sino que el ataque a la Asociación Mutual Argentino-Israelí (AMIA) en 1994 y a la embajada de Israel en Argentina (1992), demostraron que la pelea es también contra los latinos.


"Estos eventos cambiaron las conversaciones de contraterrorismo en América Latina", acotó el experto.

— Por mucho tiempo —admitió— Latinoamérica se quedó atrás en la lucha contra el terrorismo porque no lo vio como un problema netamente de la región sino un problema del Medio Oriente, Europa, Estados Unidos, pero lo ocurrido en 1994 con la AMIA y la explosión de la embajada de Israel en 1992, demostró que es un asunto que incluye toda la región.

Humire cree que a la lista de 58 países que a nivel mundial que ya tienen designado a Hezbollah como grupo terrorista se unirán algunas naciones latinoamericanas, que permitirán que sean entre 68 o 78 naciones que puedan luchar en conjunto contra el terrorismo. “Ahora se podrá realizar una conversación sobre terrorismo en nuestro vecindario, ya que si los grupos están operando en América Latina, significa que también están operando en Estados Unidos”.

"Esperamos que este sea un punto de inflexión para muchos países latinoamericanos", acotó.

"La mayoría de los latinoamericanos no ven el terrorismo islamista como una amenaza importante en su región y se ha ejercido poca presión pública sobre el establecimiento, la reforma o la mejora de las leyes antiterroristas débiles o inexistentes en toda la región. Como consecuencia, Hezbollah y otras redes islámicas se han extendido en Sudamérica con impunidad”, advierte.

Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, Venezuela ha proporcionado un "entorno permisivo" que ha permitido que Hezbollah prospere en la región.

El año pasado, Michael Braun, un exjefe de operaciones de la DEA, dijo a los legisladores estadounidenses que Hezbollah está generando cientos de millones a partir de un "plan de lavado de dinero con cocaína" en América Latina que "proporciona una fuente de financiación interminable" para sus operaciones terroristas en Siria y en otra parte.


Argentina pasó a ser el primer país de la región en reconocer a Hezbollah como una organización terrorista. En el marco de la conmemoración del 25° aniversario del atentado terrorista de la AMIA, el presidente de esa nación, Mauricio Macri, anunció la creación de un registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento, en el que se incluyó Hezbollah.

El diputado del Congreso de la República de Argentina, Luis Petri, participó en el foro organizado por SFS y en su exposición dijo que la medida de calificar a Hezbollah como grupo terrorista es una de las tantas que ha tomado la administración del presidente Macri.


Petri aseguró que entre las medidas a adoptar podría considerarse el aumento de los controles fronterizos para impedir que extranjeros con grandes prontuarios con pedidos de captura internacional, puedan ingresar a la República Argentina, además de la inclusión de dominio, el arrepentimiento o técnicas especiales. “Según la investigación también se aplican a causas vinculadas con el terrorismo y este registro es transcendental para congelar los activos de las organizaciones y de las personas, además de impedir su ingreso, y creemos que en este momento esta medida debe ser replicada por los países de la región”.

El parlamentario describió la historia de los hechos terroristas en la AMIA, y recordó el memorando firmado por la expresidenta, Cristina Fernández, con Irán, que fue catalogado como inconstitucional por toda la dirigencia política de oposición argentina y fue llevado a la justicia por la DAYA y la AMIA y se logró que así se declarara, más allá de que había sido aprobado por el congreso argentino en una lastimosa sesión un mes después de haber sido firmado por Irán,  donde nunca ese país ratificó ese memorando porque lo único que buscaba era la desaparición de las alertas rojas en Interpol.

Petri sostuvo que "Argentina considera a EE UU como un aliado estratégico en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, el terrorismo internacional y el lavado de dinero. Somos agradecidos de todo su apoyo para derrotarlos".

"Ya nada será igual, nosotros no seremos iguales, tenemos la obligación de ser mejores, para garantizar la paz de las generaciones futuras para que no vivan el horror, la sangre, la violencia racial y religiosa que le tocó vivir a nuestra generación", destacó Petri.

miércoles, 27 de febrero de 2019

II PARTE: Teniente desertor de la Fuerzas Armada Bolivariana denuncia: Hezbollah presente en el Arco Minero

Por Maibort Petit
@maibortpetit


Hay células del grupo terrorista Hezbollah en Venezuela. Están presente en la zona del Arco Minero del Orinoco (AMO) ubicado al sur del río Orinoco, en la parte norte del estado Bolívar. Según el testimonio del Teniente (desertor) Daniel Archer Chirinos los grupos actúan en componenda con miembros de las fuerzas armadas y de guerrilleros colombianos. He aquí la segunda parte de su testimonio.
En una extensa conversación que sostuve con el ex militar, quien huyó de Venezuela y se encuentra escondido en algún lugar de Colombia, este nos contó cómo funcionan las mafias en el Arco Minero. 

Empresas ficticias

En relación al contrabando de los minerales por parte de grupos aliados al gobierno y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana o FANB​​​, Archer dijo que creaban empresas ficticias "como el Arco Minero para negociar con células terrorista como Hezbollah". Sostuvo que "le venden coltán y todo tipo de minerales estratégicos".  

El oficial comentó que esas asociaciones tienen emplazamientos en Amazonas, en San Juan de Manapiare, un pueblo ubicado al sur de ese estado y en Atabapo, "donde ellos extraen la cantidad de minerales que les da la gana".

_Yo lo ví. Nadie me contó. Cuando estaba con el comandante de seguridad de la Base Territorial de Yapacana presencié un encontronazo que tuvo la guerrilla con un grupo de venezolanos  que estaban extrayendo coltán. A uno lo desaparecieron y a otro lo expulsaron de ese territorio, acotó el militar quien se declaró a favor de la presidencia interina de Juan Guaidó.


Archer Chirinos sostuvo que hay una asociación entre el Ejército venezolano y los grupos guerrilleros colombianos que normalmente permiten que se ejecuten la actividad minera de forma irregular, especialmente con el oro que es el más comercializado en la zona.

Dice que en el estado Amazonas todo se comercializa en oro incluyendo el pago de sobornos a funcionarios públicos.

Aseguró que supuestamente hay extracción de uranio regularmente para lo cual "han llevado maquinarias en grandes barcos y han hecho instalaciones allá, para extraer los minerales que únicamente los explotan ellos. Ya te podrás imaginar para qué lo utilizan", acotó.

Dijo que la economía de Puerto Ayacucho por ejemplo se mueve en base al oro. "Si cae preso un malandro que mató cinco personas, el fiscal le dice son 300 gramos y te quedas libre".

Comentó que entre los que participan en la mafia hay funcionarios del CICPC, el Seniat [que maneja una alcabala antes de llegar a la población de San Fernando de Atabapo], igual ocurre en el punto de control de la Guardia Nacional en  la zona. Asegura que todos los organismo "comen de allí porque todos son parte de ese sistema".

Gobernador de Amazonas y la mafia del oro

Archer Chirinos afirmó que el gobernador de Amazonas y viepresidente del PSUV,  Miguel L. Rodríguez "utiliza recursos del estado para comprar maquinarias en Colombia y se las lleva al Amazonas para sacar oro". 

Dice que "hay mil y una forma de ejecutar actividades de contrabando y todos los políticos que tienen algún cargo en el gobierno, utilizan su investidura y su uniforme para adquirir bienes para explotar y  ejercer la minería ilegal".

El militar sostuvo que países como China, naciones árabes apoyan y participan en estos negocios. "Los gobiernos que apoyan al régimen China, una células rusas, cubanos" forman parte de ese sistema irregular.

Hezbollah en el Arco Minero

En relación a Hezbollah y grupos del terrorismo islámico que supuestamente actúan en la zona, Archer dice que "ellos son un poco más cerrados, sólo tienen relación con ciertos funcionarios importantes del alto gobierno y en la medida de lo posible ejecutan sus actividades de manera legal pero igual utilizan los recursos de la manera que todos saben los utilizan".

_Nadie me va a decir que esos árabes que extraen uranio con el arco minero no usan ese uranio para hacer plantas de producción  de energía nuclear. O por qué extraen mercurio rojo, coltán, hierro. Ahora están comprando chatarra (porque en Europa ya no hay) para construir armamentos, para ampliar su arsenal, para la construcción de armas".

Continuará en la tercera entrega de la entrevista...





viernes, 28 de septiembre de 2018

Senadores de E.E. U.U. piden declarar al Régimen de Maduro como Estado patrocinador del terrorismo

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Un grupo de senadores estadounidenses pidieron al secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeyo designar el régimen de Nicolás Maduro como un Estado patrocinador del terrorismo, en una carta entregada el 26 de septiembre de 2018.


Los senadores Marco Rubio, John Cornyn y Cory Gardner alegan que existirían vínculos del gobierno de Maduro con organizaciones terroristas internacionales como las FARC, el ELN, ETA y Hezbollah para lo cual citan el último informe del Departamento de Estado sobre el terrorismo. 


"Patrocinadores estatales del terrorismo" es una designación aplicada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos a los países que -según esa instancia- han "apoyado en repetidas ocasiones por actos de terrorismo internacional" La inclusión en la lista impone estrictas sanciones unilaterales.

Los países actualmente en la lista de "Patrocinadores estatales del terrorismo" son Irán, Corea del Norte, Sudán y Siria.


Los senadores estadounidenses argumentan que el régimen de Maduro no tomó medidas contra altos funcionarios del gobierno venezolano que están en la lista de las sanciones de Estados Unidos por ayudar a las actividades de tráfico de narcóticos del grupo terrorista FARC, una organización que hace más de cincuenta años libró una guerra de guerrillas contra el pueblo colombiano y alimentó sus actividades terroristas mediante el tráfico de armas y drogas.

Aseguran que no es una sorpresa que Maduro ayude a los terroristas y ponen, entre otros ejemplos, las vinculaciones del ex vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami con el grupo terrorista del Medio Oriente Hezbollah y quien fue declarado narcotraficante por el Departamento del Tesoro. Asimismo, reseñan que los sobrinos de Maduro fueron juzgados por delitos de narcotráfico en los Estados Unidos.

El Departamento de Estado debe mantener la lista según la sección 6 (j) de la Ley de Administración de Exportaciones, la sección 40 de la Ley de Control de Exportación de Armas y la sección 620A de la Ley de Asistencia Extranjera. 



martes, 4 de octubre de 2011

Cuba, Venezuela y Hezbollah: Una alianza secreta negada por los gobiernos

Por Maibort Petit

Las consecuencias que trae consigo ser aliado del grupo terrorista Hezbollah y estar a pocas millas de los Estados Unidos son cuantiosas. De acuerdo a varias investigaciones, el movimiento libanés Hezbollah tiene bases en Venezuela y Cuba a pesar que los regimenes de Hugo Chávez y Fidel Castro lo niegan. Las últimas informaciones señalan que el llamado Hizb Allah o partido de Dios” ha penetrado America Latina para lo cual cuenta con las facilidades que le ha otorgado Cuba y Venezuela.



El centro de operaciones de la organización libanesa chií fue establecido en Cuba, punto geográfico altamente conveniente para los objetivos que persiguen el grupo terrorista. Según el periódico italiano, Corriere Della Sera, el nuevo centro le permitirá a Hezbollah la ejecución de un atentado contra objetivos israelíes en Sudamérica. Meses atrás ,se denuncio la presencia de células terroristas de esta misma agrupación en la Isla de Margarita, en Venezuela.


Según el informe, “tres miembros de Hezbollah ya han arribado a Cuba para establecerse en la isla. La célula incluiría a 23 operativos, elegidos por Talal Hamia, un alto miembro de la organización terrorista chií encargado de la cobertura de la operación”. Desde Israel la prensa señala que el plan del grupo tiene como objetivo vengar la muerte del cabecilla del grupo Imad Mughnyeh., quien es acusado de ser el presunto responsable de numerosos ataques terroristas –entre ellos contra la embajada de Israel y el centro comunitario judío AMIA en Buenos Aires, en 1992 y 1994, respectivamente. Mugghnyet murió en el 2008, cuando salía de la embajada de Irán en Damasco.


La denuncia señala que la operación denominada "El caso caribeño" cuenta con un presupuesto de un millón y medio de dólares. El informe asegura que “la base de operaciones en la isla de Cuba ha sido concebida con propósitos logísticos, incluyendo la recolección de inteligencia, el armado de redes y la falsificación de documentos”.


Son varias las investigaciones y denuncias que señalan que Hezbollah mantienen operaciones y presencia activa en Sudamérica, principalmente en Brasil, Paraguay y Venezuela y que cuenta con la ayuda de los gobiernos aliados a la causa.


Una vez que se dio a conocer la denuncia, el régimen de Cuba, a través del Diario oficialista Granma “negó que Cuba sirva de centro de operaciones de Hezbollah”. En el periódico cubano se acusa a la precandidata presidencial republicana, Michele Bachmann de mentirosa y de “mantener un odio visceral contra los movimientos y países revolucionarios”.


Granma sostiene que Bachmann hizo suya una versión sobre la supuesta base de Hezbollah en Cuba difundida por el Corriere Della Sera. Como quiera que el gobierno cubano se atreva a negar la presencia de los terroristas que ya están presente en los países del eje anti occidente aliados a la dictadura castrista, vale destacar que en los actuales momentos las células terroristas de Hezbollah y Hamas están estratégicamente ubicadas en la región y desde el 2007 dieron inicio a los planes de recaudación de fondos para su causa, contando con el apoyo de los gobiernos de los países que los albergan. Varias denuncias sostienen que funcionarios de Venezuela han entregado documentos de identidad a los miembros de las organizaciones y le han servido de soporte para la penetración en la región, también debe tomarse en cuenta que el régimen de Hugo Chávez le entregó a Cuba el sistema de identificación y extranjería, con lo cual se le facilitan los tramites de cedulación a los miembros de Hezbollah, del Hamas y de otros grupos afectos al movimiento de izquierda. Mientras tanto, Occidente duerme feliz la siesta…