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sábado, 23 de mayo de 2020

Planta de Asfalto Francisco de Miranda: Un claro ejemplo de cómo el chavismo ha anulado a gobernantes opositores

  Un punto de cuenta remitido por el entonces presidente de PDVSA Servicios a Rafael Ramírez (presidente de PDVSA para la época), dejó sentado que para el chavismo es inadmisible que un gobernante de la oposición pueda mantener el control de activos, por lo que ideó un subterfugio legal para despojarlo del mismo.

Por Maibort Petit
@maibortpetit 

   Desde su llegada al poder, Hugo Chávez demostró su intolerancia hacia todo lo que se le enfrentara, contradijera o representara una amenaza a la hegemonía de su pensamiento, ideología. Toda acción distinta a la de sus postulados, simplemente había que eliminarla. Fue así cómo instituyó como política la anulación de los gobernadores, alcaldes o representantes legislativos contrarios al chavismo, a través de la creación de instancias paralelas que terminaban usurpando las gestiones de los dirigentes opositores electos por votación popular. Manipular la norma fue también un mecanismo para cumplir este cometido.

   Tal es el caso que presentamos a continuación, el cual ejemplifica el tipo de prácticas de sabotaje implementadas por el chavismo —y que se mantiene en la gestión de Nicolás Maduro— en contra de la dirigencia de oposición. Se trata de un punto de cuenta firmado por Jesús Figueroa, presidente de PDVSA Servicios para la fecha —2008 y 2009— el cual se envió a la presidencia de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), con el objetivo de arrebatar alguna de las atribuciones de Henrique Capriles como gobernador de Miranda por aquellos años. El la trama tuvo participación estelarísima Diosdado Cabello Rondón, quien para el momento ejercía como ministro de Infraestructura y venía de ser derrotado por Capriles en los comicios regionales. En 2008 se le había dado en comodato el activo a que aquí hacemos referencia, estando al frente de la referida gobernación, pero ahora despojado el oficialismo por la voluntad suprema del pueblo de esa instancia de gobierno, era necesario revertir la acción y dejar a su sucesor sin el control de este importante activo. Sin duda alguna, la venganza perfecta.

  Fue así como a través de un subterfugio legal, se buscó despojar a la gobernación de Miranda en manos de Capriles, de su potestad sobre la Planta de Asfalto “Generalísimo Francisco de Miranda”, en virtud de que había sido entregada en comodato por 30 años a la Corporación de Servicios de la Gobernación del Estado Miranda cuando Cabello estaba a cargo de ese despacho de del Poder Ejecutivo regional.

   El punto de cuenta revela que para la dirigencia chavista resultaba inadmisible que un gobernador de la oposición pudiera manejar tales recursos y por ello, maquinaron y manipularon la norma para traspasar el activo al Ministerio de Infraestructura (MINFRA).

El punto de cuenta

  El 13 de febrero de 2009, desde la Gerencia de Asistencia a la Presidencia de Petróleos de Venezuela S.A. se remitió al entonces presidente de PDVSA Servicios, Jesús Figueroa, el Punto de Cuenta firmado y aprobado por quien para la fecha fungía como ministro del poder popular para la Energía y Petróleo, Rafael Ramírez.

  Copia del punto de cuenta, denominado “Situación actual de la Planta de Asfalto Generalísimo Francisco de Miranda, estado Miranda” también se envió a Armando Giraud, consultor jurídico, y a José Luis Parada, director ejecutivo de producción.

   En fecha previa, a saber, el 5 de febrero de 2009, Jesús Figueroa había enviado al ministro y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, el citado punto de cuenta distinguido con el código GPPG-PS-2009-4.

   Se exponía que el 1º de octubre de 2008 había sido entregada en comodato a PDVSA Servicios S.A. por parte de la Corporación de Servicios y Mantenimiento del estado Miranda S.A., la Planta de Asfalto “Generalísimo Francisco de Miranda”.

  Se informa que desde diciembre de 2008 la milicia bolivariana se encargó de la seguridad de la planta. Igualmente, se indica que Jesús Figueroa y Marcos Reyes, gerente general de servicios técnicos se reunieron con el personal y se dio a conocer que el segundo se encargaría desde ese momento de la Planta de Asfalto Generalísimo Francisco de Miranda.

  También en diciembre se sincronizaron esfuerzos entre las gerencias de Seguridad Industrial y la de Ambiente e Higiene Ocupacional, la de Contratación, Recursos Humanos y Finanzas, para llevar a cabo una “inspección minuciosa” de la planta con el objetivo de constatar que todos los equipos contemplados en el documento de comodato, se encontraran físicamente en el estacionamiento de la misma. Se propusieron recopilar información sobre los procesos de facturación, pago a proveedores y contratación, los cuales son responsabilidad de PDVSA Servicios

  Luego de exponer estos antecedentes, el punto de cuenta da a conocer la situación a la fecha de su presentación, refiriéndose que el 14 de enero de 2009 tuvo lugar una reunión con el director general de la Corporación de Servicios y la consultora jurídica de la Gobernación de Miranda, donde se informó que, sobre el comodato y el estado de planta, manifestando su desconocimiento sobre el mismo.

  El 16 de enero de 2009, la planta de asfalto fue asaltada por trabajadores de la Corporación de Servicios de la Gobernación de Miranda apoyados por policías de esa entidad y sacaron 6 camiones y un Payloader, los cuales fueron recuperados después. Se especifica que el gerente de operaciones de la Corporación se Servicios, Jesús Novoa, se opuso a la entrega, por lo que hubo que denunciar el hecho ante el CICPC.

  El 17 de enero de 2009, se indica que el gerente de cooperativo de PCP, Rafael Reiter, informó por vía telefónica que se debía entregar formalmente la planta al personal del MINFRA. Diez días después, el 27 de enero, fue cuando el ministro de Infraestructura, Diosdado Cabello, designó a Néstor Palma para recibir la planta.

   Palma se comprometió poner la planta en producción para el 2 de febrero de 2020, pero manifestó que PDVSA Servicios debía encargarse de los gastos, tal como venía sucediendo hasta ese entonces. Palma fue advertido por Marcos Reyes de PDVSA Servicios de que, si el MINFRA asumía el control de la planta, también debía asumir los gastos. Palma dijo que debía tratarse el asunto a otro nivel pues no estaba en capacidad de decidir al respecto.

  Jesús Figueroa refiere que el 28 de enero de 2009, Palma se comprometió durante una reunión habida en el MINFRA a revisar un borrador del Acta de Entrega de la planta de Asfalto que se le entregó en ese encuentro.

  Posteriormente, el 3 de febrero de 2009, Palma le informó a Jesús Figueroa que el documento de entendimiento para operar la planta de asfalto no estaba listo y que sería el ministro Diosdado Cabello, quien firmaría el mismo, lo cual, a la fecha de la remisión del punto de cuenta, no había sucedido.

  En tal sentido, sustentados en la cláusula quinta del comodato entre PDVSA Servicios y la Corporación de Servicios y Mantenimiento del Estado Miranda que establece el compromiso del comodatario (PDVSA Servicios) a utilizar los bienes objeto del contrato preferentemente para el cumplimiento del objeto señalado en la cláusula tercera y agrega que “La cesión por parte del comodatario o cualquier otra filial de Petróleos de Venezuela S.A. a terceros, requerirá de la previa autorización del comodante (Gobernación de Miranda)”.

  Resultaba inadmisible para Jesús Figueroa que PDVSA Servicios tuviera que solicitar autorización a la Gobernación de Miranda que para ese momento se encontraba en manos de la oposición, para poder transferir la Planta de Asfalto “Generalísimo Francisco de Miranda” al MINFRA.

  En el punto de cuenta se propuso, entonces, “negociar y suscribir un acuerdo de servicios con el MIFRA” para que este operara y produjera el asfalto, pero PDVSA Servicios S.A. siguiera manteniendo el control administrativo de la planta de asfalto.

Informe de actividades en la Planta de Asfalto

  Marcos Reyes, gerente general de servicios técnicos de PDVSA Servicios, elaboró el que denominó “Informe de actividades realizadas en la Planta de Asfalto ‘Generalísimo Francisco de Miranda’”, en el expuso la situación de la referida planta en el periodo comprendido entre el 4 de diciembre de 2008 y el 3 de febrero de 2009.

  El documento da cuenta de una serie de eventos ocurridos en distintas fechas, algunos referidos a procedimientos rutinarios, otros que tenían que ver con deudas con el personal de la planta, la delegación de la seguridad de las instalaciones en la milicia bolivariana, la designación de Marcos Reyes como responsable de la planta, inventarios y revisión de los procesos de facturación, pago de proveedores y contratación que eran responsabilidad de PDVSA Servicios.

  Ante el hecho de que el 13 de enero de 2009, Marcos Reyes recibió la vita del administrador del MINFRA, Héctor Paiva, y de la coordinadora de bienes y raíces, Margarita González, quienes informaron que en el estacionamiento de la planta estaban unos equipos pertenecientes a dicho ministerio, se les demostró con documentos que la Corporación de Servicios de la gobernación de Miranda había cedido en comodato por 30 años tales equipos a PDVSA Servicios. La explicación satisfizo a Paiva y a González.

  El 14 de enero de 2009, el director general de la Corporación de Servicios de la Gobernación de Miranda, Freddy Álvarez, y la consultora jurídica de la misma, se reunieron con Marco Reyes y se les informó la situación de la planta de asfalto para le fecha, así como del comodato por 30 años firmado el 1 de octubre de 2008 entre dicha Corporación mirandina y PDVSA Servicios. Los representantes de la gobernación de Miranda manifestaron desconocer la firma de dicho comodato y se acordó entregarles una copia del contrato el 19 de enero de 2009. Se indica en el informe que en la misma fecha (14-1-2009), Marcos Reyes acudió a la sede del MINFRA para informar al director general del organismo, acerca de la responsabilidad que había sido transferida a PDVSA Servicios, pero no fue atendido ni ese día ni otra antes de la redacción del informe.

  Se da cuenta de que el 16 de enero de 2009, la planta de asfalto fue asaltada por trabajadores de la Corporación de Servicios del Estado Miranda acompañados por policías de dicha entidad y lograron sacar 6 camiones y un Payloader, los cuales posteriormente fueron recuperados. Igualmente se informa que, durante el proceso de recuperación de los vehículos, se pudo comprobar que en el Campamento Ochoa había otros tres vehículos pertenecientes a la planta de asfalto que, hasta el momento de la redacción del informe no habían podido ser recuperados.

   Desde el 16 de enero de 2009 se asignó un puesto de seguridad de la Guardia Nacional en la planta de asfalto Generalísimo Francisco de Miranda.

  El 17 de enero de 2009, Marcos Reyes fue informado vía telefónica por Rafael Reiter, gerente de Cooperativo PCP, que debía entregar formalmente la planta de asfalto al personal del MINFRA, lo cual dio a conocer al presidente de PDVSA Servicios, Jesús Figueroa, quien manifestó desconocer tal decisión. Indica que Nelson Palma, director general de vialidad del Ministerio de Infraestructura le dijo que el ministro Diosdado Cabello había instruido que se debía poner en producción la planta para día de transmisión del programa Aló Presidente. Figueroa, posteriormente le refirió a Reyes que Ricardo Coronado le había ordenado hacer entrega de la planta al MINFRA.

  Se narra cómo se intentó poner la planta en producción, lo cual se hizo luego de varios intentos infructuosos el día 18 de enero de 2009. Sin embargo, el programa Aló Presidente fue suspendido. La planta fue apagada.

   Luego de narrar una serie de hechos operativos y de diligencias para hacer funcionar la planta de asfalto, el informe Marcos reyes llega a los hechos del 26 de enero de 2009, cuando refiere que el personal de PCP les negó el acceso a la planta de asfalto. Advierte que desde que se encontraba al frente de la planta, ningún funcionario del MINFRA se acercó a las instalaciones ni fue informado acerca de quién sería la persona a la que debía hacer entrega de la empresa. Esto se conoció finalmente el 27 de enero de 2009, cuando Néstor Palma, director general de vialidad del MINFRA, le informó a Reyes que él sería la persona designada por Cabello para recibir la planta. En una reunión sostenida en la sede del MINFRA se acordaron los términos de la entrega. Allí Palma dijo que según se le había informado, PDVSA Servicios asumiría los gastos generados por la planta, a lo que Marcos Reyes advirtió que estos debían correr por cuenta del MINFRA. Palma dijo que esto debía plantearse a otro nivel porque él carecía del nivel de autoridad para decidir al respecto.
   En lo relativo a la deuda con los trabajadores, el 28 de enero de 2009, se acordó que la empresa Pulsar, se encargaría de efectuar el pago del personal el día 30 de enero de 2009. En dicha fecha se pagaron los meses de diciembre 2008 y enero 2009, así como el Bono Vacacional. En una semana se pagaría los Cesta Tickets correspondientes a los mismos meses.

  Por otra parte, Marcos Reyes entregaría a Nelson Palma un borrador del Acta de Entrega de la Planta de Asfalto elaborado por la consultoría jurídica de PDVSA Servicios, a objeto de que lo revisara e hiciera las observaciones pertinentes, de manera de llegar a un acuerdo final satisfactorio para ambas partes.

  El 3 de febrero de 2009, Néstor Palma informó a Marcos Reyes que el documento de entendimiento para operar la planta de asfalto, aún no estaba listo y que, finalmente, sería Diosdado Cabello quien lo firmaría.

El Convenio

 El Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura, representado por el ministro de ese despacho, Diosdado Cabello Rondón, y PDVSA Servicios S.A., representada por su presidente para la fecha, Jesús Figueroa, convinieron celebrar un Convenio de Cooperación Interinstitucional que tenía por objeto “establecer las condiciones generales de coordinación, gestión, supervisión así como la determinación de los lineamientos y parámetros que se deriven de la operatividad de la Planta de Asfalto y demás bienes conexos, ubicada en la Zona Industrial de Santa Lucía, sector Epifanía, Municipio Paz Castillo del Estado Bolivariano de Miranda, conjuntamente con una flota de unidades, maquinaria pesada y equipos para la producción, transporte y colocación de asfalto, destinados a la ejecución de obras  de  interés social  en  materia de vialidad, las  cuales incluyen Planes de Asfaltado y Planes de Bacheo, que permitirán atender la problemática de deterioro vial que sufren las principales arterias viales, avenidas y calles del Distrito Capital y del Estado Bolivariano de Miranda. La Posesión de la Infraestructura Física y demás bienes muebles e inmuebles integrantes de la Planta de Asfalto, descritos detalladamente en inventario anexo marcado con la letra ‘A‘, y el cual forma parte del presente documento, corresponde actualmente a ‘PDVSA’, de conformidad con documento de Comodato, suscrito entre la Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda y la sociedad mercantil PDVSA SERVICIOS, S.A., en fecha 01 de octubre de 2008”.

  Destaca en la cláusula segunda del convenio, “La gestión, planificación, desarrollo, supervisión y ejecución de las actividades requeridas para la operatividad de la Planta de Asfalto objeto del presente Convenio, será efectuada de manera coordinada entre ‘El Ministerio’, a través de la Dirección General de Vialidad y ‘PDVSA’; y estará orientada a la búsqueda de la autosustentabilidad de la planta, así como al logro de los fines y objetivos propuestos en beneficio de la comunidad, permitiendo responder a las necesidades prioritarias de las mismas en materia vial, garantizándose  con la activación de la Planta de Asfalto la generación de empleos directos e indirectos permitiendo la reactivación económica de la región y el consecuente desarrollo social, incluyendo además la transferencia parcial a los Consejos Comunales de la zona el manejo, uso y destino de los productos elaborados en la Planta de Asfalto”.

  Entre otros aspectos relativos a la operatividad de la planta de asfalto, en la cláusula quinta quedó establecido que “las obligaciones laborales derivadas de la relación de trabajo con el personal señalado en el anexo B (obreros y empleados) de la planta de Asfalto estarán bajo la responsabilidad de ‘El Ministerio’. En caso de que ‘PDVSA’, requiera para cumplir las actividades del presente Convenio, de personal profesional o técnico, será responsable de los servicios prestados por ellos en su nombre, por lo que corre por su cuenta el pago de los gastos, honorarios profesionales, salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y cualquier otra obligación de carácter legal o contractual que corresponda a los trabajadores de conformidad con los Contratos individuales de trabajo, Igualmente ‘El Ministerio’ podrá designar el personal profesional, técnico u obrero, que considere necesario para la operatividad de la Planta, asumiendo los gastos, honorarios profesionales, salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y cualquier otra obligación de carácter legal o contractual que corresponda a los trabajadores de conformidad con los Contratos individuales de trabajo, derivados  de los servicios prestados por ellos en su nombre”.

  Bajo la responsabilidad del MINFRA quedó lo relativo a daños, pérdida o destrucción de las unidades, maquinaria pesada, equipos para la producción de asfalto y bienes o materiales de la planta de asfalto, sin importar cuándo o cómo ocurrió el daño, pérdida o destrucción (Cláusula séptima).

  MINFRA debía tomar todas las previsiones para la seguridad del personal que en cualquier momento se encuentre en los sitios de los trabajos, incluyendo a terceros. También el ministerio debía tomar todas las medidas y precauciones necesarias para la seguridad del personal en las instalaciones de la planta de asfalto, incluyendo el suministro de todo el equipo de protección personal necesario.

  Entretanto, la cláusula novena estipulaba que “Cualquier daño al medio físico ambiental que ‘El Ministerio’ ocasione con el trabajo ejecutado, será de su única y exclusiva responsabilidad; y en consecuencia quedará obligado a recuperar y/o restaurar, a satisfacción de los lineamientos o exigencias que establezca el Ministerio respectivo, el área afectada aplicando las medidas establecidas en la Legislación que rige la materia”.

  La cláusula décima tercera estableció que la seguridad y custodia de la Planta de Asfalto estaría a cargo de la reserva militar, en coordinación con los consejos comunales de la zona, quedando bajo la responsabilidad de ‘El Ministerio’ cualquier erogación derivada de la relación con las partes antes señaladas”.

jueves, 30 de abril de 2020

Documentos confirman que los "negocios" de Juan Carlos Briquet coinciden con las fechas en que el 'empresario' supuestamente recibió coimas de Odebrecht

  Parte de los presuntos fondos irregulares recibidos de constructora brasileña, habrían servido a Briquet para comprar un lujoso apartamento en Madrid.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Una serie de documentos confirman los negocios emprendidos por Juan Carlos Briquet Mármol, un “empresario” ligado a la oposición venezolana —es hermano de Armando Briquet, consultor político y exjefe de campaña de Henrique Capriles Radonski—, el cual figura entre los supuestos beneficiarios de fondos irregulares provenientes de constructora brasileña Odebrecht.
  El nombre de Juan Carlos Briquet Mármol se hizo sonoro a raíz de una publicación de un reportaje en el periódico Estadão de São Paulo[1], que da cuenta de una investigación llevada a cabo por autoridades suizas que reveló que miembros de la oposición venezolana habrían recibido millones de dólares en cuentas ubicadas en paraísos fiscales.

  Además, se indica en la publicación que la investigación determinó que entre los años 2006 y 2013, diferentes campañas electorales de grupos opositores, supuestamente fueron financiadas con recursos ilegales provenientes de la constructora brasileña Odebrecht.

   Precisa la nota que entre las personas que presuntamente habrían recibido los fondos ilegales, se encuentran Rómulo Enrique Lander Fonseca y Juan Carlos Briquet Mármol, este último hermano de Armando Briquet, consultor político y exjefe de campaña de Henrique Capriles Radonski durante las elecciones de abril de 2013. Estas personas, según la publicación brasileña, habrían recibido más de USD 15 millones, según lo revelarían los movimientos bancarios de los aliados del exgobernador de Miranda y excandidato presidencial.

  Dice Estadão de São Paulo que una cuenta abierta el 4 de agosto de 2005 en el HSBC Private Bank, de Suiza, habría sido el vehículo por el cual Lander Fonseca y Briquet Mármol habrían recibido el dinero proveniente de Odebrecht entre el 26 de agosto de 2011 y el 10 de abril de 2013, específicamente, 940 mil euros y USD 3,9 millones.

  Igualmente, a través de empresas de maletín también habrían servido para la recepción de los fondos irregulares de Odebrecht, tal es el caso de Blue Skies Investments registrada en Panamá. Refiere la información que esta firma supuestamente recibió desde Suiza, fondos que sumaron USD 785.000 en dos depósitos efectuados el 24 de octubre de 2012 y el 14 de noviembre del mismo año. La publicación brasileña dice que Lander Fonseca era el beneficiario de la compañía. Hay que hacer la salvedad de que, en la actualidad, en el directorio de Blue Skies Investments INC. no figura González Lander, como puede verse al revisar el portal Open Corporates[2].

  Entretanto, la sociedad Briq Corp, compañía que fue registrada en 1999 en Panamá con el nombre de Briq Corporation Overseas S.A., en la cual Juan Carlos Briquet Mármol es presidente y director, y su esposa Carmen Alicia Armas Santana, figura como secretaria y tesorera, tal como lo informa el portal Panadata[3], habría recibido entre mayo y junio de 2012, pagos de empresas intermediarias de Odebrecht los cuales totalizaron USD 2,6 millones. La publicación brasileña agrega que, para febrero de 2017, la cuenta exhibía de la empresa un saldo de USD 6,5 millones, de acuerdo a lo que determinaron las averiguaciones emprendidas desde Suiza.

  Las fechas de los depósitos coinciden con el tiempo en que Henrique Capriles se enfrentó electoralmente contra Hugo Chávez y, posteriormente, a Nicolás Maduro.

  La información también refiere que Link Worldwide Corp era otra compañía fantasma que integraba, supuestamente, el entramado de corrupción mediante el cual la oposición venezolana obtenía beneficios de manera irregular.

  Open Corporates refiere que Link Worldwide Corp es una empresa registrada en Panamá el 5 de julio de 2005, bajo el número 497035. El agente registrador es Benedetti & Benedetti y la junta directiva está integrada por Rómulo Enrique Lander Fonseca, quien la preside; Solita Fonseca y Margarita Lander Fonseca como directoras; Lara Torbar de Lander, como secretaria; Margarita Lander Fonseca, como tesorera; Gregorio Pinto y Juan Carlos Nuez, como directores[4].

  Lander Fonseca y Briquet Mármol integran también la directiva de la empresa Globalia Investments Corp., sociedad anónima registrada en Panamá bajo el número 576209, el 17 de julio de 2007. Juan Carlos Briquet Mármol es presidente y director; Rómulo Enrique Lander Fonseca funge como secretario y director; Lara Torbar es la tesorera y directora;  Geidy Angulo Salsavilla e Isca Grajales Castillo, son suscriptores[5]. De esta empresa no se habla en la investigación de las autoridades suizas.

  Henrique Capriles ha negado reiteradamente las acusaciones que lo señalan como beneficiario de fondos de la constructora Odebrecht.

Compra de un edificio

  Los documentos en nuestro poder, refieren que Corporación Villa Vergara, empresa madrileña, cuyo administrador único es Carlos González Weil, miembro del clan de los hermanos González Weil, propietarios de Molior Construcciones y Urbanismos S.L.[6], compró un edificio en la Calle Príncipe Vergara 11, el 14 de diciembre de 2012 por 24 millones de euros.
  El inmueble, según un documento de la Corporación Villa Vergara, es un edificio histórico de finales del siglo XX, a saber, Príncipe de Vergara 11, enmarcado dentro del Barrio de Salamanca. Se trata de una edificación protegida por su calidad histórico artística, muy bien conservado y que en la actualidad es catalogado patrimonio histórico de Madrid.

   Agrega este documento que el edificio fue adquirido por un grupo de empresarios venezolanos el 15 de diciembre de 2012, quienes crearon la sociedad Corporación Villa Vergara S.A. con la intención de acondicionarlo y revertirlo a su uso original, es decir, residencial.
  En la negociación participaron Domingo Amaro Rangel, Carlos Sánchez, Joaquín Livinalli, Gerardo García, Carlos Olivero y Juan Carlos Briquet.

  Briquet Mármol pagó 1.849.683 euros a través de Corporación Villa Vergara S.A.[7]
  De dicha cantidad, 650.938 mil euros provinieron de Briq Corporation Overseas S.A, la empresa de que el diario brasileño Estadão de São Paulo informa que integraría el grupo de compañías que recibieron fondos irregulares de Odebrecht, de acuerdo a investigaciones de las autoridades suizas.

   Los restantes 1.198.744,97 euros invertidos por Briquet Mármol, provendrían según refieren nuestras fuentes, de cuentas personales o de sus empresas en España.

Conversión del edificio en propiedad horizontal

    El 16 de diciembre de 2013, ante el Notario José María Mateaos Salgado, se llevó a cabo la protocolización de la escritura de constitución en régimen de propiedad horizontal del edificio ubicado en la Calle Príncipe de Vergara, número 11 del Barrio Salamanca.
   Comparecieron ante el notario, Carlos Miguel González Weil como Administrador Único de Corporación Villa Vergara S.A., propietaria del inmueble Urbana. Casa en Madrid y su Calle Príncipe de Vergara, Número 11, Barrio de Salamanca, manzana 269 del ensanche.

  Tal inmueble le pertenece por haberlo comprado a la Asociación Mutualista de la Ingeniería Civil, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija (AMIC), según escritura otorgada el 14 de diciembre de 2012, ante el notario de Madrid, Augusto Gómez-Martinho Cruz, bajo el número 2.829 de orden de protocolo. Inscrita en el Registro de la Propiedad número Uno de Madrid, al folio 123 del Libro 3.035 del archivo de la finca 3.972, inscripción 13ª.

  Se describen cada una de las áreas del inmueble y se declara que el valor de la edificación es de 24 millones de euros.

 Seguidamente, se indica que todas las fincas independientes descritas integrarán una comunidad de propiedad horizontal.
  Se advierte que las viviendas que conforman el inmueble únicamente se destinarán a tal fin.
  Juan Carlos Briquet,a través de Inmuebles Briq S.L. adquirió la propiedad identificada con el número P2-A.
  De acuerdo a un documento de Corporación Vergara, esta propiedad está ubicada en el segundo piso y tiene una superficie construida de 237,60 metros cuadrados.

Sobre Inmuebles Briq S.L.

   La Sociedad Mercantil de Responsabilidad Limitada, Inmuebles Briq S.L., fue registrada ante la Notaría de José María Mateos Salgado en Madrid, el 9 de mayo de 2014, bajo el número 2007.

  Ante dicho notario acudió Juan Carlos Briquet Mármol, venezolano, mayor de edad, casado con Carmen Alicia Armas Santana, domiciliado en la Avenida 4 de Las Magnolias, Quinta número 4, Los Chorros, Caracas, Venezuela, titular del pasaporte Nº 058341298 y Número de Identidad Extranjero número Y3357810-P; y también Carmen Alicia Armas de Briquet, de doble nacionalidad, española y venezolana, mayor de edad, casada con el primero y con la misma dirección antes señalada. Su número de pasaporte venezolano es 050391295, DNI/NIF número 06632257T.


  Actuando en su nombre y como presidente y secretario, respectivamente, de la junta directiva de la sociedad mercantil Inversiones Príncipe de Vergara 2A S.A.[8], registrada en el Sistema Tecnológico de Información del Registro Público de Panamá bajo la ficha número 830899, documento 2580188 de fecha 8 de abril de 2014, de duración indefinida; constituida el 4 de abril de 2014, ante Tania Susana Chen Guillen, Notario Público Segundo del Circuito de Panamá, con el número 6.274 de orden y con el N.I.F. N4423758D, constituyeron una sociedad mercantil de responsabilidad limitada denominada Inversiones Briq S.L.

  El capital social de la empresa es de 3.000 euros divididos en 100 participaciones sociales de 30 euros de valor nominal cada una.
  Inversiones Príncipe de Vergara 2A S.A. aportó a la sociedad 3.000 euros y por tal pago se le adjudicaron las citadas 100 participaciones sociales.

  El pago de las acciones se concretó a través del Banco Santander.
   Juan Carlos Briquet Mármol y Carmen Alicia Armas Santana de Briquet se designaron a sí mismos como administradores solidarios de la sociedad mercantil con todas y cada una de las facultades a dicho cargo le atribuyen la ley y los estatutos sociales. No se designaron auditores de cuentas al reunir la sociedad los requisitos legales exigidos para formular Balance Abreviado.

  Llama la atención que, en la cláusula sexta de los estatutos, Juan Carlos Briquet y Carmen Alicia Armas de Briquet solicitaron al notario la inscripción parcial del título, conforme a lo dispuesto en el artículo 63 del vigente Reglamento del Registro Mercantil y que no presente copia de la escritura por vía telemática en el Registro Mercantil competente.
  Los estatutos que rigen Inmuebles Briq S.L. definen en el artículo 2 que el objeto social de la empresa es “La compraventa, promoción, explotación y arrendamiento, incluso con opción de compra o leasing de toda clase de bienes inmuebles, tales como terrenos rústicos y urbanos, edificios completos, viviendas, locales, garajes, naves industriales, etc. y la captación de capital para realizar esas promociones. La realización de proyectos de arquitectura, decoración, mobiliario e interiorismo, dirección de obras, asesoría técnica a entidades públicas y privadas de la construcción. La consultoría técnica, de arquitectura, ingeniería y de obras. La compraventa de participaciones y acciones de sociedades mercantiles de cualquier tipo que desarrollen actividades empresariales o profesionales. La información e investigación industrial y comercial de sociedades o actividades de personas físicas y jurídicas, administrando títulos, bienes, empresas y cualquier tipo de derechos, así como su estudio y promoción, realizando servicios de asesoramiento y estudios económicos, fiscales, contables, comerciales y todo tipo de proyectos técnicos. La intermediación comercial en nombre de terceros para la realización de cualquier tipo de negocio jurídico. Las indicadas actividades podrán ser desarrolladas por la Sociedad, total o parcialmente, tanto de modo directo como de modo indirecto; en este segundo caso, mediante la titularidad de acciones o participaciones en otras sociedades con objeto social idéntico o análogo. Si las disposiciones legales exigieren para el ejercicio de alguna de dichas actividades algún título profesional, autorización administrativa o inscripción en algún registro administrativo, las citadas actividades se realizarán por medio de persona que ostente el título exigido y, en su caso, no podrán iniciarse en tanto no se hayan cumplido los pertinentes requisitos de carácter administrativo”.

  Entre otros aspectos se contempla que los órganos de la sociedad mercantil serán la Junta General de Socios y el Órgano de Administración, este último se encarga de la gestión de la empresa.

  El Órgano de Administración podrá estar constituido, alternativamente, según decida la Junta general, por: (a) Un administrador único. (b) Varios administradores solidarios, con un mínimo de dos y un máximo de cuatro. (c) Varios administradores mancomunados, con iguales límites máximo y mínimo que el caso anterior. (d) Un consejo de administración, integrado por un mínimo de tres y un máximo de siete miembros.

  El Consejo de Administración designará a su presidente y secretario, debiendo recaer siempre en un consejero el primero de los cargos.
  Los estatutos contemplan, además, las acostumbradas normas de regulación que este tipo de documentos acostumbran.

  El Boletín Oficial del Registro Mercantil Nº 110 del Gobierno de España, de fecha 12 junio de 2014, en su página 26.818, correspondiente a Madrid, da cuenta del registro Nº 247300, de la constitución de la empresa Inmuebles Briq S.L., la cual comenzó operaciones el 9 de mayo de 2014.

  El objeto social de la firma es “La compraventa, promoción, explotación y arrendamiento, incluso con opción de compra o leasing de toda clase de bienes inmuebles, tales como terrenos rústicos y urbanos, edificios completos, viviendas, locales, garajes, naves industriales, etc. y la captación de capital para realizar”.

  El domicilio de la compañía es la Calle André Mellado, número 79, Escalera Izquierda, Madrid.

  La empresa fue constituida con un capital de 3.000 euros.

  El socio único de la firma es Inversiones Príncipe de Vergara 2A S.A.

  Juan Carlos Briquet Mármol y Carmen Alicia Armas Santana actúan como administradores solidarios[9].
   La Agencia Tributaria del Ministerio de Economía y Hacienda del Gobierno de España emitió el 4 de junio de 2014 la Tarjeta de Identificación Fiscal que acredita a Inmuebles Briq S.L. el Número de Identificación Fiscal (NIF) B87023727, con el código electrónico 8D808B955B1165B0.

  Se informa allí que la empresa tiene como dirección social la Calle André Mellado, Número 79, Esquina Izquierda, Planta 2, Puerta A, 28003, Madrid.

  Como dirección fiscal figura Calle André Mellado, Número 79, 28003, Madrid.

Sobre Corporación Villa Vergara S.A.

   La escritura de compraventa de Inmuebles Briq S.L. por parte de Corporación Villa Vergara S.A.  del 21 de noviembre de 2014, protocolizada ante la Notaría de José María Mateos Salgado, identificada con el número 4.834, refiere que Carlos Miguel González Weil, mayor de edad, casado, empresario D.N.I/N.I.F. número 05301856-B. y Juan Carlos Briquet Mármol (antes identificado), protocolizaron la operación.
  En nombre y representación de Corporación Villa Vergara S.A., en su carácter de Administrador Único, actuó Carlos González.

  La referida empresa identificada con el C.I.F. número A86418282, domiciliada en Madrid, calle Andrés Mellado, número 79, escalera izquierda, 2° A; constituida con duración indefinida el día 6 de marzo de 2012, ante el notario bajo el número 975 de orden de protocolo e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el tomo 29635, folio 183, sección 8, hoja M-533367, inscripción 1ª tiene como objeto social principal la contratación, gestión, proyección, construcción y ejecución de toda clase de obras, tanto públicas como privadas y la gestión, administración, adquisición, promoción, enajenación, arrendamiento, rehabilitación y explotación, en cualquier forma, de solares, pisos, locales, terrenos, conjuntos residenciales, urbanizaciones o promociones inmobiliarias y, en general, de toda clase de bienes inmuebles.

  En nombre y representación de Inmuebles Briq S.L. actuó Juan Carlos Briquet, su administrador solidario.

   Ambos, González y Briquet, expusieron que Corporación Villa Vergara S.A. es dueña de la finca Vivienda Letra A, en planta tercera (o principal) con acceso desde el vestíbulo principal a la derecha subiendo, del edificio sito en Madrid, calle Príncipe de Vergara, número 11, inscrita en el Registro de la Propiedad número Uno de Madrid, Tomo 3071, folio 37, Finca 101.502, inscripción 1ª.

  Se indica la finca descrita fue formada por constitución en régimen de propiedad horizontal del edificio de que forma parte, formalizada en escritura otorgada en esta capital, el día 16 de diciembre de 2013, ante el notario bajo el número 4.683 de orden de protocolo. La sociedad otorgante es la única propietaria del total edificio del que forma parte la finca descrita, el cual había sido adquirido por compra a la Asociación Mutualista de la Ingeniería Civil, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija (AMIC), según escritura otorgada el día 14 de diciembre de 2012, ante el Notario de Madrid, Augusto Gómez-Martinho Cruz, bajo el número 2.829 de orden de protocolo.

   De tal manera, se estipula que Corporación Villa Vergara S.L. vendió la finca antes descrita a Inmuebles Briq S.L, que la compró.

CITAS 

[1] Estadão de São Paulo. “Suíça investiga propina à oposição venezuelana”. 17 de febrero de 2019. https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,suica-investiga-propina-a-oposicao-venezuelana,70002723761?utm_source=estadao:twitter&utm_medium=link

[2] Open Corporates. Blue Skies Investments INC. https://opencorporates.com/companies/pa/709833

[3] Panadata. Briq Corporation Overseas S.A. https://www.panadata.net/organizaciones/968622

[4] Open Corporates. Link Worldwide Corporation. https://opencorporates.com/companies/pa/497035

[5] Panadata. Globalia Investments Corp. https://www.panadata.net/es/organizaciones/84585

[6] Infocit. Molior Construcciones y Urbanismos S.L. http://www.infocif.es/ficha-empresa/molior-construcciones-y-urbanismo-sl

[7] Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME). Número 60. 27 de marzo de 2012. https://www.boe.es/borme/dias/2012/03/27/pdfs/BORME-A-2012-60-28.pdf


[8] Panadata. Inversiones Príncipe de Vergara 2A S.A. https://www.panadata.net/es/organizaciones/91769

[9] Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME). Número 110. 12 de junio de 2014. https://www.boe.es/borme/dias/2014/06/12/pdfs/BORME-A-2014-110-28.pdf